Introducción

Introducción

HASTA AHORA SE HAN publicado miles de libros sobre la Guerra Civil española, pero, en general, la mayoría recrean los mismos escenarios, hablan de idénticos acontecimientos y las perspectivas difieren en cuanto lo hace la ideología de los autores. Si miramos la bibliografía citada, casi siempre es la misma. La incorporación de la más reciente suele ir con mucho retraso. Las fuentes generalmente son muy limitadas y muy pocas las de archivos, realizándose pocos esfuerzos por adentrarse en grandes conjuntos documentales. Con esos ingredientes hay poco lugar para la innovación. Por eso los tópicos, las lagunas y las interpretaciones consolidadas por la tradición suelen ser tan comunes en esta temática. Ya lo ha puesto de manifiesto uno de los últimos estudios sobre la historiografía reciente de la Guerra Civil, donde se expone la dificultad de encontrar ideas y explicaciones nuevas^[1]. La guerra española fue un episodio histórico apasionante, que mereció la atención de todo el mundo en su momento y que sigue provocando una expectación inusitada entre los lectores. Pero estos, en buena parte de los casos, se encuentran desilusionados al abrir la llamativa cubierta de los distintos libros, porque lo de dentro es lo mismo de siempre.

Esta obra intenta ser distinta tanto en su concepción como en sus resultados. Analiza la conspiración de la primavera de 1936 y el golpe de Estado comenzado en Melilla el 17 de julio y extendido a la Península a partir del día 18 pero de una forma original, prescindiendo con todas las consecuencias de algunas fuentes clásicas, como la tan recreada Historia de la Cruzada Española, y de la más caduca bibliografía, generalmente impregnada de más odio y rencor que de ciencia. El relato se forma, sobre todo, a partir del testimonio de los protagonistas. En unos casos se trata de personajes conocidos, en otros muchos no. Algunos han sido recogidos a través de sus memorias, otros, los más, a partir de sus declaraciones e informes en los procesos judiciales en los que se vieron involucrados.

Se trata, por tanto, de reconstruir unos meses y unos acontecimientos de gran importancia para la historia no sólo nacional, sino mundial, sobre los que se han publicado muchas páginas, pero de una forma distinta, a partir de la experiencia de los participantes, lo que genera una historia más viva, más personal e individual, más sentida y mucho más humana. Ello ofrece una mayor posibilidad para trascender al relato, permitiendo comprender tanto lo sucedido como a los actores, importantes o no, porque en todos estos acontecimientos fueron muchos miles, incluso millones de personas, los protagonistas. Sólo si comprendemos lo acontecido habremos logrado el objetivo último de esta investigación: explicar el proceso conspirativo de marzo/julio de 1936 en todas sus dimensiones; su consecuencia primera, el golpe de Estado; y la última, la Guerra Civil.

La base firme de la presente investigación es la bibliografía y las fuentes documentales. La bibliografía consultada ha intentado ser lo más exhaustiva posible, aunque todos sabemos que hablar de exhaustividad en un tema como el de la Guerra Civil española, que es el que después de la II Guerra Mundial más libros ha generado en todo el mundo, resulta sencillamente imposible. Con estas limitaciones, se ha procurado ser riguroso especialmente con la más reciente, la alejada de planteamientos maniqueos y la que ha tenido como base fundamental de su estudio las fuentes archivísticas. Se han manejado tanto los estudios de conjunto como las cada vez más numerosas monografías provinciales que vienen a diseñar recientemente un panorama historiográfico más halagador.

Las fuentes documentales analizadas han sido numerosas, encontrándose repartidas en distintos archivos militares, como los archivos de los tribunales militares territoriales y el Archivo General Militar de Ávila, o históricos, como el Archivo Histórico Nacional o los archivos históricos provinciales. De todas destacan las judiciales, tanto por su cantidad como por su calidad. Aportan una documentación poco utilizada por los historiadores de la época contemporánea pero cada vez más revalorizada por su capacidad para conocer y replantear muchos temas. Entre ellas sobresalen las causas judiciales abiertas por los tribunales republicanos durante la Guerra Civil, los consejos de guerra franquistas, tanto durante la guerra como en la inmediata posguerra, y la Causa General. Esta última soporta un gran peso de la investigación.

La Causa General constituye una voluminosa documentación formada por 950 legajos y depositada en el Archivo Histórico Nacional, de los que 532 pertenecen a los informes enviados por las provincias y 418 a los tribunales militares de los ejércitos del Norte y del Centro. La Causa General se formó por iniciativa del gobierno franquista, por un decreto del Ministerio de Justicia de 26 de abril de 1940, que concedía poderes al fiscal del Tribunal Supremo para instruir la «Causa General Informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación»^[2]. La búsqueda desesperada de responsabilidades resultó una invitación a todos los que se sentían agraviados, por múltiples circunstancias, a dar rienda suelta a sus deseos de venganza. Por ello es una fuente sobre la que hay que tomar muchas precauciones, especialmente en las piezas de depuración de delitos de sangre y actuación de comités y autoridades populares. Sin embargo, la Pieza n.º 2, «Alzamiento nacional», se encuentra repleta de testimonios de participantes en él que, aun conscientes de que su declaración estaba realizada bajo numerosos condicionantes extremos, ofrece relatos y detalles de los acontecimientos únicos tanto por su cantidad como por su calidad. A las declaraciones se suman en algunas provincias copias de las causas judiciales emprendidas durante los meses posteriores a los hechos, tanto por tribunales republicanos como por consejos de guerra franquistas.

A las fuentes judiciales se añaden los informes, correspondencia y testimonios de diversos militantes de organizaciones obreras, políticas o sindicales que se conservan en los archivos o fundaciones de los sindicatos o partidos políticos, como la Fundación Anselmo Lorenzo y la Fundación Pablo Iglesias.

La documentación conservada en los archivos españoles se ha completado con la de la diplomacia francesa y británica, consultada en el Archive du Ministère des Affaires Étrangères (París) y en The National Archives (Londres), respectivamente. Parecía imprescindible rastrear la opinión y la acción de los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia, las dos democracias más consolidadas del continente europeo. Su actuación ante la conspiración y el golpe militar, con la firma del Pacto de No Intervención, resultó trascendental para el discurrir de los acontecimientos españoles.

La prensa también ha sido de enorme utilidad, tanto para seguir los acontecimientos como para intentar conocer y comprender la actuación de las autoridades oficiales en el alzamiento, de los responsables de la sublevación y la reacción de las milicias populares. Cabeceras como ABC (ediciones de Madrid y de Sevilla) y Ahora dedicaron muchas páginas a informar sobre los acontecimientos con gran lujo de detalles, por lo que resulta imprescindible consultar sus artículos y contrastar sus informaciones y sus opiniones con otras fuentes. Además se han consultado las cabeceras más significativas de algunas provincias, en búsqueda tanto de la información más puntual del momento como de la opinión de los grupos sociales y territoriales a los que representaban.

En este libro no aparecen todas las poblaciones, ni siquiera todas las provincias. No era el objeto de este estudio ofrecer una lista detallada de ellas, porque esta nos permitiría contar, pero no explicar. Tampoco hubiera sido posible, porque hay lugares de los que apenas hay bibliografía especializada. La Causa General tampoco llega a todos los rincones del país, y sobre todo su pieza más interesante en esta obra, la de Alzamiento, sencillamente porque en algunas provincias no lo hubo.

Estas posibles limitaciones se han intentado compensar con un planteamiento novedoso que intenta establecer modelos globales para explicar tanto la conspiración como el alzamiento. Estos modelos o categorías permiten englobar a todos aquellos territorios que jugaron un protagonismo similar en los acontecimientos o mantuvieron una actuación semejante. Ello nos ha permitido entender la conspiración y el alzamiento a base de «poderes compensatorios». Unas provincias jugaron un papel, otras otro diferente; pero todas se sintieron útiles y, lo que resultó más importante, protagonistas. Esa fue, en síntesis, una de las mejores claves tácticas del general Mola, hasta ahora apenas mencionada.

No sólo se presenta el alzamiento desde el punto de vista territorial. También la dimensión temporal adquiere importancia, rompiendo con el férreo molde establecido hasta ahora. La mayor parte de historiadores hablan de alzamiento hasta el 20 de julio, más o menos. A partir de esa fecha los acontecimientos se describen bajo el título de Guerra Civil. El Foreign Office habla por primera vez de «Spanish Civil War» el 28 de julio, término con el que sustituyen a los de «Spanish Rebellion», «Revolt against Spanish Government» y «Revolution in Spain». Ese mismo día el gobierno de la República autorizaba al Ministerio de la Guerra, por decreto, la declaración de «zona de guerra» a aquellas en las que hubiera operaciones militares. También en esa misma fecha la Junta de Defensa Nacional, máximo órgano del Ejército sublevado, extendió el estado de guerra a todo el territorio español por medio de un famoso bando. Unos y otros reconocían el trágico empate en sus fuerzas y la incapacidad para derrotar al enemigo. Además de estas razones de peso, este estudio amplía temporalmente el alzamiento hasta el 28 de julio porque hubo algunos lugares, aunque pocos, donde hubo fuerzas militares sublevadas o se dieron levantamientos militares o civiles hasta esa fecha o cercanas. El alzamiento, por tanto, no fue uniforme ni territorial ni temporalmente, tal vez esa fue otra de las claves del éxito relativo de Mola, que desconcertó al enemigo.

Estas son algunas de las nuevas teorías más importantes que se proponen en este libro, porque siempre se ha querido hacer algo nuevo, distinto, donde las fuentes y la documentación fueran capaces de sustentar nuevos marcos teóricos que intentaran dar respuesta, en la medida en que las fuentes lo permitieran, a algunos de los muchos interrogantes que aún perviven sobre este período, que provocan una gran diferenciación entre los historiadores y un enorme desconcierto entre los lectores. Entre ellos, por ejemplo, podemos destacar el de las causas de la Guerra Civil, la intervención del general Franco en la conspiración y la determinación del asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo en el estallido del alzamiento. Una vez que se produjo el golpe militar, también hay múltiples aspectos sobre los que era necesario reflexionar y estudiar para conseguir explicaciones, como la pregunta todavía fundamental sobre la que había varias versiones e indefiniciones: ¿por qué el alzamiento triunfó en unas provincias y no en otras o por qué la República no fue capaz de dominar unas y sí otras? Esta pregunta nos lleva directamente a plantear nuevos interrogantes: ¿Serían factores políticos, como el peso o no de las organizaciones obreras? ¿Serían factores militares, como la fuerza organizativa de la conspiración y la implicación de los principales mandos? ¿Sería más determinante la acción individual que la colectiva? ¿Sería sencillamente la fortuna? En fin, son sólo algunas de las cuestiones que se plantea este libro y a las que se intenta dar respuesta.

Este estudio, como todos los de la Guerra Civil española, parece que necesita una justificación terminológica, no tanto por evitar herir susceptibilidades como por aclarar términos que se han elegido frente a otros o se manejan de forma indistinta y que pueden parecer equívocos. Cuando se habla de los bandos en que se dividió España tras el 17 y 18 de julio del 36 se han denominado «bando republicano» y «bando nacional», este último solamente por ser el término más comúnmente utilizado. Se han usado indistintamente conceptos como alzamiento, golpe de Estado, levantamiento, movimiento y sublevación para calificar los acontecimientos que tuvieron lugar entre el 17 y el 28 de julio porque, desde el punto de vista gramatical, son similares. Sin embargo, jurídica y penalmente pueden tener amplias diferencias, según deriven en delito de rebelión, cuando se pretende cambiar al gobierno o la forma de Estado, o de sedición, que busca la adopción de otras medidas de carácter político menos graves.

Mientras que el Código Penal de 1928, elaborado durante una dictadura militar que procedía de un golpe de Estado, prescindía de una regulación expresa de los delitos contra la forma de gobierno, el aprobado en 1932 tipificaba el delito contra la forma de gobierno en su modalidad más grave, esto es, con alzamiento público en armas, agravándose la pena cuando se produjese un combate entre los alzados y la fuerza pública. El alzamiento, para ser considerado delito de rebelión, debe ser armado y debe estar dotado de la adecuada organización^[3]. Esta doble condición estuvo presente, en todo momento, en julio de 1936.

Por último, mi más sincero agradecimiento a cuantas personas e instituciones han contribuido a que esta investigación, que se ha alargado más de cuatro años, haya llegado a su fin. Entre las primeras, a Olga M. Morales Encinas, Oscar G. Bascuñán Añover, Juan Antonio Inarejos, Antonio M. Carrasco González y al profesor Sebastian Balfour. Entre las segundas quiero hacer un reconocimiento especial a la Universidad de Castilla-La Mancha y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por su apoyo a la investigación histórica. La primera me ha ofrecido la posibilidad de consultar la documentación depositada en algunos archivos y bibliotecas fuera de España, a partir de distintas acciones especiales y estancias de investigación. La Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, a través de su Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET), ha venido financiando un proyecto de investigación^[4] del que es resultado este trabajo, que comenzó a partir de la ponencia presentada al Congreso Internacional «La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después», celebrado en la Facultad de Letras de Ciudad Real en 2006 y organizado por el Grupo de Investigación «José Castillejo. Historia e Instituciones Contemporáneas». Este libro está dedicado a mi querido padre, Santiago, que nos dejó unos meses antes de haber acabado de escribir estas páginas, y a Consuelo, Javier, Francisco y Jesús.

El estudio de la Guerra Civil española sigue lleno, además de tópicos y reiteraciones, de debates inconclusos. En muchos casos porque, como ya se ha dicho, las fuentes que manejan la mayor parte de trabajos son siempre las mismas. En otros, porque es imposible dar una versión definitiva y certera. La Historia no tiene punto final ni tiene como pretensión conocer cómo sucedieron en realidad los hechos. Uno de estos debates, quizá el principal, es el de las causas de la guerra. El objeto de esta obra es el estudio de la conspiración y el alzamiento, circunscrito temporalmente al período comprendido entre marzo y julio de 1936. Pero resulta imposible, en este objetivo, prescindir de hacer aportaciones al tema de las causas del conflicto. Quizá fuera lo más cómodo y fácil, pero no lo más acertado y esperado. Para comprender la historia, como se pretende en este libro, es imprescindible situarla en su contexto y en su tiempo e intentar explicar las razones que la determinan. Por ello se ofrece una teoría más, ni la mejor ni la peor, pero es la que surge como consecuencia del estudio de numerosas fuentes y bibliografía, en muchos casos inéditas.

La historiografía no se pone de acuerdo, como no se ponen los ciudadanos, en los que pesan la ideología, las vivencias personales y familiares y la memoria histórica, a la que cada uno modela a su gusto. El debate es complicado y sin solución porque para unos historiadores las causas principales son unas y para otros otras, pero lo que está claro es que no fue una, sino que se dieron multitud de fenómenos interrelacionados y temporalmente no sólo inmediatos. Para conocer todos habría que leer la mayor parte de estudios históricos sobre los períodos anteriores a este, por lo menos los mejores, que son muchos. Aun así, los lectores siempre harían su propia interpretación de los hechos, como la hacemos los historiadores basándonos en las fuentes que seleccionamos y analizamos.

La conflictividad social durante el gobierno del Frente Popular y el proceso revolucionario en el que se ofrecía sigue siendo un tema central en la mayor parte de estudios al analizar las causas inmediatas del conflicto bélico, sobre todo porque fue el argumento de las derechas en el momento para justificar la necesidad del golpe y porque lo ha sido de buena parte de la historiografía para explicar las causas de la guerra civil. El desmoronamiento del Frente Popular, la radicalización del PSOE y las siniestras maniobras del PCE, alimentado por la Comintern, apuntaban de forma inexorable hacia la revolución. Esta sigue siendo la tesis de buena parte de la historiografía conservadora. El fracaso del régimen republicano es, para estos historiadores, la principal justificación de la guerra. Stanley Payne^[5] sigue culpando a la izquierda por el fracaso, al intentar monopolizar el poder y la República, lo que dejó a la derecha sin más salida que la de actuar al margen, llamando a la puerta de los militares. Al igual que Pío Moa, sostiene que la revolución de octubre del 34 fue la primera batalla de la guerra, aunque considera que la República entró en crisis en 1933, cuando comenzó la polarización política y la continua interferencia del presidente Alcalá Zamora con las Cortes.

Para Moa, el gobierno del Frente Popular abrió puertas y ventanas a un proceso revolucionario, proceso caótico pero no espontáneo, sino promovido activamente por los partidos y sobre todo por el comunista, que seguía las directrices del VII Congreso de la Comintern, inspiradas por Stalin^[6]. Para Ricardo de la Cierva, octubre del 34 fue determinante en la que calificó como «República imposible». El Frente Popular fue el colofón de la Revolución de octubre. Mientras el gobierno del Frente Popular avanzaba en medio de la impotencia, la violencia y el barullo, muchos españoles llegaron a convencerse de que no les quedaba otro camino que la insurrección armada para sobrevivir como ciudadanos e incluso como personas^[7].

El hispanista francés Bartolomé Bennassar^[8] sigue culpando del estallido de la guerra a la República, aunque tiende a repartir las responsabilidades en su fracaso: las izquierdas violaron las reglas de la Constitución tanto como las derechas. Los cinco años de la Segunda República van marcando el avance casi irresistible hacia el conflicto militar. «Esos años 1931-1936 fueron el prólogo de uno de los mayores dramas del siglo XX».

Otra línea explicativa busca las causas más lejanas, anteriores a los años de la Segunda República, negando el fracaso o la responsabilidad del régimen popular. Según Julio Aróstegui^[9], la República no creó ninguno de los problemas que hubo de resolver pero desde el primer momento hubo fuerzas e individuos empeñados en su destrucción, lo que muestra que la guerra civil tiene sus raíces en fechas anteriores a 1931. El origen de la guerra es una profunda disputa social y la resolución de un problema ideológico, cuasi religioso. Y ambas cosas son muy viejas en la historia contemporánea española. Para Paul Preston^[10] el conflicto español fue, en sus orígenes, una serie de enfrentamientos sociales españoles, la mayoría anteriores al régimen de 1931. La Guerra Civil fue la culminación de una serie de luchas desiguales entre las fuerzas de la reforma y las de la reacción que dominaban la historia española desde 1808. Pero también hubo conflictos, y muchos, en el contexto de la Segunda República, como los regionalistas contra centralistas, anticlericales contra católicos, trabajadores sin tierra contra latifundistas, obreros contra industriales… Todos tienen en común el ser luchas de una sociedad en vías de modernización. El régimen republicano intentó introducir reformas fundamentales, especialmente agrarias, y de llevar a cabo redistribuciones de riqueza. Tales reformas provocaron, alternativamente, intentos reaccionarios de detener el reloj y reimponer la tradicional desigualdad en la posesión del poder económico y social. Por tanto, la Guerra Civil representó la última expresión de los intentos de los elementos reaccionarios en la política española de aplastar cualquier reforma que pudiera amenazar su privilegiada posición. La Segunda República iba a fracasar porque no llevó a cabo sus amenazantes reformas ni cumplió con las utópicas expectativas de sus más fervientes partidarios.

Quizás la principal responsabilidad de la República fue su exceso de ambición. Antony Beevor^[11] señala que el programa reformista de las izquierdas era excesivamente ambicioso para la España de la época. En la misma línea se muestra Helen Graham^[12], para quien el programa de reformas era imposible completarlo en tan poco tiempo. «Lo que acabaría armando el golpe militar de julio de 1936 fue el surgimiento y desarrollo de la oposición política a las reformas republicanas en los sectores civiles de la sociedad española», dice textualmente. La frustración de las aspiraciones populares de cambio social produjo desilusión no solo entre los campesinos sin tierras ni trabajo del sur, exasperados por la perduración de las antiguas relaciones de poder, sino también entre los sectores obreros de la España urbana, entre los que la depresión estaba comenzando a hacer mella. «El idealismo y la ambición fueron la gloria de la República azañista; también demostraron ser su maldición», afirma el profesor Malefakis^[13]. Para este, la República fue demasiado pretenciosa en su propuesta democrática. Intentó llevar a cabo profundos cambios sociales, especialmente a través de una reforma agraria; reorientar a España culturalmente incentivando las influencias seculares y limitando el papel de la Iglesia; y ocasionar una rápida modernización económica y su consiguiente desarrollo. Todo se quiso hacer inmediata y simultáneamente.

Para muchos autores, y no solo de la historiografía conservadora, la revolución de octubre del 34 y el período del Frente Popular resultan fundamentales en la explicación de la guerra. Para Graham, que se muestra partidaria de la actuación democrática de la República, el golpe se fraguó a partir de la revolución del 34 y, sobre todo, de la victoria electoral del Frente Popular en febrero del 36. Se proponía detener la democracia política de masas que se había puesto en marcha por los efectos de la I Guerra Mundial y la Revolución rusa, y se había acelerado por los subsiguientes cambios sociales, económicos y culturales de las décadas de 1920 y 1930. «Fue en este momento cuando los militares tomaron cartas en el asunto. No para impedir la revolución, como declararon, sino para bloquear el paso a la reforma constitucional y legislativa que la derecha parlamentaria no había logrado detener ahora por medios legales, pues habían perdido las elecciones de febrero. En la primavera y el verano de 1936 hubo un acercamiento entre la derecha militar y la civil». El intervencionismo era algo viejo de la historia de España, pero el golpe del 17-18 de julio de 1936 fue un instrumento viejo empleado para un objetivo nuevo.

Según el profesor Aróstegui, en España, a diferencia de otros países cercanos como Francia o Italia, no había ningún bloque social con la fuerza suficiente para imponer una nueva hegemonía en el tiempo útil en el que un conflicto es resoluble mediante normas políticas, destruyendo y superando el orden social de la vieja España que alumbró la Restauración. «Al no encontrar el conflicto una solución nacida de una nueva dominación social y una nueva supremacía política se llega a su resolución por la fuerza», escribe. La República intentó ofrecer solución a los viejos conflictos, pero el equilibrio de impotencias para lograr soluciones políticas provocó que los conflictos entraran en fase de resolución distinta, la violenta. El Frente Popular no fue capaz de satisfacer las demandas que las masas reclamaban y por las que habían votado. La voluntad de transformación tenía que haber ido más allá, por la vía revolucionaria, pero una coalición de fuerzas sociales tan heterogéneas se mostró incapaz de llevar a cabo la revolución. La tradicional España oligárquica vio en ella, sin embargo, el propósito revolucionario que la llevó a preparar la resistencia armada, la resistencia contrarrevolucionaria. La Guerra Civil fue producto de un verdadero equilibrio de incapacidades: la de la República, por no saber frenar la sublevación, y la de los sublevados, que no supieron hacerse con los resortes del poder.

Para el profesor Santos Juliá^[14], aunque existen causas lejanas, las más cercanas resultaron determinantes. La responsabilidad de la guerra la tiene el golpe militar fallido, por supuesto, pero si el socialista moderado Indalecio Prieto hubiera aceptado la presidencia del gobierno en mayo de 1936, el régimen habría tenido la fortaleza suficiente para abortar la conspiración y derrocar a los golpistas. El Gobierno republicano se quedó solo, sin apoyos y sin fuerza, en gran parte por el sector más radical del Partido Socialista, el de Largo Caballero.

Una versión realmente novedosa es la aportada por Rafael Cruz^[15]. Este no se muestra partidario de las teorías que aceptan el fracaso de la República. La Segunda República constituyó un proceso de democratización caracterizado por una feroz competencia política en torno a la posesión de los derechos de ciudadanía, pero la rivalidad entre los dos grandes pueblos en que se dividió la sociedad española (el republicano y el católico), se desarrolló en términos relativamente normales dentro de la Europa del momento. No había ningún obstáculo insalvable para la marcha de la democracia, y la violencia, que muchos autores como Payne han hecho de ella un factor explicativo y justificativo del alzamiento, lo único que ponía de manifiesto era que la política de orden público durante el gobierno del Frente Popular fue tan represiva y arbitraria como la de los anteriores. «La violencia por sí sola no destruyó la República», opina Cruz. Las derechas la utilizaron creando un gran miedo ante la amenaza revolucionaria, lo que facilitó el escenario adecuado para la aparición de los militares. El proceso de deslegitimación de la autoridad española fue una decisión estratégica, política, de unas organizaciones amenazadas de perder su escaso poder político tras la derrota electoral de febrero. La política del miedo fue difundida a través de los abundantes medios de comunicación diarios y de decenas de libros y folletos de ideología conservadora editados en esos meses, donde se exaltaban incidentes ocurridos en pequeños lugares provocados por los republicanos, dando la impresión de estar generalizados en todo el país y en el tiempo, lo que no era cierto. De rumores y estadísticas incompletas y parciales repletas de inexactitudes alimentaban sus discursos parlamentarios dirigentes como Gil Robles y Calvo Sotelo.

Para Graham, la violencia no era un fenómeno nuevo de la República ni achacable a los republicanos. Ya venían existiendo formas de violencia, provocadas por tres factores: desarrollo económico tardío y desigual, influencia del catolicismo más extremo y surgimiento en el seno del Ejército de una política rígida e intolerante entre sus jefes.

A pesar de estos análisis, todavía buena parte de trabajos sitúan la violencia entre las principales explicaciones del golpe militar del 36. Hablan del período del Frente Popular exclusivamente desde el punto de vista de muerte y destrucción, reproduciendo bien el guión ideado por los políticos conservadores más intransigentes entre febrero y julio de 1936 y desarrollado a la perfección por Calvo Sotelo y, en menor medida, por Gil Robles en las Cortes. Un ejemplo es el estudio sobre la Guerra Civil en Valladolid. En él parece que el Gobierno de la República y en especial el del Frente Popular sólo se explica en un contexto de extrema violencia. Nada de reformas sociales, de cambio social, de innovaciones económicas, educativas y culturales… sólo violencia y más violencia. «Amaneceres ensangrentados» subtitula la obra^[16].