2. El contexto inmediato de la conspiración: el gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1936)

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El contexto inmediato de la conspiración: el gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1936)

2.1. La victoria del Frente Popular

2.1. LA VICTORIA DEL FRENTE POPULAR

El Frente Popular es lo que es y lo que nosotros queremos que sea, no lo que quieran los demás. No es la revolución social, ni es la labor de entronizamiento del comunismo en España, no es eso; es otra cosa más fácil, más llana, más inmediata y más hacedera: es la reinstauración de la República en su Constitución y en los partidos republicanos, en los que la creamos, en los que la defendemos y estamos dispuestos a seguirla defendiendo y a crearla todos los días. [Manuel Azaña, Discurso en las Cortes, 16 de abril de 1936]^[1].

A la altura de febrero del 36 resultaba difícil cumplir las intenciones de Azaña de reinstaurar la República a sus orígenes. En cinco años habían pasado demasiadas cosas y había crecido demasiado el rencor. Pero sobre todo fueron los sucesos revolucionarios de octubre del 34 los que dejaron profundamente marcada a la sociedad española. El reguero de sangre, el odio y la provocación que dejaba tras de sí no se podía olvidar con facilidad en amplios sectores de la sociedad española.

La conocida como revolución de Asturias, por ser en esa región donde llegó a su máxima incidencia, se había concebido como un intento de coacción sobre los poderes públicos para forzar una crisis política que alejase a las derechas del poder, escamoteándoles así su anterior victoria electoral. Desde noviembre de 1933 el gobierno del radical Lerroux venía contando con el apoyo parlamentario de la CEDA, siendo apreciable el freno a los avances sociales de los primeros años republicanos, mientras en el entorno europeo el auge del fascismo en Alemania e Italia y la eliminación del socialismo en Austria, respaldaban el giro de la política española. La entrada en el ejecutivo de tres miembros de la CEDA, el 4 de octubre, era la señal esperada por los socialistas para iniciar la huelga general y la revolución que impidiese a la derecha culminar la destrucción del régimen republicano desde sus mismas entrañas, según el líder socialista y promotor de la insurrección obrera Francisco Largo Caballero. Pretendía sustituir al gobierno por uno socialista que procurara las mayores ventajas para la clase trabajadora.

La revolución llegó también a otros lugares de España, adquiriendo cierta trascendencia en Madrid, Cataluña y País Vasco. En la capital de la República los insurrectos pasaron del desconcierto a la derrota en menos de una semana. El Comité Revolucionario esperaba que tras la entrada de la CEDA en el gobierno, las masas de la UGT, a las que se sumarían otras fuerzas obreras por contagio, irrumpirían en las calles provocando la paralización de la ciudad y la dimisión del ejecutivo. No lograron ninguno de los objetivos. En Cataluña la rebelión catalanista abanderada por Lluís Companys, presidente de la Generalitat, fue un fiasco que duraría poco más de un día. El 9 de octubre estaba sofocada en todo el país salvo en Asturias, donde persistió hasta el día 20. Allí, y de la mano de socialistas, comunistas y anarquistas, se instauró un verdadero poder obrero y se vivió una auténtica revolución social.

El balance fue trágico: unas cinco mil víctimas entre muertos y heridos de los dos bandos tanto durante los enfrentamientos como durante la represión posterior. Las cifras oficiales eran menores: mil trescientos treinta y cinco muertos y aproximadamente el doble de heridos. Las tres cuartas partes de unos y otros pertenecían a los insurrectos, el resto a las guarniciones militares, guardias civiles y de asalto y a policías locales. Los daños materiales fueron notables, viéndose afectados sesenta edificios públicos, cincuenta y cuatro iglesias, treinta y dos fábricas y setecientas cuarenta casas particulares. Las consecuencias políticas también fueron cuantiosas e importantes^[2].

La represión institucional resultó dolorosa, sobre todo la suspensión de la Generalitat y de 1134 ayuntamientos de toda España en los que alcaldes y concejales fueron acusados de participar en el movimiento. Las repercusiones en los partidos de izquierda fueron evidentes. El líder de Izquierda Republicana Manuel Azaña, en contra de la voluntad del propio Lerroux, salió reforzado y convertido en principal e indiscutible interlocutor del republicanismo tras su experiencia carcelaria. Fue detenido durante los sucesos de Barcelona y permaneció prisionero en dos buques fondeados en su puerto hasta el 29 de diciembre de 1934, cuando el Tribunal Supremo ordenó su liberación. En el Partido Socialista ya nada sería igual. De las dos corrientes existentes antes de octubre del 34 se pasaron a tres: a la reformista de Besteiro y a la radical de Largo Caballero (que incluso radicalizaría su discurso contra la democracia burguesa) se sumaría la centrista encabezada por Indalecio Prieto, quien haría posible una de las más importantes consecuencias de octubre: la formación del Frente Popular. Los meses de cárcel y la derechización del gobierno producida por el efecto revolucionario unieron más a socialistas y comunistas que veinte años de propaganda.

El giro hacia la derecha del gobierno radical-cedista tras octubre del 34, manifestado sobre todo por la actuación contra la Ley de la Reforma Agraria de 1932, desembocaría el 3 de mayo de 1935 en una crisis en la que la CEDA duplicaba el número de carteras ministeriales. Su líder, José María Gil Robles, ocupará la de Guerra, tomando decisiones tan controvertidas como la de nombrar a los generales Fanjul, Franco y Goded en puestos clave del ministerio. La segunda fase de derechización del gobierno culminará con el desplazamiento del poder del jefe del ejecutivo en septiembre de 1935, a raíz de varios escándalos, en los que sobresalió el del estraperlo, que convirtieron a Lerroux en un «cadáver político». También acabaron con su sucesor, Joaquín Chapaprieta, sustituido al frente del gobierno en diciembre de 1935 por Manuel Portela Valladares, a quien el presidente Alcalá Zamora encargó la convocatoria de nuevas elecciones generales.

En el ambiente crispado que dejó octubre del 34 no es difícil entender cómo las elecciones generales convocadas para el día 16 de febrero de 1936 se iban a vivir desde el mismo momento en que fueron convocadas como decisivas. Para los republicanos, era la oportunidad, tal vez la última, para que la República volviera a su esencia tras el paréntesis derechista y de freno a cualquier avance social planteado en los últimos años. Se trataba, ni más ni menos, de recuperar la República. Desde las opciones políticas contrarias los comicios se veían como una nueva amenaza revolucionaria, y mucho más seria que las anteriores. Gil Robles se lanzó a la lucha electoral bajo el lema «Contra la Revolución y sus cómplices».

La importancia de las elecciones logró algo impensable solo unos meses antes: unir a casi toda la izquierda en ese gran pacto electoral denominado «Frente Popular», ampliación de la conjunción republicano-socialista de los primeros años de la República con nuevas fuerzas políticas y sindicales bajo la hegemonía de los partidos republicanos, manifiesta en el programa, número de candidatos y responsabilidad de futuro gobierno.

El pacto del Frente Popular se firmó y publicó el 15 de enero de 1936. Lo suscribieron Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista Obrero Español (en nombre propio y en el de la Unión General de Trabajadores), Partido Sindicalista, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista de España y Partido Obrero de Unificación Marxista.

Los principios fundamentales del pacto se dividieron en ocho apartados. El primero se dedicaba a las medidas necesarias para restablecer la paz pública (amnistía para los detenidos por los sucesos de octubre del 34, readmisión de funcionarios y obreros despedidos y pensiones a las familias de los muertos). El segundo a las reformas de las leyes de orden público, municipal y provincial, estatuto de los funcionarios y reglamento de las Cortes. El tercero al problema de la redistribución y utilización de la tierra. El cuarto a la organización y protección de las industrias. El quinto al desenvolvimiento de las obras públicas. El sexto a la ordenación del sistema bancario. El séptimo a la reorganización de la Hacienda. El octavo y último a la orientación y desarrollo de los planes de enseñanza iniciados al implantarse la República.

Uno de los puntos de mayor divergencia se dio en el apartado tercero. Al no llegarse a un acuerdo final se expresaba que «los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos solicitada por los delegados del Partido Socialista». Se anunciaba una política de asentamiento de familias campesinas y se aprobaban una serie de medidas complementarias, como el estímulo de las formas de cooperación y fomento de las explotaciones colectivas y la derogación de la Ley de Arrendamientos para ser sustituida por una nueva que asegurara la estabilidad de la tierra.

Los votos obtenidos por el Frente Popular y las derechas (unidas en la Candidatura Antirrevolucionaria) fueron muy parejos, con ligera ventaja del primero, pero por la fuerte prima que la ley electoral daba a las mayorías los resultados electorales se tradujeron en el Congreso en mayoría absoluta para las izquierdas. En todas las ciudades de más de 150 000 habitantes venció el Frente Popular.

Fuente: Julio Aróstegui: Por qué el 18 de julio… y después…, p. 127.

La derrota de las candidaturas de derechas por tan corto margen y la amplia diferencia en número de diputados que obtenían los vencedores gracias a una ley electoral que primaba excesivamente a quien había conseguido una pequeña diferencia de votos fue un duro correctivo para los perdedores, que contribuyó en gran medida a cuestionar los resultados en algunas circunscripciones y a radicalizar sus posturas.

La gobernabilidad del Estado quedaba en manos del Frente Popular, aunque exclusivamente de los partidos republicanos.

La mañana del 18 de febrero se reunieron los líderes de Izquierda Republicana y Unión Republicana, Manuel Azaña y Diego Martínez Barrio, respectivamente. El primero no era partidario de que los republicanos se encargaran inmediatamente del poder. Quería esperar a la reunión de Cortes, prevista para el 16 de marzo, con el fin de ir preparando mientras tanto la legislación que comprendiera todos los compromisos del pacto del Frente Popular. Pero Portela Valladares ya no quiso aguantar más al frente del ejecutivo: «No debo seguir aquí ni un momento más. Ni un momento más», dijo a Martínez Barrio. «Háganse ustedes cargo rápidamente del poder, porque yo no puedo responder de nada»^[3]. Según las propias manifestaciones de Portela^[4], en el fondo no podía resistir ante las presiones de Gil Robles y del general Franco, que le instaban a que continuase en el cargo por lo menos hasta la primera sesión de las Cortes.

Manuel Azaña tomaba posesión como presidente del gobierno del Frente Popular la tarde del 19 de febrero. En sus diarios reconocería la dificultad de la misión: «Ya tenemos ahí el poder, para esta misma tarde. Siempre he temido que volviésemos al Gobierno en malas condiciones. No pueden ser peores». Pero aceptaba el reto: «La gente quiere que gobierne yo. Y los que tal vez podían gobernar se quitan de delante. Conocen lo mismo que yo las dificultades de la situación, y otra vez, como en 1931, me tocará afrontar lo que a todos les asusta»^[5].

El gobierno del 19 de febrero era una coalición de Izquierda Republicana y Unión Republicana. La primera medida del nuevo ejecutivo consistió en convocar a la Diputación Permanente de las Cortes para aprobar la legalización de la liberación de los presos con la concesión de una amnistía y aprobar un decreto sobre readmisión e indemnizaciones a los huelguistas de octubre del 34. La derecha se asustó por resucitar los fantasmas de 1934, pero era un objetivo irrenunciable para todos los miembros del Frente Popular. La CEDA se fue radicalizando por este y otros motivos, especialmente con las actas de diputados invalidadas y los resultados de la segunda vuelta electoral. Falange ampliaba su afiliación mientras organizaba sus escuadras armadas.

La mañana del 20 de febrero se celebró el primer Consejo de Ministros. «Por la tarde he ido a Gobernación —recuerda Azaña en sus diarios—, para decir unas palabras ante el micrófono. Lo habíamos acordado en Consejo, a fin de calmar el desordenado empuje del Frente Popular y aconsejar a todos la calma»^[6]. El último párrafo del discurso era significativo al respecto:

El Gobierno de la República tiene el convencimiento de que todos los españoles, sin distinción de ideas políticas y depuestos ya los ardimientos de la contienda electoral, muy legítimos, pero que deben terminar cuando la contienda cesa, cooperarán en la obra que el Gobierno trata de emprender bajo su responsabilidad exclusiva. Por tanto, esperamos que los que nos han ayudado a reinstaurar la política republicana sean nuestros primeros colaboradores, manteniéndose dentro de la ley, no perturbando la paz^[7].

Lo que sobre todo le asustaba era la actitud de la izquierda más radical, eufórica tras los comicios electorales, especialmente la de sus aliados electorales, pues del anarquismo, que se había quedado fuera del Frente Popular, poco podía esperar. Hasta la llegada de la República los sindicatos anarquistas eran mayoritarios. Con el régimen republicano la UGT, a partir del notable ascenso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, había desplazado al anarquismo hacia las ciudades, agrupando a importantes colectivos populares vinculados a actividades socioprofesionales de los sectores secundario y terciario. En Andalucía, por ejemplo, el desgaste entre el campesinado ocasionado por las intensas oleadas huelguísticas de 1931 y 1932, y la consiguiente represión estatal desplegada contra las organizaciones anarquistas desde 1932 en adelante, provocaron un fenómeno de pérdida de importancia en la implantación anarquista a nivel regional frente a la presencia socialugetista. «Hechos ambos, a lo que es necesario añadir la enorme eficacia, en una situación de arbitraje institucional sobre la negociación colectiva laboral, de la estrategia pactista y de reconocimiento de los Jurados Mixtos y otras instancias reguladoras, practicada por los sindicatos agrarios ugetistas»^[8].

La CNT abogaba por acabar con un régimen burgués como era el republicano. En las «Orientaciones revolucionarias» que realizó el Comité Nacional hablaban de que partidos políticos completamente desacreditados (republicano radical, republicano autonomista, socialista) y partidos totalmente desconocidos se hicieron dueños de la situación nacional después del 14 de abril de 1931, formando una República burguesa y no proletaria, «pues sólo la CNT, que conquistó la hegemonía del movimiento revolucionario cuando el fracaso y traición de los jefes de los partidos durante la revolución de 1917, tenía prestigio y autoridad suficiente para haber encauzado la vida española después del derrumbamiento de la Monarquía»^[9]. El Frente Popular, para el sindicato anarquista, suponía un freno para el proceso de maduración revolucionaria del que la revolución de octubre de 1934 era «el más grande de los movimientos precursores», porque quería «terminar con la dominación nefasta del capitalismo». «El Frente Popular es la coincidencia de todas las fuerzas políticas que aceptan como programa la defensa de la República democrática y burguesa»^[10].

Por su parte, los socialistas tampoco contribuyeron mucho a la gobernabilidad del país^[11]. La hostilidad entre la facción moderada de Prieto y la más exaltada de Largo Caballero se incrementó desde el mismo día del triunfo del Frente Popular. La comisión ejecutiva, liderada por los seguidores de Prieto desde la dimisión de Largo Caballero, se vio continuamente atacada y desautorizada por los dirigentes de la UGT, que tenían el apoyo de la izquierda de su propio partido y de las Juventudes. Estas, además, fueron radicalizando sus posturas, llegando a unirse a las Juventudes Comunistas. En abril del 36 formaron las Juventudes Socialistas Unificadas, lideradas por Santiago Carrillo. Los intentos de Prieto por apoyar al gobierno y colaborar al restablecimiento del orden se vieron constantemente entorpecidos por el discurso cada vez más radical de Largo Caballero, por la actuación de las Juventudes y por la acción sindical de la UGT, en clara sintonía con la CNT. Las huelgas dirigidas por ambos sindicatos después de crear comités conjuntos se multiplicaron.

2.2. Conflicto y revolución: el ambiente socias

2.2. CONFLICTO Y REVOLUCIÓN: EL AMBIENTE SOCIAL

La victoria del Frente Popular creó muchas expectativas de cambio en la izquierda, al mismo tiempo que generaba una amenaza para la derecha. Unos y otros contribuyeron intencionadamente a generar y propagar un cierto ambiente de crispación. La derecha no aceptaba la derrota electoral; la izquierda más radical exigía una política más social de la que no quería hacerse responsable Azaña, líder de un partido republicano moderado. Luego, a simple vista, no había solución, porque además el Partido Socialista no quiso ningún grado de compromiso con el ejecutivo. Al gobierno le dejaron solo hasta sus propios aliados, porque los objetivos de cada formación firmante del Frente Popular eran tan dispares que resultaba imposible mantener una política de consenso. Todos tenían sus razones para desconfiar del ejecutivo, pero quizá el problema estaba en la propia firma de la coalición electoral, aunque si esta no se hubiera llevado a cabo, a buen seguro el gobierno hubiera sido muy distinto.

Pero las consecuencias fueron evidentes. La conflictividad social y el ambiente prerrevolucionario fueron utilizados por los extremos en interés propio, sirviendo a unos para acercar más adeptos a la conspiración y a otros para alejarlos de la República, por considerar que frenaba las legítimas aspiraciones populares y que el ejecutivo traicionaba la revolución social.

Las derechas hicieron de la conflictividad el campo de batalla contra el gobierno del Frente Popular. El diputado José Calvo Sotelo, exministro de la dictadura de Primo de Rivera y líder de Renovación Española, partido de tendencia monárquica, se convirtió en el azote del ejecutivo. Intervino en todos los debates más importantes del período (reforma agraria, amnistía y constitución del Tribunal Especial para exigir responsabilidad a los jueces, magistrados y fiscales), en los que aprovechó la tribuna de oradores para realizar una campaña continua, machacona, contra la conflictividad social y, especialmente, contra la pasividad del gobierno ante ella.

En la sesión del Congreso del 15 de abril, Calvo Sotelo respondía al programa de gobierno de Manuel Azaña, presentado el 3 de abril, hablando ya de «Guerra Civil» al calificar la situación social del momento, advirtiendo en tono amenazador que sería imposible mantener la calma por mucho más tiempo: «cuando la garantía de la vida es en la calle una cosa inexistente, cuando por todas partes se pasea la amenaza de la disolución social y se grita, como se gritaba ayer por muchedumbres uniformadas: ¡Patria, no; Patria, no!, cuando al grito de ¡viva España!, se contesta con vivas a Rusia y cuando se falta al honor del Ejército y se escarnecen todas las esencias de la Patria, cuando todo eso está ocurriendo durante seis, siete u ocho semanas, yo me pregunto: ¿es posible tener calma?»^[12]. Cerraba su intervención presentando las cifras de la conflictividad social entre el 16 de febrero y el 2 de abril, muy discutidas oficialmente, con 74 muertos y 345 heridos.

Gil Robles, líder de la CEDA, también solicitaba al gobierno que abandonara su política impasible ante los acontecimientos, exigiendo que acabara con todas las provocaciones, vinieran desde donde vinieran, pues si no le quedaría al Sr. Azaña el triste privilegio de presidir la liquidación de la República democrática. Párrafos más adelante solo hablaba del peligro de las masas de izquierda y del ejecutivo incapaz de controlarlas: «La guerra civil la impulsan, por una parte, la violencia de aquellos que quieren ir a la conquista del Poder por el camino de la revolución; por otra, la está mimando, sosteniendo y cuidando la apatía de un Gobierno que no se atreve a volverse contra sus auxiliares, que tan cara le están pasando la factura de la ayuda que le dan»^[13].

En la sesión del 7 de mayo Calvo Sotelo hacía un ruego al gobierno para que tomara medidas conducentes al restablecimiento de la paz ciudadana ante el agravamiento de la situación del orden público durante las últimas semanas, ofreciendo una detallada relación de los sucesos, perturbaciones y desórdenes públicos acaecidos entre el 1 de abril y el 4 de mayo^[14]. Unos días después, el 19 de mayo, denunciaba la falta de autoridad del gobierno, a pesar de la dureza manifestada verbalmente por su presidente. Calvo Sotelo añadía una frase que causó protestas airadas en la oposición y comentarios de que se estaba invitando a la indisciplina militar al señalar que el deber militar «consiste en servir lealmente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la Patria»^[15].

El 16 de junio se trataba en las Cortes una proposición no de ley del día 11 de junio, firmada por varios diputados y encabezada por Gil Robles, que pedía al gobierno «la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España». Calvo Sotelo, en su intervención, tachaba al ejecutivo de haber ejercido el poder con arbitrariedad e ineficacia, acompañando sus palabras con unos datos estadísticos comprendidos entre el 16 de febrero y el 15 de junio, en los que señalaba la muerte de 269 personas y 1287 heridos de gravedad.

Calvo Sotelo anunciaba que era la cuarta vez que intervenía en el transcurso de tres meses sobre el problema de orden público, reconociendo que lo hacía sin fe y sin ilusión. Acusaba al ejecutivo de hablar mucho y de hacer poco, llevando al país a la deriva: «Esos propósitos podrán ser sinceros, pero os falta fuerza moral para convertirlos en hechos». Para que elabore esos propósitos de mantenimiento del orden «han sido precisos 250 o 300 cadáveres, 1000 o 2000 heridos y centenares de huelgas. Por todas partes, desorden, pillaje, saqueo, destrucción»^[16].

José Calvo Sotelo, como después haría la historiografía franquista, se esforzó en hacer ver una auténtica «caza de brujas» sobre las derechas y los católicos. Sin embargo, un reciente estudio viene a desmontar en gran parte esta teoría. Para el profesor Cruz^[17], que hace un recuento exhaustivo y por provincias de las víctimas por la violencia política durante el período del Frente Popular, donde las cifras no difieren mucho de las anteriores (262 muertes producidas en 183 incidentes), la mayoría de las víctimas pertenecían a organizaciones de izquierda. Las distintas policías del Estado —Vigilancia y Seguridad, guardias de prisiones, Guardia Civil, de Asalto, guardias locales— y el Ejército regular causaron el 43 por 100 de todas las víctimas mortales (de ellas, el 58 por 100 fue por la Guardia Civil). Los autores identificados de manera pública como izquierdistas, anarquistas, comunistas o socialistas, todos juntos, con el 20 por 100; y falangistas y derechistas en general, con un 17 por 100. Más del 56 por 100 de los 262 muertos eran jornaleros agrícolas, obreros, izquierdistas o presos; el 19 por 100 comprendía derechistas, propietarios y patronos; el 7 por 100 policías, militares, y el resto jueces, concejales, niños, bomberos y un nacionalista vasco.

Las cifras vienen a demostrar que la violencia durante la primavera del 36 fue importante, por supuesto, y que afectó a buena parte del territorio español, aunque ni mucho menos se repartió de forma uniforme (al norte de una línea imaginaria que recorre las provincias de Cáceres, Toledo, Madrid, Albacete y Alicante se ocasionaron solo el 32 por 100 de las víctimas). Sin embargo, no era un fenómeno nuevo en España, ni extraño en el contexto europeo de crisis económica, enfrentamientos ideológicos, modernización económica y desarrollo social^[18]. La Segunda República no logró que los mayores derechos ciudadanos derivaran hacia una institucionalización y pacificación de los conflictos sociales, no consiguió una reducción de la violencia colectiva. Quizá fuera porque esa mayor libertad permitió una mayor radicalización política de los grupos más ideologizados y una menor capacidad del Estado para controlar el orden público, aunque para Cruz las cifras demuestran lo contrario. O tal vez porque las expectativas generadas en una situación de cambio fueron tan grandes como la decepción que provocó el retroceso de las reformas abordadas sobre aspectos socioeconómicos clave, como el mercado laboral o la reforma agraria durante el segundo bienio republicano. Esta peculiar situación de «privación respecto a las aspiraciones» se tradujo en un amplio ciclo de protesta cuando fue canalizado con diversa fortuna por las organizaciones obreras. La conjugación de la depresión económica, el malestar sociolaboral, el rearme reivindicativo de los sindicatos, la resistencia patronal y la falta de flexibilidad gubernativa desembocó en una conflictividad preocupante^[19]. Lo cierto es que, como ha pasado comúnmente en algunas democracias europeas, la República no fue capaz de entender que no hay verdadera libertad sin seguridad; este tal vez fue uno de sus mayores errores políticos.

Los procesos de reforma y democratización representan oportunidades para el despliegue de enfrentamientos violentos, que pueden ir ganando en apoyo social si el Estado no demuestra capacidad de negociación y control social. Tal vez la violencia de los meses del Frente Popular trajo como efecto más inmediato para el gobierno poner de manifiesto y públicamente la debilidad del poder político para controlar la población, algo a lo que los militares estaban acostumbrados a conseguir en los períodos anteriores, sintiéndose imprescindibles y resultándoles fácil en determinados sectores sociales «hacerse querer». Algunos medios de comunicación lo entendieron así, encargándose además de crear un clima de miedo, inseguridad y desconcierto, contribuyendo muy poco a pacificar y tranquilizar a la población, lo que quizás más hubiera hecho falta al país en esos momentos difíciles.

La estrategia política en las Cortes y en parte de la prensa se vio acompañada de una continua demostración de fuerza por parte de los requetés carlistas y de las escuadras falangistas. El carlismo había ganado en afiliación y organización desde 1931. En 1935 la Comunión Tradicionalista disponía de más de setecientas juntas y delegaciones locales, trescientos cincuenta círculos, doscientas cincuenta secciones de juventudes, trescientas agrupaciones femeninas y ochenta secciones locales del Requeté. Los círculos carlistas ya no eran esos somnolientos casinos para ancianos y hombres maduros. A estas alturas constituían unos centros dinámicos que proporcionaban al creciente número de carlistas una especie de contracultura ante el que consideraban el mundo decadente, permisivo y descreído de la España republicana^[20]. La nota predominante en los círculos carlistas era la importancia cada vez mayor del Requeté.

El Requeté, milicia armada aneja al Partido Carlista, tiene sus orígenes en la proclamación de don Jaime de Borbón como pretendiente carlista y jefe, por tanto, del partido tradicionalista. Fue creado en 1913, aunque la relevancia de la organización paramilitar del carlismo en la España anterior a 1931 fue bastante escasa. Pero sin duda, las características políticas de esta milicia presentan ya los rasgos que definirán a este tipo de organizaciones en la Europa de los años veinte, y en España en los treinta. Puede afirmarse que el carlismo fue el primer grupo que poseyó en España una milicia en el sentido «moderno» de estas organizaciones^[21].

En 1935, en un mitin celebrado en Espluga de Francolí (Tarragona), con asistencia de unas cuarenta mil personas, los requetés uniformados, en número de dos mil, flanquearon a los líderes políticos del tradicionalismo. Manuel Fal Conde pidió públicamente a los afiliados que «debían de estar dispuestos a auxiliar a la fuerza pública y ponerse a sus órdenes cuando llegara el momento oportuno»^[22]. En julio de 1936, según la misma fuente, tenían en la provincia de Lérida un total de 4000 requetés preparados para la acción.

El Frente Popular Navarro elevaba el 20 de mayo del 36 un informe al gobierno en el que alertaba del estado de subversión civil, «caracterizado por el movimiento carlista al que se ha sumado toda la fuerza derechista de Navarra, constituyendo los requetés navarros, con una organización militarizada y abundancia de medios y armamentos en cantidad aterradora y todos estos elementos movidos y animados por los curas de los pueblos y los obispos de levita de las ciudades navarras». Solicitaba al ejecutivo medidas como el incremento de las fuerzas de seguridad y de jueces y una escrupulosa selección de maestros «que moldee la nueva generación que harán que Navarra se coloque en el camino de su redención ciudadana»^[23].

Los grupos armados carlistas comenzaron a funcionar en Pamplona en 1931. No alcanzaron una verdadera estructura paramilitar hasta 1934, año en el que varios de sus responsables fueron a Italia a adquirir formación militar. En 1935 el Requeté estaba perfectamente organizado. Sus 5394 boinas rojas estaban distribuidas en 899 patrullas. En enero de 1936 se constituyó el Tercio de Pamplona, se organizó la instrucción, especialmente de aproximación y combate, y se le asignaron misiones. «Se adquirió, de ese modo, una estructura militar compleja y disciplinada a imagen del ejército»^[24]. Jefes y oficiales del Ejército se encargaron de la dirección, entre ellos el coronel Varela y los tenientes coroneles Ricardo Rada y Alejandro Utrilla, este último director de la Academia Militar del Requeté en Pamplona. Desde Francia, Bélgica, Italia y Alemania fueron llegando miles de fusiles, ametralladoras, armas cortas, bombas de mano y millones de cartuchos, que consiguieron distribuir por los pueblos. Entre el 18 y 29 de julio de 1936 fueron capaces de movilizar a casi siete mil hombres.

En Vizcaya, el Requeté estaba integrado por 1500 jóvenes, algunos de ellos enviados a la Italia de Mussolini para adiestrarse en el manejo de las modernas armas de guerra^[25]. En la provincia de Jaén los tradicionalistas disponían de unos seiscientos hombres «perfectamente disciplinados e instruidos». El Requeté fue organizado en 1935 por el capitán retirado Francisco Martínez Doblas. Estaba formado por unos doscientos hombres organizados en un tercio que comprendía las circunscripciones de Jaén, Alcalá la Real y Úbeda^[26].

Falange tenía entre 5000 y 10 000 afiliados en toda España, según distintas fuentes, antes de las elecciones del Frente Popular, comicios en los que contaron con tan solo 40 000 votos que no les dieron ningún diputado^[27]. Hasta el golpe militar del 18 de julio de 1936 la historia de Falange Española, fundada en 1933, es la de un partido incapaz de alcanzar por sí solo una posición influyente en las estructuras del poder nacional. De hecho, a lo largo de esos tres años la existencia misma del partido se había visto comprometida en distintas ocasiones a causa de su incapacidad para atraer seguidores. El resto de formaciones políticas no lo vieron como un competidor serio. Más bien fue considerado como un movimiento minoritario opuesto violentamente al marxismo, al liberalismo y a la democracia parlamentaria basada en el sufragio universal^[28].

Durante la conspiración y el alzamiento militar de julio del 36 consiguió aumentar de forma considerable sus simpatizantes y sus centurias y escuadras, verdadera fuerza paramilitar. En Jaén, por ejemplo, en julio de 1936 no debía pasar de trescientos militantes, pero había logrado reunir tres centurias en la capital^[29]. En Almería se habían formado cinco centurias; es decir, quinientos hombres encuadrados en la organización paramilitar^[30]. En Bilbao, Falange tenía dispuestos a unos setecientos hombres para el inicio del alzamiento^[31]. Pero había provincias, como Segovia, donde no llegaban ni a la docena^[32].

El líder de Falange, José Antonio Primo de Rivera, había intentado en diversas ocasiones ofrecer «sus servicios» y los de su formación al Ejército. El 24 de septiembre de 1934 escribió una carta al general Francisco Franco, entonces en las Islas Baleares, ofreciéndole tácitamente el mismo apoyo que acababa de brindar al gobierno: «nuestros cuadros de muchachos por si, llegado el trance, quería dotarlos de fusiles … y emplearlos como fuerzas auxiliares»^[33]. No recibió contestación. El 4 de mayo de 1936 lanzó otra llamada al Ejército. La «Carta a los Militares de España» buscaba fomentar los sentimientos antirrepublicanos de determinados sectores militares alertándolos de la inminente revolución que venía de Moscú, favorecida por el Frente Popular, realizando a su vez un llamamiento para «la gran tarea de la reconstrucción nacional».

No eran las únicas fuerzas de derechas armadas. En Valencia, por ejemplo, Derecha Regional Valenciana el 18 de julio tenía armados a trescientos afiliados y simpatizantes. El jefe regional de Renovación Española, Eduardo Martínez Sabater, se había encargado de organizar las Juventudes de Renovación, dotándolas de armamento^[34].

Además de la violencia callejera, la derecha tomó como segundo eje de la denuncia al Gobierno el conflicto social promovido en torno a la tierra, con los asentamientos campesinos como principal foco de disturbios. El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero significó un cambio sustancial en la política agraria seguida hasta entonces, viéndose superado por los acontecimientos. En Extremadura, con un campesinado que apenas había trabajado en los tres meses de invierno por las abundantes lluvias y con nefastas expectativas de recogida de cosechas, el conflicto social estaba servido. Invasiones de fincas, enfrentamientos, huelgas, cortes de árboles y robos constituyeron una imagen cotidiana en las tierras extremeñas. Los yunteros no quisieron esperar más a la lentitud legislativa del ejecutivo y se lanzaron a la ocupación de tierras para su roturación.

En Cáceres, el día 20 de marzo se habían alcanzado, según el Instituto de Reforma Agraria, un total de 16 649 asentados en una superficie de 103 981 fanegas. Las ocupaciones se repartían por 95 pueblos, habiendo sido intervenidas para ese fin 704 fincas. Ese mismo día, el gobierno aprobó un decreto por el que se autorizaba al Instituto de Reforma Agraria (IRA) a ocupar inmediatamente cualquier finca cuando lo considerase socialmente necesario, dando de esa forma un importante impulso a la reforma. Sin embargo, pese a la disposición gubernamental, los acontecimientos se precipitaron en otras provincias, como Badajoz. En el amanecer del día 25, movilizados por la organización socialista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, más de 60 000 campesinos ocuparon 3000 fincas^[35]. La noticia impresionó al gobierno, que ordenó al Ejército su desalojo. Tan pronto se marcharon las tropas, los campesinos volvieron a ocuparlas, no adoptando las autoridades más medidas por entender que las ocupaciones se ajustaban al decreto del 3 de marzo. En las provincias extremeñas se asentaron la mayor parte de los campesinos de toda España (71 por 100), aunque el fenómeno afectó a todos los territorios agrícolas, especialmente Andalucía y La Mancha.

Los asentamientos campesinos y las huelgas fueron solo algunos de los componentes de la conflictividad social. Solamente con ellos es imposible comprender en su magnitud real la tensión social que tuvo que soportar el campo español durante la primavera y los primeros meses del verano de 1936. De igual manera que la victoria electoral del gobierno de centro derecha en 1933 había permitido a los propietarios tomarse el desquite sobre los trabajadores, la victoria del Frente Popular autorizó a los trabajadores a imponer su voluntad en la más completa impunidad. La diferencia principal radicó en que la existencia de organizaciones obreras rurales y la ambivalencia de los gobiernos centristas con anterioridad a la revolución de octubre habían facilitado la existencia de un período de transición antes de que pudiera establecerse el dominio total de los propietarios. En cambio, el clima experimentado por la vida rural en 1936 fue casi inmediato. Todos los excesos que habían empezado a aparecer al final de la primera época del gobierno de Azaña se manifestaron ahora con mayor violencia^[36]. Al gobierno del Frente Popular no le quedaba prácticamente otra alternativa que ceder ante un movimiento de protesta tan poderoso.

La izquierda, por su parte, reclamaba al gobierno del Frente Popular avanzar más en la reforma agraria y en el conjunto de reformas sociales. El anarquismo era la fuerza más crítica con el régimen. La documentación de la CNT pone de manifiesto el estado de revolución permanente en el que actuaban^[37]. A los numerosos conflictos obreros y convocatorias de huelgas ya conocidos en estos meses se sumaba su crítica abierta hacia el régimen y, por supuesto, su distanciamiento con el gobierno del Frente Popular. Públicamente no cesaba de solicitar la acción directa frente a la moderación de la izquierda gobernante. Así lo declaraba, por ejemplo, la CNT de Levante en un manifiesto firmado en Alcoy el 6 de julio de 1936 y dirigido a los sindicatos de la región y al proletariado: «Ahora más que nunca, en este concierto de laudos, jurados Mixtos, comisiones paritarias, imposiciones gubernamentales, etc., con que se nos quiere mediatizar, proclamamos a los cuatro vientos la acción directa de la Confederación Nacional del Trabajo, colocados en esta línea de combate, los trabajadores de la CNT no debemos retroceder ni un paso, que retroceda quien no tenga razón ni vergüenza, pero los obreros de la CNT tenemos mucho de ambas cualidades, firmes en nuestros puestos».

Las amenazas a la República burguesa eran continuas. Por ejemplo, pueden verse en el manifiesto impreso lanzado a la opinión pública en junio de 1936 por la Confederación Regional Galaica CNT-AIT:

La CNT temía más a las autoridades republicanas y a sus allegados que a los militares, de los que conocía sus intenciones, como se manifestaba en un escrito del secretario del Comité Regional de la CNT de Cataluña de fecha 7 de julio dirigido al Comité Nacional en Madrid: «coincidimos en que no tiene muchas garantías de salir airosa una tentativa de golpe de Estado. Hay más peligro aun por el ala democrático-burguesa de Prieto-Azaña y comparsas»^[39].

A la estrategia del anarquismo se aliaron algunas formaciones del propio Frente Popular. El gobierno se vio constante y públicamente retado por las propias formaciones aliadas de las elecciones. En la calle se mascaba la revolución. Las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, de carácter comunista, con más de 4000 integrantes según su responsable, Juan Modesto, participaron en actos de sabotaje, huelgas, vigilancia, interrogatorios, mientras reclamaban armas a las autoridades. Constituían un grupo paramilitar que acudió a mítines y actos políticos como una especie de guardia pretoriana.

En Ciudad Real, por ejemplo, las milicias comunistas y socialistas no se mostraban nada recatadas, por lo menos a la hora de aparecer en actos propagandísticos como la concentración que celebraron en la plaza de toros de la capital el 21 de junio: «Las milicias uniformadas —informaba la prensa— en número de unos mil quinientos, desfilaron desde el Parque a la Plaza de Toros y luego a la salida cantando “La Internacional” y el himno “Joven guardia”. Daban gritos de UHP, “Fascio, no; comunismo, sí” y pedían el gobierno obrero y campesino. Formaban en la manifestación unos treinta pueblos con sus banderas, viéndose algunas muchachas. Iba primero la juventud comunista de la capital, con las camisas azules, y después la socialista, con camisas rojas. La representación de Almadén era de las más numerosas»^[40]. Para muchos, incluso de izquierdas, este tipo de manifestaciones era el preludio de la revolución: «No, no se hagan ilusiones las clases acomodadas, las clases patronales, porque ya no habrá quien detenga la revolución que con movimiento acelerado se acerca», escribía un semanario de Izquierda Republicana de Valdepeñas (Ciudad Real).

En Segovia, el 7 de junio se celebró en el campo de fútbol del Racing Club, enclavado a las afueras de la ciudad, una concentración de las juventudes marxistas de toda la provincia. Además de los discursos se hizo una demostración típica de las escenificaciones de la época formando los jóvenes una estrella de cinco puntas en el centro del campo. Al finalizar el acto desfilaron desde el campo hasta la Plaza Mayor, según la prensa, en número de 5000. Marchaban en disposición alterna un joven comunista (con camisa azul que llevaba cosidas la hoz y el martillo y las siglas JC) y un joven socialista (con camisa roja y las siglas JS)^[41].

Una de las concentraciones más numerosas del momento fue la de Sevilla. El 23 de abril se celebró en la plaza de toros de la Real Maestranza una concentración y desfile de las milicias antifascistas, con más de 35 000 participantes^[42]. El acto acabó con la intervención del alcalde de la ciudad.

El Sindicato Obrero de Oviedo iba más allá. El 1.º de mayo de 1936 elevaba al gobierno una serie de conclusiones leídas al finalizar la manifestación del Día del Trabajo. En ellas pedían, entre otras acciones, declarar fuera de la ley todas las organizaciones y sindicatos que no fueran republicanos, marxistas y de la CNT, nacionalización de industria y banca, disolución de los Cuerpos de Asalto y Guardia Civil y creación de milicias de obreros y campesinos, confiscación bienes de la Iglesia, etc^[43]. Todo un reto y toda una invitación a la implantación de la dictadura del proletariado siguiendo el modelo soviético.

No faltaron tampoco las amenazas públicas contra algunas de las instituciones del Estado, como el Banco de España, centro de las iras del Sindicato de Trabajadores de Banca y Bolsa, perteneciente a la UGT. A finales de marzo del 36 hacía público un manifiesto dirigido a los trabajadores y a la opinión pública en general titulado «El enemigo público núm. 1 del Frente Popular»^[44], en el que acusaba al Banco de España de mantener la estructura de consejeros y subgobernadores del régimen monárquico, «financiadores del 10 de agosto y enemigos del pueblo», favorecedores de los escándalos financieros del gobierno Lerroux, y de llevar a cabo una política antisindical con los represaliados por ideas políticas o actividades sindicales a partir de octubre del 34.

La sociedad española parecía ya tremendamente dividida y sin apenas posibilidad de reconciliación. Casi todos los españoles eran conscientes de que algo iba a suceder, que se estaban viviendo momentos trascendentales: «cuando cada minuto y cada hora parecen vísperas de algún acontecimiento importante», decía en una frase significativa un líder del Partido Radical en carta fechada en Barcelona el 20 de abril de 1936^[45].

El ambiente de crispación, odio y rencor era público y notorio, y serían innumerables los ejemplos y anécdotas al respecto. En Jerez (Cádiz), el 14 de abril fue detenido el teniente de Intendencia con destino en el Depósito don Pedro del Castillo por llevar un arma. El comandante militar, Salvador de Arizón, fue al Ayuntamiento a hablar con el alcalde para solicitar su liberación: «Lo hemos detenido por llevar una pistola, que nadie debe llevar —le replicó la máxima autoridad municipal—. ¿A que V. no la lleva? No señor, no llevo una, llevo dos, una en cada bolsillo, mírelas. Como V. comprenderá no estoy dispuesto a que en la calle me puedan insultar —contestó el jefe militar»^[46].

En Arenas de San Juan, pequeña localidad manchega, resulta significativa una carta de un vecino al presidente de la Agrupación Local Socialista en la que describe esta situación como algo normal y habitual: «Otra cosa de lo que ha sucedido es que a Juanillo lo han procesado porque uno le hizo el saludo del fascio y lo tiró al río, aquí todo el mundo va con el puño en alto. El Sr. Delegado dice que eso es provocar, ahora que aquí no se asusta nadie, al revés hay que sujetarlos»^[47]. En esta localidad, no casualmente, se dio el alzamiento más violento de toda la provincia de Ciudad Real, el 23 de julio, con más de cuarenta muertos.

En La Nava de Santiago (Badajoz) en los primeros días del mes de mayo el maestro de la Escuela n.º 2 de niños se encontró en su clase con unos cuantos chicos adornados con lazos rojos colocados sobre las prendas de vestir. A requerimientos del maestro, los niños entregaron los lazos, que fueron depositados en un armario de la escuela. Al día siguiente aumentó el número de niños con los lazos rojos. El maestro les dejó castigados al final de la jornada. Los padres fueron encrespados a por él, mientras las madres se concentraban en la plaza. El maestro contestó a los primeros que la escuela era un templo, el templo del saber, y que no admitía intromisiones ni sugerencias políticas de nadie. Tras la mediación del secretario del Ayuntamiento, los padres se marcharon bajo continuas amenazas. Pocos días después, en las fiestas patronales de Santa Quiteria, cuando los fieles salían de la ceremonia religiosa, fueron recibidos con piedras y palos al grito de «Mueran los curas, abajo la Iglesia, viva la Nelken y el comunismo libertario». Tuvo que intervenir la Guardia Civil para calmar los ánimos^[48].

En el mes de abril el gobernador civil de Jaén notificaba al ministro de Gobernación el enfrentamiento armado ocurrido en Siles a partir del intento de las jóvenes del pueblo de expulsar a las criadas forasteras ante «el boicoteo de que las hacen víctimas las señoras pudientes, que de común acuerdo no admiten a su servicio hijas de la localidad, en represalia a votar por el Frente Popular»^[49].

Los partidos republicanos se quedaron solos, atacados constantemente por la derecha y por la izquierda. Los pocos apoyos que tuvieron resultaban escasamente representativos y eficaces para el momento, como eran los de las minorías políticas y los de las potencias extranjeras, respectivamente. A mediados de mayo, la minoría solicitaba en las Cortes un armisticio entre la derecha y la izquierda ante la problemática social. Así lo hacía el diputado por el Partido Mesócrata José Acuña y Gómez de la Torre:

Este silencio parlamentario podía traducirse en algo que me parece muy oportuno en estos momentos, porque estamos, no haya porque negarlo, en plena guerra civil; una guerra civil relativamente incruenta, mansa, pequeñita, pero una guerra civil, y en una guerra civil, como en todas las luchas humanas y en todas las guerras, cabe el armisticio. Por eso yo aconsejo a los señores de la derecha y a los señores de la izquierda que pacten un armisticio^[50].

Esta situación prerrevolucionaria y de división social era vista con expectación por las cancillerías extranjeras, que mostraban continuamente su preocupación por los acontecimientos españoles y por los intereses de sus compañías. El 25 de marzo de 1936, el embajador británico en Madrid hablaba de que «Las condiciones generales en España son muy similares a aquellas de la Rusia anterior a la revolución bolchevique». Avisaba, además, de la intranquilidad del Ejército ante el desorden público, pero no creía que pudieran provocar un conflicto militar^[51].

La diplomacia británica estaba asustada por las actividades del comunismo. Por un lado, inquietaba el incremento de las fuerzas paramilitares, como en Málaga, donde el cónsul hablaba en mayo del 36 de la formación de la «policía roja», con armas y «actividades de naturaleza terrorista»^[52]. Por otro, la salida desde el mes de abril de comunistas de los más extremistas y violentos, que participaron en la revolución de octubre del 34, a Moscú y su posterior regreso a España una vez adiestrados en las técnicas subversivas. Los informadores británicos calcularon que 757 comunistas fueron y vinieron entre abril y septiembre de 1936. Antes de partir de Moscú «tuvieron que jurar permanecer siempre fieles a Stalin y a la causa de revolución mundial»^[53].

Con todo, la diplomacia británica pensaba que la única salida posible era seguir confiando en el gobierno de Azaña («parece ser la mejor solución en una difícil situación») y en su propia persona («hombre de juicio sano y de habilidad administrativa, opuesto al desorden civil»). En un memorándum del 27 de marzo de 1936 el embajador abogaba por la necesidad de que la derecha abandonara su postura intransigente y cooperara con el ejecutivo^[54].

El 12 de junio el cónsul de Barcelona alertaba a su ministro de Asuntos Extranjeros sobre el estado de caos que había en el país, no conocido internamente en toda su magnitud debido a la censura de prensa, que bien podría conducir a una guerra civil por la división social entre bolchevismo y fascismo^[55]. El 23 de junio, la embajada en España alertaba al Ministerio británico de Asuntos Exteriores sobre el deterioro progresivo de la situación del país desde las elecciones de febrero, aunque seguían sin ver la capacidad del Ejército para solucionar el desorden, dada la falta de liderazgo. Tras el asesinato de Calvo Sotelo —decían— ya cualquier cosa podía pasar…^[56]

El embajador francés también estaba asustado por la situación española, a la que el 11 de junio de 1936 calificaba como de «situación revolucionaria»^[57]. Al gobierno del Frente Popular francés le asustaban, sobre todo, las intenciones de Largo Caballero en cuanto a su política de unificación del proletariado.

No solo la situación social se deterioraba día a día. También la política. El Congreso mostraba en sus sesiones periódicas el enfrentamiento abierto entre las distintas formaciones políticas. Los discursos eran cada vez más subidos de tono. Los pitidos, silbidos y faltas de respeto eran frecuentes entre sus señorías. Las interrupciones, continuas. Tampoco faltaron los insultos.

El 19 de mayo, Casares Quiroga presentaba en el Congreso su programa de gobierno, tras relevar a Manuel Azaña al frente del ejecutivo por asumir este la presidencia de la República. En él alertaba de que, al cabo de cinco años, la República necesitaba todavía defenderse de sus enemigos y tomar precauciones contra ellos. Tanto por la derecha como por la izquierda. La República se hará respetar o temer, dijo con claridad en su intervención parlamentaria. A los primeros les enviaba la siguiente advertencia:

Yo decía, Sres. Diputados, hace unas semanas, ocupando el puesto de Ministro de la Gobernación, que no estaba en aquel cargo dispuesto a tolerar una guerra civil en España. Lo reitero ahora; pero digo que cuando se trata del fascismo, cuando se trata de implantar en España un sistema que va contra la República democrática y contra todas aquellas conquistas que hemos realizado en compañía del proletariado, ¡ah!, yo no sé permanecer al margen de esas luchas y os manifiesto, señores del Frente Popular, que contra el fascismo el Gobierno es beligerante^[58].

A las masas republicanas y proletarias de izquierda les advertía que no iba a consentir coacciones ni amenazas en forma de huelgas políticas fuera de la ley, incautaciones que no pueden ser permitidas o «actos de violencia que sean un trágala al Gobierno o una coacción en todo caso … En suma, señores, hay que hacer sacrificios, y yo, que he venido aquí realizando uno personal, creo tengo algún derecho a pedírselo a los demás. No os invito a una fiesta; esta es hora de sacrificios para nuestro país»^[59]. Después de varias intervenciones, entre ellas de Gil Robles, Calvo Sotelo tomó la palabra para criticar el programa de Casares Quiroga, tanto por lo dicho como por lo no dicho. No aceptó su amenaza o advertencia, exigiendo el cumplimiento de la ley^[60].

En el debate sobre bienes comunales, el 1 de julio, algunos diputados del Frente Popular acusaron a Calvo Sotelo de apología del fascismo, tras comparar la situación del campo en España en 1936 con la de Italia en 1920 y lanzar las siguientes palabras como final de su intervención, en las que mostraba su desprecio hacia los partidos políticos, lo que provocó la indignación de la Cámara:

Pues bien: yo digo a los agricultores españoles, especialmente a la pequeña y media burguesía rural, y a los arrendatarios, y a los cultivadores de la tierra, que hoy ven ensombrecido su horizonte por falta absoluta de fijeza en la situación presente y de seguridad en la situación del porvenir; yo les digo que su remedio no está en este Parlamento, ni en otro que como este se elija, ni en el Gobierno actual, ni en otro Gobierno que el Frente Popular forjase, ni en el Frente Popular mismo, ni en los partidos políticos … que son cofradías cloróticas de contertulios^[61].

Esta última frase sonó no solo como su sentencia de muerte, que lo sería, sino como la de muchos españoles que se vieron pocos días después inmersos en una cruenta guerra civil.