4. Las causas de la conspiración: los intereses de los militares… y del gobierno

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Las causas de la conspiración: los intereses de los militares… y del gobierno

4.1. Conflictividad y revolución, principales argumentos de los conspiradores: el miedo a la revolución

4.1. CONFLICTIVIDAD Y REVOLUCIÓN, PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LOS CONSPIRADORES: EL MIEDO A LA REVOLUCIÓN

Resulta claro, por lo contemplado en el primer capítulo, que los militares españoles estaban acostumbrados al golpismo, no les hacían falta muchas excusas para tomar las armas contra el poder civil. ¿Qué buscaban? Políticamente la indefinición de sus objetivos muestra que no era el régimen lo que estaba en cuestión, sino algo más importante y que podía alterar verdaderamente las estructuras y cimientos de la sociedad. La clave, por tanto, no era política, sino social. Los militares africanistas y de la UME estaban asustados ante la revolución social. Miedo a la revolución. No fueron un instrumento de las fuerzas políticas conservadoras, como en ocasiones anteriores, para contrarrestar la revolución. Ellos eran los primeros interesados.

No querían perder su influencia en la sociedad y sobre el poder civil. Vieron las reformas de Azaña como un aviso. Ellos tenían un interés corporativo; también otro político e ideológico, sin duda. A veces coincidía, porque muchos de los que promovieron y organizaron la sublevación y participaron activamente en el alzamiento eran oficiales retirados por la Ley Azaña, como se pone de manifiesto en las declaraciones de la Causa General. En el componente ideológico entroncaban con las fuerzas políticas contrarrevolucionarias (como se autodenominaron en la campaña electoral de febrero del 36) en su miedo a la revolución, por lo que decidieron colaborar conjuntamente al tener el mismo interés. La derecha tenía miedo a la revolución, miedo a que las reformas sociales emprendidas en el primer bienio ahora sí se culminaran, porque las circunstancias y las intenciones de las fuerzas más extremas de la izquierda lo tenían muy claro. Para estas era la segunda y seguramente última oportunidad de conseguir alcanzar una República popular superando la República burguesa, pues un nuevo fiasco defraudaría sin remedio a la clase trabajadora.

Puede resultar significativo leer un llamamiento de los días previos al alzamiento, de los pocos existentes o, por lo menos, conservados, realizado por los falangistas y dirigido al Ejército, con un puro lenguaje militar y hecho para los militares. Entre otras cosas decía que «nuestro movimiento tendrá carácter nacional. Nuestras miras no son políticas ni tienen por fin el salvar intereses de clase… Por encima de todo partidismo político, alienta, no obstante, en nosotros la decisión de impedir que vuelvan a imperar en España sistemas, procedimientos, doctrinas y normas que, fatalmente, habían de conducirnos de nuevo a la ruina definitiva»^[1].

El 28 de abril de 1936 el comandante José Cuesta Monereo, principal responsable de la conspiración en Sevilla, escribía una carta al general Miguel Cabanellas, jefe de la V División, en la que le exponía las razones y necesidad de actuar por parte del Ejército ante lo que calificaba como «estado de anarquía» del país:

Pero es que ahora, mi General, ve la Patria amenazada por estas masas, sin control y sin solvencia, y ante el peligro común y lo que continuamente estamos viendo, el instinto de conservación les hace unirse cada vez más. Los hay fogosos, los hay tibios, pero exceptuando una pequeña minoría, todos están ya cansados de sufrir vejaciones y puedo asegurarle que como un solo hombre acudirían a la lucha, tan pronto fueran requeridos o se sintieran mandados, sea por un General, por un Capitán o por un Cabo. Es posible que no cometan la locura de repetir otro 10 de Agosto, eso sería efectivamente una locura, una acción aislada, que ahogaría rápidamente este Gobierno. Nunca segundas partes fueron buenas. Pero una acción de conjunto, dirigida y encauzada desde Madrid, esa sí sería secundada por todo el Ejército y Guardia Civil, y aún por muchísimo elemento civil, por muchos, mi General, que ahora se dicen de izquierda, lo que no tiene nada que ver, pues no excluye la idea de orden, que es lo que hace falta, ya que a nadie asustan los avances sociales y lo que tenga que venir, pero con orden^[2].

El 18 de mayo de 1936 se constituyó en Barcelona la Junta Suprema Militar de Defensa Nacional, donde estaban representados todos los cuerpos, armas, institutos, dependencias y fuerzas orgánicas militares de la IV División. En el acta de constitución aludían a motivos similares: peligro de destrucción del orden, la paz social, la unidad sacrosanta de la patria y la vida de la misma como nación; descomposición de todos los órganos del poder, corrupción en todos los partidos políticos del régimen y agrupaciones sociales; brotes incesantes de affaires, robos, atracos, asesinatos, sacrilegios y prevaricaciones; «cubierta y amparada toda esa gama trágica de desdichas —aniquiladora de la Patria— por el más desvergonzado y cínico impunismo y, como natural consecuencia, ante el asalto seguro e inmediato al poder por el anarco-sindicalismo y marxismo, capitaneados por Largo Caballero, que ha de llevar a nuestra amada España a la tragedia rusa, y, por ende a la más aterradora de sus desdichas y a su muerte indefectible»^[3].

También el bando de guerra leído en Melilla la tarde del 17 de julio incidía en similar justificación, la misma que buena parte de seguidores del golpe esgrimieron públicamente durante años y los historiadores intentábamos ver como una causa superficial y de adorno de otras explicaciones más profundas. Pero la causa profunda era esa.

El estamento militar tuvo otro miedo, más cercano que el de la revolución general, aunque esta tendría sin duda alguna mayor repercusión: el de la pérdida de su poder en la calle, en la sociedad. Tal vez lo veían como un primer paso de esa revolución. A partir del 14 de abril de 1931 se va a ir produciendo el traspaso de las competencias sobre orden público a la autoridad civil o, mejor dicho, se va a imponer un nuevo sistema de relaciones entre poder civil y poder militar donde este, en virtud del principio democrático, va a estar supeditado a la autoridad civil^[4]. Una muestra de ello fue la supresión, el 16 de junio de 1931, de las capitanías generales, columna vertebral a través de la cual se había articulado a lo largo de la historia contemporánea española el dominio del poder militar sobre el civil. El 21 de octubre del mismo año se aprobaba la Ley de Defensa de la República, que concedía al ejecutivo facultades excepcionales en toda regla; la autoridad civil es la encargada de administrarla y no la militar, como hasta entonces. Este será el régimen jurídico vigente hasta la aprobación de la Ley de Orden Público de julio de 1933, más favorable a los militares. Tras las elecciones del Frente Popular temían volver a la situación de los primeros años del régimen republicano.

Por tanto, los militares iniciaron la conspiración casi al compás del inicio del gobierno del Frente Popular, asustados por la revolución social y lo que para ellos eran ya algunas muestras de ella, como la pérdida de parte de sus prerrogativas y privilegios. Miedo a la revolución. El inmovilismo, el ultraconservadurismo y la ambición de una buena parte de los militares españoles no fue la única causa de la Guerra Civil, por supuesto. La guerra fue resultado de un cúmulo de problemas no resueltos por la sociedad española durante mucho tiempo y agudizados con la llegada de la Segunda República, aunque esta también supo crear los suyos propios.

Uno de estos problemas seculares era la política militar, por descontado. Pero había otros muchos, destacando quizá en lugar preferente el de la distribución de la tierra, resultado de los procesos desamortizadores del siglo XIX. La clave estaba en la tierra, porque todavía en 1930 el 45,51 por 100 de la población activa española vivía del sector primario, constituyendo la agricultura el principal factor de producción. Este porcentaje era muy superior en algunos territorios, como Andalucía, Extremadura o La Mancha, sociedades plenamente ruralizadas. Durante la Segunda República se puso en marcha la Ley de Reforma Agraria (1932), pero el porcentaje de tierras expropiadas resultó ridículo a unos campesinos pauperizados y hambrientos de tierras. Las expectativas de una nueva redistribución de la propiedad de la tierra que se habían abierto con la llegada de la República se quedaron pronto frustradas. Había transcurrido casi un siglo y no había cambiado prácticamente nada.

Al problema de la tierra habría que añadir la problemática social generada por el tímido proceso industrializador del país, que provocó importantes desajustes sociales ante la falta de un modelo claro de crecimiento y desarrollo. Esta situación dio paso a múltiples enfrentamientos entre obreros y patronos, al incremento de la afiliación sindical y al aumento de la conflictividad social en el ámbito urbano e industrial, que se vino a sumar a la más tradicional del ambiente campesino.

Además de la distribución del trabajo hay otros factores ligados a ella que nos ayudan también a comprender el conflicto, como es el de la distribución de la riqueza, que parecía un polvorín. Muy pocas manos concentraban la mayor parte de la riqueza, mientras que mucha población vivía en la subsistencia o cercana a ella. Pero más injusto, si cabe, era que la riqueza que tenía que gravar no se conocía o, mejor dicho, no se quería conocer. El sistema tributario de finales del siglo XIX y principios del XX daba más prioridad a la tributación indirecta, que hacía pagar a todos los ciudadanos por el consumo, frente a la directa, que gravaba la riqueza.

A finales del siglo XIX en toda Europa estaba generalizado el catastro, inventario de la riqueza inmobiliaria y requisito básico para el establecimiento de un sistema de recaudación directa sobre la propiedad, salvo en dos países: Inglaterra y España. En nuestro país se comenzó en 1906, aunque su realización llevó un ritmo excesivamente lento, dependiendo de las dotaciones presupuestarias y, sobre todo, de la fuerza de los propietarios ante las altas instancias políticas. Es el caso, por ejemplo, de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), en la que se frenó el proceso. La Segunda República no lo aceleró, pues sus gobiernos dieron prioridad a la reforma agraria frente a la reforma fiscal. El mayor impulso se dio entre 1944 y 1959, año este en que se consiguió prácticamente su finalización. El catastro venía a dotar a la Hacienda pública de un mecanismo para valorar la riqueza de una forma más equitativa y realista que el de las valoraciones que hasta entonces venían realizando los propios ayuntamientos tras la reforma tributaria de Alejandro Mon. La Contribución de bienes inmuebles, cultivo y ganadería, fijada por ley de 23 de mayo de 1845, combinaba una distribución de cupo con una recaudación de cuota (amillaramientos). El cupo de cada provincia se repartía entre los ayuntamientos, y estos lo hacían entre sus propietarios, método que favorecía la ocultación de riqueza por parte de los propietarios más poderosos, ligados férreamente a las estructuras políticas locales, a las que dejaba la Hacienda nacional todo el sistema recaudatorio. Las declaraciones evaluatorias y los linderos se hacían a imagen y semejanza de los grandes propietarios. «La falta de Catastro es una de las armas más poderosas del caciquismo», decía con razón la Junta del Catastro en el proyecto final que sirvió de base a la ley de 13 de marzo de 1906.

A finales del siglo XIX los propietarios se habían asustado al hacerse públicos varios avances catastrales. La Reseña Geográfica y Estadística de España de 1888 había publicado los realizados por el Instituto Geográfico y Estadístico en las provincias de Albacete, Cádiz, Córdoba, Jaén, Madrid, Málaga, Sevilla, casi toda la de Toledo y gran parte de la de Ciudad Real. Las conclusiones eran contundentes: ocultación de las superficies y de la riqueza en los amillaramientos. La primera, en un 33 por 100 de media en las provincias aludidas, aunque eran menos fiables aún las calidades atribuidas al suelo, observándose una caída progresiva en la declaración de tierras de primera calidad. Sobre la segunda, la Reseña publicaba un estudio comparativo de la riqueza imponible que resultaba de las evaluaciones alzadas hechas por la Dirección General de Contribuciones y de la reconocida en los amillaramientos para todo el país, en 1879. Las primeras suponían una cantidad de 1 372 589 575 pesetas. Las segundas, 769 622 297. La diferencia, 602 967 278 pesetas, representaba el 56 por 100^[5]. En 1945, con algo más de la mitad de la superficie nacional catastrada, la riqueza comprobada era de 1 064 765 620,91 pesetas, mientras la amillarada había sido para esas mismas provincias de 563 811 983,59. La diferencia era de 500 953 637,32 pesetas, casi el 53 por 100^[6]. Los propietarios, como puede apreciarse por las cifras anteriores, tenían mucho que ganar en julio de 1936 y la mayor parte de la población muy poco que perder.

Otro componente importante de la sociedad de la época anterior a la guerra era el analfabetismo y la incultura. En 1930 en España todavía no sabía leer ni escribir el 42,34 por 100 de la población, siendo más elevada la tasa de analfabetismo entre las mujeres (47,51 por 100) que entre los hombres (36,92 por 100). Además, casi la mitad de la población de cinco a catorce años no estaba escolarizada. La tasa bruta de escolarización en ese año era del 55,8 por 100. La incultura favorecía mantener estructuras políticas y sociales contrarias a la razón. Por eso la educación, en su sentido más amplio, fue considerada un objetivo prioritario de los gobiernos republicanos.

A estas causas profundas y estructurales se sumaron las cuestiones coyunturales que provocaron a la República un contexto difícil desde el punto de vista político, social y económico, aprovechado por los militares y sus aliados para justificar y facilitar su acción ante la opinión pública, por ser problemas que afectaban a la vida cotidiana del momento y eran, por tanto, de candente actualidad. Entre ellas destacaba la crisis económica, que comenzó a azotar a buena parte del mundo a partir de 1929 y que en España se presentó con múltiples manifestaciones, sobre todo con un fuerte incremento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, generalmente con muy bajos salarios. A estas condiciones se unían las largas y penosas jornadas laborales, lo que hacía muy dura la existencia de los trabajadores y de sus familias. Otros rasgos sociales del momento que contribuyeron a minar la convivencia pacífica de los españoles fueron la insatisfacción de algunos con el modelo territorial y el incremento de las reivindicaciones nacionalistas; la conflictividad social, fenómeno nada original en el país y en el ambiente europeo, pero la labor propagandística la hacía parecer bastante nueva, única y más grave; las amenazas públicas y demostraciones de fuerza de las organizaciones paramilitares; el enfrentamiento público y notorio de las distintas fuerzas políticas, tanto en los medios de comunicación como en la calle y en las Cortes, donde incluso eran frecuentes las continuas faltas de respeto; y la división de la sociedad española en muchos bandos irreconciliables, tanto ideológicos y económicos como territoriales.

A todas estas cuestiones deben añadirse una serie de razones psicológicas que marcaron la mentalidad colectiva de los políticos conservadores que abrazaron el alzamiento y de los ciudadanos a los que representaban. Entre ellas sobresalían los fantasmas de la revolución de octubre del 34; la amenaza de Moscú y del comunismo internacional; la angustia ante las cada vez más frecuentes reivindicaciones y exigencias sindicales y los enfrentamientos continuos en los jurados mixtos; el temor que provocaban los asentamientos campesinos; el desafío separatista y, por último, la sensación de desorden y caos social. En cuatro palabras: miedo a la revolución.

Todas estas causas y muchas más, que hacían cundir el desánimo en buena parte de la población, propiciaron el contexto que supieron manejar los militares y las fuerzas políticas que los secundaron, máxime con un gobierno endeble, sin apoyos sinceros ni incluso entre sus aliados del Frente Popular. Las reformas culturales y educativas de la Segunda República, que tenían como fundamento hacer hombres y mujeres más libres, más cultos y con mayor capacidad de participar en la gestión del presente y del futuro, no podía dar resultados tan inmediatos, por lo que la mentalidad colectiva del pueblo español seguía más marcada por la tradición que por los rasgos de una nueva sociedad que poco tuviera que ver con la que el régimen republicano quería pasar página de una vez para siempre.

Los militares conspiradores, en su afán de seguir actuando como cirujanos de hierro y salvadores de la patria guiados por la santa providencia, creyeron encontrar las puertas abiertas a la insurrección. ¿Por qué el gobierno no cortó de raíz una conspiración pública como la de la primavera del 36? Pues por la misma razón: por miedo a la revolución.

4.2. Las razones del gobierno: el miedo a la revolución

4.2. LAS RAZONES DEL GOBIERNO: EL MIEDO A LA REVOLUCIÓN

El plan de la conspiración de 1936 tenía semejanzas y diferencias con el de los golpes de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, 1926 y 1929. En común tenía lo público de la trama. Todos sabían que se conspiraba abiertamente en los cuarteles, hasta el gobierno, y eso a pesar del Servicio de Información plenamente inoperante que tenía. El hecho de que España no hubiera participado en la Gran Guerra y que sólo hubiera estado involucrada en conflictos coloniales no había permitido el desarrollo de servicios de escucha, criptografía y descriptado^[7].

Los primeros en ver y anunciar la preparación del golpe militar fueron los anarquistas. El 19 de febrero de 1936, el Comité Peninsular de la FAI reclamaba atención «a los movimientos de los enemigos declarados de la revolución», «una actitud de vigilancia permanente frente al golpe de Estado que significaría el fin de las libertades públicas y de nuestra existencia como entidad revolucionaria organizada». Alertaba de la existencia de planes golpistas: «Recojan las regionales esta voz de alerta, que no nos sorprenda desprevenidos un hecho que podría sepultarnos en la nada, si no encontrase la resistencia resuelta de las masas populares y entre ellas de los anarquistas. En un golpe de Estado se juega el porvenir inmediato de la clase obrera, y un movimiento que como el nuestro ha llegado a colocarse en la primera línea del combate». Solicita la colaboración con la CNT, «buscando unidad en la lucha, ya que el movimiento de resistencia al fascismo estaría centrado necesariamente en la acción de masas y el control de estas lo poseen los organismos sindicales»^[8].

En la celebración del primero de mayo en Cuenca, Indalecio Prieto, diputado y líder socialista, habló en su discurso sobre la existencia de la conspiración militar. Antes de pasar a la esfera pública intentó anunciárselo a Azaña en la privada, pero sin éxito, como amargamente se quejaba aún en un escrito de 1949, cuando recopilaba sus recuerdos. Primero se lo comunicó confidencialmente al jefe del gobierno. «Notaba yo —recuerda el líder socialista— el enojo que le producían mis advertencias, pero me sentía obligado a soportarlo. Sólo les puse término una tarde, cuando, en el despacho de ministros del Congreso, el presidente del Consejo, no pudiendo contener su enfado, me dijo con desabrimiento: “Deje de fastidiarme. Lo que usted se imagina es producto de la menopausia”. No volví a visitarle hasta el 17 de julio»^[9].

El 15 de julio, el Comité Nacional de Defensa Confederal CNT, FAI, AIT, enviaba una circular anunciando su constitución y alertando sobre el plan golpista:

Pero no solo en Madrid se sospechaba de la trama militar. En Galicia, el Comité de Alianza Obrera de Vigo, en una nota redactada el 3 de abril de 1936, cursó instrucciones «sobre las actuaciones que debían llevar a cabo los trabajadores como medidas de resistencia si la sublevación tuviese éxito»^[11]. En Jaén, días antes del alzamiento, el Comité Provincial del Partido Comunista recibió una carta del Comité Central en la que le comunicaba que la sublevación era cuestión de días e indicaba la necesidad de tomar una serie de medidas encaminadas a movilizar a las masas y hacer frustrar los planes de los enemigos del pueblo. Para conseguir tal objetivo, el Comité Provincial del partido convocó una reunión del Frente Popular en la que «se tomó el acuerdo de que el día 14 de julio de 1936 habían de salir diez delegaciones del FP a recorrer todos los pueblos de la provincia, informar a las organizaciones sobre la situación y la necesidad de tomar medidas en cada pueblo para que grupos armados del FP estuvieran preparados controlando de cerca los cuarteles de la guardia civil y a los terratenientes y caciques»^[12].

En Córdoba, el socialista Manuel León llevó los datos concretos de la sublevación en Córdoba a Madrid. Su hermana, dueña de la fonda donde se alojaba el falangista y militar retirado Rogelio Vignote, descubrió en su mesilla de noche documentación sobre los preparativos golpistas, señalando fecha, implicados y enlaces. El director general de Seguridad, Alonso Mayor, le puso a su disposición dos agentes y un coche para viajar a la capital. El día 12 de julio el director general recibía la información detallada de los planes golpistas en Córdoba^[13].

El mismo día 17 por la mañana el general Batet, jefe de la División de Burgos, fue a Navarra para intentar frenar los planes de Mola. Se entrevistaron en Iratxe. Mola dio su palabra de honor de que no se sublevaría. Batet se conformó con la palabra del general, pero el alcalde de Estella, Fortunato Aguirre, pidió telefónicamente permiso al presidente Casares Quiroga para detener a Mola. No se lo consintió^[14].

Según el testimonio de un republicano que andaba en julio del 36 por Melilla, Javier Lanuza, los mandos militares leales reiteraron su preocupación al gobierno en continuos informes que no tenían respuesta. El jefe militar de la circunscripción de Villa Alhucemas, Delgado del Toro, le confesaría: «He enviado a Madrid un montón de informes. Después de lo de Llano Amarillo, mi información ha sido de lo más completa que puedan haber recibido. ¡Machacona y molesta, si usted quiere! No he omitido un solo detalle de lo que sé, que es mucho. He hablado claramente de los peligros que existen, peligros reales, inminentes… También he hecho un informe detallado a don Diego, exponiéndole los remedios urgentes que podrían salvar, a mi juicio, esta situación. ¡Pero todo ha sido inútil! ¡No me han hecho caso!»^[15].

En Cataluña las fuerzas de orden público estaban al tanto de la conspiración. Federico Escofet, comisario general de Orden Público de Cataluña, y el coronel Vicente Guarner, jefe superior, recibieron detalles de la misma de varios miembros de la asociación UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista). Ordenaron un registro en el domicilio del capitán Pedro Valdés que dio como resultado el hallazgo, en la caja del gramófono, de un gran sobre lacrado que contenía un bando del general Manuel González Carrasco que declaraba el estado de guerra en Cataluña, un manifiesto dirigido «Al País» firmado por la Junta Suprema Militar de Defensa de España, una orden con instrucciones para los comandantes de unidades acerca de la ocupación de objetivos y varias hojas de adhesión al movimiento y pasquines referentes al mismo.

Con estas pruebas, el comisario Escofet visitó al general Llano de la Encomienda, responsable de la IV División. Este se limitó a ordenar la detención del capitán y de dos tenientes, pero nada más. En dos nuevas ocasiones Escofet visitó al general pidiéndole la detención de los jefes y oficiales implicados y la apertura de una investigación sobre el proceso conspirativo en el seno de la división. El general se negó en rotundo. Manifestó que él respondía de la guarnición. El propio Guarner le pidió también en persona la detención de unos cuarenta jefes y oficiales que sabían estaban implicados. «Yo no hago ni permito eso de ninguna manera —respondió Llano de la Encomienda—. Hay agitación, pero la guarnición está tranquila. Ayer precisamente hablé con el general Fernández Burriel y con el coronel Llanas, que estaba sentado donde tú estás y me dieron palabra de que sus fuerzas no se alzarían en armas»^[16]. Los responsables de orden público de la Generalitat también mantuvieron informado al presidente de la misma, Companys, y este, a su vez, parece ser que advirtió en varias ocasiones al gobierno de lo que se planeaba en muchos cuarteles y de las actividades conspirativas de la UME.

Quizás la prueba más contundente de la información existente sobre la conspiración esté en la propia documentación militar. El 27 de junio de 1936 el Estado Mayor Central del Ejército enviaba a la II División en Sevilla, y seguro que al resto de divisiones, un escrito alertando de la preparación de la sublevación, el cual fue enviado inmediatamente a la Comandancia Militar de la Plaza de Málaga como documento «Confidencial y muy reservado»:

Se tienen noticias en esta Sección de un inmediato movimiento militar, similar al del 10 de agosto, por la proximidad del día 29 del actual, fecha para la cual estaba anunciado uno violento de izquierdas. Con respecto a este movimiento de izquierdas, no hay noticias algunas que permite creer en su realización, y así mismo se sabe que entre los elementos de extrema derecha se observa marcada agitación y cierta actividad que acusa la preparación de algún movimiento, probablemente, contra el régimen y que al parecer su iniciación partirá de provincias, o tal vez de África. La noticia solo debe tomarse como aviso que evite sorpresas^[17].

Algunos no solo hablaban, sino que actuaban. Desde meses antes del alzamiento algunas asociaciones militares, como la UMRA, comenzaron una intensa actividad dentro de los cuarteles para neutralizar a los conspiradores. En Orense desde la primavera de 1936 se tienen noticias de la existencia de varias células organizadas tanto en el cuartel de Infantería como en la Comandancia de la Guardia Civil, cuestión que inquieta a los conjurados. Prueba de ello es la constitución de la Liga secreta anticomunista, integrada por oficiales y personal de tropa de probadas convicciones derechistas que se dedicaban a espiar a sus compañeros de armas^[18]. En Valencia actuó el Radio Hospital, de tendencia comunista. Según el testimonio de su secretario político, César Avis, el Radio tenía cuatro células de empresa y una en el 5.º Tercio de la Guardia Civil en el cuartel Arrancapinos, de la cual era responsable el sargento motorista Sánchez. Se componía de cuatro guardias y el capitán Juan Chirivella, «estos camaradas jugaron un gran papel, desorganizando el cuartel y ayudando a liquidar los posibles focos de resistencia que intentaban ofrecer la guardia civil del cuartel de Arrancapinos al mando del Teniente Coronel Gómez Plata, que seguía las órdenes y de acuerdo con la Guarnición Militar mandada por el General Martínez Monje»^[19].

Ya en el mes de julio la actividad del Partido Comunista y de las Juventudes Socialistas Unificadas se intensificó: «La tarde del sábado (17 o 18 de julio de 1936) —recuerda un militante— me encontraba en la calle Atocha vendiendo el semanario Juventud junto con otros camaradas del Radio 2 de la JSU, cuando nos avisaron que debíamos presentarnos en el Radio Sur del Partido (calle de Lavapiés) donde se iban a repartir armas. La noticia no nos sorprendió, pues las últimas noches las habíamos pasado movilizados en los locales de la JSU en la calle del Pacífico, en previsión de una posible sublevación fascista»^[20].

En el otro lado, no solo los militares eran conocedores de los planes golpistas. Navarra se convirtió desde los primeros días de julio en lugar de veraneo de muchos políticos, aristócratas y familias acomodadas madrileñas que buscaban un lugar seguro ante los acontecimientos que esperaban con conocimiento de causa. Algunos, incluso, decían con socarronería que iban a ver la sublevación «en palco, para no perder detalle». El mismo Calvo Sotelo había sido convencido para marchar a Navarra, pero se le adelantó el destino. Navarra era «tierra segura», el lugar en el que la reacción católica autoritaria resultaba más evidente^[21].

También la diplomacia extranjera estaba al tanto de la trama militar, lo que a buen seguro trasladaría a las autoridades españolas. El 22 de abril, el embajador británico en España hablaba ya en un despacho oficial dirigido a su ministro de la posibilidad de un golpe de Estado, liderado por los generales Franco o Goded^[22]. En los primeros días de julio hablaba de insistentes rumores en Madrid sobre un próximo golpe militar^[23]. El embajador francés alertaba el 5 de junio a su ministro de Asuntos Extranjeros de la preparación de una sedición militar comandada por el general Mola, desde Pamplona^[24]. Todo el mundo parecía saber lo que se tramaba.

Sánchez Albornoz recuerda a Azaña derrotado de antemano. En conversaciones sobre la violencia de los meses previos a la guerra, apenas opinaba. Ni decisión, ni palabras firmes, ni gesto esperanzador. Sobre la conspiración, relata: «Mediados de junio. Había regresado de Lisboa a buscar a mis hijos. Informé a Casares en el Congreso de mis noticias sobre la llegada a Portugal de Fal Conde procurando pasar inadvertido, sobre sus entrevistas con Sanjurjo y sobre cuanto sabía acerca de la conspiración que se tramaba allí. Los antiguos amigos de Acción Republicana me refirieron el avance de la crisis institucional y los más íntimos me dijeron: “Vete a ver a Azaña, hay que abrirle los ojos. Van a barrernos esas gentes de enfrente”. Visité a don Manuel —así solía yo llamarle— en el Palacio Nacional. No me dejó explayarme: “Ya hablaremos con calma. Venga mañana a la Zarzuela”»^[25].

El gobierno tomó ciertas medidas, sin duda, pero no las drásticas que hubieran hecho falta, a pesar de lo que opinen algunos autores. Para Rafael Cruz^[26], el general Pozas, inspector general del Instituto, había realizado ya decenas de combinaciones y ascensos que suponían el desmantelamiento de las comandancias anteriores y la neutralización de los generales más proclives a la rebelión. El resultado fue que solo uno de los siete altos jefes de la Benemérita se sumó a la sublevación, y la actuación de la Guardia Civil fue clave en Madrid y Barcelona, principales objetivos de los sublevados.

Enrique Sacanell^[27] también pone en duda la posible pasividad de Casares. Fruto de las medidas preventivas tomadas, tan solo uno de los ocho comandantes de las regiones militares se sublevó y ninguno de los titulares de las tres inspecciones generales lo hizo. El inspector de la Guardia Civil y sus seis generales fueron fieles al gobierno. De los veintiún generales de división, diecisiete permanecieron al lado de la República; de los cincuenta y nueve generales de brigada, lo hicieron cuarenta y dos. Lo más inesperado fue que no mantuviera su fidelidad el inspector del Cuerpo de Carabineros.

Pero la clave tal vez no estaba en los generales, que al estar en la cumbre de su carrera tenían mucho que perder, sino en los oficiales y en los jefes de las unidades militares de cada provincia, como Mola bien pensó. Se sumaron a la sublevación casi todos los jefes de Estado Mayor y entre el 80 y el 85 por 100 de los oficiales, que lograron sublevar a 44 de las 53 guarniciones más importantes y la mitad de las fuerzas de orden público^[28]. Tal vez esta fue la clave del éxito, por supuesto parcial, del alzamiento militar.

El gobierno actuó en la cúpula militar pero se olvidó o quiso olvidarse de lo que sucedía en cada provincia. Se limitó a ordenar a los gobernadores civiles la vigilancia de sospechosos civiles y militares, en muy pocos casos su detención y la recogida de armas. En algún lugar resultaron cruciales para abortar el alzamiento, como en Cuenca, pero en la mayoría fueron ineficaces. En esta ciudad el 25 de marzo había sido detenida la plana mayor de la Falange conquense, incluido su jefe provincial, Benito Pérez García. Poco después serían todos liberados, aunque este ingresó de nuevo en la cárcel en julio, cuando las conversaciones sobre la conspiración contra la República fueron definitivamente descubiertas. El 13 de julio, el director general de Seguridad dio a conocer en una nota de prensa la redada efectuada ese día que había llevado a ciento ochenta y cinco jefes provinciales y locales de Falange de todo el país a la cárcel por haber recibido instrucciones para provocar un movimiento subversivo. En Cuenca, la detención de los principales cabecillas falangistas y de la conspiración se realizó en la práctica en la madrugada del 13 al 14 de julio. «Por estas medidas, ejecutadas por el Gobierno Civil, la Falange conquense perdió toda su operatividad a las puertas de la sublevación»^[29].

En Lugo, el día 10 de junio el gobernador civil de la provincia trasladaba al primer jefe de la Guardia Civil y Comisaría de Investigación y Vigilancia un telegrama del Ministerio de Gobernación advirtiéndoles de «un supuesto movimiento de tipo militar». Tres días después un nuevo telegrama del Ministerio al gobernador le alertaba del movimiento inminente tras el asesinato del diputado Calvo Sotelo y le daba instrucciones para neutralizarlo. Entre ellas la recogida de armas, continuación de registros de personas sospechosas «e incluso se recabó información de las sastrerías de la capital lucense sobre encargos de uniformes militares»^[30].

En Albacete los planes conspirativos se vieron ligeramente traspuestos ante la detención de los elementos más destacados de Falange, ordenada el 16 de julio por el gobernador civil Pomares Monleón, pero el proceso, por la fuerza de los respaldos militares, era imparable.

El gobierno, de Azaña primero y de Casares Quiroga después, actuó con lentitud y con confianza. ¿Por qué? La versión más generalizada acaba diciendo que días antes del golpe de Estado, Casares Quiroga y Azaña seguían pensando que la República tenía medios suficientes para controlar la sublevación, por lo que no había de tomarse medida alguna de emergencia. Descartaba llamar a las organizaciones sociales y políticas a defenderla con las armas. Se dejaron llevar por la falsa presuposición de que los militares carecían de la capacidad para intentar con éxito un golpe que les proporcionara el poder. En este convencimiento tenía mucho que ver lo ocurrido en el verano de 1932 con la sublevación de Sanjurjo, que fue dominada con relativa facilidad^[31]. El biógrafo oficial de Franco, Joaquín Arrarás, cita las palabras de Azaña a Franco cuando este fue a despedirse para salir hacia Canarias, a primeros de marzo, y le indicó el error de alejarle de Madrid, donde podía ser «más útil al Ejército y a la tranquilidad de España». Azaña contestó: «No temo a las sublevaciones. Lo de Sanjurjo lo supe y pude haberlo evitado, pero preferí verlo fracasar»^[32].

En el mismo sentido tenemos otro testimonio, el de Javier Lanuza. Este alude a una reunión mantenida en el Ministerio de la Gobernación cuando Azaña era aún presidente del Consejo de Ministros, a la que asistió en compañía de Llopis, el coronel Rodríguez de Quirós, Albar, Fernando García Peña y Pérez Urrutia, entre otros, y al comentarle el movimiento en los cuarteles «Azaña pidió a uno de nosotros un cigarrillo, y con aquella manera tan suya de fumar, después de echarnos casi a la cara una bocanada de humo, nos dijo con aire entre burlón y solemne, con solemnidad ministerial: ¡Eso es lo que queremos! ¡Que se lancen! ¡El gobierno está deseando que se echen a la calle para aplastarlos!»^[33].

Esta actitud escondía algo más profundo. La conspiración continuaba avanzando no porque las autoridades esperaran pasivamente el desenlace, sino porque no fueron lo eficaces que debieron haber sido o porque eran conscientes de poder aplastar la sublevación a poco de estallar. Tal vez Azaña dejaba hacer a los militares conspiradores porque estos eran el único freno a lo que de verdad le asustaba: la revolución social. Miedo a la revolución. No deseaba que triunfara el golpe, por supuesto, pero el alzamiento de los militares y su control le darían seguridad y poder ante sus aliados para frenar la pasada por la izquierda. Tal vez no tenía muchas más opciones dado el transcurso de los acontecimientos a partir de la victoria del Frente Popular. Todos los miembros de esta coalición electoral se unieron con el fin de vencer, pero los programas y exigencias de unos y otros eran tan diferentes que cuando lo hicieron todos quisieron pasar factura. Azaña imaginaba hacia dónde iría la victoria, por la radicalización de los partidos y organizaciones obreras. Y era consciente de que las elecciones se ganarían por un muy reducido margen de votos, como así fue. No son de extrañar las palabras que Ángel Ossorio puso en boca del propio Azaña ante las elecciones de febrero del 36: «Con toda mi alma quisiera tener una votación lucidísima, pero no ganar las elecciones de ninguna manera. De todas las soluciones que se pueden esperar, la del triunfo es la que más me aterra»^[34].

Azaña había sido no solo el impulsor del Frente Popular, sino también su ideólogo. Desde meses antes tenía en la cabeza, con todos sus detalles, los pasos necesarios para llegar a la coalición electoral. Pero él sólo pensaba en el acuerdo entre su partido y el socialista. Ampliar la coalición a más partidos republicanos u otros partidos obreros no solo era innecesario sino que incluso sería contraproducente, como diría en una carta al líder socialista Indalecio Prieto^[35]. Sobre todo temía al Partido Comunista, que aspiraba a ampliar sus bases con una política basada principalmente en fomentar el clima revolucionario y recordar constantemente el mito de octubre del 34. Este partido achacaba al PSOE, donde buscaba simpatizantes, que la revolución de 1934 había fracasado no por la pusilanimidad de las masas, sino por los fallos de dirección del movimiento, cuya responsabilidad recayó en los socialistas. El sector radical de Largo Caballero, principal escollo para Prieto en el camino hacia el Frente Popular, fue el que al final impuso la presencia del PCE.

Por medio de su otro yo, el personaje Garcés, en su novela La velada en Benicarló^[36], Azaña tal vez dé las claves de algunas de sus ideas y preocupaciones. Para él, la República había civilizado España, y si no se entiende así no servía de nada ni para nada. La República no era antiborbonismo, ni anticlericalismo, ni anticentralismo… no era anti, era una fase superior. Por eso no podía consentir dejar el paso libre a la revolución social. La República «sucumbió en las últimas semanas de julio, cuando no pudo reducir en pocos días la rebelión y para salvarse y salvarnos de la tiranía militar, abrió las compuertas, o soportó que fuesen derribadas, al ímpetu desordenado del pueblo, reconociendo con eso mismo su impotencia». «Los hombres como yo hemos venido demasiado pronto o demasiado tarde», se lamentaba Azaña en boca de su personaje ficticio, al no haber logrado convencer a sus enemigos, sobre todo con los que compartió cartel electoral.

La izquierda más radical no favorecía el espíritu reformista, proclamando la necesidad de afrontar la revolución social con la fuerza de los votos de febrero del 36 y el espíritu de la revolución del 34. La tragedia estaba servida. La República se estaba asfixiando entre la presión de los extremos, sin poder poner freno al ímpetu revolucionario. Por eso le vino bien la conspiración y no puso excesivo celo en detenerla. Demasiada presión para un gobierno endeble. Esta sensación del gobierno fue compartida por mucha gente. «Parece que en gran parte de los españoles predominaba el deseo, quizá fatalista, de que estallara de una vez la violencia para quemar las reservas de acometividad dirigida a aniquilar al odiado contrario. Creían que el choque sangriento rompería la insostenible angustia que les atormentaba», ha escrito Luis Romero^[37]. Las autoridades realmente de lo que estaban asustadas no era de la violencia, con todo lo que suponía; ni del Ejército, al que pensaban reducir con facilidad en caso de actuar; sino del ambiente social prerrevolucionario de la mayor parte de municipios, tanto en los más grandes, escenarios hasta ahora mejor conocidos, como en los más pequeños, olvidados en la mayor parte de estudios.

El gobierno dejó hacer a los conspiradores por las razones expuestas con anterioridad, pero no calibró sus verdaderas fuerzas, lo que le impidió dominar la sublevación en los primeros días, pensando más en una actuación similar a la Sanjurjada de 1932. Este fue el gran error del ejecutivo durante la conspiración y el primero de los muchos que se iban a suceder en unas horas y días trascendentales. Aunque parece que no le importaba en exceso la conspiración ni el golpe militar, no quería ni mucho menos su triunfo, pero cuando quiso abortarlo, no supo ni pudo hacerlo. La trama urdida por Mola era mucho más seria de lo que creyó el gobierno y de lo que han creído la mayor parte de los estudiosos de estos acontecimientos. Los conspiradores también cometieron errores que iban a determinar su fracaso en algunos territorios, algunos de gran importancia estratégica. Unos y otros empataron en su temor a la revolución y en errores, de ahí que el golpe de Estado se convirtió muy pronto en una guerra civil.

¿Por qué esta actitud gubernamental? El detonante bien pudo ser la salida del gobierno de Manuel Azaña para encargarse de la presidencia de la República. En el fondo estaba la manifiesta enemistad del presidente de la República y del presidente del Consejo de Ministros y la división de las organizaciones del Frente Popular, e incluso en el seno de algunas de ellas, como el Partido Socialista. Con una conspiración en marcha y un elevado índice de conflictividad social, abril de 1936 no era el mejor momento para intentar acabar con Alcalá Zamora. La debilidad era patente tanto en el gobierno como en la presidencia de la República, y eso tenía enormes riesgos para los republicanos y facilitaba múltiples argumentos a sus opositores.

El motivo por el que estalló la crisis era absurdo, lo que muestra que se esperaba una excusa para iniciar el asalto a la República, la revolución, por parte del sector caballerista del PSOE. El 7 de abril, Azaña y Prieto decidieron presentar una proposición para que se declarara que no era necesario el decreto de disolución de las Cortes. La había preparado el primero y la presentó el segundo. Azaña quería salir del gobierno a toda costa. Ya no podía aguantar más, y veía estéril la coalición gubernamental para poner freno a los revolucionarios. Pensaba en él presidiendo la República y en Prieto dirigiendo el gobierno. Azaña fue elegido candidato único a la presidencia de la República por acuerdo de todos los partidos que formaban la coalición del Frente Popular; 754 votos a favor de los 874 diputados y compromisarios que tomaron parte en la votación. El 11 de mayo prometió su cargo. Posteriormente inició las consultas para formar gobierno.

Prieto salió de su primera entrevista con el recién elegido presidente, en la noche del 11, convencido de que en breves horas iba a ser presidente del gobierno. Comunicó al presidente de la República un plan de gobierno cuyo primer punto consistía en realizar un cambio sustancial en los mandos militares, para que sólo los de probada lealtad permaneciesen en los puestos clave del Ejército. Prieto también le mostró la necesidad de pasar a la reserva a todos los jefes de actuación antirrepublicana y a privar de todos sus derechos a los militares acogidos a la Ley de Retiros que venían conspirando contra la República.

En la mañana del día 12 el Partido Socialista decidió no autorizar a Prieto a dirigir un gobierno de Frente Popular. La propuesta de Prieto obtuvo 19 votos a favor por 49 en contra. Prieto no quiso provocar más tensión en el partido y decidió no aceptar el ofrecimiento de Azaña. Largo Caballero, según Santos Juliá, esperaba el fracaso del ejecutivo republicano para ocupar el poder. Así lo manifestó en la reunión de la minoría parlamentaria: «A pesar de que Prieto dijera luego otra cosa, en mayo de 1936 no hubo gobierno de coalición presidido por un socialista sencillamente porque Largo Caballero cerró las puertas a tal eventualidad.

»De esta manera, una operación destinada a ampliar las bases del gobierno acabó por debilitarlo todavía más en un momento de conspiración militar y de movilización obrera y campesina»^[38]. Azaña confió el encargo de gobernar a su más cercano y leal colaborador político, Santiago Casares Quiroga, que formó un gobierno exclusivamente republicano.

Para Santos Juliá^[39] la decisión del cambio de presidente fue exclusivamente personal de Azaña. Las relaciones de este con Alcalá Zamora se habían vuelto cada vez más tensas, pero la destitución de este último era una consecuencia política del resultado de las elecciones del Frente Popular, en las que el propio presidente de la República había tomado partido por una opción de centro. Había arriesgado y perdido.

Otras versiones apuntan a que el propio socialismo revolucionario pretendía acabar al mismo tiempo y en la misma ocasión con la influencia de Azaña y con la de Prieto. Juan Marichal se basa en el testimonio del ideólogo del sector caballerista Luis Araquistáin. Este le comentó en París en 1959 que el grupo caballerista dirigente «quería eliminar a Azaña de toda posición gubernamental de carácter ejecutivo y también aspiraba a impedir que Indalecio Prieto fuera nombrado Primer Ministro. De ese modo el gobierno estaría en manos incapaces para frenar a las masas y podría iniciarse fácilmente una acción revolucionaria. La maniobra, según me relató Araquistáin, fue muy sencilla: se empujó a Azaña hacia la Presidencia de la República y cuando este pensó (como era de esperar) en Prieto para la jefatura del gobierno, se encontró con un veto absoluto de su propio partido, el Socialista, que le impedía aceptar el ofrecimiento de Azaña. Así inutilizamos a los dos, me dijo el antiguo dirigente socialista»^[40]. En 1960 coincidió el autor con Indalecio Prieto en México, al que contó la versión de Araquistáin: «Algo de eso me sospechaba yo, pero nunca pensé que fueran tan maquiavélicos mis adversarios del Partido»^[41].

Para el que fuera presidente de las Cortes del Frente Popular, Azaña quería abandonar el gobierno como fuera y a costa de quien fuera, y en la coyuntura más propicia la víctima era el presidente de la República. «El acoso al gobierno del señor Azaña —escribiría en sus memorias Diego Martínez Barrio— empezó minutos después de hacerse cargo de los ministerios»^[42]. Continuó desde la derecha a la izquierda, entre la perplejidad del gobierno, la intranquilidad de la opinión pública y la irritación del presidente de la República. El ala izquierda del Partido Socialista no quiso frenar la impaciencia popular en muchas zonas del país. Tampoco oían ninguna moderación las organizaciones anarquistas.

El recuerdo de Martínez Barrio parece una teoría sólida muchos años después. Azaña trataba de calmar el desordenado empuje del Frente Popular, pero empezaba a sentir que sus esfuerzos serían inútiles. En sus discursos del 3 y 15 de abril clamaba por la paz y el esfuerzo de todos por conseguirla, pero sin resultados. Azaña se dio cuenta de que la situación era imposible, que su misión estaba perdida y abocada al fracaso. Era un «presidente amortizado», como él mismo se calificaría al referirse a julio de 1936^[43].