5. Radiografía de un golpe de Estado

5

Radiografía de un golpe de Estado (17-28 de julio)

5.1. La sublevación en Mellilla

5.1. LA SUBLEVACIÓN EN MELILLA

Primero fue el grito lejano de una sirena; grito como arrancado del corazón; grito que era chillido y desgarramiento, como si el aire quedara desflecado. Grito de apocalipsis para que nos aprestáramos. [Carlota O’Neill, Melilla, 17 de julio de 1936].^[1]

Melilla fue la primera, la escogida por Mola. Era uno de los baluartes más firmes en el apoyo al alzamiento y el general no quería arriesgar. Mola confió en llevar su inicio a tierras africanas por cuatro razones principales. La primera, porque no podía contar con Madrid. La segunda, porque en el Marruecos español se concentraba la parte del Ejército más preparada y entrenada, curtida en la lucha colonial, que sirvió de escuela y promoción a muchos de los jefes sublevados, algunos de ellos con un prestigio y carisma que no solo les hacía populares entre la clase militar. La tercera, porque las tropas y, sobre todo, los jefes y oficiales de Marruecos eran bien conocidos por él, pues desempeñó el cargo de jefe superior de las Fuerzas Militares de Marruecos hasta el gobierno del Frente Popular, en febrero de 1936. La cuarta, por la mayor libertad de acción para los jefes y oficiales comprometidos. A tantos kilómetros de Madrid y con el mar por medio, muchos de ellos se movían a sus anchas, como el general Francisco Franco, comandante militar de Canarias, quien era considerado cabeza de la sublevación en Marruecos. Un ejemplo fueron las maniobras que se celebraron unos días antes, que resultarían muy importantes en el plan de acción. Estas maniobras resultaron claves en el alzamiento. Allí se cerró la organización del mismo en Marruecos y allí aprovecharon algunos mandos, como el jefe de la 2.ª Bandera de la Legión Extranjera teniente coronel Juan Yagüe, para concienciar y preparar el ambiente ante la insurrección.

Además, en el triunfo del alzamiento en Melilla y el resto del protectorado en Marruecos jugó a favor un factor coyuntural: el factor sorpresa, extraño en todo este laborioso proceso conspirativo. La conspiración fue pública pero el golpe causó cierta sorpresa. Todos sabían que se conspiraba pero las autoridades desconocían dónde y cuándo se daría el golpe…, hasta el 14 de julio. Ese día el delegado gubernativo de Melilla, Jaime Fernández Gil, que llevaba en el cargo ocho días, recibió un telegrama cifrado de Gobernación en el que se indicaba que «elementos militares y de derecha preparaban una sublevación»^[2]. Habló en seguida con el general jefe de la Circunscripción Oriental del Protectorado, Manuel Romerales Quintero^[3], quien le aseguró que no tenía temor de que se alzasen en armas las fuerzas a sus órdenes. No era tan optimista el coronel Delgado de Toro, jefe del Sector de Alhucemas, quien le confirmó sus temores, pero le comunicó que él había alertado al general Romerales, al Ministerio de la Guerra y a algunos jefes de partidos políticos de izquierda, pero no sirvió de nada.

La noche del 16 de julio, el delegado gubernativo recibió una confidencia del presidente de Unión Republicana, Felipe Aguilar: al día siguiente los militares iban a repartir armas cortas entre paisanos de derechas. El delegado habló con el general Romerales, que seguía confiado, aunque le prometió interesarse por el asunto: «Usted ve, Peñuelas. No ocurre nada… ¡Podemos dormir tranquilos!», diría la mañana del 17 a su jefe de Estado Mayor. Cuando se confirmó el golpe, le llamó a su presencia, y le dijo lamentándose: «Peñuelas… ¡era verdad el movimiento!»^[4].

A las dos y media de la tarde comenzaron a llegar los insurrectos a la Comisión de Límites. Pero el delegado gubernativo conoce el reparto de armas a los falangistas y comunica al gobierno el inicio de la sublevación, obteniendo como respuesta más preguntas que propuestas, para desesperación de la máxima autoridad civil de la ciudad, que llega a confesar a uno de sus pocos aliados: «¡Esa gente de Madrid se figura que estamos jugando aquí a las revoluciones!». Al cabo de unos minutos vuelve a insistir con un nuevo telegrama:

¡Pero no acabo de informar que el coronel Solans es el jefe del movimiento rebelde en Melilla! ¡Y que lo que pasa aquí no es un juego de chicos, sino una sublevación en toda regla! ¡Que ahora la cosa sí va en serio! ¿O es que nadie se entera de lo que digo^[5]?

Ante la pasividad del gobierno, el delegado ordena al general Romerales actuar. Este decide enviar una pequeña tropa para detener a los jefes y oficiales que dirigían el reparto en la Brigada Topográfica y a los conspiradores de la Comisión de Límites, quienes consiguen desarmarla gracias a la intervención de la Legión Extranjera, a la suma de los Regulares, con el teniente coronel Barrón al frente, y las fuerzas venidas de acuartelamientos exteriores a Melilla. Desde allí el coronel Luis Solans Lavedán, que era el militar de máximo rango entre los conjurados en la plaza y el jefe previsto del alzamiento en Melilla, dirigió la sublevación.

Sobre las cinco de la tarde («El 17 a las 17» era la consigna)^[6], todas las fuerzas comprometidas salían a la calle con el fin de controlar la ciudad. El coronel Luis Solans procedería en primer lugar a despojar al general jefe del mando de la guarnición, que previamente acababa de comunicar a Madrid lo que estaba sucediendo en Melilla. El general preguntó a sus más estrechos colaboradores y vio que solo contaba con el apoyo de tres de ellos. El capitán Rotger, de forma airada y descompuesta, dando sucesivos golpes en la mesa del general, aconsejó a Romerales no dimitir. Otros dos oficiales le secundaron. Pero el resto de jefes y oficiales presentes en el despacho del general se mostraron partidarios del alzamiento. Romerales llamó al delegado gubernativo:

Sr. Delegado. En este momento acabo de resignar el mando en el coronel Solans. Lo que he hecho ante la necesidad de evitar el derramamiento de sangre. Solamente cuento con las asistencias personales del comandante Seco, comandante Ferrer y capitán Rotger, y quizás algunos otros más; pero en pequeño número. Es este el momento más amargo de mi carrera militar y estoy sufriendo el dolor más grande de mi vida como servidor leal de la República^[7].

Desde las dos y media el delegado estaba conectado con el Ministerio de la Gobernación a través del telégrafo Hugues, informando minuto a minuto de los acontecimientos y solicitando refuerzos navales y aéreos. De poco sirvió. Tras la detención del general Romerales las fuerzas insurrectas marcharon hacia la Delegación Gubernativa. La ocuparon sin ningún tipo de resistencia, abandonada la máxima autoridad civil hasta por sus propias fuerzas de seguridad, según relato de uno de los presentes:

La puerta del reducto oficial gubernamental estaba abierta, sin la custodia de la Guardia Civil, que era la fuerza que la guardaba de manera normal. En todo el edificio quedaban solamente cuatro guardias de Asalto, cuatro agentes de policía y tres amigos políticos del Delegado Gubernativo. Esa era toda la asistencia con la que podía contar la primera autoridad civil de la plaza para enfrentarse a la sección reforzada del Tercio, que en plan de ataque rodeaba el objetivo enemigo. Empleando más exactitud, podía decirse que únicamente los cuatro guardias de Asalto y uno solo de los agentes de policía constituían la expresión visible de lealtad y de apoyo al gobierno de la República^[8].

Todos los edificios oficiales fueron ocupados con la colaboración de la Guardia Civil y de los Carabineros, que se sumaron al alzamiento. Al anochecer, frente a Comandancia, en la esquina de la calle del General Marina con la de Luis de Sotomayor, previo toque de cornetas y tambores de la fuerza de Cazadores número 7, el teniente coronel Bartomeu leyó el bando de guerra, firmado por el general Franco. Luego marcharon por el centro de la ciudad y volvieron a leer el bando frente al Casino de Unión y Recreo. A las nueve de la noche del 17 de Julio de 1936 los principales lugares estratégicos estaban tomados, quedando ocupada toda la población.

La resistencia al golpe provocó algunos tiroteos, que fueron apagados sin víctimas por los sublevados salvo en la Base de Hidros. En esta, poco después de las cinco de la tarde comenzó el movimiento de tropas y el ruido de la sirena: «la sirena llamaba y llamaba con arrebato de fuego», recuerda Carlota O’Neill, esposa del capitán Virgilio Leret Ruiz, jefe de la Base de Hidros de la Mar Chica, perteneciente a la Aviación:

Hubo un silencio; nada se veía ni oía, hasta que reventaron disparos y machaqueo de ametralladoras. Los soldados de la República disparaban desde las ventanas de la Base en loco empeño, en inútil empeño, pues tenían perdida la jugada, ya que, por ser verano, se había dado permiso de vacaciones a la cuarta parte de la tropa. Estas eran las órdenes de Manuel Azaña que habían de cumplirse, como las de que desmontaran los motores de todos los aparatos de tierra y agua, en espera de los que tenían que llegar de Francia. Los oficiales vivían en Melilla, y por la tarde sólo estaba el de guardia. Todo era inútil, y así lo sabían los hombres que aguantaban el empuje, que crecía en marejada, contra la Base en remolino de chichías, barbas erizadas y caras de moros; todo era estrépito de muerte y fuego^[9].

Los pocos hombres que había en la base se refugiaron en el edificio de oficiales, desde donde estuvieron disparando hasta que se acabaron las municiones. Cuando todo estaba perdido el capitán salió, arrojó el revólver vacío a sus pies y se cruzó de brazos mirando cómo avanzaban los moros cuesta abajo; ¡llovían las balas sobre él, pero ninguna le rozó siquiera!, atestiguaron los presentes. Apareció el capitán Soler, que mandaba las fuerzas que ocuparon la base, y el capitán le dijo que allí nadie era responsable, más que él, de la resistencia que se había hecho y que había ocasionado la muerte a un soldado y a un sargento moros: «Yo soy el jefe, y estos hombres se han limitado a obedecer mis órdenes».

El capitán Leret fue arrestado junto al resto de oficiales y tropa y fusilado el 23 de julio: «Se colocó sereno frente al piquete y exclamó: ¡Viva la República!», según manifestó un testigo a su mujer. Virgilio Leret Ruiz era un joven de 33 años que había servido en la guerra de Marruecos como capitán de Infantería, estando en un blocao con veinte hombres cerca de un mes. Después se hizo aviador, observador militar y observador civil internacional. Había participado en la toma de Xauen y en Alhucemas.

La Base de Hidros del Atalayón, situada en el oeste de la llamada Mar Chica, a unos 10 kilómetros de Melilla, por sus condiciones excepcionales en el Mediterráneo occidental estaba considerada como la mejor de todo el norte del continente africano, por lo que representaba un objetivo central para los organizadores del movimiento al garantizar el control aéreo de la zona.

Después de apoderarse de la Base de Hidros en el Atalayón, los sublevados tomaron el aeródromo de Tahuima, donde detuvieron al general Agustín Gómez Morato, jefe de las Fuerzas Militares de Marruecos, a quien el gobierno de la República ordenó su rápido desplazamiento en avión desde Tetuán, capital del protectorado. Tal vez aquí el gobierno perdió su primera batalla de la guerra.

En Tetuán las tropas quedaron acuarteladas a la una de la tarde, y al comenzar el movimiento en Melilla el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga se hizo con suma rapidez con el control de la ciudad a excepción del aeródromo, que fue controlado al amanecer del día 18 después de un breve intercambio de fuego con sus defensores. A continuación, el coronel Buruaga detuvo al alto comisario, Arturo Álvarez Buylla, que fue depuesto.

En Larache, sobre las 22 horas, el coronel Múgica ordenó el despliegue de las tropas. El capitán Moreno Farriols, con una compañía del batallón de Las Navas, se encargó de la lectura del bando de guerra. El teniente González Vidaurreta y el teniente Bozas se dirigieron a ocupar los edificios de Correos y Telégrafos con una sección de Ingenieros. El teniente Reinosa Martínez, del batallón de Transmisiones, se posicionó en Comandancia. Se produjeron algunos incidentes cuando el capitán López de Haro, con el apoyo de algunos militares y paisanos, intentó oponer resistencia al movimiento, pero fueron reducidos sin demasiadas complicaciones.

En Ceuta el alzamiento triunfó sin necesidad de disparar ni un solo tiro. El teniente coronel Juan Yagüe era el jefe de los conspiradores en la ciudad y principal coordinador de la conspiración entre los jefes y oficiales del protectorado. Hacia las once treinta de la noche se hizo con el control de una ciudad prácticamente vacía porque fueron muchos los que marcharon a Melilla. Por no estar, no estaba ni el general Capaz, jefe militar de la Circunscripción Occidental del Protectorado, lo que facilitó aún más la acción de las tropas de Yagüe y su ocupación de los edificios oficiales. Con la misma facilidad transcurrieron los acontecimientos en otras poblaciones de la zona, como Xauen, Alcazarquivir o Villa Sanjurjo. Resultó clave en este sentido la colaboración y apoyo de las altas autoridades marroquíes del protectorado, el jalifa Muley Hassam y su gran visir Sidi Ahmed el Ganmía.

El 18 de julio Franco comenzó a desempeñar un papel de gran importancia estratégica y moral. Una vez comenzada la sublevación, los implicados le cablegrafiaron rápidamente a Tenerife:

El general se hallaba en Las Palmas para asistir al entierro del general Balmes. Una vez que lee el cablegrama, responde con otro:

Gloria al heroico ejército de África. España sobre todo. Recibid el saludo entusiasta estas guarniciones, que se unen a vosotros y demás compañeros Península en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo. Viva España con honor^[11].

A las once de la mañana del 18 de julio el general Franco entregó el mando del archipiélago canario al general Orgaz. De uniforme descendió al patio de la Comandancia Militar donde le aguardaba el coche. Al subirse al mismo, parece que pronunció las siguientes palabras a la multitud expectante:

No venimos a luchar por ningún partido político, no somos retrógrados. Nuestra misión, la única, será la de labrar una nueva España, haciendo frente a la anarquía, al caos, al desorden y al crimen. ¡Fe, Fe y Fe! ¡Disciplina, Disciplina y Disciplina^[12]!

El coche oficial se dirigió al muelle pequeño de Las Palmas, donde esperaba el remolcador España para llevarle al aeropuerto de Gando con el fin de tomar la avioneta que había de conducirle a Tetuán. A las 14 horas del 18 de julio se elevaba del Campo de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria, el Dragon Rapide, avión privado fletado por el banquero Juan March y pilotado por Cecil Bebb. Había salido diez días antes de Inglaterra y esperaba órdenes. Franco iba acompañado de su ayudante y primo, el teniente coronel Franco Salgado. Hacen escala en Casablanca. Allí reciben instrucciones para tomar tierra en Tetuán, donde aterriza el avión la mañana del 19 de julio.

La salida de Franco de Canarias constituye todavía un episodio enigmático. Como comandante militar de las Islas Canarias tenía su cuartel general en Santa Cruz de Tenerife. El Dragon Rapide había aterrizado en Gran Canaria, ya fuera por su mayor proximidad al continente africano, por la nubosidad que suele rodear Tenerife o porque se temiera que Franco pudiera estar sometido a vigilancia. Lo cierto es que no podía salir de Tenerife sin autorización del ministro de la Guerra. Al parecer, su solicitud de una visita de inspección a Gran Canaria fue denegada. Su salida «fue resultado de una asombrosa coincidencia o, posiblemente, de un juego sucio», en palabras de Preston^[13]. La muerte el 16 de julio del general Amadeo Balmes, comandante militar de Gran Canaria y excelente tirador, al resultar herido de bala en el estómago cuando probaba una pistola, resultó providencial, al permitir a Franco llegar a Gran Canaria para asistir al entierro y, de paso, coger el Dragon Rapide.

Una vez concluido el triunfo absoluto e inapelable de los sublevados en el protectorado de Marruecos en la mañana del día 18, había que iniciar la segunda fase de la sublevación, que era la expansión hacia la Península.

5.2. La noticia llega a todo el mundo… antes que a España

5.2. LA NOTICIA LLEGA A TODO EL MUNDO… ANTES QUE A ESPAÑA

Lester Ziffren, corresponsal de United Press en España en 1936, fue el primero en informar al mundo del levantamiento del general Franco contra el gobierno de la República. Consciente de que se trataba del inicio de una guerra civil y temeroso de la censura, ni siquiera mandó la noticia tal cual, sino que se inventó un acrónimo, un texto en el que con la primera letra de cada línea se formaban las palabras «Legión Extranjera de Melilla se subleva, declarada la ley marcial».

El mensaje de Ziffren no tenía demasiado sentido. Hablaba de la larga enfermedad de su madre, probablemente laringitis, y de lo conveniente de que la tía Flora volviera, aunque era igual de bueno si lo hacía de noche. Pero pasó la censura y los editores de United Press descifraron el código y captaron el mensaje: las tropas de Melilla se habían sublevado.

Según el testimonio del propio Ziffren, fue el marqués de Bolarque (uno de los compositores del Cara al Sol), con quien había hecho amistad, el que le confirmó el inicio del levantamiento. Todas las comunicaciones telefónicas y telegráficas con el resto de España y el mundo exterior se habían cortado, pero consiguió que un contacto en la compañía telefónica les abriera una línea 60 segundos para llamar a Londres. Fred Caldwell, director ejecutivo de la Compañía Telefónica Nacional de España, estaba cenando en el Hotel Ritz cuando Ziffren lo abordó y convenció.

Cuando Ziffren llegó a la Península en 1933 lo hizo convencido de aterrizar en un destino tranquilo. La convulsa España de la época haría que no tuviera un minuto de descanso desde que tomó posesión de la oficina de United Press en Madrid. Todas las noches tenía un programa de radio que se escuchaba en Estados Unidos: «España día a día» (Spain Day by Day).

Así conoció el mundo la noticia del comienzo de la Guerra Civil española la tarde-noche del 17 de julio de 1936. United Press la divulgó rápidamente por todos los medios y países, aunque en algunos, como España, la censura lo impidió. Todavía faltaban muchas horas para que los españoles tuvieran conocimiento del alzamiento por parte de sus medios de comunicación. Hasta entonces, solo se oían rumores.

El sábado 18 de julio buena parte de los españoles desayunaban ya con la noticia del golpe de Estado, aunque no debió causar sorpresa a casi nadie, unos porque participaban de la conspiración; otros, porque estaban esperándolo. A las ocho y media de la mañana, por medio de la radio, fue dirigida a la opinión pública y al pueblo español en general la primera comunicación oficial al respecto, una nota bastante «patriótica» del gobierno dando por hecho el fracaso del golpe militar:

La guerra de propaganda que comenzó en estos momentos estuvo llena de mentiras y falsedades, de verdades a medias y de silencios. La opinión pública intentó ser manipulada desde un bando y desde otro. La prensa de estos primeros días de guerra es reflejo de estas premisas.

«De nuevo habla el Gobierno para confirmar la absoluta tranquilidad en toda la Península…»^[15]. Con estas palabras comenzaba una nueva nota radiada desde Gobernación a primera hora de la tarde con el fin de valorar la tranquilidad reinante y agradecer las adhesiones recibidas. A las seis de la tarde se transmitieron por radio nuevas noticias desde el Ministerio de la Gobernación:

Horas después, el Ministerio de Gobernación volvía a radiar diversas notas para dar cuenta de la extensión del movimiento militar a la Península, concretamente a las ciudades de Sevilla y Málaga:

Los sublevados respondían con una nota de prensa firmada por el general jefe de la II División, Gonzalo Queipo de Llano, que acababa con un significativo ¡Viva la República!, que ponía de manifiesto la falta de un objetivo político claro por parte de los conspiradores:

El día 20 el general Queipo de Llano, desde Sevilla, anunciaba el triunfo de la sublevación («¡Sevillanos!: El Ejército español, fiel depositario de las virtudes de la raza, ha triunfado rotundamente») y pedía «a las personas de orden y amantes de la verdadera justicia» se presentasen en el Gobierno Civil a ofrecer sus servicios, y al vecindario que, para facilitar la labor del Ejército, «levante las persianas de los balcones a fin de no dar sospecha a que de tal forma puedan encubrirse los agresores». También acababa el manifiesto con un ¡Viva España republicana^[20]!

A excepción de Pamplona, donde ondeó la bandera bicolor, y en Burgos, donde requetés y monárquicos también la alzaron, el golpe militar se hizo bajo bandera tricolor republicana. «No es cierto que se utilizara la bandera como añagaza, sino porque así se había acordado y figuraba en las instrucciones de Mola. Igualmente se utilizó el grito ritual de ¡Viva la República!, incluso por Franco, aunque después se suprimiría en lo impreso»^[21].

5.3. Los sublevados: la Junta de Defensa Nacional y el nuevo marco jurídico

5.3. LOS SUBLEVADOS: LA JUNTA DE DEFENSA NACIONAL Y EL NUEVO MARCO JURÍDICO

A la indefinición de los conspiradores en el objetivo político venía a sumarse en estas primeras horas de tanta trascendencia la falta de liderazgo. La muerte del general José Sanjurjo el 20 de julio, cerca de Lisboa, al caer la avioneta en la que iba a ser llevado a Burgos y Pamplona, dejó a los sublevados en una situación imprevista. El golpe fracasaba, convirtiéndose en guerra, y los sublevados se quedaban sin líder. Mola, el hombre que había dirigido los hilos de la conspiración, se convirtió en el personaje más significativo en ese momento, tras la desaparición de Sanjurjo. El 24 de julio quedó formada la Junta de Defensa Nacional, presidida por Miguel Cabanellas, el general más antiguo de los alzados. Mola fue el hombre fuerte desde el principio. Franco entró en ella con posterioridad. En el plano militar, la junta se limitó a nombrar a Mola, Queipo y Franco mandos supremos del Ejército del Norte, del Sur y de África, respectivamente. La junta nacía dotada de una gran importancia en la estrategia política, militar y, sobre todo, jurídica.

La sublevación del 17 y 18 de julio nace, jurídicamente, como respuesta a una pretendida situación excepcional en el país, mediante la declaración del estado de guerra por parte de las autoridades militares comprometidas en la rebelión, olvidando las reglas constitucionales sobre declaraciones de estados excepcionales que prohibían toda suspensión de garantías no decretada por el gobierno constitucional.

El nuevo ordenamiento jurídico, que va a llegar hasta entrados algunos años en la dictadura franquista, tiene su origen en los bandos dictados a partir del 18 de julio. El bando de Mola del 19 de julio afirma que el Ejército, unido a las demás fuerzas de la nación, se ve obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles, por lo que ordena y manda, entre otras cuestiones, someter a la jurisdicción de guerra los delitos de rebelión, sedición y los conexos de ambos.

Unos días después se iba a dictar la normativa general para el estado de guerra: el importantísimo bando de 28 de julio de 1936^[22]. En el mismo no se invoca la ley republicana de orden público (1933), sino que la legitimación se busca en el nuevo órgano ejecutivo: la Junta de Defensa Nacional. Durante el siglo XIX, la legislación de orden público preveía la posibilidad de que la autoridad militar declarara el estado de guerra cuando «a su juicio» (decisionismo) estuviera en peligro la seguridad del Estado. Eso permitía declarar el estado de guerra mediante un bando, regulado en las Reales Ordenanzas de Carlos III (1768) y «sustituir» a partir de ese momento a la autoridad civil. La legislación de orden público de 1933 modificó el sistema secular y solo permitía declarar el estado de guerra a la autoridad civil. Por eso los sublevados crearon una «autoridad civil propia», la Junta de Defensa Nacional, bajo cuya autoridad se declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional.

El bando de 28 de julio, además de establecer las reglas de enjuiciamiento por consejo de guerra para todos los delitos contra el orden público, incluidos la rebelión y sedición, considera como rebeldes (rebelión militar) una amplia serie de conductas, como la propalación de noticias falsas o tendenciosas con el fin de quebrantar el prestigio de las fuerzas militares, la posesión de armas de fuego o explosivos, la celebración sin autorización de reuniones o manifestaciones públicas y un largo etcétera. A partir de la entrada en vigor de este bando quedaban cercenados todos los derechos democráticos reconocidos en la Constitución de 1931. El bando fue expresamente derogado por auto de fecha 13 de julio de 1948, aunque los artículos del mismo relativos a la rebelión militar perdieron el vigor con anterioridad, con dos leyes de marzo de 1943 y especialmente con el nuevo código de justicia militar de 1945. Con todo, en la posguerra, entre 1939 y 1943, miles de ciudadanos españoles fueron condenados a muerte y ejecutados en aplicación del bando y, especialmente, de los preceptos que tipificaban la rebelión militar.

5.4.La actuación del gobierno y de las organizaciones obreras

5.4. LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO Y DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS

Parecía una paradoja, pero en julio de 1936 estaban los mismos protagonistas que en agosto de 1932. En este año Azaña era presidente del Consejo y ministro de la Guerra y Casares ministro de la Gobernación. Sanjurjo el líder de la sublevación. Las mismas caras pero en circunstancias muy distintas.

El Consejo de Ministros de la tarde del 18 de julio, reunido en el Ministerio de la Guerra a partir de las 16.30 horas, decidió el cese, entre otros, del general de división Francisco Franco Bahamonde en el mando de la Comandancia Militar de Canarias, y que quedara en suspenso en el cargo de inspector general de Carabineros y general de división Gonzalo Queipo de Llano. Además acordó la anulación del estado de guerra declarado en las plazas de Marruecos, Península, Baleares y Canarias, «relevando de la obediencia a esta disposición a las fuerzas militares de dichas plazas», licenciar las tropas y los cuadros de mando que se han colocado frente a la legalidad republicana y disolver «todas las unidades del Ejército que han tomado parte en el movimiento insurreccional», decía el decreto oficial. Estas medidas no eran ya suficientes, y el nerviosismo empezó a cundir en todas las esferas del poder político y sindical.

A diferencia de la pasividad mostrada por los partidos y organizaciones sindicales de izquierda ante el golpe de Primo de Rivera en 1923, en julio de 1936 se produjo una movilización obrera rápida, aunque desigual desde el punto de vista territorial. Las organizaciones políticas y sindicales republicanas ya eran conscientes de que iba a ser necesario algo más que comunicados que apelaran a la unidad de la patria y a la legalidad del régimen y del gobierno del Frente Popular. Los comités nacionales del Partido Socialista y del Partido Comunista lanzaron a la opinión pública en general, con la autorización del gobierno, una nota en la que le mostraban su lealtad y su disposición a luchar en todos los frentes, incluso en el de batalla:

Demasiado tarde. ¡Qué bien le hubiera venido al ejecutivo ese espíritu colaboracionista unos meses antes! La UGT, mientras, declaraba la huelga general en todas las localidades en las que se hubiera declarado el estado de guerra por parte de los facciosos, según su propia terminología. La CNT prevenía a sus afiliados para que estuvieran atentos al primer aviso, aunque días después publicaba su postura oficial por medio de una nota:

Para la CNT, la respuesta popular a la sublevación militar era «el pronunciamiento de la libertad», según destacaba en nota del Comité Nacional dirigida a todos los combatientes antifascistas, a los que pedía unidad para vencer al fascismo en un momento único e importantísimo de la historia de la humanidad:

En cuestión de horas, además, lanzaban un comunicado dirigido «A todo el pueblo Español»:

El Comité Nacional de la CNT nada más tener conocimiento del golpe militar envió un delegado a cada Regional. Días después comunicó a todas las regionales la necesidad urgente de enviar un delegado a Madrid. El día 20 el secretario del Comité Nacional de CNT, David Antona, habló por los micrófonos de Unión Radio advirtiendo de la gravedad del momento, haciendo un llamamiento hacia la lucha: «Había que ir al total exterminio de aquellos que sólo pensando en exterminarnos se habían levantado en armas»^[27].

Pero fue la joven e impulsiva diputada comunista Dolores Ibárruri, «La Pasionaria», la que encendió los ánimos a buena parte de los trabajadores, pegados a los aparatos de radio ansiosos de noticias. A las diez y media de la noche del 18 de julio dirigió a través de la radio una acalorada alocución, que tuvo una gran repercusión social: «¡Todos en pie dispuestos a defender la República, las libertades populares y las conquistas democráticas del pueblo!», decía al comienzo^[28]. Llamaba a la lucha, al grito de combate «¡El fascismo no pasará!», «no pasarán los verdugos de octubre». El entusiasmo popular comenzó a desbordarse. Ya no había marcha atrás. El pueblo quería armas. El golpe de Estado había fracasado, pero este fracaso iba dando paso día a día, minuto a minuto, a una guerra civil.

El gobierno dirigido por Santiago Casares Quiroga presentó su dimisión al presidente Azaña en la noche del día 18. Parecía el resultado lógico a la vista de su fracaso en prever y controlar la situación y, sobre todo, ante su negativa a entregar armas al pueblo, a dar paso a la revolución. Pensaba que si lo hacía entregaba el poder a las organizaciones obreras, con lo que sumaría a la sublevación a muchos indecisos, sobre todo militares. Tras la dimisión de Casares, tampoco Azaña quería entregar armas a las milicias populares, convencido de que no tardarían en suplantar al gobierno. Trató de buscar una solución de compromiso, llamando a Miguel Maura, moderado y católico, pero este se negó. La misma noche dramática, del 18 al 19 de julio, tanteó Azaña otra salida, que pasaba por Martínez Barrio, político sevillano, centrista y negociador, gran oriente de la masonería y, por ello, con buenas conexiones políticas y militares.

A las cuatro de la madrugada se hizo pública la constitución del nuevo gobierno presidido por Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y jefe de Unión Republicana, con la exclusión de Casares Quiroga, aunque en la práctica apenas llegó a tomar posesión por las discrepancias surgidas en el seno del Frente Popular. Lo formaban miembros de Izquierda Republicana, Unión Republicana y Partido Nacional Republicano. Los socialistas se negaron a entrar.

Martínez Barrio intentó negociar la paz. Se puso en comunicación telefónica con el general Mola y le propuso la titularidad del Ministerio de Guerra y el de Gobernación para otro militar que él designara. La suerte estaba echada y no podía retroceder; así se lo comunicó Mola. «Es tarde, muy tarde…», le contestó el general.

Socialistas, anarquistas y comunistas convocaron para la misma mañana del domingo 19 una manifestación por las calles de Madrid en protesta por la negociación. ¡Abajo el gobierno!, y ¡Armas para el pueblo!, fueron algunas de las consignas de los manifestantes, que aturdieron al nuevo ejecutivo. A ellas se sumaron las calificaciones de traidor de algunos correligionarios de Azaña. «Tampoco las organizaciones obreras podían ni querían retroceder. En cuanto se propaló que Martínez Barrio intentaba incluir en el gobierno a Felipe Sánchez Román, ilustre jurista cuyo partido no se integró en el Frente Popular, y que realizaba gestiones cerca de jefes militares, comenzaron a agitarse socialistas, anarcosindicalistas y comunistas, sin faltar republicanos disconformes; todos ellos protestaron pública y tumultuosamente en manifestaciones amenazadoras que recorrieron las calles más céntricas de Madrid»^[29]. Largo Caballero presionaba para impedir las negociaciones con los militares rebeldes; en su lugar, el dirigente sindical proponía un gobierno republicano que entregara armas a los sindicatos para vencer la rebelión, algo a lo que se habían negado tanto Casares como Martínez Barrio.

El nuevo presidente del Consejo de Ministros tardó poco más de seis horas en presentar su dimisión. El fracaso de las negociaciones y la protesta obrera y popular hacían inviable su proyecto. Ni en estos dramáticos momentos se ponían de acuerdo las fuerzas del Frente Popular. Azaña convocó a los principales dirigentes de los partidos políticos con el objeto de resolver la crisis. Largo Caballero rechazó una vez más la participación socialista aunque ofreció la colaboración con un gobierno de los partidos republicanos si procedía a entregar armas a los sindicatos. Azaña aceptó. No veía otra solución, aunque la adoptada era la más temida por él porque se abrían las puertas a la revolución. «Mientras mantengamos contra los rebeldes la República legal —escribiría años después—, todos los yerros estarían de su parte. Si nos empeñásemos en mantener contra ellos y hacerles acatar ahora una revolución, su culpa original subsistiría, agravada por el estallido revolucionario que han provocado, pero tendrían derecho a desconocerla y no servirla»^[30].

El mismo domingo 19, Azaña encargó la formación del nuevo gobierno a José Giral Pereira, catedrático universitario del mismo partido que él. Según la información divulgada por el propio Ministerio de Gobernación, se trataba de un mero retoque, al ser sustituidos solamente el presidente dimisionario y el ministro de Gobernación Juan Molés. Confesaba el fracaso político al no haber sido posible una remodelación más amplia, con un gobierno donde estuvieran representadas todas las fuerzas políticas y sindicales de izquierdas, verdadera «solución de concordia que permitiese el rápido acabamiento del grave conflicto planteado por quienes se rebelan contra el régimen republicano»^[31].

El nuevo Consejo de Ministros estaba formado por ministros de Izquierda Republicana y Unión Republicana más dos militares. Los socialistas no quisieron participar, aunque sí lo apoyaron explícitamente. Las diferencias entre los partidos y organizaciones republicanas fue un rasgo característico no solo de estos momentos trágicos, sino de toda la guerra. La propuesta de revolución social planteada por algunas organizaciones en estas primeras horas asustaba a muchos, especialmente al republicanismo burgués, que ya había decidido ceder a dar armas al pueblo, cuestión sobre la que se había mostrado inflexible Casares Quiroga. La lucha política fue feroz entre los republicanos hasta el mismo final del conflicto bélico, en marzo de 1939, llegando en varias ocasiones a convertirse en una declarada lucha armada^[32].

El gabinete Giral tomó la decisión más esperada por las organizaciones obreras: la entrega de armas a las organizaciones políticas y sindicales que disponían de masas para hacerse cargo de ellas. «Debido gravedad situación presente procederá V. E. a armar pueblo»^[33], era la orden recibida en los gobiernos civiles de todas las provincias. También fue la decisión más importante de estas primeras horas, más que las remodelaciones ministeriales y los comunicados, porque significaba el comienzo de la guerra, con dos bandos armados, y en el territorio republicano, además, de la revolución. La sublevación no había triunfado, pero el gobierno tampoco la había logrado reducir. Una vez armadas las organizaciones obreras, todos los grupos políticos y sindicales afirmaron que era el pueblo el que se batía contra el enemigo. Las organizaciones obreras se arrogaron su representación, actuando «En el nombre del pueblo», como bien ha significado el profesor Cruz^[34].

A las nueve de la mañana del lunes 20 de julio, el nuevo jefe del gobierno, José Giral, se dirigió por radio al pueblo español. Su mensaje esperaba tranquilizar a los republicanos, dando sensación de dominar la situación después de muchas horas de silencio oficial:

No solo los discursos y las notas oficiales querían dar sensación de normalidad y control de la situación. La prensa, además, recogía anuncios publicitarios que hacían prever el pronto final del conflicto: «40 plazas de Agentes de Juzgados», «Oposiciones a Jurídico Militar», «Delegados de Trabajo, Inspectores y Auxiliares: inmediatas convocatorias para dichos Cuerpos»… Todo era un espejismo, porque la guerra ya estaba en marcha.

5.5. Respuesta internacional: la soledad de la República

5.5. RESPUESTA INTERNACIONAL: LA SOLEDAD DE LA REPÚBLICA

Los italianos fueron los primeros en saber que faltaban muy pocas horas para el alzamiento. El 16 de julio uno de los militares implicados se lo anunció al cónsul general en Tánger, Pier Filippo de Rossi del Lion Nero, quien rápidamente transmitió la información a Roma. Los servicios de inteligencia británicos descifraron su mensaje, en el que aparecía Franco como jefe del pronunciamiento que iba a iniciar la Legión Extranjera en Tetuán^[36].

Durante las primeras semanas después del alzamiento la República solicitó ayuda militar a las principales potencias internacionales. Su llamamiento apenas obtuvo respuesta. El 25 de julio, Francia, con el apoyo de Gran Bretaña, tomó la decisión de aplicar una política de no intervención en la guerra de España. Este acuerdo intergubernamental, con débil base en el derecho internacional de la época y totalmente al margen de la Sociedad de Naciones, evitaría irradiar la guerra española a costa del sacrificio del régimen republicano, aunque no evitaría tres años después el estallido de la guerra mundial.

El Pacto de No Intervención se explica por algunos autores en el contexto difícil de las relaciones internacionales y de debilidad de las potencias europeas^[37]. Francia y Gran Bretaña seguían confiando en la posibilidad de evitar un gran enfrentamiento armado y de lograr un reacomodo de las pretensiones italianas y alemanas dentro del concierto europeo, siguiendo el modelo del Appeasement Policy (política de apaciguamiento) impuesto por la diplomacia británica. En la base de dicha política estaba la convicción de que ambas democracias no tenían fuerza ni recursos económicos suficientes para librar un posible conflicto internacional ante enemigos de la talla de Alemania, Italia y Japón. La Gran Depresión pasaba factura. Tampoco podían contar con la ayuda de Estados Unidos, replegados en una posición de aislacionismo absoluto, en gran parte también por las dramáticas consecuencias de la crisis económica.

Pero a la vista de la documentación diplomática británica también hay un componente interno en la actitud ante España. Ya en los meses previos a la guerra la embajada en Madrid mostraba continuamente su inquietud ante la situación política, social y económica española. Se sentía especialmente preocupada por el extremismo de Largo Caballero, por la extensión del comunismo, por la cuestión territorial en el País Vasco y Cataluña y por los intereses de las empresas británicas. Para colmo, el 4 de julio fue asesinado el empresario escocés Joseph Mitchell en Barcelona, lo que provocó reiteradas protestas de la diplomacia británica^[38]. Cuando comenzó la guerra la situación en la zona republicana siguió inquietando a la embajada británica. El nuevo ejecutivo de Giral fue visto con temor: «El tono del Gobierno es ahora más radical», calificaba el embajador en despacho del 20 de julio al ministro de Exteriores británico^[39]. El 31 de julio elevó por escrito su protesta oficial, que ya había transmitido verbalmente, ante el presidente catalán Companys por la intervención y confiscación de empresas británicas^[40].

La República se encontró «sola ante el peligro». Y eso que todas las potencias democráticas veían al fascismo como el principal enemigo internacional; por lo menos sobre el papel. En realidad se demostró que temían mucho más, si cabe, a la Unión Soviética y al comunismo, que proponía a través de una ideología universal un sistema social alternativo^[41]. También las potencias democráticas extranjeras mostraron «miedo a la revolución».

El 21 de julio, el gobierno español cursó una petición al ejecutivo británico para que los buques de la flota republicana pudieran repostar víveres y carburante en Gibraltar y en la ciudad internacional de Tánger. Parece ser que el propio Franco habría presionado al cónsul británico para que no accediera a la solicitud, bajo la amenaza de bombardear Tánger. La actitud inglesa pudo resultar determinante para abortar el incipiente traslado por vía marítima de las tropas coloniales. Londres no solo no respondió a ninguno de los llamamientos del ejecutivo español, sino que asumía a toda velocidad una actitud de neutralidad, «neutralidad benévola» según la terminología del profesor Moradiellos^[42], que favorecía a los golpistas. Para él, ello se debía a la doble creencia de que la República carecía de capacidad para frenar los conatos revolucionarios y de que el régimen no convenía a los intereses británicos.

Ángel Viñas va más allá al analizar la influencia de Gran Bretaña en el alzamiento, calificando la postura británica de «hostilidad encubierta»^[43], según se desprende del análisis de los documentos interceptados por los servicios de inteligencia junto con el de las estimaciones militares del Air Intelligence Service. Mantiene que el Reino Unido fue la potencia que más daño hizo a la República. El temor irracional a un posible triunfo comunista en España motivó el abandono británico al régimen democrático español, aun a sabiendas del apoyo de Italia y Alemania a los sublevados. El 30 de julio, el embajador británico en España, sir Henry Chilton, informaba a Londres de que en las regiones donde no había triunfado la rebelión el control «está en manos de los comunistas» y que se estaban reproduciendo «muy fielmente» las condiciones de la «revolución (rusa) de 1917»^[44].

La postura de Francia estuvo ampliamente condicionada por la decisión británica. La primera medida de cara al exterior que adoptó el gobierno Giral fue la de pedir armas y material al gobierno amigo de Léon Blum. Hubo un primer momento de apoyo, con el suministro de material bélico en escasas cantidades, pero no llegó a consolidarse. Las autoridades galas, fuertemente divididas, tuvieron miedo a las protestas internas, al contagio del conflicto y, sobre todo, a los británicos, a los que no querían molestar. La postura oficial del país vecino constituyó para el gobierno español un varapalo tremendo, porque era su más firme aliado en las complicadas relaciones internacionales de la época, con el que además compartía frontera y línea ideológica. «Las primeras noticias del pacto de no intervención me dejaron estupefacto; sobre todo, su inmediata aplicación provisional por Francia», diría un Azaña desconsolado^[45].

El abandono de las democracias, «la soledad de la República», en palabras de Viñas, provocó el viraje del gobierno español hacia la Unión Soviética, aunque esta tardaría unos meses en reaccionar. La noticia del alzamiento provocó cierta sorpresa en la URSS. Los dirigentes soviéticos no solo se mostraron vacilantes al recibirla, sino que reaccionaron con lentitud y de forma relativamente incoherente^[46]. Los días posteriores al golpe los soviéticos jugaron a esperar a ver qué pasaba, permitiendo que los acontecimientos se desarrollaran plenamente antes de emprender ninguna acción decisiva. El 25 de julio, el presidente Giral pidió al embajador soviético en París que solicitara a su gobierno el suministro de armas y pertrechos militares de todas clases. El telegrama no obtuvo respuesta. Apenas una semana después de que se declarara la guerra, el Kremlin distaba mucho de comprometerse a prestar una ayuda militar directa. Varios días después, el 29 de julio, el embajador británico en Moscú comunicaba que los soviéticos mostraban un interés grande por la guerra española, pero «sin comprometerse a nada». El 5 de agosto la URSS comunicó que suscribiría el pacto de no intervención si Portugal —que por entonces ayudaba claramente a los sublevados— también firmaba. El 23 de agosto los soviéticos proclamaron formalmente su adhesión al acuerdo. Diez días antes, el agregado militar francés en Moscú comunicaba que Stalin prefería evitar cualquier intervención por temor a provocar una reacción de Alemania e Italia. Pero alemanes e italianos no estaban quietos, como se podrá apreciar más adelante.

Dos meses después del alzamiento, las autoridades soviéticas decidieron ayudar con armas a la República española. Sin duda alguna resultaba demasiado tarde; aunque bien es cierto que la ayuda resultó decisiva para que el Ejército republicano aguantara en varios frentes estratégicos, sobre todo en Madrid.

5.6. Distribución geográfica y sociológica del Ejército

5.6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIOLÓGICA DEL EJÉRCITO

El alzamiento afectó prácticamente a todo el estamento militar del país. Entre los más de dieciocho mil generales, jefes, oficiales y cadetes de las Fuerzas Armadas del 18 de julio de 1936, solo existen seis casos en que no cabe otra clasificación que la de neutral, lo que supone apenas el 0,003 por 100 de los militares en activo. El resto tomó partido por uno u otro bando, en muchos casos en el lugar que cayeron, en otros se cambiaron al contrario.

Recientemente se ha publicado un exhaustivo análisis sociológico de la postura adoptada por cada uno de los militares profesionales españoles ante la sublevación militar provincia a provincia, unidad a unidad^[47]. Para su autor, no se puede mantener la opinión hasta ahora bastante generalizada de que la oficialidad del Ejército de Tierra, de la Armada, del Servicio de Aviación y de las fuerzas de Seguridad quedó en su mayor parte en zona nacional y que el Ejército republicano adoleció por ello de falta de mandos. Los jefes y oficiales se dividieron casi por igual entre ambos contendientes al estallar el alzamiento en julio de 1936: 8929 quedaron situados en zona republicana y 9294 en la nacional, a los que se sumarían 38 destinados en el extranjero. Estas cifras comprenden a los generales, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y a los cadetes, porque estos desempeñaron el papel de oficiales en la contienda.

Sin embargo, la situación anterior no fue la real, porque paulatinamente (en muchos casos desde los primeros días del alzamiento) fue progresando la plantilla de jefes y oficiales del bando nacional y disminuyendo la del republicano, por múltiples circunstancias, quedando el retrato final en 14 104 para los nacionales (77 por 100) y 4158 para los republicanos (23 por 100). El Ejército nacional pudo disponer de una inmensa mayoría de los generales, jefes y oficiales presentes en su zona, que se adhirieron con mayor o menor fervor, y aún vio incrementadas sus filas por los que pudieron evadirse de la contraria. Mientras en la zona nacional la adhesión a su bando fue abrumadora, en la zona republicana menos de la mitad se comprometió con sus autoridades. El Ejército nacional contó con el 91 por 100 de los mandos de su zona cuando en el campo contrario solo fue un 43 por 100. En total fueron 258 los militares fusilados o expulsados del Ejército en el territorio que dominaban los franquistas, mientras que en el campo de enfrente fueron 4450 los que sufrieron este trato, de ellos 1729 fusilados. En la República, además, se dio el caso de que muchos militares profesionales, ante la desconfianza que provocaban, pasaron a desempeñar puestos burocráticos en la retaguardia. Sobre esto hay un dato revelador: en las filas nacionales murieron en acción de guerra, como mínimo, 1280 militares en activo, mientras que en las republicanas sólo hubo unas ciento treinta bajas mortales.

El Ejército de Tierra muestra un porcentaje de nacionales ligeramente superior al promedio de las Fuerzas Armadas. Las cuatro Armas contaron con más de tres cuartas partes de sus mandos adheridos al alzamiento: Caballería, 89 por 100; Artillería, 82 por 100; Ingenieros, 81 por 100; e Infantería, la fuerza más numerosa, con el 77 por 100. La Aviación da, con un 59 por 100 de nacionales, el valor más bajo de los cuatro ejércitos. El porcentaje más elevado de nacionales fue para la Armada, con el 85 por 100 de los jefes y oficiales.

Las únicas fuerzas militares que en zona nacional se opusieron al alzamiento fueron los carabineros gallegos y del Campo de Gibraltar y el Cuerpo de Seguridad y Asalto, como se puso de manifiesto en Sevilla, Oviedo y La Coruña. El Cuerpo de Seguridad y Asalto, con su 54 por 100 de republicanos y leales (241 jefes y oficiales), confirma la política llevada a cabo por el gobierno del Frente Popular de dotar al cuerpo con mandos afectos al régimen. El Cuerpo de Carabineros muestra una relativa fidelidad al gobierno; en su zona los mandos leales estuvieron en proporción de dos a uno respecto al de los alzados. En total, 452 jefes y oficiales se identificaron con los nacionales y 293 con los republicanos; el 61 y 39 por 100, respectivamente. Las policías autonómicas (Mossos d’Esquadra, Miqueletes y Miñones), todas en zona republicana, dan un bajísimo índice de pronacionales.

La Guardia Civil presenta unas características similares a las del Cuerpo de Carabineros, con los más altos porcentajes de republicanismo en los mandos superiores (dos generales se identificaron con el bando nacional por tres con el republicano). En ambas zonas capitanes y tenientes dan las cifras más altas de adhesión al alzamiento, mientras en la zona gubernamental los mandos leales a la República están en proporción de dos a uno, al igual que los altos rangos de Carabineros. En conjunto, 1039 jefes y oficiales se comprometieron con los sublevados (71 por 100) y 417 permanecieron leales al gobierno (29 por 100). La Guardia Civil dio ejemplos muy dispares, pues mientras en Barcelona fue un factor determinante para el fracaso de la sublevación, en el Alcázar de Toledo y en el Santuario de Santa María de la Cabeza (Jaén) se hizo fuerte en defensa del bando nacional. También la Benemérita fue protagonista de los cambios de filas más masivos, como en los frentes de Teruel y Córdoba.

No fue, como algunos escriben, «la rebelión de los generales». Entre los que tenían un mando efectivamente operativo existió un equilibrio entre los partidarios de ambos bandos. La guerra de España fue en todo caso la rebelión de los capitanes, tenientes y alféreces, que fueron los que presentaron los mayores porcentajes de adhesión a la sublevación: 76, 81 y 77 por 100, respectivamente. Los coroneles, tenientes coroneles y comandantes, generalmente jefes de unidades militares, oscilaron entre el 69 y 71 por 100.

Los tres tenientes generales en activo se identificaron con los nacionales, aunque no jugaron ningún papel ni en la conspiración ni en la realización del alzamiento, por estar los tres en situación de disponible, al ser una categoría a extinguir. De los treinta generales de división, incluidos los seis vicealmirantes, diecinueve fueron nacionales (63 por 100) mientras que ocho permanecieron leales a la República (37 por 100). Descontando los seis vicealmirantes, que fueron todos nacionales, nos encontramos con proporciones similares (54 por 100 nacionales y 46 por 100 republicanos). De los veinticuatro generales de división sólo siete (Cabanellas, Goded, Queipo de Llano, Saliquet, González Carrasco, Franco y Fanjul) se alzaron en armas. De ellos únicamente tres eran jefes de una división orgánica: Cabanellas en la V y Goded y Franco de las dos comandancias insulares. Rodríguez del Barrio no llegó a desempeñar un papel importante, por su enfermedad. Por el contrario, ocho se opusieron al alzamiento: Gómez Morato, Salcedo, Riquelme, Núñez de Prado, Batet, García Gómez-Caminero, Villa-Abrille y Molero.

Entre los generales de brigada la tendencia pronacional fue más clara. De los ciento cinco generales de brigada o equivalentes el número de los nacionales es exactamente el doble que el de los republicanos: setenta frente a treinta y cinco. En el territorio republicano y descontando los de la Armada la proporción es más igualada (veintiséis nacionales por veintitrés republicanos). Más claro es el equilibrio si contamos los jefes de las dieciséis brigadas de infantería, de los cuales ocho fueron nacionales y siete republicanos (la jefatura de la VIII estaba vacante), y de artillería, con cuatro alzados y cuatro leales al gobierno.

5.7. Historia social del alzamiento

5.7. HISTORIA SOCIAL DEL ALZAMIENTO

La vida cotidiana no se vio alterada el día 17 en la Península. Al día siguiente la noticia ya recorrió todas las poblaciones y la gente comenzó a percibir la gravedad de los sucesos. El domingo 19 de julio todavía la mayor parte de pueblos y ciudades hicieron «su vida normal». Se celebraron las misas habituales y las citas deportivas. Incluso en la sierra madrileña se disputó la clásica Vuelta a los Puertos de Navacerrada-Guadarrama, que ganó el corredor sevillano Antonio Montes. Al día siguiente ya todo el país se dio cuenta de la tragedia. Salvo los militares y milicianos, la gente se refugió en sus viviendas, aguardando con impaciencia las noticias.

A las pocas horas la mayor parte de localidades fueron recobrando su aspecto normal, aunque ni mucho menos la normalidad. En las que hubo enfrentamientos bélicos, cuando estos se fueron sofocando la alegría popular se desbordaba, generalmente. Cuando no pasó nada, los ciudadanos iban asomándose a la calle poco a poco, y con mucho miedo. Las únicas notas de alegría se ofrecían ante los desfiles de las bandas de música organizados al alcanzar los objetivos militares en su ciudad o en las de otras provincias cercanas.

En Barcelona el día 22 se restablecieron las comunicaciones telefónicas con Madrid, mientras el edificio de Correos y Telégrafos permanecía abarrotado de gente que, una vez restablecido el servicio, intentaba comunicarse con familiares de otros lugares de España. «Las colas han sido y continúan siendo imponentes, hasta el extremo de dar la vuelta al edificio», decía la prensa^[48]. Al día siguiente se comenzaron a limpiar las calles por los obreros de los distintos servicios de limpieza pública, estableciendo además una flota de camiones para quitar de ellas y de los cuarteles los animales muertos. Ese mismo día los sindicatos daban la orden de reanudar el trabajo en todos los sectores económicos, volviendo poco a poco la normalidad a la calle. El consejero de Cultura ordenaba la vuelta de los escolares al colegio, y a la Escuela Normal de Maestros y Maestras de la Generalitat, hacerse cargo de todos los centros de enseñanza confesional de Cataluña, al objeto de habilitarlos para escuelas del pueblo. Por la tarde del día 23 se observaba en las calles un mayor tráfico de gente, sobre todo frente a los locales de los centros políticos y obreros ante el comienzo de la inscripción para las milicias. «Grupos de ciudadanos, algunos de ellos en formación, acudían a aquellos locales, donde después de inscribirles en las listas, se les facilitaba mantas, cascos de soldados, armas, municiones y otros pertrechos de guerra»^[49]. El día 24 comenzaron a prestar servicio algunas líneas de transporte urbano y del metro, aunque la línea de tranvías no lo pudo hacer por las averías causadas en las instalaciones aéreas. La ciudad recobró su aspecto habitual, aunque quedaba en su rostro multitud de secuelas de los enfrentamientos armados.

En Madrid se tardaron algunos días más en volver a la normalidad. El martes 21 se abrieron los mercados con el horario de costumbre. Al día siguiente lo hicieron la mayor parte de los comercios. Pero hasta el 27 de julio la capital no recobró su «simpática fisonomía», según la prensa: «Tranvías y bares, atestados, y las terrazas de los cafés céntricos sin una mesa desocupada»^[50]. Con todo, aclaraba, se percibe en las gentes la angustia propia del conflicto. Hasta ese día los únicos «tumultos» se permitían en la Puerta del Sol, donde la gente se reunía para seguir con expectación las noticias desde el micrófono del Ministerio de Gobernación. En esas primeras jornadas de conflicto, por si no era bastante, ese ministerio tuvo que hacer frente a un nuevo problema en la ciudad: el del incremento de la pillería y de las fechorías, realizadas en múltiples casos en «nombre» de las milicias antifascistas^[51].

En Alicante, el domingo 19 de julio la afluencia a las playas fue intensa, especialmente en la Albufereta y San Juan, tanta como el calor. Además, en los cafés y cines también hubo animación, como en las carreras de motocicletas en la Florida. «Entre los comentarios sobre los sucesos del día, y la avidez de la capital por oír las últimas noticias termina este domingo», decía la prensa local^[52].

En el bando contrario se celebró como si nada la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. En Palencia, por ejemplo, comenzó con una solemne misa en la catedral y culto en todas las parroquias. El comercio no abrió ni se trabajó en las obras. «Desde las doce hasta después de la una de la tarde, se vio muy animado el paseo de la calle Mayor, advirtiéndose extraordinaria alegría en todos los semblantes»^[53].

La respuesta social al alzamiento es una de las cuestiones más debatidas de la guerra, pues se suele exagerar mucho el papel desempeñado durante todo el conflicto por las organizaciones obreras y sindicales, haciéndolas protagonistas, de forma exclusiva, de la victoria de la República en las provincias que se mantuvieron fieles al régimen. En los últimos años se han publicado algunos trabajos que tienden a cuestionarlo. Para el profesor norteamericano Michael Seidman^[54], fue en las primeras horas de la guerra, durante los días del alzamiento, cuando el compromiso de las organizaciones obreras con el gobierno resultó más fuerte y verdadero. Este se manifestó, sobre todo, en la movilización social generalizada. Poco a poco, según pasaban los meses, se fue olvidando, haciendo cada uno la guerra por su cuenta, primando más el interés individual que el colectivo. Las milicias populares, «el pueblo», resultó determinante en la represión de la sublevación en algunos lugares. En otros en los que las fuerzas militares tenían una superioridad aplastante, supieron dar la cara, en muchos casos antes incluso de conseguir las armas oficialmente.

Las milicias populares alcanzaron el mayor protagonismo en las dos principales ciudades por número de habitantes, Madrid y Barcelona, en las que el elemento obrero era más numeroso y estaba más y mejor organizado. También desempeñaron un papel destacado en Málaga, Sevilla, el País Vasco y en Santander, que sirvió en gran parte para mantener el norte en poder de la República, en algunos casos, como el de la última ciudad, con sorpresa. Hubo muchas más provincias en las que sus organizaciones obreras se movilizaron sin ningún tipo de temor: Badajoz, Granada, Almería, Jaén… En Cuenca, sin embargo, también resultó determinante la actuación de los milicianos, pero la mayoría eran venidos de fuera, dirigidos por Cipriano Mera. Por supuesto que también hubo otras provincias en las que no hubo ningún tipo de resistencia, bien por la debilidad de sus organizaciones y sindicatos, bien por miedo o porque consideraron inútil todo esfuerzo y sacrificio humano.

En Madrid y Barcelona había vencido el Frente Popular en las elecciones de febrero. Pero la relación «victoria del Frente Popular/ resistencia de las milicias populares durante el alzamiento y fracaso de este» —como alguno de los muchos tópicos aún existentes sobre la guerra mantiene— no parece nada clara, salvo en esos dos casos. Viendo los resultados electorales tal vez pueda pensarse en extender esta idea a Murcia, pero no parece evidente, porque aunque en ella vencieron también las candidaturas frentepopulistas, durante el alzamiento militar apenas se movilizaron las organizaciones obreras. El fracaso de la sublevación militar se debió a otros factores.

En Sevilla sí hubo movilización popular, pero los obreros fueron sorprendidos por las fuerzas de Queipo de Llano; quizá estaban demasiado tranquilos por la fidelidad mostrada por la mayor parte de los jefes de las unidades militares de la ciudad. En Zaragoza los militares rebeldes no dejaron ninguna oportunidad a los milicianos, que apenas intentaron la resistencia. En Bilbao, sin embargo, había vencido electoralmente el centro y la derecha, pero las milicias populares resultaron determinantes en el fracaso de la sublevación militar. En Valencia los resultados electorales fueron prácticamente de un empate técnico. Allí los militares sublevados fueron quizá los mayores responsables del propio fracaso del alzamiento.

El análisis por provincias muestra semejantes conclusiones. El triunfo electoral del Frente Popular no coincide en la mayor parte de casos con resistencia popular y derrota del alzamiento, como se muestra en la tabla 14. Las causas del triunfo o fracaso del alzamiento no fueron, por tanto, ni sociales ni políticas. Fue más determinante la postura de los jefes militares. Allí donde estos se mantuvieron firmes en el apoyo a la República, el alzamiento fracasó. Fue el caso, también, de Madrid y Cataluña. Donde los responsables militares se decantaron por la sublevación, fue más fácil la victoria de los sublevados, se opusieran o no las fuerzas populares: Galicia, parte de Andalucía y Castilla la Vieja son algunos de los casos más significativos. En la VI División, con sede en Burgos, el general Batet se mantuvo leal a la República, pero la mayor parte de los jefes y oficiales de todas sus provincias y guarniciones abrazaron la sublevación, lo que resultó más determinante.

De cincuenta provincias existentes en 1936 más Ceuta y Melilla, principales posesiones del norte de África, en treinta venció el alzamiento y en veintidós fracasó, aunque contabilizando la población según el censo de 1930 la victoria fue para la República por cerca de trece millones frente a casi once. Cuantitativamente el reparto fue muy similar al de las elecciones de febrero: las candidaturas de derechas, centro o centro-derecha vencieron en treinta y una provincias, mientras el Frente Popular lo hizo en veintiuna. Pero en la mayor parte de los casos no se corresponde «victoria del alzamiento/victoria electoral de las derechas» o «victoria de la República/victoria del Frente Popular». El triunfo del alzamiento solo coincide con la victoria electoral de las derechas en veintiuna provincias de las treinta. De las veintiuna donde triunfó el Frente Popular, en nueve venció el alzamiento; por lo que solo en doce lo hizo la República. Por tanto, el gobierno fue capaz de mantener doce provincias en las que había triunfado electoralmente y otras once en las que había salido derrotado en febrero.

En conclusión, no parece nada clara la relación entre voto político y triunfo o fracaso de la sublevación. La explicación de la distribución de los dos bandos en la España de finales de julio del 36 no pasa por lo social, sino por lo militar, y especialmente por la postura individual de cada uno de los jefes, en orden de importancia: jefe de la división, comandante militar de la provincia, jefes de las unidades militares de la ciudad, otros jefes y oficiales. Las mismas masas populares que acosaron al gobierno republicano entre febrero y julio de 1936 no pudieron o no supieron hacer frente a las fuerzas militares y civiles alzadas en armas contra la República a partir del 17 de julio.

Fuente: Elaboración propia y resultados electorales en Javier Tusell: Las elecciones del Frente Popular en España, t. II, pp. 26-27. (* No se ha tomado como referencia la situación de la capital, sino la mayoritaria de toda la provincia, aunque algunos casos son muy discutibles.) (CD: Centro-derecha; FP: Frente Popular; F: Fracasa alzamiento; V: Vence alzamiento).

5.8. Los modelos de alzamiento

5.8. LOS MODELOS DE ALZAMIENTO

El alzamiento no presenta un modelo único en el tiempo, ni mucho menos. Mola preveía el estallido en Melilla el 17 de julio y a partir del 18 se debía ir proclamando el estado de guerra en territorio peninsular, según las condiciones de cada división. Cronológicamente el alzamiento en la Península se extendió entre el día 18 y el 28 de julio, aunque ya en esa fecha tan tardía o en las más cercanas solo hubo levantamientos en muy pocas poblaciones, generalmente pequeñas, constituyendo casos realmente singulares, como el de Arenas de San Juan (Ciudad Real), el día 23. También hubo localidades donde las fuerzas permanecían sublevadas, como en Albacete y Villarrobledo, que se rindieron el día 25, haciéndolo en fechas posteriores otros pequeños municipios de la provincia. Valladolid fue la primera capital peninsular donde triunfó plenamente el alzamiento, la misma tarde del 18.

Si analizamos cronológicamente el alzamiento en todas las capitales de provincia donde se llevó a efecto (cuarenta y una), los militares sublevados vencieron en treinta y fracasaron en once; es decir, el 73,17 y 26,82 por 100, respectivamente. En el resto (once) no hubo ningún tipo de alzamiento, por la indecisión a última hora de los jefes militares, porque no entraba en sus planes o porque las autoridades civiles dominaron la situación. Luego la República controló veintidós capitales (42,30 por 100) por treinta los sublevados (57,69 por 100).

Aunque la jornada más conocida del alzamiento es la del 18 de julio, este no fue el día en el que estalló mayoritariamente, ni mucho menos. Solo en cinco capitales peninsulares los militares sublevados declararon ese día el estado de guerra (12,19 por 100). En la mayor parte de capitales de provincia donde hubo alzamiento militar, este se produjo el día 19, con veinticuatro casos (58,53 por 100), bien es cierto que la mayoría en las primeras horas de la madrugada. El día 20 se declaró en seis capitales (14,63 por 100). La fecha más tardía fue la del día 21, con cuatro ciudades (9,75 por 100). Fuera del territorio peninsular el alzamiento se adelantó a la jornada del día 17 (Ceuta y Melilla).

Analizando el total de jornadas transcurridas desde que se declaró el estado de guerra hasta que los militares controlaron todas las instituciones públicas puede deducirse que se trató de un golpe enérgico y efectivo, pues en la mayor parte de las capitales los militares sublevados se hicieron con la ciudad en menos de un día desde que hicieron público el bando de guerra, incluso en cuestión de pocas horas. La mayor excepción la constituye Albacete, donde las fuerzas alzadas estuvieron siete días dominando la ciudad, en espera de refuerzos que no llegaron.

Desde el punto de vista territorial, la idea generalizada es la de un alzamiento que afecta a todo el país y a todas las poblaciones. Sin embargo, la sublevación se preparó para todas las provincias pero no se repartió por todas las localidades, ni mucho menos. Fue, sobre todo, una sublevación de capitales con alguna excepción en algunos de sus principales municipios, especialmente aquellos que tenían guarniciones militares. En buena parte de los pueblos la Guardia Civil fue llevada hacia las capitales, por lo que quedaron en manos de falangistas. Según la fuerza que tuvieran, estos iniciaron o no los acontecimientos, aunque en muchos casos también fueron convocados en la capital de la provincia.

Uno de los casos más profundamente estudiado localidad a localidad es el del territorio actual de Castilla-La Mancha, en el que se han tenido en cuenta distintos modelos ante el alzamiento^[55]. Este análisis podría dar pautas de comportamiento general en otros territorios, aunque conviene tomar precauciones ante las generalizaciones. No olvidemos que en este territorio solo tenía regimiento militar Guadalajara y que todas sus provincias, salvo muy limitadas excepciones, quedaron en poder de la República.

De los 1088 municipios existentes en la actual Castilla-La Mancha en 1936, solo conocemos los datos de 177 (16 por 100) a partir de la Causa General, de los delitos por rebelión militar juzgados en los tribunales populares y cuyos expedientes se conservan en los archivos histórico-provinciales y de la bibliografía existente. Puede parecer un porcentaje reducido, pero podría aumentarse al 100 por 100 si incluimos, como prueban todos los indicios, al resto de localidades de las distintas provincias de las que no sabemos nada: 48 de Albacete, 23 de Ciudad Real, 289 de Cuenca, 406 de Guadalajara y 145 de Toledo. De ellas no se dispone de información, pero a buen seguro que no se tiene porque no pasó nada o, a lo sumo, la situación fue controlada por la vigilancia expectante de las milicias.

La situación final quedaría como se establece en la tabla 16:

Por tanto, en la gran mayoría de municipios de Castilla-La Mancha (95,59 por 100) no pasó nada, gracias a los controles y vigilancia de las autoridades y milicias, a la propia incapacidad de los partidarios de la rebelión, al no existir estos o al haberse incorporado en la capital de la provincia a las fuerzas militares rebeldes. Solo en un porcentaje muy reducido de poblaciones (4,40 por 100) se produjeron levantamientos armados que acabaron provocando heridos o muertos, finalizando casi la mitad de ellos (2,02 por 100) con el triunfo de la sublevación, aunque fuera momentáneamente.

En otros territorios el porcentaje fue aún mayor, como en Segovia, con 276 municipios en 1936. Solo en uno de ellos, El Espinar, se produjeron levantamientos armados en contra de las fuerzas sublevadas. Bastó la declaración del estado de guerra, primero en Valladolid y luego en la capital de la provincia, y la salida de los artilleros y de la Guardia Civil por las calles de Segovia, para que en 275 poblaciones (99,63 por 100) triunfara el alzamiento sin siquiera producirse un disparo. La permanencia de la legalidad republicana en las distintas localidades segovianas dependió de la premura o tardanza con que llegaron la Guardia Civil y los falangistas para declarar el estado de guerra y deponer las gestoras del Frente Popular^[56].

El alzamiento militar no afectó de forma directa a la mayor parte de municipios de España como tampoco lo hizo sobre la mayoría de la población, porque el país era eminentemente rural. En las capitales de provincia se concentraban solamente cinco millones de habitantes de algo más de veintitrés, el 21 por 100 de la población.

Si analizamos en cada capital de provincia el alzamiento militar, podemos establecer cuatro modelos distintos, según sucedieron los acontecimientos. En el primer modelo triunfó el alzamiento, la ciudad fue tomada por las fuerzas alzadas haciéndose cargo de las instituciones de la administración local y provincial. Se trata del modelo más numeroso, comprendiendo a treinta de cincuenta y dos capitales, incluidas Ceuta y Melilla, lo que representa el 57,69 por 100.

En el segundo modelo triunfó pero de manera momentánea, porque al final acabó fracasando. La situación cambió generalmente por dos circunstancias: porque las fuerzas sublevadas fueron reducidas al cabo de unas horas o días (Albacete, Guadalajara, Toledo, San Sebastián y Almería) o porque se rindieron sin más (Málaga, Lérida y Gerona). Comprende el 15,38 por 100.

En el tercer modelo se produjeron enfrentamientos armados graves, con víctimas mortales, pero no triunfó el alzamiento en ningún momento. Aunque porcentualmente el índice es bajo, el 5,76 por 100, demográficamente incluye a las dos ciudades más pobladas (Madrid y Barcelona) y que más muertos dejaron en esas primeras jornadas. Además hay que añadir a Ciudad Real, la pequeña capital manchega donde solamente hubo una víctima en el enfrentamiento entre falangistas y milicianos el 19 de julio.

En el cuarto modelo se incluyen las capitales donde no pasó nada, bien porque las autoridades y milicias republicanas controlaron la situación tras requisar las armas y vigilar estrechamente a los sospechosos, bien porque no hizo falta ni eso. Representa el 21,15 por 100.

El plan del alzamiento muestra un patrón común que refuerza la idea de una trama sólida de la conspiración y sublevación y que en cada provincia no se actuó por libre, sino que tenían unas pautas colectivas de comportamiento según el grado de compromiso de los responsables militares. Donde los jefes militares se habían comprometido (primer y tercer modelo de conspiración), el desarrollo de la sublevación fue similar:

• Los sublevados se hacen con el armamento y no obedecen a la llamada del gobierno para que lo entregue.
• El general de cada división orgánica declara el estado de guerra para poner en manos militares la autoridad civil por medio de un bando y las tropas salen a proclamarlo.
• Se procede a la detención y arresto del gobernador civil y otras autoridades republicanas y de los principales líderes políticos y sindicales del Frente Popular y anarquismo.
• A continuación se intenta dominar la ciudad, apoderándose de la Casa del Pueblo, Ayuntamiento, Gobierno Civil y otros edificios públicos y entidades bancarias. Se establece vigilancia militar por la ciudad tomada con patrullas.
• La capital es el centro de la sublevación. El resto de localidades, en general, envían sus fuerzas militares a la capital de la provincia y quedan en manos de las autoridades republicanas en espera del triunfo del alzamiento capitalino o los falangistas se hacen con el control del municipio.

Cuando no se contaba con el compromiso de los jefes militares (segundo y cuarto modelo de conspiración), bien porque no querían bien porque no había unidades militares, el desarrollo de los acontecimientos fue, más o menos, de la siguiente manera:

• Pequeños grupos de falangistas, requetés o militares toman la iniciativa y se concentran con armamento para provocar la actuación de las fuerzas militares (sobre todo Guardia Civil) o de vigilancia y seguridad de la localidad.
• Si las fuerzas locales no se comprometen con ellos, esperan a la llegada de fuerzas foráneas o se disuelven si no les garantizan apoyo externo.

Frente a la homogeneidad de planteamiento por parte de los sublevados, con dos actuaciones posibles, la respuesta de las autoridades republicanas no fue ni mucho menos uniforme. Las máximas autoridades civiles de cada provincia no tuvieron un patrón común de comportamiento ante el alzamiento. En unas provincias los gobernadores civiles actuaron con celeridad, diligencia y energía (Málaga, Huelva, Almería, Badajoz, Oviedo, Ciudad Real, Cuenca y Jaén). En otras apenas hicieron nada, por parsimonia, indecisión o ignorancia (Logroño, Cáceres, Jaén y Guipúzcoa), para desesperación de otras autoridades provinciales o locales, como presidentes de la Diputación o alcaldes, que en muchos casos tomaron la iniciativa (Córdoba y Santander). Hubo provincias, aunque pocas, en las que incluso los gobernadores se pasaron al otro bando (Toledo). Estas múltiples actitudes tuvieron una importante repercusión en el alzamiento y en su desarrollo. «De esta forma, el panorama de la sublevación deparó algunas sorpresas a sus propios protagonistas. Fracasaron en ciertos sitios donde creían que el triunfo estaba asegurado y triunfaron en ámbitos donde no esperaban conseguirlo de inmediato»^[57].

En el momento, las organizaciones obreras y la prensa culparon a los gobernadores civiles por no haber sabido abortar la sublevación rápidamente. El Socialista los calificó como «conjunto de ineptos». Un reciente estudio^[58] justifica la actuación del Ministerio de la Gobernación y de los gobernadores civiles, explicando la ausencia de instrucciones conjuntas porque Casares quiso comunicarse individualmente con cada uno ante las distintas circunstancias y por no fiarse de la recepción correcta de las transmisiones. Los gobernadores civiles conocían sus obligaciones por los telegramas del 13 y 14 de julio y disponían, además, de autonomía para tomar las decisiones sobre seguridad que estimaran oportunas. Pero estas fueron muy variadas; demasiado para la responsabilidad que recayó en sus manos.

En el primero de los comportamientos, cuando el gobernador civil actúa con rapidez y energía, este comenzó por convocar urgentemente a los líderes políticos y sindicales republicanos, al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil y al gobernador militar. Además, ordenó la movilización de las milicias populares, que respondieron en algunos casos con contundencia, echándose a la calle cumpliendo tareas de vigilancia, para desarmar a sospechosos o cuando contaron con armamento suficiente para combatir cuerpo a cuerpo. En algunos lugares también decidieron concentrar a la Guardia Civil en la capital de la provincia, para evitar alzamientos en sus municipios, para sumar sus fuerzas a sofocar la sublevación en la capital o, simplemente, para enviarla al frente, en caso de sospechar de sus intenciones. En el resto de comportamientos las circunstancias fueron tan distintas casi como gobernadores había.