Capítulo 13.El problema vasco entre los pactos de San Sebastián y Santoña (1930-1937)

CAPÍTITULO 13

El problema vasco entre los pactos

de San Sebastián y Santoña (1930-1937)

El denominado problema vasco es una de las principales manifestaciones de la cuestión nacional en la España contemporánea. Si en los tres últimos decenios se ha convertido en el problema territorial más grave, no lo fue así históricamente pues durante la monarquía de Alfonso XIII y la II República la cuestión catalana fue mucho más importante que la vasca, que marchaba a remolque de aquélla. Así lo prueba el hecho de que el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña fuese aprobado en 1932, cuatro años antes que el de Euskadi, el cual no entró en vigor hasta la Guerra Civil.

El problema vasco no es un problema metafísico sino histórico y no tiene su origen en la noche de los tiempos, como pretendió Sabino Arana y en la actualidad sostiene el nacionalismo radical, sino en el siglo XIX. Entonces se llamó la cuestión vascongada, que consistió en la dificultad de compaginar los Fueros con la Constitución, de acoplar el viejo régimen foral vasco al nuevo régimen liberal español, tal como requería la ley de 1839 tras el final de la primera guerra carlista. Esta integración se produjo en Navarra con la mal llamada ley paccionada de 1841, que suprimió el Viejo Reino y dio lugar a una nueva foralidad; de ahí que no hubiese un problema navarro en el siglo XIX. En cambio, las Provincias Vascongadas no llegaron a un acuerdo definitivo con la monarquía liberal y esto se agravó por la interferencia de la causa foral con la última guerra carlista de 1872-1876. Ésta trajo como consecuencia la ley de Cánovas del Castillo que puso fin a los Fueros en 1876-1877. Pero al año siguiente Cánovas compensó al País Vasco con la aprobación del Concierto económico, que suponía una generosa autonomía fiscal y administrativa y contribuyó a su inserción en la Restauración (1875-1923).

Durante este régimen monárquico, en la última década del siglo XIX, como reacción a las consecuencias de la abolición foral y de la intensa revolución industrial vizcaína, surgió el nacionalismo vasco por obra de Sabino Arana (1865-1903). Su ideología radical e independentista le enfrentaba a España por considerarla el Estado que había conquistado Euskadi en el siglo XIX. Aunque el fundador del PNV (1895) moderó sus planteamientos políticos al final de su vida y desde principios del siglo XX el PNV optó por seguir una vía autonómica, el nacionalismo vasco nunca asumió ésta como su meta ni renunció expresamente a la independencia de Euskadi, si bien la solía camuflar bajo la ambigua fórmula de la restauración foral, su meta oficial desde su manifiesto tradicional de 1906, que estuvo vigente hasta la transición. Por ello, a lo largo del siglo XX el problema vasco consistió en la dificultad de integrar a su movimiento nacionalista en el Estado español, incluso en períodos democráticos como la II República y la monarquía actual, al no conformarse con los Estatutos de Autonomía y aspirar a la soberanía plena de Euskadi.

Ahora bien, el problema vasco tiene no sólo esta vertiente externa, que afecta a las relaciones entre Euskadi y el conjunto de España, sino también una vertiente interna, que se concreta en la falta de convivencia pacífica entre los propios vascos, cuya máxima expresión han sido las guerras civiles de los siglos XIX y XX y el terrorismo de ETA. Ambas facetas de dicho problema se perciben durante la II República, que intentó solucionarlo por medio de la autonomía, truncada por el resultado de la Guerra Civil.

EL PROBLEMA VASCO EN LA REPÚBLICA:

CONFLICTIVIDAD Y PLURALISMO

La II República española nació en el País Vasco, no sólo porque fue proclamada en Eibar (Guipúzcoa) en la mañana del 14 de abril de 1931, horas antes que en Barcelona y Madrid, sino sobre todo porque se gestó en el famoso Pacto de San Sebastián el 17 de agosto de 1930. Sin embargo, aun siendo recibida entre manifestaciones de júbilo en las ciudades vascas, Euskadi fue un importante foco de conflicto para el nuevo régimen, en especial hasta la revolución de octubre de 1934, debido a que la mayoría de la sociedad vasca no era republicana. Así se demostró en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931, en las cuales la coalición de derechas (PNV, carlistas y católicos independientes) venció al Bloque republicano-socialista, siendo la única región de España donde fueron derrotadas las fuerzas que habían traído la República.

A su advenimiento habían contribuido los catalanistas, pero no los nacionalistas vascos, que estuvieron ausentes del Pacto de San Sebastián. Y, aunque el mismo 14 de abril el PNV manifestó su acatamiento a la República, queriendo que fuese federal o mejor confederal, en seguida se enfrentó a ella por la cuestión religiosa y se alió con su mayor enemigo, el carlismo, en defensa de un Estatuto clerical y antirrepublicano como fue el aprobado en la Asamblea de Estella (Navarra) en junio de 1931. Durante este año el PNV actuó como un partido antisistema, según prueban sus continuos choques con el Gobierno provisional, su retirada de las Cortes con otros diputados católicos en protesta por el texto constitucional en materia religiosa y su rechazo de la Constitución republicana.

La gran conflictividad existente en Euskadi en los primeros años de la República se debió a la confluencia de diversas causas políticas, religiosas y socioeconómicas, que incidían en las principales líneas de ruptura que dividían a las fuerzas políticas vascas. Dichos cleavages fueron cuatro: la forma de gobierno (monarquía o república), la cuestión social (reacción, reforma o revolución), el problema religioso (clericalismo o laicismo) y la cuestión regional (centralismo o autonomía). En todos ellos divergían absolutamente las derechas católicas de las izquierdas republicanas, mientras que el PNV evolucionó desde su alianza con las derechas por la religión en 1931 hasta su aproximación a las izquierdas por el Estatuto en 1936, ubicándose en el centro del espectro político vasco desde las elecciones de 1933. Las dos cuestiones claves de Euskadi en la República fueron la religiosa y la autonómica, unidas estrechamente en 1931 y separadas después. La primera fue decisiva en la bipolarización que se dio en 1931; la segunda fue el factor fundamental del posicionamiento prorepublicano del PNV en la Guerra Civil, cuando pactó con el Frente Popular para lograr el Estatuto.

Así pues, la conflictividad vasca fue mucho más de índole político-religiosa que socioeconómica. Ésta última estuvo motivada por la depresión económica mundial, que afectó sobre todo a la industria vizcaína (la siderometalúrgica y la minería) y provocó un considerable aumento del paro obrero. Pese a ello, durante el primer bienio republicano, con el PSOE en el gobierno y siendo ministro Indalecio Prieto, el líder del socialismo vasco, la conflictividad obrera fue decreciente en Vizcaya por el predominio de los sindicatos reformistas, la socialista UGT y la nacionalista Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV), que se disputaban la hegemonía, y por la debilidad de los sindicatos revolucionarios, la anarquista CNT y la central comunista, cuyas huelgas no tuvieron éxito. Si la conflictividad aumentó en 1934, no fue por factores económicos (la crisis y el paro disminuyeron), sino por motivos políticos: la radicalización del socialismo español por su salida del gobierno y su derrota electoral (19-XI-1933), que culminó en la revolución de octubre de 1934. Ésta tuvo su tercer foco en importancia, tras Asturias y Cataluña, en Vizcaya y Guipúzcoa, donde hubo cuarenta y dos muertos y más de mil quinientos presos. En cambio, apenas afectó a Álava y Navarra, donde tuvo más repercusión la conflictividad agraria: así, la huelga general de campesinos de junio de 1934 fue secundada en el campo navarro, sobre todo en muchos pueblos de la Ribera del Ebro, de implantación ugetista.

La especificidad vasco-navarra tenía que ver sobre todo con la trascendencia de las cuestiones autonómica y religiosa. Ésta última obedecía al carácter católico de los dos principales partidos de masas, cuya implantación territorial era complementaria: el PNV se convirtió en la primera fuerza política de Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que la Comunión Tradicionalista era mayoritaria en Álava y hegemónica en Navarra. Su alianza en la coalición pro Estatuto de Estella constituía un poderoso bloque católico y antirrepublicano, que aspiraba a un Concordato con la Santa Sede para impedir la aplicación de la legislación anticlerical de la República y convertir así a Euskadi y Navarra en una especie de oasis católico dentro de una España laica. Fue el intento de crear un Gibraltar vaticanista, en expresión atribuida a Prieto, su mayor enemigo y el que más contribuyó al fracaso del Estatuto de Estella, que naufragó en las Cortes Constituyentes a finales de 1931. Pero su desaparición no terminó con la conflictividad religiosa, que continuó siendo grave durante todo el bienio azañista (1931-1933).

En una sociedad tan católica como la vasco-navarra, en la cual era enorme el peso de la Iglesia, la cuestión religiosa fue el principal cimiento que sustentó una mayoría política contraria a la República en sus primeros años por la gran repercusión popular que tuvieron hechos como la quema de conventos en Madrid y otras ciudades, la expulsión de España del obispo de Vitoria (Mateo Múgica) y del cardenal-primado de Toledo (Pedro Segura), la detención del vicario de Vitoria (Justo Echeguren), la disolución de la Compañía de Jesús con la clausura de su Universidad de Deusto, la prohibición de la enseñanza de la religión en las escuelas, la Ley de congregaciones religiosas y el intento de la mayoría izquierdista del Ayuntamiento de Bilbao de demoler el gran monumento al Sagrado Corazón de Jesús erigido durante la dictadura de Primo de Rivera.

Todo esto provocó un ambiente de agitación y efervescencia político-religiosa, del cual da idea el amplio eco alcanzado por las presuntas apariciones de la Virgen a unos niños de la aldea guipuzcoana de Ezquioga en el verano de 1931. Este suceso congregó a una muchedumbre de católicos, tanto vascos como de otras partes de España, se denominó la Virgen del Estatuto de Estella y fue denunciado en las Cortes como una conspiración monárquica contra la República. A pesar de que la Iglesia consideró apócrifas tales visiones, las peregrinaciones a Ezquioga continuaron en menor medida hasta la Guerra Civil, cuando paradójicamente los franquistas acabaron con ellas^[1].

El factor religioso fue el que más acercó al PNV a las derechas y el que más le alejó de las izquierdas en los dos primeros años del régimen republicano, que resultó desacreditado por sus medidas anticlericales ante la mayoría católica vasca. El propio Manuel Azaña, presidente del gobierno, reconoció la fuerte incidencia de dicho factor en la debacle de las izquierdas en las elecciones de noviembre de 1933. Esta debacle fue aún mayor en Euskadi y Navarra, donde perdieron siete escaños y sólo consiguieron dos diputados: el mismo Azaña y Prieto, elegidos por las minorías en la circunscripción de Bilbao.

La pérdida del poder llevó a las izquierdas a mitigar su anticlericalismo, lo cual facilitó la aproximación del PNV a ellas a partir de 1934 por la cuestión autonómica. Ésta fue la causa principal de la ruptura del PNV con las derechas, que bloquearon ese año el Estatuto vasco en las Cortes. Ambas fuerzas católicas rivalizaban entre sí por atraerse al numeroso electorado católico independiente, que en Vizcaya y Guipúzcoa era proclive al PNV, mientras que en Álava y Navarra se decantaba más por el Bloque derechista encabezado por el carlismo. Así pues, la unión de los católicos vasco-navarros sólo se dio en 1931 y fue imposible en los comicios de 1933 y 1936 a pesar de las presiones de la Iglesia vasca y del Vaticano. A finales de la República el enfrentamiento entre el PNV y las derechas era general. Éstas le acusaban de ser cómplice de la revolución de octubre y hasta de concomitancias con la masonería, pero lo que más enconaba el españolismo de las derechas era el separatismo del PNV; de ahí su oposición frontal al Estatuto, tal y como manifestaron en las Cortes del bienio radical-cedista (1933-1935) los diputados de Renovación Española Ramiro de Maeztu y José Calvo Sotelo, quien declaró dirigiéndose a los diputados del PNV: «Entregaros el Estatuto (…) sería un verdadero crimen de lesa patria». En noviembre de 1935, dicho líder monárquico había pronunciado en un mitin en San Sebastián su famosa frase: «antes una España roja que una España rota». Y su última actuación parlamentaria, poco antes de su asesinato en Madrid en julio de 1936, fue obstruir la aprobación del Estatuto contraponiéndole el Concierto económico como si fuesen incompatibles.

Precisamente, la cuestión autonómica incidió sobremanera en la intensa conflictividad política existente en Euskadi, pues fue el eje central de la vida política vasca durante la República al no entrar en vigor el Estatuto hasta la Guerra Civil. Pero las vicisitudes por las que atravesó el lento y complejo proceso autonómico hicieron que los protagonistas de los conflictos fuesen cambiando a lo largo del quinquenio republicano. Así, en 1931 la línea divisoria principal enfrentó a derechas (incluido el PNV) e izquierdas según fuesen partidarias o enemigas del Estatuto de Estella. Tras su naufragio parlamentario, la elaboración de un Estatuto ajustado a la Constitución distanció al PNV del carlismo, rompiéndose su coalición por haber contribuido éste a su fracaso en Navarra en 1932. Pero ello no trajo aparejada una aproximación del PNV a las izquierdas, continuando su duro enfrentamiento en 1933 no sólo por los motivos religiosos citados sino también por el retraso del proceso autonómico.

Esta situación cambió en 1934 cuando el PNV giró a la izquierda al constatar en las Cortes la imposibilidad de sacar adelante el Estatuto con una mayoría derechista, que, además, atacaba la autonomía catalana al impugnar su Ley de contratos de cultivos, declarada inconstitucional. En el tenso verano de 1934, el PNV se retiró de las Cortes en solidaridad con la Generalitat, gobernada por la Esquerra Republicana, y se unió a las izquierdas vascas en defensa del Concierto económico y en contra del gobierno de Samper (Partido Radical). En ese momento, la división en dos bloques enfrentados militarmente en la Guerra Civil ya existía políticamente en el País Vasco. Pero el acercamiento del PNV a las izquierdas quedó truncado por el inmediato estallido revolucionario en octubre de 1934, ante el cual el PNV optó por permanecer neutral, pues en Euskadi no tuvo ningún componente de reivindicación nacional, a diferencia de Cataluña, donde el presidente Companys proclamó «el Estado Catalán de la República Federal Española». A lo largo de 1935 el PNV permaneció aislado políticamente, distanciado de las izquierdas revolucionarias y atacado por las derechas antinacionalistas. De dicho aislamiento salió en la primavera de 1936, tras el triunfo electoral del Frente Popular, cuando llegó a un acuerdo con éste para aprobar el Estatuto vasco en las Cortes superando el obstruccionismo de las derechas.

Por tanto, la cuestión autonómica coadyuvó también a alimentar la fractura derechas/izquierdas tanto al inicio como al final de la República, pero con una diferencia sustancial: en 1931 el PNV se hallaba situado en el campo de las derechas católicas, mientras que en 1936 se encontraba más próximo de las izquierdas republicanas gracias a la evolución democrática protagonizada por la generación de José Antonio Aguirre y Manuel Irujo.

La suma de estos factores de conflicto y otros de menor entidad (caso de la rivalidad entre los ayuntamientos elegidos por el pueblo y las diputaciones designadas gubernativamente) provocó una notable violencia política en Euskadi, ejercida por los diversos grupos para-militares que tenían bastantes fuerzas políticas: así, los requetés carlistas, los mendigoizales (montañeros) nacionalistas, las milicias socialistas y comunistas. Los frecuentes choques armados entre ellos dejaron un reguero de muertos y heridos a lo largo de la República, sobre todo en la circunscripción de Bilbao, donde la lucha política era más exacerbada, y en los fines de semana, cuando los partidos celebraban sus mítines y concentraciones. De dichos grupos procedían muchos jóvenes voluntarios que se alistaron en los bandos beligerantes en 1936, tanto requetés como milicianos y gudaris (soldados nacionalistas).

Los momentos de mayor violencia política fueron: el verano de 1931, cuando se hablaba de la existencia de un clima de guerra civil en el País Vasco; la primavera de 1933, con ocasión de una visita del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a Bilbao, que fue muy protestada por los nacionalistas; y el verano de 1934, con la rebelión de la mayoría de los ayuntamientos vascos contra las medidas fiscales del gobierno de Samper que afectaban al Concierto: el llamado Estatuto del vino. Dicha violencia llegó al máximo con la cruenta revolución socialista de octubre de 1934 y la dura represión gubernamental. A partir de entonces descendió de forma considerable hasta el estallido bélico de julio de 1936.

En los meses previos a la Guerra Civil y a diferencia de otras partes de España, la situación política fue bastante tranquila en Vizcaya y Guipúzcoa, donde la clara mayoría nacionalista y de izquierdas buscaba el entendimiento necesario para la aprobación del Estatuto. En cambio, la conflictividad se había trasladado a Álava y, sobre todo, Navarra, la única provincia española controlada por completo por las derechas contrarrevolucionarias. Allí el carlismo del conde de Rodezno preparaba activamente el golpe militar con un sector del Ejército al mando del general Mola, jefe de la Comandancia de Pamplona y el Director de la conspiración en marcha contra la República. El fracaso de su pronunciamiento provocó la Guerra Civil.

La gran conflictividad y la violencia política existente en el País Vasco durante los años republicanos eran manifestaciones del pluralismo polarizado que caracterizó su sistema de partidos. El pluralismo vasco, seña de identidad de la Euskadi contemporánea, surgió en el Bilbao de la revolución industrial a finales del siglo XIX con el triángulo político formado por la Unión Liberal de Víctor Chávarri, el PNV de Sabino Arana y el PSOE de Facundo Perezagua, y se propagó a toda Vizcaya en la crisis de la Restauración (1917-1923) cambiando sus protagonistas: el liberal Gregorio Balparda, el nacionalista Ramón de la Sota y el socialista Indalecio Prieto. Dicho triángulo se extendió al conjunto de Euskadi en la II República, cuando fue encarnado por el carlista José Luis Oriol, diputado por Álava, el nacionalista José Antonio Aguirre, diputado por Vizcaya-provincia, y de nuevo el socialista Prieto, diputado por Bilbao. Oriol y Aguirre fueron aliados en 1931 y enemigos en la guerra; todo lo contrario que Aguirre y Prieto, que murieron en el exilio durante la dictadura de Franco.

Esta triangulación de la vida política vasca se consolidó en las elecciones de 1936 por la concurrencia de tres candidaturas: el Bloque contrarrevolucionario (ocho diputados), el Frente Popular (siete) y, entre ambos ocupando el centro político, el PNV (nueve). Tuvo un precedente en los comicios de 1933 en Vizcaya, la única provincia en la que el PSOE de Prieto mantuvo su alianza con los republicanos de izquierda de Azaña. En cambio, las elecciones constituyentes de 1931 no fueron triangulares sino bipolares debido a la candente cuestión religiosa, que dividió a las fuerzas vascas en dos grandes coaliciones antagónicas: el Bloque católico de Estella (quince diputados) versus el Bloque republicano-socialista (nueve). Así pues, la evolución política de Euskadi fue divergente de la predominante en el resto de España durante la República, al pasar de la bipolarización de 1931 a la triangulación de 1936 gracias a la ocupación del centro por el PNV mientras que la debacle electoral del Partido Radical de Lerroux supuso la práctica desaparición del centro en las Cortes de 1936.

El carácter extremo del pluralismo vasco se constata también en la falta de consenso interno sobre las cosas más elementales que reflejan la existencia de un país: el nombre, la bandera, el himno, las festividades y el territorio. El nombre de Euzkadi^[2], neologismo inventado en 1896 por Sabino Arana para definir la nación vasca basada en la raza y la religión, sólo era asumido por los nacionalistas. Las izquierdas republicanas, socialistas y comunistas lo empezaron a utilizar en los años 30, sobre todo en la Guerra Civil cuando participaron en el primer gobierno vasco, conocido como el Gobierno de Euzkadi, aunque este término no figuraba en el Estatuto de 1936 (sí en el proyecto plebiscitado en 1933). Por su parte, para las derechas Euzkadi era una entelequia de los nacionalistas, según sostuvo el escritor vitoriano Ramiro de Maeztu en las Cortes en 1934: «nosotros los alaveses no nos hemos criado en la idea de la existencia de Euzkadi; no sabemos lo que esto significa». Además, había otros nombres mucho más antiguos y menos controvertidos que Euskadi: País Vasco o Vasco-Navarro, Provincias Vascongadas, Vasconia y Euskalerria (hoy se escribe Euskal Herria, esto es, el país donde se habla euskera).

En cuanto a la bandera, la bicrucífera o ikurriña, diseñada por Sabino y Luis Arana en 1894, era la bandera del PNV Incluso Acción Nacionalista Vasca (ANV), escisión por la izquierda del PNV en 1930, creó su propia bandera: roja con una estrella en el centro y dentro el lauburu (símbolo vasco). Los republicanos enarbolaban la bandera española tricolor; los monárquicos y carlistas, la rojigualda; los socialistas y comunistas, sus banderas rojas. En 1933 el PNV acordó que la ikurriña fuese «la bandera nacional de Euzkadi», en contra del parecer de su propio presidente, Luis Arana, para quien «sería crimen de lesa patria la imposición de la bicrucífera para todo Euzkadi», pues él y su hermano Sabino la habían confeccionado sólo para Vizcaya, inventándose Luis Arana otras enseñas para los restantes territorios vascos, que nunca cuajaron. En octubre de 1936, uno de los primeros decretos del gobierno vasco de Aguirre adoptó la ikurriña como la bandera de Euzkadi por encamar «la unidad vasca», dándose la paradoja de que se aprobó por iniciativa no de un consejero nacionalista sino socialista (Santiago Aznar), con el fin de identificar la marina vasca en la Guerra Civil. En el transcurso de ésta fue utilizada por los batallones del ejército vasco. Proscrita por el franquismo y legalizada en la transición, hoy en día la ikurriña es el único de los símbolos inventados por Sabino Arana que goza de total aceptación en la sociedad vasca.

El primer gobierno vasco no asumió, en cambio, el himno de Sabino Arana (Euzko Abendearen Ereserkija), que sólo cantaban los militantes del PNV Los demás partidos tenían sus propios himnos: el de Riego y la Marsellesa los republicanos, la Internacional los socialistas y comunistas, el Oriamendi los carlistas… Pero el más popular de todos era el Gernikako Arbola, himno fuerista del bardo José María Iparraguirre compuesto a mediados del siglo XIX, aunque nunca ha sido el himno oficial del País Vasco. (Actualmente lo es el de Arana, pero no su letra, de carácter clerical, sino tan sólo su música).

Lo mismo sucedió con las festividades: Euskadi careció (y carece) de una fiesta oficial. Las principales fuerzas políticas tenían sus propias conmemoraciones, a saber: el movimiento obrero se manifestaba el Primero de Mayo desde 1890, el carlismo organizaba cada 10 de marzo la fiesta de los Mártires de la Tradición desde 1896, el republicanismo celebraba los aniversarios del 11 de febrero y del 14 de abril, fechas de la proclamación de las dos Repúblicas españolas, y el nacionalismo empezó a festejar el Día de la Patria (Aberri Eguna) la Pascua de Resurrección de 1932, con motivo de las bodas de oro de la revelación nacionalista de Sabino Arana en una conversación mantenida con su hermano Luis una mañana de 1882. El PNV presidido entonces por Luis Arana, la situó el domingo de Resurrección, dándole así un carácter no sólo político sino también religioso, y demostró su pujanza con multitudinarias concentraciones en las capitales: Bilbao en 1932, San Sebastián en 1933, Vitoria en 1934 y Pamplona en 1935. Hoy el Aberri Eguna es la fiesta de todos los nacionalistas vascos, no compartida por los no nacionalistas.

Pero el problema más grave en la definición de Euskadi a efectos del proceso autonómico fue la territorialidad. A diferencia de Cataluña y de Galicia, no había unanimidad a la hora de fijar el territorio de la futura región autónoma vasca, por lo que hubo que decidir entre Estatutos provinciales (se elaboraron proyectos de Navarra, Álava, Guipúzcoa y la comarca vizcaína de las Encartaciones), Estatuto de las Vascongadas o Estatuto Vasco-Navarro. En 1931-1932 se optó por este último, pero la defección de la derecha carlista y navarrista, desinteresada de la autonomía tras la desaparición del Estatuto de Estella, hizo fracasar el proyecto de las Comisiones Gestoras en Navarra. Y el nuevo proyecto de 1933, reducido a las tres provincias vascas, fue rechazado por el carlismo alavés de Oriol y paralizado por las derechas en las Cortes del segundo bienio republicano esgrimiendo la cuestión de Álava: su elevada abstención en el referéndum autonómico de 1933. Resuelta esta cuestión en 1936, el Estatuto sólo tuvo vigencia nueve meses en Vizcaya pues, cuando por fin se aprobó en plena guerra, casi toda Álava y Guipúzcoa se encontraban ya en poder de los militares sublevados. (Navarra tampoco entró en el Estatuto de Guernica de 1979).

Todos estos factores de división demuestran que el problema vasco en la II República era en gran medida un problema interno debido al desacuerdo existente entre sus fuerzas políticas sobre temas fundamentales. De ahí que se trate de un país invertebrado y quepa hablar, parafraseando a José Ortega y Gasset, de la Euskadi invertebrada de los años 30.

UN INTENTO DE SOLUCIÓN: LA VÍA AUTONÓMICA^[3]

La II República española fue el primer intento de dar una salida a las reivindicaciones de los nacionalismos periféricos surgidos durante la Restauración. Por ello, el régimen republicano no pudo ser unitario, como la monarquía, pero no quiso ser federal, dada la mala experiencia de la I República de 1873, y optó por una tercera vía, a la que denominó en la Constitución de 1931 Estado integral, «compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones». Dicho Estado permitía la autonomía territorial, pero no como regla general sino como excepción; por eso, no fue un Estado regional sino tan sólo regionalizable.

En realidad, la solución republicana pretendía sobre todo resolver la cuestión catalana, candente desde principios del siglo XX y mucho más relevante entonces que el problema vasco. Además, existía el compromiso previo, contraído por los dirigentes republicanos españoles con los catalanistas de centro-izquierda en el Pacto de San Sebastián (17-VIII-1930), de que la instauración de la República traería aparejada la autonomía para Cataluña. Aun con dificultad por la obstrucción parlamentaria de algunos grupos (los agrarios, los radicales y destacados intelectuales como Ortega y Unamuno), el Estatuto catalán fue aprobado por las Cortes en septiembre de 1932 porque contó con bastantes factores favorables: la existencia de un gobierno preautonómico (la Generalitat provisional de Maciá), el acuerdo de las fuerzas catalanas sobre el Estatuto de Núria, su abrumador refrendo popular en 1931, la concordancia política entre la mayoría en Barcelona (la Esquerra Republicana) y la mayoría en Madrid (las izquierdas republicano-socialistas), la participación de un ministro catalanista en los gobiernos del primer bienio, la importancia de la numerosa minoría de la Esquerra en las Cortes Constituyentes y el decidido apoyo del presidente Manuel Azaña, quien hizo de la aprobación del Estatuto cuestión de confianza de su gobierno en 1932.

Ni uno solo de todos estos factores se dio en el caso vasco durante el primer bienio republicano, porque no había analogía entre Cataluña y Euskadi pese al intento de los nacionalistas vascos de imitar el ejemplo catalanista. Si Euskadi no logró su Estatuto durante los cinco años de la República en paz, ello obedeció a la confluencia de bastantes causas, unas externas y otras internas. Veamos de forma somera las principales.

Entre las causas externas cabe mencionar la escasa voluntad autonomista de los constituyentes de 1931, que no contemplaban las autonomías regionales con carácter general sino como un hecho excepcional. Así lo prueba la regulación del título I (Organización nacional) de la Constitución, que establecía duros requisitos para aprobar los Estatutos, en especial que los aceptasen en referéndum «por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región» (artículo 12). Teniendo en cuenta la abstención habitual en la República, tan elevado quorum era prácticamente imposible de conseguir si no se recurría a métodos fraudulentos. De hecho, gracias al uso de éstos se superó en los plebiscitos vasco de 1933 y gallego de 1936, que alcanzaron unas cifras de participación y de apoyo a sus Estatutos tan elevadas que resultan increíbles (con la sola excepción de Álava).

La aprobación de la Constitución republicana en diciembre de 1931 convirtió en inconstitucionales todos los proyectos de Estatuto vasco elaborados en dicho año, porque partían de una República federal (o incluso confederal) que no existió. Tal era también el caso del Estatuto de Núria, pero los factores antes citados permitieron su reforma por las Cortes hasta hacerlo constitucional. Por el contrario, los proyectos vascos carecieron de todo impulso del poder central, porque no hubo ningún ministro nacionalista vasco y los pocos diputados del PNV (seis en las Cortes de 1931-1933) no tenían capacidad de coalición o de chantaje, pues ningún gobierno republicano dependió de sus votos para su estabilidad parlamentaria, ni tampoco en el segundo bienio cuando el PNV contaba con doce escaños, su máximo histórico.

Basta leer los Diarios de Manuel Azaña en la República para ver el contraste entre la enorme trascendencia otorgada a la cuestión catalana, que requería una solución perentoria, y su nulo interés por el problema vasco, ignorando o menospreciando a los nacionalistas: el diputado «Leizaola es un pobre diablo, fanático y entontecido», anotó el 13 de octubre de 1931^[4]. Sin embargo, Azaña fue diputado en las Cortes de 1933-1935 gracias a que su amigo Prieto le incluyó en su candidatura por Bilbao. El líder socialista Prieto fue el único ministro vasco en los gobiernos del primer bienio, pero, tras hacer fracasar el Estatuto de Estella, no impulsó el de las Comisiones Gestoras porque no se tuvo en cuenta su recomendación: brevedad y semejanza con el de Cataluña. Cuando así se hizo en 1936, Prieto se convirtió en el principal artífice del Estatuto aprobado en la Guerra Civil. Con anterioridad, durante las Cortes del segundo bienio, contrarias a las autonomías, las derechas, encabezadas por la CEDÁ de Gil Robles, impidieron la aprobación del Estatuto plebiscitado con el pretexto de la escasa votación de Álava.

En ninguno de los dos bienios republicanos existió concordancia política entre las mayorías vasca y española. En las elecciones de 1931 Vasconia fue la única comunidad donde triunfó una coalición antirrepublicana como la clerical de Estella, mientras que en las de 1933 los partidos mayoritarios en las Cortes, la CEDA y el Partido Radical, no obtuvieron un solo diputado en las Vascongadas, donde el gran vencedor fue el PNV Tal y como se desarrolló la cuestión regional en la República, dicha concordancia entre el centro y la periferia era fundamental no sólo para aprobar el Estatuto sino también para su funcionamiento. Así lo corroboró el caso de Cataluña, cuya autonomía tuvo graves dificultades en 1934 (conflicto por la Ley de contratos de cultivos) y fue suspendida por las Cortes radical-cedistas en castigo por la rebelión de la Generalitat de Companys con motivo de la revolución de octubre.

Las causas internas del retraso del Estatuto vasco fueron más importantes que las externas. En primer lugar, el PNV el partido más interesado (y en la práctica más beneficiado) por la autonomía, cometió crasos errores en 1930 y 1931: no asistió al Pacto de San Sebastián, al desentenderse por completo de la trascendental coyuntura de transición y cambio que vivía España durante la dictablanda del general Berenguer, y no hizo nada por instaurar la República, a la que veía con prevención por las cuestiones religiosa y social. Pero más grave aún fue su error de Estella: su alianza con una fuerza antirrepublicana y antidemocrática como el carlismo.

A diferencia de Cataluña, en Euskadi no hubo acuerdo sobre la iniciativa autonómica en 1931. Las derechas, que controlaban la mayoría de los ayuntamientos, patrocinaron el movimiento de los alcaldes, liderado por José Antonio Aguirre, alcalde de Guecho (Vizcaya), cuya culminación fue la Asamblea de municipios celebrada en Estella (14-VI-1931), donde se aprobó el polémico Estatuto como programa electoral de la coalición entre el PNV y la Comunión Tradicionalista. Por su parte, las izquierdas, que ostentaban el poder en las diputaciones provinciales al ser de designación gubernativa, intentaron vehicular el proceso autonómico a través de sus Comisiones Gestoras, cosa que no consiguieron en 1931, pero sí en 1932-1933 gracias a un decreto del gobierno de Azaña (8-XII-1931).

Este decreto supuso volver a empezar de nuevo el proceso estatutario de acuerdo con la Constitución, aprobada al día siguiente; pero se tardó dos años en elaborar el proyecto de las Gestoras, aprobarlo por la mayoría de los ayuntamientos y refrendarlo por el pueblo vasco en el plebiscito del 5 de noviembre de 1933. Dicha tardanza se debió a los motivos ya mencionados: los continuos y a menudo violentos enfrentamientos, sobre todo por la cuestión religiosa, entre los partidos vascos y el rechazo de la mayoría de los municipios navarros en la Asamblea de Pamplona (19-VI-1932), que obligó a redactar un nuevo texto sin Navarra. El siguiente escollo fue la cuestión de Álava por la oposición de su principal partido, el carlismo de Oriol, quien intentó su retirada del Estatuto para que éste fracasase definitivamente, estando a punto de conseguirlo en las Cortes en 1934.

En definitiva, las causas más determinantes de que no hubiese Estatuto antes de la Guerra Civil fueron la extrema división entre las fuerzas vascas y la instrumentalización que todas ellas hicieron de la autonomía, que no era un fin sino un medio para alcanzar metas antagónicas. Así, para las derechas el Estatuto de Estella fue un arma para atacar a la República, desentendiéndose después u oponiéndose in crescendo a la autonomía al ser constitucional. El PNV la subordinó en 1931 a la defensa de la religión católica y, aun siendo su objetivo prioritario, la consideró siempre su programa mínimo o «un escalón de libertad» en su larga marcha hacia la restauración foral, entendiendo por ésta la recuperación de la soberanía perdida en el siglo XIX, conforme a la visión historicista de Sabino Arana. Las izquierdas apoyaban la autonomía si contribuía a consolidar la República en Euskadi, pero no tenían entusiasmo por ella pues creían, con razón, que beneficiaría a su gran rival, el PNV

Los cambios acaecidos en la política vasca durante la República permitieron por fin la aprobación del Estatuto en 1936 gracias a varios factores que la propiciaron. El PNV evolucionó desde sus posiciones integristas de 1931 hacia planteamientos demócrata-cristianos de sus diputados en las Cortes del segundo bienio. Los principales hitos de esta evolución fueron: la ruptura de su coalición con el carlismo en 1932, su ubicación en el centro político en los comicios de 1933, su enfrentamiento con la derecha católica (la CEDA) y con el gobierno del Partido Radical en 1934, su primera aproximación a las izquierdas ese mismo año y su entendimiento con el Frente Popular en la primavera de 1936, cuando su minoría parlamentaria votó a Azaña primero como jefe del gobierno y después como presidente de la República. Dicha evolución en sentido democrático fue obra de la nueva generación nacionalista liderada por los jóvenes diputados Aguirre e Irujo, que se hicieron con el control del partido en 1933 al arrumbar a la vieja guardia del integrista Luis Arana, quien dimitió ese año de la presidencia del PNV La estéril experiencia del bienio negro (1933-1935) convenció al PNV de que gobernando las derechas nunca conseguiría el Estatuto, el cual sólo era factible de la mano de las izquierdas, que acabó estrechando en 1936. Unos meses antes, en el tenso debate parlamentario con Calvo Sotelo (5-XII-1935), Manuel Irujo afirmó: «Nosotros pedimos lo nuestro, lo que nos pertenece. ¿Que las derechas españolas nos lo niegan? Nosotros, con la confianza en Dios y en nuestro esfuerzo, bendeciremos la mano por medio de la cual nos llegue el Estatuto». Esa mano fue la del socialista Indalecio Prieto.

Este máximo dirigente de las izquierdas vascas contribuyó de forma decisiva a que éstas asumiesen plenamente la autonomía, que figuró en el programa electoral del Frente Popular de Euskadi, cuyo eslogan era: «¡Amnistía, Estatuto, ni un desahucio más!» Por ello se integró en esta coalición Acción Nacionalista Vasca, el partido más estatutista en la Euskadi de la República. Tras la victoria del Frente Popular, Prieto declaró con rotundidad: «La autonomía del País Vasco, reflejada en su Estatuto, ha de ser obra de las fuerzas de izquierda que constituyen el Frente Popular» (28-II-1936). Su liderazgo le llevó a arrastrar detrás de sí al PSOE, que había sido más reticente con la autonomía que los republicanos vascos. Prieto, convertido en «el hombre del Estatuto» según Irujo, también convenció al PNV de la necesidad de seguir sus criterios para facilitar su aprobación parlamentaria: hacer un texto breve, casi reducido a la enumeración de las facultades autonómicas, y lo más parecido al Estatuto catalán. Así se llevó a cabo en la Comisión de Estatutos de las Cortes, presidida por el mismo Prieto y con Aguirre de secretario, lo que posibilitó su rápida discusión durante la primavera de 1936. En ella se dio una entente cordial entre ambos líderes, que habían sido duros rivales con anterioridad, teniendo como mínimo común denominador el Estatuto, que acabó siendo en gran medida el Estatuto de Prieto y del Frente Popular.

Esta convergencia de intereses entre el PNV y las izquierdas coadyuvó a la consolidación de la República en Euskadi al integrar al principal partido vasco en el régimen republicano gracias a la autonomía en ciernes. Ésta contribuyó a la tranquilidad con que se vivió en Vizcaya y Guipúzcoa la primavera trágica de 1936, en flagrante contraste con lo sucedido en los años anteriores y con la situación de Navarra, desgajada del proceso autonómico y volcada en la estrategia insurreccional del carlismo contra la República.

Todo esto fue posible porque la línea divisoria fundamental del sistema vasco de partidos pasó de ser la cuestión religiosa en 1931 a ser la cuestión autonómica en 1936. Si aquélla fue el mayor factor de deslegitimación de la República en Euskadi, ésta vino a legitimarla ante el nacionalismo. De esta forma el PNV pudo invertir su política de alianzas en apenas cinco años y con ello trastocó por completo el mapa político vasco: la mayoría clerical y antirrepublicana de 1931 fue sustituida por la mayoría autonomista y republicana de 1936, que suponía dos tercios del electorado. El pluralismo vasco continuó siendo polarizado, pero la bipolarización de 1931 no tenía nada que ver con la del verano de 1936; del mismo modo que el oasis católico del Estatuto de Estella fue muy distinto del oasis vasco en la Guerra Civil, consecuencia de la hegemonía nacionalista en el primer gobierno de Euskadi.

En suma, la historia de la II República demostró que la autonomía vasca no podía hacerse en contra de las izquierdas republicano-socialistas, pero que tampoco era viable sin contar con el PNV Por tanto, era imprescindible el entendimiento entre ambas fuerzas, así como el predominio de las izquierdas en el poder central. La confluencia de ambos factores en 1936 permitió que el Estatuto vasco fuese una realidad tras un dilatado y tortuoso proceso. No en vano los Estatutos aprobados necesitaron un doble consenso, tanto interno a la comunidad que quería convertirse en región autónoma como externo: el acuerdo entre las fuerzas mayoritarias en ella y las que gobernaban en Madrid. Sin ese doble consenso era imposible la entrada en vigor del Estatuto (caso del vasco hasta 1936) y difícil su buen funcionamiento (caso del catalán en 1934).

La experiencia republicana permite establecer algunas correlaciones significativas: entre autonomía y nacionalismo, entre antirrepublicanismo y antiautonomismo, entre republicanismo y autonomismo. En la República hubo Estatutos únicamente en las dos comunidades donde existían potentes movimientos nacionalistas: Cataluña y Euskadi, que disponían de sistemas de partidos propios, muy diferentes del español, por la hegemonía de los partidos catalanistas (la Esquerra de Maciá y Companys y la Lliga de Cambó) y por el fuerte arraigo del PNV El galleguismo, debido a su debilidad política, no logró aprobar el Estatuto gallego, que sólo fue plebiscitado en vísperas de la guerra gracias al apoyo del Frente Popular. Casi todas las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas promovieron sus respectivos Estatutos, aunque no fuesen su meta, hasta el punto de que sin su constante impulso no hubiese habido ninguna autonomía y la II República hubiese sido un Estado unitario.

Asimismo, resulta evidente que las autonomías eran capitalizadas por los nacionalismos. He aquí un buen ejemplo: el PNV consiguió el mayor número de diputados en toda su historia en las elecciones del 19 de noviembre de 1933 (doce escaños), celebradas justo dos semanas después del referéndum autonómico, en el cual volcó el censo en Guipúzcoa y Vizcaya para superar con creces el exorbitante quorum constitucional de los dos tercios: los votos favorables alcanzaron el ochenta y cuatro por ciento de los electores vascos a pesar de la elevada abstención de los alaveses, propugnada por el carlismo de Oriol, y de las reticencias de las izquierdas de Prieto, que intentaron sin éxito posponer el referéndum a después de los comicios. Este factor autonómico posibilitó al PNV derrotar por primera y única vez a Prieto en su feudo de Bilbao, y eso que el dirigente del PSOE mantuvo la coalición con los republicanos y llevó en su lista al expresidente Azaña, al exministro radical-socialista Marcelino Domingo y al exdiputado socialista Julián Zugazagoitia, quienes encarnaban la obra gubernamental del primer bienio republicano.

En el caso de las derechas, tras su adhesión instrumental al Estatuto de Estella, desde 1932 su antirrepublicanismo y su antiautonomismo marcharon juntos al ser enemigas no sólo de la República sino también de las autonomías, porque emanaban de la Constitución de 1931 y las identificaban con el gobierno de Azaña, el artífice del Estatuto de Cataluña. Contra todo ello combatieron primero por medios políticos en las urnas y las Cortes y después con las armas en la guerra.

La relación entre republicanismo y autonomismo se dio de forma menos tajante en las izquierdas vascas, mucho más republicanas que autonomistas. En general, su apoyo al Estatuto no tuvo el entusiasmo de los nacionalistas, salvo algunos republicanos vasquistas que eran fervientes partidarios del mismo. Pero otros republicanos y socialistas fueron contrarios a él y contribuyeron a su fracaso en Navarra en 1932.

La correlación positiva entre República y autonomía fue patente en 1936, cuando convergieron los mayores defensores de la República (las izquierdas) con los mayores promotores del Estatuto (los nacionalistas). Entonces la consolidación del régimen republicano y la aprobación del Estatuto ya no eran objetivos incompatibles sino complementarios. Esto permitió el pacto entre el Frente Popular de Prieto y el PNV de Aguirre, que culminó en los inicios de la Guerra Civil. En el transcurso de ésta, la República española y la autonomía vasca se unieron inexorablemente, porque los generales sublevados atacaban ambas y su victoria militar implicaba la desaparición tanto del régimen republicano como de las autonomías regionales al ser incompatibles con su concepción centralista de España. Por eso, el Estatuto nació y pereció en la Euskadi republicana y nacionalista (1936-1937).

UNA AUTONOMÍA IN EXTREMIS:

EL ESTATUTO VASCO EN LA GUERRA CIVIL^[5]

No se puede entender la Guerra Civil en Euskadi sin tener en cuenta lo que he denominado la clave autonómica. Ésta fue decisiva en el posicionamiento prorepublicano del PNV ante el golpe militar del 18 de julio y en la naturaleza de la contienda en Euskadi, que fue muy diferente antes y después de la aprobación del Estatuto el 1 de octubre de 1936, hasta el punto de distinguirse claramente dos fases: la preautonómica del verano de 1936 y la autonómica, que transcurre desde la formación del gobierno de Aguirre el 7 de octubre del mismo año hasta la toma de Bilbao por el ejército de Franco el 19 de junio de 1937.

Al producirse la sublevación, el PNV hubiese preferido mantenerse neutral, como había hecho en abril de 1931 y en octubre de 1934, pero la neutralidad era imposible en julio de 1936, cuando el fallido pronunciamiento se transformó en seguida en una guerra civil, que se desarrollaba en el territorio vasco-navarro pues el general Mola y los requetés controlaban Navarra y casi toda Álava desde el 19 de julio. Esa misma mañana, tras largas deliberaciones en una tensa noche en blanco, los dirigentes del PNV tomaron la decisión más trascendental de su historia, que publicó su diario oficial Euzkadi de Bilbao: «el Partido Nacionalista Vasco declara (…) que, planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la República y la Monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer del lado de la ciudadanía y la República». Este acuerdo fue adoptado sin mucho entusiasmo, según reconoció el presidente del partido en Vizcaya, Juan Ajuriaguerra, quien explicó los motivos fundamentales de su «apoyo al gobierno republicano^[6]»

A medida que avanzaba la noche, algo iba quedando bien claro: el alzamiento militar lo había organizado la oligarquía derechista cuyo eslogan era la unidad, una agresiva unidad española apuntada hacia nosotros. La derecha se oponía ferozmente a cualquier estatuto de autonomía para el País Vasco. Por otro lado, el gobierno legal nos lo había prometido y sabíamos que acabaríamos consiguiéndolo.

Así pues, en 1936, al contrario de 1931, la cuestión autonómica prevaleció sobre la religiosa en la dirección del PNV, que antepuso sus sentimientos nacionales a sus convicciones religiosas, el principal punto en común que tenía con las fuerzas sublevadas. Pero no todos los nacionalistas aceptaron su decisión de apoyar a la República, que fue la prueba de fuego de la evolución democrática del PNV, y algunos contemporizaron con los alzados o incluso se alistaron con los requetés, sobre todo en Álava y Navarra, pero también en Guipúzcoa.

La falta de entusiasmo del PNV en el verano de 1936 obedecía a motivos políticos: el Estatuto no había sido aún aprobado por las Cortes, en Vizcaya y Guipúzcoa el poder se hallaba en manos de las izquierdas, que dominaron las Juntas de Defensa y protagonizaron un proceso revolucionario, siendo asesinados centenares de presos derechistas ante la impotencia del PNV También había motivos de índole religiosa: en la zona republicana se desencadenó una cruenta persecución a la Iglesia y los obispos de Vitoria (Mateo Múgica) y Pamplona (Marcelino Olaechea) tacharon de ilícita y monstruosa la unión de los nacionalistas vascos católicos con las izquierdas contra los carlistas y demás católicos españoles en su pastoral Non licet del 6 de agosto. Tras consultar a varios sacerdotes vascos, el PNV mantuvo su postura prorepublicana. Pero esos factores hicieron que no se involucrase de lleno en los dos primeros meses de la Guerra Civil, en los cuales la actuación del PNV se caracterizó por su marginalidad política en las Juntas de Defensa y su pasividad militar en la campaña de Guipúzcoa, provincia conquistada por el ejército de Mola en septiembre de 1936.

Entonces, al ofrecerle el jefe del gobierno, el socialista Largo Caballero, un ministerio, el PNV consumó su pacto político y militar con el Frente Popular mediante tres acontecimientos históricos que cambiaron de forma sustancial el curso de la contienda en Euskadi: el ingreso de Manuel Irujo como ministro sin cartera en el gabinete republicano, la inmediata aprobación del Estatuto por las Cortes y la formación del primer gobierno vasco, de coalición PNV/Frente Popular, bajo la presidencia de José Antonio Aguirre. Si esto último fue la principal consecuencia de la entrada en vigor del Estatuto, a su vez ésta fue la condición sine qua non puesta por el PNV para permitir que su diputado Irujo fuese ministro de un gobierno español, hecho excepcional en toda su historia al ser el único ministro del PNV (volvió a serlo en el exilio). Tan extraordinario era que su diario Euzkadi ni dio la noticia, ni publicó las importantes declaraciones de Irujo en su toma de posesión, resaltadas por la prensa de Madrid (25 y 26-IX-1935). Tal ocultación podía deberse en parte al temor de la dirección del PNV a posibles defecciones en sus filas. La única significativa que se produjo fue la baja de Luis Arana en protesta porque Irujo fuese «ministro a cambio de la triste concesión en momentos críticos para el gobierno hispano, de un mísero Estatuto». El hermano del fundador del nacionalismo vasco opinaba que la Guerra Civil era «un problema netamente hispano» y que la única obligación del PNV era mantener el orden en Euskadi sin inmiscuirse en un conflicto entre españoles. Pero su marginación política hizo que no tuviese seguidores y hasta los nacionalistas más radicales e independentistas del grupo Jagi-Jagi, escindido del PNV en 1934, combatieron en la guerra.

La importancia del Estatuto de 1936 fue enorme, no tanto por su letra, pues fue un Estatuto de mínimos (el País Vasco se constituía en «región autónoma dentro del Estado español»), cuanto por su aplicación práctica por el gobierno de Aguirre, que lo transformó en una autonomía de máximos y convirtió de hecho a Euskadi en un Estado vasco semiindependiente por la coyuntura bélica (el aislamiento del Frente Norte) y por el deseo del PNV de construir un Estado con todos sus atributos y numerosos organismos pese a su corta vida, según se constata en el voluminoso Diario Oficial del País Vasco (1936-1937).

Sin embargo, la trascendencia histórica de dicho Estatuto fue aún mayor: su aprobación representó el nacimiento de Euskadi como entidad jurídico-política, pues con anterioridad nunca había existido institucionalmente. En efecto, hasta la República Euskadi había sido un proyecto político del nacionalismo vasco. Para hacerse realidad precisaba del Estatuto de Autonomía, porque, como señaló el propio Irujo ya en 1931, «la existencia del Estatuto es tanto como la existencia de Euzkadi» al suponer «el reconocimiento de nuestra personalidad ante España y ante el mundo».

Por tanto, en octubre de 1936 Euskadi nació como consecuencia de la alianza entre el PNV y el Frente Popular, quedando excluidas las derechas, que se habían opuesto al Estatuto y se habían sumado al alzamiento militar contra la República. Así lo admitió uno de sus dirigentes, José María de Areilza, alcalde franquista de Bilbao en plena guerra, para quien «esa horrible pesadilla siniestra y atroz que se llamaba Euzkadi (…) era una resultante del socialismo prietista, de un lado, y de la imbecilidad vizcaitarra, por otro». Dejando aparte los insultos, era cierto que Euskadi fue fruto del pacto entre el PSOE de Prieto y el PNV de Irujo y Aguirre, los partidos mayoritarios en Vizcaya, la única provincia vasca donde tuvo vigencia la autonomía durante apenas nueve meses. Dichos líderes políticos fueron los padres de la efímera Euskadi de 1936-1937: Prieto fue el artífice del Estatuto; Irujo, el ministro del Estatuto, y Aguirre, el primer lehendakari. Su gobierno provisional fue fiel reflejo de ese pacto al contar con cuatro consejeros nacionalistas y tres socialistas, además de dos republicanos, un comunista y uno de ANV

La mayoría de carteras del Frente Popular no impidió que el primer gobierno vasco fuese de hegemonía del PNV, porque este partido desempeñó las principales Consejerías (Defensa, Justicia y Cultura, Gobernación y Hacienda) y porque fue un ejecutivo presidencialista debido al carisma de Aguirre y a la concentración de poderes en su persona al ser también el consejero de Defensa: como tal asumió el mando político e incluso militar del ejército vasco. Ya la declaración gubernamental, leída por Aguirre en Guernica el 7 de octubre de 1936, dejó patente que la hegemonía había pasado de las izquierdas al PNV al hacer hincapié en la libertad religiosa, el mantenimiento inexorable del orden público, la creación de la Policía Foral y la salvaguarda de «las características nacionales del pueblo vasco», fomentando el uso del euskera en la enseñanza. Se trataba de un programa moderado, nada revolucionario.

Por todo ello, la etapa del gobierno vasco fue francamente distinta de la etapa anterior de las Juntas de Defensa, pues acentuó la naturaleza singular de la contienda en Euskadi, la única comunidad donde se trató de una guerra civil entre católicos al enfrentar a los nacionalistas con los carlistas, los antiguos aliados de la coalición de Estella. Desde octubre de 1936, frente a la nueva Covadonga insurgente encarnada por la Navarra de los requetés, cabe hablar del oasis de la pequeña Euskadi autónoma, circunscrita a Vizcaya, por la concurrencia de hechos diferenciales tan significativos, con respecto al resto de la España republicana, como los siguientes: el respeto a la Iglesia, colaborando el clero afín al nacionalismo con el gobierno de Aguirre; la ausencia de revolución social al no haber colectivizaciones agrarias ni industriales, manteniéndose la propiedad privada de las grandes empresas y los bancos, si bien bajo control gubernamental; la pervivencia del pluralismo, limitado por la proscripción de las derechas, pero mayor que en las dos zonas beligerantes al abarcar desde los nacionalistas católicos del PNV y STV hasta los anarquistas de la CNT, pasando por los cinco partidos integrantes del Frente Popular de Euskadi, según corrobora la copiosa y plural prensa de Bilbao; y la actuación mesurada de la justicia, aun siendo el Tribunal Popular de Euskadi un tribunal de excepción, unida a la humanización de la guerra por parte del gobierno vasco.

De todos modos, al resaltar la existencia de este pequeño oasis vasco no hay que incurrir en el error de su idealización, tal y como hizo el corresponsal de guerra de The Times, George Steer, en su libro The tree of Gernika (1938^[7]). Así, bajo la jurisdicción del gobierno autónomo se produjo un hecho tan grave como el asalto a las cárceles de Bilbao por la muchedumbre enfervorizada por un bombardeo aéreo, con el trágico desenlace de 224 presos derechistas asesinados (4-1-1937). Entre ellos había trece sacerdotes, mucho menos recordados por la historiografía que los dieciséis clérigos fusilados por los militares franquistas en el País Vasco por considerarlos nacionalistas. Por otro lado, la producción de la importante industria vizcaína cayó en picado durante el primer año de guerra. Todo lo contrario sucedió a partir del verano de 1937, cuando pasó intacta a manos de la España de Franco, porque el gobierno vasco se negó a destruir los altos hornos desobedeciendo la orden de volarlos dada por Prieto, ministro de Defensa Nacional del gobierno de Negrín.

El ejecutivo de Aguirre actuó bien cohesionado, a pesar de su heterogeneidad ideológica, y no padeció ninguna crisis durante su etapa de Vizcaya. Pero no contó entre sus miembros con ningún dirigente de la CNT, a diferencia de los gobiernos de Largo Caballero y de Companys, porque el PNV se negó a ello por el mal recuerdo que guardaba de los desmanes cometidos por los anarquistas en Guipúzcoa en el proceso revolucionario del verano de 1936. Por ello, la débil CNT vasca constituyó la única oposición al gobierno de Aguirre, cuya censura de prensa afectó sobre todo a las críticas de la prensa anarquista a su gestión.

Este efímero oasis desapareció con la ofensiva del ejército de Mola sobre Vizcaya en la primavera de 1937. Sus hitos principales fueron la destrucción de Guernica por el bombardeo de la Legión Cóndor, que proporcionó amplia repercusión internacional al controvertido caso de los católicos vascos, y la conquista de Bilbao por las Brigadas de Navarra, que acabó con el Estatuto y el Estado vasco. Perdido éste, algunos batallones nacionalistas se entregaron en Bilbao y Baracaldo a finales de junio de 1937 y los demás se rindieron dos meses después a las tropas italianas al servicio de Franco en el fallido Pacto de Santoña (Cantabria), que fue una capitulación militar, negociado por el canónigo Onaindía y Ajuriaguerra, el hombre fuerte del PNV

Esto suponía una traición a la República, pero encajaba en la estrategia del PNV durante la guerra, en la cual sólo se volcó política y militarmente desde que logró el Estatuto. Sin éste y sin territorio propio por el que luchar, la Guerra Civil carecía de sentido para la mayoría del PNV que optó por el desistimiento. Así lo vaticinó el presidente Azaña cuando escribió en su Diario el 31 de mayo de 1937^[8]:

Caído Bilbao es verosímil que los nacionalistas arrojen las armas, cuando no se pasen al enemigo. Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía y semiindependencia.

No todos los nacionalistas vascos se rindieron en Santoña. Otros continuaron la lucha en Cataluña al lado de la Generalitat de Companys, en especial el lehendakari Aguirre e Irujo, ministro de Negrín desde mayo de 1937 hasta agosto de 1938. Pero, recién terminada la Guerra Civil el 1 de abril de 1939, ambos líderes del PNV, aun siendo los más prorepublicanos, se desmarcaron de la República española en el exilio y adoptaron una estrategia independentista durante los años de la II Guerra Mundial.

MEMORIA Y DESMEMORIA DE LA REPÚBLICA EN EUSKADI

El problema vasco no fue resuelto por la II República, pero ésta lo había encauzado, con más dificultad que la cuestión catalana, por la vía autonómica, asumida por el PNV y las izquierdas y rechazada por las derechas. La victoria militar de éstas truncó dicho intento de solución de un problema complejo. Con la conquista de Bilbao, la capital del pequeño Estado vasco, murieron el Estatuto de 1936 y el Concierto económico de Vizcaya y Guipúzcoa (decreto-ley de Franco, 23-VI-1937). Y también se extinguió el pluralismo político, social y cultural que se había desarrollado en el País Vasco a lo largo de seis decenios (1876-1936).

La dictadura franquista persiguió con dureza a las izquierdas y al nacionalismo, pero no acabó con el problema vasco, sino todo lo contrario: su represión contribuyó a agravarlo enormemente, pues creó el caldo de cultivo en el que surgió ETA en 1959. Esta organización no enlazó con el nacionalismo democrático sino con el más radical e independentista de la preguerra, pero con una diferencia sustancial: este último no había ejercido la violencia contra la dictadura de Primo de Rivera.

Pese a su breve existencia, la Euskadi autónoma de 1936-1937 fue un hito histórico de gran valor simbólico para la posteridad, pues tuvo continuidad con el gobierno vasco en el largo exilio, presidido por José Antonio Aguirre (1936-1960) y Jesús María Leizaola (1960-1979), que no desapareció hasta la aprobación del Estatuto de Guernica.

Durante la transición democrática, la memoria de la República fue tenida en cuenta por los dirigentes del PNV tanto los viejos supervivientes de la generación de 1936 (Irujo, Ajuriaguerra, Leizaola…) como los jóvenes de la generación de 1977, encabezada por Arzalluz y Garaikoetxea. Entonces Irujo reconoció que cometieron «el error de no participar en el Pacto de San Sebastián», lo cual retrasó la aprobación del Estatuto vasco. Este precedente histórico influyó para que el PNV no repitiese sus errores de 1930-1931 y lograse pronto, en 1979, el nuevo Estatuto, muy superior al de 1936, hasta el punto de que por primera vez Euskadi fue por delante de Cataluña. Como sucedió en la República, la autonomía benefició al PNV, que llegó a ser el partido hegemónico en la Comunidad Autónoma Vasca y tuvo más poder político que nunca en su historia.

Al cabo de dos décadas de vigencia del Estatuto de Guernica, fallecidos ya todos los dirigentes de los años 30, accedió al poder una nueva generación nacionalista, la de 1998 liderada por el lehendakari Ibarretxe, que ha pretendido realizar una segunda transición mediante la superación de dicho Estatuto. Su desmemoria de la época republicana le ha llevado a cometer un nuevo error de Estella: si el primero fue la alianza del PNV con el carlismo por el Estatuto de Estella en 1931, el segundo ha sido su Pacto de Estella con el nacionalismo radical vinculado a ETA en 1998. Ambos errores provocaron la división de la sociedad vasca en dos bloques políticos antagónicos y se saldaron con sendos fracasos del PNV^[9].

En la República Aguirre e Irujo supieron corregir pronto su equivocada estrategia y rectificar el rumbo del partido con una evolución democrática que culminó en la crucial decisión de 1936 y el nacimiento de Euskadi con el Estatuto y el primer gobierno vasco. En la Guerra Civil el lehendakari Aguirre y el ministro Irujo se convirtieron en los políticos más relevantes del nacionalismo vasco en el siglo XX. Los actuales dirigentes del PNV deben de tener en cuenta la memoria histórica para no volver a repetir los errores de sus predecesores al inicio de la II República española.

APÉNDICE