NUEVA ESPAÑA: LOS AÑOS DE AUTONOMÍA

BERND HAUSBERGER
ÓSCAR MAZÍN

El Colegio de México

UNA CRISIS DESMENTIDA

Denominaciones peyorativas como «siglo olvidado» o «de crisis» surgen al considerar el periodo que va aproximadamente de 1650 a 1750. Aquí sostenemos que, muy por el contrario, durante esa centuria Nueva España alcanzó un grado de autonomía que no había tenido y que nunca volvería a tener. Las divergencias reflejan la escasa atención prestada a la época, en comparación con la dedicada a la Conquista y a las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII.

Ahora bien, hubo fenómenos que justificaron aquellos epítetos. Para 1650 las epidemias redujeron la población autóctona de toda Nueva España a más o menos 1.9 millones. También sobrevino una baja del comercio trasatlántico y de las llegadas de plata registradas en la metrópoli a partir de 1630. Esto pudo relacionarse con facilidad con el descenso poblacional, mismo que ni la importación de esclavos negros, ni la inmigración europea pudieron contrarrestar. Se argumentó que el saldo demográfico afectaba sin remedio la oferta de mano de obra, dando lugar a problemas económicos generalizados.

Esta imagen ganó solidez por su vinculación con la llamada «crisis del siglo XVII», asunto que intentó explicar los desajustes brutales del Viejo Continente. Las guerras, las hambrunas y las pestes expresaron el declive de las potencias hasta entonces dominantes: España, el Imperio otomano y el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora imponían la pauta los estados más compactos: los Países Bajos septentrionales, Inglaterra y Francia, que evolucionaron hacia el Estado nacional sin perjuicio de su propia expansión. Tanto por su posible papel en el origen de la crisis, como por sus efectos en la América hispánica, ésta tuvo siempre un papel importante en la discusión. Los nexos posibles entre las fuertes tendencias inflacionarias, la llamada revolución de precios en Europa y el aumento de la masa monetaria a raíz de la riada de metales americanos a partir de 1550, fue y es objeto de investigaciones. La disminución posterior de los flujos trasatlánticos de plata se vio como una de las causas de los problemas financieros de casi todo el Viejo Mundo, e incluso de China, a lo largo del siglo. Se presentaron así argumentos en pro de la incidencia americana directa en la historia europea o global, sobre todo en el declive español y en el reordenamiento del mapa político.

La investigación más reciente ha modificado sustancialmente esta imagen. Incluso el ritmo de las exportaciones de plata fincado en documentación oficial española se corrigió radicalmente. Los registros confiables de comerciantes y banqueros holandeses comprueban que las llegadas de metal crecieron —contrariamente a lo dicho— hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVII. Aun si prescindimos de Nueva España, pues los flujos globales de plata dependían entonces más de la producción andina, la crisis minera no ha podido confirmarse. La baja del comercio trasatlántico registrado quedó más que compensada por el contrabando. Parece claro, así, que Nueva España logró adaptar sus estructuras a la situación impuesta por las epidemias.

LA MONARQUÍA ESPAÑOLA A MEDIADOS DEL SIGLO XVII

El deterioro del comercio oficial, por lo tanto, no se debió a problemas internos americanos, sino que resultó del declive del imperio. Lo expresan la debilidad de la metrópoli para imponerse y la falta de disposición americana para respetar sus reglas, según múltiples razones.

La monarquía hispánica fue la primera superpotencia europea de la Edad Moderna: después de la conquista de las Filipinas y tras incorporar en 1580 los dominios de la Corona de Portugal —el reino lusitano mismo, el Brasil y sus posesiones africanas y asiáticas—, abarcó territorios por todo el globo. Pero se trataba de un conglomerado demasiado extenso, difícil de coordinar y defender. En su carácter compuesto, la monarquía dejó a sus dominios, especialmente Portugal y Aragón, un margen amplio de autonomía. Como entidades accesorias de Castilla, los territorios de ultramar no tuvieron el mismo estatuto jurídico. No obstante, también ganaron en autonomía dada la distancia y la difícil comunicación con Madrid (había que prever alrededor de año y medio para el envío, la recepción y la vuelta de una orden). Fueron la población y la economía castellanas las que soportaron el peso de la política imperial con sus guerras, bancarrotas y crisis monetarias. Finalmente, Castilla entró en un declive económico y demográfico considerable. Hubo problemas semejantes en otras partes de Europa, pero en España las dificultades se dieron antes y con una fuerza que la debilitó ante sus competidores.

Los tesoros americanos no impidieron su derrota en Europa. La lucha entró en su fase final en 1618, al estallar la guerra de los treinta años en Bohemia, cuando la España de los Austrias trató de defender su hegemonía al lado del emperador Habsburgo. En 1621 se reanudaron también las hostilidades contra las Provincias Unidas neerlandesas que —encabezadas por Holanda y escindidas de la monarquía desde 1578— se perfilaban como la potencia europea más moderna y rica. La monarquía española intentó concentrar sus energías y recursos bajo el gobierno del conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV desde 1623. En 1626 se decretó la «unión de armas», intento de obligar a todos los dominios de la Corona a participar solidariamente en los esfuerzos bélicos. En 1635 estalló la guerra abierta con Francia. En 1640 se rebeló Portugal, cuya Corona recuperó su independencia, mientras que la insurrección de Cataluña, del mismo año, sólo pudo ser sofocada en 1652. El fracaso de Olivares fue total y precipitó su caída en 1643. En 1648 España tuvo que reconocer definitivamente la independencia de las Provincias Unidas y en 1659, tras la derrota ante Francia e Inglaterra, la Paz de los Pirineos selló el fin de su hegemonía en Europa. No obstante haberse logrado contener el declive económico en la segunda mitad del siglo mediante una reforma monetaria y medidas drásticas de ahorro, los tiempos de España como gran potencia terminaron.

LAS INDIAS OCCIDENTALES

En el escenario americano la gran expansión territorial de España había concluido mucho antes y el avance ulterior de fronteras se hizo de manera paulatina. Al mismo tiempo, crecieron las dificultades defensivas. Esto fue evidente en el Pacífico, donde los holandeses amenazaron las Filipinas. El Caribe y el Golfo fueron el campo de batalla principal, que perjudicó directamente a Nueva España. Del contrabando y la piratería, factores fundamentales, echaron mano las potencias marítimas europeas, en parte en colaboración con los vecinos americanos, para subvertir el monopolio comercial de España sobre sus posesiones americanas. El avance de los piratas pudo detenerse. Pero a partir de los años de 1620, al reanudarse la guerra, los holandeses emprendieron una nueva ola de ataques. Fundaron la Compañía de las Indias Occidentales y expulsaron a los súbditos portugueses de muchas de sus posesiones en África y Asia. En 1628 Piet Heyn, el almirante de la Compañía, capturó la flota de Nueva España que conducía la plata a Sevilla. Con el enorme botín se equipó la armada con la que en 1630 los holandeses se apoderaron del norte del Brasil, de donde fueron expulsados sólo en 1654. Para finales del siglo prácticamente todos los puertos españoles del Caribe, y muchos del Pacífico, fueron saqueados por corsarios, piratas y bucaneros, lo que ilustró con sus dibujos el médico Alexandre-Olivier Exquemelin (figura 1). En 1683 tocó esta suerte al puerto de Veracruz.

La amenaza permanente de suspender la comunicación entre España y América suscitó el derrumbe del sistema de flotas. Así, fueron muchos los años sin flota oficial y la comunicación se mantuvo con navíos sueltos oficiales y de contrabando. España no pudo impedir que otras potencias adquirieran posesiones en América. En 1607 los ingleses fundaron Jamestown en Virginia, su primera colonia duradera en Norteamérica. Un año después los siguieron los franceses en Quebec (Canadá). A partir de 1624 los españoles perdieron varias islas del Caribe como Barbados, Antigua, Curazao, Martinica y Guadalupe, que poco a poco transitaron a la economía de plantaciones, pero que entonces eran bases de operación para campañas militares de piratas y corsarios, así como puntos para el contrabando con las posesiones del continente. Pérdida aún más grave fue la de Jamaica a manos de los ingleses (1655). Finalmente, en 1697 la parte occidental de La Española cayó en manos de los franceses, convirtiéndose en la colonia de Haití. En el continente los ingleses intentaron una y otra vez asentarse en las costas centroamericanas; lo lograron en Honduras Británica, hoy Belice, y en la costa de Mosquitos (Nicaragua). En Norteamérica, los franceses de Canadá avanzaron sobre la cuenca del Misisipi, en cuya desembocadura fundaron Nueva Orleans en 1718.

¿Qué preservó el dominio español en América? La fuerza del poblamiento, el arraigo urbano, más una firme lealtad sobre todo religiosa de la población a la «majestad católica» del rey de España, evitaron que alguna potencia constituyera una amenaza seria. Se habrían requerido ejércitos considerables, además de que, al llegar a América, las enfermedades contagiosas diezmaban de inmediato cualquier tropa europea. Holanda, Inglaterra y Francia, antes aliadas para enfrentar a la odiada España, pronto entraron en competencia y se debilitaron mutuamente. El orden monopolista español fue finalmente sustituido por la hegemonía inglesa, establecida mediante los diferentes tratados de paz: Madrid (1670), Rijswijk (1697), Utrecht (1713), el cual puso fin a la guerra de sucesión española, y París (1763), con el que los franceses quedaron casi eliminados de América. Estos desventajosos convenios convencieron al rey Carlos III de España de que sólo una reforma profunda garantizaría la supervivencia de la monarquía.

NUEVA ESPAÑA EN EL CONTEXTO DE LA MONARQUÍA

Dada la extensión y problemas de la monarquía, la estabilidad de sus dominios dependía de que el rey protegiera los intereses de los grupos rectores en cada uno. La guerra y la crisis financiera, sin embargo, lo dificultaron. Era por entonces más urgente recaudar impuestos que patrocinar intereses locales. Como ya vimos, a partir de 1640, y aun antes, una serie de sublevaciones en diversos horizontes trastocó la configuración del Imperio español. La crisis no golpeó con el mismo rigor las Indias Occidentales, en particular Nueva España. En el tiempo largo se advierten en ella dos fases. Primera, un quiebre político entre 1620 y 1650 resultante de las urgencias e imposiciones de la Corona. Enseguida un largo siglo, hasta que las reformas borbónicas más duras en relación con las posesiones americanas subvirtieron el clima de autonomía relativa objeto de este capítulo.

La expresión más sobresaliente del quiebre fue la gestión del virrey marqués de Gelves, empeñado en imponer reformas, y el motín que en repudio a ellas derribó su gobierno en enero de 1624. El enfrentamiento entre el virrey y el arzobispo de México, quien contaba con el favor del Ayuntamiento y de parte de la Audiencia, fue el telón de fondo de ese suceso. En realidad hizo crisis el dilema entre las prácticas contractuales de gobierno de los grupos locales, consagradas por la tradición y defendidas en nombre de la justicia, y el ejercicio autocrático del poder por el virrey en momentos difíciles para la monarquía. El mismo tipo de enfrentamiento se dio en 1645-1647 entre el visitador y obispo de Puebla, Juan de Palafox, y el virrey conde de Salvatierra. El primero, quien disfrutara de la protección de Olivares, se vio poderosamente afectado por su experiencia en el Nuevo Mundo. A partir de la caída de aquél, Palafox ejerció una política menos proclive a simplemente cumplimentar los últimos dictados de Madrid y más acorde con una visión contractual del gobierno heredada de la tradición política hispana medieval. Intentó reforzar los ayuntamientos de Nueva España acrecentando las facultades de sus alcaldes ordinarios. La medida no prosperó, pues atentaba contra el poder y los intereses de la burocracia directamente dependiente del virrey.

La frustración de los criollos por no tener un papel más activo en el gobierno de las Indias rebasó el ámbito americano y repercutió en la corte del monarca. En esto las posesiones americanas no fueron un caso aislado. A consecuencia de la secesión de Portugal y de las sublevaciones de los años de 1640 (Cataluña, Nápoles y Sicilia), las élites locales respectivas también expresaron su frustración y reclamaron a Madrid. Echemos un vistazo a tales repercusiones. Desde mediados de la década de 1620, y como reacción ante las reformas del conde-duque de Olivares, los consejos del rey se reivindicaron como las únicas entidades legítimas del gobierno y de la justicia frente a las prerrogativas del valido. Éste encabezaba una serie de juntas extraordinarias que actuaban en forma paralela a los consejos. Ellas daban curso a los asuntos más apremiantes en nombre de la reputación de la Corona y de una «razón de Estado cristiana». Al defender su antigüedad y precedencia, los consejos definieron su propia identidad en el concierto de la monarquía. Pero también definieron el estatuto jurídico y político del conjunto de reinos que cada uno presidía. La reivindicación persistió incluso hasta la primera mitad del siglo XVIII. En 1715, el Consejo de Indias se opuso con éxito a los decretos de Nueva Planta (recién impuestos en la Corona de Aragón) con que Felipe V, el primer monarca Borbón, pretendió reducir su poder y atribuciones.

Parte primordial de las reivindicaciones consistió en exigir para los criollos el derecho de ocupar los cargos y oficios en las audiencias y tribunales de la Real Hacienda; en las iglesias catedrales y parroquiales; en los ayuntamientos, e incluso en el propio Consejo real. Paradójicamente, las urgencias financieras de la Corona coadyuvarían a ese mismo fin, pues a partir de 1641 se intensificó la venta de los cargos y oficios del gobierno y la administración de los virreinatos.

Las provincias del Nuevo Mundo fueron objeto de un nuevo reconocimiento por el Consejo entre las décadas de 1630 y 1650. Debía mostrar la hondura alcanzada por la empresa de cristianización en las Indias y la densidad consecuente del poblamiento hispano, sin olvidar la descripción de la red de ciudades, sus habitantes y los recursos minerales y botánicos. Gil González Dávila, el cronista mayor, o Juan Díez de la Calle, funcionario del Consejo, recopilaron parte de la información; el primero en un Theatro de las Indias Occidentales que dio cuenta de la historia de las diócesis y de muchas ciudades; el segundo en un inventario de cerca de los 5000 funcionarios de las Indias. Una más de las reivindicaciones de los reinos indianos fue que se concluyera un gran código o recopilación de leyes, viejo proyecto completado en 1636 por los funcionarios del Consejo Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereyra. Esa labor tuvo un adelanto en los cedularios anteriores de índole local, y también en un tratado jurídico-político concebido por Solórzano Pereyra durante su gestión como oidor en Lima: la Política indiana (Madrid, 1647), obra de síntesis que expone de manera sistemática los criterios del orden social en el Nuevo Mundo. La publicación en Madrid del gran código de leyes debió, sin embargo, esperar hasta el año de 1681 bajo el título de Recopilación de leyes de los reinos de las Indias. A la manera de los grandes corpus romanos y medievales castellanos de derecho, millares de ordenanzas para los diferentes dominios integran ese repertorio que comprende desde la época de la Conquista. Como en el caso de las leyes castellanas bajo Alfonso X, su libro inicial está dedicado a la «santa fe católica», principio y fundamento del poder, pero también de toda la empresa hispana en el Nuevo Mundo.

Una serie de realidades, en parte ya evocadas, propició el régimen de autonomía característico de los dominios de las Indias. Diezmada por la derrota, por la deuda financiera y por las revueltas, Castilla se vio precisada a dar un giro radical a su política de hegemonía planetaria. Sin embargo, la pérdida de ésta estuvo lejos de significar el hundimiento de la monarquía. Su supervivencia era sólo posible mediante cambios en la gestión territorial. Fue así la «conservación» el eje rector de la política bajo los últimos Austrias. Hasta el final del siglo XVII el «rey católico» estuvo en guerra con la casa real de Francia, misma que se esforzó en apropiarse los modelos españoles, en apoderarse de los territorios de la monarquía hispánica o bien de los derechos hereditarios sobre ellos. Más tarde, los primeros tres lustros del siglo XVIII presenciaron la guerra entre las potencias enemigas de España, llamada de sucesión del trono español, y sus secuelas.

La Corona precisó ampliar su base fiscal, si bien lo hizo concediendo a las élites regionales el privilegio de que fuesen ellas las que dirigieran la empresa. Esto significó un menor control por parte del gobierno central. Fueron esa «conservación» y una mística católica de lealtad a la Corona los cimientos del proceso de «americanización» de los virreinatos españoles del Nuevo Mundo (figura 2). Pero además la población autóctona mostró sus primeros signos de recuperación: en la Nueva España alrededor de 1650 y en Perú hacia 1710. Debe igualmente tenerse en cuenta el crecimiento demográfico de europeos, negros y razas mezcladas, es decir mestizos, mulatos y «castas» diversas. A mediados del siglo XVII había en toda Iberoamérica entre 6 y 7 millones de habitantes; entre 11 y 13 para el año 1700, y entre 20 y 21 millones un siglo después. Se trataba de un conjunto geopolítico muy urbanizado.

Nueva España evolucionó, pues, hacia una entidad regida por los grupos políticos locales. El número de oidores, canónigos, oficiales de ejército, mercaderes, regidores y aun de oficiales de la Real Hacienda de origen criollo o de peninsulares con fuerte arraigo a la tierra no cesó de aumentar entre 1650 y 1760. Se trataba no sólo de los principales cuerpos de república, como el poderoso Consulado de comercio, sino de las oligarquías de las regiones más urbanizadas. Sólo tras la guerra de los siete años (1756-1763) los criollos habrían de enfrentarse a la Corona, pues la «americanización» se invirtió dramáticamente. La población autóctona siguió siendo mayoritaria. Sin embargo, había ido experimentando fuertes cambios culturales. Algunos relatos testimonian la voluntad de reconstitución de los pueblos de indios: suelen remontarse a sus orígenes míticos e históricos, así como a la genealogía nobiliaria de sus gobernantes (figura 3). Las élites autóctonas fueron incluso capaces de hacer retroceder las barreras religiosas y sociales para probar que los indios debían disfrutar de los mismos privilegios que los cristianos viejos. Esto implicaba, paradójicamente, que dejaran de ser indios, aunque al mismo tiempo reivindicaran como nunca antes su indianidad.

Los procesos de crecimiento y reacomodo de los grupos de sangres mezcladas y de reconstitución de los indios experimentaron en Nueva España un momento crucial durante la primavera y el verano de 1692. En ocasión de una crisis agrícola de subsistencia, causada por una variación climática de escala planetaria, tuvieron lugar motines y asonadas en México, Tlaxcala y Guadalajara. El de la plaza mayor de la capital, ocurrido el 8 de junio de ese mismo año, culminó con el incendio del palacio del virrey. El hecho ponía de manifiesto, una vez más, la imposibilidad de gobernar Nueva España como el viejo reino de conquista originalmente concebido como una yuxtaposición de las repúblicas de indios y españoles. Se impuso el dinamismo de los criollos y de los grupos multirraciales resultantes de las corrientes migratorias y del mestizaje. La aparición de la plebe urbana en el escenario tuvo un impacto considerable sobre autoridades y sociedad. Dicho de otra manera, un reino con fuertes intereses locales que defender frente a la Corona se resistía a una conducción estrictamente fiscal y de defensa militar.

A medida que aumentaba en Europa la incertidumbre respecto a la sucesión de Carlos II, un monarca sin heredero, los virreyes se vieron obligados a conducirse con prudencia. El desarrollo de sus carreras tropezó con filiaciones políticas esencialmente movedizas. Desprovisto de neutralidad, el estilo de su conducción favoreció a los obispos, cuya presencia política se acrecentó. Encontró sustento en la influencia que las iglesias catedrales ejercían ya para entonces en el conjunto de las relaciones sociales por medio del culto, las obras de beneficencia, los centros de enseñanza y el préstamo de dinero. Comparados desde 1656 por el virrey duque de Alburquerque con los duques italianos o los príncipes de Flandes, los obispos de Nueva España concebían la Iglesia como cabeza y guía de la nación. Se apoyaban en los privilegios e inmunidades sancionados por el rey. De manera desusada, y no obstante el cambio de dinastía reinante en 1700, los prelados ejercieron incluso el cargo de virrey interino durante largos años; tanto en el último cuarto del siglo XVII como en la primera mitad del XVIII. Acaso no se recapacitara por entonces en las implicaciones futuras de la enorme cantidad de poder local puesta en manos de la Iglesia.

LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE NUEVA ESPAÑA

En la economía novohispana interactuaban dinámicas internas —sectoriales y regionales— y externas. Saber si se trató de una economía esencialmente agraria o si su sector clave fue la minería es materia de debate. Los diferentes sectores económicos y las regiones no se encontraban integrados como lo están en una economía nacional moderna. Pero los conectaban lazos de oferta y demanda, por cierto altamente reglamentados, tanto en lo tocante a productos como a capitales y mano de obra. La vinculación entre agricultura, minería y comercio exterior facilita comprender el sistema económico novohispano. Fueron, en primer lugar, los comerciantes quienes establecieron esas conexiones. Ocuparon, por lo tanto, una posición estratégica que les permitió controlar las relaciones económicas y obtener grandes ganancias.

El sistema fue impulsado políticamente, pero la interacción de personas, redes, grupos sociales, instituciones e ideas forjó la práctica. De esta suerte, en el marco imperial se estableció una relación ciertamente conflictiva, aunque sin una jerarquización clara de poderes reales entre intereses novohispanos y europeos. Calificar la situación de colonial ocultaría su verdadera naturaleza. Esto no quiere decir que no haya habido relaciones de desigualdad, dependencia y explotación con sus respectivos mecanismos de represión y de resistencia. No hay que buscarlas, sin embargo, en la vinculación transatlántica entre las élites americanas y peninsulares, sino más bien en la misma Nueva España: entre las élites asentadas sobre todo en la ciudad de México y las economías regionales, por un lado, y entre aquéllas y los grupos subalternos, por el otro. Por lo demás, análogas, aunque no idénticas, estructuras de desigualdad imperaban en la sociedad española.

Esta relación queda claramente manifiesta en el vínculo comercial entre la Nueva y la vieja España. El orden que regía las conexiones consistía en el monopolio del comercio de Sevilla —y de Cádiz a partir de 1717—, en la licencia a unos cuantos puertos americanos para servir como puntos de entrada y salida y en el régimen de flotas anuales (la «Carrera de las Indias»). En teoría, se reservó la importación de mercancías por el Atlántico a los andaluces y su distribución en Nueva España al comercio de México. En otras palabras, se prohibió a los americanos ir a España a hacer sus compras y a los comerciantes europeos internarse con sus mercancías en los mercados indianos. Se estableció así un frágil equilibrio entre los grandes comerciantes mexicanos y los andaluces. Este arreglo se rompió en muchas ocasiones y las dos partes se hicieron de agentes para burlar las leyes. La competencia entre el comercio novohispano y el andaluz no era un enfrentamiento entre criollos y peninsulares, pues muchos comerciantes «mexicanos» emparentados con familias criollas, nacieron en el norte de la Península Ibérica. De hecho, en 1742 el Consulado de México se organizó oficialmente en dos partidos, montañeses y vizcaínos, y a ellos debieron afiliarse sus miembros.

En suma, ambas partes ganaron y perdieron en esta interacción. Para disgusto de los mercaderes andaluces, el comercio transpacífico a Manila, con sus enlaces a Perú y su plata potosina, fue coto reservado al comercio novohispano. Los andaluces vieron en las importaciones directas asiáticas una amenaza para sus negocios. Pero tampoco fue del agrado de la Corona, inquieta por el flujo de metales preciosos con destino a Asia. El tráfico entre Acapulco y Manila se vio así reducido al famoso galeón, y desde 1634 quedó prohibido el comercio entre México y Perú. En cambio en el Atlántico el régimen de la Carrera de Indias favoreció a la larga a los americanos. Los europeos no sólo debían asumir los riesgos de la travesía: mermas, naufragios, guerras, piratas y préstamos forzosos mediante los cuales la Corona desposeía a los comerciantes andaluces de la plata ganada. Además, tras su llegada a Veracruz, los mexicanos los presionaban para que redujeran sus precios simplemente no comprándoles nada; así esperaban a que los costos de estancia de aquéllos se elevaran. Al final, la escasez de oferta garantizaba a los mercaderes precios altos en los mercados de venta. De esta forma, el orden monopolista benefició a las élites comerciales novohispanas, aunque obraba en perjuicio de los consumidores.

Los favorecidos del sistema fueron los almaceneros, llamados así por los almacenes de mercancía importada que tenían en la ciudad de México. Fueron el grupo probablemente más poderoso de Nueva España. Desde 1592 se habían organizado en la forma de un Consulado con jurisdicción mercantil propia. Como privilegiados por la Corona, se convirtieron en defensores de la cohesión del imperio. Controlaban la distribución de los productos importados y domésticos dentro del país mediante una red de mercaderes menores asentados en las capitales de la provincia o que deambulaban entre las poblaciones como viandantes. Fincados en los ingresos del comercio, se formaron clanes familiares poderosos con actividades económicas diversificadas y múltiples relaciones trasatlánticas. Sus cabezas se convirtieron además en una clase de terratenientes con pretensiones aristocráticas.

Tocante al comercio entre Europa y América, en el segundo cuarto del siglo XVII las estadísticas oficiales de la Carrera de Indias empezaron a registrar un movimiento a la baja. Esta reducción se debió en parte a las guerras permanentes y al aumento del contrabando tanto dentro como fuera del sistema de flotas, lo cual socavó poco a poco su funcionalidad. Así, entre 1637 y 1710 se suspendieron nada menos que 26 flotas. A partir del ascenso de los Borbones se emprendió la reorganización del comercio trasatlántico. Mediante el acuerdo de paz de Utrecht (1713), Gran Bretaña consiguió que se concediera a la South Sea Company la importación de negros, lo que favoreció un contrabando lucrativo de mercancías de todo tipo. Esa situación desafiaba abiertamente el monopolio español y los intereses creados a lo largo del siglo XVII. Era el contrabando una fuente atractiva de abastecimiento de mercancías baratas, incluso redituable para los almaceneros, si bien sus dimensiones pusieron en riesgo las posibilidades de la especulación. Además, tanto los contrabandistas como los mercaderes españoles que llegaban a Veracruz buscaron crear circuitos propios para penetrar en los mercados internos. Todo esto se convirtió en un peligro para el orden establecido. Los negocios de la South Sea Company se vieron, por lo tanto, constantemente obstaculizados y en 1750 la concesión fue rescindida de forma oficial. Paralelamente al asunto de los ingleses, se intentó reanudar el sistema de flotas anuales a partir de 1720. Como sitio de intercambio se establecieron las ferias de Jalapa. Sin embargo, las guerras, la persistencia del contrabando y los fines especulativos del gran comercio impidieron la aplicación regular de este proyecto. En total, sólo 13 flotas llegaron a Veracruz hasta que se declaró el llamado comercio libre en 1778.

El sector exportador

Fue la minería de plata, o sea la producción de una «mercancía dinero», la que mejor expresa la creación de un sistema orientado a la exportación. Otros productos, como los cueros, nunca cobraron mucha importancia. El cultivo de la caña de azúcar, introducido en los inicios del dominio español, se limitó a surtir el consumo interno de Nueva España; en los mercados externos no pudo competir con la producción brasileña y, después, con la caribeña. En el siglo XVII el cacao era ya estimado en algunas partes de Europa, aunque Nueva España, su país de origen, se fue convirtiendo en un importador abastecido por Venezuela y Quito. Sólo se formaron circuitos propios de exportación en torno a las tintóreas. Oaxaca exportó cantidades crecientes de grana cochinilla y la vecina capitanía general de Guatemala se convirtió en un centro de producción de añil.

Nuestro periodo empezó con fuertes problemas en el sector minero. Los yacimientos más productivos, en primer lugar Zacatecas, iban agotando sus minerales más ricos luego de décadas de explotación intensiva. Disminuían las tasas de ganancia de los mineros y los costos crecían. Con excavaciones cada vez más profundas, se dificultaron el acarreo del mineral a la superficie, el desagüe y la ventilación de tiros y galerías. El empleo de la amalgamación para refinar los metales de mediana y baja ley dependía del suministro constante de mercurio. Éste se obtenía de las minas de Almadén, en España, de Huancavelica, en Perú, y de Idria, en la actual Eslovenia. La Corona lo distribuía mediante un monopolio o estanco. No obstante, a principios del siglo XVII Almadén y Huancavelica atravesaron momentos difíciles. La producción de Idria no alcanzaba a remediar la escasez resultante y los intentos por conseguir azogue en China, vía Manila, resultaban impracticables. Como la Corona no podía asegurar el abastecimiento de todas las minas, le apostó a Potosí a costa de una Nueva España comparativamente pobre. La producción de mercurio de Huancavelica fue reservada para la demanda andina y entre 1620 y 1650, cantidades significativas de mercurio español, destinadas a aprovisionar Nueva España, se enviaron a Perú. Además, se dejó de dar a los mineros el azogue al fiado (a cuenta del metal), medida tendiente a aumentar los recursos de la Corona. Incluso se empezaron a cobrar deudas acumuladas, con la bancarrota consiguiente de varias empresas. Todo esto dañó la débil base financiera del sector.

No faltaron los problemas de mano de obra a raíz de la catástrofe demográfica. Con todo, la minería cubrió sus necesidades, por un lado, mediante la contratación de trabajadores libres asalariados. Gracias al papel del «partido», o participación en el metal que se producía calculada según el yacimiento y concedida a los trabajadores más especializados —sobre todo a los barreteros que desprendían el mineral—, los ingresos de los trabajadores aumentaron sin merma para los empresarios, siempre necesitados de capital. Por otro lado, se echó mano de formas compulsivas como la esclavitud o el repartimiento. A diferencia de la agricultura, la Corona nunca quitó a los mineros el acceso al trabajo forzado por medio del repartimiento, aunque su uso fue limitado. Los centros como Zacatecas estaban ubicados fuera del territorio que los indios sedentarios habitaban. Sin embargo, en Taxco, en Real del Monte, en Sonora y en Chihuahua, el flujo de indios repartidos de los pueblos y misiones a las minas fue constante. A pesar de ello, desde el punto de vista empresarial todas estas modalidades de mano de obra resultaron caras a la larga. Por consiguiente, cuando la oferta empezó poco a poco a mejorar como consecuencia de la recuperación demográfica, en muchas partes se intentó eliminar el partido y controlar más a los trabajadores. Como reacción, hubo algunos conflictos laborales, por ejemplo en Santa Eulalia de Chihuahua, en 1730, o el más grave, en 1766, en Real del Monte.

Las dificultades de la minería no tardaron en superarse. La recuperación se fincó en una serie de minas nuevas con minerales de alta ley descubiertas a partir de 1630; por ejemplo Parral, Sombrerete y otros sitios en Nueva Vizcaya. En muchas podía recurrirse a la vieja tecnología de la fundición, menos eficaz pero más barata. Ya en el siglo XVIII, varias minas en el sur del actual estado de Sinaloa experimentaron bonanza, sobre todo El Rosario. Entre los descubrimientos posteriores destaca Bolaños, mineral en auge a partir de 1748 y del cual se obtuvo en los años cincuenta casi 17% de la producción total de plata mexicana, antes de sufrir un rápido y brusco decaimiento en la década siguiente.

El crecimiento de los nuevos yacimientos repercutió en la revitalización de los viejos centros mineros como Zacatecas, Real del Monte y sobre todo Guanajuato, donde a principios del siglo XVIII se dieron algunas innovaciones tecnológicas como el uso de explosivos subterráneos. Pero ante todo hubo una mejoría financiera importante. El costo de las operaciones quedó a cargo de los comerciantes «aviadores». La plata abundante y barata de las nuevas minas los incentivó, ya que hasta entonces consideraban la minería un sector extremadamente riesgoso. Uno de los accesos a este negocio fue la distribución del azogue. Los comerciantes reemplazaron a una Corona cada vez más reticente a conceder créditos. También organizaron el «avío» de las minas, dotándolas de bienes de producción y de consumo. Se estableció así, mediante el crédito mercantil, una dependencia de la que sólo se libraron los mineros más acaudalados. En ciertas empresas los comerciantes optaron por inversiones directas en la producción y adquirieron minas. Así surgió también una nueva clase de empresarios como los Fagoaga, quienes financiaron muchas explotaciones mineras. El representante más destacado fue Manuel de Aldaco, colaborador estrecho del minero más activo de la época, José de la Borda, quien extrajo plata de las minas de la Nueva España central, como las de Taxco, Sultepec y Tlalpujahua. Fue sin embargo, Pedro Romero de Terreros el más acaudalado; como transportista, comerciante y «aviador» participó en la rehabilitación de las minas de Real del Monte mediante un inmenso socavón y con el tiempo se quedó con ellas.

A la inversa del segundo cuarto del siglo XVII, la Corona decidió apoyar el crecimiento minero. A partir de 1660 el mercurio de Almadén volvió a destinarse a Nueva España e incluso se autorizó su importación ocasional de Huancavelica. Mientras tanto la producción había aumentado sustancialmente en ambos yacimientos, lo que facilitó un suministro más constante. En tanto impuesto pagado por los mineros de Nueva España a la Real Hacienda, el viejo quinto real (20%) se había generalizado a una tasa de 10%, costumbre que se reconoció en 1723 cuando aquél se abolió oficialmente. En 1728 la Corona tomó bajo su control la Casa de Moneda de la ciudad de México, donde en teoría los mineros podían acuñar toda su plata por el pago de una tarifa. Así, no sólo mejoró sustancialmente la calidad de las monedas, sino que se redujo el tiempo de amonedación de los metales registrados.

De esta suerte, a partir de 1680 la minería mostró tendencias claras al alza. A fines de siglo se extraía más plata de las minas mexicanas que al principio, mientras que la producción andina declinaba a un ritmo constante. Ya desde alrededor de 1710 Nueva España sustituyó al virreinato peruano como la posesión más importante de las Indias.

El sector agropecuario

La novohispana era una sociedad sustancialmente agraria. Tras 120 años de dominio español, los pueblos de indios estaban integrados en nuevos circuitos mercantiles y colindaban con un número creciente de ranchos de mestizos, negros y mulatos libres; con haciendas y estancias de diferente tamaño controlados por una naciente clase de terratenientes criollos y de origen europeo. La Corona había fomentado esta reorganización con su política de congregaciones y la concesión de mercedes. A cambio de un pago en moneda, mediante las llamadas «composiciones», los terratenientes pudieron legalizar apropiaciones ilegales de tierras echando mano de la simple ocupación o de arreglos con las élites indias, aunque también muchos pueblos se aprovecharon de la composición de sus tierras para disponer de títulos oficiales. Hubo una verdadera ola de composiciones como consecuencia de la insaciable necesidad financiera de la Corona, sobre todo en la década de 1640.

La forma dominante de explotación de la tierra hasta principios del siglo XX fue la hacienda. Su definición es difícil, pues denota una gama de empresas diferentes en tamaño, productos y organización. Suele decirse que sus tierras se dividían en las destinadas a la producción para el mercado y las de autoconsumo o subsistencia. Muchas tierras no se cultivaban, no tanto por falta de espíritu empresarial de los terratenientes, sino como respuesta a la estrechez de los mercados. En cambio, otros terrenos se daban en alquiler a numerosos interesados, incluso a los pueblos de indios colindantes.

Para las labores de la hacienda se recurría a la mano de obra mixta: un núcleo de trabajadores residente, en parte esclavos —sobre todo en las haciendas azucareras—, aunque la mayoría era gente libre con derecho a sueldo, al usufructo de una fracción de tierra y a un simple hospedaje. Éstos fueron peones muchas veces atraídos con adelantos y después atados legal y moralmente por deudas. La falta de policía rural y la fuerte demanda de trabajadores no pudieron frenar la movilidad ni recuperar a los huidos. En vez de restituir estos últimos a sus patrones, se les acogía por doquier concediéndoles nuevos adelantos, si era preciso, para saldar viejas deudas. Siempre que el trabajo adicional fue necesario, se contrató mano de obra asalariada. También se recurrió a las formas de trabajo forzado previstas por las leyes. No obstante, el repartimiento de labor o agrícola dejó de ser relevante en la Nueva España central justamente a principios de nuestra época, en 1632.

Los esfuerzos de los grandes propietarios por atraer a los indios para emplearlos como jornaleros o darles parcelas en arrendamiento afectó tanto la consistencia de los pueblos como lo intereses de las órdenes religiosas. Los frailes vieron como nunca amenazada la administración espiritual de las poblaciones autóctonas por un clero secular cada vez más numeroso, a la vez que la Corona obligó a las órdenes religiosas, a partir de 1656-1662, a pagar a las iglesias catedrales el diezmo por concepto de la producción de sus muchas haciendas. El aumento en la recaudación del diezmo no se hizo esperar. La supremacía de la Iglesia diocesana sobre el clero regular se vio plasmada en la terminación de grandes catedrales y de iglesias parroquiales suntuosas por todo el territorio.

Aun cuando los ingresos de las haciendas no podían equipararse con el gran comercio, la inversión en la tierra fue el destino final de muchos capitales comerciales o mineros. Tal hecho obedeció, por una parte, a una lógica económica, ya que la compra de tierras era una forma segura de inversión a largo plazo. La propiedad raíz fue también requisito para tener acceso al crédito barato concedido sobre todo por la Iglesia. Además, la propiedad de la tierra era una fuente de prestigio social. Los «cascos» de las grandes haciendas reflejan un estilo de vida aristocrático que evoca los modelos peninsulares. Esta clase de terratenientes era relativamente inconstante por lo reducido de los mercados agrarios; por el peso de las deudas, sobre todo con la Iglesia; por cierto despilfarro de recursos asociado con el prestigio (factor al que la historiografía tradicional atribuye acaso un peso exagerado), y a consecuencia de la partición testamentaria de propiedades. Las haciendas cambiaban a menudo de dueño, pero por lo general conservaban su población.

Fueron una excepción las pertenecientes a ciertos cuerpos eclesiásticos. Para fortalecer su economía, estos últimos adquirieron tierras mediante compra o las recibieron en forma de donaciones o de legados testamentarios. Aumentaron además en forma inusitada, desde finales del siglo XVII, los capitales que la gente pudiente daba en administración a las iglesias de las órdenes religiosas y catedrales mediante la fundación de capellanías y obras pías, fondos que en gran parte se invirtieron en bienes inmuebles. La estabilidad institucional y la falta de partición testamentaria hicieron que la propiedad eclesiástica se multiplicara, contribuyendo a reducir el mercado de tierras. Pero además este comercio se veía limitado por las leyes que preservaban las tierras de los pueblos de indios.

El paisaje agrario tuvo grandes variaciones regionales. El sur y sureste de Nueva España siguieron siendo territorios muy dominados por los pueblos de indios. En la mesa central, la zona más poblada, hubo una mezcla y una convivencia muy intensas de formas de producción autóctonas y españolas. A falta de una población agraria sedentaria, en el norte las estancias de ganado alcanzaron grandes dimensiones. Hacia 1760, en Coahuila y Texas los marqueses de San Miguel de Aguayo poseían más de 6 000 000 de hectáreas donde pastaban hasta 300 000 ovejas. Territorios como la provincia de Sonora, bajo el régimen de las misiones, fueron excepcionales. Ahí se organizó a los indios en pueblos, de manera que si el sistema funcionaba, la situación podía equipararse con la del sur. Los mercados reducidos de estas zonas, la escasez de agua y de superficies cultivables, en combinación con la defensa eficaz de las tierras de sus misiones por parte de los jesuitas, limitaron el establecimiento de haciendas.

Por lo general hubo más haciendas cerca de las ciudades, sus mercados principales. Las azucareras fueron numerosas en las tierras calientes de Veracruz o del actual estado de Morelos; las había trigueras en muchas partes, pero sobre todo en la zona de Puebla-Tlaxcala, en el Valle de Atlixco; ganaderas en la Nueva Galicia y en el vasto norte, o bien en los alrededores de Querétaro, donde se criaban millares de ovejas. La producción de pulque fue un negocio importante. Una serie de haciendas pulqueras al norte y noreste de la ciudad de México abastecía el gran consumo con su oferta diaria de cantidades considerables de esa popular bebida.

No sólo la agricultura española, también los pueblos de indios produjeron para el mercado desde el siglo XVI, dando tierras en alquiler a los que no eran indios, pues debían ganar dinero para pagar el tributo. Pero los indios también vendían parte de sus productos con fines de lucro, tanto directamente en los mercados urbanos, como a comerciantes españoles que pasaban por los pueblos. El papel de los mercaderes indios disminuiría a lo largo del siglo, lo que ciertamente tuvo que ver con la catástrofe demográfica, con la pérdida de tierras y con la baja proporcional de la participación autóctona en la producción agraria, además de con las trabas legales impuestas. Los españoles se reservaron porciones crecientes de los productos comerciables de los indios. Una forma de hacerlo fue la repartición forzosa de mercancías y de dinero practicado por los alcaldes mayores y corregidores de los distritos administrativos con fuerte población autóctona, sobre todo en el centro, sur y sureste, por lo general en alianza con algún «aviador» o gran comerciante establecido en ciudades como México, Puebla o Oaxaca. Los funcionarios repartían mercancías o dinero en los pueblos. Como forma de pago se hacían de servicios, de porciones de la futura cosecha o de productos manufacturados. Las mantas de Campeche llegaron de este modo en considerables cantidades hasta las misiones de Sonora. En Oaxaca se organizó así la recolección de la grana cochinilla. La repartición de mercancías tuvo, de esta manera, una función importante para la vinculación de las economías locales con los circuitos internacionales. Significó al mismo tiempo, para los pueblos, la única posibilidad de obtener crédito. Por esta razón al menos, las élites autóctonas aceptaron la práctica. Como el funcionario real definía los precios de los productos intercambiados, su ganancia podía ser grande.

No obstante su inserción firme en los circuitos mercantiles de la época, la agricultura novohispana se caracterizó por la presencia de un sector amplio de producción para la subsistencia. Tanto en los pueblos de indios como en los ranchos e incluso en las haciendas, sus habitantes se autoabastecían y complementaban su producción con compras o mediante trueque en los mercados locales. El mantenimiento de la subsistencia tuvo varias ventajas: desvinculó la manutención de la mayoría de la población de los vaivenes del mercado agrario, lo cual facilitó la aceptación de las nuevas relaciones de poder. Los pueblos constituyeron, además, reservas de mano de obra a las cuales las empresas aledañas pudieron recurrir de manera flexible, aunque constreñidas por las necesidades de los ciclos agrarios. La producción de subsistencia desempeñó, de esta suerte, un papel socialmente estabilizador y redujo los costos de la producción destinada al mercado. Pero fue igualmente un obstáculo considerable para el desarrollo de los mercados de la tierra misma, de productos agrícolas, de mano de obra y de la economía en su conjunto. Gran parte de la población, sobre todo los indios, mantuvo un espacio propio de existencia o, si se quiere, sus propios medios de producción. No se dio una proletarización de la mano de obra ni siquiera en las minas donde, por ejemplo, los barreteros se unieron con los empresarios en un tipo de sociedad sancionada por el «partido».

El sistema de la economía

La economía novohispana se había diversificado y constituyó un mercado interno activo. El sector exportador impulsó su desarrollo, ante todo por la minería y sus efectos de arrastre. La demanda sostenida de grandes cantidades de alimentos, textiles, cuero, carbón, madera, sal, animales de carga, forrajes, etc., estimuló diversos sectores productivos. Los pagos por estos bienes dieron lugar a la circulación interna y a una monetarización parcial de la economía. El segundo polo de crecimiento fue el consumo de las ciudades, donde vivían las élites que directa o indirectamente estimulaban el comercio interno con su población de funcionarios reales, miembros de los cuerpos eclesiásticos, hacendados, comerciantes, artesanos, artistas, una multitud de gente de servicio, médicos, cirujanos, barberos, abogados, notarios, comediantes, mendigos y ladrones.

Paralelamente al desarrollo minero, se impulsó la agricultura destinada al mercado. Por ejemplo, el Valle de San Bartolomé (hoy de Allende) constituyó la base agraria del auge de Parral y de otras minas cercanas. A los españoles les resultó más fácil adaptar el campo a las necesidades del sector externo que desarrollar una agricultura sin el estímulo de las actividades exportadoras. Así fue como la fertilísima pampa argentina quedó prácticamente desaprovechada y Buenos Aires se redujo al papel de puerto de contrabando y de trata de negros, dependiente del lejano mercado de Potosí; mientras que en el seco norte mexicano se dio muy pronto paso a la producción agraria necesaria para sostener Zacatecas y otros centros mineros, no obstante la hostilidad de los indios y la casi completa ausencia de tradiciones agrarias prehispánicas.

Alrededor de las minas, de la agricultura y de los centros urbanos, las necesidades estimularon otras actividades como la producción artesanal en muchos pueblos de indios donde se fabricaban, por ejemplo, telas de algodón, como en la Península de Yucatán. En las ciudades se estableció una gama de artesanos: sastres, zapateros, herreros, plateros y orfebres, pintores, panaderos, cigarreros, en parte organizados en gremios. Suma importancia revistió la manufactura de textiles en los llamados obrajes, en los que se fabricaban sobre todo telas de lana con telares europeos. Los hubo en muchas ciudades, aunque el centro de la producción se ubicó originalmente en la región de Puebla-Tlaxcala. A lo largo de los siglos XVII y XVIII los obrajes poblanos sufrieron una constante disminución. La producción se desplazó a la ciudad de México y a diferentes ciudades del Bajío, sobre todo Querétaro. La cercanía tanto de los crecientes rebaños de ovejas como de los mercados mineros explica ese desarrollo. Las condiciones de trabajo solían ser malas y no era raro hallar en los obrajes a antiguos reos de la justicia como mano de obra. Se producían telas de baja calidad dado el alto costo del transporte, las tasas de ganancia del comercio intermediario y las tarifas fiscales que pesaban sobre las importaciones europeas y asiáticas. En este sentido se trataba de una sustitución de importaciones.

Todos los productos mineros, agrarios y artesanales se transportaban de preferencia a lomo de mula de los lugares de producción a sus mercados de consumo o a los puertos de exportación. Donde los caminos lo permitían circulaban carretas, pero por lo general —incluso en la conexión esencial entre México y Veracruz— se echó mano de las recuas de mulas. La abundancia de tierra y la falta de capital facilitaron criar ganado, y usar esas recuas requirió sólo inversiones reducidas si se comparaban con la construcción de caminos y puentes. Sin embargo, a la larga la manutención de decenas de miles de mulas se volvió costosa. Como ya vimos, fueron los grandes comerciantes quienes en gran medida ejercieron el control sobre estos flujos.

LA EXPANSIÓN AL NORTE

La frontera con el territorio de los indios no sometidos avanzó a pasos discontinuos. Se fueron integrando a ella zonas hasta entonces fuera del dominio español como la sierra de Nayarit, donde en 1721 una tropa acompañada de un misionero jesuita sometió a los coras. En todas partes fue imprescindible el apoyo militar. Sobre la marcha se iban imbricando los intereses mineros con los misioneros y los geopolíticos.

El descubrimiento de Parral, en 1631, en el centro de Nueva Vizcaya, puede tomarse como punto de arranque de la expansión minera y de la explotación de los yacimientos argentíferos en la Sierra Madre Occidental, y de Sonora a partir de 1640 con un pequeño auge 20 años después. En 1683 se descubrieron vetas en el real de Los Álamos, el más estable del noroeste. Al mismo tiempo, las minas de Santa Rosa de Cosihuiriáchic, en la Sierra Tarahumara, experimentaron bonanza. En 1708 surgió San Felipe el Real, la posterior villa de Chihuahua. Un papel menos destacado desempeñó la minería en el poblamiento del noreste, a excepción de Mazapil, donde se producía plata desde antiguo. Por 1690 se descubrieron las minas de Boca de Leones y en 1757 las de Yguana, en Nuevo León. En todos estos centros se avecindaron españoles, indios mesoamericanos y norteños, castas y negros. Algunos, como el real de San Juan Bautista, donde residía el alcalde mayor de Sonora, tuvieron una existencia fugaz; otros son hoy día ciudades importantes.

La minería requirió un entorno pacificado y un sustento agrario con haciendas a su alrededor. No obstante, los territorios de Coahuila y Nuevo León se desarrollaron sobre todo como zonas ganaderas abastecedoras de carne, animales de carga, cueros y velas de sebo; Parras destacó por su vitivinicultura. En el noroeste (véase el mapa 1) fueron las misiones jesuitas la punta de lanza de la producción minera, pero sería erróneo concebirlas como meras colaboradoras de ella. El universalismo de la Iglesia impulsó la expansión de las fronteras. La misión fue una empresa espiritual tenida por una lucha contra el diablo mediante la propagación de la fe. Basó su éxito en una combinación de medios persuasivos (regalos, sermones o fiestas vistosas) y violentos. Además de las epidemias, los soldados españoles y los cazadores de esclavos sembraron desconcierto y pavor, a veces mediante arreglos explícitos con los misioneros. Los jesuitas contrapusieron la sumisión a la religión «verdadera» con la promesa de contener los ataques, la ayuda contra las enfermedades y la recompensa de la vida eterna. También prometieron poner fin, con la tutela del rey, a las tradicionales luchas interétnicas. La estabilidad solía depender de la presencia de un misionero entre los indios. De esta suerte, los jesuitas se esforzaron por crear pueblos de misión. En la mayoría de los casos se echó mano de viejos asentamientos autóctonos donde se erigían cuerpos de funcionarios indios tanto seculares (gobernadores y alcaldes) como eclesiásticos (fiscales y «temastianes», es decir, acólitos, catequistas, sacristanes y encargados de las fiestas religiosas de la comunidad misional). La administración civil quedaba vinculada, en teoría, a los alcaldes mayores. En la práctica, sin embargo, los jesuitas se reservaron el mando supremo, no sin conflictos.

Facilitar la presencia permanente de los indios en los pueblos de misión implicaba una economía productiva que acabara con la caza y recolección con que de antaño complementaban las cosechas. Las actividades económicas no fueron, sin embargo, sino un medio para realizar la conversión. Aunque hubo diferencias regionales, por regla general los misioneros se esmeraron en mejorar los cultivos y las técnicas de irrigación; introdujeron la ganadería, el trigo y el garbanzo en el Valle del Yaqui. La producción favorecía el autoconsumo, pero también debía proporcionar un excedente comerciable. Aparte de una pequeña limosna del rey, las misiones se costearon mediante la venta de productos agropecuarios con los que los jesuitas abastecían la minería. Ésta se benefició de trabajadores libres reclutados en los pueblos o mediante el repartimiento forzoso. No obstante, una cierta competencia con los empresarios mineros por la mano de obra fue inevitable y más con el incipiente sector agropecuario, limitado por el control de los jesuitas sobre tierras y trabajo.

Las misiones dependieron mucho de las tradiciones agrarias prehispánicas, como en Baja California. En esta misteriosa región, que en el siglo XVII se tenía por pródiga isla, habían fracasado todas las expediciones cuando finalmente la Compañía de Jesús ofreció integrar el territorio al dominio del rey a sus expensas y costo, con la condición de hacerse con el mando supremo, lo cual aprobó la Corona en 1697. Pero tanto la cultura autóctona como lo desértico de la tierra obstaculizaron los esfuerzos de congregar a los indios. La misión californiana no pudo sobrevivir sin el abastecimiento de alimentos y también de alguna mano de obra provenientes de Sonora y Sinaloa, sobre todo del Valle del Yaqui, vía el puerto de Guaymas. Mucho menos pudo contar con excedentes comerciables, salvo algunas cantidades de vino. Los costos fueron considerables. Inicialmente, los jesuitas sonorenses regalaron su ayuda, pero pronto exigieron una remuneración a sus colegas de California. Como todas las misiones, las de la península dependían de productos adquiridos en la ciudad de México y enviados en un barco propio que zarpaba de Acapulco o Matanchel. Para los gastos, los jesuitas reunieron más de medio millón de pesos en limosnas entre 1697 y 1720. Así instituyeron el Fondo Piadoso de las Californias, compuesto de un conjunto de haciendas ubicadas en el centro de Nueva España con cuyos réditos se costeaba la misión peninsular. Como limosna, la Corona costeó a partir de 1703 un presidio en Loreto.

Desde antiguo, el dominio sobre Baja California tuvo un interés geopolítico. A su regreso, el galeón de Manila bajaba por el litoral hasta Acapulco; por ello fue necesario impedir a los enemigos de España hacer de la península un escondite y, en cambio, fue imprescindible disponer de una escala segura para recarga del navío, que anclaba en la misión de San José del Cabo a partir de su fundación en 1730.

Consideraciones estratégicas análogas impulsaron el poblamiento de zonas colindantes con el Golfo de México, hasta entonces desatendidas. El avance de los franceses en la cuenca del Misisipi y la fundación en 1685 del fuerte de Saint-Louis, en Texas, alertaron a las autoridades. Aun cuando dicho fuerte fue pronto devastado por las enfermedades y por los indios, los españoles reforzaron su presencia en el noreste. En 1689 fundaron un presidio en Monclova para asegurar el camino a Texas y en 1698 se asentaron en Pensacola, en el extremo occidental de la Florida. Finalmente establecieron presidios y misiones franciscanas en Texas, la más oriental en Nuestra Señora del Pilar de los Adaes en 1721, no sin sufrir varios reveses. Aunque los españoles avanzaron desde Texas y Florida hacia la desembocadura del río Misisipi, no pudieron arrebatar a los franceses el dominio sobre la región antes de que en 1763, mediante el Tratado de París, la Luisiana pasara al dominio español, mientras que los ingleses se quedaron con la Florida.

Aunque el objetivo de controlar la costa norte del Golfo de México fracasó, tuvo éxito, en cambio, la creación de una zona intermedia de contención entre Nueva España y los territorios franceses e ingleses. Se llegó así a integrar al dominio de la Corona la provincia de Nuevo Santander, llamada después Tamaulipas. El acceso a ella se facilitó desde la Sierra Gorda (entre los actuales estados de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato). Hasta ese momento, la Sierra Gorda constituía una zona de refugio indígena aún no sometida, al igual que la ya mencionada sierra de Nayarit, no obstante los múltiples contactos con el mundo español. En 1742 José de Escandón «pacificó» primero la Sierra Gorda y luego, en 1748, empezó a promover el poblamiento del Nuevo Santander. Este último fue un proyecto que excluyó casi del todo la participación misionera. Para evitar rebeliones, se intentó disminuir la presión sobre los naturales y se recurrió a la importación de mano de obra. En 1748 y 1749 Escandón, gobernador del Nuevo Santander, atrajo a más de 540 familias mediante la concesión de privilegios; para 1756 se contaban ya 1475 familias o 6350 personas inmigradas. Al mismo tiempo, Escandón aprovechó su control sobre la Sierra Gorda para esclavizar indios y llevarlos a Nuevo Santander. Las quejas sobre su proceder autoritario provocaron su destitución en 1766.

Pusieron límites al avance español la escasez de recursos, la competencia europea y la resistencia autóctona permanente. La rebelión más desastrosa fue la de los indios pueblo de Nuevo México en 1680, que llevó a abandonar la provincia. Los tarahumaras se mantuvieron en rebeldía más o menos abierta durante casi todo el siglo XVII. En 1734 se levantaron los indios del sur de Baja California y en 1740 lo hicieron las misiones de yaquis y mayos, hasta ese momento ejemplares, en alianza con parte de los pimas bajos. En 1751 tocó el turno a los pimas altos. Los hechos sangrientos dañaron el prestigio de la Compañía de Jesús y replantearon la política a adoptar en el norte.

A la debilidad se sumaron los enemigos externos, sobre todo los apaches en Sonora, Nueva Vizcaya y Nuevo México, y los comanches que se movían entre Nueva Vizcaya, Coahuila y Texas. No era tanto que estos grupos nómadas o seminómadas se resistieran al poblamiento europeo, sino que saqueaban los asentamientos españoles y de los indios cristianos de frontera. Los apaches pronto sirvieron como chivo expiatorio para todo lo que ocurría, aunque los verdaderos autores de muchos asaltos fueron grupos mixtos de indios residentes y de mestizos.

Desde la guerra chichimeca, la principal defensa fueron los presidios, con sus guarniciones de 30 a 50 soldados. Hubo un número cada vez mayor de ellos a lo largo de la frontera norte, pero no lograron contener las incursiones enemigas de los indios libres. Con la tecnología militar de la época era prácticamente imposible vencer a las bandas de nómadas y a los habilísimos jinetes comanches. Pero, además, los presidios tuvieron varios problemas que limitaron su eficacia. Ante todo, sus capitanes se desempeñaron como empresarios exitosos: sacaron provecho del avío de la tropa y malversaron los fondos puestos a su disposición. Las compañías, por consiguiente, no contaban muchas veces con el número de soldados previsto y su equipamiento era bastante deficiente.

Aun cuando los costos y víctimas de la guerra nómada frenaron la expansión de la frontera, recurrir a la fuerza impidió que los indios sedentarios abandonaran la alianza o tutela que se les prometía. Así, la nueva incursión de los españoles en Nuevo México, en 1692, fue facilitada por la presión creciente que los apaches ejercían sobre las culturas pueblo. En la Pimería Alta, zona fronteriza entre los estados actuales de Sonora y Arizona, fue el célebre jesuita Eusebio Francisco Kino, quien se esforzó por establecer una alianza entre los españoles y los pimas o pápagos contra los apaches. Como los presidios no alcanzaban para socorrer la nueva frontera (a la que seguirían otros puestos de frontera más avanzados), se organizaron tropas auxiliares de indios aliados, además de las tropas milicianas de españoles y castas. A los indios leales hubo que darles cierto trato privilegiado e incluso fortalecer tradiciones y estructuras militares entre ellos. De esta forma mejoraron sus posibilidades de resistencia y en 1751 fue precisamente Luis de Sáric, capitán general de los pimas altos impuesto por los españoles al frente de las tropas auxiliares contra los seris y los apaches, quien encabezó la rebelión de su nación.

En el siglo XVIII se revisaron los problemas de esa frontera, sobre todo en tiempos del auditor de guerra Juan Rodríguez de Albuerne, marqués de Altamira. A mediados del siglo surgieron dudas sobre la eficacia de la misión como instrumento pacificador, contexto en el cual se ubica también la fundación del Nuevo Santander. Se intentó así hallar una solución global a las dificultades antes enfrentadas, caso por caso. Para obtener la información necesaria para una reestructuración del sistema de defensa, en particular del ineficiente y corrupto sistema de presidios, se encargó la visita de la frontera al brigadier Pedro de Ribera, quien entre 1724 y 1728 inspeccionó los presidios entre Sonora y Texas. Como resultado de sus informes y propuestas, se reajustó la cadena de esos enclaves y se elaboró un primer reglamento para organizar las compañías. Se dividió también la enorme provincia de Nueva Vizcaya en 1732, separando sus alcaldías mayores de la costa del Pacífico mediante la gobernación de Sonora y Sinaloa. Aparte de los asuntos militares, empezaron a discutirse las posibilidades de reforzar el desarrollo económico del norte para atraer más inmigrantes y reforzar la defensa recurriendo al poblamiento. El poderoso visitador José de Gálvez, después ministro de Indias, se dirigió en persona a Sonora en 1768 a fin de pacificar el noroeste.

EL ORDEN SOCIAL DE NUEVA ESPAÑA

¿Qué configuración social correspondió a los años de autonomía de Nueva España? La nota distintiva es que la poblaron sociedades de arraigo acendrado, especificidad territorial y un hondo sentido de sacralidad y piedad religiosa. El desequilibrio entre espacios ocupados y de frontera se había reducido. Un rasgo de ese arraigo fue la aparición de nuevas aglomeraciones: ranchos, puestos, pueblos, villas y desde luego santuarios, ermitas y parroquias. Explica en parte este arraigo la presencia de nuevas categorías de trabajadores agrícolas resultantes de arrendar y subarrendar la tierra, pero también la consolidación y expansión de las haciendas.

La patria, ya fuera el lugar de nacimiento, de crianza o de vecindad, surgió como el referente primario de lealtad frente a la monarquía. Casi siempre connotaba un sentido singular de deber, compromiso y devoción. En las Indias, la monarquía se halló así fincada en el sentimiento que el individuo profesaba «a su patria, a su rey y a su Dios». También ha de ponderarse una mayor capacidad de maniobra y de negociación de los grupos rectores. Orientar la vida local, aunque sin modificarla sustancialmente, fue el hilo conductor de la política hispana del siglo aquí estudiado. Esto equivale a afirmar que el poder real se asentó sobre una base relativamente consensual. Con todo, la tónica regional sería incomprensible sin las redes sociales y económicas construidas a partir de las relaciones interpersonales y colectivas. ¿Qué elementos las integraron?

Primero hay que considerar que la familia, a la vez nuclear y extensa, fue la base de toda la organización social. Al intentar construir sociedades a imagen de las peninsulares, las élites pensaron en términos familiares y echaron mano de tácticas conocidas para integrar hijos naturales, parientes colaterales, niños expósitos, esclavos, criados y jornaleros a su ámbito doméstico. En efecto, los señores consideraron su descendencia ilegítima como parte importante de su clientela. Por otro lado, el patrimonio, cuya transmisión tenía lugar en el seno familiar, no sólo incluía tierras, casas y caudales, también comprendía los cargos y oficios administrativos; aun ciertas dignidades transitaron por las cadenas y escalafones de la familia consanguínea y por afinidad. Fueron los vínculos del parentesco el parámetro estable por antonomasia. Alguien podía, así, solicitar al rey que le otorgara un cargo para poder dotar a una hija casadera. A las reglas sociales derivadas de la familia por «obligaciones de sangre» y a la solidaridad entre individuos originarios de un mismo terruño (paisanaje), se agregaban las del parentesco espiritual. El padrinazgo tuvo un papel determinante. Su nexo, el compadrazgo, fue eficaz para cimentar el estatuto social de las personas.

El modelo familiar, utilizado como metáfora de la relación que unía a los súbditos con su monarca, tomó, pues, todo su sentido en Nueva España. En ausencia de un poder central fuerte, no obstante la presencia de autoridades locales, la gente vivía casi a merced de sí misma. Las relaciones personales con sujetos poderosos y de prestigio eran la única vía de acceso a funciones y distinciones tanto en la esfera secular como eclesiástica. La prohibición de que los magistrados peninsulares y sus hijos se casaran en los distritos donde ejercían no tuvo efecto; la Corona sacaba provecho económico de las salvedades que se hacían a la ley. El tejido social obedeció así de manera natural a la formación de redes y de clientelas y reforzó la dispersión del poder político en numerosos cuerpos y jurisdicciones. A medida que los grupos económicamente poderosos se consolidaron, ejercieron una influencia mayor en la corte del rey, por ejemplo, en la designación de los obispos. La mayor parte de éstos siguió siendo de origen peninsular. Sin embargo, como una rama de la familia residía en las Indias, se mantuvieron lazos trasatlánticos familiares, comerciales y políticos muy sólidos.

Aunque las personas y los grupos se preservaban en la morada familiar, la vida en familia no podía sustraerse de la mirada de los demás, y eso confería a cada cual su lugar en la sociedad. La notoriedad impuso obligaciones y restricciones sociales, hasta el punto de hacer o deshacer una reputación. Fue el honor el ingrediente principal de las relaciones del individuo con la sociedad, una virtud fundamental arraigada en consideración a la raza, el estatus, el mérito, el talento y la dignidad. Por eso dominó todos los códigos de la conducta y se asoció con la voluntad de «valer más», de vivir noblemente. Incluso dividió a los pobres en dos categorías: el pobre de solemnidad, es decir, aquel oficialmente reconocido como pobre, que vivía de la mendicidad y a quien socorrían las cofradías y los conventos, y el vergonzante o vergonzoso, quien tras una enfermedad, la viudez o la quiebra, caía en la miseria y sentía vergüenza de haberse vuelto pobre. Los negros y los mulatos reclamaron también para sí el honor, independientemente de su calidad y condición.

Las élites tanto españolas como indias se esforzaron en realizar un ideal nobiliario de vida y de sociedad. En las Indias sobre todo la hidalguía preocupó a los españoles. Se probaba no sólo mediante las disposiciones interiores que componían la virtud, sino también mediante la sangre y la tradición familiar. Sin embargo, se impuso la nobleza más exterior ganada por méritos, servicios al rey y obras, conforme a la herencia del mundo romano. También se asoció con el ejercicio del gran comercio, con ciertos cargos u oficios del gobierno, así como con la obtención de títulos universitarios. Cimentada en la notoriedad, la nobleza dio lugar en las Indias a la fundación de linajes, de los cuales se emprendió el inventario a finales de la década de 1630 tanto en Perú como en Nueva España. La admisión de candidatos a las órdenes de caballería (Santiago, Alcántara y Calatrava) fue mayor a partir de la segunda mitad del siglo XVII. A falta de la hidalguía requerida, algunas familias hicieron valer sus servicios a la Corona. Otras se vieron precisadas a recurrir a la falsificación de las genealogías y aun a las dispensas. Del total de 865 caballeros nacidos en las Indias nombrados durante todo el dominio español, 503 fueron criollos de las jurisdicciones de las audiencias de México y Lima.

La voluntad de ennoblecimiento halló también expresión en el ámbito de lo sagrado por medio de la fundación de capellanías, hermandades y cofradías, así como de la dotación de obras piadosas, entidades corporativas todas ellas, muchas veces hereditarias, que conservaban la memoria familiar y que cristalizaron las formas del parentesco. El ritmo con que surgían tales fundaciones se aceleró a partir de 1660. Su conjunto y complejidad dieron lugar a verdaderos regímenes urbanos de organización social. Es decir, a condiciones regulares y duraderas asociadas a las expresiones religiosas de grupos numerosos. Los ámbitos de impacto y actividad de tales entidades corporativas solían ser el culto, la beneficencia y el saber y la enseñanza, es decir la educación, y el préstamo de caudales eclesiásticos. Cada localidad tenía a ese respecto una dinámica y cronología propias.

La normatividad sancionó la nobleza autóctona asimilándola a la hidalguía castellana. Los señores indios encabezaron gobiernos en los pueblos, funcionaron como intérpretes en colegios o bien desempeñaron un papel relevante como conquistadores y pobladores en territorios de frontera. Esa asimilación repercutió asimismo en la admisión muy excepcional de ciertos caciques a las órdenes militares o de caballería. En 1722 don Nicolás de Montañez, cacique otomí de Tula y Jilotepec, fue hecho caballero de la Orden de Santiago. Alrededor de 1650 y aun antes, los cargos de cacique, hereditario, y de gobernador, electivo, se fueron disociando, aun cuando ciertas familias de caciques intentaron reunir ambos. El ascenso social propio del hidalgo castellano se vio igualmente reflejado, en el ámbito indígena, en el número de indios del común (macehuales) que después de haber ocupado puestos municipales se convertían en nobles, es decir «principales». A partir de 1697 los indios también pudieron recibir las órdenes eclesiásticas mayores, incluso el sacerdocio.

Durante el siglo aquí examinado la sociedad de Nueva España se transformó rápidamente y los contemporáneos peninsulares y criollos no se percataron de la complejidad que los confrontaba con el mestizaje y con la integración cultural. A diferencia de la palabra «mulato», en la primera mitad del siglo XVII se encuentran pocas menciones del término «mestizo» en los registros parroquiales. De ahí una cierta vacilación a la hora de clasificar a un individuo, más difícil de encasillar si era de sangre mezclada que si era indio o negro. En cambio a partir de la década de 1660 la situación parece cambiar. La necesidad de clasificar y definir a las personas se hizo más apremiante, probablemente en razón del alcance del mestizaje en el seno de una sociedad en vías de recuperar sus cifras de población. Entonces aparecieron categorías nuevas y más sutiles. Por ejemplo, si la palabra «mulato» bastaba antes para designar a aquellos cuyos ancestros eran africanos, ahora «zambo» designaba a personas mitad indias, mitad africanas, y «mulato» exclusivamente a aquellos nacidos de padres españoles y africanos. Pero aparecieron vocablos todavía más especializados para distinciones sutiles dentro de la continuidad española y africana. Así, la palabra «pardo» se ubicaba hacia el extremo español de la escala. Se dio, por lo tanto, un sistema de denominación que tomaba en cuenta las particularidades raciales de los ascendientes (1/4 de sangre india, 1/8 de sangre negra, etc.). Estos vocablos tan ricos en colorido nunca alteraron las cinco categorías básicas: españoles, indios, negros, mulatos y mestizos. A principios del siglo XVIII aparece un género pictórico llamado «pintura de castas» consistente en retratos de escenas cotidianas que representaban las posibilidades de unión entre los grupos, con los hijos que de ellas resultaban según la nueva calidad «étnica». Alcanzaron su expresión máxima al mediar el siglo XVIII.

En realidad los límites se tornaron más fluidos y por lo tanto más difíciles de aprehender, lo que explica los esfuerzos de clasificación. La ambigüedad se acentuó y fue «español» la categoría que terminó por imponer su carácter unitario. Algunos indios de los barrios de México, de Puebla y de Valladolid de Michoacán se hacían pasar por mestizos para reclamar la exención del tributo. No era sino una primera etapa para después convertirse en «españoles». En otras palabras, el número creciente de población mestiza, así como aquella procedente de ultramar, ya fuera africana o europea, hizo que el sector hispano fuera el que aumentara en cantidad y complejidad. Un mulato claro podía, según el contexto, ser clasificado como mestizo o como español; un negro libre como mulato, y un indio libre, sin pueblo que lo sujetara, vestido a la española y hablando en castellano, era con bastante frecuencia tenido por «mestizo».

En cambio, nunca fueron unánimes los juicios en relación con sujetos tenidos por mestizos, quienes, además, variaban mucho según el contexto. Los matrimonios de españoles con mujeres indias fueron raros, así que la ilegitimidad no deshonraba sino a los mestizos de primera generación. De hecho, la sangre española asimilaba las demás sangres «de la misma forma que el mercurio purifica la plata», decía por 1680 fray Juan de Meléndez, un cronista dominico. Fue ésta una de las grandes diferencias con respecto de los anglosajones que se establecieron al norte del continente. Entre ellos una sola gota de sangre negra bastaba para mancharlos, mientras que en las Indias una sola gota de sangre blanca precipitaba el «blanqueamiento» de las personas, de ahí, por ejemplo, el número creciente de «mulatos».

¿Qué se sigue de lo dicho sobre el orden social? La distancia hasta la corte del rey, la ausencia de un poder central vigoroso, la fuerza de las devociones locales y la inmensidad geográfica reforzaron la importancia de la familia, del linaje, de la noción de patria y de la capacidad de negociación de los grupos ante la Corona. Fue entonces el consenso la base del dominio monárquico legítimo. En otras palabras, la preservación de leyes y privilegios supuso un vínculo con el rey que no era unipersonal, sino que estuvo fincado en la relación con la tierra de la que se era oriundo. Consecuentemente, los cuerpos sociales podían llegar a oponerse al monarca con tal de salvaguardar la res publica. Asustó por ejemplo, a los virreyes, el arraigo del clero secular y la facilidad con que los vecinos hacían de él un vocero del descontento. A esto se añade la preocupación prevaleciente entre los círculos gubernamentales madrileños, según la cual la lealtad de los criollos, como la de otras aristocracias regionales de la monarquía, se debía ante todo a la tierra donde habían nacido y que habían poblado y, sólo después, a la Corona.

LA CULTURA Y LAS ARTES

El orden social de Nueva España contó con códigos que permitieron a sus grupos pensarse como un conjunto de corporaciones y comunidades en un régimen de cristiandad. No obstante, su complejidad dio lugar a un multiculturalismo difícil de describir, sobre todo en relación con los grupos populares cuyas fuentes, a pesar de las huellas dejadas por las cofradías (procesiones, fiestas, etc.), son escasas. Con todo, es posible destacar algunas líneas maestras. Dos rasgos fundamentales separan la época presente de aquel mundo: primero la omnipresencia de la religión entendida como intervención decisiva de la Providencia y coextensión de las instituciones eclesiásticas con el todo social. Enseguida, un ambiente convencido de la unidad de los saberes y apasionado por las artes y las lenguas que los expresaban con orden, razón y concierto. El laicismo y la especialización extrema de nuestros días les resultarían ajenos. La inmensidad del Nuevo Mundo siempre fue un desafío descomunal para la empresa de la cristianización, poblamiento y gobernación. Así que fue preciso construir respuestas sintetizadoras, estables y permanentes con qué abarcar la diversidad autóctona y asumir las corrientes migratorias, el mestizaje y los cambios culturales. Tales respuestas florecieron durante el siglo objeto de este capítulo.

Los fundamentos de la cultura novohispana hunden sus raíces en una tradición antiquísima de origen mediterráneo trasplantada. Tanto la práctica de la fe y la piedad cristianas, como el entusiasmo por el saber fueron indisociables de una convicción docente que hizo de la enseñanza, de la transmisión oral y de la memorización, prácticas medulares. Recordemos que al ser la familia un todo solidario, se acentuó la importancia de la educación impartida en casa por padres, abuelos, tías y nodrizas durante los primeros años de la vida. Tampoco debemos olvidar que la relación con individuos de prestigio, poder y letras fue casi la única vía de acceso a cargos y distinciones.

En este ambiente abrevaron los afanes de reivindicación de los dominios americanos. Empeñadas en la exaltación de sí mismas, las sociedades novohispanas fraguaron una cultura arcaizante, es decir, con la mirada puesta en el pasado y profundamente marcada por la herencia cultural mesoamericana. Partícipes del barroco, sus exponentes recamaron, engastaron y engalanaron hasta la hipérbole toda suerte de expresiones. Vertieron el néctar de las civilizaciones autóctonas en los odres viejos del saber europeo, de tal manera que el estímulo ejercido por el Nuevo Mundo y sus indios sobre la imaginación y la creatividad fungió como incentivo para el surgimiento de un pensamiento original. Recuérdese que las lenguas indias subsistieron y llegaron a ser lenguas de saber, de cultura. Aun cuando se insistió en la reivindicación local, no se renunció al universalismo propio de la «monarquía católica». Las vidas de muchos autores transcurrieron en ambas orillas del Atlántico; algunos transitaron incluso del virreinato septentrional al meridional y viceversa. En consecuencia, sus escritos se hacen eco de la circulación de hombres, ideas y objetos, de suerte que la literatura de finales del siglo XVII es hispánica antes que «andaluza», «peruana» o «mexicana».

La religión

La religión, la lengua y el derecho se identificaron entre sí y siguieron una misma evolución. Fue la cristianización, desde un principio, la única fuente de legitimidad del poder del rey en el Nuevo Mundo. Pero además fue indisociable de la impartición de la justicia, principal atributo del monarca y de sus autoridades delegadas. El cristianismo dio también sustento al estatuto que hizo de las Indias reinos accesorios de Castilla. Resultó, finalmente, primordial en la organización de la vida pública al adoptar todo su sentido de ley confundiéndose con el cuerpo social.

La cristianización no supuso en una primera época el aprendizaje del español ni del latín sino por parte de las élites. Las lenguas autóctonas se hablaron por doquier y las más importantes se escribieron y enseñaron en los colegios y en la Universidad. De manera análoga, la religión oficial coexistió con numerosas expresiones de religiones autóctonas. Mediante las lenguas, las imágenes y el culto, el catolicismo romano se empeñó en traducir y en hacer accesibles las verdades de la fe a las sociedades multirraciales. Fueron éstas extremadamente sensibles y sensuales, gustaban agruparse en cofradías a fin de hacerse ver y ser vistas en las iglesias y en las procesiones; la gente apreciaba el oro, la plata y el esplendor de sus altares, estaba orgullosa de sus santos, de sus vírgenes y de sus cristos. No vivía encerrada en sus grupos y buscaba cualquier ocasión para participar del ritual y de la fiesta.

El culto aguzaba la introspección y estimulaba la conciencia y memoria del pecado, mismo que adoptó la forma de un ser viviente representado en estampas impresas. También circularon manuales para párrocos que daban cuenta de los sacramentos, la doctrina, la catequesis y los cánticos, pero sobre todo de los ritos penitenciales que dieron al más allá una importancia decisiva. Una serie de prescripciones fijó límites al culto a los antepasados. Según éste, después de la muerte la vida humana se prolonga mediante vías que concretan el dogma de las tres iglesias: la militante, la purgante y la triunfante, cuyos vínculos son sumamente fluidos. La proliferación del culto a las ánimas del purgatorio, y, sobre todo, de cofradías de ese nombre a partir de mediados del siglo XVII, encuentra una explicación posible en la extensión y complejidad creciente de las mezclas entre los principales grupos sociales: españoles, indios y negros. Después de las del Santísimo Sacramento y las de la Virgen, fueron las cofradías de Ánimas las más numerosas. Mediante la obligación de confesarse y de comulgar por Pascua, la Iglesia logró ejercer un control eficaz sobre la construcción y reacomodo de fronteras étnicas y raciales siempre porosas. Nada parecía confundir más a los religiosos que tratar de empadronar a sus ovejas y que se les resistieran alegando que, «haciéndose mestizos», se iban a cumplir a otra parroquia o a la catedral. También se ejerció el control mediante el temor al demonio y a las penas del infierno. Los curanderos y hechiceros, que solían establecer una relación intrínseca y poderosa entre magia y religión, fueron objeto de control por las autoridades inquisitoriales.

A partir de mediados de 1650 se consolidó una religión «híbrida» sumamente original, nutrida por muchas tradiciones y específica de Nueva España. Las órdenes religiosas, que habían alcanzado una fuerza enorme, vieron lentamente reducidas sus prerrogativas y libertad de acción por parte de los obispos, decididos a unificar el culto, imbuidos de la supremacía que el Concilio de Trento les reconocía. Para los prelados, una fe implícita y una moral natural no bastaban para lograr la salvación eterna. Subrayaban así la importancia del libre albedrío y del reconocimiento de los pecados personales. Los obispos se aplicaron, pues, a contener los efectos de las transformaciones sociales permanentes que resultaban del mestizaje, el cambio cultural y la movilidad social. En otras palabras, buscaron impedir que las manifestaciones católicas se hicieran idolátricas y que las creencias de origen prehispánico adoptaran tintes cristianos.

Obispos y concilios construyeron la imagen del indio idólatra. Por ejemplo, hay evidencias de falsos sacerdotes indios, cuando en realidad el sacerdocio les estuvo vedado a los naturales, salvo excepciones, hasta 1697. Sin embargo, los obispos también construyeron la imagen del indio converso y devoto sincero. Lo hicieron echando mano de relatos de manifestaciones milagrosas, ya antiguas, en que la presencia autóctona era fundamental. Su sanción oficial ulterior no hizo sino confirmarlas. Es el caso de las apariciones de la Virgen María al indio Juan Diego, que éste mismo relatara en 1531 al obispo Zumárraga y que quedaran plasmadas en una imagen de la Virgen de rasgos autóctonos. Promovida en su origen sobre todo por el clero secular, la devoción guadalupana acabó generalizándose a partir de 1650. En 1746 la Virgen de Guadalupe fue proclamada patrona de Nueva España por todos los obispos y la Santa Sede sancionó su culto en 1754.

El saber

Lengua y saber. La necesidad de comprender y traducir las realidades de las Indias hizo que la gramática, primera de las «artes» antiguas, desembocara en la ciencia del «bien decir» o retórica, antes que en una dialéctica de índole puramente especulativa asimilada a la lógica. Se trata del cúmulo de disciplinas concebido como útil a las ciencias «civiles», o sea fundamentalmente al derecho, tanto el secular o civil como el eclesiástico o canónico. La medicina encontró asimismo un lugar en esa construcción, ya que el cuerpo humano era la representación del universo, el microcosmos que se integraba al macrocosmos.

Fue, pues, la retórica el soporte y articulador de esas disciplinas. Reiterar y convencer fueron el cometido de sermones, tratados, memoriales, poemas, crónicas, emblemas, cánticos, pinturas, esculturas o edificios. Éstos profundizaron el legado cultural mediante la erudición, especie de guardajoyas, universal noticia de dichos y hechos que ilustraban la materia que se discurría, la doctrina que se trataba. Las argumentaciones o construcciones políticas, por ejemplo, se levantaron con base en sentencias y en máximas que luego solían engastarse en emblemas. En razón de esta preeminencia retórica, la población iletrada no quedó al margen de la educación. Estuvo expuesta a la lectura en voz alta practicada en barcos, posadas, plazas, iglesias y traspatios de las casas, lo cual ayudaba a asimilar ideas y a transmitirlas. Eran los curas, los fiscales y caciques indios, los regidores, quienes daban a conocer los escritos oficiales en las villas y pueblos casi siempre mediante su lectura pública. No obstante la proliferación de escuelas parroquiales a partir de 1680 y la aparición de la Gaceta de México en 1722, la transmisión oral de cuentos, refranes o proverbios, adivinanzas, aforismos, poemas y canciones fue muy habitual.

Arma persuasiva y disuasiva por excelencia, el sermón consagró su celebridad y creció en belleza y elaboración. Era clave de exhortación moral pero también de buen uso de la lengua. Una predicación rica en conceptos buscó estimular la sensibilidad e imaginación de los oyentes, tanto de la gente sencilla como de los letrados. Miguel Sánchez, Antonio de Alderete y Pablo de Salceda fueron predicadores que embelesaron a las multitudes.

Derecho. En materia de derecho, de la controversia sobre la legitimidad de la Conquista, la naturaleza de los indios y los servicios personales de éstos, el interés principal se ubicó en el problema de la identidad jurídica y política de los dominios americanos del rey de España. Los tratadistas disertaron sobre su carácter accesorio dentro de la Corona de Castilla, hecho que los distinguía de los reinos agregados según un principio diferenciador (aeque principaliter, «igualmente principales») que preservaba para cada uno sus leyes, usos y costumbres previos a la constitución de la monarquía española. Consecuentemente, Nueva España y Perú habían sido «incorporados» tras la Conquista y no «agregados». De este hecho jurídico, autores como Juan de Solórzano, Juan de Palafox o Lorenzo Ramírez de Prado desprendieron una serie de privilegios de tipo consensual esgrimidos en favor de los grupos criollos y sus intereses. El carácter «accesorio» de las Indias dio así lugar a una identidad ambigua en la que halló sustento un autogobierno muy imperfecto, es decir, una autonomía relativa en el contexto de la «monarquía católica» que encontraría obstáculos graves a partir sobre todo del reinado de Carlos III (1759-1788). De ello puede seguirse que las Indias no fueron nunca ni verdaderos «reinos» ni verdaderas «colonias».

Otro problema objeto de algunos juristas fue el de la «indianidad». Se trataba de la voluntad de reconstitución por parte de los pueblos de indios que aspiraban a obtener de la Corona privilegios y reconocimientos. Sus alegatos solían remontarse a los orígenes míticos e históricos del pueblo en cuestión, así como a la genealogía nobiliaria de sus gobernantes, muchas veces apócrifa.

Historia. En el terreno de las crónicas e historias se pasó de la etapa de los cronistas conquistadores y los frailes a un nuevo tipo de indagación, en parte como consecuencia del reconocimiento de las Indias emprendido por la Corona en la década de 1630. Los nuevos relatos consisten en la historia y descripción de los territorios y sus jurisdicciones; privilegian la diócesis o las alcaldías mayores como circunscripciones, e incluyen noticias de la gestión de los funcionarios. Dos ejemplos de excelencia de este género, al inicio y fin de nuestro periodo, son la Demarcación y descripción del obispado de Michoacán y fundación de su iglesia catedral, del canónigo Francisco Arnaldo de Ysassy (1649), y el Theatro americano: descripción general de los reynos y provincias de la Nueva España, del cosmógrafo José Antonio de Villaseñor y Sánchez (1746).

Poesía. La poesía había seguido tres líneas de evolución: las formas populares como el romance, el proverbio y el villancico; los poemas épicos, y las expresiones líricas. Ellas dieron incluso cuerpo a la manifestación de las lenguas autóctonas. Algunas regiones de Hispanoamérica conservaron memoria de antiguos romances de raíz o modelo hispanos hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, la principal finalidad de la labor poética durante la centuria aquí analizada fue recrear el patrimonio de la Antigüedad clásica ajustado a las verdades de la fe cristiana. Las grandes obras de ese legado, como la Eneida de Virgilio, se releían, memorizaban y comentaban. La estructura dialógica del villancico, traspuesta a lo divino, recuerda la tradición de origen medieval de las disputas y controversias. Su forma trivial de discusión resultó muy efectiva.

En Nueva España fueron numerosos los certámenes poéticos, sobre todo en ocasión de fiestas y ceremonias. En ellos la agudeza, el concepto y la erudición se ponderaban como los valores máximos de un escrito. Diversos autores reflejaron en sus obras líricas las tensiones y afanes de las generaciones criollas, decididas a no ir a la zaga de las peninsulares. Fue después de 1650, bajo el signo formal del barroco, cuando la poesía lírica dio sus mejores frutos. En ella los temas religiosos se mezclan con los mitológicos en un sentimiento amoroso llevado a la hipérbole; el elogio a la retórica participa de los juegos del espíritu y del malabarismo verbal. Nadie en Nueva España lo expresó mejor que sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), religiosa de la orden de San Jerónimo llamada el «Fénix de México», quien logró expresar su espíritu profano y su veneración por el saber. Lo hizo desde una celda conventual, seguramente de dimensiones generosas, provista de una biblioteca de 5000 volúmenes, además de instrumentos astronómicos y musicales. La obra de sor Juana es muy variada: numerosos poemas de circunstancia, pero también de amor, sobre todo sonetos, y un extenso poema filosófico, Primero sueño, intento de penetrar en los arcanos del mundo mediante la intuición poética.

Filosofía y teología. Tanto en las casas y colegios de formación de las órdenes religiosas como en los seminarios diocesanos y en las universidades de todas las Indias se enseñó lógica, filosofía natural y metafísica. Ahora bien, la filosofía desempeñó una función ancilar frente a la teología o estudio de la divinidad. Los cursos teológicos reagrupaban dos ramas: la dogmática y la moral. Al lado de la teología especulativa terminó por prevalecer la teología positiva que insistía en la recopilación y crítica directa de las fuentes.

El problema central del pensamiento filosófico y teológico se situó en el terreno de la conciencia, ahí donde los individuos realizan juicios de tipo moral acerca de lo bueno y lo bello, de lo verdadero y lo justo. Su principal formulación se hizo eco de una cuestión relevante en el pensamiento europeo: que las realidades humanas se interpretaban a partir de la distinción entre naturaleza y gracia divina. ¿Cómo encontrar y justificar una vía intermedia entre el poder pleno de Dios y la libertad humana que permitiera distinguir el bien del mal? Teólogos, filósofos, juristas y predicadores enseñaron que había un espacio que Dios había determinado mantener libre para que el hombre pudiera ejercitar su inteligencia. Reconocido ese lugar como lo propio del ser humano, se suscitó el problema de los márgenes para el ejercicio libre de la inteligencia. Esta doctrina, llamada probabilismo, mantuvo el principio de incertidumbre para apreciar las cosas humanas y de la naturaleza. Ella podía, por lo tanto, atentar contra las interpretaciones más radicales del principio de autoridad.

Las repercusiones políticas no se hicieron esperar. Las enseñanzas probabilistas reforzaban las formas contractuales del poder político heredadas de la Edad Media peninsular. Esos convenios o consensos, sin embargo, entraron en conflicto con los principios del despotismo ilustrado de los Borbones e incluso les resultaron contrarios. Tales principios presuponen la existencia de un «norte fijo» o marco invariable de referencia que evita tomar caminos o vías erróneas. Se halla fincado en una interpretación rigorista según la cual el probabilismo no invita sino al libertinaje y a la relajación de la ley.

Naturaleza y saber. Las Indias no fueron ajenas a las corrientes científicas modernas —atentas a la regularidad y recurrencia de fenómenos del mundo físico mediante la formulación de leyes— que habían penetrado en los virreinatos de Nueva España y Perú al menos desde el primer tercio del siglo XVII. Sin embargo, los discípulos y seguidores de Copérnico, Galileo, Descartes y Newton descollaron de manera más decisiva a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Con todo, ninguna de esas corrientes logró imponerse a la antigua tradición del saber y la enseñanza de raigambre mediterránea: su influjo en la formación de las sociedades hispanoamericanas explica seguramente ese desfase.

Astronomía y matemáticas. Como en otros dominios del saber, el perfil pragmático acabó por imponerse. Fueron los ingenieros y maquinistas el grupo de mayor dinamismo que imprimió un sello mecanicista a sus escritos. A causa del interés relacionado principalmente con la minería, surgieron manuales útiles para las operaciones mercantiles, la conversión de valores y los cálculos del impuesto del quinto real.

En 1638 el fraile mercedario fray Diego Rodríguez determinó la longitud de la ciudad de México (101° 27’ 30’’ al occidente de París) con mayor precisión que el sabio alemán Alejandro de Humboldt en 1803. Los astrónomos elaboraban almanaques y calendarios o bien determinaban las posiciones geográficas de algunos puntos. Destacó la familia Zúñiga y Ontiveros, que en México contó con varias generaciones de impresores, astrónomos y matemáticos. La magia natural se consideró un apéndice de la ciencia. Las «artes mágicas» exponían las fuerzas naturales y los elementos del cosmos que tenían efectos físicos y psíquicos.

Desde el primer tercio del siglo XVII se dejó sentir una corriente renovadora de los estudios matemáticos y astronómicos, si bien tímidamente. Ella se debió en parte al mismo fray Diego Rodríguez, con quien lograron difusión y exposición en las aulas las teorías de Copérnico, Tycho Brahe, Kepler y Galileo, en astronomía y física, y las de Tartaglia, Cardano y Neper, en matemáticas. Fue Rodríguez el primer titular de la cátedra de astrología y matemáticas instaurada en la Universidad de México en 1637. Mientras que el jesuita Eusebio Francisco Kino sostenía postulados de la astrología judiciaria, en su Libra astronómica (1681), publicada en 1690, el sabio criollo Carlos de Sigüenza y Góngora se mostraba partidario de Copérnico, Kepler y Descartes. La confrontación se seguía dando a mediados del siglo XVIII. Aun cuando los jesuitas estuvieron entre los principales propagandistas de las nuevas teorías, prevalecieron las reservas y las omisiones.

Música. Como saber asimilado al sistema antiguo de las artes liberales, la música fue un medio privilegiado de la cristianización. Los maestros de capilla de las catedrales de Nueva España produjeron una música extraordinariamente refinada. Pocas metrópolis musicales de las Indias (Santa Fe de Bogotá, Lima, Quito) pudieron rivalizar en sofisticación y esplendor con México y Puebla. A los grandes polifonistas como Hernán Franco y Juan Gutiérrez de Padilla se sumaron en el siglo XVIII Manuel de Zumaya e Ignacio de Jerusalén. Zumaya fue uno de los primeros músicos del Nuevo Mundo en componer una ópera, Parténope (1711), y uno de los primeros criollos designados como maestro de capilla, primero en México (1715-1738) y luego en Oaxaca (1738-1755). Jerusalén nació en Lecce (Italia) y sus contemporáneos lo describen como un «portento musical». En 1746 componía ya para la catedral de México desde el coliseo de esa misma capital, donde tres años después obtuvo el puesto de maestro de capilla que conservó hasta su muerte. Descuellan sus Vísperas de la Virgen de Guadalupe.

Artes plásticas. El contenido principal del arte en los reinos de las Indias estuvo ligado con la implantación del cristianismo. Los temas y la mayor parte de los maestros fueron de origen europeo. Las expresiones plásticas en Nueva España resultaron de un proceso de saber y enseñanza de los códigos visuales y auditivos desarrollados durante siglos en Europa occidental, pero eso no evitó la fuerte presencia de la mano autóctona y su sorprendente capacidad para imitar e interpretar. La representación de la figura humana, las convenciones para construir espacios, la utilización de la luz y del color, así como los recursos tipográficos hicieron de las ciudades centros de artes y oficios. Desde ahí, pintores, arquitectos, escultores y tipógrafos contribuyeron a mantener la imagen de una sociedad dada a la ostentación y a la piedad, mediante la magnificencia de iglesias, palacios, plazas y calles.

El concepto de tradición local, más que una difusión simplista y poco útil de los estilos europeos (gótico, renacentista, barroco, etc.), parece caracterizar mejor las artes en los dominios americanos del rey de España. Las tradiciones suponen la presencia de centros artísticos y de regiones donde, bajo su influencia, tuvo lugar la confección y ejecución de las obras. Las innovaciones de los artistas o de sus clientes y patrones se daban en ciudades importantes como México, Puebla o Oaxaca. A pesar de que las normas y decretos tendían a encerrar a los artistas en sus gremios se dio, de hecho, un entramado o red de patrones, maestros y artífices caracterizado por un sistema de contratos y subcontratos del que participaron sujetos y talleres de oficios diversos. Es difícil, en consecuencia, separar la arquitectura de la pintura y la escultura en razón de la fluidez de los contenidos narrativos, de los fines didácticos y de la composición de los grandes conjuntos de obras.

El siglo que va de 1650 a alrededor de 1770 fue el de más realizaciones en el dominio de las artes plásticas. Cientos de iglesias, colegios, hospitales y palacios fueron edificados de acuerdo con los rasgos particulares de verdaderas escuelas locales que llegaron a ser expresiones superiores del movimiento internacional llamado barroco. Varias dinastías de pintores que a lo largo del siglo XVII trabajaron en México para numerosos patrones dieron lugar a una escuela de pintura cuya celebridad se difundió por las principales ciudades de Nueva España.

Grandes conventos e iglesias urbanos de frailes y de monjas se edificaron entre 1640 y 1700. En los de Puebla la decoración es el aspecto más sobresaliente. La excelencia de los maestros yeseros, talladores y doradores se pone allí de manifiesto en la capilla del Rosario de Santo Domingo, compendio plástico de erudición teológica. El estuco policromado de la misma Puebla, de origen andaluz, siguió su propia evolución y trascendió los límites de la ciudad. Brilla multicolor bajo la mano autóctona en Tonanzintla o concreta el programa teológico de imágenes en la iglesia de los dominicos de Oaxaca.

El auge arquitectónico de la capital mexicana y sus alrededores durante la primera mitad del siglo XVIII fue impresionante. A la utilización de materiales locales como la piedra tezontle —combinada con la piedra chiluca, blancuzca— se debe la elegante policromía blanquirroja de edificios como la antigua Basílica de Guadalupe, el Sagrario de la Catedral Metropolitana, las iglesias de Santo Domingo, la de los jesuitas llamada Profesa, la Santísima Trinidad; queda también manifiesta en los palacios de la Inquisición y de la Aduana, o de la aristocracia (San Mateo de Valparaíso, Santiago de Calimaya, Heras y Soto, etc.). No faltaron intentos —sin éxito— de las autoridades centrales de imponer los elementos de esta tradición capitalina a algunas obras de las provincias como la catedral de Valladolid de Michoacán, ciudad donde acabó por cristalizar una modalidad propia. No obstante, la influencia de las modalidades ornamentales de la ciudad de México resultó decisiva en algunas poblaciones de la comarca más tarde conocida como El Bajío, sobre el camino real de Tierradentro que conducía a Zacatecas y más allá.

El largo siglo XVII fue en las Indias como el XIII en Europa occidental: de catedrales. En realidad la serie de las grandes catedrales peninsulares: Toledo, Sevilla, Zaragoza, Granada y Jaén, terminó en Valladolid de Castilla y se prolongó en Hispanoamérica. Es la catedral de México el edificio más grandioso jamás construido en las Indias en el espacio de tres siglos. La estructura principal quedó terminada alrededor de 1650-1660, aunque la construcción de sus torres y fachadas y la habilitación de sus naves y capillas fue objeto de grandes realizaciones artísticas hasta por lo menos la década de 1790. La capilla real de las catedrales, dispuesta en el ábside, se hizo ornamentar sucesivamente con grandes retablos. El de los Reyes de México es una obra maestra de proporciones ciclópeas que, tras su terminación en 1725 por el maestro Jerónimo de Balbás, se convirtió en un modelo sumamente prestigiado para la escultura y la arquitectura de Nueva España (figura 4). Por su parte, la escuela mexicana de pintura alcanzó su apogeo en la catedral de México en el último cuarto del siglo XVII. Fueron Cristóbal de Villalpando y Juan Correa los principales responsables; sus lienzos de gran formato de la sacristía son el mejor ejemplo de adaptación local de los modelos europeos.

CONCLUSIONES

En la primera mitad del siglo XVII, Hispanoamérica se había ganado un lugar en la incipiente economía global como abastecedora de metales preciosos, mientras que España perdía el control sobre los circuitos mercantiles al entrar en una fase de declive. Las élites novohispanas supieron aprovechar esta situación para ganar amplios márgenes de autonomía, por usurpación o por vía de negociación con la Corona. En este capítulo revisamos el desenvolvimiento de un régimen virreinal maduro, fincado en un crecimiento constante, demográfico y económico, y en una lenta, pero igualmente constante expansión territorial hacia el norte. Todo esto fue acompañado por un notable esplendor cultural. Había una relativa paz social. En las entretelas de los rituales, símbolos y discursos de la cultura barroca y católica subyacía la jerarquización y la desigualdad extrema de la sociedad. Conservar los pueblos de indios, con sus propias bases de subsistencia, amortiguaba los vaivenes de la economía de mercado y los altibajos de distribución de la riqueza.

No obstante, había problemas que saldrían a la superficie en tiempos venideros. En los confines del norte (la imprecisa «frontera» del siglo XVII) no se había vencido aún a los indios nómadas. Nuevos competidores externos aparecerían: los rusos en California y, sobre todo, Estados Unidos. En el plano socioeconómico, la conservación del sector de subsistencia pesaría durante todo el siglo XIX, y más allá, sobre todos los intentos de dinamizar la economía en términos capitalistas. Por lo pronto, otro problema se hizo ya sentir con más claridad. Tras la llegada al trono de los Borbones, la Corona no estuvo dispuesta a resignarse a la autonomía que las élites novohispanas habían ganado, e intentó convertir sus territorios ultramarinos en colonias provechosas, aun a costa de sus aliados tradicionales, los jesuitas, o los almaceneros de México.

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