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LA ETA DE HOY NO ES LA DE CAPBRETON
ETA se halla a finales de 2012 inmersa en un profundo proceso de transformación que vamos conociendo gracias a la debilidad de sus recursos humanos y de su infraestructura operativa. Francia hace tiempo que ha dejado de ser un refugio seguro, y solo cerca de medio centenar de sus activistas (los que forman su primera línea) se hallan dispersos y ocultos en diversos puntos de Italia, Bélgica, Reino Unido y el norte de Francia. Desde que en octubre de 2011 ETA decretara «el cese definitivo» de su actividad armada, la banda ha ido haciendo públicos sucesivos comunicados en los que demanda a los diferentes Gobiernos (primero del PSOE y luego del PP) una negociación implícita sobre un proceso de paz condicionado por la monitorización de un grupo de observadores internacionales liderados por el abogado sudafricano Brian Currin. Los mediadores, por su parte, escenificaron su voluntad de interceder en este proceso en la denominada “Cumbre de Aiete”. El trabajo continuado de los servicios de inteligencia y la cooperación policial internacional han conseguido filtrar las mermadas estructuras de una débil organización más preocupada por garantizar la seguridad de los miembros de su dirección que por otras materias. Durante este tiempo se han conocido nuevas disensiones en el seno de la cúpula de ETA, que se están produciendo por desacuerdos internos sobre cómo vehiculizar un final sin aparentar señales de una derrota evidente. Una parte de la dirección de ETA defiende la tesis de continuar con la “marca ETA”, sin atender a las recomendaciones de los verificadores y de la izquierda abertzale, que han planteado la entrega de armas y la integración de la estructura militar como parte del aparato político. Una reconversión en la que lo “militar” ya no tendría peso específico ni en la dirección ni en la toma de decisiones.
Y es que la derrota es evidente. Al menos la policial. El balance de detenciones de terroristas (incluidos los arrestados por violencia callejera) desde el año 2004 se salda con una cifra superior al millar. Los presos en España y Francia son más de 700. El colectivo de reclusos etarras, el EPPK, viene reclamando de manera continuada que su opinión debe ser determinante ante el final del terrorismo. Sus demandas son claras: que sus debates y las conclusiones que salen de ellos tengan peso en la dirección política, lo que multiplicaría así la influencia de los presos en la misma línea que tiene la izquierda abertzale; que el EPPK esté dentro de un hipotético grupo negociador; y que el debate de la independencia sea una cuestión imprescindible para abordar con garantía el final de la lucha armada.
Por su parte, toda la izquierda abertzale coincide en valorar que el momento político en el que hoy nos encontramos es, sin duda, infinitamente mejor que la época descrita en este libro (finales de 2006 - mediados de 2008). Es cierto. Uno de sus más destacados dirigentes cree que «en estos momentos de superación del conflicto armado, en Euskal Herria tenemos otros retos, la independencia. Una independencia que no es cuestión de elementos culturales o simplemente lingüísticos, sino que es cuestión de mayoría de edad. Ya somos mayores para poder decidir cómo y qué queremos ser». Esta opinión coincide con la del resto de la dirección que hoy conforma el entramado político de la izquierda abertzale, que de manera continuista persigue la demanda histórica de ETA: autodeterminación e independencia como valores absolutos y prioritarios de sus tesis políticas. Un mensaje unitario que en esta ocasión y con este contexto pretenden hacer valer por vías exclusivamente políticas.
Tras la irrupción de Bildu y Amaiur en el escenario político, la izquierda abertzale abrió un periodo para optimizar lo que ellos denominan su «instrumental interno», herramientas de presión, para trabajar en lo que más tarde se ha convertido en la legalización de Sortu. El objetivo es alcanzar un polo soberanista, que sea lo más «popular» posible y que alcance en sus objetivos a ciudadanos de toda condición social, reforzando la idea de amplificar voces a través de acuerdos con otras organizaciones políticas, como así ha sido en el acuerdo electoral alcanzado en agosto de 2012 con Eusko Alkartasuna y la organización liderada por el parlamentario Oskar Matute, Alternatiba. Gracias a este acuerdo, ambas formaciones vuelven a ocupar escaño en el Parlamento vasco. De esta manera se configura un organigrama político a semejanza de lo que ocurre con las grandes fusiones de corporaciones empresariales, en las que la empresa grande que absorbe al resto, en este caso Bildu, se garantiza la mayoría de los asientos del consejo de administración.
Un caleidoscopio sobre el final
Periodistas especializados, políticos, miembros de la lucha antiterrorista, profesores universitarios y tejido asociativo mantienen serias diferencias sobre al menos tres cuestiones fundamentales: la operatividad y capacidad de atentar que tiene ETA en la actualidad, el papel preponderante del aparato político (izquierda abertzale) frente al militar, y cómo articular el final de la lucha armada.
ETA mantiene capacidad operativa para seguir matando si así lo desea. Pero también es cierto que las posibilidades reales de asesinar son muy reducidas porque presenta una debilidad importante. Su dirección es sin duda la más inexperta de la historia de ETA, y tiene serias dificultades para establecer las redes necesarias que suministren apoyo logístico y financiero a ETA. Tres individuos la componen: David Pla, Izaskun Lesaka, detenida en octubre de 2012, e Iratxe Sorzabal (esta última la pareja de Mikel Carrera Sarobe “Ata”), asesorados por un grupo reducido de etarras veteranos que no se encuentran en la clandestinidad de primera línea, en Francia, sino refugiados en otros países europeos y suramericanos. Los canales de información entre ambos grupos, los tres del “Zuba” y los asesores, no son siempre los mejores. ETA es débil porque hay fugas de información en los acuerdos adoptados confidencialmente.
Los servicios antiterroristas trabajan en el momento en que se escriben estas líneas con un listado de 200 miembros que clasifica en varios grupos: huidos en Francia y en otros países europeos, activistas de apoyo, refugiados en Suramérica y África, y recién liberados por la Justicia que por la importancia que tuvieron en ETA en un pasado son todavía controlados por las Fuerzas de Seguridad. De todos ellos, 121 están en busca y captura por la Audiencia Nacional.
Los servicios antiterroristas actualizaron sus bases de datos en julio de 2012 e incluyeron algunos nombres de activistas que conformarían una nueva estructura de comandos. Son cerca de medio centenar, de los que 20 se dividirían en cuatro comandos dispuestos a llevar a cabo acciones terroristas. No obstante, hay que destacar que no existen en este capítulo datos concluyentes y definitivos, y que las versiones española y francesa difieren sobre el número de etarras operativos. Un informe de la Subdirección General de Antiterrorismo del Ministerio del Interior francés, realizado a finales de abril de 2012, señala que «ETA conserva capacidades operativas reales puesto que sus militantes, en un número no determinable, disponen de importantes reservas de materiales procedentes de robos a mano armada».
El último listado difundido a principios de julio de 2012 por la Policía Nacional y la Guardia Civil cifra en 17 el número de miembros de ETA «más buscados». Lo cierto es que la información proporcionada por las últimas detenciones (unas 20 en los primeros nueve meses de 2012) puede llevar a error, toda vez que muchos de los arrestados eran activistas desvinculados a la actividad diaria de la dirección etarra. El pasado 28 de mayo de 2012 el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, explicaba que «no consta que ETA esté llevando a cabo tareas de captación de personas más allá de las necesarias para mantenerse en la clandestinidad». La denominada Comisión Internacional de verificación pudo confirmar a principios del mes de mayo, tras la detención en el municipio vasco francés de Cauna de los terroristas Oroitz Gurruchaga y Xabier Aranburu, que ETA había informado a sus militantes de que siguieran portando armas personales, pero que estas «no serán utilizadas ni para evitar detenciones ni en sus acciones ofensivas, solo si su integridad física se encuentra amenazada». Esta comisión internacional, no reconocida por el Gobierno, mantiene un contacto directo con ETA, que ha elegido como uno de sus interlocutores a Egoitz Urrutikoetxea, el hijo del mítico dirigente etarra “Josu Ternera”.
El dinero para seguir funcionando
En 2004, ETA necesitaba dos millones de euros anuales para el mantenimiento de su infraestructura operativa. La última información veraz de la que se dispone apunta a una cantidad que ronda los 500 000 euros anuales, dinero del que quedaría excluida la compra de armamento. Desde que en abril de 2011 ETA anunciara que cancelaba el denominado “impuesto revolucionario”, sus finanzas se han visto muy mermadas. En los últimos años la banda llegó a exigir cantidades que oscilaban entre los 100 000 y 400 000 euros, produciéndose incluso 40 oleadas de cartas de extorsión al año. En agosto de 2011, diversos medios de comunicación publicaron la información de que ETA solicitaba un presunto apoyo económico para continuar con el alto el fuego. La cantidad exigida era de 4 millones de euros anuales. A cambio, ETA renunciaba definitivamente a todo tipo de extorsión.
Las finanzas de ETA siempre se han nutrido gracias a un variopinto entramado formado por sociedades mercantiles afines y de colonias de etarras refugiados en otros países, apoyos internacionales, herriko tabernas y subvenciones públicas (de los partidos políticos de la izquierda abertzale que han alcanzado el poder). Sin olvidar la extorsión y el secuestro. Entre los años 2001 y 2003 ETA se financiaba esencialmente de la extorsión a empresas. Sus gastos e ingresos recogían un balance positivo. ETA ingresaba mensualmente 130 000 euros y gastaba alrededor de 120 000. En el año 2002, por ejemplo, el aparato militar dotaba a cada comando de una cifra que rondaba los 5000 euros mensuales para llevar a cabo sus acciones, más una aportación de 18 000 euros anuales para el mantenimiento de su infraesctructura. El mínimo de componentes para que un comando pueda denominarse operativo debe ser de tres individuos. La agencia Vascopress ya apuntó que «la evolución de los ingresos por la extorsión se explicaba en 2001 por la alta presión que ETA aplicaba a los empresarios». Sus ingresos por este motivo a lo largo de 2001 llegaron a los 1,8 millones de euros. La extorsión se llevaba a cabo por un aparato denominado “Gezi”, que contaba con sus propios comandos independientes de la estructura militar, que eran los que ejecutan acciones de represalia e intimidación contra las empresas. Para esta actividad existía una estructura denominada «Orain Taldea», que tenía como misión realizar las listas de empresas a las que había que hacer boicot.
El aparato político es quien siempre ha ejercido el control de la tesorería. Fue en 2004 cuando empezaron los problemas financieros, ya que los gastos superaban los ingresos, aunque es cierto que ese año la banda contaba con un fondo de reserva de 670 000 euros. Los papeles incautados a “Thierry” cuatro años después, en mayo de 2008, permitieron conocer que existía una rebaja importante en los gastos semestrales de la organización, que no superaban los 100 000 euros, y que la estructura de reparto de dichos fondos se había reducido de 11 a 7 comandos.
Los últimos informes conocidos destacan la insuficiencia que presenta la tesorería del entramado terrorista de ETA. Sus finanzas apenas le permiten mantener el aparato logístico y de falsificación, que se sospecha está en Italia. Uno de los miembros de la lucha antiterrorista consultados se expresa de esta manera sobre el asunto: «las detenciones que se han llevado a cabo desde el año 2010 hasta hoy ponen de manifiesto la escasez de recursos con los que viven los terroristas, que en ocasiones no disponen de cantidades superiores a los 800 euros mensuales». Prosigue: «la cifra de ingresos es difícil de cuantificar. Lo único que les queda son las herriko tabernas y lo que se pueda estar desviando de fondos políticos por la presencia de Bildu en las instituciones y de posibles entramados societarios en terceros países». Los analistas de información de la Guardia Civil consideran que ETA no tiene dinero para sobrevivir más de un año. Su caja, hoy, no supera el millón de euros.
Los presos
ETA tenía en prisión el 15 de septiembre de 2012 un total de 643 activistas y colaboradores, de los cuales 502 cumplían su pena en territorio español y 137 en cárceles francesas; el resto lo hacían de la siguiente manera: uno en Portugal, uno en México, uno en Irlanda y uno en Inglaterra. Para la organización defensora de los derechos de los presos de ETA (Etxerat), en España solo cumplen condena 482, ya que el resto hasta llegar a los 502 son reclusos que ya no figuran por voluntad propia o por expulsión del colectivo oficial. Existen casos curiosos como el de José Luis Álvarez Santacristina, “Txelis”, que ha sido expulsado del colectivo hasta en tres ocasiones. Atendiendo a su procedencia, el número mayoritario de presos son los guipuzcoanos, seguidos de vizcaínos, navarros y alaveses. Por género, los hombres representan tres veces más que las mujeres. En España se encuentran dispersos en 47 centros penitenciarios, y tras la apertura de la denominada “vía Nanclares” cerca de medio centenar de reclusos cumplen sus penas en Euskadi.
Once de estos presos disfrutan ya de las denominadas medidas alternativas a prisión (libertad condicional, medidas telemáticas o planes individuales de tratamiento), bien por buena conducta y arrepentimiento, bien por la aplicación de reglamento penitenciario por padecer enfermedades incurables. Tanto Francia como España han decidido aplicar la medida de dispersión o alejamiento como parte de su política penitenciaria. Hay que destacar que un importante grupo de presos aceptó incorporarse a un estratégico plan de reinserción que fue pergeñado tras los muros del palacete que sirve de sede al Ministerio del Interior en Madrid. El plan supuso el acercamiento de una treintena de presos a las cárceles de Villabona (Asturias) y Zuera (Aragón), y en su diseño y elaboración se excluyó al colectivo de técnicos penitenciarios. El plan pretendía abrir una brecha en el “frente de makos”. Hoy su fracaso resulta incuestionable: ni lo que se esperaba se alcanzó, ni lo que se prometió se cumplió. En otras palabras, se esperaba que 200 presos de ETA anunciaran su disposición a reconocer el daño causado, y se incorporasen tras su arrepentimiento a un proceso de reinserción socio-laboral.
Las cárceles españolas cuentan desde el año 2008 con equipos de funcionarios de prisiones dedicados al control y seguimiento de presos etarras, que son observados y en ocasiones entrevistados para conocer su evolución, su opinión sobre la banda o sobre las líneas marcadas por el brazo político, así como su disposición hacia el perdón y el arrepentimiento como paso previo a su posible acercamiento al País Vasco. En lo concerniente a su defensa penal, una gran mayoría de ellos lo hace a través de los abogados de la izquierda abertzale, como es el caso de los asesinos de Fernando Trapero y Raúl Centeno. Asier Bengoa y Mikel Carrera cumplen sus condenas en las prisiones francesas de Fleury y Seine-Saint-Denis (Villepinte), ambas cerca de París, mientras que Saioa Sánchez lo hace en Poitiers (en el centro del país) junto a su reciente marido. Todos ellos pertenecen al movimiento EPPK (colectivo de presos políticos vascos), y bajo sus órdenes han participado en diversas protestas y huelgas de hambre.
Asier Bengoa fue el primero en protagonizar una huelga de hambre en marzo de 2010 junto a otros diez reclusos de la organización en la que reclamaban el estatus de preso político en Francia. Luego amplió su protesta negándose a abandonar la celda entre mayo y junio de 2010. Saioa Sánchez siguió sus pasos en septiembre de 2010, aunque su huelga de hambre solo duró siete días. Por su parte, Mikel Carrera ha protagonizado dos huelgas: de junio a julio de 2010 y en septiembre de 2010. Saioa y Mikel denunciaban en sus protestas, junto a otros reclusos, las provocaciones y los tratamientos violentos y humillantes que les practicaban los funcionarios franceses. Con excepción de la protagonizada por el etarra huido José Ignacio de Juana Chaos, la inmensa mayoría de las huelgas de hambre protagonizadas por reclusos de ETA se ha convertido en una auténtica farsa, donde los huelguistas solo se limitan a no acudir al comedor del centro penitenciario, pero sí comen en sus celdas los productos adquiridos en el economato de las cárceles. Principalmente latas de conserva y fiambres.
«Le he dicho que no responderé a pregunta alguna. Repito lo que dije en el transcurso de la notificación de peritajes, a saber, que rechazo responder a todas las preguntas que me haga porque para mí esto es una consecuencia del conflicto político y armado en el País Vasco a causa de la opresión que sufre por parte del Estado francés y del Estado español. Exijo los derechos que corresponden a mi pueblo». Esta frase, pronunciada por Saioa Sánchez en los interrogatorios tras el asesinato de Capbreton, explica muy bien la actitud de la mayoría de los etarras presos en Francia. Actualmente, uno de los siete abogados que asisten jurídicamente a Saioa Sánchez y Asier Bengoa es Yolanda Molina, la mujer de “Thierry”, ambos expulsados de ETA en 2009 por “Ata”.
Los más de 700 reclusos son hoy el núcleo central de ETA. La organización hace llegar sus instrucciones a las cárceles a través de dos vías: los abogados y la edición de un boletín de nombre EKIA que mantiene una periodicidad nada regular y que suele contener análisis políticos, las contribuciones que los terroristas hacen desde el interior de los centros penitenciarios y las votaciones sobre las líneas estratégicas que el aparato militar ha propuesto. El colectivo de presos tiene su propio organigrama y una jerarquía que conforma la estructura de representación e interlocución en el interior de las cárceles. Actualmente el EPPK tiene una dirección de 20 miembros que son nombrados a propuesta del comité ejecutivo que está en la clandestinidad. En la dirección del EPPK están históricos dirigentes del aparato militar y político como “Mikel Antza”, Xabier Alegría, José Javier Arizkuren Ruiz “Kantauri” o la dirigente de Jarrai Ana Lizarralde. También figuran en la lista interlocutores del último proceso negociador, como Unai Fano o el ex parlamentario vasco Jon Salaberria (que pertenecía a la cúpula política de “Thierry”). Demasiados representantes para un colectivo que ETA quiere mantener cohesionado. Quizás, por ello, entre los elegidos figuran portavoces de las diferentes sensibilidades dentro del colectivo de presos.
Su primer comunicado hizo una clara referencia a la necesidad de «dar pasos y tomar nuevas iniciativas en lo sucesivo bajo la perspectiva de nuevas condiciones y reiterando su demanda de levantar las medidas de excepción contra el colectivo». El Acuerdo de Guernica, la hoja de ruta propuesta en términos políticos por la izquierda abertzale, EA, Aralar, Alternatiba, LAB… y hasta una treintena de agentes políticos, sindicales y sociales del País Vasco, recoge en parte una serie de propuestas que siempre han formado parte de las reivindicaciones de ETA para sus presos. En primer lugar, una inconcebible amnistía generalizada para todos ellos, junto a otras de menor calado o más fácilmente asumibles en un proceso final de lucha armada como puedan ser la liberación de los reclusos con enfermedad grave o incurable, o el fin de la dispersión carcelaria. Esta última y la “doctrina Parot” (que dice que se deben aplicar los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena y no sobre el máximo de cumplimiento en prisión de 30 años), siguen en vigor. La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, tachando de irregular la “doctrina Parot”, propiciará que un buen número de presos históricos de la banda obtenga su libertad en el próximo trienio. Entre los excarcelados se hallarán importantes e históricos dirigentes de la vanguardia militar de ETA, que habrán de servir como barómetro para calibrar su nivel de reinserción y socialización en la vida pública. Está en sus manos poner las bases para iniciar una juiciosa y paulatina excarcelación de los presos.
Los presos son, sin duda, el escenario principal y más inminente ante la posible disolución de la organización terrorista. Lo cierto es que hoy resultaría a todas luces inasumible una amnistía como la que se otorgó en el ocaso de los “polis-milis” a principios de los años 80, pero existen experiencias que nos hacen pensar que resulta posible alcanzar un final con justicia para presos y víctimas en un umbral de tiempo razonable no superior a diez años. ETA nunca ha dejado de tener como prioridad en sus negociaciones con los Gobiernos españoles a sus compañeros encarcelados, eso sí, aunque no siempre los defendió con la misma intensidad. En esta ocasión, el denominado “frente de makos” está compuesto por tres grupos bien diferenciados a los que la banda hace constantes llamamientos para mantenerlos cohesionados. De estos tres grupos, el mayoritario está conformado por reclusos que consideran que la lucha armada como fin para conseguir la independencia no tiene sentido en el actual contexto político y social. Este grupo mayoritario basa sus reclamaciones en un final sin vencedores ni vencidos, aunque rechazan de plano la «vía Nanclares» (donde se abre la posibilidad de pedir perdón y arrepentirse) y su renuncia a su pertenencia a la organización terrorista. Seguramente aquellos que idearon la posibilidad de captar arrepentidos entre los internos de la banda, desconocían que para un etarra “tipo” resulta más sencillo pedir perdón por los actos cometidos en un contexto de conflictividad irreal que renunciar a su etapa como luchador por la causa vasca. Lo que está claro es que en la actualidad es muy difícil que podamos ver cómo un importante número de presos de ETA renuncia a su pertenencia a la organización y, además, reconozca el daño causado.
En un segundo grupo menos numeroso se encuentran aquellos reclusos a los que llamamos “los duros” y que comulgan con ideas menos flexibles. Son los más jóvenes y aquellos que siempre representaron una postura intransigente ante la justicia, los tribunales y el sistema penitenciario, y que siguen reclamando su condición de presos políticos, a la vez que demandan del aparato militar una mayor atención sobre ellos y la exigencia de que ETA siga siendo la vanguardia del entramado abertzale.
El tercer grupo es una posición minoritaria, partidaria de un proceso político y negociado, donde la estrategia está basada en esperar a que el “conflicto” se resuelva desde un escenario político y de representación institucional en un futuro no muy lejano. Una posición más cercana a las tesis defendidas en su día por los militantes de la extinta Terra Lliure tras su integración en ERC. Esta última posición apuesta por la consecución de una mayoría suficiente en el Parlamento vasco, es decir, la representación parlamentaria de un polo soberanista cuya prioridad sea la independencia.
ETA parece abocada a un acuerdo definitivo que escenifique la entrega de armas y garantice el regreso de aquellos exiliados que no tengan pendientes causas con la justicia. Este es el escenario más factible. Por su parte, el Gobierno deberá avanzar en la concreción de su plan de reinserción para los presos.