LOS AÑOS DE LA CONQUISTA

BERNARDO GARCÍA MARTÍNEZ

El Colegio de México

INTRODUCCIÓN

Los relatos tradicionales de la historia mexicana dan por sentado que la época colonial, también llamada novohispana o virreinal, se inició tras la caída de México-Tenochtitlan en 1521. Pero tal precisión cronológica no es aplicable a la mayor parte del país ni a su transcurso económico, social o demográfico. Junto a los acontecimientos que implicaron un cambio radical o de valor simbólico hubo otros que se manifestaron de modo menos visible o en forma gradual. Así, antes que nada, hay que advertir que los primeros años de la época colonial discurrieron en un escenario de cambios y continuidades. Este capítulo tiene por objeto resaltar tanto unos como otras, así como examinar sus manifestaciones en diferentes partes del país.

La caída de México-Tenochtitlan en 1521 no marca un lindero absoluto o incontrovertible entre un antes y un después. Debe verse sólo como un episodio sobresaliente dentro de una compleja cadena de hechos que dieron forma a un periodo que se ha definido como la conquista, entendiendo como tal no sólo el sometimiento de una ciudad sino las muchas manifestaciones de la llegada de los españoles, la respuesta a ello, los enfrentamientos, los acomodos y, en fin, las consecuencias inmediatas del proceso que abarcó, según se trate de asuntos políticos, económicos o de otro tipo, desde 1519 o antes hasta alrededor de 1560. Este capítulo analiza la primera parte de ese proceso, lo que, según el caso, nos llevará hasta 1535 o 1545. Aún habrían de pasar otros cincuenta años para que el producto de la conquista, o sea Nueva España, dejara atrás los años de su periodo fundacional para entrar en una fase de madurez.

En el principio fueron las islas

Antes de considerar los acontecimientos iniciales debemos ver el contexto en que ocurrieron. Este asunto nos remite a la expansión de la economía y la cultura europeas a partir de las exploraciones marítimas portuguesas que, desde mediados del siglo XV, llevaron a establecer enclaves comerciales en algunos puntos de las costas de África, India y el Sudeste asiático, así como a ocupar Cabo Verde, las Azores y otras islas del Atlántico. Estos movimientos estuvieron alentados por la demanda europea de especias y seda, y en el caso de las islas por el interés en la caña de azúcar. Como algunas de estas islas estaban deshabitadas y en otras se diezmó a la población nativa, la economía azucarera se construyó sobre la base del trabajo esclavo. Así, el primer movimiento significativo de población que ocurrió en este contexto fue el de los esclavos de las costas de Guinea y Angola comprados por los portugueses, y a veces capturados por ellos mismos, para trabajar en esas islas. Los castellanos reprodujeron, en las islas Canarias, las actividades de los portugueses.

El deseo de los reyes de Castilla y Aragón de participar en los circuitos comerciales que se estaban formando los llevó en 1492 a financiar el viaje de Cristóbal Colón en busca de la India, con los resultados que son bien conocidos. La ocupación española de Cuba, Jamaica, Santo Domingo y Puerto Rico fue una réplica de la experiencia de las Canarias: ocupación violenta, producción de azúcar, colapso de la población nativa e introducción de esclavos africanos. Pero hubo algo diferente: el interés castellano por emigrar a esas tierras, formar asentamientos fijos y con un gobierno formal, crear un orden jurídico, mantener lazos con la tierra de origen, trasladar ganados y emprender diversas actividades agrícolas y finalmente reproducir en lo posible el entorno cultural y social de Castilla. Esto se explica porque este reino tenía un crecimiento demográfico alto y una economía incapaz de satisfacer las necesidades de gran parte de su población. Más tarde fueron los portugueses quienes siguieron los pasos de los castellanos, reproduciendo el proceso en las costas de Brasil.

Estos acontecimientos, que siguieron al sometimiento de los musulmanes de la península ibérica, coincidieron en 1492 con la consolidación de la monarquía en las coronas de Castilla y Aragón, reafirmada al poco tiempo con el ascenso al trono de Carlos I de Habsburgo, quien habría de ser, con el nombre más difundido de Carlos V, emperador en Alemania. Respaldada por su unificación dinástica, la fuerza de su nuevo rey y las ventajas económicas obtenidas de América, los reinos de España se encaminaban a integrar la potencia dominante del mundo europeo. Este prospecto se hizo realidad con la conquista de México y luego con la de Perú, resultado del avance de los españoles más allá de las islas, es decir, en el continente propiamente dicho.

Al mismo tiempo el continente americano, aún no llamado de este modo pero sí definido como las Indias o Nuevo Mundo, empezaba a participar de un circuito de intercambios que abarcaba el planeta e involucraba a personas, animales, plantas, metales, manufacturas y todo lo asociado con ello, desde las enfermedades hasta la cultura. Naturalmente, tales movimientos se manejaron de modo de satisfacer los intereses europeos, o españoles en particular, y de ello derivó la situación de dependencia que marcó a América en los siglos por venir. De ahí, y del interés de los españoles por colonizar, deriva el adjetivo de colonial que se aplica a este periodo de la historia.

Aspirantes a conquistadores

Los acontecimientos asociados con el inicio de la conquista tuvieron su origen en Cuba, donde los españoles llevaban casi veinte años de haberse establecido. Deseando expandirse, organizaron varias expediciones. Una de ellas, encabezada por Francisco Hernández de Córdoba, los condujo en 1517 a explorar la costa de Yucatán y dio lugar al primer contacto entre el mundo europeo y el mesoamericano. A esta expedición siguió otra y a continuación una tercera en la que ya eran claros los propósitos de conquista, asunto que implicaba precisar, entre los españoles, diversas cuestiones jurídicas que definieran y regularan los privilegios a que aspiraban los conquistadores.

La tercera de esas expediciones involucró a más de 600 soldados castellanos al mando de Hernando Cortés y desembarcó en Zempoala, cerca del actual puerto de Veracruz, en abril de 1519. Era un ejército privado, de voluntarios que aportaban navíos, armas, caballos y otros recursos. Su participación les daba derecho, eventualmente, a un botín o privilegio más o menos amplio. Pero en este caso no estaban actuando conforme a su propia ley, pues habían procedido sin el consentimiento de su jefe, el gobernador de Cuba. Es paradójico, pero había un barniz de legalidad en medio de acciones tan violentas y prepotentes como las que acompañaban a esas huestes, asunto que remite a los razonamientos con que España justificaba a los ojos del mundo europeo su reclamo sobre América y los medios con que la corona mantenía el control. Cortés tenía que legalizar su situación. Para ello recurrió a la argucia de armar un cabildo para su campamento, dándole la apariencia de una población —por entonces imaginaria—: la Villa Rica de la Vera Cruz. Tal acto le permitía legitimarse con respaldo en las prerrogativas municipales castellanas, que otorgaban cierta autonomía. Con esa base legal el ayuntamiento nombró a Cortés capitán general y justicia mayor.

En Castilla el poder real se fortalecía a costa de señoríos y municipios recortando privilegios de este tipo, pero en América toleraba irregularidades si el proceso conducía a la sumisión o conquista de tribus, naciones o señoríos, fuera para incorporarlos al imperio y la cristiandad, fuera para captar sus riquezas y tributos. Estos contradictorios fines daban sentido a lo que los españoles llamaban descubrimientos y conquistas y los historiadores definen como expansión imperial. Como quiera que se las llame, tales acciones entrecruzaban intereses elevados (o que así podrían calificarse) con otros muy terrenales y por ello se habían generado incompatibilidades y discordias entre los castellanos asentados en América. En este contexto se situaba la insubordinación de Cortés y sus soldados.

Estos últimos no estaban del todo seguros de sí mismos ni tenían un interés uniforme en la aventura. El disgusto o el miedo empujaban a muchos a regresar, pero Cortés se granjeó el apoyo de la mayoría, averió los barcos en que había llegado e impuso una disciplina muy rigurosa. Con la suerte echada, los conquistadores tuvieron que seguir adelante, dividiéndose por razones de estrategia.

Por otra parte, su contradictorio mundo religioso se alimentaba de la ilusión de que el apóstol Santiago los guiaba en las batallas. No faltaba entre ellos un clérigo, al que los miembros de la hueste, convencidos de que la fe los redimía, recurrían en busca de bendiciones y perdones. Los fundamentos ideológicos de la presencia de España en América y los derechos que reclamaba sobre su tierra y habitantes radicaban en la mentalidad de la época, que mantenía viva la mística de la guerra de los españoles cristianos contra los musulmanes. La conquista se justificaba —y se anhelaba— como instrumento para la difusión de la fe cristiana y el predominio de la iglesia.

PUEBLOS, CONQUISTAS Y DOMINIO INDIRECTO

Reyes de pequeños reinos

El panorama político, económico y social del mundo mesoamericano estaba dominado por gran número de señoríos, es decir, pequeños estados o cuerpos políticos que tenían diferentes grados de autonomía. Muchos eran tributarios de la Triple Alianza, encabezada por México-Tenochtitlan, pero otros eran independientes. De un modo u otro, eran las unidades básicas de la organización política prehispánica.

El término señorío es español y proviene de la percepción que los conquistadores tuvieron de aquello que les tocó ver, que se asemejaba a lo que en la tradición política europea se designaba con esa voz. El señorío mesoamericano se denominaba, en náhuatl, altépetl (literalmente «agua-cerro»), referencia simbólica al medio físico y su expresión territorial. Algunos historiadores modernos han equiparado el altépetl con una ciudad-estado, aunque se le definiría mejor como un principado en virtud de poseer una cabeza visible, linajes gobernantes y términos jurisdiccionales o territoriales más o menos delimitados. Los españoles se refirieron a él como pueblo o, para mayor precisión, pueblo de indios. Casi todos los señoríos estaban encabezados por un gobernante o «señor» hereditario, que de hecho era un pequeño rey y el personaje que encarnaba la legitimidad política. En náhuatl se le llamaba tlahtoani («el que habla»; plural, tlahtoque). Los españoles tradujeron esta palabra usando una voz arawaka que habría de tener gran difusión: cacique. Estas expresiones remitían a una organización política más desarrollada, estable y compleja que las simples tribus, clanes o jefaturas que había, por ejemplo, en las islas del Caribe o al norte de Mesoamérica. Así, en la terminología colonial, decir que cada pueblo tenía su cacique equivale a decir que cada altépetl tenía su tlahtoani. Debe recalcarse que el término pueblo, usado como pueblo de indios, define un pequeño estado o corporación política y su territorio; no una localidad en el sentido moderno de la palabra.

Los señores recibían tributos y servicios variados según los usos o prácticas de cada lugar, disfrutaban de prerrogativas y en algunas regiones poseían derechos específicos sobre algunos de sus dependientes, ligados a ciertas tierras y conocidos como mayeque («los que tienen manos»). Los españoles vieron en esta situación una similitud con la servidumbre europea y —haciendo caso omiso de muchas variantes— calificaron a esos dependientes como terrazgueros. En contrapartida, al tributario común se le llamaba macehualli, palabra de la que se derivó la española macehual.

Zempoala era uno de esos señoríos, totonaco por lengua y tradición, nahuatlizado por influencia o imposición cultural. Era asimismo tributario de México-Tenochtitlan. Como tal, pertenecía a un imperio aún no consolidado que se basaba en la sujeción de señoríos a los que se les respetaba la autonomía, pero no en la colonización o imposición de un régimen vertical de control. En algún momento, del tlahtoani de Zempoala o de sus allegados surgió la decisión de aliarse con los recién llegados, aun siendo patente que tal alianza era desigual. Acertado o no desde el punto de vista de sus consecuencias, el acto era, según se viera, insubordinación o ejercicio de soberanía.

Señoríos como Zempoala habría un millar. Los mexicas, con sus aliados, habían absorbido o controlaban algunas decenas e imponían tributo (en bienes o en trabajo) y otras obligaciones (militares o rituales) a seis o siete centenares más. En la Matrícula de Tributos, documento prehispánico posteriormente retocado del que puede verse un detalle en la figura 1, se halla uno de los testimonios más elocuentes de sus conquistas. Aparte, muchos señoríos estaban englobados en otras construcciones políticas más o menos desarrolladas, como la alianza tlaxcalteca, las inestables coaliciones yucatecas o el más conspicuo y desarrollado reino de Michoacán. Los restantes eran independientes y se ubicaban por las sierras orientales, la costa del Pacífico, la zona zapoteca, Tabasco, Chiapas y Guatemala, entre otros lugares.

Los mil señoríos mesoamericanos eran una expresión política que recogía el trasfondo de una civilización compartida por siglos, si bien eran muy variados en su composición interna y en los rasgos lingüísticos o étnicos de sus habitantes. Había señoríos simples, de una sola localidad, relativamente cerrados y poco estratificados, y los había plurales, cosmopolitas, con asentamientos complejos y ricos en jerarquías sociales, desde nobles hasta esclavos. En muchos de ellos convivía, bajo un mismo señor, una población de lenguas o culturas diversas (mexicanos y totonacos, mixtecos y popolocas, chinantecos y zapotecos, etc.). Algunos reinos mixtecos eran resultado de alianzas dinásticas y actuaban de modo conjunto, aunque preservando la individualidad de sus componentes.

Alianzas y guerras

La alianza entre Zempoala, que actuaba en nombre propio, y la hueste de Cortés, que lo hacía en nombre del rey de España, marcó el parámetro a seguir. Desde ese momento, y hasta 1524 o 1525, se celebraron otras alianzas que implicaron una sumisión pacífica. Fue el caso de los señoríos tlaxcaltecas, Huejotzingo, Tehuacán, Coixtlahuaca, Xicochimalco, los señoríos totonacos serranos y muchos más que harían una larga lista. Al mismo tiempo, o con el apoyo de esas alianzas, los españoles pudieron dominar otros señoríos por la fuerza: con ellos se podría hacer otra lista no menos larga: Tepeaca, Cuauhtinchan, Tecamachalco, Xalatzingo, entre otros, y buen número de señoríos independientes: Metztitlán, Tututepec (dos del mismo nombre) y los zapotecos serranos, por citar sólo algunos. Esquema parecido habrían de aplicar después otros conquistadores en diversas regiones mesoamericanas.

Sabemos poco o nada de la historia particular de cada señorío, pero en cada uno debieron de haberse dado posiciones encontradas y disensiones profundas. En algunos no se pudo imponer un curso único de acción, de modo que una parte se alió y otra no, o con el tiempo hubo cambios de postura. Las crónicas españolas hablan de «rebeliones» en aquellos señoríos que, habiendo llegado a algún tipo de alianza, optaron por desconocerla, o de aquéllos, como el zapoteca Tiltepec y los de la región mixe, donde la conquista tardó años en resolverse. Salvo por el caso tlaxcalteca, no es sabido que hayan formado algún bloque significativo en uno u otro sentido, de manera que casi siempre actuaron solos.

Tanto las alianzas como los enfrentamientos dieron por hecha la subsistencia de los señoríos como unidades políticas. Los derrotados y dominados por la fuerza no fueron desmantelados, sino que en ellos los españoles desplazaron del poder a los líderes enemigos y pusieron en su lugar a los enemigos de los enemigos, que nunca faltaban. Recuérdese que el pasado mesoamericano estaba lleno de guerras y conquistas. En algunos señoríos del Valle de Toluca, por ejemplo, Cortés expulsó a los nobles mexicas que dominaban los gobiernos locales y colocó en su lugar a nobles nativos, matlatzincas, en los que supuestamente recaía la sucesión legítima. La resistencia de los primeros daba paso a la alianza de los segundos, al tiempo que la conquista española hallaba parte de su sustento en la realidad mesoamericana.

Usualmente se considera que la conquista implicó una ruptura con el pasado, lo cual es cierto, pero esa ruptura no fue tan radical como podría parecer a primera vista. Más bien la conquista absorbió en gran medida ese pasado, y las subsistencias fueron tan notables como los cambios. La esencia de la conquista española radicó precisamente en ello. Los señoríos subsistieron como cuerpos políticos y unidades corporativas durante la época colonial, y tanto los tlahtoque como los nobles permanecieron en sus posiciones de privilegio, recibiendo los tributos y servicios que les correspondían (y que se contaban aparte de los que se pagaban a los dominadores) durante todo el siglo XVI y aun después.

La gran conquista

Al lado de esto se desarrolló una acción de gran significado estratégico y simbólico, la conquista de México-Tenochtitlan, joya del mosaico político mesoamericano y su más destacado centro económico. Desde un principio los españoles se habían impuesto como fin último apoderarse de la ciudad de México (que en sí misma era formalmente un señorío como cualquier otro, pero con un desarrollo urbano mucho mayor). Toda la empresa de Cortés fue definida por él mismo como la conquista de México, pues eso era lo que hacía su hazaña superior y diferente de las conquistas de otros, y así se ha reconocido desde entonces. Las acciones políticas y militares iniciadas en Zempoala estuvieron siempre referidas a la ciudad de México, como si las alianzas con incontables señoríos y las victorias militares en distintas regiones no significaran nada a falta de esa meta privilegiada. Analizándolas bien, tan importante fue la gran conquista como las conquistas cotidianas.

La alianza con los señoríos tlaxcaltecas dio a Cortés un apoyo cuantioso y permanente al tiempo que lo hacía interlocutor obligado para una cuestión central de la política mesoamericana: la resistencia frente al dominio mexica. Obedeciendo a una decisión no del todo explicable, Moteczuma, hueytlahtoani (gran tlahtoani) o rey de México, permitió a los españoles instalarse en la ciudad en noviembre de 1519. Si de ello pudo haber surgido algún acuerdo político tal vez nunca lo sabremos, pero lo cierto es que la convivencia fue desigual y Moteczuma se dejó capturar como rehén. La presencia de los españoles se convirtió en una ocupación militar que les brindó información y recursos al tiempo que fracturaba la integridad política de la Triple Alianza, pero también generó el movimiento de resistencia que culminó con la deposición y muerte de Moteczuma y el inicio de una guerra abierta contra los ocupantes. Éstos se habían debilitado durante una breve ausencia de Cortés (que fue a la Vera Cruz a enfrentar un ejército que el gobernador de Cuba había enviado para castigarlo). Los españoles y sus aliados fueron expulsados, diezmados y perseguidos hasta los límites de Tlaxcala, donde encontraron refugio y prepararon su siguiente acción.

De julio de 1520 a agosto de 1521 la guerra de la conquista de México consistió básicamente en el sitio, acoso y destrucción de la ciudad hasta que se rindió por hambre y por la viruela que, introducida por los conquistadores, mató a muchos de sus defensores, incluido el propio hueytlahtoani Cuitláhuac, sucesor de Moteczuma. A la ventaja de sus caballos y armas de fuego, los atacantes añadían la de refuerzos que habían llegado de la Vera Cruz. Aun así, la victoria no les fue fácil. Cortés tuvo que construir varios bergantines para imponer su poder sobre el entorno lacustre de la ciudad. Fue en una canoa, el 13 de agosto de 1521, donde se hizo la captura de Cuauhtémoc, jefe de la resistencia y último hueytlahtoani. Para entonces, las alianzas y sometimientos españoles habían desarticulado el imperio, y las conquistas mexicas, en su mayor parte logradas durante el siglo xv, habían pasado a nuevas manos. La ciudad conquistadora venía a ser una ciudad conquistada.

La fecha del 13 de agosto se convirtió en símbolo de victoria y los españoles la celebraron durante toda la época colonial, pero en realidad el proceso de la conquista no terminó allí, como tampoco había empezado en México. Los conquistadores continuaron sus campañas luego de esa fecha desde una base fija en Coyoacán, en la ribera del lago, que les permitió servirse de las vías de comunicación y los mecanismos de abasto creados para la ciudad prehispánica. Alianzas y acciones militares continuaron hasta 1525 o 1526. En éstas los españoles triunfaron siempre, no sin intensas batallas y grandes dificultades (de lo que se sabe poco, pues la mayoría de las fuentes se limitan a narrar el sitio de México-Tenochtitlan).

Las ventajas de la posición estratégica de los españoles se hicieron evidentes en la conquista de Michoacán. Este reino también se había constituido sobre la base de señoríos particulares, sin embargo atados con firmeza a la soberanía de su rey o cazontzi, quien, por tanto, encabezaba la organización estatal más compacta de Mesoamérica. Los españoles sometieron Michoacán mediante una ocupación militar, haciendo poco uso de las armas de manera directa pero ejerciendo una gran presión. El sometimiento del reino operó, cabe decir, de arriba abajo, a partir de que los españoles impusieron al cazontzi Tzintzicha el reconocimiento de la corona de Castilla, pero sin desplazarlo como señor de otros señores. Tzintzicha, sin embargo, no pudo o no supo formalizar este arreglo tan singular, que en cierto sentido convertía a Michoacán en una especie de protectorado.

Una Nueva España imperial

La toma de México dio vuelo al proyecto político de los conquistadores, que se ubicaron como sucesores del imperio mexicano. Interpretaron que, al rendirse, Cuauhtémoc entregaba no sólo su propio señorío sino todo su imperio, con lo que se abrió paso a un formalismo político que ideó el «Reino de la Nueva España» como legítimo sucesor del «imperio de Moteczuma» (es decir, la Triple Alianza). La nueva construcción política resultaba aún más extensa que la de su presunta predecesora porque incluía señoríos previamente independientes, como los tlaxcaltecas, si bien éstos, en premio a su ayuda, ganaban ciertos privilegios y un rango político especial. En la práctica la conquista dependía de la sumisión de los dirigentes de cada señorío, pero la infraestructura política y económica creada por los mexicas no era para menospreciarse, ni mucho menos su aura imperial, de modo que los españoles sentarían sus reales en México, en su centro mismo, conservando hasta el nombre de la ciudad.

En congruencia con su proyecto, los conquistadores decidieron reedificar y rediseñar la derrotada y destruida ciudad (soslayando los problemas de su ubicación lacustre), para erigirla como capital de Nueva España. Las cosas, pues, no habrían de cambiar tanto como pudo haberse pensado. Para empezar, el destino de los tributos seguiría siendo, geográficamente, el mismo. En más de un señorío se ha de haber sufrido un desengaño al considerar que, al aliarse con los españoles, el resultado apetecido no había sido exactamente ese. Se suponía que México iba a ser vencida. Y lo fue, pero los españoles conquistaron México no por haberla vencido y destruido, sino porque acto seguido la hicieron suya. Paradoja de la conquista, México, la ciudad conquistada, fue inmediatamente restituida a su posición de ciudad conquistadora.

Encomiendas y doctrinas

Nueva España nació como calca de la Triple Alianza no sólo por las consideraciones expuestas sino por su estructura funcional. El control de los señoríos conquistados se expresó en la continuidad de las obligaciones tributarias, básicamente las mismas que antes demandaba la Triple Alianza, con la obvia excepción de servicios militares y cuerpos para el sacrificio. De su cumplimiento quedaban responsabilizados los tlahtoque o caciques. Se comprenderá que la supervivencia de los señoríos y sus gobernantes era esencial para que el sistema funcionara, pues los españoles no tenían otro modo de ejercer un gobierno: eran muy pocos. Su debilidad numérica no les impedía ganar batallas, pues podían apoyarse en aliados y en ventajas tecnológicas, pero mantener lo ganado era algo diferente: se vieron obligados a idear un sistema de dominio indirecto, lo que supone una intermediación efectiva entre dominador y gobernado.

Para dar sustancia a esa intermediación, para la cual los caciques solos no bastaban, Cortés «encomendó» a cada conquistador hacerse cargo de dos o tres señoríos en nombre del rey. Tal encargo obligaba al conquistador, o encomendero, a mantener la relación establecida en los señoríos que se le asignaban, es decir, en sus encomiendas. La figura 2, tomada de un documento colonial, el Códice Osuna, reproduce un esquema tan elocuente de estos vínculos como en su momento lo fue la Matrícula de Tributos. El encomendero debía permanecer en alerta militar para que no hubiera vuelta atrás en las alianzas y victorias de los españoles, así como apoyar la difusión de la fe cristiana, en pago de lo cual el rey le cedía los tributos a que los señoríos estaban obligados, incluyendo los que se prestaban en forma de trabajo, que en lo sucesivo se conocieron como servicio personal. El conquistador recibía así diversos productos y podía disponer de trabajadores casi para lo que quisiera. Las encomiendas fueron algo más de quinientas. Cortés se encomendó algunos señoríos a sí mismo, mientras que los de mayor importancia, como el propio México, los tlaxcaltecas (premiados con exención de tributos) y algunos otros, quedaron sujetos directamente al rey.

A pesar de sus prerrogativas, los encomenderos estaban en posición de debilidad. Sus armas y capacidad de respuesta eran exiguas si se considera que ya no integraban la hueste organizada de las primeras campañas. No en balde estuvieron preocupados por su seguridad y buscaron agruparse en asentamientos compactos. Por lo demás, formaban un grupo desigual, en el que la distribución de encomiendas reflejaba la posición o capacidad de negociación de cada uno. Como había señoríos grandes y chicos, ricos y pobres, los tributos que pagaban podían ser verdaderas fortunas o unas cuantas cargas de maíz. Hondas enemistades surgieron entonces, y a veces en vano, porque muchas encomiendas ricas se empobrecieron como resultado de la contracción demográfica que vino después.

El planteamiento de la encomienda estuvo ligado a las necesidades de la evangelización, que se entendía como algo consustancial a la conquista. La difusión de la fe cristiana fue iniciada por misioneros aislados y en 1522 el papa Adriano VI la asignó a los frailes de las órdenes mendicantes, que en América tendrían derecho a ejercer la administración parroquial. Los primeros en establecerse en Nueva España fueron los franciscanos, en 1524, y antes de 10 años lo hicieron los dominicos, agustinos y mercedarios (éstos, no mendicantes, destinados a Guatemala). También hubo algunos sacerdotes seculares. Como los encomenderos, tuvieron que apoyarse en la realidad preexistente para penetrar en terrenos esenciales para su labor, como la educación y la organización comunitaria. Así, en forma congruente con los parámetros de la conquista, tuvieron que ajustarse a la disposición de los señoríos, los mismos que habían sido sujetos de alianzas, guerras y encomiendas, en cada uno de los cuales (hasta donde les fue posible, porque no pudieron hacerlo en todos) fundaron una doctrina, equivalente a una parroquia o unidad de administración religiosa, con su respectiva iglesia y, de ser posible, su casa conventual. Los términos o jurisdicción de cada doctrina se calcaron sobre los del señorío en que se encontraba (o englobando a varios si no se podía erigir una doctrina en cada uno).

Los encomenderos estaban obligados a mantener a los frailes o doctrineros, de modo que encomiendas y doctrinas marcharon a la par. La red de relaciones se cerraba en cada señorío con el cacique y los individuos de mayor jerarquía. Su adhesión a las prácticas cristianas era esencial para inducir la respuesta positiva de sus subordinados y lograr que cumplieran las obligaciones contraídas, como asistir a misa, dar limosna, edificar iglesias o enviar a los niños (especialmente los hijos de los nobles) a cursos de religión: adoctrinamiento en el sentido más puro del término. Un punto muy sensible fue promover la recomposición de las familias conforme a criterios monogámicos y nucleares según el modelo cristiano, lo que suponía alterar normas de sexualidad, matrimonio, parentesco y herencia; esto no habría sido posible sin el apoyo de las autoridades locales. La misma red de relaciones operó para estrechar el cerco que acabó clausurando los templos y demás lugares de culto prehispánicos, y ahogando a sus sacerdotes por hostigamiento, falta de recursos y agresión abierta. La red operó también en sentido contrario, brindando consideraciones y privilegios en pago de la cooperación.

Encomenderos, caciques y doctrineros formaron así una trilogía ligada con firmeza, si bien no necesariamente coherente. Aunque las diferencias entre unos y otros dieron lugar a enfrentamientos, casi siempre dirimidos en favor de los religiosos (cuya fuerza moral y corporativa no era desdeñable), y aunque unos se movieran por el altruismo y otros por el egoísmo, la ambición o el sentido de supervivencia, una tácita comunión de intereses amarró a los tres en el esfuerzo por realizar un proyecto de vida.

Un mundo de amos y señores

Un proyecto así suponía una sociedad señorial armada por piezas independientes. Esto no significaba sustraerse a la supremacía del rey y la iglesia, pero sí que cada pieza gozaba de privilegios y libertad de acción. Los encomenderos ambicionaron que sus posiciones fueran hereditarias y que se les permitiera disponer de tierras e impartir justicia, punto este último que los religiosos veían más bien dentro de su esfera de acción. Unos y otros compartían la opinión de que ningún otro español debía asentarse dentro de los espacios que habían logrado dominar y aprovechar. Los frailes argumentaban que ésa era una forma de proteger a la población, a los indios, de abusos y malos ejemplos. La corona se opuso a esas propuestas de sabor feudal, o al menos las matizó. No le agradaba la idea de repartir tanto poder. Sólo a Cortés se le concedió un privilegio mayor en la forma de un señorío jurisdiccional hereditario con título de nobleza, el Marquesado del Valle de Oaxaca, el cual abarcó casi todos los señoríos que él se había encomendado a sí mismo en distintas regiones de Nueva España: un privilegio disperso y limitado. Fue una concesión extraordinaria y única.

Los caciques fueron pieza importante de esa sociedad señorial en virtud de su carácter de «señores naturales», el cual les daba derecho a impartir justicia y otorgar tierras, o sea, ejercer jurisdicción. A su lado subsistía la nobleza nativa, adornada con privilegios variados, aunque desprovista de matices guerreros y religiosos, alterada por nuevas reglas de sucesión y simplificada bajo una categoría que borraba sus diferencias: todos sus miembros empezaron a ser designados indistintamente como «principales». Aun así, pertenecer a un linaje noble o ilustre se mantuvo como elemento de prestigio y poder y como fundamento legitimador de las posiciones de mando tanto en los niveles centrales o superiores como en secciones o dependencias de los pueblos. La continuidad de los linajes es más que evidente en documentos legitimadores coloniales como, por ejemplo, el Códice de Xicotepec, del que pueden verse dos fragmentos en la figura 3. Con todo, hubo problemas derivados de que se restringió la legitimidad de los linajes a la descendencia habida dentro de un matrimonio sancionado por la iglesia. Esto originó disputas que llevarían a la secesión de algunos señoríos.

Los encomenderos no querían ser menos y aspiraban a ejercer también jurisdicción, adquirir tintes de nobleza y equiparar sus encomiendas con los señoríos españoles de solariego. Procuraron emparentar con la crema y nata de los señoríos desposando a las hijas de los caciques, muchas de las cuales heredarían los títulos, convirtiéndose en cacicas por derecho propio. Pero la corona procedió a moderar las prerrogativas de estos gobernantes. Una orden de 1538 pretendió prohibir que se les siguiera llamando «señores», y en lugar del término señorío se favoreció el menos comprometedor de pueblo de indios.

Independientemente de los términos, la realidad que englobaba a caciques, encomenderos y frailes existía por encima de sus privilegios y proyectos: estaba formada por los numerosos pueblos del mosaico político mesoamericano, los cuales no dejaban de poderse identificar, todavía, como pequeños estados. Ciertamente Nueva España tenía una cabeza en la ciudad de México y ostentaba rasgos de unidad, pero su cuerpo no era sino la suma de sus conquistas, y en este sentido era un organismo débil en el que las decisiones críticas se hacían sentir más de abajo arriba que de arriba abajo. Los pueblos eran las piezas en que se movía el espectro social y de las que provenía el sustento económico de la construcción colonial. La supervivencia de aquéllos era esencial para la de ésta, al menos mientras los españoles no formaran una sociedad por sí mismos ni contaran con recursos productivos propios.

A la corona le daba gusto que el proyecto novohispano diera sustancia a la incipiente expansión imperial de España, pero también le generaba inquietud. Estaba dispuesta a ceder algo a cambio de los beneficios de la conquista, pero le preocupaba un escenario, no probable pero sí posible, en que Cortés u otro personaje decidiera coronarse rey en tierras americanas. Sin ir tan lejos, los conquistadores conocían las prerrogativas de que se podían servir para demandar fueros y privilegios, como se vio cuando establecieron su ayuntamiento en la Vera Cruz. De aquella argucia legal resultaba ahora que Cortés estaba al mando de todo un imperio. La corona enfrentó el hecho nombrándolo gobernador, capitán general y justicia mayor en 1522, con lo cual lo hacía directamente responsable ante ella, ventaja importante para una monarquía que apenas empezaba su consolidación administrativa con la creación de un sistema de organismos coordinadores y consultivos, entre ellos el Consejo de Indias, erigido en 1524 para atender los asuntos de América. (Las fechas que se citan en diversas obras de historia para actos formales ocurridos durante el temprano periodo colonial suelen variar según se tome en cuenta la disposición que los determinó, el acatamiento formal o su realización efectiva, máxime que la lentitud de las comunicaciones podía significar que entre la primera y la última pasara hasta un año o más).

La corona rechazó la designación de los encomenderos previendo las exigencias que vendrían después. Pero Cortés había presentado hechos consumados, argumentando que la encomienda era el único modo de conservar la conquista y retener a los españoles. La corona aceptó el argumento y abrió espacios para legalizar diversos aspectos de la encomienda a partir de 1526. Fue sin embargo firme al condenar, en 1535, la esclavitud de los americanos por herencia o compra, fomentada por muchos de los primeros encomenderos con base en precedentes prehispánicos o en conveniencias oportunas. Tomar cautivos de guerra, en cambio, sí se aceptó como legítimo. Así, los primeros pasos dados por la corona fueron guiados por un pragmatismo muy ponderado. Tras ellos debe advertirse la figura de Francisco de los Cobos, consejero de Indias, personaje crucial hasta su muerte en 1547. Él estuvo detrás de muchas de las decisiones tomadas y de quienes recibieron las responsabilidades más serias.

Las consideraciones ideológicas

El pragmatismo tenía un contrapeso, pues había consideraciones adicionales con respecto al mundo europeo y cristiano. La religión desempeñaba un papel crucial en este sentido y la legitimación del derecho de España sobre las Indias se fundaba en el compromiso de cristianizar a su población.

Mucho se dijo sobre los principios que deberían normar, conforme al derecho y la ley cristiana, la relación de la corona con los habitantes de América, colectivamente uniformados con el nombre de indios. Mientras que para unos debían ser esclavizados, por paganos y salvajes, otros les reconocían los derechos naturales de todo ser humano, agregando que debía considerárselos igual que a otros vasallos del rey. Esta tesis fue sustentada por tratadistas como Francisco de Vitoria. A ellos se debe el tinte humanista que matizó la expansión española en América durante casi todo el siglo XVI, así como la base para el desarrollo de la «defensa de los indios», no sólo un principio de conducta sino una herramienta en el juego político, asunto en el que habría de destacar el dominico fray Bartolomé de las Casas. Aunque las posturas de esta naturaleza eran variadas y contradictorias, la corona se inclinó poco a poco hacia ellas, ajustándolas a sus intereses. Los acontecimientos de México contribuyeron a definir la política al respecto, ya que no se trataba de un dominio sobre tribus con una organización política menos sofisticada, como las del Caribe, sino de la conquista de un imperio cuya cultura, riqueza y civilidad eran superiores, de manera que no se podían tomar a la ligera sus instituciones, usos y costumbres. Entre otras complejidades, había conceptos y prácticas de propiedad y se reconoció que los indios, como vasallos del rey, tenían pleno derecho a ella. Por lo tanto, habría que respetar las propiedades individuales, comunales o corporativas, y las inherentes a cargos y oficios (por ejemplo las tierras de caciques y nobles, muchas de ellas con sus respectivos mayeques, aunque no las de templos y sacerdotes de la religión indígena, éstas sí confiscadas). En la ley al menos, los encomenderos no podían disponer de las tierras ni otros bienes de sus encomendados, lo cual no quiere decir que la tierra no cambiara de manos: en los turbulentos años de la conquista la ley que valía era la del más fuerte.

Aunque el apelativo de «reino» que se dio a Nueva España y más tarde al Perú suponía un estatus prestigioso equiparable a otros de la monarquía, como la propia Castilla, Aragón, Navarra o Nápoles, el equivalente era engañoso. Su mayor significación estaba en que abrigaba a sus habitantes, de la naturaleza que fuesen, bajo el estado de derecho que legitimaba la soberanía del monarca. Esto, sin embargo, no significaba igualdad, pues los indios fueron declarados inmaduros, como menores de edad, y con ello se les impusieron limitaciones jurídicas y una marcada inferioridad social. También los españoles americanos habrían de sufrir desventajas frente a los peninsulares.

Los años del desgobierno

En la práctica estos asuntos fueron más complejos y lentos que en la teoría. La corona no asentó de golpe su control sobre Nueva España ni se hizo de un día para otro de la estructura institucional requerida para hacer honor a la imagen formal que se le daba. Los primeros enviados de la corona fueron oficiales reales, es decir, de la real hacienda (tesorero, contador, factor y veedor, llegados a México en 1524), y reflejaban más que nada el interés por asegurar la parte de los botines, tributos y otros beneficios (especialmente los quintos o vigésimas partes del oro obtenido) que correspondían al rey. No había una autoridad ejecutiva clara y estable, y se cuestionaba el poder de Cortés. En un mal momento decidió Cortés viajar a Honduras —las Hibueras, que él consideraba parte de Nueva España— para dirimir una absurda disputa jurisdiccional con uno de sus capitanes. Los encomenderos aprovecharon su ausencia para enfrascarse en pleitos tan viscerales que todo el proyecto de la conquista estuvo a punto de venirse abajo. En ello se envolvieron con los oficiales reales, que se habían hecho cargo del gobierno pero no pudieron o no quisieron ponerse por encima de la situación. Acto seguido estos oficiales se pelearon entre sí haciendo gala de furor: dos de ellos (el factor Salazar y el veedor Chirinos) acabaron encerrados en sendas jaulas en 1526, fuera porque no había cárcel donde meterlos o porque de ese modo su derrota era más pintoresca. La lucha era sórdida, y a ella se sumaban otros españoles que poco a poco iban arribando al país.

Los encomenderos eran reemplazados al son de los vaivenes políticos. Entre los nuevos designados había gente de perfiles y aspiraciones diversas, incluidos los propios oficiales reales. Estos nuevos encomenderos, mejor armados, más seguros en su fuerza y más ambiciosos, hallaron ocasión para desmedirse explotando sin control a la población puesta a su cargo. Los franciscanos juzgaron tan inmoral el ambiente que al año de su llegada, en 1525, protestaron con un breve entredicho (la suspensión de cultos): era una llamada de atención por la arbitrariedad del gobierno. Aun el propio Cortés tuvo que regresar a España a rendir cuenta de sus actos, defenderse de acusaciones y negociar privilegios. Fueron años de terror y desorden, de los cuales quedan pocos testimonios, aunque podría destacarse el papel estabilizador de los franciscanos y del contador Rodrigo de Albornoz, uno de los pocos que parecen haber guardado ecuanimidad ante las turbulencias.

Algunos consideraban que Nueva España estaba a punto de perderse, y tal vez tenían razón en cuanto a que la construcción política cimentada en la ciudad de México estaba resquebrajada y el fundamento de las alianzas se tambaleaba. Pero no todas las conquistas eran Nueva España, y otros conquistadores tenían proyectos diferentes. Distintos ejércitos, fueran independientes (como el de Francisco de Garay), o desprendidos del de Cortés (como el de Pedro de Alvarado), habían ganado el control de otros señoríos en regiones donde los españoles no habían entrado antes. No todos actuaron del mismo modo, ya que no tenían las mismas ideas respecto a la naturaleza del dominio español. Garay intentó en la Huasteca una conquista de tipo violento y depredador que tuvo pobres resultados; Alvarado, siguiendo el modelo cortesiano, tuvo considerable éxito entre los mayas de las tierras altas. Ambas empresas desembocaron (a pesar de Cortés y su perspectiva centralista) en la creación de cuerpos políticos separados: las gobernaciones de Pánuco (1527, subsistente hasta 1534) y Guatemala (1533). La decisión de separar gobiernos (que provino del Consejo de Indias) abría campo para canalizar ambiciones y energías, llevándolas al terreno jurisdiccional. La política novohispana había nacido bajo el signo de la guerra y el caudillismo, de manera que un modo de evitar roces era poniendo a cada quien en cotos separados. El siguiente paso abriría el camino para que el control político dependiera de un equilibrio entre elementos en competencia.

En 1528 la corona intentó fortalecer su presencia instaurando en México una audiencia, es decir, un cuerpo colegiado con atribuciones principalmente judiciales pero también de gobierno (hasta entonces los asuntos legales de Nueva España y sus satélites se dirimían en la que desde tiempo atrás existía en Santo Domingo). Sin embargo, resultó peor el remedio que la enfermedad, pues sus integrantes (presidente y oidores) pecaron de lo mismo que supuestamente iban a combatir. Nuño Beltrán de Guzmán, el presidente, que había sido gobernador de Pánuco, sentía tal enemistad hacia Cortés y todo lo que se asociara con él que se dedicó a organizar la represión y el despojo de sus seguidores y a redistribuir de nuevo las encomiendas, exacerbando los excesos ya conocidos en perjuicio de la población nativa. Los eclesiásticos, que desde el mismo 1528 contaban con la fuerza de un obispo, impusieron un nuevo entredicho en 1530 con los mismos fines del anterior, pero también para poner a prueba el forcejeo político que se llevaba a cabo en esferas más altas. Por el momento la crisis se resolvió con un oportuno desahogo: Guzmán optó por desentenderse de los asuntos de México para poner sus ojos en otros horizontes.

La desafortunada experiencia sirvió, sin embargo, para que se oyeran mejor las voces de quienes pugnaban por un gobierno más justo y ordenado. Sus razonamientos hacían imperativo seguir el enfoque que hacía de la protección de los indios un rasgo esencial del gobierno. La corona dispuso el reemplazo de los integrantes de la audiencia en 1530. Puso en ella (la «segunda audiencia», le dicen) a individuos de prestigio, como Vasco de Quiroga, abogado, y Sebastián Ramírez de Fuenleal, obispo de Santo Domingo. Así, las posiciones de más jerarquía, arrebatadas a los conquistadores, quedaban en manos de letrados y eclesiásticos, lo cual daba forma a un escenario político distinto del anterior. También era la primera vez que la corona actuaba no sólo para estar presente (y cobrar impuestos) sino para hacer sentir sus principios de gobierno, no del todo coincidentes con el sistema de dominio planteado por los conquistadores.

Sin embargo, este gobierno representaba la fragilidad de Nueva España. Estaba superpuesto a una realidad que lo rebasaba, y carecía de ramificaciones regionales, de modo que los encomenderos seguían siendo esenciales para controlar el país. Era imperativo crear un mecanismo administrativo que respondiera a los intereses de la corona y estuviera diseñado de acuerdo con la realidad novohispana. Esta tarea se llevó a cabo siguiendo los pasos de los propios conquistadores, buscando sustento en la misma realidad que había fundamentado el inicio del dominio español: los señoríos.

Las bases del orden jurídico

La corona decidió colocar jueces en los pueblos, primeramente en los que estaban adjudicados al rey y en aquellos donde por una u otra razón no había encomenderos. El proceso se completó en menos de una década a partir de 1531. Se trataba de los llamados corregidores (porque actuaban como co-regidores, es decir, acompañantes del gobierno local), cuyas funciones eran hacerse cargo de los casos de justicia (con excepción de los más triviales, dejados a las autoridades nativas) y de asuntos administrativos, en particular la recaudación de tributos, los destinados «al rey», es decir, al gobierno central, del cual eran representantes. Es comprensible, pues, que en un documento como el citado Códice de Xicotepec (figura 3), lugar donde la encomienda no había subsistido, apareciera un corregidor al lado de los personajes relevantes del pueblo. El ideal era que los corregidores fueran letrados, lo que no se cumplió, pero se estableció una burocracia judicial que les sirvió de respaldo. Tómese en cuenta que en esa época se ponía énfasis en que la esencia del gobierno estaba en la procuración de justicia, y que el manejo administrativo era consecuencia del ejercicio de los principios jurídicos. De allí que la legislación fuera predominantemente casuística. Los ámbitos jurisdiccionales de los corregidores coincidieron con los de los pueblos, como ocurría con las encomiendas, y en ello puede observarse una vez más la continuidad entre el pasado prehispánico y la organización colonial. En otras palabras, un mismo mapa político se dibujaba para ambos (y para la administración eclesiástica).

Un siguiente paso fue extender la autoridad de los corregidores sobre los pueblos encomendados. Paralelamente, la audiencia creó un instrumento necesario para intervenir en el mecanismo de los tributos: las tasaciones. El monto de tributos y servicios personales se había determinado desde el momento inicial siguiendo lineamientos prehispánicos, pero, sin control alguno, los encomenderos los cobraban a su arbitrio, ya por la fuerza o en combinación con caciques y nobles. Cuando la corona pudo contar con el personal adecuado dispuso que la cuantificación o tasación de tributos y servicios fuera facultad exclusiva de la autoridad central y que de ello se derivara una matrícula de tributarios para cada pueblo, es decir, un conteo de cabezas de familia que, en algunos casos, tuvo casi las características de un censo.

Las primeras tasaciones, aunque desiguales y arbitrarias, fueron un paso decisivo para limitar el poder de caciques y encomenderos, establecer una administración civil y un régimen de derecho y comenzar una reforma que aliviara las cargas que oprimían a la mayor parte de la población. La dificultad de la tarea se reflejó en la sospecha de que en 1555 los encomenderos mandaron asesinar al visitador Diego Ramírez, funcionario encargado de revisar las tasaciones sobre el terreno. Aunque la acusación no se probó, refleja la naturaleza de los intereses que estaban en juego. Paulatinamente las tasaciones se ajustaron conforme a un criterio más o menos uniforme y equitativo, calculadas en razón del número de habitantes, y de preferencia expresadas en dinero. Pero este proceso no siempre fue claro, y como muestra debe advertirse que el cargo de corregidor recayó no pocas veces en individuos que habían sido encomenderos. Más que introducir correctivos radicales, lo que el gobierno hacía era dar lugar a juegos de equilibrio.

La acción de la corona también se dirigió a los pueblos, con miras a formar en ellos cuerpos de gobierno ajustados a las prácticas castellanas, establecidos, además, en una localidad fija. En estas metas coincidían los doctrineros y la corona. Pero el ejercicio de la autoridad local tenía casi tantas variantes como pueblos había. La respuesta española a esa complejidad fue establecer en cada uno de ellos un órgano de gobierno y justicia diseñado conforme a un modelo inspirado en los ayuntamientos castellanos, el cabildo, en cuyos cargos —gobernador, alcaldes, regidores, alguaciles y otros menores— habrían de acomodarse las funciones típicas de un gobierno de dimensiones locales, como el de la mayoría de los pueblos. Al cabildo se le llamó con más frecuencia «cuerpo de república», «república de naturales», «república de indios» o simplemente república. En los primeros tiempos fue común designar a los caciques (que en sí no eran parte del cabildo) como gobernadores, y todos los cargos habrían de ser cubiertos por principales —no por macehuales— mediante un proceso anual que combinaba mecanismos de rotación y elección. La figura del gobernador (que no existía en los cabildos castellanos) realzaba el carácter administrativo de la organización, cuyo establecimiento fijo en una localidad sancionaba la posición central de ésta como cabecera. Para 1550 gran cantidad de pueblos habían formado sus cuerpos de república, que ocuparon un sitio de privilegio al lado de los caciques en la red de controles e intereses que operaban en el seno de cada pueblo y en su relación con los españoles. Frailes, encomenderos y corregidores metieron mucha mano en su organización y más en las elecciones anuales.

A partir de 1554, al tiempo que se consolidaban las doctrinas y se difundían las tasaciones, y en relación con los cuerpos de república, se estableció en cada pueblo una caja de comunidad, especie de tesorería que físicamente era un arcón de tres llaves (para el cacique, el cabildo y el corregidor) donde se guardaban los fondos del pueblo, o fondos comunes. Tales recursos no existían previamente, o no del mismo modo, de manera que hubo que constituirlos recurriendo a exacciones diversas, de las que la más conspicua fue un impuesto personal de un real y medio por año (real y medio de comunidad) que se mantuvo vigente durante toda la época colonial. La construcción y mantenimiento de los conventos y la celebración de las fiestas religiosas descansaron en buena medida en esos fondos. Hay que tener presente que la palabra comunidad designaba específicamente lo que podríamos llamar hacienda o tesoro público, que incluía, además de dinero, diversos bienes muebles e inmuebles.

La conformación de los cuerpos de república y la consolidación de las cajas de comunidad se sumaron a la edificación de iglesias y conventos y a la denominación de un santo patrono para fortalecer la identidad de las cabeceras. Pero los pueblos tenían otros asentamientos, por lo regular dispersos o entremezclados, que se identificaron como barrios, estancias o, más genéricamente, sujetos. Casi todos se individualizaron alrededor de alguna capilla o por un santo patrono específico, y algunos, sobre todo los asociados con ciertos linajes nobles, llegaron a tener oficiales de república propios e iglesias más formales. El papel de los sujetos habría de crecer notablemente en la historia de los pueblos.

Así, cada pueblo tuvo en su república un cuerpo de gobierno y en su comunidad un conjunto de bienes colectivos. República y comunidad eran componentes del pueblo, como también lo eran, en otro sentido, la cabecera y los sujetos, y asimismo el cacique, los principales y el común (los macehuales y terrazgueros).

Por debajo de estas transformaciones seguían vigentes algunas prácticas tradicionales frente a las cuales los españoles permanecieron ajenos. Por ejemplo, era asunto interno de cada pueblo determinar el número de alcaldes, a qué grupo social o área geográfica representarían y cuál sería su orden de precedencia. En cuanto a los tributos y servicios, cada pueblo entregaba cierta cantidad de productos y destinaba gente para el trabajo, tributo que acabó siendo tasado o regulado por la corona en razón del número de habitantes. Ahora bien, la tasación señalaba lo que el cacique tenía que entregar a nombre de su pueblo, pero no prejuzgaba sobre el modo como él cobraba efectivamente esa carga. Entre sus facultades estaba prorratearla equitativamente o de otra manera dependiendo de la costumbre o de su voluntad. Considérese que el principio de equidad en el tributo que normaba las tasaciones no necesariamente correspondía a la tradición prehispánica, y que en cada pueblo podía haber razones internas, a veces derivadas de acontecimientos muy antiguos, para distribuir la carga tributaria de otra manera. Asimismo, casi no hubo disposiciones relativas a los terrazgueros (que formalmente no eran tributarios), puesto que se desempeñaban dentro de lo que podríamos llamar esfera íntima de los caciques. La determinación de los tributos en dinero habría de moderar las diferencias y limitar las excepciones, pero no borrarlas del todo. Así pues, si bien es cierto que los pueblos ajustaron su gobierno a las normas españolas, y que lo hicieron con relativa facilidad, también es cierto que eso tuvo mucho de fachada y que las continuidades funcionales fueron tan importantes como los cambios formales.

Hacia 1550 Nueva España comprendía alrededor de un millar de pueblos, cada uno con su respectiva cabecera y varios sujetos. Más de la mitad subsistía en encomienda; otros habían pasado al control de los corregidores. Alrededor de dos terceras partes estaban a cargo de religiosos doctrineros y los demás dependían de curas diocesanos. Pudiera parecer paradójico, pero fueron centenares los que pasaron por esos años de enormes sacudidas sin cambio alguno en sus linajes gobernantes, composición social, vida económica, términos territoriales, posesiones, relativa autonomía y cultura básica. Si esto ocurrió así fue porque la conquista se basó en el sistema de dominio indirecto que se ha referido y porque caciques, encomenderos y doctrineros —unas cuantas personas, en realidad— proporcionaron la intermediación que un sistema como ése requería. Todo ello pone de manifiesto las continuidades inherentes al periodo de la conquista, en el que se superponen el final del mundo prehispánico y el principio del colonial.

SOCIEDAD CONQUISTADA Y SOCIEDAD INCRUSTADA

Epidemias y otras tragedias

Ahora debemos destacar los quiebres y las rupturas, es decir, los acontecimientos de los que resultó un contraste u oposición entre esos dos mundos. Se trata de episodios muy sensibles, de naturaleza trágica y terminal, como la destrucción y la muerte, o cargados de combinaciones ambivalentes de temor y esperanza o de lealtades divididas, como cuando conducían a una definición excluyente entre dos sistemas de vida, al respecto, por ejemplo de la religión. Son asuntos que involucraron no sólo a los poderosos que tomaban las decisiones y definían las políticas, sino a todos. Lo poco que sabemos de la gente común es lo que se desprende de situaciones como las que examinaremos enseguida.

Los relatos de Cortés cuentan que en batallas y emboscadas se mataba a enemigos por centenares. Las armas de fuego hicieron lo suyo ante quienes las desconocían, y tal vez nunca antes se había matado tan rápidamente a tanta gente. Sin embargo, estas muertes no han de haber sido más terribles que las que ya eran comunes en el mundo mesoamericano, de por sí guerrero y ritualmente sanguinario. Además, la muerte en guerra era honrosa, aun para los españoles. Peor fue la muerte lenta e incomprensible causada por las enfermedades que los europeos introdujeron en una tierra donde eran desconocidas y cuya población no tenía defensas biológicas ni recursos específicos para combatirlas.

La primera de esas enfermedades fue la viruela, introducida en 1520 por un enfermo cuando tropas del gobernador de Cuba se presentaron en la Vera Cruz intentando detener a Cortés, justo antes de que estallaran las hostilidades con los mexicas. La viruela era uno de los componentes del circuito de intercambios que iba cubriendo el planeta, y hasta este momento era desconocida en Mesoamérica. Por ello su población resultó extremadamente vulnerable al contagio: en menos de un año se había extendido causando la muerte de no menos de tres millones de personas, aunque no hay testimonios que nos permitan conocer exactamente cuántos ni dónde. Algunos cálculos elevan esta cifra a diez millones. El cuadro 1 condensa los datos propuestos por los especialistas en la materia.

Gran parte de las muertes se originaron por algún tipo de contagio, pero otras fueron resultado indirecto: la enfermedad irrumpió en un sistema ecológico frágil, presionado por una población demasiado numerosa en relación con la limitada tecnología de subsistencia que tenía a su alcance. En circunstancias así cualquier desequilibrio puede desencadenar trastornos inmanejables. Epidemias más localizadas repitieron el cuadro aunque con menor intensidad, hasta que en 1545 otra enfermedad, aparentemente el sarampión, volvió a arrasar. Fue entonces cuando muchos pueblos ya debilitados demográficamente desaparecieron por completo, en particular en las regiones costeras. En esa recta final entraron Huaspaltepec, Xicayán, Tututepec (el del sur), Yopitzinco y muchos más. No quedó rastro de ellos.

Se ha calificado esta tragedia humana como «catástrofe demográfica», pero tal concepto refleja sólo un aspecto cuantitativo. La desaparición o decadencia de muchos pueblos no fue la simple secuela del hecho demográfico sino de la situación que, en conjunto, completaba el cuadro de las epidemias, acompañado del abandono de las actividades productivas (el cultivo de la tierra principalmente), la destrucción de las estructuras sociales (empezando por la familia), la fuga de individuos (sanos o enfermos —léase portadores), etc. Superada la enfermedad quedaban otros problemas como, por ejemplo, reorganizar el poder local si los dirigentes habían muerto o reasignar recursos. La poca población que subsistió en muchos pueblos no pudo costear la reproducción del sistema o convenir en ello. Naturalmente, deshecho el cuerpo político, se acabó el sistema que permitía captar y canalizar tributos; muchas encomiendas quedaron reducidas a nada.

Otros muertos fueron víctimas de las diversas formas de explotación que se desencadenaron durante por lo menos diez años. Esto provino del desequilibrio y las fracturas sociales que acompañaron la conquista así como del desgobierno introducido por los españoles durante la década de 1520. La explotación tomó diversas formas, desde el despojo de tierras hasta la esclavización de personas obligadas por los encomenderos a trabajar en empresas como la extracción de oro en placeres y minas o para venderlas donde hiciera falta: en Cuba, por ejemplo. Nadie llevó la cuenta de cuántos quedaron en el camino. Este flagelo azotó de manera notable los señoríos de la Huasteca y las zonas auríferas de la cuenca del Balsas. Algunos cronistas hablan de poblaciones que optaron por suicidarse o matar a sus hijos para librarse o librarlos de tan terrible destino: aunque corresponden a hechos aislados y numéricamente poco importantes, eran el reflejo de una tremenda desesperación que dejaba su marca en la sociedad mesoamericana.

Paisajes destrozados y paisajes nuevos

El trastorno social condujo a una redefinición de la geografía: no en balde el proceso tuvo un componente ecológico. La Nueva España de 1550 había quedado sólo con alrededor de tres millones de personas (sin contar los 35 000 nacidos fuera de ella: españoles y esclavos de ascendencia africana), lo que daba una densidad de población muy baja en promedio aunque con grandes variaciones. El perfil del poblamiento había cambiado con el descenso demográfico. En la época prehispánica todas las regiones mesoamericanas estuvieron ocupadas por una nutrida población, pero al mediar el siglo XVI las zonas costeras habían quedado casi desiertas, no de manera absoluta pero sí al grado de perder mucho de su organización, rasgos culturales y cualquier protagonismo económico que pudieron haber tenido. El caso más dramático fue el de la provincia de Acalán, al sureste de la Laguna de Términos, que había sido una región activa a través de la cual se tejían redes de intercambio que abarcaban toda el área maya: a la mitad del siglo estaba muy disminuida y cinco décadas después desbaratada y despoblada. Fue el principio de buenos tiempos para el bosque húmedo tropical, que dispondría de tres siglos para echar sus raíces sobre localidades y cultivos abandonados. Nueva España cobraba forma como un país cuya población subsistía concentrada en el interior, en las áreas serranas y el altiplano, que no estuvieron al margen de los males referidos pero se vieron comparativamente menos afectados por ellos.

Los españoles reforzaron el patrón mencionado, pues se asentaron en el altiplano y rehuyeron las costas, calificándolas de peligrosas y malsanas. Aun la Vera Cruz, a pesar de la formalidad de su origen, de su reubicación en un mejor sitio (el conocido como Antigua Veracruz) y de su importancia como punto de enlace con el exterior, no pasó de ser una localidad pequeña que se activaba sólo con el arribo de algún navío. La política de fronteras cerradas que implantó la corona alimentó también esta situación. Como puede advertirse, la evolución del poblamiento se combinaba con los desarrollos económicos y políticos para resaltar la situación privilegiada del altiplano, cuyo dominio sobre el conjunto se hacía más evidente y menos competido que nunca. La conformación espacial centralizada del México moderno empezó a cobrar forma en esos años de mediados del siglo XVI.

El paisaje cultural (sobre todo el rural) sufrió un cambio llamativo, pues por todas partes quedaba testimonio de lo que ocurría: moradas vacías, tierras abandonadas, caminos cerrados por la vegetación, terrazas erosionadas, canales azolvados, huertos y chinampas en desuso. Hubo también un proceso de concentración de la población, ya que algunos pequeños asentamientos quedaron reducidos a un número tan bajo de personas que debió haberse hecho imposible desarrollar en ellos una vida de relación, máxime si se requería mantener sistemas agrícolas que demandaran abundante mano de obra. Además, habiendo tierras abandonadas por todas partes, ¿por qué desaprovechar las mejores?

Debe tenerse presente que los españoles todavía no ejercían gran presión sobre la tierra, aunque lo harían después. Su presencia se dejaba sentir de manera indirecta. Los primeros en aprovecharse de muchos de esos lugares abandonados provinieron del otro lado del Atlántico y se expandieron con rapidez en América, pero no fueron personas sino reses y ovejas. El ganado impuso un dominio a menudo depredador sobre su nuevo entorno ambiental y propició cambios culturales, no sólo por el consumo de carne que se popularizó de manera casi inmediata, sino porque esos animales nunca antes vistos se asociaban con símbolos y valores que irrumpían agresivamente en el mundo mesoamericano.

La llegada de los santos

Llegamos al terreno donde los españoles impusieron un paradigma nuevo y contrapuesto al del pasado prehispánico: la evangelización. En este ámbito la conquista pretendía alcanzar una redefinición absoluta en términos religiosos por parte de la población mesoamericana y, con ella, una suerte de negación del pasado. Algunos historiadores han dado en llamar a este proceso «conquista espiritual». Sin embargo, tal concepto resulta engañoso porque el proceso de la evangelización distó de ser un asunto meramente espiritual, ya que, a pesar de su énfasis en la construcción de una nueva visión del mundo, estaba amarrado a las continuidades esenciales de la conquista y sus paradigmas políticos: recuérdese que el desarrollo práctico u operativo de la labor religiosa descansó en las doctrinas y, por extensión, en la identidad corporativa de los pueblos. Puede decirse que se evangelizó antes a los pueblos (y acaso más) que a las mentes individuales.

Del mismo modo que la realidad de una geografía transformada se plasmaba en su propio y novedoso paisaje cultural, una imagen diferente del cosmos —la vida, la muerte, el más allá— se abría paso con representaciones nuevas de la tierra, los cielos y los infiernos. Vírgenes, ángeles y santos fueron personajes tan novedosos en el paisaje espiritual como vacas, gallos y ovejas lo fueron en el material. Alrededor de estas figuras, aceptadas o repudiadas, debieron tejerse en las mentes mesoamericanas las imágenes más inmediatas, así como las más universalmente compartidas (es decir, no sólo por señores y nobles, sino por todos), de un mundo ajeno que invadía sus vidas.

El número de frailes que comenzaron la evangelización fue insignificante al principio (no llegaban a cincuenta), pero su influencia resultó enorme, no sólo por la autoridad moral que se les reconocía sino por la calidad humana y el empeño de los que arribaron en los primeros tiempos. Estos frailes —Martín de Valencia, Toribio de Motolinía, Domingo de Betanzos, Agustín de la Coruña, por citar a algunos— vinieron motivados por un movimiento renovador que sacudía a la iglesia española, y en él se inspiraron para establecer un contacto íntimo con la población americana.

Como las religiones prehispánicas se basaban en conceptos, símbolos y rituales ajenos a los cristianos, la tarea que los evangelizadores tenían ante sí no era fácil; por añadidura, predicaban una religión excluyente. Algunos frailes creyeron lograr su meta con sólo el ejemplo y la predicación, pero poco a poco, mientras el número de religiosos crecía en Nueva España hasta rebasar el medio millar, su labor se encarriló por caminos más metódicos. Iniciando sus labores en templos improvisados (pues tuvieron que esperar años antes de disponer de conventos y grandes iglesias), especialmente en tierras del altiplano y hacia Guatemala, que eran los lugares más poblados y estables, orientaron sus esfuerzos hacia labores de educación y organización comunitaria. El establecimiento de las doctrinas les brindó el sustento operativo ideal para llevar esto a la práctica, pero necesitaban más: debieron aprender las lenguas americanas e informarse sobre la historia y costumbres de la población. Fruto de ello fueron vocabularios y textos de gramática, así como enjundiosos estudios históricos y descriptivos gracias a los cuales poseemos testimonios de una civilización de la que, de otro modo, conoceríamos muy poco. Ejemplos de esa labor, entre varios, son la Historia general de las cosas de la Nueva España, de fray Bernardino de Sahagún, y la Relación de Michoacán (figura 4), atribuida al franciscano fray Jerónimo de Alcalá.

Los frailes lograron también compenetrarse de la sensibilidad de la población, lo que explica el acierto que tuvieron al elegir ciertas fechas y lugares para establecer los ritos cristianos, así como al acompañarlos de fiestas, piezas teatrales y cantos que la gente común disfrutaba enormemente y apreciaba como manifestaciones de convivencia y cooperación. Desde luego se echaba mano del arte con un propósito social. En cuanto a la educación, los frailes no perdieron de vista la importancia de influir en los niños. Tan fue así, al menos en un momento inicial, que en ese contexto surgieron los llamados «niños mártires» de Tlaxcala (1527-1528), que se cuentan entre los primeros héroes religiosos de Nueva España, pero cuyo triste fin no debe desligarse del hecho de que, instigados por los frailes, habían propiciado la prisión y deshonra de sus padres. Estas historias terribles fueron excepcionales, pero demuestran el potencial explosivo de tales asuntos y la intensidad de las emociones que entrañaban.

Es difícil saber qué tanto lograron los primeros frailes penetrar en las conciencias individuales, pues aunque obtuvieron resultados llamativos en cuanto a la asistencia a misa y la recepción de algunos sacramentos, eso no implicaba una conversión real. Muchos asistían a las ceremonias forzados por las autoridades de sus pueblos, como cumpliendo una obligación asociada con el tributo u otras tantas que había. Todavía más difícil (y no siempre alcanzado) fue lograr el desarraigo de las religiones mesoamericanas. Durante una o dos generaciones el cristianismo coexistió con ellas, aunque se las hostilizó tanto que su práctica tuvo que volverse clandestina. Los religiosos se esforzaron mucho, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo, en buscar y destruir «idolatrías» ocultas. Con todo, infinidad de prácticas y creencias de contenido religioso, especialmente en el terreno de lo mágico, subsistieron aquí y allá y en algunos casos han llegado hasta nuestros días.

A pesar de sus limitaciones la labor de los frailes fue exitosa en lo esencial, máxime si se considera que la cuestión propiamente religiosa fue sólo una parte del proceso de transformación cultural. Para los frailes lo religioso era, sin duda, un fin en sí mismo, pero la perspectiva del tiempo nos muestra que la evangelización fue más bien uno de los varios escenarios donde se desarrolló lo que podríamos llamar la esfera íntima de la conquista. Algunos de los cambios más profundos ocurrieron al margen de la evangelización en sí, en la vida cotidiana, en contacto con objetos, símbolos y valores del mundo europeo, como por ejemplo en el vestuario. En ese conjunto indivisible hay que ubicar la parte más honda del drama humano que mencionamos, plasmado en la necesidad de encontrar acomodo entre dos sistemas de vida.

Inmigrantes y fundadores

Nueva España empezó siendo tierra de soldados y frailes que construían mecanismos de dominio sobre señoríos de antiguo origen, pero poco a poco se perfiló como país de colonización y nuevos espacios y sistemas de vida. Los beneficios de la conquista no podían seguir siendo administrados y gozados en exclusiva por quienes la iniciaron, pues la tierra se había ocupado en nombre de la corona de Castilla y ya eran muchos los nativos de allá, criados en un mundo con gran movilidad social, que deseaban viajar a América en busca de un futuro promisorio. Los presuntos colonizadores que año con año cruzaban el Atlántico —pobladores, se les decía, para distinguirlos de los conquistadores— no sólo tenían autorización para poblar, sino que se les estimulaba a ello.

Muchos de los primeros pobladores llegaron invitados por encomenderos y funcionarios de gobierno, a quienes les gustaba mantener parientes y criados mandados traer, con ostentación, de sus aldeas andaluzas o extremeñas. Unos jalaron a otros. Surgió una demanda de manufacturas europeas, caballos, ganado vacuno, granos y otros bienes, y llegaron comerciantes encargados de satisfacerla. Se necesitaron individuos capaces de levantar casas, hacer muebles, cortar y coser ropa, curar gente, curtir pieles y cultivar trigo utilizando diseños, materiales y herramientas del mundo europeo. No importaba si en España ocupaban una posición baja o si no tenían licencia para ejercer; en América se les reconocía como maestros o titulados y podían disfrutar de una situación prestigiosa. Además, como aliciente, se les eximía de los tributos a que estaban obligados en Castilla, lo que permitía a cualquier individuo ordinario revestirse con los atributos de un privilegiado o «hidalgo». Estas gentes trajeron a sus mujeres o enviaron por ellas. El paso a América, sin embargo, estuvo restringido a los castellanos (aunque hubo excepciones) y requería un permiso especial.

Conquistadores y pobladores importaron esclavos negros (en su mayoría de ascendencia guineana, pero que habían pasado por España o las Antillas), fuera para labores rudas o para servicio y lucimiento personales. Era una medida costosa, pero menos problemática que la de servirse exclusivamente de la mano de obra local, acaparada por los encomenderos; además, alimentándose de la cultura judeocristiana de la época, aun quienes elaboraron los fundamentos ideológicos de la defensa de los indios no objetaron la explotación de los negros. La imagen verdadera de la colonización de Nueva España en sus primeros momentos surge ante nuestros ojos una vez que consideramos que a mediados del siglo XVI vivían en ella unos 20 000 individuos de origen o ascendencia europea y no menos de 15 000 de raíz africana, más varones que mujeres en ambos casos (cuadro 1). Los cálculos que se pueden hacer para esta época son inciertos, pero esa gente, parte de la cual había nacido en tierras americanas y por ello se le designaba como criolla, equivalía a 1.5% de la población novohispana.

Vecinos, ladinos y mestizos

Para 1535 había ya, además de la ciudad de México y la Vera Cruz, varias fundaciones españolas: San Sebastián de Colima, Antequera de Oaxaca, Ciudad Real de Chiapa (hoy San Cristóbal de las Casas) y otras que no prosperaron. A pesar de sus títulos elaborados eran muy pequeñas (en la mayor de ellas vivían 150 vecinos o cabezas de familia a lo sumo, sin contar a los esclavos), pero se habían formalizado erigiendo sus respectivos ayuntamientos, lo que les permitía alegar privilegios corporativos. Algunas (no todas) recibieron el rango de ciudad, además de ciertas distinciones eclesiásticas. De más sustancia fue la Puebla de los Ángeles, fundada en 1531 con apoyo de la audiencia en un sitio despoblado de la frontera de Tlaxcala y que para 1550 sumaba alrededor de 500 vecinos. Este título no se daba a todos los residentes de estas fundaciones, sino sólo a los que, cumpliendo diversos requisitos, tenían registro formal en los libros de los ayuntamientos. Otros habitantes podían tener otras categorías.

Sobre todas las ciudades destacaba, por tamaño, riqueza y preeminencia, la de México, con 2000 vecinos. Hasta una imprenta había ya en ella (establecida en 1539; la figura 5 muestra la portada de una de sus primeras publicaciones), indicador de que se vislumbraba un escenario cultural de corte europeo. Éste se afirmaba también en casas de estudios que se habían fundado en ciertos conventos, señaladamente en los dominicos, donde se impartían cátedras sueltas no sólo para los religiosos o para quienes se prepararan para serlo (en esa época tanto españoles como indios), sino también para los seglares. Se había creado asimismo (en 1543) el colegio episcopal de San Nicolás en Pátzcuaro, y todo el proceso adquirió solidez cuando la Universidad de México abrió sus puertas en 1553.

Los ayuntamientos sentaron las bases de una vida urbana y reflejaron las distinciones sociales, el carácter y las ocupaciones prioritarias de los pobladores en la disposición espacial de las ciudades, trazándolas conforme a un plano reticular y con una plaza central, tal como subsisten hasta hoy. Un orden jerárquico colocaba al ayuntamiento y la iglesia en los lugares más privilegiados alrededor de la plaza, y lo mismo al comercio. Alrededor de esa área o traza, la periferia se destinaba a los más pobres, al «vulgo», y a la población que formalmente no pertenecía al conjunto, sino a los pueblos circundantes o, como en el caso de México, a los habitantes del señorío prehispánico desplazado, cuya continuidad se plasmaba en un gobierno aparte (diferente del ayuntamiento español) que ejercía su jurisdicción sobre secciones llamadas parcialidades.

Las fundaciones españolas estaban incrustadas en espacios ocupados por los pueblos, en intersticios entre unos y otros o adosadas a ellos: la ciudad de México se superpuso sobre la capital prehispánica; Antequera sobre una guarnición mexica, y Puebla se sirvió de una faja fronteriza deshabitada. Otras fundaciones siguieron vías intermedias. De un modo u otro se consolidaron como núcleos de población, centros económicos y, a su tiempo, capitales regionales, desplazando en estas funciones a las localidades circunvecinas. Atrajeron a gente de los pueblos de su entorno. Hubo quienes acudían a diario a vender productos y quienes se volvían residentes fijos. No por ello cortaban lazos con sus pueblos o, en otras palabras, no quedaban fuera de sus matrículas de tributarios, aunque la tentación y la posibilidad de hacerlo habrían de ir poco a poco en ascenso. En las periferias de las fundaciones españolas se formaron barrios de personas que residían físicamente en el área urbana pero sin ser integrantes formales de la colectividad (y eventualmente de ninguna —de ahí la abundancia, documentada, de «vagos»). Esta situación reflejaba el germen de una relación nueva entre la población preexistente y la que irrumpía: no la relación de superposición entre conquistador y conquistado ni el ajuste de permanencias que se daba al abrigo de los pueblos, sino una relación de vecindad, competencia y desigualdad entre los viejos pueblos y las nuevas fundaciones, o por decirlo de otro modo, entre la sociedad conquistada y una nueva sociedad incrustada. Esta relación conduciría con el tiempo a expresiones diversas de movilidad, dependencia o desarraigo.

Algunos vecinos o pobladores, asentados en sus respectivas fundaciones, mantuvieron una vida tranquila limitada a sus quehaceres urbanos, pero otros se lanzaron a recorrer Nueva España buscando oportunidades. Cabe señalar que para penetrar en lo profundo del país debieron contar inicialmente con la aquiescencia u orientación de encomenderos y frailes, pero a su tiempo habrían de construir sus propias redes de relaciones y hallar modos de comunicarse directamente con los pueblos y, en contadas ocasiones, residir en ellos. Ya antes de 1550 el náhuatl y otras lenguas se daban con fluidez entre muchos pobladores españoles, y con mayor razón entre sus hijos nacidos en Nueva España. Muchos habían recibido esas lenguas de sus madres o nodrizas. En contrapartida, numerosos caciques y principales se hispanizaron prontamente —ladinos, se les decía. A partir de 1550 o 1560 era posible desplazarse por casi toda Nueva España hablando sólo castellano, sin necesidad de intérpretes y topándose por lo menos con un español o ladino en cada jornada.

Conduciéndose con soltura entre contextos culturales diferentes, independientemente de genes y fenotipos, esa gente encarnaba el inicio de lo que se ha definido como mestizaje racial y cultural, transculturación, coexistencia o de otras maneras. El fenómeno alcanzó suficiente dimensión para originar expectativas y preocupaciones. Muchos mestizos provinieron de uniones legalizadas y estables, pero tal vez los más fueron fruto de violaciones o uniones ocasionales, en cuyo caso su acomodo social dependía del destino de la madre o del reconocimiento por parte del padre: lo mismo podían acabar figurando entre los tributarios de un pueblo de indios que entre los vecinos de una fundación española o alimentando la informe masa de «vagos», que más que tales eran sólo gente sin identificación formal y con un espíritu libre que preocupaba a las autoridades. Es casi imposible cuantificar a unos u otros porque no hubo una expresión estadística o jurídica definida donde acomodarlos. No fueron muchos en los primeros años, pero si se considera el producto de diversas combinaciones imaginables, incluidas las que incorporaban sangre africana, se comprenderá que el mestizaje crecía, se extendía en todas direcciones (tanto sociales como geográficas) y rebasaba cualquier clasificación.

Nuevos quehaceres económicos

Los españoles se ubicaron como los principales beneficiarios de la explotación de recursos naturales y mano de obra, aunque no fueron los únicos. Tampoco hubo nada que garantizara a todos una posición dominante en lo económico. Algunos lo lograron, otros no. Iniciativas de grandes vuelos dominaron el despegue y marcaron el desarrollo del escenario económico colonial, pero no toda la actividad de los pobladores puede reducirse a ellas. Conforme pasó el tiempo los españoles ligados a Nueva España se vieron asociados con orígenes, calidades e intereses tan diversos y contrastantes, y con fortunas tan disímiles, que su definición de origen perdió la nitidez que pudo haber tenido al principio. Los españoles que llegaron pobres a América para seguir siendo pobres (o para acabar siéndolo por las vueltas de la fortuna) tuvieron un perfil socioeconómico diferente al de los que escribieron las páginas del éxito. Se sabe mucho menos de aquéllos que de éstos.

El dominio económico de los españoles más afortunados se afianzó en ciertos campos que ellos mismos inauguraron con iniciativa personal y apoyo político. El nombre de Francisco de los Cobos aparecía a menudo, con financiamientos y privilegios. Fueron encomenderos bien colocados, y señaladamente el propio Cortés y el virrey Mendoza, quienes promovieron actividades nuevas en el país, como la ganadería, la siembra de trigo o de caña de azúcar, la minería de la plata y la cría del gusano de seda. En poco tiempo se les asociaron pobladores o inmigrantes que aportaron capital o conocimientos para desarrollarlas y adaptarlas a diversas regiones. La base laboral de estas actividades, que no podía derivarse directamente de antecedentes prehispánicos, fue incierta en un principio. Se podía extraer mano de obra de los pueblos por vía del tributo o del servicio personal, pero era necesario preparar a los trabajadores para actividades total o parcialmente nuevas y en ocasiones desplazarlos a espacios desacostumbrados. Esto implicaba alterar de manera radical (salvo acaso en lo tocante al cultivo del trigo) los métodos y ritmos de un sistema tradicional que no convenía desestabilizar, a lo que peligrosamente se habían orillado los encomenderos que impusieron un régimen depredador antes de que el gobierno impusiera controles a partir de 1530. Conociendo lo delicado de estas situaciones, los españoles se inclinaron por el empleo de esclavos negros. Esta solución evitaba enfrentamientos con el gobierno o con los frailes y brindaba autonomía a quienes no tenían acceso al tributo; sin embargo, era costosa. Así, se concentró a los esclavos en las ocupaciones más redituables o donde la población nativa había disminuido mucho; fueron mayoría en las explotaciones azucareras y se les apreció como capataces, de modo que su presencia fue conspicua en las primeras empresas españolas, aunque no dieron buen resultado en la extracción de minerales.

Las nuevas actividades abrieron un escenario económico desigual. La minería nació en los placeres de oro de la cuenca del Balsas, que arrojaron una considerable producción pero se agotaron pronto. Luego, la actividad renació con un rostro distinto en técnica y organización tras el descubrimiento de vetas de plata en Sultepec, Temascaltepec y Taxco en la década de 1530. En esos lugares se formaron asentamientos especializados que se conocieron como reales de minas (reales por ser sitios del rey, es decir, no de señorío ni encomienda), localidades informales con población flotante alimentada por los primeros productos del mestizaje y con poca estabilidad demográfica o social. Pero las ganancias fueron grandes, tanto que en 1536 la ciudad de México abrió una casa de moneda para acuñar el resultante de una producción considerable.

La sericultura tuvo un principio promisorio y colocó a Nueva España a punto de ser uno de los grandes productores mundiales de seda, pero dependía de una fuerza de trabajo numerosa y el descenso demográfico la perjudicó. Pasado el siglo XVI su papel en la economía novohispana fue casi nulo. En contraste, el cultivo de caña y la elaboración de azúcar, con técnicas probadas en las Antillas, resultaron más estables y dieron pie a empresas duraderas en las zonas cálidas de sierras y costas, como los Tuxtlas, Orizaba, Cuernavaca y Colima. El trigo prosperó en los alrededores de México y Puebla, y en estas ciudades tuvo sus principales mercados.

Otras empresas españolas se basaron en productos ya existentes en Mesoamérica pero cuya introducción en el mercado europeo modificó su producción y comercialización: el añil y la grana. El primero, fuente de un tinte vegetal azulado, tuvo poco éxito en Nueva España, aunque en Centroamérica llegó a ser uno de los puntales de la economía. La grana, en cambio, se situó como la exportación no mineral más valiosa de Nueva España e hizo la riqueza de muchos intermediarios. Este colorante rojo es producto de la cochinilla, insecto cuya cría, protegida en las pencas del nopal, era y siguió siendo tradicional en Tlaxcala, la Mixteca, el Valle de Oaxaca y la sierra zapoteca. Con la grana muchos pueblos de estas regiones se ligaron a los grandes circuitos comerciales y retuvieron algo de la riqueza generada, a pesar de ocupar la posición desventajosa de casi cualquier productor rural. Algunos llegaron a destinar todas sus tierras al nopal y a hacerse de alimentos por la vía del comercio, si bien el saldo de estas operaciones fue a menudo negativo, por no mencionar los desajustes sociales que causaron.

Pero nada de lo anterior tuvo el impacto de la introducción y desarrollo de la ganadería, actividad que no requería infraestructura costosa u organización complicada y se podía encomendar a pocos vaqueros o pastores. Todo empezó con unos cuantos cerdos, ovejas y reses traídos por los conquistadores y primeros pobladores (de lo que hace memoria, casi sin advertirlo, una lámina del Códice Florentino reproducida en la figura 6) y con las praderas de las inmediaciones de Toluca, Jilotepec y Tepeapulco. Los pastos estaban disponibles en abundancia, pues no habían tenido un uso económicamente significativo, y la reproducción del ganado en tierras no pisadas antes por esas especies fue muy rápida. No hay estadísticas que arrojen cifras totales, pero en la década de 1540 no eran raros los propietarios con rebaños de veinte mil ovejas o hatos de cinco mil vacas. El Valle de Toluca albergó cerca de un millón de ovinos hacia 1550, y el ganado también proliferó en Michoacán, Tlaxcala, la Mixteca y el Valle de Oaxaca. Era mucho más de lo que el pobre consumo de entonces podía requerir, pero la demanda se habría de disparar en corto tiempo. La cría de caballos, asnos y mulas era menor, aunque empezaba a desarrollarse. Muchos caciques y pueblos se hicieron también de ganado, sobre todo de cabras y ovejas, y en esto se ve cómo las transformaciones económicas rebasaban linderos sociales o políticos.

Es posible constatar la formación de circuitos económicos diferentes, que podrían asociarse de manera general con el contexto comercial y capitalista o con el de subsistencia, y evidentemente la participación de los españoles se concentró en el primero. Algunos pueblos también se ligaron al ámbito capitalista por medio de sus redes de intercambio, pero la mayoría de sus habitantes siguió atada a su economía tradicional. Con todo, ninguno de esos circuitos fue completamente ajeno respecto al otro, y menos aún cuando ciertas condiciones prehispánicas determinaban todavía el aprovechamiento de los recursos y el régimen de trabajo.

La nuevas dimensiones de la propiedad raíz

Dentro del contexto inmediato a la conquista, soldados y encomenderos se hicieron de los espacios convenientes para sembrar caña, trigo o moreras, asentar ganados o abrir minas del mismo modo que para fundar sus poblaciones. Más allá de esto, el apetito de los españoles por la tierra, grande como pudo ser, se vio moderado por varios factores, entre los cuales destaca el que los conquistadores obtuvieron sus mayores beneficios por la vía del botín y los tributos, incluido el servicio personal. También los frailes y el gobierno recibieron su sustento económico inicial y más importante por esa vía. En tal situación, la propiedad de la tierra era casi irrelevante, al tiempo que no valía gran cosa sin alguien que la trabajara. Ya se mencionó que a los encomenderos no se les reconoció derecho sobre las tierras de los pueblos —lo cual no quiere decir que no se hubieran apropiado de algunas muy convenientes. Esto no parece haberles preocupado: fue significativo que (viendo más hacia el pasado que hacia el futuro) lucharan por obtener privilegios señoriales pero no por obtener tierras en propiedad. Eso los habría de perjudicar cuando sus veneros minerales se agotaron y se recortaron sus privilegios.

La presencia de pobladores cambió la situación porque éstos no disponían de acceso a los tributos y servicios; además, algunos estaban dispuestos a emprender personalmente actividades productivas y su número iba en aumento. Ellos sí querían y necesitaban bienes raíces, y su demanda alcanzó dimensiones importantes. Su primer reclamo sobre la tierra se debió a la ganadería, actividad que implicaba un manejo extensivo del suelo, aunque no necesariamente la propiedad. Los criadores, que llevaban consigo los principios de la tradición ganadera peninsular, reprodujeron aquí la organización gremial de allá, la mesta, encargada de formar ordenanzas que regularan la actividad y defendieran costumbres y privilegios. Esta organización no se mantuvo en Nueva España, pues los ayuntamientos absorbieron sus funciones, pero quedaron vigentes varias ordenanzas y se dio sustento legal a la actividad pecuaria. De sus puntos básicos interesa destacar el principio de la libertad de pastos, que hacía de éstos y del rastrojo que dejan las cosechas un bien común. También el ramoneo por los montes y el consumo del agua eran libres, aunque por ello los ayuntamientos podían cobrar algún derecho. Los animales sólo se podían arrear por caminos específicos denominados cañadas, y se castigaba que el ganado irrumpiera en un sembradío. Así, la ganadería se instalaba como actividad que requería el control del uso del suelo (en forma a veces compartida) pero no la exclusividad ni la propiedad territorial. Por eso era tan importante la marca de hierro en los animales.

Pero los agricultores españoles querían un derecho más específico sobre los recursos materiales y reclamaron la propiedad plena de lo que iban ocupando. Los ayuntamientos encontraron ocasión de hacer valer su autoridad y privilegios alegando que ejercían jurisdicción sobre sus vecinos dondequiera que estuvieran. Así, afrontaron la demanda otorgando dotaciones o mercedes de tierras. Es frecuente encontrarlas delimitadas en mapas de la época, como el reproducido en la figura 7. Las de uso agrícola se llamaban caballerías (porque antiguamente eran el premio que se daba a los soldados que peleaban a caballo: una caballería abarcaba entre seis y siete hectáreas). Las destinadas a la ganadería eran los sitios o estancias de ganado y los hubo en dos modalidades, mayor para bovinos y menor para ovinos (1750 y 780 hectáreas, respectivamente). Las mercedes se anulaban si el espacio concedido se vendía o no se dedicaba al propósito de la concesión en el lapso de un año, pero esto fue difícil de implementar y en la práctica los beneficiarios combinaron, fundieron y utilizaron a su gusto mercedes de diversos tipos.

A los españoles que aprovechaban estas mercedes se los definió, según el caso, como labradores o estancieros, y con esos nombres habrían de hacerse presentes en agrupaciones, litigios y crónicas; excepcionalmente se les dibujó en acción, como se ve en la propia figura 7. Con el tiempo, los personajes más relevantes de la sociedad novohispana habrían de presentarse así, o como mineros y comerciantes, al mismo tiempo que conquistadores y encomenderos pasaban a segundo plano. Cierto que no pocos encomenderos recibieron mercedes, pero fueron aquellos que (viendo más hacia el futuro que hacia el pasado) no lo pidieron en cuanto tales sino apoyándose en sus privilegios como vecinos.

La acción de los ayuntamientos daba pocas garantías a los pueblos o a cualesquiera otros ocupantes previos de la tierra y apuntaba a un predominio jurisdiccional que no agradó a la corona, por no hablar de los conflictos que se presentaban. Cuando el gobierno central pudo hacer valer sus principios, al tiempo que imponía corregimientos y tasaciones de tributos, dispuso que sólo la corona podría otorgar mercedes, y que éstas debían hacerse previa consulta con los pueblos y haciendo cesión sólo de las tierras que pudieran demostrarse baldías o libres, es decir, sin perjuicio de terceros. Éstas resultaron no pocas, pues aun las tierras comprendidas dentro de los términos de los pueblos, es decir, dentro de sus límites históricos, se podían considerar baldías si no tenían un dueño específico, ya que la jurisdicción del rey era superior a todas las demás. La legitimidad del proceso preocupaba, acaso no, o no tanto, por lo que pudiera significar frente a los derechos preexistentes de los pueblos y sus habitantes, pero sí porque era un asunto que debía quedar claro entre los españoles mismos: quién daba a quién y con qué derecho; en otras palabras, quién tenía jurisdicción y sobre qué.

Las condiciones y circunstancias que rodearon las primeras mercedes ilustran las complejidades del surgimiento de la propiedad de origen español en el medio rural. Desde la perspectiva española los montes y pastos eran, por regla general, baldíos. Desde la perspectiva de los pueblos esos mismos montes y pastos eran bienes comunes, y en cierto sentido (aunque bajo otro esquema conceptual) igualmente baldíos, y es probable que fueran objeto de alguna forma de explotación compartida en virtud de que a menudo se situaban en espacios marginales que dividían de manera no muy precisa unos pueblos de otros. Los ganaderos cerraron el círculo solicitando, precisamente, bosques y pastos. Ni la corona violentó sus principios al otorgarlos, ni los pueblos se sintieron particularmente agredidos por el hecho de que alguien más participara de los esquilmos. Además, pueblos y caciques también recibieron mercedes: sin excluir el que a veces fueran verdaderas donaciones, más bien consistían en el beneficio de un título formal o un nuevo respaldo legal para tierras de las que ya disponían.

Para mediados del siglo XVI las mercedes dejaban una huella visible en el mapa de Nueva España, donde algunas zonas se caracterizaban ya por una importante ocupación ganadera y agrícola de tradición castellana. Destacaban la cuenca del río Lerma en el Valle de Toluca y la del Atoyac en las inmediaciones de Tlaxcala, cubiertas de pastizales y áreas anegables. También se vieron llenos de trigo y ganados el borde oriental del altiplano (del Mezquital a Tulancingo, los Llanos de Apan y el Seco poblano) y la frontera norte de Mesoamérica más allá de Jilotepec. Muchas de estas tierras habían sido franjas limítrofes poco pobladas en el pasado prehispánico; el Seco se ocupó y cultivó luego de la perforación, sin precedentes en Mesoamérica, de pozos profundos. La extensión comprendida era reducida en relación con el tamaño del país, pero como se trataba de zonas con potencial para el cultivo del trigo su valor en la economía colonial era grande. En contraste, las mercedes en las zonas costeras y serranas fueron escasas.

Para entonces la apropiación del suelo y sus recursos producía ya los primeros conflictos: había labradores y estancieros que obtuvieron sus mercedes sin que mediara la inspección debida, mientras que otros impedían a los habitantes de los pueblos recoger esquilmos, y otros más dejaban que su ganado invadiera los cultivos o ensuciara el agua. El gobierno respondía con diversos correctivos: propiciaba que se levantaran cercas de piedra —elemento nuevo en el paisaje rural mesoamericano—; autorizaba sacrificar el ganado perjudicial, y ordenaba que se trasladaran los hatos o rebaños más numerosos a otras tierras. En 1567 se dictaron ordenanzas que precisaban las medidas agrarias en uso y delimitaban zonas de protección alrededor de los asentamientos de los pueblos, de modo que, por ejemplo, no hubiera estancias ganaderas dentro de un radio de aproximadamente un kilómetro a partir del centro de ellos (a las labranzas de españoles se les aplicó la mitad de esa distancia, 500 varas). Conflictos y correctivos, como puede advertirse, giraban sobre todo en torno a asuntos de uso del suelo y explotación de recursos, sin ser exactamente litigios por la propiedad. Y sin embargo la propiedad rural de origen español ya estaba allí, comprendida nominalmente dentro de los términos de tal o cual pueblo, pero en la práctica fuera de él puesto que la concesión que la originaba provenía de una autoridad externa, la del rey. Metiéndose entre los pueblos, royendo sus orillas, creando islas en su espacio territorial, esta nueva propiedad había consolidado su lugar en el mapa rural. Si no era una posición dominante en términos del espacio ocupado, sí lo era por su firmeza, respaldo jurídico y viabilidad económica. Un paisaje ambiental, cultural y económicamente nuevo surgía en los intersticios del espacio preexistente.

El espíritu del rey

La corona se hizo representar a partir de 1535 por una figura de gran autoridad: un virrey (literalmente, un vice-rey), en cuya persona se sumaban los cargos de gobernador, capitán general y presidente de la audiencia: reunía así la representación de la persona real, el mando supremo del gobierno, la jefatura militar y la precedencia en asuntos de justicia; también era vicepatrono de la iglesia. La magnitud de Nueva España, la complejidad de su gobierno, sus perspectivas para el futuro, habían justificado esa medida extraordinaria de la que sólo había precedentes en Nápoles. El primer virrey, Antonio de Mendoza, encarnó lo que la corona deseaba en su representante: un personaje de la alta nobleza, curtido en la carrera de las armas, que habría de vivir rodeado de pompa y riqueza. No era hombre de letras, pero en esto lo suplía su secretario y escribano de la audiencia, Alonso de Turcios, a quien sin duda se debieron muchas de las decisiones que marcaron los quince años del gobierno de Mendoza.

A pesar de su imagen de majestad y prestigio, los virreyes no tuvieron mando absoluto, pues quedó establecido el principio de gobernar mediante un sistema de superposición y contrapeso de poderes. La audiencia conservó muchas de sus facultades administrativas y políticas sin que se precisara hasta dónde llegaban sus atribuciones y empezaban las del virrey. Éste tenía injerencia en ciertos asuntos eclesiásticos, pero no tanta en las cuestiones hacendarias, que seguían confiadas a los oficiales reales, a cuyo cargo estaban las tesorerías o reales cajas. También quedó sujeto a eventuales visitas o inspecciones y, como todo alto funcionario español, a un juicio de residencia, es decir, una profunda y justiciera evaluación cuando concluyera sus funciones. En un sistema de esta naturaleza los gobernantes, en vez de imponer decisiones, debían buscar consensos y acomodos, arbitrar en los conflictos, dilatar las resoluciones y desde luego cubrirse las espaldas. Este modo de ver las cosas era prudente, porque aun la autoridad del rey tenía alcances limitados. Mendoza pudo darse cuenta de ello en 1543, poco después de que la corona expidiera las Leyes nuevas, disposiciones que daban expresión concreta a la política de protección de los indios y, entre otros asuntos, conducían a limitar las encomiendas poniéndolas a un paso de ser suprimidas. Los encomenderos, que aún poseían parte del aparato militar heredado de las guerras de conquista, protestaron. La situación se hizo tensa y Mendoza optó por no aplicar las leyes, interpretándolas con laxitud y dando corregimientos a los encomenderos, con lo que logró calmar los ánimos. Al mismo tiempo, en el Perú, el virrey Blasco Núñez se enfrentaba con las mismas leyes a los encomenderos de allá, que organizaron un levantamiento armado en una de cuyas luchas fue muerto el propio virrey. Con sólo esperar unos años, Mendoza logró imponer la supresión del servicio personal en 1549: con ello hizo valer no la letra pero sí el espíritu de las Leyes nuevas, y pasó a la posteridad con fama de hábil y prudente.

Mitras y catedrales

El afianzamiento del poder real también se habría de manifestar mediante otras figuras importantísimas: los obispos, particularmente el de México. Esto se debe a que la iglesia americana, como la peninsular, se desarrollaba condicionada por el ejercicio del patronato real, que hacía del rey la cabeza secular de esa institución. Él determinaba el número y extensión de las diócesis y proponía a sus prelados y cabildos catedralicios; daba o negaba el pase a las bulas y otros comunicados del papa, y se reservaba el derecho de disponer de los bienes eclesiásticos. El derecho al diezmo, que era en teoría la principal base económica de la iglesia, fue también otorgado por el papa a la corona de España, para que cubriera los gastos de la administración religiosa. El virrey proveía, en su nombre, a los curas párrocos.

En Nueva España, sin embargo, las circunstancias de la conquista habían dado lugar preeminente al clero regular. El sistema de la encomienda hizo recaer la responsabilidad del rey en los encomenderos y permitió que el tributo supliera al diezmo para el sostenimiento de las doctrinas. Pero los frailes habían sido enviados como doctrineros de los indios, no como curas de los españoles. La sola presencia de una población de origen español era razón suficiente para fundar una iglesia diocesana, secular, no sólo por las necesidades religiosas de esa población sino porque ella sí estaba obligada a pagar el diezmo sobre el valor de su producción agrícola y pecuaria. La corona puso en manos de las diócesis la administración de ese ingreso, que en su mayor parte fue el fundamento de la riqueza de las catedrales, sus cabildos y las parroquias fundadas bajo su jurisdicción. Había, pues, una relación directa entre el crecimiento de la población de origen español y el del clero diocesano. Esto no impidió que a los habitantes de los pueblos se les impusiera una carga especial anual, el llamado medio real de fábrica, para que no dejaran de contribuir a la construcción de las catedrales.

Desde que se tuvo idea de la Nueva España se diseñó una diócesis para ella, llamada Carolense en honor al emperador, pero pasaron años antes de que se hiciera efectiva. Se designó a frailes mendicantes para ocupar las primeras sedes episcopales de la colonia, que fueron la propia Carolense, finalmente hecha realidad en Tlaxcala (1525-1526, mudada a Puebla en 1539) y la de México (1530). Pero pasado un tiempo los titulares ya no serían frailes sino clérigos seculares; igualmente lo serían los primeros obispos de Guatemala (1534), Antequera (1535) y Michoacán (1536), aunque no el de Chiapa (1539). Prelados y religiosos coordinaron sus actividades mediante la celebración de varias «juntas eclesiásticas», por lo menos cinco hasta 1546, antecedentes de los concilios que vendrían después.

Aunque había coincidencias, una lucha por la preeminencia enfrentó a las dos grandes ramas del cuerpo eclesiástico novohispano. Los regulares, con sus reglas y organización autónoma, fueron celosos de su independencia y exclusividad en los pueblos. La corona, que no miraba con buenos ojos la autonomía de las órdenes, favoreció el desarrollo de la iglesia secular, que se encuadraba mejor, por medio de sus prelados, dentro del esquema del patronato (aun siendo frailes los obispos, pues mientras ocuparan una mitra quedaban exentos de sujetarse a sus superiores). El nombramiento de curas y párrocos seculares fue cada vez más frecuente, incluso para poner bajo su cargo pueblos de indios, cosa que los religiosos objetaron sin poderlo evitar. A mediados del siglo XVI la presencia del clero secular todavía no era dominante pero iba en ascenso, lo que quedó patente en 1547 con la elevación del obispado de México al rango de arquidiócesis.

Las diferentes percepciones de la administración religiosa y sus implicaciones políticas se pusieron de manifiesto a propósito de si se debería o no permitir que hubiera un clero nativo, emanado de la inmigración española (es decir, de los españoles criollos) o de los pueblos de indios (o sea, un clero «indígena»). Los partidarios de que el clero se mantuviera estrictamente español pudieron transigir frente a esa primera fuente (aunque siempre marcando diferencias), pero fueron muy reacios frente a la segunda. Con fundamento en la postura del Concilio de Trento (1545-1563), el Primer Concilio Mexicano de 1555 cerró expresamente la posibilidad de que hubiera clérigos surgidos de los pueblos de indios. Tras esta medida no estaba ausente el deseo de frenar la influencia de los regulares, pues eran sobre todo ellos quienes, en sus casas de estudios (Tiripetío, agustina, en Michoacán; Tlatelolco, franciscana, en México), habían empezado a preparar para el efecto a jóvenes reclutados en los pueblos, a quienes se les había puesto en contacto —mediante el latín, los libros y la filosofía— con el mundo intelectual europeo de la época. Hacia 1550 el avanzado programa de estas casas de estudio había sido congelado. Y con eso también fallaba una de las cartas que los religiosos habían jugado para su futuro, al tiempo que se vislumbraba su desplazamiento de la cima del poder.

… y los primeros años de la época colonial fueron al mismo tiempo los últimos de la prehispánica

Las páginas previas han ofrecido un rápido vistazo a los años de la conquista, entendidos como la primera parte del periodo fundacional de Nueva España. En ellos se vivieron cambios profundos y, al mismo tiempo, permanencias y continuidades. Tan importantes y trascendentales fueron unos como otras, pero al llegar al momento de hacer un balance final debemos reconocer que el periodo estuvo caracterizado, más que nada, por las continuidades. La muestra de ello está en la subsistencia de los señoríos y sus linajes en los pueblos de indios, personajes relevantes e importantísimos en la historia de los primeros años de Nueva España. El proceso implicó un entrelazamiento de gente, cultura, economía y política de tal complejidad que esos años merecen señalarse no sólo como la primera etapa de la época colonial sino también, al mismo tiempo, como la última de la prehispánica.

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