Capítulo 7.La «cuestión religiosa» en la Segunda República

CAPÍTITULO 7

La «cuestión religiosa»

en la Segunda República

UNA BOMBA DE EFECTO RETARDADO

El problema religioso no fue un invento caprichoso de la República, sino que le estalló entre las manos un conflicto que se arrastraba de muy lejos y que los demás países europeos habían dejado resuelto o al menos encauzado un siglo antes, en la época de las revoluciones burguesas. En España explotó en pleno siglo XX, en la Europa del comunismo y los fascismos.

En la Iglesia contemporánea ha habido dos grandes proyectos para afrontar la sociedad nacida de la Revolución Francesa y de las revoluciones que la siguieron. El primero fue el de León XIII, que con sus encíclicas y su acción diplomática, rompiendo con una tradición multisecular, reconoció que la religión católica no está vinculada a la monarquía sagrada, y que por tanto puede admitir una república democrática. A la vez, admitió la tolerancia de otras religiones. Pero aunque esto fue ya un gran progreso, no se trataba de una aceptación cordial de la democracia y la laicidad. Se estableció la distinción entre la tesis, que seguía siendo la del Estado confesional, y que se mantenía siempre que las circunstancias políticas permitían exigirlo, y la hipótesis que aceptaba, como mal menor, que donde la tesis no se podía imponer se tolerara el Estado laico y la libertad religiosa. El segundo proyecto es el de Juan XXIII y «su» Concilio, con la plena aceptación, sincera y como un bien positivo, de la libertad religiosa y de todos aquellos valores de la sociedad contemporánea que el Syllabus de Pío IX había condenado: libertad, democracia, igualdad, tolerancia, etc. El catolicismo español de 1931 estaba muy lejos de esta visión abierta.

Los ejércitos napoleónicos habían sido derrotados en España a principios del siglo XIX pero, por un fenómeno no raro en la historia universal (Grecia frente a Roma, Roma ante los bárbaros), los militarmente vencidos habían resultado ideológicamente vencedores. Así fue como las patrioteras Cortes de Cádiz estaban empapadas del pensamiento revolucionario francés. Con todo, los españoles reaccionarios, los «filósofos rancios», se empeñaron en mantener intacto, a lo largo de todo el siglo XIX y aun en el primer tercio del XX, el sistema de la unión entre el trono y el altar, entre la monarquía absoluta y la religión católica. El resultado fue aquel péndulo político que con violentos bandazos oscilaba del clericalismo al anticlericalismo, con las tres guerras civiles del siglo pasado hasta llegar a la más terrible de todas, la de 1936-1939. En las tres primeras las derechas fueron vencidas, pero las izquierdas las trataron con gran generosidad, hasta con la convalidación de los grados militares; pero cuando en 1939 ganaron las derechas, la represión fue larga e implacable.

Recordemos que, en las negociaciones para el concordato de 1851, la Santa Sede se mostró dispuesta a convalidar las desamortizaciones con tal de que se mantuviera la confesionalidad del reino. En 1931 la doctrina oficial de la Iglesia continuaba propugnando, casi como dogma de fe, el principio del Estado confesional. Todavía treinta años más tarde, en los debates del Concilio Vaticano II, el sector más franquista del episcopado español quiso mantener la confesionalidad del Estado y se opuso obstinadamente a la proclamación de la libertad religiosa. Hubieran transigido con una declaración en términos de mero oportunismo, es decir, que en los países de mayoría católica se toleraría a los no católicos a fin de que en los de mayoría no católica se tolerara a los católicos. Pero el texto propuesto afirmaba que la libertad religiosa no era un mal menor, sino algo necesario, porque el genuino acto de fe sólo puede emanar de una voluntad libre, y por tanto la conciencia ha de ser respetada. Hasta monseñor Pildain, obispo de Canarias, vasco, antifranquista, socialmente muy avanzado pero dogmáticamente reaccionario, que se había hecho aplaudir entusiásticamente por toda la asamblea conciliar al exigir la supresión de las clases en los servicios eclesiásticos, pero que por sus raíces tradicionalistas se oponía al liberalismo religioso, llegó a decir patéticamente en el aula vaticana: «¡Que se desplome esta cúpula de San Pedro sobre nosotros (utinam ruat cupula sancti Petri super nos…) antes de que aprobemos semejante documento!».

Cuando aquellos obispos españoles vieron que el documento iba a ser aprobado por una aplastante mayoría de los Padres conciliares, dirigieron al papa Pablo VI un durísimo escrito en el que pedían que sustrajera aquel tema a la deliberación de la asamblea conciliar. Motivaban esta demanda alegando que si ellos, hasta el último momento y en contra de la opinión dominante en el Concilio, se habían mantenido fieles a la tesis católica tradicional era porque la Santa Sede siempre les había ordenado defenderla: «Si éste [el decreto sobre la libertad religiosa] prospera en el sentido en que ha sido hasta ahora orientado, al terminar las tareas conciliares los obispos españoles volveremos a nuestras sedes como desautorizados por el concilio y con la autoridad mermada ante los fieles». Añadían con todo: «Pero no nos arrepentimos de haber seguido ese camino. Preferimos habernos equivocado siguiendo los senderos que nos señalaban los Papas que haber acertado por otros derroteros». Pero incluso después de que el decreto Dignitatis humanas fuera solemnemente promulgado por Pablo VI el 8 de diciembre de 1965, monseñor Guerra Campos, secretario de la recién constituida Conferencia Episcopal española, publicó, en nombre de la Comisión Permanente, un extenso documento en el que sostenía que aquella doctrina conciliar no era aplicable al caso de España. Si esto ocurría después del Vaticano II, en 1966, no ha de sorprendernos que un amplio sector del catolicismo español no aceptara en 1931 una república laica. Incluso los escasos católicos más abiertos no podían adoptar públicamente una posición tolerante, condenada por al magisterio oficial.

Hay que tener en cuenta, además, que el integrismo había ganado posiciones entre el episcopado español en tiempo de la dictadura de Primo de Rivera. Durante la Restauración, el real patronato sobre el nombramiento de obispos, al margen de sus innegables inconvenientes, había tenido al menos la ventaja de que se designaran prelados ciertamente monárquicos, pero isabelinos o alfonsinos. Por eso Gomá, en un escrito al principio de la guerra, se muestra contrario a que Franco tenga derecho de presentación, porque dice que no quiere «obispos Romanones». Algunos prelados eran integristas de formación y de corazón, pero tenían que moderarse. En cambio la dictadura, ya desde sus comienzos, estableció una Junta de obispos para la provisión de obispados y otras dignidades eclesiásticas de nombramiento real que equivalía a una cooptación y permitió que una serie de integristas accedieran al episcopado, o pasaran de sedes insignificantes a otras preeminentes (como Irurita, que de Lérida pasó a Barcelona). La consecuencia fue que la República topó con un episcopado en el que había bastantes integristas, algunos de ellos (Segura y Gomá sobre todo) muy enérgicos en la defensa de sus creencias.

En la mayoría de los estados modernos, ya fueran monarquías constitucionales o repúblicas democráticas, se había llegado a un razonable equilibrio, pero la peleona España era una galaxia distinta. Con humor británico ha escrito Frances Lannon que si en el siglo XVI los teólogos discutían si la salvación se alcanzaba por la fe o por las obras, en la España contemporánea la cuestión parece haber sido si era posible la salvación fuera de un Estado católico confesional^[1].

LA SANTA SEDE Y LA REPÚBLICA ESPAÑOLA

Al caer la monarquía, el Vaticano se limitó a aplicar la doctrina política común establecida desde las encíclicas de León XIII, sobre la indiferencia ante los diversos sistemas políticos y el deber de obediencia a las autoridades legítimas. Según esta doctrina, si las nuevas autoridades conculcan los derechos y libertades de la Iglesia (lo cual, a lo largo de la historia, hicieron muchos reyes católicos sin que por eso fueran deslegitimados), los católicos deben unirse para actuar por los caminos constitucionales o legales vigentes. La Santa Sede, en 1931, no sólo no puso en duda la legitimidad del nuevo sistema político, sino que aunque abrigara algún temor por el tono anticlerical que no tardó en tomar, sino que aprovechó la ocasión para dar por decaído el derecho de presentación regio y, por primera vez desde los Reyes Católicos, pudo proceder libremente a la designación de obispos. Por eso el astuto monseñor Tardini (tan odiado por los representantes de Franco en el Vaticano durante la Guerra Civil), decía y repetía, refiriéndose a la caída de la monarquía: benedetta rivoluzione^[2]!

Aplicando a España esta doctrina, diez días después de la proclamación de la República el Nuncio, Federico Tedeschini, transmitió a cada uno de los obispos españoles, de parte del cardenal Pacelli, Secretario de Estado, la consigna de «ser deseo de la Santa Sede que V E. recomiende a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su diócesis que respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común». Todos los obispos, dóciles a esta consigna, publicaron cartas o exhortaciones pastorales, aunque no todos lo hicieron en tono de verdadero acatamiento. Múgica, obispo de Vitoria, comentaría años después: «Yo era muy amigo del Rey Quiso llevarme de obispo a Madrid. Claro que me disgustó cuando el Nuncio nos pidió que escribiéramos una pastoral acatando la República, pero la escribí^[3]». El de Barcelona, Irurita, publicó una carta pastoral de tono apocalíptico, como si la caída de la monarquía fuera casi anuncio del fin del mundo; nada de compartir el optimismo con que grandes masas españolas, y más aún en su diócesis^[4], habían recibido el cambio, sino que todo eran consideraciones sobre la gravedad del momento y exhortaciones a no desfallecer en la prueba, siempre confiando en el Sagrado Corazón. En términos del más puro integrismo, como un eco del «Viva Cristo Rey» de Ramón Nocedal, decía a los sacerdotes:

Recordad que sois ministros de un Rey que no puede abdicar, porque su realeza le es substancial y si abdicara se destruiría a sí mismo, siendo inmortal; sois ministros de un Rey que no puede ser destronado, porque no subió al trono por votos de los hombres, sino por derecho propio, por título de herencia y de conquista. Ni los hombres le pusieron la corona, ni los hombres se la quitarán.

La más dura de todas las pastorales fue la de Gomá, entonces obispo de Tarazona^[5], si bien pasó bastante desapercibida por el tono teológico del documento y por la insignificancia de aquella diócesis. En cambio tuvo graves consecuencias la del cardenal primado de Toledo, Pedro Segura, del 1 de mayo, dirigida no sólo a sus diocesanos, sino a todos los obispos y fieles de España entera, arrogándose una jurisdicción que excedía las atribuciones de su condición de primado. En ella invitaba a las movilizaciones masivas, promulgaba una cruzada de preces y sacrificios y pedía «no sólo oraciones privadas por las necesidades de la Patria, sino actos solemnes de culto, preces, peregrinaciones de penitencia y utilizando los medios tradicionalmente usados en la Iglesia para impetrar la divina misericordia». Al mismo tiempo, con una imprudencia provocativa en aquellos días de entusiasmo popular por la República, hacía el elogio de la monarquía y de la persona de Alfonso XIII (que lo había encumbrado hasta la más alta dignidad eclesiástica de España):

La historia de España no comienza en este año. No podemos renunciar a un rico patrimonio de sacrificios y de glorias acumulado por la larga serie de generaciones. Los católicos, particularmente, no podemos olvidar que, por espacio de muchos siglos, la Iglesia e instituciones hoy desaparecidas convivieron juntas, aunque sin confundirse y absorberse, y que de su acción coordinada nacieron beneficios inmensos que la historia imparcial tiene escritos en sus páginas con letras de oro.

Para Segura, el momento cumbre del reinado de Alfonso XIII habría sido la consagración de España al Sagrado Corazón, ante el monumento del Cerro de los Ángeles. Después de haber recordado con nostalgia los favores de la monarquía a la Iglesia, parece dar ya por hecho que la República la perseguirá, y proclama el derecho a defenderse. Exhorta vehementemente a los católicos a unirse y a actuar disciplinadamente en el campo político, sobre todo de cara a las inminentes elecciones a diputados para las Cortes Constituyentes. Como de paso, da por sentado que aquellas Cortes han de decidir la forma de gobierno, con lo que en vez de cumplir la consigna de la Santa Sede de acatar y hacer que sacerdotes y fieles acaten los poderes constituidos, les replantea la cuestión del régimen.

Su inoportuna pastoral contra la República, desobediente a las órdenes de Secretaría de Estado, causó tal indignación en el Gobierno provisional que inmediatamente exigió del Vaticano su remoción. Antes de que pudiera contestar, el propio primado se marchó a Roma, espontáneamente, según la versión dada por una nota oficial del gobierno o, según fuentes eclesiásticas, presionado por las autoridades civiles, que la habían hecho saber que no respondían de su integridad física. El ministro de la Gobernación, el católico Miguel Maura, cuenta en sus memorias que se sentía como entre dos frentes, y que se le quitó un peso de encima cuando el secretario del Nuncio y don Ángel Herrera aparecieron en su despacho y le pidieron un pasaporte para Segura, que había decidido salir de España. Al día siguiente salía por Irún hacia Roma^[6]. Pero poco después, el 11 de junio, la policía de fronteras comunicaba a Maura que el primado, que tenía su pasaporte en toda regla, había entrado en España por Roncesvalles. Tres días anduvo loca la policía tratando de localizarlo. Maura esperaba inquieto por dónde y cómo reaparecería el conflictivo prelado, hasta que supo que se hallaba en la casa cural de Pastrana (Guadalajara), desde la que había convocado una reunión de párrocos en Guadalajara. Maura, sin consultar al gobierno, asumió la responsabilidad de expulsarlo. La foto del cardenal primado saliendo del convento de los Paúles de Guadalajara rodeado de policías y guardias civiles no ha dejado desde entonces de exhibirse como prueba de la persecución de la República contra la Iglesia.

Por si fuera poco, a Maura le tocó también expulsar al obispo Múgica, de la diócesis de Vitoria, que entonces abarcaba las tres provincias vascongadas. El gobierno supo que el prelado se disponía a cursar una «visita pastoral» a Bilbao, donde carlistas y nacionalistas (éstos entonces formaban frente común con los demás católicos y las derechas, al contrario de lo que harían en 1936) habían organizado una manifestación con banderas y emblemas, mientras que algunos elementos obreros y republicanos se organizaban para impedir la concentración católica. Maura pidió al obispo que desconvocara la asamblea, Múgica se negó y entonces el ministro ordenó su expulsión. El obispo Múgica, expulsado durante la República por un ministro católico, a principios de la cruzada fue de nuevo expulsado por el presidente de la Junta de Defensa, el general Cabanellas, masón de tiempo completo.

Tuvo asimismo gran repercusión en la opinión católica (y en la historiografía derechista posterior) la quema de conventos del 11 de mayo. Según confesión del propio ministro de la Gobernación, Maura, el gobierno pecó de falta de energía, pero no puede decirse que hubiera sido instigador, ni mucho menos autor^[7]. Con todo, con estos sucesos los enemigos de la República ya tenían argumentos para proclamar que la República estaba persiguiendo a la Iglesia. La situación empeoró al aprobarse el artículo 26 de la Constitución, de tenor algo sectario, y, por si fuera poco, algunas leyes posteriores que agravaron aún más la situación, porque tocaban puntos a los que la jerarquía o aún los simples fieles eran muy sensibles: decreto de disolución de la Compañía de Jesús y de incautación de sus bienes, aplicando aquel precepto constitucional (23 de enero de 1932), Ley de cementerios (30 de enero), Leyes de divorcio y de matrimonio civil (2 de marzo y 28 de junio) y, la más polémica de todas, la Ley de Confesiones y congregaciones religiosas de 17 de marzo de 1933.

Pero más repercusión que estos incidentes ha tenido, en la historiografía ulterior, una frase de Azaña.

«ESPAÑA HA DEJADO DE SER CATÓLICA»

Los que acusan a la República de haber perseguido sistemáticamente a la Iglesia han esgrimido siempre como supremo argumento la famosa frase de Azaña «España ha dejado de ser católica». Pero no se pueden interpretar debidamente aquellas palabras sin tener en cuenta el contexto político y parlamentario en que fueron pronunciadas y, desde luego, el texto entero del discurso en el que se insertaban. Se han querido presentar como si fueran un programa político contra la religión católica, o como si Azaña se jactara de que la República, con su proceder en materia religiosa, había logrado o lograría extirpar del país el catolicismo. De este modo las palabras del político más emblemático de la Segunda República se convirtieron en una legitimación de la cruzada de 1936, y ésta, a su vez, se presentaba a España y al mundo como un mentís a aquella frase. No sin retintín polémico declaraba el artículo I del concordato de 1953 que «la religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la nación española». Pero veamos el texto y el contexto.

El momento culminante del debate de la cuestión religiosa en las Constituyentes, dentro de lo que Arbeloa llamó la semana trágica de la Iglesia en España^[8], lo constituyó la noche del 13 al 14 de octubre, la noche triste de Alcalá-Zamora^[9]. Los elementos más moderados tanto de la República como de la Iglesia habían tratado desde la caída de la monarquía de evitar un conflicto, que a ninguna de las dos partes convenía. El 20 de agosto había tenido lugar una reunión del Consejo de Ministros en la que, con un solo voto en contra (el de Prieto), se acordó «buscar una fórmula de conciliación para resolver el problema religioso en el proyecto constitucional, y confió su estudio y negociación al presidente, al ministro de Justicia y al de Estado, en particular en lo concerniente a las conversaciones con el nuncio^[10]». Un mes exactamente antes de la noche triste, el 14 de septiembre, se reunieron privadamente, en el domicilio de Alcalá-Zamora, éste y Fernando de los Ríos, de parte del gobierno, y el nuncio Tedeschini y el cardenal Vidal i Barraquer de parte de la Iglesia, y convinieron unos Puntos de conciliación que, de haberse respetado en las Cortes Constituyentes, hubieran dado un cauce pacífico al vidrioso problema religioso. Pero cuando tocó discutir en las Cortes los artículos de la Constitución referentes a la Iglesia, las posiciones de los extremistas de uno y otro lado se habían endurecido.

Hay que dejar bien sentado que las famosas palabras de Azaña no fueron dichas para oponerse a las enmiendas de los diputados católicos. Éstos, por razón de su obediencia en conciencia al magisterio eclesiástico, se veían obligados a defender la tesis católica del Estado confesional, pero esta actitud no era más que una obstrucción de antemano condenada al fracaso, pues de los 468 diputados apenas unos sesenta estaban firmemente dispuestos a apoyar aquella tesis. Los Puntos de conciliación convenidos reservadamente eran mucho más realistas, y a ellos se había ajustado, en principio, la posición del gobierno. Pero socialistas y radicales presentaron una enmienda mucho más dura, y todavía había otra propuesta, sostenida por Ramón Franco Bahamonde y otros seis diputados, que entre otros disparates quería privar de la nacionalidad española a los que prestaran voto de obediencia religiosa. Azaña intervino precisamente para impedir que prosperaran estos extremismos y, con su prestigio personal, atraer a la mayoría republicana para que votara la ponencia relativamente moderada que presentaba el gobierno, aunque para ello tuvo que hacer varias concesiones verbales e incluso alguna de contenido. La más grave de estas últimas fue la inclusión en el texto constitucional de la disolución de la Compañía de Jesús, mencionada con la perífrasis de «Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado». Vidal i Barraquer, informando al Secretario de Estado, reconocía que la intervención de Azaña había sido «el lazo de unión de los partidos republicanos hacia una fórmula no tan radical como el dictamen primitivo^[11]».

El discurso que pronunció Azaña aquella noche es una obra maestra de la oratoria parlamentaria. Fue tal vez el más importante políticamente de todos los que pronunció. En sus notas personales dice que tuvo que intervenir improvisando, para evitar que la ponencia del gobierno fuera derrotada, pero en todo caso el discurso respondía a ideas muy pensadas y arraigadas, aunque en la exposición concreta se fiara de su facilidad de palabra. Tanto en relación con la Iglesia como en el problema de la reforma militar, la noción clave del pensamiento de Azaña era la de peligrosidad. Su proyecto político de un Estado liberal y burgués topaba con dos poderosas instituciones de fuerte arraigo en España: la Iglesia y el Ejército. Azaña no era enemigo por principio de éste o de aquélla, sino que sólo tenía por enemigas a ambas instituciones en la medida en que fueran un obstáculo para su república democrática, con plena sujeción del Ejército a la autoridad civil, y laica, o sea aconfesional, que él quería forjar, y para ello estaba firmemente dispuesto a eliminar todo el poder de obstrucción que una y otro pudieran entrañar. Así es como hay que entender dos frases que siempre más le reprocharían las derechas: la que ahora comentamos de que España ya no era católica y la de triturar el Ejército. En la campaña electoral para las Cortes Constituyentes, hablando el 10 de junio de 1931 en Valencia de las oligarquías que se oponían al pleno establecimiento de la democracia, dijo: «Esto hay que triturarlo, y hay que deshacerlo desde el Gobierno, y yo os aseguro que si alguna vez tengo participación en él, pondré en triturarlo la misma energía y resolución que he puesto en triturar otras cosas no menos amenazadoras para la República^[12]».

Azaña, como ministro de la Guerra, se esforzó por aplicar unas ideas que de tiempo atrás tenía bien precisadas para crear un Ejército moderno, competente y, eso sí, disciplinado o civilizado, es decir, plenamente sometido al poder civil. Pero en adelante se le acusó de haber dicho que quería triturar el Ejército. Un malentendido análogo se produjo con su frase «España ha dejado de ser católica». En el discurso de la noche triste sobre la cuestión religiosa distinguía entre las inofensivas monjas de clausura que confeccionaban repostería y acericos, y los jesuitas y demás religiosos que se dedicaban a la enseñanza y de este modo atentaban contra su proyecto, muy francés, de una educación nacional única para la República laica: esto era para él cuestión de salud pública, y por tanto no se podía permitir que aquellas fuerzas reaccionarias pusieran palos en las ruedas de la República. Azaña dejó suficientemente claro para quien quisiera escucharle que no se trataba de procurar que España dejara de ser católica sino de constatar el hecho de que, sociológicamente, el catolicismo español había perdido el influjo que en otro tiempo tuvo, y que por tanto procedía reajustar a esta realidad el nuevo orden constitucional:

Curiosamente, la frase de Azaña, entendida en el sentido sociológico y cultural que el propio orador explicitó a continuación, expresaba una realidad indiscutible, que muchos hombres de Iglesia, aunque lo lamentaran, también reconocían. Un lúcido informe de dos colaboradores de Vidal i Barraquer, fechado en Roma dos semanas después de la noche triste y destinado a la Secretaría de Estado, hacía el siguiente balance:

El mismísimo cardenal Gomá dijo lo mismo, y con palabras casi idénticas a las de Azaña. En la pastoral antes citada que publicó al caer la monarquía, escribía Gomá:

Hemos trabajado poco, tarde y mal, mientras pudimos hacerlo mucho y bien, en horas de sosiego y bajo un cielo apacible y protector […]. Hay convicción personal cristiana en muchos; convicción «católica», es decir, este arraigo profundo de la idea religiosa que lleva con fuerza a la expansión social del pensamiento y de la vida cristiana, con espíritu de solidaridad y de conquista […], esto, bien sabéis, amados hijos, que no abunda^[15].

En su primera pastoral tras el encumbramiento a la sede primada de Toledo aludió a aquella frase de Azaña, y le daba la razón. Refiriéndose a las causas de la ruina de la Iglesia española distinguía entre las causas externas y las internas, y sobre estas últimas decía:

Nos atrevemos a señalar como primera de ellas la falta de convicciones religiosas de la gran masa del pueblo cristiano […]. Desde un alto sitial se ha dicho que España ya no es católica. Sí lo es, pero lo es poco; y lo es poco por la escasa densidad del pensamiento católico y por su poca atención en millones de ciudadanos. A la roca viva de nuestra vieja fe ha sustituido la arena móvil de una religión de credulidad, de sentimiento, de ruina e inconsistencia^[16].

De nuevo lo decía en la segunda de sus pastorales de guerra, La Cuaresma de España, en cuya segunda parte, bajo el epígrafe «La confesión de España», puede leerse:

Tal vez no haya pueblo en la historia moderna en el que el sentido moral haya sufrido un descenso tan brusco —tan vertical, como se dice ahora— en los últimos años […]. Pueblo profundamente religioso el español, pero más por sentimiento atávico que por la convicción que da una fe ilustrada y viva, la declaración oficial del laicismo, la eliminación de Dios de la vida pública, ha sido para muchos, ignorantes o tibios, como la liberación de un yugo secular que les oprimía […]. ¡España ha dejado de ser católica! Esta otra [frase], que pronunciaba solemnemente un gobernante de la nación, da la medida de la desvinculación de los espíritus […]. No florecía entre nosotros ya, como en otros días, esta flor de la piedad filial para con Dios que llamamos religión, que era de pocos, de rutina, sin influencia mayor en nuestra vida […]^[17].

Finalmente, en la pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz publicada al término de la guerra (y prohibida por el gobierno, con estupefacción y gran disgusto del cardenal), escribía: «Es un hecho innegable que en España, en los últimos tiempos, la cátedra y el libro han sido indiferentes u hostiles al pensamiento cristiano». Pero a pesar de haberse emprendido una sangrienta cruzada para que España volviera a ser católica, tenía que denunciar una grave relajación moral y religiosa: «Y, ¿Por qué no indicar aquí que en la España nacional no se ha visto la reacción moral y religiosa que era de esperar de la naturaleza del Movimiento y de la prueba tremenda a que nos ha sometido la justicia de Dios? Sin duda, ha habido una reacción de lo divino, más de sentimiento que de convicción, más de carácter social que de reforma interior de vida». El cardenal de Toledo aplicaba a la guerra civil española lo que alguien había dicho de la primera guerra mundial, del 1914-1918: «Los dos grandes mutilados de la gran guerra europea fueron el sexto y el séptimo mandamiento de la ley de Dios». Evocaba nostálgicamente los tiempos en que «Dios estaba en el vértice de todo —legislación, ciencia, poesía, cultura nacional y costumbres populares— y desde su vértice divino bajaba al llano de las cosas humanas para saturarlas de su divina esencia y envolverlas en un totalitarismo divino» [sic]. Reclamando la libertad para la Iglesia, afirmaba: «Se desconoce a la Iglesia […]. Se la desconoce y se la teme a la Iglesia, o a lo menos se la mira con recelo». Y lamentaba la «absurda ignorancia religiosa», que es la causa de que, aunque todos se bauticen, entre la cruz sobre la frente del recién bautizado y la de la sepultura «apenas si dan muchos una palpitación de vida cristiana^[18]».

Tanto Azaña como Gomá admitían el hecho de que España ya no era católica (o que no era plenamente católica), pero sacaban consecuencias muy distintas: para el político, la nueva Constitución tendría que ser laica para acomodarse a la realidad social; para el prelado, había que recristianizar a España, aunque fuera al precio de una guerra civil.

CATÓLICOS CONTRA LA REPÚBLICA

Un sector de los católicos, inspirado por don Ángel Herrera y dirigido por José M. Gil Robles, pareció seguir la vía pacífica y legal indicada por las consignas de la Santa Sede, pero como no alcanzaban los resultados políticos perseguidos hicieron como quien rompe la baraja porque pierde. Después de la victoria del Frente Popular en febrero del 36, Gil Robles, que desde el Ministerio de la Guerra había deshecho la reforma militar de Azaña y había colocado a militares de su confianza en los puestos clave (sobre todo, nombrando a Franco jefe del Estado Mayor Central), antes de ceder su puesto a los que le habían vencido en las urnas trató de convencer a ciertos generales de que dieran el golpe, pero el ambiente militar se mostró frío. Franco, siempre cauto, no lo veía claro. Algunas semanas antes del alzamiento le llegaron a Gil Robles noticias confidenciales de que Mola necesitaba urgentemente dinero para los preparativos de la insurrección y, por persona de confianza, le hizo entregar un millón de pesetas, tomadas del remanente del fondo electoral del febrero anterior^[19], «creyendo que interpretaba el pensamiento de los donantes de esta suma si la destinaba al movimiento salvador de España^[20]».

Algunos eclesiásticos inculcaron a los católicos, y en particular a las monjas, una mentalidad de Iglesia perseguida. El grito de «¡Viva Cristo Rey!», nacido del integrismo español y renacido en los cristeros mexicanos, cobró nueva actualidad en aquel contexto. En una biografía de las tres carmelitas descalzas de Guadalajara, que fueron los primeros mártires de la Guerra Civil beatificados, se refiere que en el convento las monjas realizaban representaciones dramáticas de las carmelitas guillotinadas por el Terror de la Revolución Francesa y de los mártires de México, y así se preparaban para el martirio^[21]. El decreto de Juan Pablo II de 22 de marzo de 1986, que reconocía oficialmente el martirio de las tres carmelitas (primer caso de beatificación de la Guerra Civil), aducía como prueba una anécdota que, en realidad, tiene un sentido opuesto al pretendido. Se dice que la Hna. Teresa del Niño Jesús recibió de algún pariente una carta encabezada con un «¡Viva la República!». Estas palabras, escritas desde luego con toda naturalidad y sin la menor intención provocativa, reflejan la amplia popularidad que la República tenía al proclamarse. Pero la monja le respondió: «A tu ¡Viva la República!, contesto con un ¡Viva Cristo Rey!, y ojalá pueda un día repetir este viva en la guillotina^[22]». Lo que en este caso, y en el de tantos otros que en los procesos de beatificación se alegan, significaba el «¡Viva Cristo Rey!», era, en realidad, «¡Muera la República!».

Los católicos de extrema derecha no aceptaron la República ni siquiera después del triunfo de Gil Robles en las elecciones del 19 de noviembre de 1933. Al contrario: no querían que el nuevo gobierno enmendara el rumbo anticlerical del primer bienio y solucionara razonablemente el problema religioso. Dos semanas después de aquellos comicios, el 6 de diciembre, Vidal i Barraquer denunciaba a Pacelli el clima imperante y exponía su criterio de que el fortalecimiento de la fe cristiana en España no había de venir a través de la conquista del Estado o de medios violentos, sino por la predicación del evangelio y el trabajo pastoral:

Los extremistas de la derecha, unos por temperamento, otros con finalidades políticas que anteponen a todo, y algunos por falta de visión, creen que, contando con un buen número de diputados, pueden enseguida ser abolidas, por una especie de golpe de estado o apelando a la violencia, todas las leyes que les contrarían, y aun la misma Constitución. Así lo predican y o hacen creer al pueblo sencillo, y para conseguirlo parece que intentan dificultar la formación de los gobiernos posibles, atendida la composición del Parlamento, siguiendo la política du pire, que tan fatales resultados produjo en Francia, sin tener en cuenta que una reacción violenta, aunque tuviese un momentáneo éxito, conduciría a no tardar a una revolución más desastrosa y de más tristes consecuencias que la sufrida hasta el presente. La verdadera victoria debe consistir en saber consolidar el triunfo alcanzado, actuando paciente, celosa y constantemente sobe las masas, instruyendo y formando la conciencia de los fieles por los medios que Dios ha puesto en nuestras manos, en especial por la Acción Católica.

En este mismo informe al cardenal Secretario de Estado, Vidal i Barraquer se ocupaba del libro que el canónigo magistral de Salamanca y rector del Seminario de Comillas, Aniceto Castro Albarrán, acababa de publicar, y que, como expresaba su título, El derecho a la rebeldía^[23], era una justificación teológica y una incitación a la rebelión contra el régimen legítimo. La editorial Cultura Española, que lo había publicado, era también la de la revista Acción Española, en la que a lo largo de los años 1931-1932 había aparecido una serie de seis artículos de Eugenio Vegas Latapie con el título de Historia de un fracaso: el ralliement de los católicos franceses a la República. La tesis de estos artículos era que la política conciliatoria de la Santa Sede con la República francesa había sido un error, y que aunque hubiera sido un éxito, no era aplicable a España, que es diferente. Apenas desencadenada la Guerra Civil, Castro Albarrán fue uno de los primeros en exponer de modo sistemático y con supuesto rigor escolástico la teología de la «cruzada». En 1938 publicó, en el mismo sentido, el libro Guerra santa^[24], con un prólogo del cardenal Gomá fechado el 12 de diciembre de 1937, alabando al autor,

… el Magistral de Salamanca, a quien quisiéramos quitar con unas amables frases el amargor que pudo producirle la publicación de otro libro, publicado en fechas no lejanas aún. Libro de una tesis que, sin disquisiciones previas de derecho público o ética social, el buen español, con un puñado de bravos militares, se ha encargado de demostrar con el argumento inapelable de las armas.

El libro de 1934 era contrario a la doctrina política de la Iglesia y a las consignas concretas que Secretaría de Estado había impartido al episcopado español, por lo que tanto el nuncio Tedeschini como el cardenal Vidal i Barraquer pedían que fuera condenado públicamente por Roma. No lo lograron, pero Castro Albarrán hubo de dimitir del rectorado de Comillas. En la misma revista, Jorge Vigón elogiaba a Hitler por la independencia que mostraba frente a la Santa Sede: «En Alemania no habrá política vaticanista, sino alemana. Hitler habrá recordado quizá más de una vez la frase de O’Connell: Our faith from Rome, our policy from home^[25]».

Una de las expresiones más contundentes de este nacionalcatolicismo eran las que Eugenio Montes dirigió a Gil Robles, cuando acababa de ganar las elecciones de noviembre del 33, sin citarlo por su nombre pero intimándole inequívoca y amenazadoramente a aprovechar el poder ganado para emplear lo que Gomá llamaría «el argumento inapelable de las armas»:

Pero el personaje más característico en esta línea es Eugenio Vegas Latapie^[27], a quien acabamos de mencionar. Era un hombre que se desengañó sucesivamente de Alfonso XIII, de Juan de Borbón y del príncipe Juan Carlos (de quien fue preceptor) porque no le parecían suficientemente monárquicos, y de los últimos Papas porque no le parecían lo bastante católicos. Fue el fundador y gran animador del movimiento Acción Española y de la revista del mismo nombre. En el número del 1.º de marzo de esta revista empezó a publicar una serie de artículos con el título de «Historia de un fracaso. El ralliement de los católicos franceses a la República». Aquel mismo año los recopiló en un libro, Catolicismo y República. Un episodio de la historia de Francia, añadiéndoles tres apéndices (Madrid, Gráfica Universal, 1932). Ralliement (adhesión) es el nombre que se dio al giro de la política vaticana cuando bajo León XIII decidió aceptar la legitimidad de la República francesa. La tesis de Vegas Latapie era que esta política fracasó, pero que aunque en Francia hubiera tenido éxito, en la católica España era inaceptable.

Pero el compromiso de Vegas Latapie no era sólo intelectual, sino práctico. Planeó seriamente un atentado contra Azaña y otro contra el pleno de las Cortes. Después del asesinato de Calvo Sotelo, su hermano Paco, militar, fue a verle para comunicarle que los jefes y oficiales del regimiento de El Pardo habían decidido, como represalia, liquidar al presidente de la República, «pero necesitan una ametralladora y un coronel o general, a ser posible de Ingenieros, que se ponga al frente de nosotros. Así que vengo a que me facilites el general y la ametralladora». A Vegas la propuesta no le sorprendió y la hizo plenamente suya. Lo del general o coronel era porque el jefe del regimiento de El Pardo, coronel Carrascosa, aunque comulgaba con las ideas de los golpistas, andaba muy preocupado por el futuro de sus seis hijas solteras, hasta el punto de que alguno de aquellos oficiales revoltosos decía que sólo podrían contar con el coronel Carrascosa si previamente seis oficiales le pedían la mano de sus seis hijas. Eugenio Vegas pidió urgentemente una entrevista al coronel Ortiz de Zárate, entonces disponible en Madrid. Fueron los dos hermanos Vegas a su domicilio y lo encontraron reunido con un grupo de militares que tomaban las últimas disposiciones para el alzamiento. Salió Ortiz de Zárate de la sala donde estaban reunidos, Eugenio Vegas le planteó la doble petición, Ortiz de Zárate fue a consultar con los conspiradores reunidos y al poco rato volvió a donde esperaban ansiosos los hermanos Vegas Latapie y les dijo: «Prohibido terminantemente. Todo está preparado en Madrid y eso podría echarlo a perder…». Así fue como Eugenio Vegas Latapie no mató a Azaña^[28].

Pero todavía tuvo aquella misma tarde otra idea salvadora más patriótica y «católica». Un Hermano de San Juan de Dios exclaustrado, conocido suyo, que había trabajado en el sanatorio mental de Ciempozuelos, fue al local de Acción Española y le explicó que su experiencia con locos le había hecho conocer que hay una especie de alienados que se enardecen hasta extremos inconcebibles con los disparos de armas de fuego. Se comprometía a reclutar un grupo de tales infelices, armarlos con fusiles y bombas de mano, entrar con ellos en el Congreso de los Diputados y acabar con todos los padres de la patria, lo que sin duda desencadenaría un movimiento nacional. No le pareció a don Eugenio viable el proyecto, pero le quedó en la mente. Aquella misma tarde fue con su hermano Pepe a comunicar a los jefes y oficiales del Pardo que por orden de los conjurados desistieran de asesinar a Azaña. Pero al día siguiente, después del entierro de Calvo Sotelo, que resultó bastante agitado, dando vueltas a la idea del loquero de Ciempozuelos y creyéndola mejorable, dice que «pensé en la posibilidad de entrar en el Congreso con un grupo de amigos pertrechados de gases asfixiantes para acabar allí con los diputados. Por supuesto que no íbamos a jugarnos la vida, sino a perderla. Sería algo semejante a lo que hizo Sansón cuando derribó las columnas del templo». En la guerra de Marruecos el glorioso Ejército español había empleado contra los moros un gas asfixiante, llamado iperita (porque se estrenó en 1915 en la batalla de Ypres), y a partir de entonces funcionaba una fábrica de aquel gas, que en 1936 dirigía un general de artillería retirado, Fernando Sanz, a quien Vegas había conocido en 1926 en Melilla. Vegas visitaba con frecuencia aquella fábrica, donde era también amigo de otros de los jefes, entre ellos Plácido Álvarez Buylla, casado con una prima de doña Carmen Polo de Franco. Fue, pues, Eugenio Vegas a ver al general Sanz para que le revelara en qué fábrica se elaboraba la iperita del Ejército. Fernando Sanz comprendió perfectamente el alcance de la pregunta y, después de reflexionar un momento, le dijo: «En ninguna fábrica militar. Se produce sólo en la factoría en la que tu hermano Florentino es jefe de sección. En la Cros, de Badalona». Ante esta implicación familiar, y sólo por ella, desistió aquel gran católico de su criminal intento: «Mis planes habían sufrido una grave contrariedad». Seguramente nadie daría crédito a este rocambolesco relato si no nos lo hubiera referido el propio Vegas Latapie en sus memorias^[29].