5. La corrupción municipal
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La corrupción municipal
Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal.
ENRIQUE TIERNO GALVÁN
El nivel de corrupción y sus consecuencias
EL NIVEL DE CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS
España es uno de los países con más corrupción de la Unión Europea, y ha sido criticado y amenazado en numerosas ocasiones con la retirada de unos fondos que, según indicios bien fundados, acaban en manos de distintas tramas de corrupción[1]. Una corrupción casi sistemática que afecta a todos los ayuntamientos, sin distinción de signo político[2]. El ya mencionado Informe de Lucha contra la Corrupción de la Unión Europea, de febrero de 2014, revela que entre 1996 y 2009 los medios de comunicación se hicieron eco de 5144 casos de corrupción que afectaron a 600 municipios[3]. Otro de los aspectos señalados en este documento es la escasa lucha contra la impunidad de los implicados en las tramas de corrupción, cuyos frutos en España se dedican fundamentalmente a la financiación de partidos políticos, algo que posibilita, según la Comisión, la abundante presencia de políticos en los consejos de administración de las cajas de ahorros[4]. El mayor foco de corrupción es el desarrollo urbanístico. Nada que no se supiera ya, pero que ni se combate ni parece que haya ánimo de combatir por parte de las fuerzas políticas, que resultan altamente beneficiadas.
La Ley de Transparencia, que debería aliviar la desesperada situación española, se ha convertido en un paso en falso, una máscara «que carece de claros castigos para los infractores, deja mucho margen a la discrecionalidad de los funcionarios y no reconoce el derecho a la información de los ciudadanos», según la ONG alemana Transparencia Internacional[5].
Pero los problemas van más allá de los gastos injustificados del erario público y del aumento de la riqueza de unos pocos. Con instituciones a todas luces ineficaces, la credibilidad de España como Estado de derecho está en juego, al ver mermada su imagen en el exterior. En el último informe del Consejo de Europa, publicado en enero de 2014, se indicaba la politización de las instituciones como principal causa de la corrupción rampante en España[6]. El informe realiza además once recomendaciones, dirigidas fundamentalmente a los órganos judiciales, los fiscales, los diputados y los senadores, sugiriendo la necesidad de objetivar criterios para el nombramiento de los cargos más altos en la judicatura. Un buen ejemplo de ello podría ser el Tribunal de Cuentas, el supuesto encargado de la fiscalización del sector público y del enjuiciamiento de la responsabilidad contable, que fue incapaz de sacar a la luz la financiación ilegal del PP en el caso Bárcenas, y que tiene contratados a más de un centenar de familiares de personas relacionadas con la institución[7].
El informe europeo sugiere que España «reconsidere» la forma de selección y la permanencia en el cargo de los miembros de la Fiscalía General del Estado. También recomienda que se incremente la transparencia de las comunicaciones entre el fiscal general del Estado y el Gobierno[8].
En cuanto a los diputados y senadores, el documento exige que se establezca y se respete un «código de conducta» accesible para el público, con normas que regulen y limiten la relación entre los representantes electos y los grupos de presión que tratan de influir en los procesos de las cámaras[9].
La corrupción municipal
LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL
La teoría dice que, cuanto más cercano sea el Gobierno a los ciudadanos, más control se puede ejercer sobre él. Según esta afirmación, los ayuntamientos deberían tener un comportamiento impecable. Sin embargo, por múltiples razones, en muchos ayuntamientos la regla es la falta de transparencia y el aprovechamiento personal o corporativo. El funcionamiento de las corporaciones locales desde la llegada de la democracia nos presenta la más variada gama de actividades irregulares, ilícitas y corruptas que quepa imaginar. La capacidad corruptora del sector público sobre el privado, exigiendo condiciones, comisiones, regalos, pagos, etc., así como la del privado sobre el público, ofreciendo esas mismas dádivas o ventajas a cambio de determinadas decisiones que quebranten la protección del medio ambiente, el orden urbanístico, la calificación del suelo, las explotaciones de bienes y cualesquiera otros servicios que pueda prestar el municipio, han sido y son una constante.
Más de cinco mil casos denunciados (cabe suponer que en realidad hay más) en otros tantos municipios en toda España, ponen de manifiesto que el fango más espeso de la corrupción está en el ámbito local, cuando debería ser el más puro. El comportamiento de las corporaciones municipales, sobre todo el relativo a la contratación pública y a operaciones urbanísticas, la construcción y las calificaciones ambientales, ha dejado un reguero de violaciones flagrantes de la confianza que los ciudadanos depositan en sus gobernantes. Y el «éxito» de los corruptos en sus objetivos se basa primordialmente en la incapacidad de control por parte de la ciudadanía, que deriva de la opacidad de las administraciones locales que impiden ser escrutadas por sus administrados. En este sentido, el informe de la Comisión Europea sobre la incidencia de la corrupción en los países miembros señala el local como uno de los ámbitos y sectores más proclives a la corrupción[10].
El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos mide el nivel de transparencia de los 110 mayores consistorios de España[11]. El informe examina la información que los ayuntamientos hacen pública en relación con un total de ochenta indicadores repartidos en seis áreas: información sobre la corporación municipal; relaciones con los ciudadanos; situación económico-financiera; contrataciones y costes de los servicios; urbanismo, obras públicas y medioambiente, y el cumplimiento o no de los indicadores exigidos por la Ley de Transparencia.
La metodología es sencilla: se otorga un punto si la información del indicador está publicada en la página web del ayuntamiento y cero puntos si no lo está. Los ayuntamientos que han obtenido la máxima puntuación han sido los de Alcobendas, Bilbao, Gandía, Gijón, Oviedo, Ponferrada, Sant Cugat del Vallès y Torrent. Estos ayuntamientos son los que más información ponen a disposición de sus ciudadanos. En el polo opuesto se encuentra el Ayuntamiento de Ciudad Real, que ocupa el último lugar, con quince puntos, seguido de los de Teruel, Telde y Talavera de la Reina.
El área de transparencia en la que más ayuntamientos obtienen un cero (es decir, no hacen pública esta información) es en «contrataciones y costes de los servicios». En esta área se usan cuatro indicadores en los procedimientos de contratación: a) ¿se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las mesas de contratación?; b) ¿se publican las actas de las mesas de contratación?; c) ¿se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes del ayuntamiento?; d) ¿se publica el coste efectivo de los servicios financiados con tasas o precios públicos?
En España hay doce ayuntamientos que no facilitan ningún tipo de información sobre estas cuestiones. Son los de Algeciras, Badalona, Benidorm, Cáceres, Córdoba, Elche, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Rozas, Leganés y Pontevedra.
En el área presupuestaria (transparencia económico-financiera), en la que se examinan indicadores como la información contable y presupuestaria, los ingresos y gastos y las deudas municipales, llama la atención que ocho ayuntamientos no faciliten ninguna información. Son los de Alcalá de Guadaira, Ciudad Real, Granada, Huelva, Mijas, Telde, Teruel y Zamora.
Pero hay lugar para la esperanza, y parece que los ayuntamientos buscan lograr mayores niveles de transparencia. Así, desde 2008, cuando sólo Bilbao obtuvo la calificación de sobresaliente, hasta 2012 han obtenido esta calificación 33 ayuntamientos. Y ya sabemos que, a mayor transparencia, menor corrupción.
La corrupción en torno a los desarrollos urbanísticos es posiblemente la que ha generado más dinero, hasta convertirse en un modo de vida para muchas personas y una forma de actuar para muchas corporaciones municipales. «No hay riqueza inocente», como dice Rafael Chirbes en su novela Crematorio, probablemente el retrato más fiel y descarnado de la realidad de las relaciones entre los ayuntamientos, el desarrollo urbanístico, los constructores y la corrupción[12].
La corrupción urbanística se remonta a los tiempos del franquismo. Un buen exponente de esto es el caso Malaya, a partir del cual se puede trazar una línea continua hacia el pasado que llega hasta el desarrollo de la urbanización madrileña de Los Ángeles de San Rafael, construida por Jesús Gil y Gil en los años setenta. Desde entonces, y hasta estos últimos años, la corrupción municipal ha campado por sus anchas, sobre todo con el desarrollo de la burbuja inmobiliaria.
La Ley 6/1998 promulgada por el Gobierno de José María Aznar propició la liberalización del suelo en España, para poder así resolver de una forma rápida el déficit de vivienda que existía en aquel momento. Pero fue un intento fallido. Sus efectos fueron parcialmente derogados en 2001 por el Tribunal Constitucional mediante su sentencia 164/2001, que consideró la inconstitucionalidad de algunas de sus disposiciones porque invadían parte de las competencias de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos. El fallo fue fruto de los recursos interpuestos por el Parlamento de Navarra, por 84 diputados del PSOE, IU y el Grupo Mixto, y por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura[13]. En la práctica, al asignar y ampliar algunas de las competencias urbanísticas de los ayuntamientos, contribuyó a extender la corrupción urbanística.
El modelo es el clásico. En primer lugar, se acuerda en la sombra dónde se va a desarrollar el plan urbanístico. Después el poseedor de esta información compra el suelo a precio de suelo rústico. Más adelante, el ayuntamiento cambia la calificación del suelo y lo desarrolla, y, finalmente, el afortunado propietario del suelo, ahora urbanizable, lo vende con unas increíbles plusvalías. Durante el proceso se generan enormes comisiones que deben blanquearse, para lo que se utilizan distintas estrategias, como la compraventa de bienes o instrumentos monetarios del tipo de vehículos e inmuebles; la creación de empresas fantasma cuyo único fin en la práctica es el lavado de ese dinero; la fragmentación de grandes sumas en cantidades más pequeñas para que las transacciones pasen inadvertidas, o incluso la compra de billetes de lotería premiados (método habitual, como ya hemos visto). Juan Antonio Roca (caso Malaya) llegó a declarar ante el juez que había ganado la lotería en ochenta ocasiones[14].
Ninguna Comunidad Autónoma se salva de tener casos de corrupción urbanística a nivel municipal[15]. A pesar de que este comportamiento es conocido por todos, a pesar de la burbuja que ha generado, a pesar de todos los casos identificados, pueden contarse con los dedos de una mano los ayuntamientos que han sido intervenidos tras comprobarse comportamientos corruptos. Esto muestra una lamentable falta de voluntad política, basada principalmente en el aprovechamiento que se obtiene del cobro de comisiones generadas por las plusvalías que se reparten amigablemente entre corporaciones, partidos y políticos.
Se conocen casos a lo largo y ancho del país, cada uno de ellos con distintas consecuencias. En apariencia, sólo son la punta de un iceberg de tramas que, en su mayor parte, se esconde aún bajo la superficie. En Andalucía se puede citar el caso Carboneras, por el que en base a una modificación municipal impulsada por Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE), la playa virgen del Algarrobico se convirtió en un terreno urbanizable. En esta playa se levantó un monstruoso hotel, el primero de los ocho que estaba previsto edificar, un proyecto que se completaba con 1500 apartamentos y varios campos de golf. En noviembre de 2006 el alcalde fue condenado a seis meses de inhabilitación por delito electoral, pero fue indultado por el Gobierno y volvió a ser elegido alcalde[16].
En Chiclana (Cádiz), se desmanteló una trama de corrupción en la que participaban técnicos del ayuntamiento y agentes inmobiliarios. Ofrecían a los propietarios de parajes urbanos no urbanizables la gestión de la venta del terreno. Para ello, los dueños de dichos terrenos les entregaban un poder notarial mediante el cual obtenían vía libre para actuar, que les permitía dividir la finca en secciones. Garantizaban la existencia de viviendas que en realidad no estaban construidas, estableciendo que se habían edificado cuatro años antes, para eludir así responsabilidades penales o económicas. El delito de construcción ilegal sobre dichos parajes prescribe a los cuatro años. El arquitecto imputado, Joaquín Pallí Selga, ha sido condenado en varias ocasiones por el mismo delito[17].
En Canarias encontramos, entre otros, el sonado caso de Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife por Coalición Canaria, imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos. El regidor presuntamente hizo que el ayuntamiento pagara 52,7 millones de euros (una cantidad tres veces superior al valor real) por unos terrenos en la playa de las Teresitas, que además pertenecían al consistorio desde hacía ya treinta años. Tras la compraventa, el suelo fue recalificado y posteriormente vendido para beneficio de los gestores, que obtuvieron cuantiosas plusvalías[18]. Hasta agosto de 2014, el caso de Miguel Zerolo lo investigaba el Tribunal Supremo, al haber sido promovido por su partido, Coalición Canaria, al Senado y haber devuelto el resto de la causa en marzo de 2013 a Tenerife respecto de los demás imputados. Pero, como el mismo Tribunal Supremo le ha condenado por prevaricación urbanística a ocho años de inhabilitación, perdió el aforamiento y deberá ser enjuiciado por la Audiencia de Tenerife[19].
En Torrevieja (Alicante), la corrupción llegó a ser responsable del accidente de una niña de dieciséis años que quedó tetrapléjica, debido a la construcción ilegal del paseo marítimo Juan Aparicio, que se realizó en una zona de dominio público e incumpliendo la Ley de Costas. Eso motivó una sanción económica, porque el tribunal entendió que el ayuntamiento era el responsable de la seguridad de la zona. Por otra parte, el exalcalde del mismo municipio, Pedro Ángel Hernández Mateo, fue condenado a tres años de prisión por la adjudicación fraudulenta de la contrata de recogida de basuras[20].
En noviembre de 2013, Rafael Vázquez Abal, exgerente de Urbanismo y arquitecto municipal de Sanxenxo (La Coruña), y su asesora, Ana Belén Louro País, fueron acusados por los delitos de cohecho (aceptación de sobornos), prevaricación urbanística y tráfico de influencias[21].
La capital de España tampoco se ha salvado de esta lacra y dispone de sus propios casos de corrupción. Se puede citar, por ejemplo, la dimisión del exdirector de Urbanismo, Enrique Porto, después de haber sido acusado de tener intereses personales en el desarrollo del Plan Urbanístico de la localidad madrileña de Brunete.
En Baleares destaca el caso Palma Arena, que ya se ha analizado, y del que se deriva el importante caso Nóos. Si sólo fuera éste, que ya es de gran envergadura, nos quedaríamos tranquilos, pero la magnitud de los escándalos de presunta malversación de dinero público y la alta cifra de implicados son impresionantes. Tenemos el caso Andratx, un escándalo por el que en el año 2009 Eugenio Hidalgo (PP), por construirse un chalet ilegal en el municipio, y Jaume Massot (PP), por su colaboración en el delito, ingresaron en prisión tras la confirmación de las condenas por el Tribunal Supremo[22]. Tenemos el caso Bitel-2, que afectó al gerente de la empresa pública de informática del Gobierno de las Islas Baleares Bitel (Baleares Innovación Telemática, S. A.) durante el segundo mandato de Matas, Damià Vidal Rodríguez. El 21 de diciembre de 2012 la Audiencia de Palma condenó a cinco años de prisión a Vidal, por los delitos de malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, prevaricación y cohecho. El 14 de marzo de 2014 ingresó en prisión tras ser confirmada su condena por el Tribunal Supremo, que consideró probado que desfalcó 700 000 euros públicos entre 2003 y 2007[23]. Podríamos seguir con el caso Bomsai, que sigue en instrucción, el caso Bon Sosec, el caso Funeraria, el caso Ibatur Pasarela, el caso Over Marketing, el caso Peaje, el caso Picnic, el caso Pitiusa, el caso Plan Territorial… o el mencionado caso Rasputín, con el que abro el caso Palma Arena.
Cataluña se encuentra ahora en el punto de mira, no sólo por la corrupción rampante en las más altas esferas, sino también por las corruptelas a nivel municipal. A finales de julio de 2014 se conocía la noticia: el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Sabadell imputaba a 44 alcaldes de diversos municipios catalanes (que en algún momento u otro habían formado parte de la Federación Española de Municipios y Provincias) por haber presuntamente cobrado sobresueldos durante los años 2011 y 2012[24]. Se trata de una pieza que se deriva del caso Mercurio y que se ha separado finalmente en 31 piezas. La causa principal trata el presunto delito de cohecho del que Jordi Soriano, exconcejal de PP en el Ayuntamiento de Sabadell, sería el principal responsable, al haber recibido dádivas de diversos empresarios por la obtención de adjudicaciones, en particular las de la ampliación del cementerio de Sabadell, la licencia de mejora de la finca de Ca n’Ustrell, las obras en Fira Sabadell y el centro cívico de Can Llong, así como la recalificación de una finca en Palau-Solità i Plegamans[25].
Entre las personas imputadas en la causa de los 44 alcaldes hay 23 del PSC, 4 de CiU y el resto de ERC, ICV-EUiA y el PP[26]. El gran número de implicados induce sin duda a creer que todo el arco político catalán sabía y aprobaba el cobro de sobresueldos por parte de sus alcaldes. No sorprende que PSC y CiU, empleando la técnica habitual de defensa, hayan negado toda implicación y declarado su absoluta inocencia y la corrección en sus actuaciones[27]. Cabe mencionar también la presunta implicación de tres diputados (por tanto aforados) del Parlament de Catalunya, Carles Pellicer (CiU), Josep Cosconeda (ERC) y Manuel Reyes (PP); de la diputada en el Congreso Teresa Jordà (ERC), así como del secretario general de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Adolfo Moreno Sansano, que, por su condición de aforados, deberán ser citados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña[28].
La parálisis por parte de los partidos políticos ante hechos de esta naturaleza es similar en todas las formaciones. Ahora por fin parece que empieza a haber algunas reacciones que van más allá de lo meramente cosmético, pero el fango de la corrupción está tan extendido que las medidas adoptadas se quedan viejas a golpe de nuevos escándalos. Curiosamente, lo que se busca, es lógico, es la dimisión del implicado, pero cuando ésta se produce parece que se acabara el problema. La tranquilidad se restablece y no se hace nada. Y la protección continúa en función de la relevancia del cargo de que se trate y del «daño» que pueda causar. La ausencia de percepción del alcance de la corrupción y de lo que ésta significa en el mundo de la política es memorable. Cuando se imputan delitos relacionados con la corrupción, parece evidente que la presunta responsabilidad penal se refiere al tiempo en el que se cometieron los hechos, pero la responsabilidad política se extiende tanto al tiempo en el que se redujo el caso como al que se mantenga cuando haya condena. Es decir, la política es una responsabilidad doble o permanente hasta que cesen el comportamiento corrupto y sus efectos.
Un expresidiario conocerá al dedillo los vericuetos del sistema penitenciario y judicial español, pero eso no le hace apto para dirigir la policía; lo mismo puede decirse de algún responsable del área de urbanismo de algún ayuntamiento. Las luchas intestinas en los ayuntamientos por hacerse con la concejalía de Urbanismo son un clásico en todos los municipios, y el control de dicha concejalía lo ejercen con frecuencia personas que mantienen relaciones «incestuosas» con promotoras, constructoras u otros actores del negocio del desarrollo urbanístico. Casos como el del titular del área de Urbanismo de Sanxenxo, procesado por construir su casa en un entorno protegido, abundan a lo largo y ancho del territorio español[29].
Pero, sin duda, los dos casos más sonados de corrupción municipal en España han sido el caso Malaya, en Marbella, y el caso de Francisco Hernando, el Pocero, en Seseña.
Marbella y la corrupción: de Gil al caso Malaya
MARBELLA Y LA CORRUPCIÓN: DE GIL AL CASO MALAYA
El dinero, usted ya lo sabe, es como el agua; por muy limpio que sea su origen, al correr pasa por muchos lodazales y no llega siempre limpio a nuestras manos. Cuando se manejan intereses, no se está siempre con la conciencia tranquila[30].
JACINTO BENAVENTE
Los precedentes
Los precedentes
Todos tenemos nuestra historia personal. La mía respecto a Marbella comenzó cuando estaba de magistrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Almería (1984-1987). Era vox populi en la costa mediterránea que Marbella, en todos los ámbitos, municipal, judicial, empresarial, era un territorio «comanche», es decir, un lugar donde todo estaba permitido y donde el dinero era el rey.
A primeros de junio de 1987 giré visita de inspección al juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Marbella en mi función de inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial. La parte general de mi informe de junio de 1987 al CGPJ afirmaba textualmente: «No quiero cerrar este epígrafe sin expresar mi preocupación por el hecho de no existir un férreo control por parte del señor juez y el secretario sobre la práctica de diligencias fuera de la sede del Juzgado, así como sobre los procedimientos civiles y parte de los penales, lo que constituye un caldo propicio para la existencia de corrupción y corruptelas en una zona de tanto desarrollo económico como es Marbella. Sería muy necesario adoptar alguna solución de urgencia. Caso contrario pueden producirse, en cualquier momento, graves consecuencias para la Administración de Justicia y calidad de la misma»[31]. Después de ese informe, las medidas adoptadas fueron escasas o nulas. Cuando se tomaron algunas, ya habían comenzado a estallar los escándalos. En lo personal, fue una de mis primeras decepciones ante el funcionamiento del CGPJ (después vendrían algunas más, siempre relativas a la poca decisión de este organismo en la defensa de la independencia de los jueces) y la clara falta de voluntad del mismo para actuar de forma inmediata y contundente (salvo contadas excepciones, entre las que rescato al vocal Juan José Martínez Zato y al jefe del Servicio de Inspección Ignacio Sierra). Eso motivó que solicitara mi traslado al Juzgado Central de Instrucción n.º 5, donde tomé posesión el 16 de febrero de 1988. En aquel momento se tendrían que haber adoptado medidas mucho más enérgicas ante lo que era ya un secreto a voces; la corrupción anidaba en Marbella y sus huevos estaban casi incubados y dispuestos para alumbrar la hidra que nacía de la suciedad de unas instituciones cooptadas por el flujo de dinero sin control que reinaba en la zona entre jeque y jeque, traficantes de armas, mafiosos, especuladores y una jet set que poco tenía que ver con la gente sencilla que, como siempre, es apartada de cualquier interés en su beneficio.
Jesús Gil
Jesús Gil
El 15 de junio de 1969 se derrumbó el techo del restaurante del complejo turístico de Los Ángeles de San Rafael, sepultando a 58 personas. El responsable del desarrollo urbanístico de Los Ángeles de San Rafael, Jesús Gil y Gil, fue condenado a cinco años de cárcel por imprudencia temeraria. Sin embargo, el Gobierno de Francisco Franco le indultó tras dos años, durante los cuales había disfrutado de una posición privilegiada en la cárcel: usaba su celda de despacho, se hizo cargo del economato, continuó con sus negocios (recibía a empleados y proveedores en la misma prisión) y disfrutaba de menús de lujo[32]. Cuando recobró la libertad, no se olvidó de aquellos que le habían favorecido durante su estancia obligada entre rejas y les colocó en puestos de gestión de Los Ángeles de San Rafael. Para más inri, hoy la urbanización sigue en manos de la familia Gil, y sigue siendo uno de los principales y más activos núcleos urbanísticos de la zona. El mecanismo utilizado para la construcción del complejo se adelantó a su tiempo, reuniendo todos los elementos de un desarrollo urbanístico vinculado a la corrupción municipal, con técnicas pioneras de marketing para un producto mal ubicado y peor construido.
En 1965 Jesús Gil adquirió una finca de 700 hectáreas a la hermana del duque del Infantado, en plena sierra de Guadarrama, a 23 kilómetros de Segovia y a 72 de Madrid. Su objetivo era diseñar una urbanización que le hiciera millonario. Como se trataba de terrenos rústicos, tan sólo pagó 4 millones de pesetas a los ayuntamientos de Vegas de Matute y El Espinar. En esos terrenos desarrollaría el sueño de una ciudad de miles de viviendas. Urbanismo de Segovia paralizó la obra, pero Gil consiguió desbloquearla contratando y repartiendo dinero a las personas adecuadas[33]. A los proveedores les pagaba en «especie» con parcelas en la urbanización; imprimió folletos informativos para captar clientes, y en Madrid llevó a cabo una campaña de marketing invasivo y efectivo, de puerta a puerta[34].
El accidente del restaurante fue el resultado claro de una obra sin control de calidad alguno, con materiales de ínfima calidad y en la que se asumieron riesgos absurdos (el cemento no había fraguado todavía[35]). Pero desde luego es fácil reconocer en esta urbanización el modo de operar que en los «años del ladrillo» se convirtió en una forma habitual de trabajar en toda España.
El GIL
El GIL
Jesús Gil salió de prisión pagando 400 millones de pesetas e inició una carrera que le llevó a ser conocido en toda España. En 1987 compró el Club de Fútbol Atlético de Madrid, que aún está en manos de su familia. Pero, sin duda, su acción más relevante consistió en el ataque, conquista y corrupción de Marbella. A principios de los años noventa, el municipio marbellí padecía numerosos problemas. El anterior paraíso ya no era tal. La sobreexplotación de la construcción, el desorden urbanístico y el desgobierno habían provocado que las propiedades de la ciudad perdieran valor año tras año. Sin embargo, Jesús Gil, con una sagacidad proverbial, sabía que la ciudad podía resultar un filón en sus manos. Con este propósito fundó el GIL (Grupo Independiente Liberal), siglas que casualmente respondían a su apellido y a las pretensiones de su ego: un partido populista y liberal, totalmente entregado a su figura. Con un programa berlusconiano (lo que se necesite, donde se necesite) y con un tono directo y llano, consiguió ganar las elecciones de 1991. En la memoria de todos permanece aún la horripilante visión televisiva del alcalde en un jacuzzi, rodeado de las televisivas jóvenes mama chicho en biquini, entonando el discurso populista que le valió el triunfo en las elecciones haciéndose con 25 concejales[36].
Jesús Gil fue como una especie de «zorro» en el gallinero. Gracias a tres mayorías absolutas consecutivas, entre 1991 y 2002 consiguió el instrumento perfecto para sus manejos especulativos urbanísticos. Pero, a pesar del control total que ejercía sobre el ayuntamiento, lo que caracterizó a su período de gobierno fue un total desprecio por las normas municipales[37]. El flamante alcalde cambió el plan de ordenación urbanística, enajenó fincas municipales para efectuar desarrollos urbanísticos y subcontrató a sus propias empresas servicios locales, además de un sinfín de otras corruptelas.
El caso Atlético
El caso Atlético
El Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional abrió una instrucción, conocida como el «caso Atlético». Jesús Gil fue acusado y condenado por la Audiencia Nacional, siendo ya alcalde de Marbella, por un delito de apropiación indebida de un alto volumen de acciones del club en perjuicio de todos los demás accionistas (se quedó con 2000 millones de pesetas en acciones pero nunca abonó el dinero), si bien el Tribunal Supremo, en sentencia del 4 de junio de 2004, declaró la prescripción del delito. Además, constató la extinción de la responsabilidad penal por haber fallecido Jesús Gil y, en materia de responsabilidad civil, quedaron sin efecto la devolución de las acciones del Atlético de Madrid y el reembolso del IVA que el club hubiera abonado por los contratos simulados. Sin embargo, se mantuvo en la sentencia la obligación de reponer la situación contable al estado anterior a la firma, cuando se reflejaba una deuda de Jesús Gil con el club de 2700 millones de pesetas, debiendo estar y pasar por esta reposición su hijo Miguel Ángel Gil Marín, por sí mismo, así como a los herederos de Jesús Gil y Gil[38].
El caso de las camisetas
El caso de las camisetas
Un ejemplo palpable y por el que resultó condenado fue el caso conocido como «de las camisetas», al referirse a la publicidad de Marbella que lucían las camisetas del equipo. Gil, ya presidente del Atlético de Madrid, decidió concurrir a las elecciones municipales de Marbella, que se iban a celebrar en 1991, encabezando las listas del GIL. Antes de las elecciones decidió que los jugadores de su club lucieran en los partidos la palabra «Marbella». Esta propaganda electoral no tenía la autorización del Ayuntamiento de Marbella ni había sido consultada con sus órganos rectores. En junio de 1991, fue elegido alcalde de Marbella. La publicidad se mantuvo en las camisetas, y acabó provocando la denuncia de una concejala socialista por el presunto desvío de 450 millones de pesetas del ayuntamiento al Atlético de Madrid. Tras el procedimiento correspondiente, la Audiencia de Málaga, en sentencia del 10 de octubre de 2000, le condenó a veintiocho años de inhabilitación para ser alcalde y por tráfico de influencias (cuatro delitos de prevaricación y dos de tráfico de influencias, en el «caso de las camisetas»). El 5 de abril 2002, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia de Málaga[39].
El final de la escapada
El final de la escapada
Jesús Gil, mediante nuevas y agresivas campañas de marketing y de «limpieza» de la ciudad, consiguió que las propiedades en Marbella aumentaran su valor en el mercado y que esta ciudad recuperara una especie de glamour que Palma de Mallorca le estaba arrebatando. El paso de Jesús Gil por la prisión casi se volvió algo normal en esos tiempos, a pesar de lo cual, y hasta el final, siempre se autotituló el mejor y más grande alcalde de Marbella[40]. Con las manos libres y una mayoría más que absoluta, total en la corporación, dispuso a su gusto de la ciudad durante once años mientras saqueaba sin control, incumpliendo un buen número de leyes y siguiendo fielmente el manual populista que guió a Berlusconi en Italia. Sus continuos escándalos y su oposición a la política «tradicional» lo hacían simpático a los ojos de los residentes de Marbella. No obstante, el desarrollo acelerado al que sometió a la ciudad terminó por colapsar el modelo y sumergir a la localidad en una espiral de problemas.
La aventura como alcalde de Jesús Gil concluyó, a pesar de haber sido reelegido presidente de su partido, cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia citada del 5 de abril de 2002. El 24 del mismo mes dimitió como alcalde[41]. En el camino quedaban una serie de escándalos y una perversión de la política al servicio de intereses particulares que hicieron de ésta un negocio descarado, restregándonoslo a todos, con la colaboración clara y palpable de quienes masivamente le votaron y de la inactividad de las autoridades autonómicas y nacionales de la época, que permitieron durante demasiados años la deriva y el descrédito manifiesto de Marbella. Años más tarde, esto desembocaría en una especie de aquelarre final con el resto del equipo en el caso Malaya, en el que quedarían de manifiesto el magma de fango y suciedad de una corrupción amamantada durante años y expandida a todos los niveles.
El caso Malaya
El caso Malaya
Alrededor de Jesús Gil, nacieron y crecieron los principales involucrados en el caso Malaya: Julián Muñoz, alcalde de Marbella; Montserrat Corulla, testaferro; Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella; Juan Antonio Roca, asesor del área de Urbanismo de Marbella (e inmensamente rico); Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde de Marbella (PSOE), y muchos otros.
Parece un empeño imposible encontrar un político marbellí que no sucumbiera a la corrupción entre los años 1990 y 2007. Desgraciadamente, la historia reciente de la localidad malagueña es un compendio completo de las prácticas de corrupción que han tenido lugar en ayuntamientos diseminados por todo el territorio nacional.
Las primeras investigaciones del caso Malaya comenzaron en noviembre de 2005, con el fin de destapar una densa red de asociaciones que encubría numerosas actividades delictivas (cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias) llevadas a cabo de forma casi sistemática por los principales dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, importantes empresarios y abogados. Durante la instrucción se habló de 2400 millones de euros blanqueados. Hasta 95 personas resultaron imputadas, lo que provocó la necesaria disolución del consistorio[42]. El jefe de la trama era el exasesor de Urbanismo del fallecido Jesús Gil, Juan Antonio Roca. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, Roca desarrolló toda una estructura criminal para hacerse con el control político del gobierno municipal y obtener beneficios económicos[43].
La trama contó con ramificaciones en otras ciudades de España, como Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona. Sin duda este caso ha puesto de relieve la gravedad del sistema clientelar, y ha allanado el camino para una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones sobre otros posibles asuntos de este calibre en decenas de ayuntamientos españoles[44]. La duración del caso Malaya y su complejidad demuestran la necesidad de incrementar los recursos de la Justicia y la formación de los miembros de la judicatura para enfrentarse a estos megaprocesos con herramientas suficientes[45]. Casi dos años de juicio en la Audiencia de Málaga y medio año para dictar sentencia el Tribunal Supremo («por el volumen y la especial complejidad») se unen a los casi diez años que ha durado la tramitación total del caso para empezar a ejecutarse.
La investigación del caso Malaya puede dividirse en varias fases. La primera empezó en marzo de 2006 y condujo a la detención de 29 personas y la incautación de bienes por un valor de 2600 millones de euros. La segunda fase (Operación Malaya II) se llevó a cabo poco más tarde, el 27 de junio de 2006, en las ciudades de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona, y se imputó a unas treinta personas[46]. La tercera y última fase (Operación Malaya III) condujo a la detención de once personas acusadas de blanqueo de dinero y cohecho[47].
Se trata de una trama muy compleja, no sólo porque implica numerosos tipos penales relacionados con la corrupción, sino también porque se trata de una red en la que están incluidas casi un centenar de personas, entre las que se encuentran, por ejemplo, Tomás Reñones, exsegundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella y antiguo jugador del Atlético de Madrid, cuando Gil era presidente del club; Rafael del Pozo, exjefe de la Policía Local marbellí; Jaime Hachuel Fernández, exjefe de seguridad de la Casa Real; José María González Caldas, presidente entre 1996 y 1998 del Sevilla F. C.; Fidel San Román, empresario de la plaza de toros de Las Ventas; Rafael Gómez, Sandokán, uno de los constructores más conocidos de Andalucía y propietario del parque de atracciones Tívoli World y del Hospital Internacional Xanit, ambos en Benalmádena, y concejal y jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, o Manuel González Sánchez-Dalp, constructor y ganadero, apoderado del diestro Francisco Rivera Ordóñez[48].
La sentencia del caso Malaya llegó a principios de octubre de 2013 y, debido a su extensión, se dividió en cinco tomos[49]. Durante el proceso, que se prolongó durante 199 sesiones, no faltaron alusiones a Jesús Gil, que había fallecido tan sólo unos meses antes de que comenzara la investigación[50]. Es importante aclarar que el objeto de las pesquisas, según los propios escritos de la acusación, era investigar el posible delito de cohecho entre empresarios, no la sustracción de fondos que pudiera derivarse del erario público. De hecho, el Ayuntamiento de Marbella sólo resultó condenado al pago, por responsabilidad civil, de 1 385 995,2 euros por la operación urbanística «Vente vacío», en la que se vendieron derechos urbanísticos «a la baja»[51]. Según la sentencia, quedaba probado que la concesión de las licencias se decidía entre Roca, que ejercía como jefe de toda la trama, y los sucesivos dirigentes del Ayuntamiento de Marbella[52].
Una de las razones de la extensión de la sentencia es que debía resolver sobre las 53 cuestiones previas planteadas por las defensas de los imputados, que alegaban la vulneración de casi todas instituciones procesales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Penal. El tribunal resolvió diligentemente sobre todas y cada una de ellas, resultando en un interesante «tratado sobre derecho procesal» en el que se confirma la doctrina existente, que establece que, para que las acciones de la instrucción sean nulas, o parcialmente nulas, éstas deben provocar una indefensión real y efectiva[53].
Con respecto al fallo, lo más destacado desde la óptica de la opinión pública es que, entre defunciones, fugas y absoluciones, casi la mitad de los acusados (43 personas, que en algunos casos vieron como se retiraba su acusación) no fueron condenados[54]. Para la otra mitad de los imputados en la trama se redujeron considerablemente las penas solicitadas por la fiscalía, en muchos casos llegando incluso a recibir penas de privación de libertad de apenas unos meses de duración que, en condiciones normales, no se cumplirán en prisión. La pena más alta fue para Juan Antonio Roca, que resultó condenado a once años de prisión[55].
La explicación técnica de un fallo calificado por la opinión pública como benevolente, que alimenta la sensación de impunidad en la sociedad, reside supuestamente en los escritos de las acusaciones, que han carecido del rigor técnico y procesal requerido en cuanto a la calificación de los hechos con respecto a un determinado tipo penal, basándose en meros indicios y no en pruebas fehacientes; en la imposibilidad de establecer una relación entre las dádivas y determinados actos administrativos, y, en algunos casos, por la aplicación de la atenuante por «detención irregular» (cuando la detención se prolonga más de 72 horas). Queda, cuando escribo estas líneas, el último acto de este caso, que es la sentencia del Tribunal Supremo. La leeremos juntos cuando salga, pero será muy relevante, especialmente si responde no sólo a los criterios jurídicos de rigor, sino también a la necesidad de dirección y fijación de criterios tan contundentemente claros y nítidos como ilícitos fueron los comportamientos delictivos. Realmente la sociedad española lo necesita.
Dada la extensión y complejidad del caso Malaya, en este análisis me limito a examinar las figuras más representativas, a los hechos más flagrantes y de mayor peso. Así, Juan Antonio Roca ha sido condenado a once años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo, fraude y prevaricación, y al pago de una multa de 240 millones de euros. Su mujer y su hija fueron absueltas al retirarse las acusaciones contra ellas, pero no su cuñado, Antonio Jimeno, sobre el que recayó una pena de tres años y tres meses de prisión[56]. Como establece la sentencia, Roca ejerció como alcalde de hecho durante años, mientras que los concejales «se aquietaban a sus tejemanejes»[57].
Juan Antonio Roca representa un interesante caso de megalomanía en el ámbito de la corrupción patria. Fue gerente de la empresa municipal marbellí Planeamiento 2000 entre 1992 y 2003, una empresa de la cual percibía 200 000 euros anuales mediante un contrato de trabajo que no le exigía más que asistir un par de días a la semana a su puesto y que, gracias a las comisiones ilegales y el fraude a Hacienda, le proporcionó un patrimonio de más de 210 millones de euros[58]. Cuando tras su imputación la policía registró su casa, se encontraron animales disecados (un hipopótamo, una cabeza de elefante), innumerables cornamentas de distintas razas de ciervos de todo el mundo o el detalle de un cuadro de Joan Miró en el cuarto de baño[59]. Los descubrimientos de la policía dejaron con la boca abierta incluso a colaboradores próximos a Roca, puesto que se le requisaron yates, avionetas y hasta un helicóptero, por lo que era evidente que su fortuna superaba lo imaginado (de hecho, era la cuarta persona más rica de España[60]).
Roca era en realidad el factótum de Marbella. No se podía realizar una recalificación, negocio o contrato sin su aquiescencia, lo que le hacía imprescindible. Para llegar a serlo, necesitó de la connivencia y ayuda de los distintos alcaldes de Marbella, quienes, en su proceder, se comportaron más como subordinados de Roca que como responsables ante los ciudadanos que los habían elegido. Entre ellos podemos destacar a Julián Muñoz (elegido alcalde en 2003, destituido el mismo año mediante una moción de censura y detenido en 2006) y Marisol Yagüe (que sustituyó a Muñoz en 2003 y fue alcaldesa hasta 2006, año de su detención). Es decir, que además de concejales y diversos cargos, dos alcaldes sucesivos han sido procesados y condenados en el marco de la Operación Malaya.
Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella casi hasta la disolución del consistorio en 2006, fue condenada a seis años y nueve meses de cárcel y al pago de una multa de más de dos millones de euros por un delito de cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude[61].
A Julián Muñoz, también exalcalde y ya en la cárcel por un delito de blanqueo de capitales e imputado en otros procesos relativos a la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho, le correspondieron sólo dos años de prisión por fraude y dieciséis meses de inhabilitación, quedando absuelto del delito de cohecho y de los otros delitos que se le imputaban[62].
Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde, fue sancionada con una multa de 700 000 euros por dar una licencia irregular para construir diez viviendas[63]. Juan Hoffmann, conocido y descrito por la Fiscalía Anticorrupción como el testaferro internacional de Roca, blanqueaba fondos a través de una estructura societaria en Suiza, y por ello fue condenado a pagar 22 millones de euros de multa.
Cuatro años de prisión por blanqueo es lo que el tribunal dictó para la abogada Montserrat Corulla, considerada por la Fiscalía Anticorrupción como la principal testaferro de Roca y abogada en la sociedad inmobiliaria Condeor S. L. En 2002, cuando Roca fue detenido en el marco del llamado «caso Saqueo 1», se incautó una carpeta con documentación manuscrita en la que aparecían diversas referencias a «Montse» y en las que Roca le daba instrucciones a la abogada[64].
En cuanto a los concejales, Carmen Revilla, que confesó haber recibido sobornos por parte de Juan Antonio Roca, fue condenada a dos años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo por acto injusto no realizado y a una pena de inhabilitación especial para cargo público durante cinco años, además de a una multa de 90 000 euros[65]. Por la aceptación de esos mismos sobornos, se dictó una pena idéntica para María José Lanzat, exedil del Partido Andalucista y exdelegada de Turismo de la Junta de Andalucía, además de una multa de 48 000 euros.
Por su parte, Tomás Reñones, exjugador del Club Atlético de Madrid y exedil de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, resultó condenado a dos años de prisión por un delito de cohecho pasivo para acto injusto no realizado, a cinco años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y a 320 000 euros de multa, a lo que se sumó una nueva pena de dos años de prisión por su actuación en la operación «Vente vacío»[66] y otros dos años de inhabilitación[67]. Durante el interrogatorio Reñones reconoció que durante el gobierno de Marisol Yagüe ésta le había entregado sobres con dinero, que pensó que se debían «al aumento de competencias que asumía», creyendo que se trataba de «un premio por su trabajo»[68].
Jesús Ruiz Casado, Genaro Briales y Francisco García Lebrón, responsables de la empresa promotora y constructora Aifos, fueron condenados a tres años de prisión por cohecho y fraude. Esta empresa, relacionada con diversas tramas de corrupción, fue la responsable de la construcción del hotel Guadalpín, en el que en 2003 la tonadillera Isabel Pantoja adquirió con una rebaja del 33 por ciento un apartamento por unos 353 000 euros, cuando el saldo total de las cuentas de sus sociedades era de tan sólo 15 euros y en sus cuentas personales no existía cantidad suficiente para hacer frente al pago de la citada suma. La acusación se basó en este hecho para acusar a la cantante de ayudar al exalcalde Julián Muñoz, entonces su pareja, a blanquear dinero y para argumentar que la rebaja en el precio del apartamento, una copia de cuya escritura se halló en un trastero de Roca, hizo las veces de dádiva para Julián Muñoz por los favores urbanísticos[69].
Por su parte, a José Ávila Rojas, uno de los promotores clave de la trama y de las construcciones ilegales más emblemáticas de la época de Jesús Gil, considerado uno de los socios de Roca y que ya está cumpliendo condena por otros delitos, le correspondió una pena de tres años y ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y por blanqueo de capitales, pues quedó demostrado que pagaba por las licencias de construcción en las que desarrollaba su negocio o su propio chalet[70]. La Fiscalía Anticorrupción pedía para él once años de prisión y 55 millones de euros de multa.
En cuanto al empresario Rafael Gómez, Sandokan, concejal del Ayuntamiento de Córdoba en el período 2011-2015 (cargo del que no dimitió a pesar de la condena, y hasta se ofendía cuando se le recriminaba su permanencia en el poder), fue condenado a seis meses de prisión sustituible por multa de doce meses y al pago de una multa de 150 000 euros[71]. A través de su sociedad Maras Asesores, Gómez abonaba a Juan Antonio Roca cantidades de dinero que después se repartían entre los concejales[72].
José María González de Caldas, expresidente del Sevilla Fútbol Club, fue condenado a ocho meses de prisión y al pago de una multa de 30 000 euros por cohecho activo[73]. El nombre del empresario se encontraba registrado más de cuarenta veces en llamadas realizadas al despacho de Juan Antonio Roca, en la contabilidad de las cuentas y en una permuta llevada a cabo con el Ayuntamiento de Marbella en 1997, de la cual se benefició el exasesor de Urbanismo[74].
Rafael Gómez anunció su voluntad de concurrir como candidato para ocupar la alcaldía de la capital cordobesa en las elecciones municipales de mayo de 2015. Y lo hizo a pesar de haber sido condenado a seis meses de prisión en el caso Malaya, y de estar imputado por no pagar 70 millones de euros en impuestos y pese a ser el mayor deudor del propio Ayuntamiento de Córdoba, debido al impago de una multa de 20 millones de euros por la construcción de unas naves ilegales. De momento, la Ley Electoral actual no impide que se presente a los comicios locales, porque esta ley sólo califica como inelegibles a los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público (que no es el caso), o bien si hubiera sentencia firme sobre la condena privativa de libertad por seis meses. Pero Gómez (y la propia Fiscalía Anticorrupción) recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia del caso Malaya y no sabemos si llegará a tiempo.
En conclusión, el caso Malaya contiene una lectura importante: aunque sea considerado el mayor caso de corrupción de la historia reciente de este país en el ámbito municipal, es tan sólo una pequeña muestra del inmenso escenario de corrupción en el que están inmersos los ayuntamientos, y pone en entredicho el sistema de derecho español y la credibilidad internacional de nuestro país.
Entre otros casos relevantes, destaca la causa contra José María del Nido, expresidente del Sevilla FC, procesado y condenado por prestar servicios de asistencia jurídica al ayuntamiento por un valor superior a los 6 millones de euros entre los años 1997 y 2003. Lo más curioso es la defensa que, desde diferentes instancias del mundo del fútbol, se planteó para evitar su ingreso en prisión, algo que demuestra claramente que, aunque la corrupción es el asunto que más preocupa a la ciudadanía después del paro, el fútbol puede movilizar más masas[75]. Cuando un personaje tan popular como Del Nido es condenado, los propios ciudadanos son capaces de convocar una manifestación multitudinaria de apoyo al presidente del club de fútbol[76].
El caso el Pocero
El caso el Pocero
En contraposición a la grandeza del caso Malaya, tenemos el popular caso del Pocero, una persona que consiguió hacerse con una de las mayores fortunas del país a base de negocios poco claros conocidos y apoyados por todos aquellos que le rodeaban[77].
From boom town to ghost town[78]
Cuando en 2005 algunos testigos afirmaron haber visto al presidente de Castilla-La Mancha en el yate El Clarena, propiedad de Francisco Hernando Contreras, alias el Pocero, muchos se quedaron asombrados. ¿Qué podían tener en común ambos personajes para pasar unos días juntos?[79] Lo que sí estaba claro era la afición de Francisco Hernando por los grandes yates: de su última adquisición, El Clarena II, un yate de más de setenta metros de eslora, con helipuerto, cinco habitaciones y una suite de setenta metros cuadrados, se deshizo en 2010 a cambio de casi 58 millones de euros[80].
La historia de Francisco Hernando parece sacada de una novela costumbrista. Nacido en Madrid en junio de 1945, apenas aprendió a leer y escribir, pues para poder subsistir hubo de empezar a trabajar desde muy pequeño[81]. Sin embargo, la falta de estudios no frenó su éxito profesional. En las décadas de los sesenta y setenta desarrolló un negocio de construcción de alcantarillas, en el que desplegó sus habilidades empresariales de forma un tanto polémica, ya que tuvo un roce con la ley y fue detenido por hurto y apropiación indebida de 10 millones de pesetas[82].
En los años ochenta empezó su carrera de constructor y desarrolló su actividad en diversos municipios madrileños, como Boadilla del Monte, donde tenía una planta hormigonera que el alcalde Aquiles Aparicio ordenó cerrar en 1991. El Pocero, mostrando su carácter, fue a la gasolinera de Aparicio y en una airada conversación le dijo: «Sal, que te voy a matar». Tras esta discusión, Francisco Hernando terminó con una denuncia por amenazas y una condena a pagar una multa de 30 000 pesetas[83].
Fue en 1992, en Villaviciosa de Odón, cuando realizó su operación más polémica hasta entonces. Compró 400 000 metros cuadrados no urbanizables e intentó conseguir su recalificación. La alcaldesa de Villaviciosa, María del Pilar Martínez López, no transigió y denunció a Francisco Hernando por amenazas. La causa se archivó, pero el periódico subvencionado por el Pocero sí fue condenado por vejaciones a la edil[84].
La compra de los terrenos le arruinó, aunque su suerte pronto cambió. Empezó a dedicarse a la construcción, con el apoyo de Ricardo Romero de Tejada, alcalde de Majadahonda entre 1989 y 2001, y secretario general del PP de Madrid entre 1996 y 2004 (asimismo imputado en la Operación Gürtel y en el escándalo de las tarjetas black), y a partir de ese momento planeó su más ambiciosa y megalómana operación, la urbanización de Seseña, que los ha hecho tristemente famosos a él, al pequeño municipio y a la Junta de Castilla-La Mancha[85].
Seseña es un pequeño municipio de Toledo que linda con la Comunidad de Madrid y que en el año 2000 no tenía más de cuatro mil habitantes[86]. En este pueblo, el alcalde socialista, José Luis Martín Jiménez (1999-2003), aceleró un plan urbanístico a la carta para la urbanización de Francisco Hernando. Curiosamente, en 2002, año en el que se aprobó el plan de una macrourbanización para 13 500 viviendas que sumarían 40 500 habitantes al censo del municipio, este alcalde, con un sueldo declarado de 26 000 euros, realizó inversiones por valor de más de 150 000[87].
El alcalde fue quien dio luz verde al proyecto, pese a contar con informes autonómicos desfavorables y carecer de las evaluaciones imprescindibles, requisitos legales exigidos por la regulación urbanística provincial. Con todo, el 13 de marzo de 2003 el pleno del Ayuntamiento de Seseña aprobó la urbanización con los votos del PSOE, y la masiva recalificación de casi dos millones de metros cuadrados fue aprobada el 8 de mayo de 2003, diecisiete días antes de las elecciones municipales.
La urbanización tenía vía libre, pero el resultado de las elecciones de 2003 dio un vuelco al equilibrio de fuerzas en Seseña. Izquierda Unida las ganó con cinco diputados y el Partido Popular y el PSOE empataron a cuatro diputados[88]. El alcalde socialista fue sustituido por Manuel Fuentes, de IU.
Francisco Hernando continuó moviéndose con pericia en las aguas procelosas de la política e incluso llegó a recibir, de manos de Eduardo Zaplana, la medalla al Mérito en el Trabajo[89]. Sin embargo, finalmente se topó con un obstáculo, Manuel Fuentes, al que tachó públicamente de ser «el único alcalde honrado»[90]. Fuentes emprendió una cruzada contra la urbanización, mientras que tanto el PP como el PSOE se desmarcaban de cualquier iniciativa y daban alas a la masiva construcción de la urbanización que se estaba levantando junto al pueblo.
Finalmente, en 2006 la realidad se impuso. La urbanización de Seseña no tenía garantizado el suministro de agua y no estaba en condiciones de habitabilidad, mientras que el alcalde no cejaba en su oposición al proyecto[91]. Tras diversas denuncias de Manuel Fuentes, la Fiscalía Anticorrupción se vio abocada a intervenir y comenzaron las investigaciones sobre la urbanización. Francisco Hernando, que ya había demostrado en el pasado tener poca paciencia con los alcaldes que se oponían a sus proyectos, se mostraba claro y seguro. Sus actuaciones habían sido generalmente aceptadas: «Un alcalde no es quién para decirme cómo tengo que construir en mi casa»[92]. Y paradójicamente comenzaron a precipitarse las demandas contra el alcalde de Seseña por parte de Francisco Hernando.
A pesar de los esfuerzos del Pocero y de su hijo por defender su inocencia en las actuaciones, el cerco se fue estrechando con el tiempo. En 2006, la diputada Isaura Navarro, de IU-ICV, empezó a indagar sobre la concesión de la medalla al Mérito en el Trabajo en 2004. El Ejecutivo fue incapaz de concretar las razones que motivaron la concesión de tal honor, lo que demuestra que fue absolutamente arbitraria[93].
En 2009, la realidad truncó los sueños del Pocero. El alcalde incorruptible, Manuel Fuentes, sumado al estallido de la burbuja inmobiliaria, terminaron con los proyectos de la urbanización, cuyas construcciones acabaron en manos de los bancos que tan alegremente las habían financiado[94]. Francisco Hernando comenzó entonces una batalla judicial contra Manuel Fuentes, acusándole de calumnias y de ser el responsable del fracaso de su inversión[95]. Éste resistió heroicamente las estocadas del constructor y consiguió salir indemne a costa de un gran esfuerzo personal[96].
Finalmente, tras ocho años de instrucción, en abril de 2014 el Juzgado de Instrucción de Illescas abrió un procedimiento abreviado contra el anterior alcalde, José Luis Martín Jiménez, sus hijos y sus socios por los presuntos delitos de prevaricación y blanqueo de capitales. Francisco Hernando actualmente no está incluido en ese procedimiento[97]. Mientras los escándalos se suceden y la Justicia se plantea aún la posible imputación de Francisco Hernando por sus relaciones con el imputado José Luis Martín Jiménez en la construcción de la urbanización fallida, ya nadie quería aparecer en el yate del Pocero, y éste desapareció de la vida social española, emprendiendo una aventura empresarial de dudosa viabilidad en Guinea, que finalizó de forma abrupta cuando Teodoro Obiang, el presidente, no respaldó los planes megalómanos de construcción de 40 000 viviendas en el país africano[98].
La historia del enriquecimiento masivo de Francisco Hernando contiene todos los tópicos del desarrollismo económico español: corrupción municipal, materiales de baja calidad, partidos políticos de todos los colores que toman parte en las componendas, dinero a mansalva y connivencia de unos bancos que no evalúan el riesgo y un producto final de ínfima calidad, caro, sin imaginación y ubicado en lugares imposibles (como Seseña, sin accesos, sin agua y a casi 40 kilómetros de Madrid).
A Francisco Hernando le hicieron creer que podía con todo: medallas del PP, cruceros con políticos en su yate, logro de recalificaciones aparentemente imposibles… Una carrera que parecía no tener techo y que intentó reconducir contratando a Alfredo Urdaci como jefe de prensa[99]. Lo cierto es que esta incorporación estelar no aportó mucho ni con ella consiguió el reconocimiento que esperaba.
El caso del Pocero debería hacer que la ciudadanía se preguntara seriamente hacia dónde miraban las directivas de los partidos mientras se realizaban dudosas operaciones de recalificación y urbanización totalmente desmesuradas; cómo es posible que se prestasen cantidades ingentes de fondos a operaciones que no estaban totalmente cubiertas por la legalidad vigente, o por qué los mecanismos de intervención de la Junta de Castilla-La Mancha no actuaron cuando ya está construida una ciudad de veinte mil viviendas y han transcurrido casi diez años. Entender las respuestas y actuar en consecuencia podría ayudar a España a pasar página. Mientras tanto, en Seseña el número de pisos vacíos desciende lentamente[100]. ¿Será de nuevo la política de los hechos consumados?
El caso Pretoria
EL CASO PRETORIA
El Poder Judicial es el nervio de la libertad, de todos los engranajes políticos es el que se corrompe y el que se gasta menos, porque actúa al descubierto y no se detiene nunca.
SAINT-JUST
Durante los años ochenta, en cualquier inauguración en Cataluña la plana mayor de CiU cortaba cintas, ya fuera una carretera, un polideportivo, un mercado o cualquier inversión más o menos afortunada. En la foto siempre aparecía el triunvirato sagrado de la política catalana, Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
Si Macià Alavedra fue la mano derecha de Jordi Pujol, portavoz de CiU en numerosas legislaturas y consejero de Industria y Economía, a Lluís Prenafeta se le podría considerar su mano izquierda, secretario de Presidencia del Gobierno catalán. Ambos políticos formaron parte del círculo íntimo de Pujol, influyendo notablemente en la política catalana de los años ochenta y noventa. En la segunda mitad de los años noventa, tras abandonar la política, los dos pasaron a desempeñar cargos cómodos y bien remunerados: uno presidía Abertis Logística o Kern Pharma, y el otro era presidente del think tank catalán Fundació Catalunya Oberta. Su contribución a la construcción de la política catalana y su posición de liderazgo dentro de ella eran incuestionables, incluso a pesar de verse salpicados de forma lateral por algunos escándalos, como cuando se hicieron evidentes sus relaciones con el financiero Javier de la Rosa o en el mismo caso Banca Catalana.
Toda esta reputación estalló por los aires el 29 de octubre de 2009, tras una operación policial llevada a cabo con el nombre en clave Pretoria dirigida por mi juzgado, en la que ordené la prisión de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, dejando a la sociedad catalana en estado de conmoción[101]. Junto con ellos fueron detenidos diversos cargos municipales y un exdiputado autonómico.
La reacción de CiU fue unánime y previsible. «Ataque contra Cataluña, honorabilidad de los procesados y persecución planificada». Artur Mas, en el acto de presentación del segundo volumen de las memorias de Pujol afirmó que «ha sido más que evidente» que se ha «condenado previamente» a los detenidos, lo cual debería llevar a una reflexión, porque «se han vivido bastantes casos en Cataluña de gente condenada socialmente que después han sido exculpados o absueltos por los tribunales»[102].
Además, se acuñó el término «pena de telediario» para calificar la condena social que significa aparecer esposado en los medios (algo que no debería haberse producido y que tuvo lugar sin conocimiento ni orden por parte del juzgado, como quedó acreditado), y en los medios catalanes se habló de una operación anticatalana. En el mismo acto Mas dijo: «se habla de una trama entre socialistas y CiU porque así se convierte a Cataluña en una ciénaga y un estercolero».
Esta trama organizó presuntamente numerosas operaciones con el modus operandi clásico de la corrupción urbanística municipal. Se compraban terrenos sin valor, se recalificaban y posteriormente se vendían con la obtención de generosas plusvalías, un esquema poco imaginativo pero sin duda efectivo. Todas las operaciones investigadas se produjeron en el área de influencia de Barcelona, en el conocido como «cinturón rojo».
La investigación y la instrucción del caso Pretoria que hace cinco años abrí y dirigí llevó a la detención, entre otros, del exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, del exdiputado del Partido Socialista Luis Andrés García Sáez y de destacados exdirigentes de CiU y consejeros de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Como destaca Carlos Jiménez Villarejo, tiempo antes, en el caso Banca Catalana, «gracias al apoyo que recibieron de los fiscales generales del Estado y del PSOE, la fiscalía no pudo emprender acciones penales contra ellos»[103]. Una muestra más que, unida a los procesos en los que están envueltos los miembros de la familia Pujol, es el fiel reflejo de la impunidad que ha cubierto las acciones de la corrupción, sin nada que envidiar a una mafia profesionalizada. Ha sido finalmente el juez Ruz quien, en su auto del 18 de diciembre de 2014, ha afirmado que queda «indiciariamente acreditada la existencia, desde al menos el año 2000 hasta el mes de octubre de 2009, de una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal de determinadas localidades de Cataluña, en concreto en la provincia de Barcelona, bajo la intervención principal del imputado Luis Andrés García Sáez […]», y dispone como imputadas a once personas[104].
Insisto, han hecho falta cinco años para poder acusar a estas personas en un procedimiento con un juicio que aún no se sabe cuándo se llevará a cabo. Se calcula que esta red defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres[105]. La Justicia sigue corriendo como la tortuga detrás de la liebre; esperemos que como en la fábula la tortuga, aunque despacio, llegue a la meta[106]. La complejidad y lentitud de estos procesos constituyen, como afirma Villarejo, una descalificación en sí misma de la reforma propuesta por el Partido Popular, que pretende imponer un sistema de plazos a la investigación judicial. Las tramas corruptas no tienen fronteras y gozan de una sofisticación cada vez mayor, elaborando tramas empresariales imposibles y ocultando los beneficios en paraísos fiscales que no colaboran con facilidad con la Justicia. Sólo en este caso se han dirigido trece comisiones rogatorias (a Suiza, Andorra, Portugal, Reino Unido, Costa Rica y Estados Unidos), resultando indispensable la cooperación judicial entre países, que sigue necesitando de comprensibles plazos y tiempos. Limitar las instrucciones e investigaciones no llevará, por tanto, más que a la chapuza y a resultados mediocres.
Tras el auto, se publicó el escrito del Ministerio Fiscal para este caso, corroborando y apoyando las investigaciones realizadas por el juzgado[107]. El escrito pide penas de prisión para once personas, entre las que se encuentran los citados: seis años y diez meses para Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ocho años para el cerebro de la trama, Luis Andrés García Sáez, Luigi, exdiputado autonómico del PSC, y diversas penas para el resto de los colaboradores, como el alcalde de Santa Coloma Bartolomé Muñoz, del PSC. Los delitos considerados son blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, entre otros, y solicita multas y decomisos por una cantidad de 93,71 millones de euros[108].
En el entorno de la corrupción generalizada que se ha manifestado en el último año, este caso parece «menor», sin embargo, tanto por la relevancia de sus dos principales encausados como por el hecho de tratarse de una colaboración transversal entre diversos partidos políticos sin importar las siglas. Curiosa forma de colaboración.
Resultan interesantes las palabras del editorial de La Vanguardia del 29 de octubre de 2009: «Hay que aplaudir el celo de la autoridad judicial ante la sospecha de irregularidades y presuntos delitos, sin condenar a nadie por adelantado, ni dañar de manera irreversible su honorabilidad. Cabe esperar, en este sentido, que las personas detenidas no acaben sufriendo una condena mediática que, al final, no guarde proporción con la imputación o acusación del juez instructor»[109]. Creo que cumplí con mi obligación de juez instructor de esta causa, en la fase inicial y mientras estuve al frente del Juzgado Central n.º 5 de la Audiencia Nacional.
Hoy en día, tras el caso Pujol y los numerosos casos que han aflorado por toda la geografía nacional, este escrito parece un tanto irrelevante. Ya no hay nadie en la política catalana (o española) que pueda mantener un manto de honorabilidad ante la gravedad de todos los hechos delictivos que continúan apareciendo.