4. La corrupción en las Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales

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La corrupción en las Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales

Un hecho particular de la corrupción española es la transversalidad de los actos delictivos. Tenemos desde las financiaciones ilegales de los grandes partidos hasta las corruptelas de las organizaciones locales. La proximidad de los políticos a los ciudadanos no ha desarrollado una clase política más limpia o más escrupulosa, sino que, por el contrario, ha generado los casos más cutres y vergonzantes de nuestra larga lista, y una especie de encapsulamiento de élite que al alcanzar la posición se vuelve soberbia y engreída. Una vez ganada la posición, parece que se produjera un encantamiento y el político asume un papel muy alejado de lo que exigiría su compromiso ciudadano. A partir de cierto momento, el pueblo estorba, pasa de serlo todo a no entender nada. En definitiva, una carga con la que hay que contar cada cuatro años, cuando hay que «comprarle» de nuevo su voto. A los políticos —o mejor dicho a determinada clase de políticos— todo se les debe, porque se «sacrifican» por los demás, siempre que los demás se inclinen ante ellos en demanda de apoyo y protección. Adquieren así, aun sin buscarlo, una especie de perfil de maffiosi que reparte bondades entre quienes les siguen.

Las trampas electorales siempre han existido. La compra de votos, en especie o en metálico, es una costumbre internacional; buscar fórmulas incluso engañosas para llevar a los mayores a votar, pagar transportes, ofrecer bolsas de comidas, arreglar las carreteras antes de las elecciones, inaugurarlo todo inmediatamente antes de la campaña electoral, prometer tarjetas de compras, de puntos de ahorro o de minutos de teléfono y mil formas más para conseguir votos, son el pan nuestro de cada día. Basta observar las manipulaciones masivas que a veces se producen a través de campañas publicitarias o el uso que se hace de los mismos medios de comunicación, en función de los intereses que entren en juego. En cada país tienen sus técnicas porque lo que se juegan es muy importante, y para algunos no son, desde luego, los intereses de los ciudadanos, sino los propios intereses económicos y la posición de poder que les va a permitir disponer de un amplio presupuesto con finalidades no demasiado claras.

Según los países y el grado de penetración delictiva que padezcan, las organizaciones criminales o las grandes corporaciones van a invertir cuantiosísimas sumas para que gane quien debe ganar y poder seguir haciendo sus negocios, contando, si ello es necesario, con una nómina lo más amplia posible de fieles corruptos que les faciliten el trabajo. Las cifras astronómicas que se gastan en las campañas resultan bochornosas y se prestan a todas las interpretaciones; ninguna de ellas puede ser buena. Vivimos en una especie de democracia de marketing en manos de quienes mueven intereses ajenos a cualquier control democrático. Creo que esas grandes sumas van dirigidas, más que a convencer de las bondades de un programa, a conseguir los suficientes votos para después cumplir con los que te apoyaron. Es cierto que conforme se van descubriendo escándalos de corrupción, a la vez que las necesidades de los ciudadanos evidencian más claramente las desigualdades, el nivel de intransigencia es mayor y el espacio de movimiento de los corruptos es menor.

Todas estas afirmaciones han de entenderse de forma relativa para no caer con la generalización en la pura demagogia. Pero es difícil sustraerse a esta inercia cuando se han visto tantos casos y tantos juegos de mentiras y traiciones. Los políticos han convertido la política en una síntesis de los intereses de una especie de oligarquía, y sólo de vez en cuando cuentan todos.

Que en la mayoría de las profesiones haya tendencia a una sucesión de padres a hijos o dentro de la familia es normal, pero la única en la que quizá no debería existir en democracia es en la política, porque ello es tanto como profesionalizarla, encastarla y convertirla en una especie de patriciado, quedando excluidos todos aquellos que no tengan la suficiente categoría o nivel, no por carencias intelectuales, profesionales o de conocimiento y sabiduría, sino por no pertenecer a esa élite. Cuando surge un movimiento social y comienza a cuestionar ese escenario, saltan las alarmas y las suspicacias, y hay una voluntad a todos los niveles preestablecidos de descalificación y eliminación inmediatas porque, como en una partida de póquer, este nuevo jugador es imprevisible y, además, está decidido a jugar limpio. A partir de ese momento, la palabra «populismo» surge de inmediato de las bocas de quienes nos han conducido a una situación dramática de descrédito de lo político, con un carácter claramente peyorativo y de advertencia a quienes se fíe del mismo. En definitiva, no son los argumentos los que se ponen en juego, sino la negación del derecho a participar en el espacio hasta ahora exclusivo para ellos. Abrir los espacios políticos supone necesariamente más participación y, consecuentemente, más transparencia, credibilidad y confianza. En un espacio así, con una amplia participación ciudadana, donde no sea posible el concierto de intereses espurios, el campo de acción de la corrupción será mucho menor.

De lo nacional a lo autonómico

DE LO NACIONAL A LO AUTONÓMICO

Cuando se expande la corrupción no lo hace de forma lineal, sino en función de las necesidades de los agentes corruptores o de los espacios en los que mejor se pueden desenvolver, ya sea por las relaciones personales, por los centros de poder a disposición o por mil circunstancias que pueden acomodar al corruptor y al corrompido. Pero, sin lugar a dudas, uno de los espacios en los que está demostrado que puede anidar el bacilo de la corrupción es en los estamentos más cercanos a la ciudadanía. En este sentido, las Comunidades Autónomas —que serían el equivalente de los estados, los departamentos y las provincias federales o de los Land o regiones de otros países— son un caso digno de estudio, tanto político como sociológico. ¿Cómo es posible que políticos como Camps, Matas o Pujol, o partidos como Unió, Convergència u otros regionales o nacionales, hayan sido reelegidos una y otra vez a pesar de las graves sospechas de corrupción en primera persona o a nivel colectivo, de las denuncias penales o en los medios de comunicación, o incluso después de la apertura de procedimientos judiciales? Eso sin perjuicio de la presunción de inocencia, claro. Pero es sorprendente que hayan sido reelegidos, o los partidos mayoritariamente votados, por los electores.

¿Alguien le confiaría el cuidado de sus bienes a una persona que se apropiara de ellos, los robara, los escondiera y le dejara en la ruina? Y después de comprobar que esto es así, ¿volveríamos a confiarle ese cuidado? La respuesta es evidentemente que no. Entonces, ¿por qué se vota a quien ha engañado no una sino varias veces y, además, se jacta de ello?, ¿simplemente porque acude a recursos como la desinformación o el compungimiento? Por el contrario, ¿por qué no somos capaces no sólo de desenmascarar a los corruptos, sino de expulsarlos de la vida política con nuestros votos? Se trata, al fin y al cabo, de nuestra supervivencia como pueblo libre; como advirtió Edmund Burke: «La libertad no puede existir mucho tiempo en medio de un pueblo generalmente corrupto».

Perdónenme este pequeño exceso, pero no alcanzo a comprender estas actitudes de complacencia frente a quienes nos manipulan una y mil veces. El cumplimiento de la ley ha podido fallar, los jueces y las investigaciones han podido ser ineficaces, pero que los ciudadanos no reaccionemos con el poder que nos otorga la democracia, permitiendo la impunidad de nuestros administradores, es terrible e impactante.

El Estado de las Autonomías, definido en la Constitución de 1978, es otro de los llamados «triunfos de la Transición». La respuesta a una reclamación histórica de las periferias de la Península que terminó convirtiéndose en norma y generalidad resumida en una frase, «café para todos». Cada territorio de España quedaría enmarcado en una u otra Comunidad Autónoma.

Tras la opresión uniformizadora de la dictadura, la descentralización fue una de las reivindicaciones de una parte de los padres constituyentes. En ese juego de cesiones políticas, se pactó una Constitución monárquica, no confesional y que dejaba la puerta abierta a la sucesiva creación de Comunidades Autónomas. En el capítulo III del título VIII de la Constitución de 1978 se regula la creación y competencias de las Comunidades Autónomas sobre la base del artículo 2 del mismo texto, que reza así: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Esos deseos se inspiraban muy probablemente en el idealismo y la nostalgia de que un territorio pudiera ostentar cierta capacidad de autogobierno basada en sus particularidades históricas, culturales, económicas o geográficas. Existe el convencimiento de que la Administración, cuanto más cerca esté del administrado, mejor desarrollará sus funciones, con mayor eficiencia y de manera más integradora. Seguramente, pocos tenían en mente que las innovadoras estructuras de poder y administración del caudal público se convertirían en un nuevo espacio en el que la escenificación de la corrupción iba a desempeñar un papel fundamental.

Y es que el fenómeno de la corrupción es, además de transversal, poliédrico y multifacético, resultando imposible dibujar un perfil «típico» del corrupto. No se limita al ámbito nacional, sino que se extiende a todos los sectores del poder. Allá donde existe una esfera de mando, subyace la tentación de obtener un beneficio injusto. Las Comunidades Autónomas no podían ser una excepción. En los casos analizados en este capítulo, se podrá comprobar que la corrupción afecta a partidos políticos tanto de derechas como de izquierdas; que salpica tanto a personas de economía humilde como de alto nivel económico; que puede implicar tanto a sindicalistas como a ministros o presidentes de comunidades. De ahí que sea tan difícil definir un perfil del defraudador prototípico.

El nivel de transparencia de las Administraciones es clave para determinar qué nivel de corrupción sufrirá el territorio. Según el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2014^[1], las que cuentan con un mayor índice de transparencia son Castilla y León, Cataluña y País Vasco (100 puntos sobre 100 en los tres casos), y las que ocupan los puestos inferiores son Madrid (65), con la peor puntuación, Murcia (78,8) y Canarias (80). Ahora bien, el conjunto de las Comunidades Autónomas han mejorado sus resultados en comparación con los anteriores informes de 2010 y 2012, respectivamente.

La corrupción no es diferente a nivel autonómico, municipal o estatal. Un corrupto realizará sus actividades en instituciones públicas o donde pueda, buscando siempre una relación coste/beneficio atractiva para sus actividades. Fèlix Millet no se limitó a la Generalitat catalana, sino que presuntamente consiguió (aún se encuentra incurso en un proceso) extender sus actividades al Ayuntamiento de Barcelona. Juan Guerra fue procesado por un desarrollo urbanístico en la localidad gaditana de Barbate desde el despacho de la Delegación del Gobierno en Sevilla. La lista de las veintiocho causas judiciales abiertas contra Jaume Matas va desde el caso Palma Arena hasta inversiones inmobiliarias en Palma de Mallorca. El caso Gürtel igual corrompe ayuntamientos que comunidades Autónomas o partidos políticos nacionales.

El origen de la corrupción, tal y como intento reflejar a lo largo de esta obra, se encuentra en la delgada línea que separa lo público y lo privado. Comisiones por adjudicaciones públicas que posteriormente financian a partidos o enriquecen a comisionistas, sobrecostes en obras civiles que enriquecen a empresas privadas y que proporcionan notables regalías a los políticos que han permitido estos incrementos; la administración arbitraria de capítulos presupuestarios que se manejan con menor control (como los fondos de formación, que parecen ser una barra libre para el uso arbitrario de fondos públicos), etc. Pero la madre de todas las corrupciones se encuentra en los delitos urbanísticos. Las desproporcionadas plusvalías que se generan al modificar los usos del suelo y la facilidad con que los departamentos de urbanismo realizan modificaciones en dichos usos, han generado una industria corruptiva sin parangón.

La corrupción urbanística incumbe sobre todo al ámbito municipal, pero la connivencia de la Comunidad Autónoma correspondiente, alineando políticas y regulaciones e impulsando grandes desarrollos, ha sido clave para generar los ingentes pelotazos que han tenido lugar en los últimos años.

En los casos que se revisan a continuación (unos pocos de una lista casi interminable), se pueden encontrar todos los elementos que caracterizan a la corrupción en nuestro país, desde estructurales (partidos políticos, familiares enchufados, pillos, fondos de formación) hasta pintorescos (drogas, prostitutas, mansiones). Todo ello muestra un cuadro sumamente desalentador. Se puede comprobar con estupor que desde el caso Juan Guerra de 1985 al caso de los ERE en 2010, o desde el caso Naseiro al caso Gürtel o desde el de Banca Catalana al caso Pujol (por ser el último), no se ha avanzado casi nada en la lucha contra la corrupción. La conclusión evidente es que existe una falta de compromiso en las Administraciones autonómicas para acabar con esta lacra.

El precedente andaluz: el caso Juan Guerra

EL PRECEDENTE ANDALUZ: EL CASO JUAN GUERRA

El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad.

ALBERT EINSTEIN

La llegada de los socialistas al poder en 1982 desató una corriente de optimismo en todo el país. Por fin un Gobierno de izquierdas y un carpetazo a la pesadilla del 23-F, que aquella noche tuvo a todo el país en vela. Por fin llegaban al poder Felipe González y Alfonso Guerra, una generación de políticos jóvenes, con apenas cuarenta años, que iban a revolucionar y modernizar el país. El optimismo era palpable. Como Manuel Vicent decía en diario El País dos días después de la victoria socialista por mayoría absoluta: «Felipe González ha sido invitado por el dios gordito a sentarse frente al piloto automático en una pequeña terminal de Occidente. Sólo tendrá que vigilar las agujas y poner un poco de ética, a modo de aceite, para que la máquina funcione con más suavidad. Pero en este país la ética simple aún puede ser revolucionaria»^[2].

En Andalucía vimos este triunfo histórico como una oportunidad única de superar un atraso ancestral debido a políticas de discriminación basadas en una estructura clasista propia de la monarquía absolutista y continuadas por el franquismo. La conquista de la autonomía de Andalucía fue tormentosa y definió con claridad la historia contemporánea de esta región. En 1980 se celebró un referéndum para aprobar el desarrollo de la autonomía andaluza basada el artículo 151 de la Constitución española. UCD y los partidos de derechas deseaban el desarrollo de Andalucía a partir del artículo 143, mientras que los de izquierdas apostaban por el 151^[3]. En dicho referéndum, UCD y Alianza Popular apoyaron el voto en blanco o en contra, mientras que el PSOE se alineó con el voto afirmativo^[4].

El Gobierno de UCD empleó todo tipo de tretas para obviar el voto afirmativo al referéndum, como impedir que Rafael Escuredo, entonces presidente de la Junta de Andalucía, tuviera espacio en la televisión o apoyando descaradamente la abstención desde los medios oficiales^[5]. Pese a todas estas trabas, y a pesar del voto masivo de «muertos» en Jaén y el «no» de Almería, conseguimos que el «sí» triunfara con el 55 por ciento de los votos. Pero aquellas trampas de la derecha dejaron mal sabor durante mucho tiempo e hicieron que la confianza se depositara sucesivamente con mayoría absoluta en el Partido Socialista. Fue en este contexto en el que Rafael Escuredo consiguió ilusionar a una población que mostraba así su rechazo al pasado y sus ansias de progreso y modernización.

A partir de 1982, la situación política fue de una mayoría absoluta del PSOE en Andalucía y en el Gobierno central, gobierno que se lanzó a revolucionar las estructuras políticas de España para conseguir su homologación con el resto de los países de Europa. Andalucía era considerada una región de tipo 1 (inversión prioritaria), y sólo entre los años 1986 y 1988 recibió más de 143 000 millones de pesetas en fondos de cohesión^[6]. ¿Logró transformar Andalucía esta lluvia de fondos de la Unión Europea? No es objetivo de este libro debatir la cuestión en profundidad, pero es cierto que, aunque estos fondos permitieron el desarrollo de Andalucía, al mismo tiempo su empleo ha estado trufado de patologías diversas que afectan tanto a la derecha como a la izquierda políticas.

El denominado «caso Juan Guerra», hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno y la segunda persona con más poder en España, comenzó con la acción de una mujer despechada y acabó siendo uno de los casos de corrupción más importantes de la época, hasta el punto de costarle el puesto al vicepresidente. Este caso, unido al de los GAL y al de Filesa, que ya se incubaba, acabaría con la imagen idealizada del PSOE, sacaría a relucir una profunda corrupción y rompería el mito de modernización y progreso que el socialismo había prometido traer a la sociedad española^[7].

El caso Juan Guerra nos retrotrae a la literatura de la picaresca, a un Rinconete y Cortadillo cutre, en el que una persona sin estudios ni perfil político consigue erigirse en mediador oficioso del Gobierno de la Junta de Andalucía, con el obsceno resultado de que Juan Guerra se convirtiera en una pieza fundamental en recalificaciones, subvenciones y otras muchas operaciones en el territorio andaluz. Este caso muestra un modus operandi muy determinado y que se volvería la norma: la defensa a ultranza del imputado desde el partido en el poder y el intento de manipulación de la Justicia (con ataques permanentemente descalificadores del juez Ángel Márquez, instructor del caso), que no terminó hasta 2001 las once causas levantadas contra Juan Guerra^[8]. Esto demuestra el escaso interés de los partidos políticos por «limpiar» sus propios partidos y la lentitud de la Justicia española para resolver estos procesos de forma ejemplar y en tiempos razonables.

Sin que hasta la fecha haya quedado aclarado por qué o por orden de quién se llevaron a cabo los intercambios de favores, las corruptelas variadas y un enriquecimiento inusitado, la primera pregunta que surge es: ¿cómo pudo ocurrir todo esto sin que nadie en el PSOE o en la Junta hiciera nada por evitarlo, cuando era notoria la labor que Juan Guerra hacía y la intermediación que ofrecía desde una dependencia oficial? A finales de 1989, el PSOE contrató a Juan Guerra para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129 370 pesetas netas al mes (781 euros^[9]). Ante el silencio y con la necesaria connivencia de cuantos le rodeaban, Juan Guerra, según algunos medios, utilizó el despacho para realizar actividades diferentes de las que tenía asignadas, lo que le valió ser imputado en once juicios por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias —que por aquel entonces no estaba tipificado como delito, pero que podía subsumirse en la prevaricación—, malversación de fondos y usurpación de funciones^[10].

El caso Juan Guerra estalló en abril de 1989, cuando su esposa entregó un dossier a Manuel Fraga, presidente de AP, sobre las actividades de su marido, del que se separaría posteriormente. Dicha información fue publicada en la revista Época en diciembre de 1989^[11]. A principios de enero de 1990, los partidos políticos andaluces, liderados por AP, presentaron en el Parlamento andaluz una iniciativa solicitando la creación de una comisión que investigara las actividades de Juan Guerra. El PSOE cerró filas y negó el escándalo, con lo que la prensa vio un filón que explotó en innumerables artículos.

La importancia de este caso de corrupción, que queda empequeñecido cuando se lo compara con otros asuntos posteriores, estriba en que el protagonista era hermano del vicepresidente del Gobierno, un político que trataba con especial dureza a la oposición y que, por tanto, se había ganado un gran número de enemigos. En segundo lugar, este escándalo representó el primer caso de corrupción de un partido que hasta ese momento parecía inmune a esta lacra.

Los medios se volcaron contra Juan Guerra, lo cual propició una situación de caza y acecho contra su hermano sin parangón en la incipiente democracia. Veinticinco años después, la sociedad española está en proceso de insensibilizarse ante este tipo de campañas. Los ciudadanos parecemos sufrir los efectos de una fuerte anestesia general ante los casos de corrupción (tal vez debido a la sobreexposición que padecemos), pero en aquel momento este caso provocó una gran desazón en el Partido Socialista, y la oposición consiguió forzar un pleno parlamentario en el que Felipe González y Alfonso Guerra tuvieron que dar explicaciones^[12].

El 1 de febrero de 1990 se celebró una comisión de control en la que Alfonso Guerra se enfrentó a todos los partidos de la oposición^[13]. Todos los portavoces del Grupo Mixto y el portavoz del Grupo Popular, Francisco Álvarez-Cascos, solicitaron la dimisión de Alfonso Guerra, que, fiel a su carácter, se defendió atacando. Ha quedado para la historia su ofensiva mencionando las continuas peticiones de favores que recibía por parte de diputados del Partido Popular: «Debo decir que yo he recibido peticiones, al margen de las solicitudes reglamentarias, […] cartas de empresas que han explicado que han pedido oficialmente concesiones de tal o cual cuestión y que solicitan que se le atienda especialmente y que se le conceda lo que se pide. He recibido llamadas telefónicas y he recibido también visitas, y debo decir que en este tema de canales de televisión yo creía no estar facilitando ningún tráfico de influencias de quien venía a verme…»^[14].

No obstante, esta comisión de control acabó con buena parte del crédito político de Alfonso Guerra. Pocos días después, Felipe González, que consiguió evitar su comparecencia sobre el caso, hizo la famosa afirmación del «dos por uno»; es decir, que si dimitía Guerra, él lo haría también, y que no pensaba aceptar la renuncia del vicepresidente^[15].

El caso Juan Guerra supuso el inicio de las relaciones entre la prensa y la clase política tal y como las conocemos hoy. Por un lado, la prensa «opositora» inició campañas virulentas contra el Gobierno, mientras la prensa «afín» daba una versión más próxima a la del Ejecutivo. La intensidad de los ataques hizo reaccionar al Gobierno, que interpuso una querella por calumnias contra algunos periódicos, en concreto ABC y El Mundo^[16].

Para el ciudadano corriente, fue un amargo despertar después de ocho años gloriosos en los que la modernización de España era la prioridad frente al espanto del golpe de Estado del 23-F. Sin duda, puede decirse que fue un drástico y súbito despertar de un sueño falso. Posiblemente, un síntoma de que la democracia estaba alcanzando la mayoría de edad, pero al mismo tiempo un drástico reconocimiento de una realidad bronca y áspera que se convertiría en el escenario cotidiano del juego político de finales del siglo XX y principios del XXI.

La conclusión en 2001 del caso Guerra, tras una larga lista de juicios, fue una condena de dos años de cárcel para Juan Guerra^[17] y su socio, Juan José Arenas, por un fraude fiscal de 253 627 euros durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. El caso se cerró con la sentencia del Tribunal Constitucional, rechazando el amparo solicitado en abril de 2001^[18]. Recientemente la Agencia Tributaria ha declarado incobrable el crédito por insolvencia de Juan Guerra y, por tanto, la causa ha quedado archivada^[19]. Por su parte, Juan José Arenas abonó la totalidad de su deuda.

Además de esta condena por delito contra la Hacienda Pública, Juan Guerra también fue condenado a seis años de inhabilitación en otro de los juicios, en torno a la denominada «trama Fridex» sobre la recalificación de unos terrenos en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Más adelante, el hermano del dirigente socialista resultó absuelto en causas abiertas contra él: la Sala Segunda del Supremo revocó la condena de un año y seis meses de prisión impuesta por la Audiencia de Sevilla en un caso relativo al mencionado uso del despacho en la Delegación del Gobierno en Sevilla^[20], el de Fracosur sobre la compra de unas fincas; en 1992, Juan Guerra fue condenado a un año de prisión por dos delitos de falsedad en documento oficial y por uno de defraudación a la Hacienda Pública, y posteriormente resultó absuelto; la de sus relaciones con distintas empresas relacionadas con la Expo 92 de Sevilla; la de Litomed, sobre el desvío de enfermos de la sanidad pública a una clínica privada^[21], y, por último, la relativa al proyecto de edificación de un hotel de cuatro estrellas en el Puerto de la Plata, en Barbate, por la empresa Construcción Modular Andaluza, de la que Juan Guerra era socio.

En definitiva, el via crucis judicial de Juan Guerra llegó hasta 2001, y fue un muestrario de los males que contaminan la instrucción judicial de todos los casos de corrupción: a una instrucción controvertida le acompaña un seguimiento en la prensa, muchas veces interesado y sesgado con permanentes filtraciones, fruto de una mala resolución de las relaciones entre la investigación sumarial y el derecho a la información y los límites de la misma en una causa penal; si a ello se le suman las constantes dilaciones, nos dará una media de diez años como poco hasta agotar el último recurso.

Cataluña

CATALUÑA

El caso Pallerols

El caso Pallerols

Todo lo que en las condiciones de la vida no se renueva o transforma, o se corrompe o es foco de corrupción.

NICOLÁS SALMERÓN

El 11 de mayo de 1997 se fundó la Patronal del Principat d’Andorra (PDP), encabezada por Fidel Pallerols. El 11 de septiembre de ese mismo año, el flamante nuevo presidente de la PDP se entrevistó con el conseller de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Ignasi Farreras, y con el líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida^[22], que habían sido claves para promover su elección como presidente de la PDP.

La historia de cómo consiguió Fidel Pallerols Montoya convertirse en la pieza central del primer caso de corrupción en el que se consideró probada la financiación ilegal de un partido político, UDC, está repleta de intrigas, chapuzas y añagazas un tanto míseras^[23]. Fidel Pallerols es un empresario andorrano sin estudios muy próximo a UDC. Su figura fue clave a la hora de articular un mecanismo infalible para la financiación ilegal de Unió, a partir de fondos de la Generalitat de Catalunya destinados a formación, un área que UDC controlaba desde 1980^[24]. Es curioso advertir cómo este mecanismo ha venido utilizándose como instrumento de corrupción en otras Comunidades Autónomas de España, como Andalucía o Galicia. La picaresca empleada en la trama corrupta y la zafiedad de su esquema ilegal contrastan, como el cielo y el infierno, con la imagen sofisticada de un Duran i Lleida desayunando en el hotel Palace de Madrid que transmitía un reportaje de El País en 2010^[25].

Durante los años posteriores a la Transición se acuñó la frase «oasis catalán» para referirse a la situación de Cataluña, donde se presumía de un régimen democrático más avanzado que en el resto de España, con instituciones asentadas y un profundo respeto a las reglas del juego^[26]. Hasta la eclosión de este escándalo, Cataluña se había mantenido al margen de los grandes casos de corrupción. Rumasa, Naseiro, Juan Guerra o Filesa se veían como un problema español y resultaban impensables en una sociedad supuestamente más avanzada como la catalana.

Convergència i Unió (CiU), una coalición formada por la histórica formación Unió Democràtica de Catalunya y el partido creado en torno a Jordi Pujol, Convergència Democràtica de Catalunya, estuvo en el poder ininterrumpidamente desde las primeras elecciones autonómicas en 1980 hasta el año 2003. Un elemento distintivo de la financiación de CiU era el gran número de donaciones anónimas recibidas. Según los datos del Tribunal de Cuentas del año 2012^[27], el 42 por ciento del total de donaciones realizadas en España tuvieron como destino CiU. La diferencia entre CiU y el resto de los partidos no es baladí (por ejemplo, partidos de implantación en todo el territorio, como el PP o el PSOE, obtuvieron por vía de donaciones y durante ese mismo período menos del 28 por ciento y del 9 por ciento, respectivamente). ¿Por qué un partido mucho más pequeño presentaba unas cifras tan desproporcionadas? Esta pregunta debería contestarla el Tribunal de Cuentas (que no ha iniciado hasta el momento ninguna investigación al respecto, pero que lo tendrá que hacer a instancias del fiscal que ha presentado un informe del que se podrían derivar responsabilidades incluso penales), aunque el sentido común nos indique que las donaciones anónimas podrían esconder intenciones ocultas.

Lo que demuestran el caso Pallerols y, en cierta medida, el caso Palau, del que hablaré más adelante, es que estas donaciones no son más que dinero pagado por el sector público en contratos públicos que las empresas adjudicatarias transforman en donaciones anónimas (comisiones) a partidos políticos y sus fundaciones afines.

El concepto de «oasis catalán» se vino abajo cuando el 1 de abril de 1999, en el pleno del Parlament, los partidos de la oposición formularon gravísimas acusaciones contra CiU sobre el fraude de los cursos. Uno de los empleados de Fidel Pallerols le había denunciado por alterar las bases de datos del Departament de Treball con la connivencia de Jaume Pallerols, jefe de informática del mismo departamento^[28] (y que en la sentencia definitiva sería exculpado). El oasis se había convertido en desierto y, desde ese momento, se iniciaba la guerra sin cuartel entre los partidos catalanes, con la corrupción como principal arma arrojadiza. Tal y como el periodista catalán Manuel Trallero afirmó hace unos años, «el oasis catalán era un camelo»^[29].

Fidel Pallerols, como propietario de la academia CEI y sus filiales Ceifsa, Andsa y Teosa (que compartían el mismo objeto social, llevar a cabo actividades de formación ocupacional subvencionadas por el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya y del Fondo Social Europeo^[30]), propició el fraude con los cursos^[31]. Hasta el momento, existen otros tres casos similares en Galicia (caso Gerardo Crespo^[32]), Madrid (caso Aneri, denunciado por la propia Comunidad^[33]) y Andalucía^[34] (caso cursos de formación), entre otros^[35], lo que incluso ha llevado a la Unión Europea a congelar en diversas ocasiones la transferencia de fondos a España con destino a estos cursos, debido al escaso o nulo control ejercido sobre el destino final de los fondos^[36].

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la década de los noventa —en concreto entre los años 1994 y 1999— la Direcció General d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya promovió programas de formación dirigidos tanto a trabajadores en activo como a parados, con la finalidad de facilitar el acceso, reciclaje y acceso profesional al mercado de trabajo, todo ello para mejorar la competitividad de las empresas^[37]. Para el desarrollo de las actividades formativas, la Direcció General se valió de los denominados «centros colaboradores», empresas, entidades o instituciones reconocidas u homologadas como tales por la propia Direcció General d’Ocupació e inscritas en el Censo de Centros Colaboradores bajo los requisitos legalmente previstos^[38].

Estas entidades colaboraban en los programas de la Direcció, supuestamente ofreciendo actividades formativas, mediante cursos de formación. La financiación corría por cuenta de la propia Direcció General y se concedía mediante resolución del conseller de Treball, nutriéndose de fondos públicos provenientes del Departament de Treball y del Fondo Social Europeo. Así, entre los años 1994 y 1995, el Departament adelantaba el 50 por ciento del importe de la subvención del curso y al finalizar la acción, y tras acreditar documentalmente su realización y sus costes, se abonaba el 50 por ciento restante. A partir del año 1996 estos porcentajes pasaron a ser del 75 por ciento al inicio y del 25 por ciento a la finalización de los cursos, y la consolidación de los pagos se materializaba previo informe favorable del director general: «Él personalmente emitía las propuestas de concesión de subvención o, en su caso, de revocación e informaba a la consolidación y pago del primer y segundo tramo de la subvención»^[39].

En la práctica, existía un pacto sobre el desvío de en torno al 10 por ciento de las subvenciones concedidas a las empresas de Pallerols, que sería destinado a la financiación de UDC, partido del cual el consejero era militante^[40]. Así, con la colaboración de los hermanos Gavaldà (Vicenç Gavaldà exsecretario de organización de UDC, y Lluís Gavaldà, director general de Treball), que resultaron condenados en la sentencia final, y de otras personas procesadas, como Josep Sánchez Llibre (hoy portavoz adjunto de CiU en el Congreso, y que ha ostentado los cargos de senador y de diputado en gobiernos catalanes), se desviaban fondos de formación a las empresas de Pallerols para la realización de cursos que, o bien nunca se impartieron, o bien se realizaron por un coste muy inferior al presupuestado. De hecho, se pudo comprobar cómo el importe de las subvenciones percibidas por estas empresas crecía significativamente año tras año, fruto de los pactos alcanzados entre todos los acusados^[41]. Posteriormente, en las bases de datos del Govern se modificaban las actas de asistencia a los cursos para reflejar una presencia de alumnos inexistente y se procedía, o bien a realizar donaciones anónimas a partidos políticos, o bien a sufragar gastos, sobre todo electorales, de UDC en los porcentajes previamente pactados^[42].

Tras un lentísimo inicio de la instrucción, durante el cual UDC negó todas las evidencias, quedaron demostrados una flagrante financiación ilegal del partido y numerosos flecos sonrojantes. Por ejemplo, la cuñada de Duran i Lleida cobraba de la trama mientras trabajaba para Unió como adjunta de organización y, al parecer, también lo hacía en la empresa Gestumer, propiedad de Víctor M. Lorenzo, excuñado de Josep Sánchez Llibre^[43]. Cuando los datos recabados empezaron a presentar pruebas irrefutables, CiU entró en la fase de aceptación de algunas irregularidades, lo que llevó a Duran i Lleida a comprometerse a dimitir si se demostraba la existencia de financiación irregular, compromiso público que asumió en un acto de militantes en Platja d’Aro el 22 de octubre de 2000, cuando la presión política y social era ya insostenible^[44].

Tras el bloqueo por parte de la UE de todos los fondos de empleo, la crisis se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno catalán. Duran i Lleida emprendió una huida hacia delante, solicitando ante el Parlament una investigación completa de todos los fondos de formación, no sólo de los gestionados por UDC. CiU consiguió evitarlo, pero en el proceso la relación entre Duran y el tándem formado por Artur Mas y Jordi Pujol se vio seriamente afectada^[45].

En el año 2003, CiU perdió las elecciones y una coalición tripartita de PSC, ERC e ICV formó gobierno, con lo que la Generalitat de Catalunya dejó de obstruir la investigación, destapándose todo tipo de irregularidades. Entre los elementos más curiosos figura el hallazgo de un zulo en el domicilio de Pallerols en Andorra en el que se encontraron vídeos incriminatorios de diversos dirigentes de CiU^[46], así como detalles más o menos pintorescos entre la cantidad ingente de documentación incautada, como grabaciones de entregas de dinero a diferentes personas de UDC, facturas de diversas prendas de ropa de lujo, referencias a los importes de las comisiones y un largo, indecente y vergonzoso etcétera^[47].

No obstante, en noviembre de 2005^[48] el Tribunal Supremo sobreseyó la causa con respecto a dos aforados implicados, los diputados en el Congreso Josep Sánchez Llibre y Pere Grau. Esto llevó a que la jueza Silvia López Mejía diera carpetazo al caso en diciembre de 2005 por falta de supuestos de hecho constitutivos de delito, dejando sólo algunos asuntos pendientes a Pallerols por delitos contra la Hacienda Pública^[49]. La jueza consideró que las donaciones de Pallerols a Unió no constituyeron delito al no acreditarse el conocimiento por parte de Unió del origen de los fondos ni un pacto previo entre la red de Pallerols y las subvenciones de Treball^[50].

La sociedad catalana estaba perpleja. UDC hizo gala de la absolución y realizó todo tipo de declaraciones remitiéndose al refrendo de su inocencia y a la persecución implacable a la que se había visto sometida^[51]. Sin embargo, el caso produjo un gran efecto en la ciudadanía, que reclamó justicia. Tan sólo un año después, la Audiencia de Barcelona reabrió el caso al considerar que había pruebas suficientes contra ocho personas del total de las inicialmente imputadas^[52].

Esta instrucción fue mucho más rápida y finalizó en 2008. En 2010 CiU volvió al poder en Cataluña y, tras un sinfín de retrasos, el juicio comenzó en 2013, catorce años después de estallar el caso y casi veinte desde el inicio del fraude. A instancias de Francesc Homs, la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo para que UDC aceptara su culpa, devolviera lo que se demostró como defraudado y, de ese modo, se evitara el ingreso en prisión de los imputados^[53]. La jueza de este juicio fue Teresa Cervelló, cuñada de la actual presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert i Català, miembro de UDC desde 1986^[54].

CiU respiró aliviada y los acusados interpusieron una petición de sustitución de las penas de cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad. El fiscal apoyó dicha petición, pero, en un giro inesperado, la Audiencia de Barcelona exigió el ingreso en prisión de los condenados, en un auto de ocho páginas en el que rechazaba la sustitución por trabajos comunitarios^[55]. El 23 de mayo de 2014, Pallerols ingresó en prisión.

En cuanto a Duran i Lleida, que se había comprometido a dimitir en caso de que se demostrara la financiación del partido, se valió de una excusa escolástica para no hacerlo; el juez no condenó a UDC por financiación ilegal. Mientras tanto, la reforma del Código Penal que puso fin a la exención de responsabilidad penal de los partidos políticos entró en vigor el 17 de enero de 2013^[56]. Claro que, según los tipos del Código Penal aplicables al caso, anteriores a la reforma, un partido político no podía ser imputado por este delito; una persona sí, pero un partido no. A pesar de que la sentencia era categórica y establecía que la financiación ilegal tuvo lugar, CiU carecía de responsabilidad penal, y Duran sólo aceptó la responsabilidad civil, no la penal, que no se podía producir por falta de tipificación del delito. No sería hasta las elecciones europeas de 2014, con el descalabro de CiU, cuando Duran i Lleida anunció su dimisión; una dimisión motivada principalmente por su divergencia con los acontecimientos relacionados con los movimientos de independencia en Cataluña, pero que sin duda fueron la gota que colma el vaso de un pasado lleno de sucesos escabrosos^[57].

El caso Palau

El caso Palau

JOAN MARAGALL

Una de las canciones más bellas en lengua catalana es el «Cant de la senyera», que compite con «Els segadors» como himno catalán. El «Cant de la senyera» es una composición del maestro Millet (Lluís Millet i Pagès) de 1896, que estuvo prohibida durante el franquismo^[58] y que, al ser entonada de forma espontánea en el Palau de la Música Catalana en 1960, generó los disturbios conocidos como los «sucesos del Palau», que terminaron con la condena de Jordi Pujol a una pena de cárcel por un tribunal militar, detenido como uno de los instigadores de los hechos^[59].

El maestro Millet, fundador de una institución nacional como es el Orfeó Català, es una figura respetada y hasta venerada en Catalunya. Por esta razón, cuando en 1993 Fèlix Millet, sobrino nieto del maestro, fue nombrado presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, su nombramiento fue considerado una retribución merecida por los esfuerzos de una familia profundamente comprometida con la causa del catalanisme^[60].

Desde este puesto privilegiado, Fèlix Millet impulsó la renovación del Palau a base de patrocinios, contribuyendo a la salud y al desarrollo de la institución como nunca antes se había hecho. Pero lo que la sociedad catalana no intuyó es que, desde el deslumbrante despacho modernista del Palau, Fèlix Millet estaba desarrollando y consolidando una red de clientelismo político, en connivencia con Convergència i Unió, de dimensiones todavía desconocidas, mientras aumentaba su patrimonio desviando fondos a su bolsillo de las donaciones ilegales que se realizaban^[61], incluso a través de talones y dinero en efectivo^[62].

El Palau de la Música es un impresionante edificio modernista obra de Lluís Domènech i Montaner. Se encuentra situado en una pequeña callejuela del barrio antiguo de Barcelona que ofrece poca perspectiva para observar su majestuosidad. Era en este edificio donde Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, director del Palau, recibían a los representantes de las empresas que deseaban adjudicaciones de la Generalitat y donde pactaban las subvenciones a la Fundació del Palau, valiéndose, como explicó la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de «su prestigio y ascendencia moral y de las ventajas que le proporcionaban sus respectivos cargos»^[63]. En algunos casos se realizaron entregas de cheques o efectivo, cantidades que, por supuesto, no fueron declaradas como parte del precio de las adjudicaciones ni, menos aún, como comisiones entre particulares para la adjudicación de un proyecto para el que dichas empresas, además, no encontraban competidores^[64].

En el año 2002 una nota anónima denunciaba el desvío de fondos del Palau de la Música. La denuncia fue archivada sin que se realizase ninguna investigación^[65]. Poco tiempo después, y sin relación con dicho anónimo, la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya encontró anomalías en la gestión de la Fundació del Palau, pero no fue hasta 2009 cuando la fiscalía de Barcelona presentó una querella por apropiación indebida contra Fèlix Millet, Jordi Montull y varios directivos más por el desvío de dos millones de euros del Patronat del Palau^[66]. Como consecuencia de esta denuncia, el 28 de junio de 2009 Fèlix Millet fue destituido de sus cargos en el Patronat así como de la presidencia de Bankpime, después de admitir que había desviado fondos por un importe de 3,3 millones de euros^[67].

En septiembre de 2009, un informe de la Agencia Tributaria concluyó la investigación de este desvío de fondos del Patronat a Convergència Democràtica de Catalunya^[68], estableciendo una relación entre el Palau y la financiación ilegal de partidos políticos. Cuando en octubre se levantó el secreto de sumario, la cifra desviada ascendía ya a más de 35 millones de euros^[69]. Empezaron las confesiones y filtraciones de información. Felip Puig, secretario general adjunto de CDC, admitió haber recibido 600 000 euros de la Fundación del Palau, aunque defendió la legalidad de dichos fondos^[70]. Àngel Colom, por su parte, declaró que había recibido 72 000 euros, en un solo pago y en forma de talón, para cubrir las deudas de una aventura política frustrada, la creación del Partit per la Independència, que se disolvió^[71].

En junio de 2010, la jueza Míriam de Rosa Palacio, titular del Juzgado n.º 10 de Barcelona, decretó prisión incondicional sin fianza, y los imputados ingresaron en prisión^[72]. Estaban imputados por tráfico de influencias y apropiación indebida, pero trece días después se decretó su libertad en un nuevo auto, puesto que ya no existía «riesgo de fuga o de destrucción de pruebas»^[73].

Fèlix Millet y Jordi Montull desviaban una parte de estas donaciones a sus cuentas privadas, en cantidades significativas (se les atribuyen, al menos, 27 millones de euros con destino a sus cuentas particulares). Esta rutina corrupta, que parecía bajo control, estalló en el momento en que se intentó una operación urbanística para la construcción de un hotel, con la connivencia del Ayuntamiento de Barcelona, que llegó a otorgar una licencia de dudosa legalidad. La licencia fue denunciada por la exconcejala del distrito barcelonés de Ciutat Vella, Itziar González. Para conseguir esta autorización, se habían realizado sobornos y ejercido presiones de todo tipo sobre los funcionarios municipales^[74]. El hotel hubiera generado unos beneficios inmensos a la sociedad delictiva de Millet y Montull. La sentencia del caso llegó en mayo de 2014^[75].

Los bienes de Montull y Millet fueron embargados en marzo de 2012, dos años después de su excarcelación. Hoy, Millet ha pagado ya más de 5 millones de euros. Por su parte, el juez reclama 3,3 millones a Convergència i Unió, que se vio obligada a presentar un aval contra su sede^[76]; la sede del partido que presidía Jordi Pujol, aquel que pisó la cárcel por primera vez por cantar un himno de Joan Maragall con música del maestro Millet. Triste cierre de una historia circular.

Como he mencionado anteriormente, las últimas noticias se produjeron en mayo de 2014, cuando el tribunal de la Audiencia de Barcelona condenó a Fèlix Millet y a Jordi Montull a dos penas de seis meses para cada uno por tráfico de influencias^[77]. En esta sentencia se describe, en concreto, el uso de la influencia de la Fundació Palau, representada por Millet y Montull, para conseguir la adjudicación de terrenos públicos de uso cultural, pertenecientes al colegio La Salle. Millet y Montull, representando a la Fundació, firmaron previamente la cesión de todos los derechos de propiedad de los terrenos a la empresa Olivia Hotels S. A., una vez que se llevara a cabo la adjudicación a la Fundació y cambiase su uso. Este convenio, cuyo informe era preceptivo, se ocultó a la sociedad catalana^[78].

El convenio establecía que las fincas, tras doce años de propiedad por parte de la empresa hotelera, podrían cambiar su recalificación a uso residencial. Aquí pesaban los intereses especulativos de Millet y Montull, que se beneficiarían de comisiones —obviamente, no mencionadas en los convenios— por la «gestión» con la Generalitat del cambio de función de los terrenos. Intereses especulativos que se materializaron incluso con la entrega, por parte del representante de Olivia Hotels S. A., de 900 000 euros, en cheques (cinco talones con un valor total de 470 000 euros) y efectivo, para que la Fundació llevara a cabo las gestiones necesarias para obtener los permisos requeridos para la adjudicación de los terrenos, enmascarando la nueva titularidad^[79].

Para la obtención de los permisos necesarios, los condenados se prevalieron del «prestigio y ascendencia moral» de la Fundació en la sociedad catalana, incurriendo en verdades sesgadas y desviando la atención de Ramón García-Bragado y Acín y de Ramon Massaguer Meléndez —concejal y gerente de Urbanismo, respectivamente— a otros pormenores distintos de la existencia de los convenios de cesión a Olivia S. A.^[80]

Se consideró, por tanto, probado el delito de tráfico de influencias tipificado en el Código Penal. Sin embargo, la sentencia descartó que Ramón García-Bragado y Acín y Ramon Massaguer Meléndez hubieran incurrido en un delito de prevaricación o en un delito de falsedad documental. Millet fue condenado a una multa de 3 604 857 euros y Montull a una de 901 214,40 euros, así como a una pena de prisión de seis meses y al decomiso de los 900 000 euros recibidos en concepto de dádiva por parte del representante de Olivia Hotels S. A.^[81]

A partir de las investigaciones del caso Palau se han segregado una serie de piezas, y además de la mencionada, tenemos la correspondiente a las comisiones ilegales de Ferrovial que financiaron a CDC, aún sin sentencia^[82]. Esta pieza está pendiente de juicio oral contra Fèlix Millet y Jordi Montull (con una petición de 27 años de cárcel), Daniel Osàcar (extesorero de CDC), Jaume Camps (exdiputado de CDC) y diversos directivos de Ferrovial. Asimismo, imputó a Convergència Democràtica de Catalunya como responsable civil como partícipe a título lucrativo del desfalco del Palau de la Música llevado a cabo por Fèlix Millet y Jordi Montull, que se prevalieron de «la situación de poder absoluto que le otorgaban sus distintos cargos» en el Palau^[83]. Aún está pendiente de juicio, pero el juez de instrucción concluye que se trata de un notorio ejemplo de corrupción institucionalizada para intercambiar adjudicaciones de contratos públicos con generosas donaciones que terminan financiando las arcas de varias organizaciones políticas (UDC, Convergència i Unió y, en menor medida, el Partit per la Independència), así como en beneficio particular de los imputados^[84].

En el auto de 47 páginas, el juez describe el modus operandi de la trama. Ferrovial ingresaba una donación por «el concepto de patrocinio» a la Fundació Privada Orfeó Català —Palau de la Música—, una de las tres entidades que forman el entramado del Palau de la Música y que controlaba Millet, y ésta los transfería a CDC. El destino final del dinero no tenía nada que ver con la institución cultural^[85].

El auto enumera asimismo las obras que habrían conllevado esta desviación de fondos. De estas obras, la empresa Ferrovial «abonaba, por regla general, una comisión del 4 por ciento del importe de la obra pública adjudicada, y de ese 4 por ciento un 2,5 por ciento se asignaba a Convergència y el 1,5 por ciento restante para Millet y Montull por su intermediación». Éstos se repartían después esas cantidades. Y afirma el auto que el dirigente de CDC «recibió alguna remuneración por su intermediación». Los pagos se hacían «mediante entregas en efectivo a los tesoreros del partido, mediante facturación mendaz por entidades mercantiles que se prestaron a ello y mediante convenios de colaboración aparente suscritos por la Associació Orfeó Català y la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana con la Fundació Trias Fargas, directamente vinculada al partido Convergencia Democrática de Catalunya». En total, según el auto, el partido que lidera Artur Mas hoy en día recibió 5 180 202,37 euros a través de comisiones ilícitas^[86].

El juez instructor del caso acredita, además, que entre 2005 y 2009 Millet, Jordi Montull y Gemma Montull (su hija) desviaron dinero del Palau para realizar obras en sus viviendas, a través de facturas a empresas que finalmente pagaba el Palau de la Música, por un total de 3 175 175,45 euros. Además, el auto afirma que emitieron facturas falsas para enriquecerse con servicios inexistentes entre los años 2008 y 2009 por 1 027 189 euros (sin IVA); se pagaron las bodas de las hijas de Millet (en 2000 y 2002) por 164 269,93 euros, la publicación de un libro de Jordi Montull (Trenta anys d’il·lusions, que nada tenía que ver con la institución del Palau) por 19 026,80 euros y «viajes de placer» por todo el mundo (México, Cerdeña, la Polinesia, Tailandia, Kenia, las islas Maldivas y Dubai) por 651 456,59 euros, a lo que hay que sumar otros desvíos de fondos entre 2002 y 2009^[87]. La lista es interminable y obscena.

La trama incluiría, además, otra lista de corruptelas: la confección de documentación falsa, operaciones inmobiliarias a través de empresas controladas por Millet y Montull elevando el precio del coste en el mercado libre, y por tanto «enriqueciéndose con el sobreprecio», entre 2004 y 2009, y, por último, fraude a la Hacienda Pública por el impago del IVA del año 2007. «La suma indebidamente devuelta por la Hacienda Pública y recibida por dicha entidad por el ejercicio 2007 asciende a 549 749,31 euros»^[88].

El caso Palau ha mostrado lo peor de una clase dirigente que primero intentó negar el escándalo, a continuación atacó a la Administración de Justicia, amedrentó a los testigos después y, para finalizar, empleó todos los recursos a su alcance para influir en las decisiones de los jueces con el objetivo de evitar condenas o de reducirlas al máximo. Para la sociedad catalana ha supuesto una llamada de atención. En nombre del catalanismo algunos han depredado, y la protección que diversas instancias de la Generalitat desplegaron sobre Millet, por ejemplo rechazando pedir la restitución de 900 000 euros cuando disponía de dicho derecho, ha llevado a la ciudadanía a la conclusión de que la justicia no es igual para todos^[89].

Lo que sucedía en Cataluña era una corrupción sistemática, imposible de ignorar y que, sin embargo, no fue perseguida hasta que en 2009 comenzaron las investigaciones. Pero era vox populi; en un pleno del Parlament de Catalunya de marzo de 2005, Pasqual Maragall, nieto del poeta Joan Maragall, acusó a Convergència i Unió, la coalición liderada por Artur Mas, de cobrar comisiones de un 3 por ciento en todas las obras públicas en el territorio catalán. «Ustedes tienen un problema, el tres por ciento», dijo el presidente Maragall en sede parlamentaria, verbalizando así un secreto a voces, el de la presencia de la corrupción a nivel institucional^[90]. Artur Mas le pidió que se retractara o retiraría su apoyo al Estatut. Maragall se retractó en la misma sesión, al darse cuenta de la seriedad de la amenaza de Mas. El recorrido del nuevo Estatut estaba siendo tormentoso (un apoyo poco decidido por parte de CiU, la oposición de ERC y un PP indeciso), y el bloqueo de CiU descarrilaría ese tren definitivamente y, con ello, la última esperanza de Maragall de acabar su carrera política con el nuevo Estatut^[91].

Varios años más tarde estalló el caso Palau, que sigue resquebrajando los cimientos del catalanisme y exponiendo las conexiones y la triste endogamia de una clase dirigente que ha regido los destinos de Cataluña de forma ininterrumpida desde el Noucentisme.

En los casos de financiación ilegal, además de la sustracción de las comisiones que se obtienen para financiar al partido político de que se trate, habitualmente el comisionista retiene una parte para su uso particular, como ocurrió en el recién analizado caso Palau. Pero este tipo de actuación se aprecia en distintos casos. En el caso Filesa, de financiación ilegal del PSOE, la comisionista Aída Álvarez se construyó un chalet de más 200 millones de pesetas, con todo tipo de lujos, sin licencia municipal, en el distrito madrileño de Chamartín, cuyo derribo fue finalmente ordenado^[92]. En las conversaciones grabadas en el caso Naseiro queda claro que diversos implicados se repartieron personalmente una parte de las comisiones que no llegaban al partido^[93]. En el caso Bárcenas existen 45 millones de euros en Suiza sin explicar^[94]. Por tanto, se puede afirmar que en casi todos los casos de corrupción existe la figura del comisionista que, o bien enriquece su patrimonio personal desviando parte de los fondos recaudados ilegalmente para el partido, o bien obtiene una remuneración ilegal por formar parte del esquema defraudatorio.

No resulta por tanto demasiado atrevido afirmar que, para la obtención de donaciones ilegales, los partidos recurren a terceras personas con unos parámetros éticos más que dudosos, poco fiables y menos honorables, y cuyos comportamientos con respecto a las comisiones que reciben son de todo menos comedidos.

Por desgracia, no se trata de un problema aislado, ni en España ni en el mundo. La primera década del siglo XXI presenta una serie de escándalos a lo largo y ancho del planeta, fruto previsiblemente de un crecimiento económico que se creía imparable. En Grecia los escándalos financieros se han sucedido a un ritmo frenético. Ahí están los acuerdos entre Siemens AG y funcionarios del Gobierno griego durante los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas, la controversia Mall Athens o la corrupción que tuvo lugar alrededor del Paranga/Koriopolis^[95]. En América Latina la corrupción se extendió a todos los países, implicando a los más altos cargos de la política. El 28 de abril de 2011, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez (presidente entre 1998 y 2002), fue condenado y sentenciado a cinco años de prisión por su papel en el caso de soborno de Alcatel/Instituto Costarricense de Electricidad (ICE^[96]). Un informe elaborado por el Subcomité Permanente del Senado de Estados Unidos (cuentas en Estados Unidos utilizadas por Augusto Pinochet) en 2005 probó que el dictador ocultaba sus ganancias ilícitas en las cuentas bancarias canalizándolas a través de sociedades offshore controladas por miembros de su familia o sus asociados^[97].

En fin, parece bastante paradójico que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fuera firmada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 y que, tres años más tarde, se aprobara la Convención contra la Corrupción por la Resolución 58/4 de 31 de octubre de 2003, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, con 140 estados signatarios. Esto provocó un gran número de comunicaciones y reglamentos por parte de la Unión Europea en un intento de frenar la corrupción, el fraude y cualquier otra actividad ilegal, a través de propuestas de medidas preventivas y cooperación de las administraciones de los estados miembros.

El 19 de junio de 2003, como lo hiciéramos en octubre de 1996 en Ginebra, nos reunimos en París catorce jueces y fiscales de diversos países, entre los que se encontraban Eva Joly, Bernard Bertossa, Antonio di Pietro, Juan Guzmán Tapia, Francesco Borrelli, yo mismo, David M. Crane, Hanne Sophie Greve, Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional, Frantisek Janouch, físico, Pius N’Jawe, periodista, y los premios Nobel John Charles Polanyi, Aung San Suun Kyi, Wole Soyinka y Yolanda Pulecio, madre de la entonces rehén de las FARC Ingrid Betancourt (El País), y dimos forma a la Declaración de París contra los efectos devastadores de la gran corrupción y la impunidad. El objetivo de esta iniciativa fue «dar un impulso decisivo contra la gran corrupción en los sectores de riesgo (energía, construcción, armamento, aeronáutica, industrias mineras), principalmente en los países occidentales, cuyos bancos y grandes empresas se encuentran en el centro de dichos tráficos», porque «la explosión de los mercados abiertos favoreció prácticas de descuentos y comisiones, que se desarrollaron de manera preocupante hasta el punto de invadir sectores enteros de la economía». Para afrontar estos retos pedíamos: la suspensión de la inmunidad diplomática parlamentaria y judicial durante las investigaciones; la supresión de recursos dilatorios en la cooperación judicial; la prohibición a los bancos de abrir sucursales o de aceptar fondos procedentes de las instaladas en países o territorios que se nieguen o apliquen de una forma puramente virtual la cooperación judicial internacional; la obligación de todos los sistemas de transferencias de fondos o valores de organizar con total transparencia los flujos financieros; la creación del delito de enriquecimiento ilícito y la confiscación de los bienes cuyo origen lícito no pueda ser probado por el beneficiario; la creación del crimen de gran corrupción aplicable a las malversaciones mayores de 10 millones de dólares; la obligación de las empresas de consolidar sus cuentas geográficamente, país por país; la competencia judicial al país donde estén radicadas las sedes sociales de las multinacionales, cuando sus filiales en el extranjero sean sospechosas de corrupción y el país respectivo no quiera o no pueda perseguir el crimen; la puesta en marcha de un comité de vigilancia bancario alrededor de los «dirigentes políticamente expuestos» y de su entorno^[98].

Es curioso que en ese momento la Justicia francesa había prohibido la difusión del libro de Eva Joly sobre el caso Elf, cuya edición española yo prologué posteriormente, y que el día anterior se había aprobado una ley en Italia que impedía cualquier acción judicial contra el entonces primer ministro Silvio Berlusconi. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional anuló después esa ley y, gracias a ello, Berlusconi hubo de rendir cuentas ante la Justicia.

Una vez más, la sociedad civil y, en este caso, representantes de la judicatura, la fiscalía y otros ámbitos exigíamos iniciativas que todavía no se han adoptado en la mayoría de los países. La respuesta está, de alguna forma, en este libro. La falta de convicción en esa época y posteriormente en combatir eficazmente la corrupción, porque eso significaría garantizar verdadera igualdad de oportunidades, transparencia y, por ende, ausencia de trampas amparadas en ingenierías financieras, pactos inconfesables de impunidad. Por ello, debe ser esa fuerza social la que haga mover las conciencias y las voluntades para que los márgenes sean cada vez más estrechos.

En concreto, la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, se transpuso en España, con relativa calma, siete años más tarde, el 23 de junio de 2010, a través de la Ley Orgánica 5/2010. Esto supuso una importante modificación del Código Penal y se encuentra en vigor desde diciembre de 2010, reforma de la cual la transposición de la Decisión Marco es uno de los aspectos más importantes.

No obstante, parece que los partidos políticos españoles trabajaran en dos esferas, en universos paralelos. Por un lado, adhiriéndose a iniciativas internacionales de control de la corrupción, y, por otro, desarrollando esquemas más o menos sofisticados para la financiación ilegal de sus partidos, mediante redes de clientelismo que les aseguren la perpetuación en el poder.

Andalucia

ANDALUCÍA

El caso de los ERE

El caso de los ERE

CLAUDIO RODRÍGUEZ

Decía Cervantes que Sevilla era «amparo de pobres y refugio de dechados, que en su grandeza no sólo caben los pequeños, pero no se echa de ver los grandes»^[100]. La delincuencia y la corrupción se encuentran íntimamente ligadas a un modo de vida que se inició en el Siglo de Oro y que ha llegado hasta nuestros días.

El pasado no sirve para explicar el futuro, pero, lamentablemente, nos encontramos con situaciones que recuerdan vivamente los engaños relatados cientos de años atrás. Ni la democracia ni la fuerte autonomía andaluza han conseguido modificar prácticas que hace siglos ya tenían lugar.

El caso de los ERE es paradigmático de la corrupción en Andalucía, tiene ramificaciones en distintas áreas del Gobierno andaluz y sigue creciendo día a día, alimentando un sumario gigantesco con un enorme número de implicados. Para entenderlo es preciso glosar la figura de dos personas, Juan Francisco Trujillo y Francisco Javier Guerrero, que forman el núcleo del que nació y creció la trama delictiva.

Juan Francisco Trujillo, chófer de la Junta de Andalucía, y Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social, eran bien conocidos en los principales locales de la noche sevillana. De hecho, la prensa no se ha cansado de señalar sus gustos por los bares de copas y la cocaína^[101]. Presuntamente, era en estos lugares donde tramaban sus intrigas y disfrutaban de una fiesta continua pagada con subvenciones adjudicadas por Guerrero a Trujillo; el director general llegó presuntamente a adjudicar 1,3 millones de euros a su conductor, que parecía vivir en una juerga sin fin^[102].

Juan Francisco Trujillo representa a la perfección el estereotipo de la picaresca y la corrupción en el siglo XXI. Despreció las leyes y practicó una arbitrariedad que le permitió repartir irregularmente entre sus conocidos y vecinos las subvenciones, como un Robin Hood en versión andaluza^[103]. Cabe preguntarse: ¿cómo pudo pasar inadvertido este descontrol al Tribunal de Cuentas andaluz, que supervisa todos los gastos de las consejerías?

¿En qué ha consistido el fraude de los ERE?

¿En qué ha consistido el fraude de los ERE?

La particular forma de instruir de la jueza Alaya está alarmando incluso a los medios de comunicación más conservadores, que, sin menospreciar el esfuerzo que supone este complicado entramado, corre el riesgo de perderse en una instrucción demasiado enrevesada. Otros medios incluso llegan a percibir un «torpedeo» procesal por parte de la defensa de Griñán y Chaves.

Inicialmente, la causa judicial se refería al «proceso de la concesión de las denominadas ayudas socio laborales y ayudas a empresas», llevada a cabo por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde el año 2000 hasta el 18 de octubre de 2012.

En este caso de casos, abierto como una especie de pulpo gigante, cuyos tentáculos prácticamente lo hacen inabarcable por el volumen de personas, la variedad de las conductas acumuladas, el tipo de delitos y el volumen de las actuaciones que se recogen en una instrucción bastante compleja que parece no tener fin, la jueza instructora número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, elevó el 12 de agosto de 2014 a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una exposición razonada en la que se recogen los elementos o indicios que, en su opinión, podrían dibujar la posible responsabilidad penal de una serie de aforados que ostentaron importantes responsabilidades en la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE desde el inicio de la democracia; a saber, «Manuel Chaves González, José Antonio Viera Chacón y Gaspar Zarrías Arévalo, diputados del Congreso de los Diputados, José Antonio Griñán Martínez, Senador de las Cortes Generales y Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Antonio Ávila Cano, Don Manuel Recio Menéndez y D.ª María del Mar Moreno Ruiz, parlamentarios andaluces por las provincias de Sevilla, Jaén y Almería»^[104].

Según la exposición razonada de la jueza Alaya, la actuación de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía «habría supuesto, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación judicial, la ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millones de euros». Esta actuación ilegal eludía el procedimiento legalmente previsto por la Intervención General de la Junta para el otorgamiento de subvenciones y los controles integrados en éste, así como la normativa estatal y autonómica en materia de subvenciones^[105].

Entre los años 2000 y 2001 se creó un fondo para actuar en los casos de conflictos empresariales que generaran extinciones de empleo para su inclusión en los ejercicios 2002-2009^[106]. Para agilizar el sistema se diseñó un procedimiento administrativo que utilizaba la denominada «transferencia de financiación», un mecanismo sencillo pero muy opaco que fue usado de forma inadecuada y, como se demuestra en la investigación, de forma totalmente discrecional^[107]. Así, como afirma la jueza Alaya en la citada exposición, las transferencias de financiación, «lejos de poder ser utilizadas por la Consejería de Empleo para el pago de las subvenciones concedidas por ella, sólo podían destinarse a equilibrar la cuenta de resultados de las empresas públicas, en este caso del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y, posteriormente, la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) que sustituyó a la anterior». Gracias a este fondo, el director general de Empleo, Javier Guerrero, presuntamente contaba con centenares de millones de los que podía disponer sin control, dado que detentaba la potestad de asignar subvenciones arbitrariamente al permitírselo así, sin necesidad de supervisión, el procedimiento de transferencia de financiación^[108].

Tal como queda constatado en la investigación sumarial, en Andalucía las leyes de presupuestos concedían fondos a la Consejería de Empleo para el fondo de los ERE, que eran posteriormente transferidos a la IDEA^[109]. A continuación, esta sociedad pública pagaba a las aseguradoras que subvencionaban los pagos de los ERE. Javier Guerrero decidía a quién debía transferir fondos la citada agencia. Por ejemplo, incluyó a su suegra en un ERE de la empresa SOS Cuétara (430 000 euros^[110]) o asignó a su chófer una subvención de 1,3 millones de euros^[111], llegando a abrir una «ventanilla» en la que recibía a peticionarios y desde la que, de forma arbitraria, admitía aquellos casos que creía más necesarios (o más amigos) en los ERE que se estuvieran preparando con IDEA^[112].

Es decir, una empresa con una condición económica complicada acudía al despacho de Javier Guerrero y explicaba su situación. Como director general de Empleo, Guerrero concedía la ayuda sin apenas comprobación e incluso, en caso de que hubieran acudido a él con alguna situación personal complicada, añadía a personas que no se encontraban en la plantilla de la empresa afectada, para que obtuvieran las indemnizaciones provenientes de los fondos públicos.

En el año 2005, la Intervención de la Junta advirtió de la ilegalidad del procedimiento y lo notificó a la Consejería de Empleo. Incomprensiblemente, por la razón que fuera, la cadena de responsabilidades se interrumpió o no funcionó y nadie hizo nada para que cesara esa situación ni ordenó que se investigaran las irregularidades, lo que en principio podría sugerir un evidente descontrol en ese ámbito de responsabilidad tan sensible.

Según la investigación de la jueza, que ella misma pone de manifiesto en la exposición razonada elevada al TS, habría una tercera etapa en la actuación presuntamente delictiva, con dos momentos diversos: «el primero, el ejercicio 2010, en el cual desapareció del Presupuesto de la Consejería de Empleo, las transferencias de financiación a IDEA, pese a lo cual se siguieron concediendo subvenciones sociolaborales de forma manifiestamente irregular. El segundo, desde el 1 de abril de 2011 hasta el 17 de octubre de 2012, tiempo en el que se dictaron dos Órdenes por la Consejería de Empleo, una en 2011 y otra en 2012, aprobando las bases reguladoras de ayudas de la misma naturaleza y la convocatoria respectiva, en las que se regularía el procedimiento adecuado para su concesión, obviando no obstante los límites impuestos por la legislación estatal para este tipo de ayudas. El final de esta etapa comenzó el 18 de octubre de 2012 cuando entró en vigor el Decreto-Ley 4/2012, en el cual se adoptaron medidas extraordinarias, encomendadas por el Parlamento Andaluz, destinadas a contribuir a la financiación pública de las ayudas sociolaborales concedidas o comprometidas en la etapa anterior»^[113].

Debe quedar claro para el lector, en éste y en todos aquellos casos en los que aún no se haya dictado sentencia, que a todos los imputados o las imputadas les afecta y beneficia el principio constitucional de presunción de inocencia (art. 24.2 de la CE). Ello significa que existen indicios de responsabilidad penal, pero no pruebas definitivas que rompan la vigencia de aquel principio. Sólo después del juicio oral, y tras una sentencia, se podrá afirmar si la persona afectada es responsable penal definitiva o no, y sólo después de que se agoten los recursos, que lo es en firme. Por tanto, debe tenerse en cuenta que, más allá de la historia que se cuenta y de las anécdotas que concurran, la trama tiene tanta trascendencia e impacto social que, sin negarlos, ha de ser abordada con prudencia. Pero hay conductas que, sin ser penalmente reprochables, sí lo son políticamente y deben ser asumidas con celeridad para evitar el deterioro de la vida pública española. En esta cadena, tienen una responsabilidad importante los medios de comunicación y el tratamiento que hagan de sus hallazgos en las informaciones que produzcan.

La jueza Alaya inició la investigación judicial en el año 2010, constatando que las cantidades defraudadas eran enormes. En los dos años el importe total ascendió a 136 millones de euros, 50 millones por comisiones a las empresas mediadoras (como Vitalia y Uniter), otros 70 millones por ayudas a empresas que no reunían las condiciones adecuadas y 12,3 millones más por la incorporación de intrusos en los ERE^[114].

El grupo de imputados, que hasta la fecha asciende a 266 personas^[115], es de corte vertical y afecta a todos los estratos de la clase política andaluza. En el caso están implicados una pluralidad de actores de lo más diverso: cargos políticos de la Junta (consejeros, directores generales, etc.); empresas intermediarias en los ERE, como Vitalia y Uniter; sindicatos como UGT; el presidente de Unicaja, Braulio Medel; la que fuera consejera de Economía, Magdalena Álvarez; el expresidente de la caja de ahorros el Monte de Piedad… hasta una limpiadora que participó irregularmente en un ERE fraudulento.

El Tribunal Supremo, en un auto del 13 de noviembre de 2014, consideró que los hechos, tal y como los describe la jueza, podrían presentar caracteres de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, pero recalcó que será el instructor el que decida si hay indicios de delito de los aforados^[116]. Es decir, lo que el Tribunal Supremo hizo en esta resolución fue valorar prima facie si se daban los elementos necesarios para examinar su competencia (existencia de aforados) y, a partir de ahí, habilitar al magistrado de la misma sala designado como juez instructor para que decida si existen o no indicios. Por tanto, técnicamente los imputados lo son para que puedan defenderse, pero aún no se ha decidido si se reclamará el suplicatorio al Parlamento para continuar el proceso contra ellos y con la intención de juzgarlos. Habrá que esperar por tanto a las diligencias que aquél practique y, especialmente, a las declaraciones de los afectados, que ya han sido llamados a declarar a partir del 14 de abril como imputados, por una mera providencia, sin hechos relatados en un auto (como debería de haberse hecho para respetar las garantías constitucionales) a fin de no interferir en las elecciones andaluzas de marzo. Con esto, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, ha conseguido el efecto contrario, que toda la campaña se centre sobre este tema y sin que los citados puedan defenderse, ni en el Tribunal Supremo, ni ante la jueza Alaya. Realmente, una vez más, la decisión no es precisamente un ejemplo de garantías procesales.

Los beneficiarios de los ERE se pueden clasificar, según la investigación de la jueza Alaya, en varios grupos. En primer lugar, las aseguradoras que participaron en el esquema y que, sin competencia, manejaban las subvenciones, como las mencionadas Vitalia o Uniter^[117], que presuntamente se quedaban con el 25 por ciento de lo percibido en concepto de comisión, y que a su vez se repartían con UGT; en segundo término, los repartos con diferentes bufetes de abogados y, en tercer lugar, los beneficiarios individuales, que fueron irregularmente incluidos en los ERE o que recibieron subvenciones sin tener derecho a ellas por no haber realizado siquiera una prestación laboral^[118].

Este caso presenta una radiografía clara que diagnostica, aparentemente, una metástasis en el modelo de subvenciones y clientelismo político de la Junta en ese momento. De su tamaño y alcance se puede deducir la gravedad de la enfermedad, por cuanto desde el organismo afectado se banalizan hasta tal punto comportamientos que infringen abundantes tipos penales, como prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública, etc., que uno tiene la impresión de que la falta de conciencia entre lo lícito e ilícito ha llegado hasta tal punto que sólo por la creencia de hallarse uno en lo más estrictamente privado de lo público se podría entender, y con dificultad, lo que presuntamente ha sucedido a lo largo de una serie de años en la Administración andaluza^[119]. Por supuesto que habrá que esperar a la resolución judicial del caso, lo cual es complicado por las dimensiones de la causa, pero, de momento, el deterioro del propio sistema político es de tal envergadura que será difícil restañarlo. Y ésta es una responsabilidad de quienes han permitido esta situación, en la que de nuevo ha primado la impunidad sobre la rendición de cuentas y la transparencia.

Deben destacarse, sin embargo, en este punto dos formas bien diferentes de afrontar esta importante crisis de credibilidad política. Los anteriores presidentes de la Junta de Andalucía no supieron o no quisieron afrontar la responsabilidad que les correspondía, mientras que la actual presidenta, Susana Díaz, ha convertido la transparencia en un valor en desarrollo en su mandato. Quizá por ello y por la ineficaz estrategia que el Partido Popular sigue en Andalucía, sin comprender la idiosincrasia de un pueblo que ha sufrido y sufre mucho por las políticas neoconservadoras que aquél aplica a nivel nacional, el Partido Socialista ha mantenido y aumentado su mayoría en las últimas elecciones europeas, a pesar de sufrir el mayor escándalo de corrupción que se conoce en esta Comunidad Autónoma^[120]. En todo caso, una vez más, como ha acontecido en otros lugares de España, hasta la fecha la corrupción sólo produce la pérdida de votos del partido implicado, pero sin que ésta se transforme en un aumento de los votos al resto de los partidos. Como se dice en otro lugar de esta obra, la ideologización de los votantes puede llevar a una ceguera respecto de los males que los comportamientos corruptos suponen para la propia convivencia democrática.

El caso Mercasevilla

El caso Mercasevilla

El de los ERE no es el único caso de presunta corrupción que se investiga en Andalucía. La grabación que dio origen al caso Mercasevilla, avalada por el TSJA, no sólo es una prueba de un evidente cohecho, sino de comportamientos tan obscenos —y llevados con tanta naturalidad— que, a los primeros minutos, uno puede llegar a pensar que tal falta de ética no puede ser más que fruto de una mala broma^[121].

La investigación en torno a los presuntos fraudes que rodean a la empresa municipal Mercasevilla abrió cuatro procedimientos. En primer lugar, la instrucción por cohecho que conllevó la condena del exdirector general de la empresa, Fernando Mellet, del subdirector general, Daniel Ponce^[122], y de Antonio Rivas (exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía), primero por la Audiencia de Sevilla y luego confirmada por el TSJ de Andalucía^[123]. Fueron condenados «por solicitar 450 000 euros a cambio de otorgar a un grupo empresarial la concesión de la explotación de una Escuela de Hostelería cuya instalación se iba a materializar mediante una subvención de 900 000 euros concedida por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La subvención se concedió a la Fundación Socio-Asistencial Mercasevilla, que a su vez es una entidad instrumental de Mercasevilla, S. A., sociedad municipal que fue creada para la gestión en régimen de municipalización de los servicios de mercados centrales mayoristas y matadero de Sevilla»^[124]. Sin embargo, Antonio Rivas fue posteriormente absuelto en casación por el Tribunal Supremo, que consideró que durante el proceso había sido vulnerada su presunción de inocencia^[125].

En segundo lugar, dio origen al caso conocido como «los terrenos de Mercasevilla», que investiga presuntas irregularidades («concurso fraudulento») en la venta de unos terrenos propiedad de la empresa municipal, en la que presuntamente se favoreció a la empresa Sanma, filial de la constructora Sando. La instrucción lleva cinco años en curso. A principios de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla estimó un recurso de la fiscalía que anuló el auto en el que la jueza Alaya imputó por este presunto fraude a dieciséis personas, entre ellas al exprimer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y al exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño. Según el informe de la Fiscalía, Alaya sumó al procedimiento, una vez concluida la instrucción, documentación aportada por dos imputadas y ordenó nuevas diligencias. La Audiencia, por tanto, ordenó que se retrotrajeran las actuaciones al trámite anterior del auto, que daba por concluida la instrucción y que convertía las diligencias previas en procedimiento abreviado^[126], y la jueza Alaya volvió a dictar auto de transformación para Antonio Rodrigo Torrijos, para quien el fiscal pide pena de cárcel^[127], y otras quince personas, entre las que se encuentra de nuevo Fernando Mellet^[128].

Un tercer caso es el que se refiere a la gestión del ERE solicitado por Mercasevilla, presentado y ejecutado por el mercado central de abastos de Sevilla en el año 2007. Un ERE que fue declarado nulo por utilizar el mecanismo de forma fraudulenta, ya que la empresa Mercasevilla «no puede acordar indemnizaciones que superen con mucho los límites legales, mucho menos como en este caso en el que se pretendía pactar estas indemnizaciones pero no pagarlas sino que fueran financiadas por la Junta»^[129]. A partir de esta investigación se descubrieron numerosas prejubilaciones falsas que dieron lugar a la apertura del caso de los ERE analizado.

En una última causa, se imputa a los antiguos dirigentes de la empresa Mercasevilla por delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación de la gestión de una guardería. La investigación estaba siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción n.º 7, que lo remitió a la jueza Alaya por su conexión con los casos que instruye en torno a la empresa municipal. Por esta causa está imputado de nuevo Fernando Mellet, quien, presuntamente, adjudicó la concesión administrativa de la referida guardería «sin tener competencias delegadas para ello, sin seguir procedimiento alguno y sin respeto a los principios de publicidad y concurrencia»^[130].

La Fiscalía ha pedido, además, abrir una nueva causa por las presuntas falsedades en las facturas de Mercasevilla^[131].

Cursos de formación

Cursos de formación

No acaban aquí los casos relacionados con la Junta de Andalucía, pues todavía tenemos el caso del fraude de los cursos de formación, actualmente en investigación (Operación Edu), que ha resultado en varias detenciones en distintas provincias y en el que están imputados el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (también imputado en los ERE), entre otros. La operación investiga las presuntas irregularidades detectadas en la obtención de subvenciones por parte de determinadas personas físicas y empresas en los planes de promoción de empleo ejecutados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía. La UDEF estima que la cifra aproximada de la estafa asciende a más de 2000 millones de euros^[132].

Como el caudal que no cesa, pero ahora en el ámbito sindical, está el caso de las ayudas y subvenciones a UGT en Andalucía, en el marco de la Operación Cirene. El Gobierno de Susana Díaz elevó en octubre a 15,3 millones de euros la cantidad que solicitaba que devolviera el sindicato por los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT-A iniciados y tramitados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por presuntas irregularidades y falta de justificación en dichas ayudas^[133]. Este asunto conllevó la detención de catorce personas en Sevilla, Jaén y Madrid^[134], entre ellas el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A, Federico Fresneda, que fuera responsable de las finanzas del sindicato^[135].

Finalmente, aunque quedan bastantes, la Operación Enredadera (el caso Madeja) es una investigación que se refiere a las irregularidades en los contratos a Fitonovo y los supuestos pagos y regalos a exaltos cargos del Ayuntamiento de Sevilla a cambio de contratos irregulares, y en la que fueron detenidas treinta y dos personas en distintas provincias a lo largo y ancho del país^[136]. La jueza ha pedido al fiscal que se pronuncie acerca de si debe enviar la investigación a la Audiencia Nacional por afectar a varias provincias^[137]. Se ha ordenado, además, el ingreso en prisión de Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de Adif en Sevilla, que cobró 428 000 euros en «mordidas» y que podría dejar la prisión si abona una fianza de 90 000; de Enrique José Finch Ramos, directivo de Adif Córdoba a quien la jueza acusa de haber cobrado en comisiones 1 004 624 euros entre los años 2003 y 2012, y del exjefe del Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla, Carlos Podio.

Baleares

BALEARES

En el mes de agosto de 1995, me desplacé como juez central de instrucción hasta Palma de Mallorca para dirigir la detención del grupo de ETA que tenía la intención de atentar contra el rey, con un rifle de mira telescópica acomodada para tener un mayor alcance y cuya oscilación sobre el blanco a seiscientos metros no era mayor a un par de centímetros. Entré junto con la policía en el piso en el que estaban armados los terroristas Iñaki Rego (el padre ya había sido detenido en el barco La Belle Poule) y Jorge García Sertucha, y aquélla, en una acción fulgurante, detuvo a ambos; yo mismo, en presencia del fiscal Jesús Santos, bajé de lo alto de un armario una olla exprés bomba. Hasta ese momento pensaba que en esas maravillosas islas no pasaba nada malo ni sucio, porque parecía que estaban protegidas por el mar Mediterráneo. Por lo que relato a continuación, estaba equivocado, o quizá la podredumbre comenzó después si exceptuamos el caso Calvià, por el que en 1993 fueron condenados dos militantes del PP por el intento de soborno a un concejal del PSOE para que diera la alcaldía de ese municipio al Partido Popular.

El caso Palma Arena/Matas

El caso Palma Arena/Matas

En una interpelación parlamentaria realizada el 21 de septiembre de 2004 en el Parlament de les Illes Balears, se oyeron frases de este estilo: «Los siete que fueron al Rasputín estaban como locos por ir allí. Estando en un hotel de primera categoría como el Kempinsky, no hay nadie que por la noche se le ocurra salir si no se le ofrece algo especialmente atractivo para su gusto. Como decía el conseller en la Comisión de Turismo, dadas las condiciones meteorológicas de nieve, lluvia fuerte e intensa y frío propio de febrero […] la pregunta se hizo y quedó en el aire: ¿quiénes fueron las otras seis personas a las que se pagaron con fondos públicos los gastos del prostíbulo?, ¿qué miembros de la expedición estuvieron en el Rasputín? Es la pregunta que todos nos hacemos»^[139].

El club Rasputín está considerado como uno de los locales de striptease más sofisticados de Moscú. Se anuncia como un local de karaoke, pero en realidad se trata de un burdel espectáculo en el que se ofrecen saunas turcas, finlandesas o japonesas. Cualquier servicio adicional debe negociarse directamente con las bailarinas del establecimiento^[140].

El 26 de febrero de 2004, el Real Club Deportivo Mallorca jugaba un partido de ida de la UEFA League contra el Spartak de Moscú. Al Govern de les Illes Balears, aprovechando la celebración del partido, se le ocurrió entonces la idea de preparar un viaje para la promoción turística balear. Una parte de la comitiva (siete personas, Jaume Matas entre ellos) decidió ir al club Rasputín^[141] para celebrar la victoria del RCD Mallorca sobre el Spartak de Moscú por dos goles a cero. El recibo de esta «fiesta» se pasó como gasto de representación y apareció entre los gastos de la expedición a Rusia en una inspección rutinaria. El Partido Socialista Balear realizó entonces una interpelación en el Parlamento y el tema se debatió en sede parlamentaria. Matas reconoció haber estado en el local, pero, según sus propias palabras: «Me fui el primero y solo al hotel». El presidente hizo dimitir a Carlos Alia, director general de Turismo de las Baleares, pero el revuelo provocado por la visita perduró durante mucho tiempo en la política isleña^[142].

El caso Palma Arena, que consta de 28 piezas (una el caso Nóos, que veremos más adelante) y en el que sólo se han dictado hasta la fecha dos sentencias (la última en febrero de 2015, en la que el Tribunal Supremo confirma la multa impuesta y pago del importe del cohecho pasivo impropio de Matas al cobrar a un hotelero por el contrato ficticio de su esposa, cuando en realidad ocultaba una pura y simple donación disfrazada de salario por el trabajo de ésta), es la demostración perfecta de cómo Jaume Matas, president en ese entonces de la Comunidad balear, actuaba con una falta total de escrúpulos, con un deprecio evidente por cualquier principio ético y estético del servicio público, adornando las tretas con detalles caricaturescos y casi humorísticos: compras suntuarias con billetes de cien euros, lujo decadente en palacetes o la contratación de periodistas de cabecera^[143].

El PP siempre había ganado las elecciones en Baleares. Sin embargo, en las de 1999, tras un reguero de escándalos que acabarían con el president Gabriel Canyelles declarado culpable por una serie de delitos ya prescritos, el PP perdió la mayoría absoluta y Francesc Antich consiguió una mayoría alternativa, desplazando al PP a la oposición. La izquierda gobernó durante cuatro años y Jaume Matas fue llamado a Madrid para tomar posesión de la cartera de Medio Ambiente en el Ejecutivo de José María Aznar. En 2003 Matas consiguió recuperar el mandato en una legislatura en la que la corrupción se desató de forma galopante^[144].

En las elecciones de 2007 perdió de nuevo la presidencia, dejando por segunda vez el Gobierno en manos de Francesc Antich, que empezó a levantar las alfombras y descubrió un enorme sobrecoste en la construcción del pabellón multideportivo Palma Arena^[145]. El conseller de Deportes del Govern Balear, del Partido Socialista, lo denunció entonces en el Parlamento. Tras esta denuncia, en agosto de 2008 el Juzgado n.º 3 de Palma de Mallorca inició la investigación judicial de este caso —que se convertiría en el caso Matas—, en el que, junto con él, otras muchas personas resultaron imputadas^[146].

Hay que decir que la etapa durante la que Matas ostentó la cartera ministerial en Madrid le sirvió para descubrir los entresijos del poder con mayúsculas, mostrando un arrojo notable en temas tales como el Plan Hidrológico, que sacó adelante en 2001 sin consenso, enfrentándose a una gran oposición y mediante una serie de acciones de muy dudosa rentabilidad, sobre todo las referentes al trasvase del Ebro. El discurso pronunciado por Matas sobre este plan fue redactado por el periodista Antonio Alemany^[147]. El plan sería modificado en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero^[148].

Cuando Matas retomó el poder en las islas en el año 2003, ya había dejado por el camino cualquier escrúpulo que hubiera podido tener en el pasado, desencadenando una actividad febril en el Gobierno autonómico, sin ningún complejo y con escaso respeto a la legalidad, y, tal como se descubrió posteriormente, completamente orientada a su enriquecimiento personal. Para todo ello, en el más estricto sentido de propaganda goebbeliana, el Gobierno se hizo con el apoyo de un sector de la prensa, a través del periodista Antonio Alemany y del periódico El Mundo-El Día de Baleares que, con su nuevo director, Eduardo Inda, se convertiría en el arma propagandística de Matas y su Gobierno. Así, ante la derrota electoral de Matas en 2007 afirmaba que «el electorado no se ha portado como una sociedad centrada, moderada y liberal olvidando la eficacia y moderación que ha regido el gobierno de Matas». Quizá sería que, por esta vez, el pueblo se dio cuenta mucho antes que la Justicia de lo que estaba sucediendo y decidió dar la oportunidad a otra formación.

Antonio Alemany no sólo escribía los discursos de Matas, sino que simultaneaba los artículos alabando la labor del Ejecutivo balear en el periódico de Pedro J. Ramírez con el ataque continuado a sus opositores. Alemany estaba en la nómina de El Mundo, pero para recompensar su trabajo «extra» Matas, según las investigaciones judiciales, se saltó todos los controles posibles y entre 2003 y 2007 entregó hasta casi medio millón de euros a las empresas del que era columnista Antonio Alemany. Con ello adquirió el dudoso privilegio de ser condenado, en el primer juicio de la serie Matas^[149], a tres años y nueve meses de prisión por prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias^[150]. Por esta sentencia, la Audiencia de Palma condenó también a seis años de cárcel a Jaume Matas por considerarle culpable de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración, delitos que suman una condena de cinco años y tres meses, a los que se añaden nueve meses más por tráfico de influencias^[151]. Es la primera pieza penal que llega a juicio de las veintiocho que integran el caso Palma Arena, y que investigan la supuesta gestión corrupta y el enriquecimiento personal de Jaume Matas.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca señala en su sentencia como hechos probados que la exjefa de gabinete de Matas, María Umbert (absuelta), «convenientemente asesorada», expuso a Alemany que su contratación para la redacción de los discursos del presidente balear sólo era viable a través de un contrato menor o de su designación como asesor del presidente. Alemany rechazó ambas, según recoge la sentencia, «sea porque el máximo a percibir a través de un contrato menor era el de 12 000 euros sea porque su contratación como asesor personal, aun cuando de mayor dotación, ni le era satisfactoria profesionalmente ni le era rentable económicamente, pues quería seguir manteniendo su colaboración tanto como articulista con el periódico El Mundo/El Día de Baleares»^[152]. Por lo tanto, establecieron un acuerdo: Alemany presentaría facturas por sus servicios, no por trabajos singulares realizados, sino englobados en facturas mensuales, por importe de 2000 euros. Como señala la sentencia, «interesado como estaba el señor Matas en los servicios del señor Alemany, para que el periodista pudiera seguir con su trabajo como articulista haciendo crónica político-social (lo que indirectamente, por afinidad ideológica con el Partido Popular iba a comportar naturalmente un beneficio, sea al partido o al Presidente)», Matas decidió «acudir a alguna estratagema que garantizara aquellos objetivos», algo que quedaría a cargo de las cuentas de las Islas Baleares. Así, Jaume Matas, «con la colaboración fundada de otras personas […], concibió la idea de arbitrar un concurso público» impulsado por un órgano de la Administración bajo el control del presidente, que por la vía de urgencia permitiera restringir al máximo la concurrencia de licitadores, y que participara en este concurso una empresa de total confianza, «a la que se le facilitaría la máxima información previa para colmar sobradamente la oferta, y que a su vez fuese de la confianza de Alemany». Aquí es donde entra el empresario Miguel Romero de la Cerda, condenado a un año y un mes, al que Matas «rogó» que se presentara, «explicándole que su único objeto era el de pagar al señor Alemany, que ya estaba al tanto de todo»^[153]. El contrato se llevó a cabo según la voluntad de Jaume Matas, y, según la Audiencia Provincial, bajo esta fórmula fraudulenta se acordó el pago de más de 110 000 euros entre los años 2003 y 2005. Más tarde, el director general de Matas emitió un informe «donde, faltando a la verdad», indicó que el contrato se estaba ejecutando satisfactoriamente y propuso una prórroga por un plazo de diecinueve meses, por un importe total de otros 87 243 euros hasta 2007, es decir, un total entre 2003 y 2007 de más de 197 000 euros^[154].

«Matas influyó sobre otro funcionario», indica la sentencia. Joan Martorell, exdirector general de Comunicación, fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a un año y seis meses, indicando que Matas, «sea prevaliéndose de su cargo como presidente del Govern, sea prevaliéndose de su relación jerárquica sobre el mismo (en tanto funcionalmente dependía de la Presidencia) para posibilitar el dictado de una resolución que económicamente iba a beneficiar al señor Alemany».

Contra esta sentencia interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente en julio de 2013 rebajó la pena de seis años a nueve meses. El Supremo consideró, aun dando por ciertos los hechos probados por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que todo fue una estratagema para evitar que Alemany tuviera que cumplir la Ley de Incompatibilidades balear, que los servicios objeto de discusión sí se prestaron y, por lo tanto, no se cumplían los requisitos para calificarlo de delito^[155].

En julio de 2014, el expresidente balear y exministro Jaume Matas ingresó en la cárcel^[156]. El único antecedente que existía hasta entonces era el de Barrionuevo, sentenciado a una pena de diez años, de los que sólo pasó tres meses en prisión (se le indultó parcialmente por el Gobierno del Partido Popular y se le confirió el tercer grado), tras haber sido condenado en 1998 por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, realizado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

El 31 de octubre de 2014, tan sólo tres meses después de su ingreso, Matas salía de la cárcel tras obtener el tercer grado penitenciario^[157], una polémica decisión cuando se conoció que la Junta de Tratamiento no era partidaria de concederle el tercer grado, sino el segundo. A pesar de ello, la Dirección General de Prisiones concedió este beneficio al president en lo que los distintos medios y partidos calificaron como un «indulto encubierto»^[158]. Ante esta situación, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 1 de Valladolid emitió un auto en el que revocaba esta decisión, que fue recurrida en apelación por la defensa de Jaume Matas. Sin embargo, en un duro auto de diecisiete páginas, la Audiencia de Palma de Mallorca desestimó el recurso, dudando de su rehabilitación y reinserción social y devolviéndole a la cárcel^[159], porque «la pretensión del tratamiento penitenciario no es otra que la de hacer del interno una persona con la capacidad y la intención de vivir respetando la Ley Penal», y porque «resulta indiscutido que el penado no asume su responsabilidad, actitud que permite cuestionarnos seriamente que se trate de persona rehabilitada y reinsertada»^[160].

Pero el culmen de la corrupción en aquella legislatura, inicialmente tan provechosa para el president, como posteriormente problemática desde el punto de vista judicial, fue el caso Palma Arena. Parecía que las pequeñas corruptelas no eran suficientes y, para demostrarlo, se diseñó una gran trama que le permitió estar a la altura no ya social (era el presidente) sino económica de la jet set balear. Para hacerlo necesitaba recaudar una gran cantidad de fondos de forma rápida e indetectable. El instrumento empleado para lograrlo fue el proyecto del velódromo Palma Arena.

La tradición mallorquina de campeones de ciclismo en pista, que arranca con Guillermo Timoner y llega a Joan Llaneras, hizo fácil reclamar para Palma de Mallorca el título de capital del ciclismo en pista. Por ello se planteó la construcción del templo de esta disciplina deportiva, el velódromo. Con esta idea, y para organizar el campeonato del mundo de 2007, el Govern balear, bajo la presidencia de Matas, puso en marcha el proyecto de construcción del velódromo Palma Arena, presupuestado inicialmente en 27 millones de euros, contratando para ello al arquitecto alemán Ralph Schürmann, experto en la construcción de este tipo de instalaciones^[161]. Una gran inversión para dotar a Palma de Mallorca de una infraestructura merecida y largamente esperada.

Pero algo fue mal y en el año 2006 Schürmann fue despedido tras producirse graves desavenencias, culpando al arquitecto de los sobrecostes y retrasos que habían provocado un significativo aumento del presupuesto en varios tramos, hasta llegar a los 110 millones finales, 83 millones más de lo originariamente presupuestado^[162]. El intento de cargar la responsabilidad sobre Ralph Schürmann fracasó porque el prestigio de este arquitecto es planetario (ha construido las principales infraestructuras de ciclismo del mundo) y porque sus sucesores fueron finalmente procesados en una de las causas derivadas del Palma Arena, llegando a pactar con el juez el pago de una multa, tras aceptar la culpabilidad, así como otras penas menores por delito fiscal^[163].

El caso Palma Arena empezó, pues, como un asunto de sobrecostes de un proyecto público mal presupuestado y mal gestionado, pero se convirtió en una Hidra de mil cabezas. A partir de la instrucción judicial empezaron a segregarse causas hasta llegar a más de treinta^[164]. Las principales se podrían clasificar en tres grandes grupos: en primer lugar, las causas relacionadas con los delitos de malversación de caudales públicos y similares (Antonio Alemany, Calatrava, Palma Arena, etc.); en segundo lugar, las causas directas abiertas contra Jaume Matas (blanqueo de dinero, enriquecimiento ilícito, contratación fraudulenta de su esposa, la compra de su palacete, etc.), y finalmente, por su relevancia, la causa del Instituto Nóos, la famosa pieza 25, en la que aparecen imputados entre otros, y pendientes de juicio, Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, cuñado y hermana respectivamente del actual jefe del Estado, el rey Felipe VI.

La causa 25 se inició en febrero de 2006, cuando el diputado socialista en el Parlament balear Antoni Diéguez difundió que el Govern, entonces presidido por Jaume Matas, había pagado 1,2 millones de euros al Instituto Nóos para que celebrara en Palma de Mallorca, en noviembre de 2012, un foro sobre turismo y deporte^[165], y que, en su opinión, la magnitud del encargo no merecía el abono de tal cantidad. La noticia pasó sin pena ni gloria, pero el caso fue creciendo hasta involucrar a la Corona española y convertirse en uno de los casos de corrupción más relevantes de la democracia, por la trascendencia de las personas afectadas y la institución perjudicada (véase el capítulo 6).

¿Qué puede mover a un servidor público, con un sueldo más que razonable y con unas perspectivas de futuro espléndidas, a empezar a gastar dinero público en un reloj Cartier de 12 894 euros, en un Rolex con brillantes y esfera de nácar de 23 000 euros, o a comprar un coche Mini pagando con billetes de 500 euros? Las actividades de enriquecimiento ilícito de la familia Matas eran zafias en extremo, y a los investigadores no les resultó muy complicado descubrir el rastro de dinero en metálico y de gastos suntuarios que rozaban el ridículo. Una casa antigua en el centro de Palma de Mallorca, el palacete de Sant Feliu, valorado en más de 5 millones de euros y por el que Matas dice haber desembolsado 980 000, fue la gota que colmó el vaso. Matas había estado derrochando a manos llenas en lo que parecía una operación de blanqueo de inmensas cantidades de dinero^[166].

El antiguo president había protagonizado una carrera fulgurante: president de las Islas Baleares, luego ministro y de nuevo president, se codeó con lo más granado de la sociedad balear y conoció a los reyes y a las numerosas personalidades que pasaban por Mallorca^[167]. Su actividad corrupta, desvergonzada y gigantesca, ya reconocida en sentencia y a falta de que concluyan todas las investigaciones, se desplegó de forma tan grosera por esa idea de impunidad total en la que se han movido cierto tipo de políticos que, con sus conductas protegidas y defendidas hasta el último momento por las estructuras a las que pertenecían, han enfangado la política como instrumento de cohesión y desarrollo democrático y participativo desde el franquismo hasta ahora. No basta con los casos descubiertos en estos casi cuarenta años de democracia, sino que, a día de hoy, representantes políticos, empresarios y otros individuos con la misma falta de ética estarán urdiendo otros casos de corrupción con los que continuarán insultando a toda una sociedad que se esfuerza en salir adelante día a día, restregándonos su suciedad en nuestras caras, obligándonos a limpiar esa lacra a través de la Justicia, si es que ésta en alguno de sus estratos no cede y nos abandona hasta el próximo escándalo. ¿Cuántos más faltan por salir a la luz? ¿Cuántas cuentas ocultas todavía están por conocerse, cuántos de los que adoctrinan a la sociedad están tan limpios como para que podamos tomarlos como referentes y creer en su discurso? Hay quien dice que no es bueno que existan referentes morales ni ejemplos que seguir; pero pienso que las buenas prácticas son necesarias. En algún momento leí en la prensa que algunos de los políticos españoles en prisión por corrupción se someterían a capacitaciones de rehabilitación para su reincorporación a la vida social cuando llegue el momento. Me parece bien que sea así, frente al cinismo y la soberbia de quienes creen que están por encima del bien y del mal, pero esas capacitaciones deberían extenderse a un ámbito mayor: a toda la esfera pública.

En el año 2013, tuve la ocasión de visitar una cárcel (por llamarla de alguna forma) en la ciudad de Wukro, en Etiopía, de la mano de Ángel Olaran, un padre blanco de Hernani que entrega su vida por los demás como un verdadero héroe moderno en esa alejada tierra abisinia. Estuve hablando con presos por corrupción —algún que otro alcalde y funcionarios—, por malversaciones de unos 500 y 800 euros, condenados a penas de diez y quince años de cárcel en unas condiciones paupérrimas en las que tener un jergón de paja es todo un lujo y en que, para trabajar en los telares, tienes que hundirte en una especie de cubículos en el suelo hasta la cintura. Ante una cámara de televisión y a mis preguntas, reconocían sus delitos y aceptaban la condena y que tenían que cumplirla porque le habían fallado a la comunidad. Seguidamente, hablé con la jueza y con el fiscal anticorrupción, y quedé tan impresionado por su labor que, desde entonces, tanto personalmente como a través de FIBGAR, la fundación que presido, ayudamos a la justicia de esa parte de Etiopía, pobre pero de una dignidad impresionante, a combatir la corrupción y mejorar los medios de los que no disponen, tan elementales como conseguir parasoles para celebrar las audiencias de juicio. Hasta que personas como Jaume Matas, o cualquier otra autoridad o funcionario, alcancen a comprender que en esta vida un servidor público no está moralmente autorizado a hacer algo que roce siquiera la pureza y limpieza que debe regir la función pública, y que con su actitud nos corrompe a todos en alguna medida, no tienen derecho a obtener un beneficio. El indulto popular y judicial para la corrupción debe ser imposible. Ningún argumento será suficiente para disculpar estas acciones.

Pero no sólo los citados están inmersos en procesos de corrupción en esta Comunidad Autónoma^[168]. Otro personaje relevante de la política mallorquina, Maria Antònia Munar, la otrora todopoderosa presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, actualmente en prisión, se caracterizaba por su desparpajo a la hora de lucir lujosos complementos de coste astronómico, abrigos de pieles, bolsos de marca y joyas^[169]. Ésta era la marca de estilo de esta política condenada en total a once años y medio de cárcel por los casos Maquillaje y Can Domenge^[170].

En cuanto a Matas, sus delirios de grandeza podrían llegar a costarle caro^[171]. Ya ha recibido una condena de nueve meses de cárcel que está cumpliendo^[172]. Por su parte, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de Matas por cohecho, ratificando la multa —de tres meses de multa con cuota diaria de 100 euros— a la que fue sometido por sobornar a un hotelero para que éste le diera un sueldo de 3000 euros al mes a su mujer sin que ejerciera trabajo alguno. Los hechos se llevaron a cabo durante el año 2007, en los que la señora Maria Teresa Areal recibió en total 42 111,13 euros netos. Pero aún le quedan dos docenas de causas pendientes que van acercándole al juicio oral. Entre los casos más importantes segregados del inicial Palma Arena que le están esperando destacan, el caso del Palacio de la Ópera, en el que se ha archivado la denuncia contra Calatrava pero se mantiene la imputación de Matas; los gastos electorales de la campaña del PP de 2007 ocultados intencionadamente; los contratos para estudios del Govern adjudicados al bufete Estudios Jurídicos y Procesales, cuya causa también ha sido archivada para los abogados implicados en el caso, pero no para Matas; la contratación irregular de su mujer sin que existiera prestación de servicio alguna; las obras en el polideportivo Príncipes de España de Palma y el chalet de Pepote Ballester, que también ha sido imputado como colaborador en el caso Nóos; el caso de los arquitectos del velódromo Palma Arena y las facturaciones de la empresa de los hermanos arquitectos García-Ruiz en el mismo proyecto del velódromo^[173].

Y hay más: la adjudicación de la demolición de unas naves, accesos viales y cerramiento del pabellón; los pagos de la maqueta del velódromo; el pago irregular (sobresueldo) al gerente de la construcción del Palma Arena; la contratación de la campaña de publicidad del Mundial de Ciclismo, de la que se deduce una posible financiación irregular del PP; el patrocinio del Mundial de Ciclismo por parte del Instituto Balear con un convenio irregular firmado con la empresa Nimbus; la contratación del exdirector general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, a través de empresas que facturaron al Consell; el fraccionamiento de contratos para hacer posible la contratación directa; el cobro de comisiones en la construcción del velódromo; el sobrecoste en la adjudicación del marcador del velódromo; la facturación por concepto «ayudas al ciclismo»; las facturaciones entre Nimbus y la empresa de los arquitectos del velódromo; las facturaciones de la empresa Ludópolis contra la sociedad de los hermanos arquitectos; otras facturaciones contra la sociedad de arquitectura; facturaciones de Nimbus Publicidad contra diversos organismos públicos; prácticas consideradas blanqueo de capitales, y la famosa pieza 25 del caso Nóos.

A pesar de todo, aún quedan numerosos interrogantes en el tintero. El juez Castro ha abierto una nueva pieza exclusiva del caso Palma Arena —ya van 28— en la que investigará la supuesta financiación ilegal del PP balear. Y parece que Matas no ha tirado la toalla. Hace dos años consiguió salvar, en el último momento, la subasta judicial de su palacete. Por arte de birlibirloque, el Banco de Valencia levantó la licitación^[174]. La explicación del porqué es confusa (el Banco de Valencia autorizó un aval de 4 millones de euros a Jaume Matas para detener la subasta), por lo que parece que no hay ninguna intención de devolver el dinero distraído.

A lo largo de este breve repaso, se constata que han bastado poco más de treinta años de historia autonómica para poner a los cargos con capacidad de tomar decisiones en la cúspide de la corrupción política, a la misma altura que la de carácter nacional. Las Comunidades Autónomas no sólo han acortado las distancias entre la Administración Pública y el ciudadano, sino que también le han restregado la obscenidad de la corrupción más de cerca. La creación de nuevas estructuras de poder ha de ir siempre acompañada de la instauración de los debidos controles que eviten la tentación y, finalmente, el enriquecimiento injusto.

Madrid

MADRID

La operación Punica

La operación Punica Granatum

El peor delito que puede cometer un político es utilizar un cargo público para enriquecerse, por eso me siento especialmente satisfecha de haber sido al menos en una parte muy importante la causante de que este caso se destapara^[175].

Esta afirmación de Esperanza Aguirre, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, me hizo reflexionar sobre el descaro con el que algunos políticos se desenvuelven (hoy, 24 de febrero de 2015, escuchando a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, en el debate del estado de la nación, anotando sus «éxitos» al frente del Gobierno, pero sin autocrítica alguna, he vuelto a sentir el vahído y la náusea que me da cuando detecto a quienes mienten por profesión y se conforman con llamar patético al oponente, sin dar respuestas reales y factibles a los ciudadanos) ante la indiferencia de la gente por las barbaridades y mentiras que se les ocurren, dando por hecho que esto es la política y que todo está permitido para salir del paso. El cinismo fue una corriente filosófica que se hizo famosa en la antigua Grecia por sus diatribas contra la corrupción y por la defensa de lo frugal frente a la abundancia. Esperanza Aguirre debió de quedarse sólo con otra de las características de los cínicos, las salidas de tono y las excentricidades. Desde luego, habiendo sido instructor del caso Gürtel, no me consta en absoluto la colaboración de la señora expresidenta de la Comunidad «gruyere» de Madrid y ahora precandidata ofrecida a alcaldesa de la capital hispana. Lo que sí nos consta a mí y a toda la sociedad española es que la estrecha guardia de corps que la rodeaba estaba repleta de presuntos corruptos que defraudaron la confianza de la ciudadanía como lo ha hecho, y, en mayor escala, quien les nombró.

Así, como el caudal que no cesa, el año 2014, apenas un mes antes de la entrada de Carlos Fabra en la prisión de la localidad madrileña de Aranjuez, nos ofreció el enésimo acto de esta tragedia que determinados personajes nos están haciendo vivir en este país llamado España. El juez Eloy Velasco, a requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, emitió el 27 de octubre diversas órdenes de detención que fueron ejecutadas por la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) contra Francisco Granados, exconsejero de Presidencia y de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre^[176], y contra medio centenar de personas más, entre las que se contaban varios alcaldes de diversos municipios de Madrid. El juez instructor afirma en el auto por el que Francisco Granados (cuyo apellido es el origen del nombre en latín del granado, punica granatum) ingresó en prisión que éste es titular de «algunas de las cuentas» sobre las que las autoridades suizas han comunicado que existen sospechas de «blanqueo de capitales agravado», y que habría beneficiado en materia de contratación pública y urbanismo a su amigo y empresario David Marjaliza y a otros como José Luis Huerta^[177]. Para ello formó parte de la trama de tráfico de influencias, que utilizó en beneficio propio. Diversas operaciones inmobiliarias inducen a sospechar que los bienes que las integraban fueron la contraprestación que recibió de los empresarios^[178].

Francisco Granados había dimitido previamente, en febrero de 2014, como diputado del PP en la Asamblea de Madrid y como senador tras hacerse público que había tenido una cuenta bancaria en Suiza al menos entre 1996 y 2000^[179]. Con desparpajo y confianza, afirmó ese mismo mes que el dinero de esa cuenta en Suiza procedía de su «actividad privada» y que era «absolutamente limpio»^[180].

En el auto del 29 de octubre de 2014, el juez Velasco describe una realidad muy distinta, identificando una trama de intereses y favores de carácter eminentemente económico que conectaba a las instituciones públicas con empresas de la red, detallando el papel que cada uno de los implicados desempeñaba y señalando a Francisco Granados y al empresario David Marjaliza (cuya entrada en prisión también decretó) como los diseñadores de la misma, que implicaba también a sus cónyuges y a la sociedad Sheraton Trading S. A.^[181]. En su auto el magistrado afirma: «se deduce que el origen de los fondos aflorados en las cuentas suizas pueden proceder de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y a la contratación administrativa»^[182].

David Marjaliza, un constructor, fue expulsado de las Nuevas Generaciones del PP a finales de los años noventa por supuestas «prácticas ilegales». A pesar de su expulsión, Marjaliza siguió frecuentando las sedes del partido, en especial la de Valdemoro, donde Francisco Granados fue alcalde entre 1999 y 2003^[183]. Según la resolución judicial, aparece también como titular de cuentas en Suiza sospechosas de blanqueo, y el instructor lo considera «cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de una organización criminal cuya actividad está vinculada a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas, habiéndose aprovechado de sus amplias relaciones personales y políticas, para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros, recibiendo una comisión por su actuación»; un complejo entramado empresarial diseñado, presuntamente, para ocultar los beneficios lícitos e ilícitos de su actividad empresarial y dificultar la vinculación con las adjudicaciones que recibía en concierto con autoridades públicas y funcionarios corruptos^[184].

Como en todas las tramas de corrupción, es importante destacar el papel de los intermediarios: «Estas mismas investigaciones han puesto de manifiesto que las mismas se han realizado a través de una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada, resultando tales empresas adjudicatarias de contratos de varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la Diputación de León y de múltiples ayuntamientos, etc., siendo el modus operandi para obtener ilegalmente contratos y servicios siempre el uso de influencias y la corrupción de ediles municipales, funcionarios y técnicos, a cambio de dinero o ventajas particulares», que instrumentaban «procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados, influyendo éstos a lo largo de todo el expediente de contratación desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación. Dichos contratos han alcanzado los 100 000 000 euros en el precio estimado del contrato siendo adjudicados por largos períodos de tiempo»^[185]. En todo este proceso «las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo»^[186].

Uno de los «conseguidores» de la trama era Alejandro de Pedro Llorca, empresario, para quien el juez decretó prisión provisional incondicional, al considerarlo como la «cabeza» de otro importante entramado de tráfico de influencias, alternativo al de Marjaliza que, presuntamente, prestaba servicios en internet para «prestigiar» a las autoridades políticas que, por no poder ser objeto de contratación administrativa, eran pagados mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto. De esta forma, el imputado abría una red de contactos con autoridades que le facilitarían la contratación en otros sectores (para sí o para otros) en Murcia, León y Madrid^[187].

Entre los ayuntamientos implicados, los autos señalan los de Valdemoro, Parla, Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle, así como el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Diputación de León y el Ayuntamiento de Almendralejo, en Badajoz^[188].

En la investigación judicial, se hace referencia a la empresa Cofely España, que llevaba gran parte de la trama corrupta destapada^[189]. Cofely España, filial de la multinacional francesa GDF Suez, era la compañía sobre la que todo pivotaba y la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas. De este modo, los políticos que presuntamente formaban parte de la trama cobraban comisiones de hasta el 2 y el 3 por ciento de cada contrato, al más puro estilo de CiU durante sus años de gobierno en Cataluña. Por este procedimiento, Cofely pudo haber cobrado más de 170 millones de euros de las Administraciones Públicas implicadas, principalmente ayuntamientos de la Comunidad de Madrid^[190].

Sólo en el Ayuntamiento de Móstoles, en el que la mesa de contratación del consistorio adjudicó el pasado 9 de mayo de 2014 un contrato de más de 6 millones de euros a Cofely, se recibió una adjudicación por un importe superior a 70 millones de euros. El director general de Fulton Servicios Integrales, empresa competidora con Cofely para la adjudicación del contrato, Luis Romero, calificó la adjudicación de «verdadera estafa y fraude», pues en la apertura de las condiciones técnicas los técnicos municipales informaron de que Fulton había presentado la mejor oferta y, además, con una rebaja del 10 por ciento sobre el precio inicial. Tras los informes, la empresa supuso que había ganado el contrato, pero el Ayuntamiento de Móstoles evitó la reunión mediante evasivas y más tarde alegó que la oferta presentada contenía valores desproporcionados. Dalkia Energía y Servicios, la otra competidora, fue también descartada por un error en la previsión de ingresos anuales. Romero llegó a insinuar la relación de un exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, con Cofely (pues casualmente trabajaba ahí), e impugnaron la decisión ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública ¿Y qué hizo este tribunal? ¡Terminó multando a Fulton con 1600 euros!

En el caso de Parla, a Cofely se le adjudicó un contrato de servicios para determinadas instalaciones energéticas, de una duración de quince años y por un importe global de 54,7 millones de euros. En el municipio de Collado Villalba, esta empresa recibió el mismo contrato, también por un período de quince años, a cambio de 42 millones de euros.

La lista de presuntos delitos imputados se extiende a casi toda la tipología de los preceptos que el Código Penal dedica a la criminalidad económica y contra la Administración Pública: blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, utilización de información confidencial, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal^[191]. Una mezcla a la que sólo le faltan unos granos de sal para que sea un exquisito cóctel de corrupción. Nada que envidiar a la mafia.

Por no discriminar al resto de las Comunidades Autónomas (si no aparecen no es porque no exista corrupción en ellas, sino porque es imposible nombrarlas a todas), haré un rastreo superficial de los casos que afectan a Asturias, Murcia, Aragón, Navarra y País Vasco. Y más adelante, unas páginas especialmente dedicadas a Carlos Fabra.

Asturias

ASTURIAS

En Asturias, el caso Marea, sin demasiada cobertura mediática, se refería a una supuesta trama de corrupción dentro de la Administración del Gobierno de Asturias, durante el mandado de Vicente Álvarez Areces. Lo que comenzó siendo una investigación a una funcionaria acusada de hacer contrataciones irregulares de obras, derivó en la imputación del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, de la exjefa de Compras de su consejería, María Jesús Otero, y de dos empresarios.

Murcia

MURCIA

Una comunidad gobernada por el mismo partido (el PP) desde el año 1995, y por el mismo presidente desde esa fecha hasta el verano de 2014 —Ramón Luis Valcárcel—, parece el escenario perfecto para la generalización de las conductas ilegales o al menos irregulares. Y así lo señala un estudio de julio de 2013: Murcia es la Comunidad Autónoma con más casos de corrupción por número de municipios^[192]. Entre éstos destacan: el caso Limusa en Lorca, en el que el fiscal, en su escrito de calificación, relataba infinidad de irregularidades, entre las que destacaban importantes pagos de «servicios sexuales en clubes de alterne»; el caso Tótem, en el que el TSJ ha condenado a Juan Morales, alcalde del PP en Totana durante ocho años, por liderar una trama de corrupción y tratar de enriquecerse con las comisiones millonarias que solicitaba por impulsar proyectos urbanísticos, o el caso Umbra, surgido en octubre de 2010, en el que los imputados están acusados de haber beneficiado al propietario del Real Murcia mediante un Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Murcia. En total, el Ayuntamiento de Murcia habría dejado de ingresar más de 300 millones de euros^[193]. Pero a los casos se suman las supuestas presiones políticas que se ejercen sobre los fiscales. No se puede ignorar la última reunión extraordinaria que convocaron los fiscales de Murcia, en febrero de 2015, rechazando «cualquier tipo de injerencia política en el desarrollo de sus funciones constitucionales» y demandando el «respeto» a su función por parte de los poderes públicos, algo que sin duda debería darse por sentado. Al parecer, Vicente Martínez-Pujalte, diputado nacional del PP, no considera oportuno que se realicen determinadas investigaciones en la región de Murcia y pretende preguntar a la Fiscalía sobre si es «normal» que se presenten muchas denuncias sobre una persona para que luego queden archivadas, así como sobre los gastos que conllevan estas investigaciones para el erario público. Él lo llama la «judicialización de la política». Resulta curioso que olvide preguntar sobre la «politización de la justicia». Desde luego estas declaraciones le hacen un flaco favor al PP, imputado ya en numerosos casos de corrupción.

Aragón

ARAGÓN

En Aragón hay que destacar la Operación Molinos, cuyo juicio podría ver la luz a finales de este año 2015. Han sido siete años de instrucción y hay 41 imputados, entre los que se encuentra la alcaldesa de La Muela. Entre los delitos tenemos cohecho, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, falsedad, exacciones ilegales, prevaricación, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude fiscal. El juez instructor señala que la alcaldesa y su familia recibieron más de 18 millones en comisiones ilegales o de fraudes al fisco. Una trama a la que se sumaron, presuntamente, exconcejales y empresarios de la construcción que están imputados^[194].

Navarra

NAVARRA

En Navarra destaca el caso Egüés, en el que se investiga la posible comisión de irregularidades en el Ayuntamiento del Valle de Egüés. La Cámara de Comptos destaca determinadas irregularidades: «En primer lugar, una adjudicación realizada a un empresario que formaba parte de la mesa de contratación. En segundo lugar, la adjudicación de un proyecto técnico de promoción de viviendas antes de iniciar el proceso de selección». Además, el órgano fiscalizador alertaba de que se «favoreció al socio privado» desde el ayuntamiento o de que se emitieron facturas «sin que respondan a un gasto ejecutado o a un servicio prestado»^[195].

País Vasco

PAÍS VASCO

En el Norte, que goza de la presunción de sufrir menos corrupción que el resto de España, podríamos hablar del caso De Miguel, en el que están imputados una treintena de excargos públicos y orgánicos del PNV, y que lleva cinco años de instrucción judicial. La investigación comenzó con la denuncia de Ainhoa Alberdi, propietaria del 50 por ciento de Urbanorma Consulting hasta que compró a su socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu (PNV), el otro 50 por ciento. En la denuncia declaró que la adjudicación del proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano estaba amañada para beneficiar a Echaburu, quien debía pagar una comisión para Alfredo de Miguel (número dos del PNV de Álava). Y no sólo eso, sino que la denunciante asegura que, una vez que adquirió el ciento por ciento de la empresa, los acusados vinieron a reclamarle la mordida, una suma que cifra en 100 000 euros^[196]. La última de las noticias incumbe al proyecto Hiriko —una iniciativa para dar vida a un coche eléctrico en el País Vasco—, que supuestamente recibió un total de 14,7 millones de euros de las arcas del Estado y 2,7 millones de la Administración vasca que al final no sirvieron para poner en el mercado ese coche eléctrico. El Juzgado de Instrucción n.º 3 de Vitoria admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Álava contras seis empresarios, entre los que se encuentran dos diputados del PNV, a los que se acusa de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Melilla

MELILLA

En la ciudad autónoma la corrupción ha superado incluso a Murcia. El 72 por ciento de los integrantes del Ejecutivo de la ciudad autónoma —el propio presidente Imbroda y siete de sus consejeros— están implicados en un sumario por corrupción. Y una vez más tenemos de todo, aunque el principal imputado se empeñe en llamarlo «simples irregularidades administrativas», de demostrarse los hechos contaríamos con la supuesta desaparición de 4000 ejemplares de un libro editado entre 2009 y 2011 por el Gobierno bajo el título Melilla y su judaísmo, que costó al erario público 70 000 euros, así como contrataciones irregulares, supuestas irregularidades detectadas en una convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles en el año 2007. Demasiado tiempo para investigar y fijar los hechos imputados.

Diputación Provincial: el caso Fabra

DIPUTACIÓN PROVINCIAL: EL CASO FABRA

El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan^[197].

PABLO NERUDA

¿Cuál es la probabilidad de que toque el Gordo de Navidad? Una entre 100 000 números, o el 0,00001176 por ciento. ¿Y cuál es la de que te toque la lotería de Navidad cuatro veces (o siete o nueve, según otras fuentes)? Pues esta probabilidad resulta casi imposible de calcular. Se desconoce cuántos décimos o premios concretos ha ganado Carlos Fabra, pero las probabilidades que se manejan son mucho menores que las de que te caiga un rayo en España, y pocos de nosotros conocemos a alguien a quien le haya caído uno^[198].

De pequeño, a veces me escapaba en plena tormenta a los riscos de las montañas de Torres, mi pueblo, para comprobar las posibilidades de que me cayera un rayo; otras veces me arrojaba desde el muro para ver si me rompía el brazo derecho y evitar que mi padre (a quien tanto echo de menos) me hiciera trabajar en el campo. Nunca me cayó un rayo, sólo me mojé y me magullé contra las piedras y seguí trabajando, como tantos niños de mi generación. En cuanto a la lotería sólo juego en Navidad, por costumbre. Nunca me ha tocado ni siquiera la pedrea; pero sí he visto muchos décimos premiados a lo largo de mi vida, principalmente en manos de delincuentes, ya fueran económicos o narcotraficantes, aunque no lo había visto en manos de un político. En fin, la suerte es «caprichosa».

A veces hay que aplicar el principio de la navaja de Ockham, que dice que «en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta», por lo que podríamos pensar: ¿qué es más fácil, que Carlos Fabra tenga una suerte sobrenatural, o bien que sean otras explicaciones mucho más sencillas relacionadas con la compra de décimos premiados? Lo dejo a su elección.

Carlos Fabra es Castellón y Castellón es Carlos Fabra. Allí presidió la Diputación Provincial durante dieciséis años y el PP durante veintidós, tal y como lo hicieron su padre, su abuelo, su bisabuelo, los hermanos de su bisabuelo y su tío tatarabuelo. Su estilo chulesco y su control absoluto de los resortes del poder de la provincia han dejado una tierra quemada, un aeropuerto vacío con una estatua horripilante y una dinastía que continúa en su hija, Andrea Fabra, que se hizo relativamente famosa por sus declaraciones inapropiadas en el Congreso^[199].

El caso de corrupción que rodea al expresidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, tiene su origen en dos querellas presentadas en 2003 por el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y, hasta entonces, amigo suyo. En ellas se denunciaba el cobro de dádivas (constitutivo de delito de tráfico de influencias y cohecho) por parte del expresidente a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos sanitarios^[200]. A pesar de que el fiscal consideraba que los hechos quedaron objetivamente acreditados, Fabra fue finalmente absuelto por falta de pruebas^[201]. En junio de 2006, la Audiencia Provincial de Castellón condenó a Vicente Vilar a diez años de prisión por agredir sexualmente, robar y retener ilegalmente a su exesposa, Montserrat Vives, que también estaba implicada en la trama Naranjax. Esta condena fue confirmada en mayo de 2007 por el Tribunal Supremo^[202].

A raíz de la querella por el caso Naranjax, en 2004 el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Nules ordenó iniciar una investigación sobre Fabra, pero no fue hasta mayo de 2009 cuando el Juzgado de Instrucción de Nules dictó acto de incoación de procedimiento abreviado contra Fabra, su esposa, la exesposa de Vicente Vilar, Montserrat Vives, y el exalto cargo ministerial Domingo Cadahía por falsedad documental^[203]. Según el relato que la jueza presentó en el auto, Fabra formó parte de una trama que, «con ánimo de lucro, falsificó cuños, análisis químicos, sellos y firmas presentándolos, a sabiendas de su falsedad, ante el Ministerio de Agricultura con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones», y vender así «diversos plaguicidas procedentes de una empresa asiática que no reunían los requisitos legales para su comercialización en España». La Fiscalía Anticorrupción pidió dos años de cárcel para Fabra, al tiempo que solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones contra Montserrat Vives y Domingo Cadahía. La Audiencia Provincial de Castellón dictó más adelante el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Fabra y su exmujer, dejando la causa aún abierta contra la exmujer de Vicente Vilar, Montserrat Vives^[204].

Entretanto, en julio de 2008 la Agencia Tributaria interpuso una querella por fraude fiscal al apreciar movimientos de dinero sospechosos desde 1999 a 2004, así como una cuenta con cerca de dos millones de euros de la que no se conocía el origen y que no había declarado a Hacienda^[205]. Fabra tuvo la desfachatez de reírse de los españoles justificando dichas cantidades con el hecho de haber ganado la lotería en varias ocasiones^[206].

En febrero de 2009 salieron a la luz unas grabaciones en las que el presidente se jactaba de haber colocado a un sinfín de personas en numerosas instituciones públicas a cambio del voto, «un voto cautivo» según sus propias palabras^[207]. Además, la diputación que él presidía llegó a editar un libro en el que negaba el golpe militar de 1936 y en el que aseguraba que «Francisco Franco colaboró a partir del 18 de julio con las demás fuerzas sublevadas con el fin de dar a España un régimen de justicia, paz y armonía para todos los españoles»^[208]. A pesar de todo, Mariano Rajoy y el PP seguían encontrando razones para considerar a Carlos Fabra «un ciudadano y un político ejemplar»^[209]. Tampoco esta afirmación es tan extraña, ya que el presidente del Gobierno ha apoyado a personas de su partido en ocasiones similares, como en el caso Gürtel.

Al parecer, a la tarea de la corrupción nunca le falta un chófer^[210]. Durante la instrucción del caso contra Carlos Fabra, los distintos chóferes del imputado declararon como testigos y admitieron que éste les daba sobres cerrados con dinero para ingresarlo en el banco^[211].

En mayo de 2010, el Banco de España descubrió 3,7 millones de euros pertenecientes al clan Fabra cuyo origen tampoco pudo ser explicado ni por el propio Fabra ni por sus familiares^[212]. Más adelante, en junio, y tras unas elecciones en las que el PP ganó por mayoría aplastante, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el 23 de diciembre de 2010 dictó auto (aclarado por otro del 13 de enero de 2011) de sobreseimiento libre y archivó tres de los cuatro delitos contra la Hacienda Pública al no darle efecto interruptivo de la prescripción a un informe pericial ordenado por la autoridad judicial. Aun así, ordenó que el juzgado de Nules continuara con las investigaciones respecto de las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho^[213].

Utilizando el mismo estilo que el presidente de Cataluña, Jordi Pujol, con respecto a la retirada de las acusaciones contra él en el caso Banca Catalana, Fabra acusó al mundo de estar sufriendo «una persecución por encima de lo que se puede soportar»^[214]. Por su parte, el Partido Popular manifestó su satisfacción, «aunque no ha sido una sorpresa ya que siempre hemos defendido la inocencia de nuestro presidente provincial».

En enero de 2011, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, asumida por la Unión de Consumidores, interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya Sala Segunda, el 21 de noviembre de 2011, dejó sin efecto el auto de sobreseimiento libre y ordenó que continuara el procedimiento^[215]. En este caso no se produjeron las respuestas del Partido Popular de diciembre de 2010.

La Audiencia Provincial de Castellón dictó sentencia definitiva el 25 de noviembre de 2013, condenando a cuatro años de cárcel a Carlos Fabra por cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el marco del caso Naranjax^[216]. Tras los recursos de casación, el Tribunal Supremo dictó sentencia el 23 de julio de 2014, confirmando la pena de cuatro años por fraude fiscal de 700 000 euros y una multa de 1,4 millones de euros, que el condenado dijo no poder pagar debido a la falta de recursos^[217]. Carlos Fabra ya ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional y ha pedido, por fin, su baja en el Partido Popular^[218].

Además, la sentencia del Tribunal Supremo ratifica lo establecido por la Audiencia Provincial, según la cual detrás de los movimientos bancarios existe obviamente una pretensión de ocultación del origen de los ingresos: «Tales prácticas, en esa frecuencia y envergadura (599 ingresos de más de tres millones), se compadecen más con pretensiones de ocultación del origen de las rentas, antes que con cualquier exótica costumbre o modo de actuación de un usuario de banca». También destaca la «singular desproporción» entre la renta declarada y sus ingresos, y reitera que sólo «fuentes ocultas» pueden ser la causa de los ingresos de Carlos Fabra^[219].

Un dato cuando menos interesante y que le lleva a uno a preguntarse sobre la integridad e independencia del sistema judicial es que, desde el año 2003, en la Audiencia Provincial de Castellón se sucedieron nueve jueces y cuatro fiscales, en un extraño y curioso modus operandi que implicaba la renuncia del juez a la hora de realizarse el juicio^[220]. De hecho, el Tribunal Supremo admitió que el tiempo de tramitación de la causa había sido «realmente extraordinario» y que, desde luego, se podía atribuir únicamente a un «comportamiento obstaculizador de los investigados»^[221]. Durante los diez años que ha durado el proceso, el imputado no ha dejado de recibir el apoyo de su partido y, más en concreto, de la Diputación de Castellón^[222].

Tras la sentencia condenatoria, a Fabra se le permitió un mes de vacaciones antes de su cita con la Audiencia Provincial el 3 de septiembre de 2014, fecha en la que se decidió suspender la ejecución de la pena (su entrada en la cárcel) a la espera de la decisión que el Gobierno tomase acerca de la petición de indulto realizada por el señor Fabra. Su entrada en prisión se produjo por fin el día 30 de noviembre, en el centro penitenciario de Aranjuez, aunque sigue sin pagar los 1,4 millones de multa que la sentencia de 2013 le obliga a abonar. Cerca de doscientos ciudadanos se dieron cita para celebrar con cava este ingreso —que llega con indudable retraso—, al grito de «¡Nos ha tocado el gordo!»^[223]. En este caso, la justicia ha sido igual para todos, aunque después de diez años es difícil asumir esa regla, en especial cuando las dilaciones han sido intencionadas. Una vez más se cumple la máxima de Al Capone, a quien la Justicia estadounidense no consiguió condenar por ningún delito de los múltiples y más graves cometidos, pero sí por delito fiscal.

El caso Fabra pone también de manifiesto la importancia negativa de las redes políticas familiares, ya mencionadas en otro capítulo, y la extensión de éstas en el tiempo y en el espacio provincial, hasta el punto de casi convertir a la provincia en un pequeño reino de taifas dominado por intereses cruzados donde la dependencia vicarial respecto del máximo dirigente es casi total. Sólo cuando el prisma, en este caso desde el Tribunal Supremo, y la fuerza de la sociedad civil se activan, se obtienen resultados positivos.