Los mensajes de los asesinados

Hermann provenía de una familia de nobles de la Alta Suabia. Su madre, Hiltrud, lo entregó al monasterio con siete años e insistió en que le enseñaran a leer y aprendiera latín. Con grandes esfuerzos, llegó incluso a escribir y se convirtió en uno de los sabios más importantes de su tiempo. Redactó tratados de astronomía, cronología, computística e historia. En el monasterio halló el amparo que necesitaba para forjarse una vida y desarrollar sus extraordinarias aptitudes intelectuales.

«A pesar de que tenía la boca, lengua y labios paralizados y solamente podía farfullar con lentitud palabras difícilmente comprensibles, para sus alumnos era un maestro apasionado y locuaz.» Así lo describió Berthold, uno de los muchos estudiantes que acudían de muy lejos para asistir a sus clases. En el libro Mönche am Bodensee («Los monjes del lago de Constanza»), así como en otros trabajos y ensayos, el medievalista local Arno Borst (1925-2007) siempre situó a Hermann el Tullido en el centro de sus reflexiones y lo consideró un hermano espiritual.

En 1803, tras casi doce siglos de existencia y con el impetuoso advenimiento de la era burguesa, el monasterio de Reichenau fue clausurado o, mejor dicho, el Estado y el pueblo se apoderaron de sus bienes muebles e inmuebles. Los valores espirituales dejaron de tener utilidad y, en lo sucesivo, serían más importantes los costes y beneficios.

Ciento diez años después, en 1913, el gobierno de Baden inauguró en el término municipal de la antigua abadía imperial el Establecimiento Gran Ducal de Curación y Cuidados de Reichenau. Sus directores apostaron por un concepto benefactor de la asistencia psiquiátrica y disfrutaron por ello de un amplio reconocimiento. En marzo de 1941, apenas tres décadas después de la solemne apertura del centro, el Reich alemán tomó posesión de los edificios, entretanto desalojados. Los nuevos propietarios utilizaron las instalaciones para albergar un Instituto Nacional-Político de Educación destinado a formar a muchachos talentosos, rebosantes de salud y alemanes de pura cepa procedentes de todas las capas de la población y convertirlos en las futuras elites. Previamente, el gobierno había reubicado a algunos cientos de pacientes en otros establecimientos psiquiátricos y mandado trasladar a 508 hombres y mujeres discapacitados a las cámaras de gas.

Desde 1949, el centro desempeña las funciones para las que fue originalmente creado. Al principio se llamó «hospital regional psiquiátrico», un título puesto de moda en 1942. Actualmente, su denominación es «centro de psiquiatría», pero acompañado del sobrenombre «hospital especializado y residencia psiquiátrica», más adecuado a los tiempos presentes y comprometido con la idea original. No todos sus pacientes son curables y muchos requieren no tanto terapia como protección, cuidados prudentes y cariño.

Con humildad y sin obsesionarse con la terapia, esta institución desempeña una labor de documentación en beneficio de la práctica clínica actual. Esta aspiración dice mucho a favor de la dirección del centro, de la cual forma parte desde hace muchos años el especialista en trastornos emocionales y neurológicos Heinz Faulstich y a cuyos trabajos no he dejado de remitirme en las páginas de este libro. Como médico, Faulstich ha demostrado un gran interés por la historia de la psiquiatría alemana en el ámbito local, primero, y nacional, después. Sus dos grandes obras tardías sobre la historia de los establecimientos de curación y cuidados de Baden hasta 1945 y sobre la muerte por inanición acelerada con ayuda de medicamentos tóxicos en los hospitales psiquiátricos alemanes han permitido ampliar considerablemente el conocimiento sobre los fundamentos y las prácticas de los asesinatos por eutanasia.

Por su experiencia médica, este historiador sabía que los familiares de los enfermos asesinados entre 1939 y 1945 no podían ser elevados a la categoría de víctimas paralelas. «La permanencia de una persona en una unidad de psiquiatría», resumía Faulstich, «depende no pocas veces del hecho de que afuera le espere alguien o quiera el paciente volver a estar con alguien. En aquella época, el abandono por parte de los familiares podía tener efectos letales en el ingresado.»⁴⁵⁴ Frases como estas caracterizan el tono muy particular de los trabajos de Faulstich.

En Constanza, justo al lado de Reichenau, la inesperada aparición de 192 urnas en el año 1983 causó un gran revuelo. Las había encontrado un funcionario del cementerio municipal en los sótanos de la sala funeraria y tenían escritos nombres de personas que, en su práctica totalidad, habían sido víctimas de la Acción T4.⁴⁵⁵ Los recipientes no habían quedado abandonados a oscuras durante más de cuarenta años por descuido. Al contrario, el alcalde había seguido en su día la orden de poner los restos mortales a disposición de los familiares dictada por el Consejo de Municipios Alemanes el 3 de abril de 1940.

Los muertos cuyos nombres aparecen en las urnas fueron gaseados, incinerados y, finalmente, eliminados casi por completo de la memoria pública y privada. Nadie había preguntado por ellos durante más de cuatro décadas hasta que, en 1983, fueron rescatados por fin del anonimato y sus muertes y sufrimientos, honrados. Los muertos habían nacido en un radio de hasta cien kilómetros a ambos lados del lago de Constanza, de los parajes alemanes del Hegau y el Allgäu y los estados austriacos de Voralberg y Tirol occidental.⁴⁵⁶ Finalmente recibieron sepultura junto a lápidas con los correspondientes nombres y datos biográficos. Este hecho los diferencia de casi todas las otras víctimas de la Acción T4. Y si finalmente sucedió así, no fue gracias a los parientes de los asesinados, sino a los miembros del consejo municipal de Constanza, estimulados también por el nuevo clima político de memoria histórica que se había instalado en Alemania a principios de la década de 1980.

Las urnas olvidadas apuntan a los asesinos directos, pero también remiten a la complicidad del alcalde nacionalsocialista de Constanza y sus subordinados, cuya conducta conformista se puede tomar como ejemplo para todas las ciudades alemanas, todos los altos funcionarios de cementerios y todas las administraciones regionales y ministeriales de la época, sin excepciones. Entre ellos cabe incluir también a miles de oficiales médicos, directores de clínicas, médicos de unidades especializadas, profesores universitarios, cuidadoras y comadronas. Excluyendo contadas excepciones, funcionaban en conjunto como una máquina de relojería. Y bajo ningún concepto cabría incluirlos en las categorías de «perpetrador nazi» o de «ideólogo de la raza» a las que tan frecuentemente se recurre para ofrecer una explicación, pero que ocultan importantes preguntas acerca de la conducta humana.

En uno de cada cuatro asesinados, los remitentes de las urnas —es decir, el personal administrativo de los centros mortíferos— no pudieron indicar el lugar de residencia de los parientes o ni siquiera la existencia de familiares porque no constaba esta información en los historiales. Por ello anotaron simplemente «Pariente desconocido». En cambio, no sabemos por qué motivo los parientes conocidos a los que sí se informó de la muerte de un miembro de su familia no fueron a recoger la urna para inhumarla. Muchos debieron haber roto previamente el contacto con su pariente olvidado en el establecimiento psiquiátrico o solo se acordaron esporádicamente de él como una obligación molesta. Los hubo que no quisieron ahondar en su mala conciencia. Otros debieron de ver en la oferta de envío —gratuito— de las urnas la broma siniestra de un estado asesino o debieron de avergonzarse del asesinato en sí. No pocos, quizás, pensaron que las cenizas del recipiente cerámico serían de otro asesinado. Y es posible que algunos no supieran qué hacer con la urna, ya que la incineración estaba mal vista en las regiones de tradición cristiana. Presumiblemente, los motivos no se repartieron entre los distintos familiares, sino que se mezclaron en su semiiconsciente y generaron una estupefacción reactiva.

Como había tantas urnas que se quedaban huérfanas no solo en Constanza, sino en todas partes, los administradores de la Acción T4 empezaron a restringir su envío. Así, dejaron de enviar las cenizas automáticamente a la oficina funeraria encargada de la inhumación y propusieron lo siguiente a los familiares: «En caso de que deseen enterrar la urna en un cementerio determinado —el envío es gratuito—, les rogamos que lo comuniquen adjuntando una declaración de consentimiento emitida por la administración del cementerio correspondiente. Si no recibimos dicha comunicación en el plazo de 14 días, ordenaremos la inhumación en otra parte».⁴⁵⁷

Como demuestra el documento, no se puede decir que los inspectores funerarios de Constanza actuaran entre 1941 y 1983 con negligencia y crueldad. En realidad, demostraron tener algo de piedad, porque urnas abandonadas las hubo a miles en los almacenes de los cementerios municipales alemanes durante el nacionalsocialismo, e incluso después. Sus responsables resolvieron el problema de forma claramente distinta que sus colegas de Constanza y se deshicieron antes de las cenizas, de manera discreta y sin desatar ningún escándalo público. Y sin que nadie protestara.

Resultan inquietantes las declaraciones de aquellos padres de Hamburgo que, entre 1942 y 1945, respondieron afirmativamente a la pregunta sugestiva de si someterían a su hijo discapacitado «a una terapia con una elevada probabilidad de tener un desenlace mortal, aunque quizás beneficiosa». Estos ejemplos coinciden con los resultados que Ewald Meltzer había obtenido en su encuesta de 1920. Sin embargo, no se pueden considerar representativos. Los médicos de las Unidades Especializadas de Pediatría del Comité del Reich actuaron de muy distintas maneras. Sin duda los hubo que engañaron a cientos de madres y padres y mataron a cientos de niños y niñas en contra de la voluntad declarada de sus progenitores.⁴⁵⁸ Pero en Hamburgo parece que no fue siempre así. Hermann Knigge, el médico que dirigió la Unidad Especializada del Comité del Reich en Langenhorn, preguntaba regularmente a los padres para conseguir su conformidad con «una terapia muy arriesgada», o lo que es lo mismo, su sí indirecto a la muerte. Pero si estos rehusaban, Knigge renunciaba al «tratamiento» letal. Según los informes médicos, esto sucedió en tres casos de cada cuatro. La pregunta planteada por Knigge solo se podía responder con un sí o con un no, es decir, dejaba poco margen para la abstención y la consiguiente aceptación de una muerte «repentina». El 25 por 100 de los padres estuvo de acuerdo y el 75 por 100 se negó. En 2011, Petra Lutz obtuvo resultados similares para la conducta de padres con hijos asesinados en las unidades mortíferas de Ansbach y Eichberg. En 2002, Maike Rotzoll y Gerrit Hohendorf hablaron de lo difícil que fue para ellas, a finales de la década de 1990, contactar con los familiares de aquellos 21 niños y niñas que Carl Schneider había mandado asesinar con fines científicos entre 1942 y 1945. Solamente cinco familias superaron la «considerable barrera psicológica, junto con la vergüenza», y se mostraron dispuestas a hablar del tema.⁴⁵⁹

A diferencia de la mayoría del resto de historiadores, Heinz Faulstich tampoco esquivó la difícil cuestión del comportamiento de los familiares y la abordó en el caso del establecimiento de Reichenau. Exceptuando once, se han conservado todos los informes médicos y personales de los 508 pacientes que fueron obligados a morir en las cámaras de gas entre 1940 y 1941. Faulstich valoró el contenido de las 497 carpetas y obtuvo los datos siguientes.

Por el destino de los deportados preguntaron por carta 112 familiares, es decir, un 22, 5 por 100. Entre estas peticiones, Faulstich encontró «en total, aproximadamente de veinte a treinta» cartas que clasificó como escritos de protesta. Así, uno de cada 20 o 25 familiares se mostró claramente indignado. En cambio, la deportación y muerte del 77, 5 por 100 de los restantes enfermos de Reichenau no suscitó ninguna reacción documentada. Por sus años de experiencia en hospitales psiquiátricos, Faulstich supuso que en estos casos se produjeron «rupturas de contacto» previas entre paciente y familia: «No pocas veces, los familiares también contribuyen a que una persona quede abandonada durante años en el establecimiento. Al contrario de lo que piensan algunos críticos de la psiquiatría, el destierro de una persona en una clínica mental no es solamente obra de psiquiatras rendidos a una autoridad, sino que también son, con frecuencia, los propios familiares o el entorno social quienes la marginan. En aquella época, la práctica psiquiátrica de trasladar a pacientes de una punta del país a otra como si fueran muebles fue un detonante más de la interrupción del escaso contacto que todavía pudiera existir».⁴⁶⁰

Esto también lo sabían los actores de la Acción T4. En sus pliegos de inscripción llamaba la atención la pregunta: «¿Recibe el paciente visitas regularmente?». En abril de 1941, el entonces director médico de la T4, Werner Heyde, explicó a los juristas más sobresalientes de Alemania cómo valoraba las reacciones de los familiares: «Ahora se registra detalladamente el legado, que es lo que a los familiares les interesa la mayoría de las veces. Los familiares están de acuerdo en un 80 por 100 de los casos, protestan en un 10 por 100 y se muestran indiferentes en otro 10 por 100».⁴⁶¹

Heyde debió de basarse en reacciones y ausencias de reacción como las que ahora conocemos para el establecimiento de Reichenau, donde Faulstich calculó una cuota máxima de protestas del 6 por 100. Su resultado está claramente por debajo de la estimación de Heyde, sobre todo porque aquel se refiere a un establecimiento situado en un entorno poco industrializado, rural y provinciano, y con una población principalmente católica. Para los pacientes urbanos y principalmente protestantes de la ciudad de Berlín no existen estudios precisos, pero mi impresión es que no es probable encontrar allí una cuota más alta de quejas claramente formuladas. Mi muestreo de Neuruppin se refiere a varios miles de pacientes trasladados desde Berlín: tres cartas de protesta contra el homicidio frente a cuatro quejas en las que a los allegados solo les importaba el legado dejado por su familiar asesinado. Esto coincide con las impresiones de Heyde.

Para el establecimiento de Warstein, en Westfalia, el historiador de la psiquiatría Bernd Walter ha sido capaz de demostrar que las monjas vicentinas que trabajaron allí sugirieron a los familiares, de manera clara, inequívoca y por distintos cauces, que se llevaran del hospital a los enfermos amenazados de deportación. Sus avisos solo surtieron efecto en un escaso 4 por 100 de los casos.⁴⁶² Aparte de Faulstich, la historiadora Petra Lutz también se ha dedicado a la cuestión de «por qué tan pocos pacientes fueron rescatados por sus familiares». Todavía no ha finalizado su investigación, pero ya ha publicado varios ensayos sobre el tema. Según su diagnóstico provisional, el extendido silencio entre los familiares habría «facilitado la ejecución de los asesinatos como mínimo de manera considerable», ya que «la comunicación entre establecimientos y parientes no era en absoluto una “vía de sentido único” dedicada únicamente a trasladar la reacción de los segundos». Al contrario, los responsables repartidos por los distintos niveles prestaban muchísima atención a las reacciones de los familiares, solo que, en general, estas no eran motivo de preocupación. Hubo casos de protesta también en establecimientos no confesionales, pero fueron manifiestamente escasos.⁴⁶³

Los datos coincidentes aportados por Heyde, Faulstich y yo mismo se refieren solamente a la conducta de aquellas personas que tuvieron que afrontar la muerte repentina y en extrañas circunstancias de un familiar problemático que requería todo tipo de dedicación. Pero la cuestión del alcance de la protesta no acaba aquí.

Como ha quedado documentado varias veces en páginas anteriores, la actuación enérgica de algunos parientes permitió liberar a sus familiares de las garras de la Acción T4. Por otro lado, los directores de establecimiento también decidieron sobre la vida y la muerte de los enfermos tachando de las listas negras hasta un 30 por 100 de sus pacientes y, durante la segunda mitad de la guerra, eligiendo ellos mismos a los candidatos para la deportación y el asesinato. Se puede afirmar con seguridad que los directores, al hacer esta selección, perdonaron la vida de aquellos internos por los que sus familiares habrían dado muestras de insistente interés.

En el caso de los pacientes que se salvaron de esta manera, la protesta dirigida a médicos, cuidadores y directores funcionó en muchas ocasiones. Por otro lado, también existía la posibilidad objetiva de llevarse a casa, por un periodo breve o prolongado, al pariente mentalmente enfermo o corporalmente perjudicado, o bien alojarlo en residencias privadas o cristianas, comparativamente más seguras que las públicas, pero solamente al alcance de familias con una situación económica hasta cierto punto holgada. Más significativos fueron, cuantitativamente, las visitas o el interés demostrado de forma natural y manifiesta por parte de los parientes. Esta forma silenciosa, y de largo la más extendida, de ayuda efectiva a la supervivencia no entra en las categorías de protesta ni de resistencia, ni se tradujo en peticiones de alta para los tutelados.

Requiere un enorme esfuerzo evaluar estas formas de intervención familiar. Por ello, tanto más meritorio es el estudio de estadística sociológica elaborado por un grupo de investigación que analizó los informes médicos y personales de 3.002 víctimas de la Acción T4 y la conducta de los familiares documentada en ellos. Para el estudio comparativo se recurrió a un muestreo de 563 informes de once establecimientos de curación y cuidados que ofrecían información de los pacientes que se salvaron.

El citado estudio tomó como signos de apoyo familiar las cartas, transferencias de dinero, envío de paquetes, solicitudes de permiso para el enfermo en días festivos y las visitas regulares, especialmente por Navidad, Pascua, cumpleaños y onomásticas. Basándose en estos indicios, Petra Fuchs llegó a la conclusión que para un 19, 2 por 100 de los enfermos asesinados había existido una «fuerte cohesión familiar», mientras que el porcentaje equivalente para los supervivientes fue del 39, 4 por 100.⁴⁶⁴ Es decir, que las muestras de interés silenciosas por parte de los familiares aumentaron considerablemente las posibilidades de supervivencia de los tutelados.

Los organizadores de la Acción T4 también tuvieron en cuenta este hecho en sus cálculos. Lo que pretendían al trasladar a pacientes de Renania a la frontera oriental, de Hamburgo a Viena o de Brandeburgo a Baviera era cortar de raíz —y más intensamente durante la segunda mitad de la guerra— los vínculos sociales y familiares. La mentira del traslado por orden del comisario de Defensa del Reich debió de aplacar el instinto protector de los familiares y hacer que la rebelión contra una necesidad supuestamente militar pareciera inútil. La propia guerra fragmentó progresivamente la sociedad alemana, separó las familias e hizo que la atención de los parientes se centrara cada día más en los miembros de la familia todavía sanos —hijos pequeños, parientes en ciudades bombardeadas, maridos e hijos en el frente—. A medida que pasaban los meses, las circunstancias externas fueron reduciendo aún más las posibilidades de mantener un contacto regular y protector con los menores y adultos problemáticos y dependientes que estaban ingresados en los establecimientos psiquiátricos. Los organizadores de los asesinatos por eutanasia se aprovecharon de todas estas circunstancias.

La afirmación de Heyde de que solamente el 10 por 100 de las familias habría protestado en caso de deportación y muerte violenta de uno de sus miembros parece plausible. Con este dato no se dice todo acerca de la actitud mental y la conducta práctica de los familiares que no protestaron por escrito. Sin embargo, Heyde concluyó que «los familiares están de acuerdo en un 80 por 100 de los casos y se muestran indiferentes en un 10 por 100». Heyde no podía disponer del más mínimo indicio que apoyara estas cifras. Es posible que, simplemente, se basara en la encuesta de Meltzer, tan socorrida como argumento justificativo, según la cual un 73 por 100 de los preguntados se habían mostrado a favor del «acortamiento indoloro de la vida» de un niño discapacitado.

En cualquier caso, más importantes parecen las circunstancias en las que Heyde llegó a esta conclusión en abril de 1941 y los fines que perseguía con su estadística: plenamente convencido del éxito, presentó los resultados y, también, algunas dificultades —superadas, por supuesto— a los fiscales generales y presidentes de las audiencias regionales del Reich. A ellos debía explicar que la Acción T4 se avenía completamente con el sentido de justicia de la nación. Cabe destacar que Heyde evitó la palabra «aprobación» y prefirió hablar de «consentimiento» por parte de la población, es decir, una actitud que no presupone ninguna acción voluntaria por parte del individuo, sino que designa más bien la conformidad y el tránsito fluido hacia la indiferencia. Si cambiamos la frase de Heyde «el 80 por 100 de los familiares están de acuerdo» por «el 80 por 100 de los familiares afectados aceptaron los asesinatos», no nos estaríamos alejando demasiado de una realidad donde la palabra «aceptación» describe un comportamiento impreciso que se expresa de formas muy diversas. Por ejemplo, a la vista de la no siempre agradable notificación estandarizada de defunción de un marido, es posible que la esposa murmurase: «quizás haya sido lo mejor para él», y otra pensara: «le han puesto una inyección letal, los de arriba hacen con nosotros lo que quieren».

Tal interpretación se basa en el hecho de que Heyde, Nitsche, Linden, Hefelmann, De Crinis, Brack y los otros máximos dirigentes de la Acción T4 en ningún momento contaron con un consentimiento casi ilimitado. Más bien hicieron todo lo posible por tender los puentes psicológicos necesarios para que los familiares pudieran mirar a otro lado, convencerse a sí mismos de la muerte natural del pariente asesinado y aceptarla sin decir nada.

Para no socavar la moral, como mínimo cristiana, de los participantes, los organizadores de la Acción T4 legitimaron su actividad extraoficialmente con una ley no publicada dirigida a todos aquellos que colaboraron, como en un sistema de división del trabajo, tanto en puestos gubernamentales como en la profesión médica. Al mismo tiempo, ocultaron el homicidio de cara al exterior. Con ello ofrecían a los familiares una alternativa entre el no querer y el no tener que saber nada. Y en cuanto aparecían muestras de resistencia, los responsables políticos respondían con sensibilidad y en tono conciliador. Lo único que les importaba era que las protestas individuales no salieran de la esfera privada ni de los cauces administrativos y no se convirtieran en un escándalo público.

Sobre todo, la Acción T4 enseñó a sus iniciadores que semejante exterminio se podía perpetrar dentro de Alemania. Al aceptar los alemanes el asesinato de sus propios camaradas nacionales, los dirigentes políticos confiaron en que podrían cometer crímenes todavía peores sin que llovieran sobre ellos protestas significativas. Pensaron que si había gente que consentía que su tía esquizofrénica muriera en la cámara de gas o su hijo de cinco años con parálisis espástica recibiera una inyección letal, tampoco le preocuparía el destino de los judíos aislados por ser enemigos del mundo y la nación, ni le importaría que dos millones de presos soviéticos murieran de hambre en seis meses para que los soldados alemanes y sus familias tuvieran más comida.

Al igual que en la Acción T4, el gobierno nacionalsocialista también fue tanteando la situación y actuó por etapas en la «solución final del problema judío». Así, excluyó de la deportación a grupos donde habría podido cristalizar la resistencia —medio judíos y cónyuges judíos de no judíos— y al principio fue magnánimo con los veteranos de la primera guerra mundial y los ancianos. Primero fueron asesinados los judíos del este y, después, los judíos alemanes y de Europa occidental; primero, los hombres y, después, todos; primero, los no aptos para trabajar y, después, todos. Al principio se pensó que el centro de exterminio debía levantarse lejos, en Bielorrusia, pero después se comprobó que el proyecto «Solución Final» se podía poner en marcha más al oeste, incluso sobre suelo alemán anexionado, en Auschwitz.

La precaución y el sondeo de posibles resistencias y límites siguieron las experiencias de la Acción T4. En un caso como en otro, Hitler, sus codirigentes y asesores consiguieron que el pueblo mirara para otro lado e inventaron numerosos eufemismos para camuflar sus actividades. El «traslado» lo convirtieron en «evacuación» e «incorporación laboral en el este». Todo discurría bajo la palabra clave «Asunto Secreto del Reich» con el único fin de facilitar el silencio y la aceptación de la población y, al mismo tiempo, mantenerla tanto más vinculada a sus líderes. Para ello era necesario que se notara, de forma controlada, que todos los alemanes y alemanas se dejaban llevar por la corriente del crimen atroz y se entregaban de manera semiconsciente a la victoria final o al naufragio colectivo. Y así fue.

Además, el periodo autoagresivo de la Acción T4 había embrutecido moralmente a la mayoría de alemanes. Desde el principio, el programa biopolítico de higiene genética fue inherente a una inclinación por la automutilación, como demuestra la esterilización forzada de 350.000 alemanes durante los primeros años nacionalsocialistas y, sobre todo, el exterminio físico de los débiles corporales y mentales. Una sociedad que se autoinflige continuamente tales heridas y pérdidas acaba embruteciéndose y haciéndose también cada vez más agresiva con el exterior. Una sociedad así deja de tener escrúpulos y encuentra incluso justificado que se haga lo mismo o peor a otras personas, especialmente las consideradas forasteras u hostiles.

Personalidades de confesión protestante como Gerhard Braune, Friedrich von Bodelschwingh o Theophil Wurm, en absoluto afines al régimen, pero sí leales al Estado, mantuvieron reuniones secretas y enviaron a diversas instancias gubernamentales encendidas cartas de rechazo de los asesinatos.⁴⁶⁵ No consiguieron nada. Sus blandas peticiones no se hicieron públicas hasta después de la rendición del ejército nazi en mayo de 1945. El único que —aunque tarde— adivinó la gravedad de la situación y, guiado por sus principios cristianos, elevó eficazmente una protesta ajustada a los hechos fue Clemens August Graf von Galen. Con una entrega personal absoluta y haciendo valer el peso de su autoridad, el obispo de Münster hizo jirones, por un tiempo, el tupido e impenetrable velo que se había corrido sobre los crímenes. En sus tres sermones empleó repetidas veces los conceptos «asesinato» y «homicidio» en el sentido tanto del código penal como del quinto mandamiento de la ley de Dios: ¡No matarás! Solo así consiguió poner en un aprieto al Führer y avergonzar a los muchos alemanes que preferían permanecer en la inopia.

El éxito de Galen no duró mucho. El inicio de la guerra total y el cambio táctico, a mediados de 1942, de los procedimientos homicidas, todavía más opacos, frustraron cualquier esperanza. Y lo que es más importante: Galen se quedó solo. Exceptuando el sermón del obispo de Berlín Konrad von Preysing, mucho menos crítico, ningún otro prelado católico siguió su ejemplo. Por su parte, los jerarcas de la iglesia protestante alemana ni siquiera consideraron la opción de hacer valer desde el púlpito su todavía fuerte influencia social. En 1947, después de que Karl Brandt, el delegado de Hitler para los crímenes por eutanasia, fuera condenado a la horca en el juicio de los médicos de Núremberg, la dirección de la institución de fe evangélica Von Bodelschwingh Bethel presentó una petición de gracia para el reo.⁴⁶⁶

Los alemanes, en su gran mayoría, aceptaron los crímenes. Se dejaron llevar por el influjo del mal y, por ello, siguieron callando después de 1945. En las paredes de las salas de estar y dormitorios colgaron fotografías de maridos, hijos y hermanos caídos en el frente. En cambio, sobre las imágenes del tío o la abuela asesinados por padecer una demencia, requerir cuidados o ser psíquicamente llamativos imperó una censura tácita.

Hoy no deberíamos cometer la imprudencia de sentirnos superiores a los padres, hijos o cónyuges que entonces se vinieron abajoEllos vivían en unas circunstancias mucho más difíciles. A diferencia de ahora, cuando nacía un niño discapacitado no existía ninguna perspectiva de ayuda social bondadosa, sino la amenaza real de que toda la familia sería considerada como genéticamente contaminada y vería coartadas todas sus posibilidades de futuro.

Las personas con discapacidades corporales e intelectuales graves y las que se salen psíquicamente de la norma son a menudo una carga. Desorientan a los que se consideran sanos y les alteran sus planes de vida y su concepto de normalidad, a veces de forma amenazadora. Por este motivo provocan desconcierto, excusas, aversión, miedo y rechazo, y atraen agresiones y deseos de muerte. Como estos sentimientos están dirigidos contra personas cercanas y, encima, indefensas, generan un problema de conciencia y la necesidad de solucionar de una forma u otra algo que no tiene solución. La política y las normas sociales pueden, en el caso del estado nacionalsocialista, reforzar estas ambivalencias y tentaciones y sacar provecho de ellas o, en el caso de la Alemania actual, atenuarlas considerablemente —pero no suprimir las predisposiciones humanas—. Quien diga que la Acción T4 fue exclusivamente un crimen «de los nacionalsocialistas» o «de los perpetradores» está haciendo oídos sordos al mensaje de los asesinados. Las víctimas de la eutanasia en Alemania fueron una carga para muchos. Murieron de forma violenta y en el más absoluto olvido.