12. Aragón, La Rioja, Navarra y Castilla y León, para los soblevados

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Aragón, La Rioja, Navarra y Castilla y León, para los sublevados

12.1 Aragón

12.1. ARAGÓN

Tras varias horas de noticias confusas y de vacilaciones, en Zaragoza se produjo la sublevación al finalizar la noche del sábado 18 de julio y dar comienzo la madrugada del día 19. El general Cabanellas, jefe de la V División Militar, firmaba el estado de guerra hacia las dos. Dos meses antes había sido recibido en audiencia por el presidente de la República. Como Azaña recordará años después, «Miguel Cabanellas, a unas palabras mías, respondió dándose puñetazos en el pecho, jurando, a gritos, que moriría mil veces por la República; lloraba lágrimas de verdad, que le inundaban la venerable barba blanca»^[1].

También debió de engañar al gobernador civil, que la tarde del 18 de julio convocó a los principales líderes políticos y sindicales, jefes militares y presidente de la Audiencia Territorial. Según recuerda este, al llegar el general Cabanellas le preguntó el gobernador cuál era la actitud del Ejército respecto al gobierno, a lo que le contestó «que el Ejército estaba con el Mando y este con la República»^[2]. Pocas horas después declaró el estado de guerra.

El general Cabanellas contaba con el apoyo de sus tropas más las de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. El comisario jefe resultó determinante, al negarse a cumplir la orden del gobernador civil de entregar armas a los obreros. La guarnición más dudosa era la del Regimiento de Artillería Ligera n.º 9, donde figuraban varios jefes y oficiales de ideología republicana. Pero los sublevados tuvieron la fortuna de que los oficiales de guardia la madrugada del 19 de julio eran afectos al movimiento. Gracias a ello consiguieron neutralizar a los enemigos, el control de los servicios y sobre todo del teléfono^[3].

También contó con la entusiasta colaboración de militares retirados, agrupados en la Asociación de Retirados de Aragón, y con otras fuerzas civiles. El general Cabanellas ordenó al presidente de la Asociación de Retirados, coronel Francisco Barba Badosa, que sin perder momento se pusiese en marcha según los planes previstos. Reunió a todas sus fuerzas y a los civiles en el Frontón Cinema, donde recibieron las armas largas. La madrugada del día 19 las patrullas denominadas de «Acción Ciudadana» salieron a vigilar y controlar la ciudad, especialmente los barrios obreros. Esta medida se vio completada con el establecimiento de retenes en iglesias, fábricas, centros de enseñanza y estaciones de ferrocarriles, tranvías y autobuses^[4]. La ciudad estaba tomada al completo por fuerzas militares y milicias ciudadanas.

Poco podían hacer las organizaciones obreras ante tal despliegue militar. La resistencia consistió en algunos tiroteos nocturnos en las barriadas obreras y en la declaración de la huelga general revolucionaria. Los tiroteos fueron pronto sofocados y la huelga reprimida con rapidez y contundencia. En el barrio de San Blas, el «barrio más rebelde» según los sublevados, una patrulla de la milicia de Acción Ciudadana que custodiaba un carro de conducción de carnes fue agredida. A partir de ahí se produjo un intenso tiroteo durante bastantes horas. Las patrullas prohibieron la entrada y salida de él, poniéndose retenes en todas las casas de comestibles para impedir que se hiciesen ventas. Después de un día en esas condiciones, las mujeres intentaron salir del barrio para hacer sus compras, lo que fue impedido por los patrulleros. Al atardecer cesó definitivamente el tiroteo, después de la rendición de los milicianos armados^[5].

Tras la detención del gobernador civil y del general Núñez de Prado, enviado por el gobierno para hacerse cargo del mando militar de la plaza, el golpe se extendió por la provincia en unas horas gracias a la efectividad de los puestos de la Guardia Civil repartidos por todo su territorio y al Regimiento de Artillería de Calatayud, cuyos militares procedieron a destituir a las autoridades municipales y a la detención de los principales dirigentes políticos y sindicales. En esta ciudad, el 18 de julio los derechistas se concentraron en el Círculo Católico, presentándose después casi todos ellos en el cuartel de Artillería «para ofrecer sus servicios e indicar la conveniencia de que se declarase el estado de guerra»^[6]. Este se declaró el 20 de julio, a media tarde. Los gestores municipales, a propuesta del alcalde, resolvieron no hacer frente a los artilleros y entregar el Ayuntamiento. Pero las milicias obreras decidieron luchar contra los militares. Se parapetaron en el castillo, desde donde tirotearon a las fuerzas sublevadas. Poco tiempo pudieron aguantar la descarga de las piezas artilleras. La mayoría de los milicianos tuvieron que huir de la ciudad, aunque algunos que no lo lograron fueron detenidos. A las fuerzas militares del coronel jefe del Regimiento de Artillería, Mariano Muñoz Castellanos, se sumaron las de la Guardia Civil, capitaneadas por Juan Parra Fernández.

La gran mayoría de las poblaciones apenas presentaron resistencia. En otras, partidas de republicanos que se echaron al monte se dedicaron a hostigar a las fuerzas militares y a las nuevas autoridades municipales. Por último, otro tipo de acción consistió en la resistencia armada que requirió la intervención de las fuerzas militares. Los principales enfrentamientos armados se dieron en las comarcas de Cinco Villas y Borja, aquellas que presentaban los mayores índices de afiliación a sindicatos y partidos de izquierda.

El dominio de los sublevados era indiscutible en las zonas cercanas a la capital y en otras localidades populosas, pero se hacía más precario a medida que se alejaban de ellas. La Guardia Civil fue concentrada en las cabeceras comarcales y de ahí pasaron, una vez extendido el movimiento en todos los pueblos a base de columnas y retenes, a Zaragoza. Fruto de este «abandono» resultó fácil a las milicias republicanas de Barcelona recuperar el partido judicial de Caspe y buena parte de los de Pina y Belchite, a partir del 24 de julio, donde se desarrollaron experiencias revolucionarias modelo para el resto de la España republicana. Estas milicias se encuadraban en dos columnas, una comandada por Durruti y Pérez Farrás que entraría por la carretera general de Barcelona-Lérida-Zaragoza, y la otra por Ortiz, que lo haría por el extremo sudoriental. Hubo algunos tiros en Fuendetodos, Samper del Salz y Sástago, pero la gran excepción a ese panorama lo constituyó Caspe, la única población en cuya toma se produce una auténtica batalla entre milicianos y sublevados. El día 24 se inició el enfrentamiento en la localidad entre las fuerzas sublevadas, apoyadas por una columna militar llegada de Zaragoza, y las columnas de Durruti y de Ortiz. Se dio «una defensa tenaz por los sublevados, un gran gasto de municiones, combates intensos calle por calle y decenas de muertos. Tampoco faltaron los episodios dramáticos, como los protagonizados por el capitán de la Guardia Civil quien, antes de caer muerto y loco de excitación, mató a varios caspolinos —además de a su segundo por censurárselo— y utilizó a varias mujeres e incluso a una niña como parapeto frente a las balas milicianas»^[7].

Teruel es un ejemplo de capitales de provincia que quedaban alejadas de los centros de decisión militar. Sus escasas fuerzas militares, constituidas por dos jefes, dos oficiales, un suboficial y siete soldados, dependían del cuartel general de la V División situado en Zaragoza. Además estaban destinados en ella unos cincuenta guardias civiles, siete de Asalto y ocho carabineros.

El 18 de julio, el teniente coronel Mariano García Brisolara, jefe de la Caja de Recluta n.º 34 y comandante militar de Teruel, recibió en un telegrama la orden de Zaragoza de declarar el estado de guerra, lo que hizo al día siguiente. Según parece, a las pocas horas fue arrancado de las esquinas en que había sido colocado por el propio gobernador civil, escoltado por algunos agentes de orden público^[8].

Dos rasgos definen el golpe militar en Teruel. Por un lado, su dependencia con respecto a la capital aragonesa y, por otro, el destacado papel que desempeñaron las fuerzas de la Guardia Civil, de Asalto y Seguridad^[9]. En un primer momento dominó la incertidumbre, sobre todo por parte de las fuerzas militares más numerosas, las de la Guardia Civil. Su responsable, Pedro Simarro Roig, recibía órdenes contradictorias; por un lado de Zaragoza para sumarse al alzamiento; por otro de Guadalajara, a cuyo tercio pertenecía la Comandancia de Teruel, para mantenerse fiel a la República. El gobernador insistía en esta línea al primer jefe, pero el día 20 la Guardia Civil, de Asalto y de Seguridad, las fuerzas más numerosas, decidieron apoyar el alzamiento, instigados por el comandante Aguado, enviado por el propio gobernador militar. También se produjo la adhesión de Falange Española de Teruel, que desde mayo había ofrecido su concurso incondicional.

El comisario Martínez Casabona mandó a toda la plantilla de guardias de Asalto y Seguridad ocupar los accesos y puntos vulnerables de la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas militares procedieron a la detención de los principales líderes políticos y sindicales republicanos, aunque algunos consiguieron huir a los montes que rodean la ciudad. El día 22 fue declarada la huelga general por la Casa del Pueblo, que fue seguida sobre todo por los ferroviarios. Tres días después se ordenó la militarización del ferrocarril, con lo que se dio por finalizada la resistencia al golpe militar.

El alzamiento había triunfado con facilidad en Teruel y posteriormente en algunas poblaciones, como Peralejos, Alfamora y Cuevas Labradas. Los militares sublevados, al mando del militar retirado por la Ley Azaña Tomás Abril Gonzalvo, nombrado delegado militar de la Comandancia por el comandante Aguado, se hicieron con ellas sin ninguna dificultad^[10]. Pero el intento de extender la sublevación a toda la provincia fracasó por las columnas de milicianos llegadas de Cataluña, Levante y Castilla La Nueva.

En Huesca el coronel Carmelo García Conde era jefe del Regimiento de Infantería de Valladolid n.º 20 desde el 5 de julio. Comprometido en la conspiración desde su anterior destino en Larache, el mismo día de su toma de posesión reunió en la sala de banderas del cuartel a todos los jefes y oficiales para comunicarles que el alzamiento era un hecho inminente y pedirles su implicación, a lo que mayoritariamente respondieron con su palabra al jefe del regimiento, según su propio testimonio^[11]. El 19 de julio, a las cinco de la mañana, el general Gregorio de Benito Terraza, gobernador militar de la plaza de Huesca, le mandó ir a su despacho, diciéndole que había recibido indicaciones del general Mola para que iniciase el alzamiento, lo que ordenó al general García Conde. Este fue al cuartel, formó a las fuerzas en armas en el patio, «exhortándoles —según palabras textuales de su declaración— a que por la indigna manera de proceder contra la Patria y los sentimientos más íntimos de todo ser Español, se alzaba contra el llamado Gobierno que tan nefastamente regía los destinos del país». Con dos compañías de fusiles y una de ametralladoras, dejando otra de reserva en el cuartel, tomó militarmente la ciudad, apoderándose del Gobierno Civil, edificio de Correos y Telégrafos y otras dependencias oficiales. Seguidamente declaró el estado de guerra. Desde ese momento la población quedó bajo el mando militar, sin que hubiera ningún disturbio grave, nada más que pequeños tiroteos durante algunas noches. A las fuerzas militares se sumaron los jefes y oficiales de la Zona de Reclutamiento y Caja de Recluta, la Guardia Civil y la de Asalto.

En Jaca, en la madrugada del 19 de julio el coronel Rafael Bernabeu Masip, jefe del Regimiento de Infantería Galicia n.º 19, ordenaba al comandante La Vega salir a proclamar el estado de guerra y apoderarse de la población, lo que hizo con facilidad aunque no sin oposición por parte de las milicias obreras, que consiguieron matar a tres oficiales^[12].

En la capital y en Jaca había triunfado fácilmente el alzamiento, pero en gran parte de su provincia fracasó. En Barbastro, el coronel José Villalba Rubio, comandante militar de la plaza, consiguió mantener leales a unas fuerzas militares en las que la mayor parte de sus jefes y oficiales estaban a favor del alzamiento. Según el teniente coronel jefe del Batallón de Montaña n.º 4, José González Morales^[13], el 19 de julio a primera hora de la mañana se presentó el coronel Villalba en su despacho comunicándole que había recibido un telegrama de Huesca para que procediera a la inmediata declaración del estado de guerra, mostrándose remiso el coronel so pretexto de que él no dependía de Huesca sino de Barcelona. Allí mismo le telefoneó el presidente de la Diputación, quien le dijo que no declarase el estado de guerra, que lo ocurrido era una militarada que había sido sofocada y que en Madrid se había formado un nuevo gobierno, presidido por Martínez Barrio. A continuación, el coronel telefoneó al nuevo ministro de la Guerra, general Miaja, quien corroboró las palabras del presidente de la Diputación de Huesca y le ordenó que no declarase el estado de guerra y permaneciese a la expectativa sin hacer nada hasta que lo comunicara el Ministerio de la Guerra, y que de lo contrario se atuviese a las consecuencias. El coronel Villalba ordenó al teniente coronel González Morales acuartelar a la tropa. A los pocos minutos llamó el general Cabanellas, desde Zaragoza, para exhortarle a declarar el estado de guerra, pero el coronel se negó a coger el teléfono. El coronel desconfiaba de los oficiales, por lo que ordenó a los suboficiales y soldados que hicieran guardia permanente en las ametralladoras y armeros para impedir su acceso y horas más tarde acabó por quitarles los mandos, ofreciéndoselos a los suboficiales.

El 25 de julio fuerzas de la Guardia Civil y Falange, procedentes de Huesca, intentaron hacerse con la población de Tardienta, sin que fuera posible conseguirlo por la tenaz resistencia de las fuerzas obreras. Las fuerzas militares sublevadas cercaron el municipio, pero pocos días después llegó una columna armada desde Cataluña con unos mil quinientos hombres que reforzó la posición de las fuerzas gubernamentales, quedando fijado en los límites de esta población el frente de combate hasta el 23 de marzo de 1938, día en que entraron las tropas franquistas^[14].

12.2 La Rioja

12.2. LA RIOJA

La sublevación triunfó en Logroño por la voluntad de los responsables militares de los dos regimientos de guarnición en la ciudad, Regimiento de Infantería Bailén n.º 24 y Regimiento de Artillería Ligera n.º 12. No hubo apenas resistencia ni se necesitó de la ayuda de la columna del coronel García Escámez que la mañana del día 20 llegaba desde Pamplona para ejecutar el alzamiento junto a las fuerzas locales, que se lanzaron antes del día previsto^[15].

Nadie pensaba la tarde del 18 de julio que los militares de Logroño se sumaran a la sublevación sucedida en Melilla. Era sábado y los soldados de infantería y artillería paseaban por la ciudad junto a la población civil. El gobernador civil no se alarmó ante los acontecimientos que llegaban de otros lugares de España. Por la noche los principales dirigentes y representantes de los partidos y organizaciones obreras del Frente Popular acudieron al Gobierno Civil a reclamar armas. El gobernador no accedió, aunque apenas contaba con algunas pistolas requisadas por los agentes de seguridad.

A primera hora del 19 de julio el comandante Roberto White iniciaba el alzamiento sin esperar el momento acordado, tomando el aeródromo de Recajo a las siete de la mañana. Una hora más tarde, el coronel Ricardo Moltó formaba las tropas del Regimiento de Artillería proclamando la sublevación militar ante sus soldados y unos ciento cincuenta civiles voluntarios que habían convocado. A las nueve, el gobernador militar, general Víctor Carrasco Amilibia, declaraba el estado de guerra desde su despacho, ordenando que una compañía de infantería distribuyera el bando de guerra por las calles de la ciudad.

La actitud de este personaje no está clara. Según la declaración judicial de algunos comprometidos, su adhesión estaba plenamente comprometida con el general Mola, con quien se había entrevistado en diversas ocasiones. Algunos de ellos, sin embargo, desconfiaban de él por la actitud mostrada en los sucesos de la quema de conventos y agresión a unos oficiales de artillería ocurridos meses antes. Las nuevas autoridades le acusaron de negligencia y de poca resolución a favor del alzamiento, sobre todo por oponerse a la solicitud que le realizaron algunos oficiales el día 18 para tomar posiciones estratégicas en los puentes y alrededores de la ciudad esa misma noche y por su pasividad el día 19, solo rota por la declaración del estado de guerra. Carrasco fue detenido el 20 de julio y trasladado a Pamplona, donde permaneció encarcelado hasta que se le juzgó en 1938. Negó todas las acusaciones. Le condenaron por un delito de negligencia a la pena de tres años y un día de prisión, con la accesoria de separación del servicio. En la condena se le acusaba de favorecer a «la chusma frentepopulista» en los incidentes del 14 de marzo; de mantener estrechas relaciones con las autoridades del Frente Popular e íntimas con el alcalde. A su favor figuraba que accedió sin violencia a la sublevación del 19 de julio, «aunque sin secundarla con entusiasmo»^[16].

Tras la declaración del estado de guerra comenzó a ejecutarse el plan de ocupación previsto. Sin apenas resistencia, los militares tomaron el Gobierno Civil, el Ayuntamiento, la Cárcel Provincial, el Instituto de Segunda Enseñanza y la sede de Radio Rioja. Se busca y detiene a los principales líderes políticos y sindicales y a las autoridades locales y provinciales. Sólo hay tiroteos aislados en las inmediaciones del cuartel de la Guardia de Asalto y en la Escuela de Artes y Oficios.

Al día siguiente, cuando desfilaban las tropas de García Escámez por las calles de la capital, con unos mil seiscientos soldados y requetés, grupos aislados dispararon desde los tejados de la Fábrica de Tabacos y edificios cercanos. Varias patrullas de soldados con dos piezas de artillería realizaron una descarga sobre la fachada trasera de la fábrica, poniendo fin a la resistencia en la capital. Sin embargo, se iniciaba en algunas localidades de la provincia, como Alfaro. El día 21 por la tarde llegó allí la columna de Pamplona para sofocar la oposición a la sublevación. El fuego de la artillería y de las ametralladoras sobre las barricadas de la carretera y la plaza de toros acabó con la resistencia. La última población riojana que quedaba por tomar fue Cervera de Río Alhama, dominada al día siguiente por fuerzas de la Guardia Civil y una sección de Ametralladoras. Una vez controlada la situación en La Rioja, la columna navarro-riojana marchó hacia el frente madrileño. El día 24 de julio quedaba desplegada entre Somosierra, Navafría y Riaza.

12.3. Navarra

12.3. NAVARRA

Aunque el general Mola no hará público el estado de guerra en Pamplona hasta el amanecer del día 19 de julio, la toma de todos los edificios oficiales, el cierre e incautación de los centros de las organizaciones del Frente Popular y el control absoluto de la provincia se producen el día anterior. El intento de resistencia más serio lo protagonizó el comandante de la Guardia Civil José Rodríguez Medel, quien concentró a sus fuerzas para trasladarlas a la Ribera navarra y organizar allí una línea de defensa apoyada en el río Ebro. Sin embargo, fue muerto a tiros el mismo día 18 por alguno de sus hombres mientras intentaba poner en marcha su plan, que contaba con la aprobación del Gobierno Civil y organizaciones obreras. Murió mientras pasaba revista a su tropa, preparada para salir fuera de la capital, donde sabía que no tenía nada que hacer para impedir el alzamiento^[17]. En el territorio del general Mola no podía permitirse ningún tipo de fallo.

El coronel Alfonso Beorlegui, por orden de Mola, se puso al frente de todas las fuerzas militares sublevadas. Secundaron el alzamiento el Regimiento de Infantería América n.º 14, Regimiento de Montaña y Grupo Mixto de Ingenieros, de Pamplona; Batallón de Montaña Arapiles, de Estella; y la Guardia Civil, con setenta y seis puestos en la provincia. Comenzaba el control militar de la capital, con cierre de las sedes de los sindicatos y partidos políticos republicanos y de la Casa del Pueblo. Además, se procedió a la detención de los «elementos más destacados del Frente Popular», como reconocía el nuevo gobernador civil. El anterior, Mariano Menor Poblador, abandonó Pamplona en dirección a San Sebastián en un coche que le ofrecieron las autoridades militares.

A las seis de la mañana del día 19 se proclamó la ley marcial por una compañía con bandas de cornetas y tambores del Batallón de Montaña Sicilia. Miles de voluntarios requetés se concentraron en la plaza del Castillo para consolidar la sublevación. La calle se pobló como ocurría en el amanecer de un día cualquiera durante las fiestas de San Fermín. Las casas se empezaron a engalanar con imágenes del Sagrado Corazón o la Virgen del Pilar, colgaduras, guirnaldas y banderas monárquicas y bicolores en los balcones. El general Mola, entre vítores y aplausos, se dio un paseo por las calles más céntricas de la ciudad con dirección a la emisora de radio, desde donde dirigió la palabra a todos los navarros. Todo parecía en calma, pero al atardecer se produjeron nuevos incidentes. Un transeúnte, apellidado Lozano, fue asesinado y herido un barrendero. Durante toda la noche algunos francotiradores dispararon a las patrullas de vigilancia en la zona obrera de la Rochapea. Al amanecer fueron sofocados todos los intentos de resistencia. La huelga convocada para el lunes día 20 apenas si tuvo seguimiento.

En Navarra, cuna de la conspiración, tuvo mucha importancia en el desarrollo del alzamiento la fuerza civil, como falangistas (setecientos afiliados en junio) y, sobre todo, los carlistas. Tal vez era la provincia española donde mayor presencia de fuerzas paramilitares civiles había en la calle los días 18 y 19 de julio del 36. Los falangistas asaltaron los locales de Izquierda Republicana (plaza del Castillo) el 19 de julio e instalaron allí su sede. Se apoderaron del periódico La Voz de Navarra.

Mola había entrado en contacto con los carlistas en el mes de junio, sirviéndole de enlace el diputado Raimundo García, más conocido por Garcilaso, director del Diario de Navarra. El sábado 18 de julio el general había citado en su despacho en el Gobierno Militar (Capitanía, según se conocía en Pamplona), a los tenientes coroneles Utrilla y Ricardo Rada, el primero, hombre de confianza del presidente de la Junta Carlista de Navarra y máximo responsable operativo del Requeté navarro y el segundo, responsable del Requeté nacional. A ambos ordenó la movilización general del Requeté. «Mola se situaba, de ese modo, en el vértice de mando político y operativo, tratando, ya desde entonces —desde el mismo punto de salida— de ir minorizando la capacidad operativa de unas milicias autónomas, a las que consideraba peligrosas»^[18]. Mola ganaba el pulso a los carlistas, quienes pretendían mantener su milicia independiente, sin encuadrar en el Ejército. Alejandro Utrilla redactó una breve nota ordenando la movilización y la concentración en Pamplona al día siguiente. A esas horas, el Requeté de Pamplona se encontraba ya reunido en el Círculo Carlista de la plaza del Castillo dispuesto para actuar, si fuera necesario. Desde ese lugar, Utrilla y Jaime del Burgo (adelantado del primer Requeté del Tercio de Pamplona) confeccionaron durante toda la noche el plan de movilización de la provincia de Navarra. Al día siguiente llegaron por miles a Pamplona de todos los pueblos cercanos.

El formidable gentío que transitó por las carreteras que convergían en Pamplona era una muestra evidente del éxito obtenido en aquella recluta hombre a hombre. La movilización no era consecuencia de la desagregación y ansiedad producida por la atomización de la sociedad. Antes bien, eran los vínculos de comunidad y las redes de parentesco los que permitieron esa capacidad de movilizar sectores importantes de población^[19]. Entre el 19 y el 31 de julio, según los datos recogidos en el Fichero de Combatientes existentes en el Archivo General de Navarra^[20], se alistaron once mil voluntarios. De ellos, el 63 por 100 se inscribieron como requetés, el 28 por 100 como falangistas y el 7,5 por 100 en el Ejército. Estos voluntarios, junto a la Guardia Civil y las guarniciones militares de Pamplona y Estella, se ocuparon primero de controlar la Ribera navarra e inmediatamente partieron hacia Madrid, dominando la zona sur de La Rioja.

Mola se encontró con una fuerza con la que apenas había contado, tal vez por las dificultades en la negociación con los carlistas. En las instrucciones reservadas del 31 de mayo, el general había previsto un despliegue estratégico de corte exclusivamente castrense: una compañía de Infantería, dos ametralladoras y una sección de la Guardia Civil irían a Sangüesa, con el fin de escoltar un convoy de diez camiones que traerían armamento de Zaragoza. Unidades militares de Pamplona y Estella (Batallón Arapiles) avanzarían hacia Tudela desplegándose sobre la línea del Ebro con el fin de garantizar el enlace con Zaragoza, formando una línea de defensa de Navarra ante un posible contraataque desde Madrid, y cubrir el avance de la columna Navarra por Soria-Guadalajara-Madrid. El avance de la columna hacia la capital de la República constituía el objetivo prioritario. Por último, las fuerzas militares avanzarían sobre Bilbao (San Sebastián se consideraba controlado por la guarnición de Loyola), controlando los accesos hacia Álava y Guipúzcoa.

La fuerza de los hechos transformó profundamente el escenario. Se contaba con miles de voluntarios civiles, por un lado, y la estrategia militar hubo de variar ante la inesperada resistencia de San Sebastián. La movilización de las masas carlistas exigía un replanteamiento. Mola encuadró a los miles de boinas rojas en las columnas militares que salieron hacia provincias limítrofes y hacia Madrid. El día 18 la Columna Tutor partió hacia Guipúzcoa. Al día siguiente salió la columna de Madrid. La encabezaba el coronel Francisco García Escámez y la componía básicamente el Tercio de Pamplona mezclado con unidades militares (Batallón del Regimiento América, Batallón Sicilia, una Compañía de Ingenieros, Sanidad e Intendencia) y algunos falangistas. La abrumadora presencia de boinas rojas y el objetivo de asalto al poder recordaban a muchos la marcha sobre Roma. El día 23 se formó otra columna con destino a Zaragoza. A las órdenes del teniente coronel Alejandro Utrilla, estaba formada exclusivamente por requetés, unos mil doscientos.

12.4. Por tierras de Castilla

12.4. POR TIERRAS DE CASTILLA

En Valladolid el 17 de julio por la noche no se veía gente por la calle. La música de los cafés había cesado. Las comunicaciones con Madrid habían quedado interrumpidas para evitar que los militares comprometidos tuvieran noticias del alzamiento en Melilla. Pero los rumores podían más y obtuvieron información desde el primer momento, gracias al teletipo de la redacción del periódico El Norte de Castilla, adonde acuden rápidamente para obtener noticias y órdenes.

El comandante de Artillería del Regimiento Ligero n.º 14 Gabriel Moyano Balbuena, coordinador de la conspiración en Valladolid, recibió el mensaje esperado: «De parte de don Domingo que la recomendación que usted me ha hecho ha quedado total y absolutamente cumplida»^[21]. Era la clave estipulada para dar cuenta del inicio del alzamiento del Ejército de África y de que Valladolid debía sublevarse inmediatamente.

La sublevación en Valladolid transcurrió parcialmente distinta a los planes previstos por el Ejército, gracias a una doble circunstancia^[22]. Por un lado, el inicio se dio de forma casi fortuita gracias a las fuerzas de Asalto y Seguridad. Por otro, la demora en reaccionar por parte de Saliquet y el resto de los militares cabecillas de la sublevación, quienes se lanzaron solo después de la reacción de los guardias de Asalto y de algunos civiles, tomando el mando. Parece ser que los planes previstos por Saliquet eran comenzar la sublevación a las cuatro y media de la madrugada del día 19.

El domingo 18 de julio el gobernador civil ordenó el traslado a Madrid de los guardias de Asalto y de Seguridad. Un primer grupo salió de la ciudad por la mañana. El resto debían marchar a primera hora de la tarde. Algunos jefes y oficiales del cuerpo, que habían sido retirados del mismo por desafectos a la República, aprovecharon la circunstancia para arengar a la tropa en la plaza de las Tenerías. Los guardias, unos cincuenta, se plegaron a sus intenciones y empezaron a recorrer la ciudad dando vivas a España y al Ejército. La sublevación acababa de iniciarse en Valladolid.

Los acontecimientos rompían los planes de los conspiradores. El comandante de Estado Mayor retirado Anselmo López Maristany, quien había presenciado casualmente la sublevación, pidió a sus cabecillas que contuvieran unas horas a los guardias, pues él salía en coche rápidamente para avisar al general Saliquet, que desde hacía dos días se encontraba en una finca próxima. También los falangistas se encontraban concentrados en un monte cercano desde el viernes 16 de julio. Pero nadie los podía parar.

En un segundo momento, tras los guardias de Asalto y Seguridad, los falangistas asumieron la iniciativa. Después de sufrir un ataque armado de los anarquistas, fueron al cuartel del Regimiento de Infantería de San Quintín n.º 25 para pedir armas y municiones, que les fueron entregadas. Sobre las ocho y media de la tarde, el grupo de falangistas y guardias tomaron los edificios de Correos y Telégrafos, la Telefonía y estación de radio. La Guardia Civil también se sumó a los sublevados, teniendo intervenciones de suma importancia, como la detención de un grupo de milicianos que asaltaban el Garaje Zurbano para coger coches con los que proceder al reparto de armas por la provincia. En el asalto se produjeron varias víctimas mortales.

Valladolid fue la única ciudad de España en la que se produjo la sublevación antes de que la fuerza militar saliera de sus cuarteles a proclamar la ley marcial. La misma noche del día 18 el general Saliquet recibió la noticia de la sublevación ciudadana y decide adelantar el movimiento. Se dirige a la Capitanía General de la VII División para convencer a su capitán general, Nicolás Molero Lobo, de que declare la ley marcial y se ponga al frente de las guarniciones. Se niega. Según un testigo presencial, el teniente Gonzalo Silvela Tordesillas, el general Saliquet le pidió que resignara el mando, a lo cual también se opuso. Para él, decía, no había más poder que el de Madrid. Saliquet se despidió con las siguientes palabras: «No te molestes que no cuentas con ningún Regimiento de la guarnición y para comprobarlo, puedes llamar por teléfono». «Tengo la seguridad de lo contrario», replicó Molero. Este invitó a Saliquet a abandonar Capitanía, a lo que se opuso el general sublevado diciéndole que no se iba porque venía dispuesto a tomarla por las buenas o por las malas «porque les guía la salvación de España». Un ayudante del general Molero sacó un arma y se formó una trifulca entre los ayudantes del general Molero y los acompañantes del general Saliquet que causó la muerte del abogado de Renovación Española Emeterio Estefanía y de los dos ayudantes del general Molero, los comandantes Ángel Liberal y Ruperto Rioboó. El general Molero es detenido y un año después juzgado por el delito de «negligencia». El consejo de guerra le condenó a la pena de tres años y un día de prisión militar y separación del servicio. Un nuevo consejo de guerra celebrado el 31 de agosto de 1937 revocó la sentencia y condenó al general Molero por un delito de adhesión a la rebelión militar a la pena de treinta años de reclusión^[23].

A partir de entonces comenzaron las tropas sublevadas a salir de los cuarteles. Los militares patrullaron por el centro de la ciudad, de la que se apoderaron sin apenas resistencia, aunque en algunos lugares fueron tiroteados. Sobre las dos de la madrugada del día 19 se produjo la declaración del estado de guerra firmada por el general Saliquet, emitida desde el Gobierno Civil, recién tomado. Por la mañana se adueñaron del Ayuntamiento y de la Casa del Pueblo, esta última rodeada desde primeras horas de la tarde del día anterior por fuerzas de Asalto, que no pudieron vencer la resistencia de sus ocupantes. Las fuerzas de Caballería establecieron una estrecha vigilancia y guardia, a pie y a caballo, de los lugares estratégicos de la capital, como la Estación del Norte y la Fábrica de Gas. La sublevación había triunfado^[24]. El día 21 se acordó, ante la calma reinante en la ciudad, la movilización hacia Madrid de la columna del coronel Ricardo Serrador Santes, uno de los principales responsables de la sublevación en la ciudad y complicado en la del 10 de agosto de 1932^[25].

El triunfo de los sublevados en Valladolid tuvo una enorme importancia mediática, pues desde los servicios de radio de la Guardia Civil y de la división se lanzaron mensajes del inicio del alzamiento en la Península desde la misma tarde del 18 de julio, cuando por todas las provincias los comprometidos andaban un tanto desconcertados ante la información facilitada por el gobierno republicano. Desde Tetuán se recibían las órdenes de Franco, que se transmitían fielmente. La emisión radiofónica vallisoletana resultó clave para los indecisos, dudosos y comprometidos^[26].

En Salamanca, el sábado 18 de julio, al atardecer, se reunieron en el Gobierno Civil el gobernador, el comandante militar, el alcalde de la capital y el diputado José Andrés Manso. El mando militar manifestó su adhesión al régimen y dio seguridad de calma en los regimientos de la ciudad. Las autoridades civiles se quedaron tranquilas, aunque decidieron crear un Comité de Enlace del Frente Popular para mantenerse expectantes ante los acontecimientos y organizar patrullas civiles que comenzaran a recorrer la ciudad.

Pero la suerte del levantamiento se jugó en realidad en Valladolid^[27]. En esta ciudad, la noche del 18 de julio los generales Andrés Saliquet Zumeta y Miguel Ponte y Manso de Zúñiga detuvieron al general jefe de la VII División Orgánica Nicolás Molero Lobo, de probada lealtad republicana, y sacaron las tropas a la calle. El general Saliquet se hizo con el mando de la división y ordenó a todas las fuerzas bajo su mando que declararan el estado de guerra, lo que hicieron a la mayor brevedad. El comandante militar de Salamanca, el general Manuel García Álvarez, jefe de la 14.ª Brigada de Infantería (compuesta de los regimientos de Infantería La Victoria n.º 28 y de Caballería Calatrava n.º 2), ante las exigencias de Saliquet y de los dos jefes de sus regimientos, decidió declarar el estado de guerra.

El diputado Manso organizó la resistencia a través de la Casa del Pueblo y la Diputación Provincial. Repartió las pocas armas que consiguió reunir y distribuyó a sus escasas fuerzas obreras por puntos estratégicos de la ciudad. De la provincia se hizo especial hincapié en Ciudad Rodrigo y los pueblos al norte, para tener una línea de retirada hacia Portugal.

La ciudad seguía ajena al conflicto. De hecho, el domingo 19, a las ocho de la mañana, se celebró con enorme éxito de participantes y de espectadores una carrera de patinetes. Ante los insistentes rumores que recorrían la ciudad, numerosos ciudadanos se fueron dando cita en la Plaza Mayor. Un escuadrón del cuartel de Caballería, a caballo y con casco metálico, entraba en el recinto y en medio de la multitud leía el bando declarando el estado de guerra dictado por el general Saliquet en Valladolid para todo el territorio de la VII División. Tras el ¡Viva España!, con el que finalizaba, algunos contestaron con otros gritos, como ¡Viva la República!, y ¡Viva la revolución social! Un hombre disparó su pistola contra los militares, hiriendo a un cabo. El piquete hizo una descarga, produciéndose las primeras víctimas de la guerra en Salamanca: cuatro hombres y una niña. La plaza se vació rápidamente, como todas las calles de la ciudad.

Esa misma mañana los militares se apoderaron sin apenas resistencia del Ayuntamiento, Gobierno Civil, Correos, Telefónica, emisora Inter Radio Salamanca y estación de ferrocarril. Simultáneamente repartieron destacamentos por distintos lugares estratégicos. La ciudad estaba ocupada militarmente. El día 19 a las diecisiete horas y veinticinco minutos el comandante del Centro de Movilización y Reserva n.º 14, Francisco del Valle Marín, tomaba posesión del cargo de alcalde de la ciudad. El teniente coronel Rafael Santa Pau Ballester se hacía responsable del Gobierno Civil. La sublevación militar había triunfado.

En los pueblos de la provincia fueron la Guardia Civil y el Ejército los encargados de acabar con cualquier tipo de resistencia, sobre todo en Ciudad Rodrigo y Béjar^[28]. En la primera de estas poblaciones el alcalde, Manuel Martín Cascón, intentó organizar una débil resistencia, pero el día 20 por la mañana la Guardia Civil consiguió declarar el estado de guerra y detener a todos los dirigentes del Frente Popular, que serían más tarde fusilados. En Béjar, con una poderosa Casa del Pueblo, se declaró de inmediato la huelga general y grupos de obreros armados se apostaron en las barricadas. El día 21 hubo un choque con una columna falangista que venía de Salamanca. Al día siguiente, una compañía del Regimiento La Victoria se apoderó de la ciudad sin ningún tipo de resistencia. El alcalde, Eloy González Benito, fue fusilado. Las fuerzas militares detuvieron a unos cuatrocientos hombres, que fueron trasladados a la Prisión Provincial.

En Burgos, la noche del 17 de julio el general jefe de la VI División Domingo Batet Mestres, compañero de conspiración del general Aguilera en junio de 1926 contra la dictadura de Primo de Rivera, ordenó la detención de los principales sospechosos de la conspiración, general de brigada Gonzalo González de Lara, comandante Luis Porto y capitanes Nicolás Murga y Luis Moral, del Regimiento de Infantería San Marcial n.º 22. Fueron conducidos al cuartel de la Guardia Civil. A las pocas horas, fuerzas a las órdenes del capitán Miranda se presentaron en el cuartel para liberar a los detenidos, en nombre de la guarnición. El general le ordenó retirar sus tropas para «no perjudicar el alzamiento previsto»^[29]. La mañana del 18 fueron enviados a Guadalajara para su ingreso en prisión.

El 18 de julio por la mañana el general Batet convocó en su despacho a los principales jefes militares para analizar los sucesos del día anterior en Melilla. No acudió ninguno. El general comenzó a tomar precauciones, como la de poner una ametralladora a las puertas del palacio de la División. Los conspiradores, mientras, seguían actuando, manteniendo contactos en el funeral celebrado por la mañana en memoria de Calvo Sotelo en la iglesia de San Lesmes y en distintas reuniones entre civiles y militares celebradas por la tarde. Al anochecer, desde el Parque de Artillería salían ochocientos fusiles para los falangistas, la mayor parte de ellos concentrados y esperando órdenes en el cuartel de Intendencia, y los requetés, situados en su sede próxima a la Plaza Mayor^[30].

La noche del día 18 el coronel jefe de Estado Mayor, Fernando Moreno Calderón, informó al general Batet de una inminente reunión de jefes y oficiales en el cuartel de San Marcial, previa al comienzo de un levantamiento militar. Le expresó su opinión personal de que era imparable, por el sentir generalizado de los militares destinados en la ciudad. El general le ordenó asistir a la reunión para ordenar a los jefes no salir a la calle y permanecer en sus domicilios. Cuando transmitió la orden, los jefes le contestaron que «no obedecían nada de esto y que dentro de media hora estarían las tropas en la calle». El coronel informó a Batet de la decisión de sus subordinados, invitándole en nombre de ellos y en el suyo propio a encabezar el alzamiento, lo que rechazó enérgicamente el general. El coronel Moreno fue de nuevo al cuartel y regresó acompañado del teniente coronel Aizpuru, del comandante Medina y del capitán Algar. Entre todos intentaron insistentemente convencer al general Batet, sin resultado. Entonces el coronel Moreno le dijo que quedaba detenido, añadiendo las siguientes palabras: «y que le conste mi General que la División no le quiere como General, porque lo que usted dijo en Barcelona de que los militares habían de ser ciegos, sordos y mudos no pueden admitirlo»^[31]. Entonces pasó detenido a sus habitaciones, en compañía de su ayudante, el teniente coronel Herrero.

Prácticamente la totalidad de los jefes y oficiales de las unidades de la plaza estaban comprometidos con el golpe. Batet solo podía contar entre sus aliados con su propio ayudante; con el gobernador civil, Julián Fagoaga; el secretario particular de este, González Avellaneda; el jefe del Tercio de la Guardia Civil, coronel Luis Villena Ramos; el teniente coronel de la Guardia Civil Eduardo Dasca y pocos más. Todos ellos fueron arrestados y más tarde ejecutados, a excepción de Villena. El general Batet fue condenado por sentencia de 8 de enero de 1937 del consejo de guerra a la pena de muerte. Fue ejecutado en Burgos a las siete de la mañana del 18 de febrero por un piquete de ejecución formado por tropas del Regimiento de Infantería de San Marcial^[32].

Mientras las tropas salían a la calle, hacia las tres de la madrugada, Batet fue trasladado al cuartel de San Marcial, de donde posteriormente pasaría a la Prisión Central. Militares y falangistas salen de los cuarteles de la calle Vitoria entre el sonido de tambores y trompetas. Unos destacamentos controlan las entradas y salidas de la ciudad. El resto, acompañado de guardias civiles y de Asalto que se les unen, se dirigen al centro de la población para ocupar sus puntos estratégicos: Gobierno Civil, Diputación Provincial, Correos y Telégrafos, bancos, cárceles Central y Provincial, Ateneo Popular, Casa del Pueblo y sedes de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Todos los objetivos caen con facilidad. En el Gobierno Civil a las dos y media de la madrugada se presentaron el teniente coronel Gavilán y el comandante Pastrana, acompañados de varios soldados armados, que detuvieron a las autoridades civiles y al coronel inspector Villena, jefe de la Guardia Civil, que permanecía desde primera hora de la mañana junto al gobernador.

La única oposición, si puede calificarse así, se dio en el cuartel de San Marcial. Cuando son formadas las tropas un soldado, Antonio Santiago Gutiérrez, se negó a obedecer alegando la ilegalidad de las órdenes. Fue inmediatamente encarcelado y más tarde fusilado tras consejo de guerra.

Por toda la ciudad se lee el bando de guerra, firmado por el general Mola. En él indica que «por exigirlo imperiosa, ineludible e inaplazablemente … la salvación de España en trance inminente de sumirse en la más desenfrenada situación de desorden, he resuelto asumir por mi Autoridad el mando». Desde la incautada Radio Castilla se emite el primer comunicado de los sublevados:

Ha desaparecido el Gobierno de esta república masónica y marxista y en su lugar hay ya un Gobierno presidido por el General Sanjurjo … En Burgos, los ideales patrióticos tienen raigambre tan honda que el movimiento sólo ha necesitado manifestarse para triunfar … Gobierno Civil, comunicaciones, todos los servicios públicos están a la disposición de España. Son horas de esfuerzo, de sacrificio, de heroísmo y de trabajo … ¡Arriba España^[33]!

El teniente coronel Marcelino Gavilán asumió de inmediato el Gobierno Civil, tras la detención del gobernador Fagoaga. Mientras, el alcalde García Lozano se puso al servicio de las nuevas autoridades y estas le ratificaron en el cargo. Fue el único alcalde constitucional de una capital de provincia que apoyó el pronunciamiento.

El alzamiento se dio por finalizado en la misma madrugada del 19 de julio cuando fue arriada la bandera republicana del edificio del Ayuntamiento. La pisaron, la escupieron y, al final, la quemaron entre los acordes de la marcha real. Posteriormente colocaron la bandera bicolor, que fue saludada con disparos. Partiendo de la Plaza Mayor, la multitud se dirigió a la catedral, donde se cantó una salve hacia las seis de la mañana mientras las campanas volteaban incesantemente. En la mañana del día 19, el general Fidel Dávila salió al balcón del palacio de la División para arengar a la multitud concentrada en la calle.

Tampoco en la provincia los sublevados tuvieron mayores problemas para dominar la situación, salvo en zonas limítrofes con Santander y el País Vasco, que quedaron en poder de la República hasta el verano de 1937. Los únicos focos de resistencia se dieron en Pancorbo y en Miranda de Ebro, pero fueron sofocados rápidamente por la Guardia Civil. En la primera de estas localidades un grupo de unos cuarenta falangistas rodearon el Ayuntamiento, donde se habían hecho fuertes el alcalde y los concejales. En el tiroteo, sucedido la tarde del día 19, hubo varios heridos y resultó muerto un falangista. En Miranda los milicianos, armados con escopetas de caza y carabinas, se hicieron con el control de la localidad hasta que el 19 de julio la Guardia Civil y de Asalto se enfrentó a ellos en el puente de Carlos III durante varias horas. Antes de rendirse, las milicias populares tuvieron un muerto y varios heridos, cifra que aumentó considerablemente al intentar huir. Los falangistas y requetés los acribillaron a tiros. Hubo más de veinte bajas y muchos heridos.

El 24 de julio, uno de los primeros decretos de la Junta de Defensa Nacional estableció en Burgos la cúpula del Ejército del Norte, al mando de Mola. El 16 de agosto de 1936, el general Franco llegó por primera vez a Burgos, acompañado por Kindelán y Yagüe. En la primavera de 1937, Franco trasladó su cuartel general de Salamanca a Burgos, fijando su residencia oficial y su Estado Mayor en el palacio de la Isla. Burgos se convierte en la capital del Nuevo Estado, en la «capital de la Cruzada».

En León los principales mandos militares en la provincia estaban implicados en el golpe de Estado, como el general Carlos Bosch y Bosch, comandante militar de la provincia y jefe de la 16.ª Brigada de Infantería; el coronel Vicente Lafuente Baleztena, responsable del Regimiento Burgos n.º 36; y el comandante Julián Rubio López, jefe del aeródromo de la Virgen del Camino. Los jefes de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto, coronel Santiago Muñoz Alonso y capitán Rodríguez Calleja, respectivamente, eran fieles a la República, pero sus fuerzas tomaron partido por los sublevados.

La noche del 18 de julio se oyeron los primeros disparos en León, debido a los enfrentamientos entre guardias de Asalto y jóvenes libertarios que habían asaltado una armería. Los sublevados tenían previsto declarar el estado de guerra la mañana del día 19, pero no pudieron hacerlo por la llegada de unos cinco mil voluntarios asturianos que se dirigían a la defensa de Madrid. Esa misma mañana también llegó a la capital, procedente de Astorga, el general Juan García Gómez Caminero, inspector general del Ejército, que había sido enviado por el gobierno para controlar la situación en la VIII División Orgánica. El inspector logró armar a los voluntarios con la condición de que los asturianos saliesen de León. Al salir estas fuerzas en dirección a Benavente, la correlación de fuerzas cambió a favor de los sublevados^[34].

El lunes 20 de julio, a las diez de la mañana, las organizaciones sindicales declararon la huelga general y el Comité Sindical visitó al gobernador civil, Emilio Francés, para solicitarle la entrega de armamento a los sindicatos, a lo que accedió la máxima autoridad civil. A las 14 horas salieron a la calle las tropas del cuartel del Cid, así como las fuerzas de la Guardia Civil y Guardia de Asalto que se habían sumado a la sublevación. Declararon el estado de guerra por medio de la lectura de un bando firmado por Carlos Bosch como «General de la 16.ª Brigada de Infantería del Ejército de la República y Comandante Militar de la provincia de León». Con suma facilidad fueron ocupando los puntos estratégicos de la ciudad. El capitán Herrero tomó el Ayuntamiento, mientras que el teniente Magno y el capitán Casido se apoderaban de Telefónica y las emisoras de radio. García Hernández se ocupaba de la catedral. El capitán Moral, con morteros y ametralladoras, se dirigió al Gobierno Civil. Las personas allí concentradas terminaron por rendirse ante la amenaza de bombardeo por los aviones de La Virgen del Camino. Las principales autoridades civiles de la ciudad y la provincia, junto a los responsables sindicales y políticos, fueron detenidas. Los últimos focos de resistencia fueron la Casa del Pueblo y San Marcos, pero desaparecieron a primeras horas de la noche. El alzamiento había triunfado en la capital de la provincia.

La única preocupación que quedaba a las nuevas autoridades era la huelga declarada por la mayoría de los ferroviarios leoneses, que causó la paralización de las comunicaciones con gran parte del norte peninsular. El general Bosch tuvo que dar un nuevo bando el día 25 en el que ordenaba la vuelta al trabajo de todos los obreros bajo amenaza de ser juzgados en consejo de guerra por delito de rebelión militar. El día 27, cumpliendo el plazo previsto en su artículo primero, casi todos se reintegraron a sus labores en la estación de los Ferrocarriles del Norte de España, haciéndolo el resto en los días siguientes. La cúpula del Sindicato Nacional Ferroviario de la ciudad de León fue juzgada por «activa resistencia a las fuerzas militares»^[35].

Astorga, importante núcleo demográfico y sede de un batallón del Regimiento de Burgos n.º 36 y de una cabecera de línea de la Guardia Civil, también fue tomada con facilidad, sobre todo porque el jefe del batallón, comandante Elías Gallego Muro, era partidario del golpe. El día 20 pasaron por la ciudad las columnas mineras asturianas de regreso a su provincia, porque en Benavente se habían enterado de que Aranda se había sublevado contra la República. Cuando abandonaron Astorga, las autoridades militares, siguiendo las consignas de la capital, declararon el estado de guerra. Las fuerzas de la Guardia Civil, al frente del teniente Marchante, ocuparon el Ayuntamiento, donde estaban reunidas las autoridades republicanas. Con la detención del alcalde y concejales se certificó el triunfo del alzamiento en Astorga.

Aunque los sublevados ocuparon desde el comienzo de la guerra prácticamente todo el territorio provincial, hubo una parte de las comarcas del Bierzo, Laciana y un sector de la montaña leonesa, con gran presencia de las organizaciones sindicales ugetista (Sindicato Minero Castellano de León) y cenetista (Sindicato Único Minero), que permaneció en poder republicano hasta finales del mes de octubre de 1937. En estas comarcas se ordenó a la Guardia Civil que se concentrara en Ponferrada. El día 21 de julio de 1936 una columna del Regimiento de Infantería Zaragoza n.º 30, procedente de Lugo, llegaba a Ponferrada al mando del comandante Manso, apoyada por la aviación. Levantaron el cerco al que estaba sometido el cuartel de la Guardia Civil y con morteros acabaron con la resistencia que se producía desde el Ayuntamiento. La sublevación triunfaba en Ponferrada pero los militares no intentaron siquiera entrar en algunas de las poblaciones mineras de sus comarcas, lindantes con Asturias, esperando mejor oportunidad.

En Palencia la oficialidad se encontraba concentrada en el cuartel del Carrión la noche del 18 de julio esperando las órdenes oportunas. En las primeras horas de la madrugada del domingo 19 se recibió del nuevo general de la VI División la orden de declaración del estado de guerra. Inmediatamente se lo comunicaron al gobernador civil, Enrique Martínez Ruiz-Delgado, para que procediera a su acatamiento, resignando el mando de la provincia. Ante su actitud dilatoria, el general de la 1.ª Brigada de Caballería y comandante militar de la plaza, Antonio Ferrer, le telefoneó, ordenando su rendición, a lo que contestó con evasivas. Sobre las cinco de la mañana el general ordenó la ocupación de la ciudad y de la estación ferroviaria de Venta de Baños^[36].

Posteriormente se procedió a la detención y arresto del jefe de la unidad, coronel José González Camó. El teniente coronel Enrique Fernández y Rodríguez de Arellano se hizo cargo del mando del Regimiento de Cazadores de Villarrobledo n.º 1, de Caballería. A continuación, el capitán López Muñiz redacta el bando de guerra y se moviliza a la tropa del regimiento, que reduce a grupos de milicianos en el nudo ferroviario de Venta de Baños, localidad que fue ocupada rápidamente para garantizar la comunicación ferroviaria con Valladolid.

Durante la mañana del domingo 19 de julio las tropas destacadas del Regimiento de Villarrobledo salieron de sus cuarteles para tomar los centros oficiales y sedes de las organizaciones obreras. A las siete de la mañana los capitanes Talavera y López Muñiz y los tenientes Vallejo y Calleja proclamaban el estado de guerra. El Ayuntamiento, la Diputación y el edificio de Correos se rindieron sin resistencia. Sólo hubo algún combate en torno al Gobierno Civil. A las nueve de la mañana, un hombre, desde el interior, agitó la bandera blanca de rendición. Durante ese día y esa noche se registraron tiroteos esporádicos, pero las tropas y los falangistas que las acompañaban se hicieron pronto con el dominio total de la población. La refriega arrojó un balance de once muertos y veinticinco heridos. Entre los fallecidos estaba un carabinero, que se hallaba defendiendo el Gobierno Civil, y un soldado del regimiento sublevado. Los restantes se encontraban en el interior del edificio o discurrían por la calle Mayor. El gobernador civil murió en el tiroteo cuando era conducido en calidad de detenido, aunque algunas versiones apuntan a que fue fusilado sobre la marcha^[37].

La noche del 21 de julio, con la ciudad en poder de las nuevas autoridades, una manifestación popular atravesó la calle Mayor «entre constantes vítores a España, a la República honrada y de orden y al Ejército»^[38].

En Ávila las fuerzas militares eran muy escasas. No existía guarnición militar y solamente había presencia militar en la Caja de Recluta y en el Colegio Preparatorio Militar de Suboficiales y Sargentos. La Guardia Civil, con unos doscientos hombres, era la fuerza más numerosa. La orden de alzamiento llegó desde Valladolid sobre las seis de la mañana del día 19 de julio: «Declare usted el estado de guerra en la Plaza», ordenaba el general Saliquet al comandante militar de Ávila, coronel de Infantería Manuel González Pérez Villamil, director del colegio de suboficiales. Por su delicado estado de salud fue nombrado jefe militar del alzamiento el comandante de Infantería Vicente Costell Lozano, destinado en la academia de suboficiales. Los restantes jefes y oficiales de la misma secundaron la orden sin dudar. También el teniente coronel de la Guardia Civil Romualdo Almoguera Martínez, quien dispuso inmediatamente la concentración en la capital de todas las fuerzas de la Comandancia.

Inmediatamente el capitán Pérez Pérez se dirigió al cuartel de Seguridad y Asalto con una sección de guardias civiles. El sargento que estaba al mando se puso a disposición del capitán y todos juntos se dirigieron al Gobierno Civil. Tras rodear con las tropas el edificio, el capitán y su escolta se encaminaron hacia el despacho del gobernador, Manuel Ciges Aparicio. El capitán comunicó a la máxima autoridad provincial que quedaba detenido en sus habitaciones, como también el resto de autoridades con él reunidas y todos sus acompañantes^[39]. Entre estos estaban su esposa Consuelo Martínez, hermana del escritor Azorín, y los cuatro hijos del matrimonio, entre ellos el conocido actor Luis Ciges.

Al mismo tiempo, el capitán Alcázar, con otra sección de la Guardia Civil, clausuró la Casa del Pueblo, incautó los edificios de Correos y Telégrafos y tomó Telefónica. El jefe de la Guardia Municipal, Florentino García Robledo, aprovechó que la corporación municipal estaba reunida para detener a todos sus miembros. Tanto el alcalde como los concejales intentaron huir. Los que lo consiguieron terminaron siendo detenidos por un piquete de la Guardia Civil. La única resistencia a las fuerzas militares fue provocada por un contingente de obreros ferroviarios, pero se redujo con rapidez. El capitán Alcázar Palacios se dirigió a la cárcel para liberar a dieciocho falangistas de Valladolid, encabezados por Onésimo Redondo.

Poco después de las siete de la mañana, una vez tomada la ciudad, el capitán Ovidio Alcázar, al frente de seis soldados del Colegio Preparatorio de Suboficiales y Sargentos y unos treinta guardias civiles, a los que se habían unido los falangistas de Onésimo Redondo, se encargó de proclamar el estado de guerra por las calles de Ávila. La primera lectura del bando la realizó en el Mercado Chico el capitán Jesús Peñas Gallego, destinado en el colegio. Después, el mismo grupo se dividió en dos y fueron por toda la ciudad leyendo el bando.

El lunes día 20 las débiles manifestaciones de militantes de izquierdas que pretendían llamar a la huelga general ante el triunfo del alzamiento fueron fácilmente disueltas por unos pocos miembros de la Guardia de Seguridad y Asalto.

Soria era una pequeña provincia con escasa actividad política y conflictividad social. Los primeros signos del alzamiento se presentaron en la capital hacia las tres de la madrugada del domingo 19 de julio, cuando el teniente coronel jefe de la Zona de Reclutamiento y gobernador militar Rafael Sevillano Carvajal se presentó en el Gobierno Civil, donde se encontraban reunidas las principales autoridades políticas y sindicales de la República. Allí manifestó al gobernador civil, César Alvajar, la conveniencia de declarar el estado de guerra, porque según él se lo habían ordenado desde Valladolid. El gobernador se negó, invitando al jefe militar a secundar la negativa por no pertenecer Soria a la V Región Militar^[40].

A las pocas horas el teniente coronel de la Guardia Civil Ignacio Muga, junto con varios números, se presenta en la cárcel y libera a los presos falangistas. Posteriormente se dirige al Gobierno Civil y detiene a la máxima autoridad provincial. Son las ocho de la mañana del domingo 19 de julio. Por la tarde el gobernador era repuesto en el cargo por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, al no llegar la columna Navarra que se esperaba, aunque no había en la calle ningún tipo de oposición a la sublevación. La gente andaba paseando por La Dehesa y el Collado, como si nada hubiera pasado. Tres días después llegaba la columna de requetés navarros y se apoderaba de la ciudad sin ningún tipo de resistencia. El teniente coronel Muga se hace dueño de la situación, disponiendo que el gobernador civil con su familia sea puesta a salvo. Ordena su traslado en un coche con escolta hasta el límite de la zona republicana.

En Zamora, al conocerse la proclamación del estado de guerra en Valladolid el jefe del Regimiento Toledo, coronel José Íscar Moreno, realiza el bando de guerra que aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de carácter extraordinario del 19 de julio. Parece probable que el gobernador civil, Tomás Martín, pactó con los sublevados la entrega sin lucha del Gobierno Civil a cambio de una salida rápida de la ciudad de él y su familia^[41]. Esto provocó la falta de respuesta al alzamiento.

Hacia las dos de la tarde del día 19 las tropas del Regimiento Toledo salían del cuartel Viriato para tomar la ciudad. Con suma facilidad los sublevados se apoderaron del Gobierno Civil, Audiencia y Cárcel, Ayuntamiento, Casa del Pueblo y cuartel de Carabineros. Los carabineros estaban resueltos a resistir por su lealtad al régimen, dedicándose las primeras horas a vigilar las entradas y salidas de la ciudad y los edificios estratégicos. Pero recibieron la orden del gobernador civil de no «entablar luchas fraticidas». Zamora se sumaba al alzamiento sin disparar ni un solo tiro. Sólo hubo algunos gritos y carreras en la Plaza Mayor. Entre el 20 y el 24 de julio ingresaron en la cárcel provincial sesenta y siete detenidos por las fuerzas sublevadas.

En el resto de la provincia la resistencia también fue prácticamente inexistente, limitándose a los núcleos obreros de la construcción del ferrocarril en Requejo. Allí unos seiscientos obreros, con la colaboración de los carabineros, tomaron el arsenal de la compañía constructora y el cuartelillo de la Guardia Civil de Nueva Puebla (Requejo) y el de Puebla de Sanabria. Su acción duró poco y fueron rápidamente desarticulados. El 22 de julio llegaron a la zona tres compañías del Regimiento Toledo, desde Zamora, otra desde Orense y varios aviones del aeródromo de León. Los obreros abandonan la resistencia días después, huyendo algunos a Portugal y otros al monte.

A Benavente llegó la tarde del día 19 el contingente de mineros asturianos que se dirigían a Madrid. Cuando abandonaron la ciudad al día siguiente, falangistas procedentes de Valladolid junto a la Guardia Civil ocuparon la población. En Toro el 19 de julio la Guardia Civil tomó el Ayuntamiento y la Casa del Pueblo sin encontrar ningún tipo de resistencia.