XI. LA PRENSA (I)

La primera noticia sobre el secuestro ocurrido el miércoles 13 de febrero aparece en el Diario de Yucatán el sábado 16.

Desde ayer (viernes 15) a las nueve de la mañana, elementos de la Federación Estudiantil Universitaria y la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico, con auxilio de camioneros sin uniforme, bloquearon al tránsito el cruzamiento de las calles 60 y 57 frente a la Universidad, en protesta, según dijeron, por el presunto secuestro del estudiante Efraín Calderón Lara, asesor de varios sindicatos…

El jefe de la DGSPTE, coronel Gamboa Gamboa, se entrevistó a las 12:30 pm con los líderes estudiantiles en la Universidad y los exhortó a deponer su actitud en plática de media hora. Fue inútil. Poco después los bloqueadores quemaron la última llanta…

Poco después de las 6 de la tarde se efectuó un mitin en la plaza principal en la que se habló de la desaparición del asesor sindical. Por la noche recibimos un escrito firmado por dirigentes de las mencionadas agrupaciones estudiantiles en el que se dice que éstas han acordado una huelga que durará hasta que el presunto secuestrado aparezca y se responsabiliza del caso a la CTM y a las autoridades. (Diario de Yucatán, columna “Sucesos de Policía”.)

El ejército continuó ayer, por tercer día consecutivo, a cargo de la vigilancia de la ciudad. Camiones con soldados y equipos de radio patrullaron la urbe y en ciertos lugares, como en el parque de Santiago y cerca de la Escuela de Medicina, hubo destacamentos fijos.

Cerca del mediodía hubo cierto movimiento de muchachos en los alrededores de la Universidad, con motivo, según se dice, de una junta en el interior del plantel. Esto ocasionó la presencia de varios soldados frente al edificio, entre las 11 y 11:30 horas. Después de las 12, un pelotón estuvo apostado en las puertas de Santa Lucía.

También en horas de la mañana un autobús, que pertenece, según informe, a la Escuela de Psicología, acarreó estudiantes de la ETIC No. 5, menores de edad, al predio universitario.

La ausencia de la policía, que permanece acuartelada, dio pie a que no pocos automóviles obstaculizaran el tránsito al ser estacionados en lugares prohibidos, lo que revela la ausencia de civismo, la irresponsabilidad de sus propietarios o guiadores, a quienes, según parece, muy poco les importa el bien común y son incapaces de respetarlo o de cooperar a conseguirlo a menos que se les haga sentir el miedo a pagar con sus personas o propiedades las consecuencias de no acatar la ley. Triste, pero cierto: hay individuos negativos —no se les puede llamar ciudadanos— en los que la falta de educación cívica raya en el analfabetismo.

Algo se debe hacer para evitar que la presencia del Ejército en las calles sea tomada como un pretexto o “permiso” para violar disposiciones y ordenanzas legales. Paradójico, ¿no es verdad, lector?

Con relación al curso de las investigaciones que se llevan a cabo para esclarecer el presunto secuestro del estudiante de leyes Efraín Calderón Lara, anoche a las 9, el procurador de justicia del estado y el subjefe del DAP proporcionaron la siguiente información:

• Con datos proporcionados por dos testigos —cuyos nombres no se proporcionaron para no entorpecer las pesquisas y en prevención de posibles represiones— se ha elaborado un retrato hablado de uno de los sospechosos del secuestro que fue visto, en compañía de dos sujetos más, rondando por la casa de Calderón Lara (70 con 53) durante dos días anteriores al delito.

• Seis testigos ocasionales del secuestro proporcionaron información con que se han establecido perfectamente las características del vehículo utilizado por los secuestradores.

• El día de ayer se hizo comparecer a una persona que reúne las características personales y fisonómicas del sujeto descrito en el retrato hablado, mismo que fue presentado a los testigos materiales con resultados negativos. En días anteriores fueron examinadas otras personas con los mismos resultados.

• Alrededor de las 20 horas, el Gobernador Loret de Mola se entrevistó con los Sres. Lic. Rodríguez Rojas y Abreu Gómez para cerciorarse del curso de las investigaciones. No hizo declaraciones.

• Por instrucciones del jefe del Ejecutivo, el día de ayer a las 12 am los señores Miguel Ángel Cervera Mangas, Arsenio Pérez Cámara y Alfonso Llanes, a bordo de tres avionetas efectuaron un reconocimiento aéreo con objeto de localizar cualquier vehículo abandonado en veredas y caminos de todo el estado. Alrededor de las 15 horas, en la carretera costera Sisal-Celestún, hallaron un automóvil de color azul estacionado a la vera del camino. Posteriormente se comprobó que el automóvil pertenece a una persona sin injerencias en el caso y que se detuvo por una falla mecánica. Se continuará con esta medida.

Por otra parte, ayer al mediodía circuló en esta ciudad el rumor de que el cadáver de Calderón Lara había sido descubierto en algún lugar del estado de Tabasco, versión que desmintió el subjefe del DAP. (Diario de Yucatán, columna “Sucesos de Policía”, 19 de febrero de 1974.)

El Consejo Universitario en reunión efectuada el día de hoy, acordó formular la más enérgica protesta por la injustificada agresión de que fue víctima el edificio central de la Universidad de Yucatán de parte de la fuerza pública, en los lamentables sucesos ocurridos el sábado último.

Lo injustificado de la agresión se evidencia porque al disparar sus armas los elementos de la D.G. de S.P. y T. del Estado, jefaturados por el coronel Felipe Gamboa Gamboa, contra estudiantes que se encontraban dentro del edificio universitario, quienes estaban en completa desigualdad para repeler el atentado, pudieron suscitar hechos de lamentables consecuencias, ya que los disparos pusieron en peligro la vida de los estudiantes que se encontraban en los recintos de las escuelas de Psicología, de Matemáticas, de Comercio y de Jurisprudencia, lo que se comprueba por los proyectiles recogidos en aulas de dichos planteles y por el ancho boquete producido en la pared interior del edificio de la Escuela de Psicología.

El Consejo apoya el paro pacífico de los estudiantes por la agresión a la Universidad y por ende a ellos mismos y denuncia la existencia de un grupo represivo cuyos actos provocativos pueden agravar la situación.

Ratifica el Consejo su postura contraria a la violencia de cualquier índole, proceda de quien proceda, máxime cuando emplean armas mortíferas elementos oficiales cuya misión debe ser salvaguardar el orden y la paz públicos. Considera el Consejo que dicha agresión constituye una flagrante violación a la dignidad humana y a la Autonomía de la Universidad de Yucatán, y por lo tanto demanda el castigo de los responsables.

Mérida, Yucatán, México, 18 de febrero de 1974.— Por el consejo Universitario, el Jefe del Departamento de Difusión y Relaciones de la Universidad de Yucatán, Conrado Méndez Díaz. (“Declaraciones del Consejo de la Universidad de Yucatán en torno a los sucesos del sábado último”, Diario de Yucatán, 19 de febrero de 1974.)

(NOTA DE LA REDACCIÓN) Hasta aquí este infortunado escrito que en mala hora redactó, aprobó y dio a conocer anoche el Consejo de la Universidad de Yucatán, autoridad máxima del plantel.

La primera pregunta que suscita cae por su propio peso: ¿Qué autoridad moral asiste al Consejo en las actuales, precisas circunstancias para condenar como lo hace la actuación de la autoridad civil?

¿Cómo, cuándo, dónde trató el Consejo de impedir, con actos preventivos o sanciones ejemplares, que los bienes de la Universidad fueran utilizados como instrumentos de la comisión del delito de bloquear la vía pública?

¿Qué gestiones realizó el Consejo para convencer a los autores del bloqueo de que éste constituye un acto extralegal? ¿Qué medidas adoptó para poner fin a esa obstrucción que perjudicaba a la ciudad? ¿En qué momento aconsejó a los muchachos que depusieran su actitud, como lo hizo la autoridad civil sin fruto alguno?

¿Advirtió el Consejo a esos jóvenes sobre los peligros de no sólo desobedecer sino retar a las autoridades con la reincidencia de sus desacatos? ¿Les llamó la atención sobre la seria amenaza que representa para la sociedad el hecho público de que cualesquiera de los sectores que la integran se oponga en forma abierta, impune y al margen de la ley a los encargados de proteger a esa misma sociedad de actos de semejante naturaleza?

Si todo esto hizo el Consejo para evitar la confrontación entre ciertos estudiantes y la policía, si tiene entonces autoridad moral para elevar su protesta y ésta se hallaría sólo sujeta a un análisis que determinara si dice bien, si se pronuncia con razón en todos los términos del escrito o sólo en parte.

Pero si nada o poco hizo para impedir los deplorables sucesos del sábado, si se cruzó de brazos, su deber elemental era, antes que nada, dar a la sociedad una satisfacción pública por haber contribuido con un papel pasivo e inerte, a esos sucesos que lamenta; una satisfacción sobre todo, por abdicar en la misión que la sociedad le ha confiado de ser guía de la Universidad y custodio de los bienes de ésta, pues la Universidad no es propiedad del Consejo ni mucho menos de los estudiantes: es propiedad de la Nación. ¡Y la Nación es el pueblo!

Pero suponiendo aun que la conducta que haya observado en estos días se revistiera de aquella actitud moral, no puede menos que sorprender que un Consejo Universitario suscriba algunos párrafos del escrito de marras.

¿Qué quiere dar a entender cuando dice que los estudiantes estaban “en condiciones de completa desigualdad para repeler el atentado”? ¿Acaso cree el Consejo, con tan peregrina opinión, que la fuerza pública no puede actuar a menos que sus oponentes tengan iguales medios de lucha? ¿Qué hubiera sucedido de haber tenido armas esos jóvenes? ¿A dónde iríamos a parar si prevaleciera ese extraño concepto de competición? A una anarquía que sería imposible vivir.

¿Qué entiende el Consejo por “un paro pacífico”? ¿No constituye un acto de violencia imponer un trastorno en el orden público bloqueando la principal calle de la urbe, en un sector además donde ocasiona el máximo de perjuicios posibles? ¿Así recomienda la Escuela de Jurisprudencia, donde estudian los jóvenes llamados a interpretar y hacer cumplir las leyes, que se defiendan los derechos y se ventilen los agravios?

¿Qué entiende por autonomía? ¿Patente de impunidad para hacer uso de los bienes de la Casa de Estudios propiedad del pueblo para hostilizar al mismo pueblo, o convertir el predio universitario en un territorio independiente que sirva de base a impertinentes, justificadas agresiones al público?

Medite el Consejo esta actitud que pretende asumir con el infortunado escrito. Demuestre primero a la sociedad que ha cumplido su deber, que hizo honor a sus responsabilidades. Mientras no lo haga, no se puede tomar en serio su protesta o su derecho a tirar la primera, la segunda o la centésima piedra.

Hoy a las 4 de la tarde, en el kilómetro 101.50 de la carretera a Chetumal, cerca del crucero X’hazil, el campesino Evaristo Poot Cruz halló sobre la cinta asfáltica el cuerpo semidesnudo (sólo vestía trusas) de una persona de sexo masculino, de 25 a 30 años de edad aproximadamente, pelo negro y de 1.65 a 1.70 metros de estatura.

El cadáver, que se encuentra en estado avanzado de descomposición, tiene los pies y las manos atadas —éstas por la espalda— una venda sobre los ojos, y presenta una herida de arma punzocortante en la ingle derecha. Se notó además la ausencia de varias piezas de dentadura.

El hallazgo se reportó a la Comandancia de Policía en Carrillo Puerto.

Con relación a este hallazgo, la Delegación de Policía de Chetumal informó cerca de la media noche que poco antes les habían comunicado que se encontró el cadáver de una persona cerca de Carrillo Puerto y que ya habían salido varios agentes hacia ese lugar.

Por otra parte, hoy a las 2, un agente que se identificó como el oficial Medina informó al Diario que no tenía noticia alguna sobre el macabro hallazgo.