LOS AÑOS DE LA EXPANSIÓN

BERNARDO GARCÍA MARTÍNEZ

El Colegio de México

INTRODUCCIÓN

Las primeras acciones de la conquista estuvieron encaminadas a lograr un acomodo con los señoríos prehispánicos, redefinidos como pueblos de indios, de manera de permitir su control y dominación. Los rasgos esenciales de ese proceso se expresaron en un sistema de sujeción indirecta armada alrededor de caciques, encomenderos y doctrineros. Pero la conquista también implicaba controlar y dominar a los propios españoles, cada vez más variados y numerosos, enfrascados en pleitos y desacuerdos desde el primer momento. Era una tarea difícil para la corona, pero logró encaminarla por un mecanismo de equilibrios que se consolidó con la labor de la segunda audiencia.

La fuerza del poder

Los pobladores españoles, sin las obligaciones de los encomenderos ni sujetos a reglas como los frailes, formaron ayuntamientos y se escudaron en ellos para gozar de autonomía y manifestar su independencia frente al ámbito jurisdiccional de los pueblos, a los que de buena gana hubieran ignorado. Pero la corona limitó su pretensión. Quitó a los ayuntamientos la facultad de hacer mercedes de tierras, con lo que salvaguardó el espacio de los pueblos. Luego les impuso alcaldes mayores, equiparables a los corregidores designados para los pueblos, con lo que la corona afirmaba su jurisdicción, y más tarde intervino nombrando ella misma los regidores, es decir, los cargos clave de los ayuntamientos. Éstos habrían de quedar reducidos a atender cuestiones puramente urbanas, como el abasto de carnes y aguas, el control de las panaderías o las licencias de mercaderes u oficiales. No por ello quedaron empobrecidos: en los asuntos cotidianos había de por medio grandes cantidades de dinero —y el poder que deriva de ello.

Así, el gobierno central limitó la pretendida autonomía de los pobladores al tiempo que también frenó a los encomenderos. Como a pesar de todo ninguno de ellos fue despojado de lo más fundamental de sus privilegios, se había logrado un equilibrio razonable. Sin embargo, los nuevos ocupantes del suelo se encontraban sin manos que les sirvieran. Salvo por los esclavos negros y algunas excepciones, el trabajo disponible era parte del tributo y éste beneficiaba sólo a los encomenderos. Como la demanda de los pobladores crecía, la corona intervino en 1549 para suplirla disponiendo que el trabajo ya no formara parte del tributo, es decir, suprimiendo el llamado servicio personal. No por ello los pueblos dejarían de entregar trabajo como parte de sus obligaciones, pero se ajustarían a un procedimiento separado en el cual se ampliaba el universo de los beneficiarios españoles. Para lograr esto se recurrió a un método en el que cada pueblo reclutaba internamente, siguiendo un principio de rotación, a trabajadores para las obras públicas o para diversos beneficiarios de sus servicios, fueran caciques, nobles, comunidades, iglesia o, hasta este momento, encomenderos. El método tenía precedentes prehispánicos y se le llamaba coatéquitl, hispanizado como cuatéquil, pero también se le conoció como repartimiento o tanda (o con la palabra peruana mita). En lo sucesivo se habría de hacer una cuenta o repartimiento especial para los nuevos beneficiarios, ya no sólo encomenderos sino también agricultores, estancieros, mineros y otros, quienes pagarían un jornal por los servicios recibidos. El gobierno podía controlar el sistema e imponer condiciones gracias a que había manejado con prudencia el episodio de las Leyes nuevas y contaba con los corregidores y alcaldes mayores, en cuyas manos quedó determinar el beneficio asignado a cada cual.

Con el repartimiento el gobierno central intervenía en algo que hasta entonces había sido asunto interno de los pueblos. La medida, por tanto, afectaba no sólo a los encomenderos sino también a los caciques y alteraba la naturaleza de las relaciones establecidas con los señoríos durante la conquista. El tributo de éstos representaba su reconocimiento al rey (y el encomendero lo recogía en su nombre a cambio de costear la evangelización); como tal, se fundaba en principios de orden político. En cambio, tras el repartimiento, cuyos principales beneficiarios eran terceras personas, había un razonamiento económico. Su ámbito de operación rebasaba el contexto de los pueblos y, al abrir paso a la remuneración del trabajo, rozaba los entornos de algo que los pueblos no podían controlar, pero el gobierno sí: el precio de la mano de obra. El repartimiento favorecía a los pobladores, a quienes por otra parte el propio gobierno había limitado, pero al mismo tiempo echaba la soga al cuello a todos. El tiempo habría de mostrar cómo el control del repartimiento fue un mecanismo de presión inigualable.

PERSONAJES NUEVOS Y PROYECTOS AGOTADOS

Nuevas piezas para el mosaico social

A la diversidad económica correspondió una realidad social no menos compleja. Los encomenderos, hijos de conquistadores, se sentían superiores a los pobladores de raíces más nuevas, pero el desempeño económico ubicaba a unos y otros en diferentes contextos de clase y en nuevas posiciones. Por otro lado, entre los españoles cobró importancia la distinción surgida de ser unos oriundos de la península y otros de Nueva España o de diversas partes de América, a los que se señalaba como criollos. Unos y otros siempre tuvieron presente este punto del nacimiento para establecer distinciones legales que con el tiempo se fueron acentuando. A veces, sin embargo, la diferencia entre peninsulares y criollos dependía menos del origen y más de la ubicación a uno u otro lados del Atlántico de los intereses y referentes sociales y culturales de cada quien. Los funcionarios más elevados del gobierno (enviados de España sólo por un tiempo), la mayoría de las autoridades eclesiásticas y los agentes de quienes manejaban el comercio trasatlántico tenían sus bases y relaciones en la península, y en este sentido eran los verdaderos peninsulares, mismos que en el futuro serían conocidos como «gachupines». Pero otros españoles hacían su vida en Nueva España y no intentaban (o no podían) ir o regresar a la península. Muchos jamás habrían de poner un pie en ella. En este grupo se podía contar a personajes menores del gobierno o la iglesia, a la mayoría de los agricultores y mineros, a los practicantes de diversos oficios y, en fin, a los diversos actores del acontecer cotidiano, incluidos los mestizos más hispanizados. Su idiosincrasia se fortaleció poco a poco, tanto por su contraste, competencia u oposición frente a los peninsulares cuanto por sus manifestaciones culturales.

Para entender la identidad que compartían los criollos a pesar de su variado universo socioeconómico debe considerarse la realidad del medio en que se desarrollaban. Algunas de las particularidades de sus usos y costumbres se ubicaban en el terreno material, como la alimentación, y otras en el religioso, como por ejemplo el culto a la Virgen de los Remedios, cuyo santuario en las inmediaciones de la ciudad de México se abrió hacia 1554 o 1555. El mestizaje cultural impregnó aun a los que mantuvieron rasgos físicos europeos.

Entre la población de ascendencia prehispánica, es decir, los indios, también había diferencias profundas, no en cuanto a raza y bases culturales compartidas, pero sí en lengua, identidad étnica y condiciones socioeconómicas. Por añadidura, su respuesta a las situaciones que originó la conquista distó de ser unívoca. Sus procesos de mestizaje (o de rechazo) tuvieron tantas vertientes como diferencias había en el mundo mesoamericano.

Con la fundación de ciudades españolas y las primeras manifestaciones de expansión se produjo un movimiento demográfico hacia fuera de los pueblos de indios. Ya desde antes muchos hombres habían marchado (de grado o por fuerza) acompañando a los conquistadores en sus campañas, y no fueron pocos los que debieron seguir su vida en otras partes. Otro imán que movió esa migración fue el surgimiento de un mercado de trabajo, primero en las ciudades españolas y la minería y después en la agricultura y otras actividades. A esto deben sumarse algunas de las implicaciones del mestizaje. Lo más significativo del proceso es que, incorporándose en él, tributarios y terrazgueros dejaban de serlo, o al menos lo pretendían, máxime si se colocaban como fuerza de trabajo residente en las empresas de estancieros o agricultores españoles. Cierto que salir de los pueblos tenía un costo social, pero también ofrecía beneficios. Los más propensos a aprovecharse de ello fueron los individuos más hispanizados, es decir, los ladinos.

Es probable que estos movimientos obedecieran no sólo a consideraciones económicas sino también a motivaciones individuales que rompían con las ataduras corporativas de los pueblos. Precisamente por sus connotaciones de libertad estos movimientos no fueron cuantificados y desconocemos su volumen, pero se pueden adivinar tras las quejas de los recaudadores de tributos respecto de los «indios huidos» que impedían completar las sumas tasadas. Muchos eran los mismos que, desde el punto de vista español, se calificaban como «vagos». Si éstos habrían de mantener o no sus rasgos culturales, especialmente la lengua, dependería de circunstancias diversas. El que fueran contados o no como indios dependería de qué tanto se desligaran de sus obligaciones corporativas. Por lo pronto, el universo socioeconómico de los pueblos había roto barreras, y de ello se derivaron situaciones antes inimaginables.

La presencia de mestizos contribuyó a modificar el espectro social de los pueblos. Sin embargo, éstos no necesariamente habrían de rechazar a aquéllos ni imponerles un estigma, ya que el concepto de raza, de haber existido, no podía tener el mismo significado que entre los europeos. Acaso sólo frente a los negros o mulatos hubo un claro rechazo, y esto por razones culturales más que raciales. Así, la asimilación de mestizos en los pueblos pudo ser plena e incluyó su incorporación a los deberes y obligaciones corporativos, aunque también hubo mestizos que sacaron provecho de su situación o sus conexiones e introdujeron elementos de diferenciación o de conflicto social.

Es poco lo que se puede decir sobre la población de origen africano en la Nueva España del siglo XVI porque la información al respecto es limitada, pero sus diferencias en origen y destino eran importantes a pesar de la marca generalizada de la esclavitud. No era lo mismo ser esclavo en una explotación azucarera que en una elegante casa de ciudad, ni se abrían las mismas posibilidades a los recién trasladados que a los que ya, de algún modo, se podían sentir en casa. En poco tiempo habría cierto número de libertos, sin contar los mulatos, y también de esclavos huidos que buscarían refugio y compañía fundando palenques en zonas poco accesibles.

El mestizaje y la creatividad cultural eran expresiones de un proceso integrador que se fortalecía al mismo tiempo que un juego de percepciones y conveniencias creaba distancias sociales y económicas que causaban el efecto opuesto. Con todo, si bien el ámbito de la integración fue limitado y nunca llegó a las dimensiones de una fusión, el rasgo dominante del nuevo universo social que se formaba en Nueva España no era la segregación sino la permeabilidad. Si la conquista se fundó en un balance entre continuidades y rupturas, el mundo colonial se desarrolló combinando situaciones que implicaban mayor o menor grado de integración y formas más o menos directas o comprometidas de dominio.

La ilusión de una sociedad ideal

Los procesos de poblamiento y mezcla social preocupaban a gobernantes, filósofos y juristas. Las primeras discusiones al respecto giraron en torno a si se debía o no permitir el asentamiento de españoles entre los indios y que ambos se mezclaran. La realidad rebasó esa discusión, que resumía el universo social a dos categorías supuestamente inequívocas, pero, entre tanto, se escribieron a ese propósito tratados enjundiosos y se desarrollaron a fondo cuestiones de principio que venían discutiéndose al calor de las conquistas. Una de las posiciones condenaba el contacto entre indios y españoles (salvo con los frailes, reputados por protectores de los primeros) aduciendo que la conducta moralmente negativa de los segundos causaría mucho daño. Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa, había logrado con este argumento que en 1537 se delimitara una provincia acomodada a ese ideal (la Vera Paz) entre Yucatán y Guatemala. El proyecto no prosperó y fue abandonado, pero influyó en la creación de leyes orientadas a crear espacios excluyentes. Según esto, las fundaciones españolas reservarían su traza para los pobladores, quienes, en contrapartida, no podrían establecerse en los pueblos. Pero ni los proyectos ni la legislación operaron en la realidad como sus impulsores habrían querido. En Nueva España las poblaciones de ascendencia española y americana mantuvieron su distancia, pero más por razones culturales y económicas, y eventualmente de clase, que jurídicas o legales, al tiempo que unos vivieron entre otros si sus ocupaciones lo demandaban. No se marcó un lindero formal que, de haber prosperado la visión de los segregacionistas, habría desembocado en una especie de apartheid.

A la sombra de estos proyectos de conformar Nueva España y otras partes de América según una arquitectura de mundos yuxtapuestos surgió la imagen abstracta de una «república de los indios», concebida frente a su contraparte, la no menos abstracta «república de los españoles». Tales conceptos, inspirados en los tratadistas jurídicos y en una interpretación formalista de los textos legales, suponen dos organizaciones ideales y han sido muy socorridos en los escritos históricos, pero no reflejan la realidad novohispana, que estuvo lejos de ajustarse a una jerarquía impecable o una simetría geométrica. Los conceptos de «español» e «indio» usados en contextos dicotómicos no resumen, condensan ni explican esa compleja realidad.

No obstante, es un hecho que estos conceptos fueron inequívocos (aunque simplificadores) en los momentos iniciales de la conquista, y que luego tuvieron vigencia como expresiones sociales y jurídicas. De ahí que en contextos legales las expresiones «español» e «indio» hayan tenido un contenido específico, y que en lo cotidiano se hayan usado y se usen como recurso generalizador. Desde el siglo XVI ambas palabras se han acomodado a diferentes situaciones que van desde la conveniencia de una expresión circunstancial hasta el paradigma del más intransigente fundamentalismo. La perspectiva del tiempo debe ayudarnos a leerlas correctamente, pero por el momento bastará con derivar de esta reflexión un uso cuidadoso y parco de tan citados términos, procurando que figuren (como ya se habrá notado) sólo cuando su significado sea unívoco y correcta la generalización que pueda derivarse de ellos.

Pasado, futuro, inventiva y represión

«Indio» y «español» no eran ni son términos aplicables sólo a las personas sino a su cultura y contexto, y en un sentido más amplio equivalen al uso que podríamos hacer de «mesoamericano» y «europeo». Lo uno y lo otro, con sus generalidades y complicaciones, se ven manifiestos en el ámbito artístico, donde se enlazaron con espléndidos resultados una vez que quedaron atrás los años más inciertos de la conquista y se pudo vislumbrar un futuro para la sociedad novohispana.

Ese futuro no se podía desligar del pasado. Ejemplo de ello son las expresiones pictóricas mesoamericanas, especialmente las de esos documentos de carácter histórico, testimonial o descriptivo que se conocen con el nombre de códices y se siguieron produciendo durante el siglo XVI y aun después. En ellos se combinaron los símbolos de la escritura pictográfica prehispánica con líneas de escritura latina, o se recurrió, para la representación de la figura humana o el paisaje, bien a simbologías nativas, bien a trazos figurativos o perspectivas de inspiración europea. Similar combinación se observó en las pinturas al fresco que adornaron las paredes de las iglesias, donde, por ejemplo, entre cenefas de estilo nahua asoman dragones medievales, y figuras en el purgatorio (que nos resultan almas con cuerpo) expresan su sentir con la vírgula prehispánica que representa el habla. Algo parecido se puede decir de obras de escultura, como ciertas portadas de iglesia, pilas bautismales o cruces atriales adornadas con símbolos de la Pasión, en las que se pueden hallar detalles como las llagas de Cristo figuradas con el símbolo prehispánico de la sangre (figura 1). Todas esas obras tenían el propósito de dejar testimonio de memoria histórica o precedentes legales, exaltar historias o contribuir a la evangelización por medio de un lenguaje comprensible para todos. Se hacían con miras al futuro, pues su función utilitaria era evidente, pero también lo era su liga con el pasado, el cual por otra parte había que negar. Por ejemplo, se vetó la representación de deidades y ritos prehispánicos, y hubo casos en que los documentos antiguos que las contenían fueron destruidos, como ocurrió escandalosamente en Maní, Yucatán, en 1562. Así, este arte que expresaba aspectos esenciales del intercambio cultural tuvo que desarrollar su inventiva en un contexto de represiones.

Las primeras manifestaciones novohispanas del arte puramente europeo se alimentaron de precedentes medievales o renacentistas. Su mayor campo de expresión estuvo en la pintura de caballete y la arquitectura. La primera fue fecunda desde temprano, alimentada por la demanda de representaciones religiosas, pero poco original. La segunda tuvo más personalidad. Los conquistadores hicieron casas austeras e introvertidas, fortificadas, de dos plantas, con algún detalle de sabor europeo como un portal, galería o torreón y un patio interior. Pero sólo podemos imaginar las edificaciones de esa época con base en elementos aislados, referencias y dibujos como los reproducidos en la figura 2, porque sucesivas alteraciones borraron su aspecto original. Los edificios de gobierno fueron más grandes pero siguieron el mismo molde. Es probable que algunas manzanas centrales de las mayores ciudades adquirieran a lo largo del siglo XVI un aspecto burdamente español, excepto por las calles rectas derivadas del trazo impuesto a las nuevas fundaciones.

Algo parecido ocurrió con las iglesias urbanas, que fueron objeto de muchas reconstrucciones. Pero aquí resultan excepcionales algunas catedrales, que por ser obras de gran envergadura fueron hechas con vistas a una mayor permanencia, con más recursos (pues ya cobraban diezmos a los productores españoles y medio real anual a los tributarios), mejor ingeniería y modelos góticos y renacentistas, de lo que resultaron edificios majestuosos con fachadas sobrias, austeros campanarios y naves delimitadas por columnas y bóvedas. La de Mérida, empezada en 1563 y terminada hacia 1600 (que excepcionalmente para la época posee una cúpula sobre el crucero), es la que mejor refleja y conserva la arquitectura de esa época (figura 3), y también en cierta medida la de Guadalajara, construida entre 1571 y 1618, pero sólo en su cuerpo principal y sus fachadas. Las catedrales de México, Puebla y otras sedes episcopales fueron iniciadas después y concluidas mucho más tarde, de manera que se inscriben en un momento posterior de la historia de la arquitectura.

La esencia del periodo de la conquista, sin embargo, se hallaba en los pueblos de indios y en la combinación de continuidades y cambios a que hemos hecho referencia. A ellos involucraba el proyecto de sociedad elaborado por los frailes mendicantes, y en ningún otro se puso más empeño, se aplicaron más esfuerzos y se depositaron más esperanzas que en éste. La expresión material del proyecto desembocó en una labor arquitectónica fecunda, grandiosa y original, impregnada del sabor de la Nueva España del siglo XVI.

Los frailes decidieron consolidar sus doctrinas o unidades de administración religiosa en las cabeceras de los pueblos, al tiempo que éstas cobraban sustancia al abrigo de medidas de índole política y fiscal como la instalación de cuerpos de república. Cada doctrina —y por extensión cada pueblo— debía tener su máxima expresión física en un conjunto de iglesia y convento diseñado para la función que se quería desempeñar. La jerarquía de cabeceras y sujetos se reflejaría en construcciones más simples y pequeñas para estos últimos. Muchos mapas del siglo XVI, como los reproducidos en la figura 4, expresan el resultado de esa aspiración. El proyecto no se pudo realizar en todos los pueblos, y en los más pobres o alejados de los centros de poder apenas se esbozó; aun así, incluyendo desde las obras más elaboradas hasta las más sencillas, los edificios construidos durante el siglo XVI, antes de que el proyecto doctrinal decayera, se contaron por centenares.

Lo fundamental de cada conjunto conventual era su ubicación en un lugar prominente demarcado por una barda, tras cuyo frente se desplegaba un patio o atrio donde quedaban a la vista los edificios de la iglesia, el convento y un altar abierto hacia el propio atrio, cuyo espacio fungía en esta circunstancia como una segunda iglesia al aire libre. Más atrás, todavía en el lado interior de la barda, había huertas, cisternas y otras dependencias. Los alardes de arquitectura se hacían patentes por doquier. Los conventos tenían un frente con arcadas, abundaban en celdas y salones dispuestos alrededor de un claustro con columnatas y, si había dos pisos, contaban con una escalera amplia y elaborada. Las iglesias, contiguas, solían ser de una nave con bóveda corrida, a veces de estructura gótica, con balcón para el coro sobre la entrada, y ostentaban fachadas y portadas inspiradas en el Renacimiento o en un temprano barroco y habitadas por columnas, pilastras, cenefas, angelillos y estatuas de santos (excepto en Yucatán, donde se optó por una simplicidad masiva). Los altares que se abrían al atrio (también conocidos como capillas abiertas) estaban insertos en construcciones muy variadas e imaginativas —balcones, portales, nichos gigantescos y en ocasiones verdaderas iglesias sin paredes— y son la expresión más original de la arquitectura colonial novohispana. Véanse ejemplos en la figura 5. Todo ello iba acompañado en su ornamentación de las combinaciones ya mencionadas de arte mesoamericano y europeo. Puede comprenderse, por otra parte, que la construcción y mantenimiento de los conjuntos conventuales dieron pie a concentraciones de población alrededor de ellos, fuera temporal, fuera permanentemente.

La irrupción del dinero

Los pueblos de indios entraron en la segunda mitad del siglo XVI dejando atrás las circunstancias de la conquista y enfrentando las nuevas situaciones de la experiencia colonial. Una de sus evoluciones más importantes estuvo ligada a su inserción en los circuitos económicos coloniales. En ello influyeron varios mecanismos, como la adopción de elementos de una economía monetaria. El primer paso en este sentido fue dado por las cajas de comunidad con la contribución personal de medio real, a lo que siguió la tendencia de las tasaciones de tributos a expresar sus valores en dinero, modalidad que se introdujo entre 1550 y 1570. Al mismo tiempo se procuró establecer una norma universal para fijar el monto. Hacia el último cuarto del siglo XVI el tributo personal consistía por lo regular en un peso y media fanega de maíz al año, y cada pueblo quedaba obligado a pagar la cantidad correspondiente al número de sus habitantes, de modo que si, por ejemplo, tenía mil cabezas de familia (mil tributarios) quedaba tasado en mil pesos y quinientas fanegas de maíz. Si la población menguaba, la cantidad que se cobraba tenía que disminuir. Se logró cierta equidad en los tributos, aunque la meta justa nunca se alcanzó del todo: las excepciones fueron frecuentes, hubo pueblos donde el tributo fue mayor o menor, y los ajustes que demandaban los cambios demográficos tardaban años en realizarse. El prorrateo dentro de cada pueblo obedecía a normas locales, y la determinación de quién era cabeza de familia arrojaba resultados diferentes según los criterios que se aplicaran.

Sin embargo, lo que interesa resaltar es que hacia 1560 o 1570 eran ya numerosos los pueblos que llevaban sus cuentas de tributos en dinero y, más aún, se hacían de éste vendiendo algunos de sus productos, no sólo los tradicionales sino también ganados y cultivos europeos. Algunos sacaban provecho de situaciones específicas. Por ejemplo, Xalapa y Acatzingo, por donde pasaban caminos transitados por recuas y viajeros, abrieron ventas u hospedajes por cuyos servicios cobraban una suma que se depositaba en la caja de comunidad. Algunas de estas ventas eran operadas por españoles que pagaban una renta al pueblo por la concesión. Aunque el destino principal de esos dineros era la paga de tributos y el sostenimiento del culto —dos de las obligaciones fundamentales de las corporaciones— en los años buenos quedaba un excedente que ayudaba a sortear tiempos difíciles.

Los pueblos hicieron gala de su organización corporativa con un buen desempeño económico. Las comunidades bien administradas incluyeron ganados y propiedades raíces que a menudo eran arrendadas a los españoles de las vecindades. Pero, por otra parte, la administración de estos bienes introdujo o exacerbó elementos de desigualdad y discordia, sobre todo porque contribuyó a diferenciar y jerarquizar a los componentes internos de los pueblos.

Otro aspecto de la inserción de los pueblos en los nuevos circuitos económicos se halla en el trabajo. El ya citado repartimiento se generalizó en la segunda mitad del siglo. Sus particularidades locales variaron, pero por lo regular se reclutaba semanalmente en cada pueblo a 4% del total de tributarios (y el doble durante los periodos de escarda y cosecha, de mayo o junio a octubre o noviembre), quienes eran enviados a servir durante siete días a las personas o instituciones que los requerían. Como resultado, los varones adultos de los pueblos tenían que prestar servicio una semana cada tres o cuatro meses. Así, el repartimiento se asemejaba al tributo en el hecho de estar sujeto a una tasa o cuenta, pero se diferenciaba de él al no estar destinado a un usufructuario predeterminado con un derecho personal sobre él, sino a muchos beneficiarios, y no de manera igualitaria sino en proporción al tamaño o la productividad de cada cual —o a la que los corregidores o jueces repartidores quisieran reconocerle. Por ejemplo, un labrador español podía recibir desde un trabajador hasta varias decenas. Mineros y agricultores ricos recibieron parte sustancial del repartimiento, y los primeros disfrutaron de prerrogativas: el sistema ponía en juego muchos intereses.

Aunque el repartimiento estuvo destinado esencialmente a agricultores y mineros, también lo hubo para el servicio doméstico y, en especial, para obras públicas, algunas de ellas tan importantes como el desagüe del Valle de México, sujeto a un sistema específico de cuotas y distribución notablemente gravoso para los pueblos que tuvieron que afrontarlo.

El repartimiento no se ajustó a los principios homogeneizadores que regían el tributo sino a las características de cada región. Su flexibilidad le permitía adaptarse a situaciones cambiantes y sus resultados apuntaron a una mayor diferenciación entre unos pueblos y otros. En las regiones serranas y costeras fue de poca monta e incluso desconocido. Pero a mayor presencia española correspondió mayor demanda de mano de obra y mayor importancia del sistema y sus implicaciones. Muestra de ello está en una circunstancia que se vivió con frecuencia: los tributarios que se veían obligados a atender al repartimiento en época de siembra descuidaban sus propios cultivos, de manera que no podían depender de ellos para cubrir sus obligaciones, pero por otro lado podían disponer del dinero de su paga para ese mismo fin. Después de todo, el tributo ya se sumaba en monedas. A esto hay que agregar que en 1592 se estableció el Juzgado General de Indios como instancia especial para atender de manera expedita los asuntos judiciales de los pueblos, y que para sostenerlo se impuso a los tributarios una contribución anual adicional de medio real.

No sabemos si el resultado final de estos cambios favoreció o no al hombre común de cualquier pueblo. Pero no hay duda en cuanto a que el repartimiento alentó a sus beneficiarios a abrir un mercado de trabajo, ofreciendo, si no mejor paga, sí cierta estabilidad en una labor determinada. Esto implicó, en ocasiones, que el trabajador contratado mudara su residencia al lugar donde se le requería, y debido a ese movimiento se le identificaba como laborío o gañán. Vemos aquí esbozado el surgimiento de asentamientos rurales desprovistos de antecedentes prehispánicos —ranchos y haciendas—, fenómeno que habría de adquirir importancia y dimensiones al abrigo de la recuperación demográfica del siglo XVII.

El reordenamiento territorial

A la aparición de nuevos asentamientos rurales se sumó la concentración poblacional de los pueblos de indios, transformados en su estructura espacial y patrón de asentamiento como resultado de las congregaciones o reducciones, promovidas originalmente por los religiosos en conjunción con su proyecto evangelizador, su afinidad con los caciques, su patrocinio de las cajas de comunidad y, de manera concreta, con la edificación de los conventos. Se trataba, en esencia, de reunir la mayor cantidad posible de los habitantes de cada pueblo en el menor número de localidades —la cabecera y algunos sujetos—, eliminando los caseríos más pequeños o dispersos. A las localidades así formadas o reforzadas se les asignó el nombre de un santo patrono, combinándolo con el topónimo prehispánico, como se usa todavía hoy.

Se trataba, desde luego, de una medida impuesta, aunque la alentaba, por otra parte, una tendencia poblacional que respondía a una realidad económica y demográfica. Las nuevas relaciones de intercambio, con sus concomitantes centros de abasto y servicios, demandaban reubicar o rediseñar vías de comunicación, mercados y áreas residenciales conforme lo requerían los circuitos comerciales. El mayor provecho que se podía sacar de estas circunstancias lo obtuvieron las localidades designadas como cabeceras, que, uniendo funciones administrativas, políticas, eclesiásticas y económicas que confluían en un solo lugar, adquirieron la calidad de centros regionales. Su posición se vio opacada sólo en los casos en que el dominio regional fue privilegio de una fundación española relevante o en aquellos que, por excepción, el beneficiado fue algún sujeto, es decir, una localidad políticamente secundaria.

Los religiosos y el gobierno, después de 1565, dejaron de fomentar las congregaciones al considerar que daban lugar a que los pueblos se replegaran y a que los españoles ocuparan los espacios que aquéllos iban desocupando, lo cual en muchas áreas del altiplano era evidente, aunque como consecuencia de muchos factores y no necesariamente de las congregaciones en sí. A pesar de todo, la tendencia poblacional continuó y las concentraciones crecieron. A fines del siglo el gobierno reconsideró el asunto y en 1593 elaboró un programa oficial para consumar el proyecto atendiendo a una normatividad precisa y detallada. Con el apoyo de un equipo de ejecutores que estudió caso por caso con eficiencia ejemplar, el programa logró sus metas de manera relativamente ordenada hacia 1605. Desde entonces la mayoría de los pueblos quedaron con una cabecera y, según su tamaño y población, un número limitado de sujetos —rara vez más de cinco o seis, y no los veinte o más que habían tenido anteriormente.

El proceso enfrentó escasa resistencia, más por discrepancias en cuanto a una localización determinada que por oposición al principio establecido. Las localidades resultantes desarrollaron un fuerte sentido de identidad propio, fuera porque sus habitantes ya lo tenían desde antes o porque les nació una vez reunidos, alimentado por las prerrogativas que se podían ganar en el cabildo o por el culto del santo patrono local. Esto no fue tan llamativo en las cabeceras como en los sujetos, pues mientras en las primeras se remachaba la identificación con el pueblo en su conjunto, en los segundos el sentimiento localista se expresaba en la búsqueda de una afirmación frente a la cabecera, actitud que habría de conducir, en el siglo siguiente, a un intenso proceso de secesiones.

La crisis de los cacicazgos

Caciques y principales habían tenido privilegios y un espacio amplio de poder —los últimos de manera más reducida o en un ámbito más local. En el meollo de esos privilegios estaba el derecho a los tributos de los terrazgueros, cuyas obligaciones solían ser inseparables de las tierras que ocupaban. En razón de esto, parte considerable de la población estaba excluida de los tributos destinados al rey o los encomenderos; desde luego los caciques y principales también lo estaban. Pero el descenso demográfico había ocasionado merma importante en toda clase de tributos y servicios.

La corona buscó acrecentar la recaudación tributaria y puso el ojo sobre ese universo de potenciales tributarios que quedaba fuera de su alcance. Para ello tenía que incluir a caciques y principales y a sus tributarios particulares en las tasaciones; en otras palabras, eliminar exenciones y convertir a los terrazgueros en macehuales. El ejecutor de este proyecto fue el visitador Jerónimo Valderrama, enviado por el Consejo de Indias en 1563. Las medidas contempladas afectaban diversos intereses, entre ellos los de los frailes, aliados naturales de los caciques y beneficiarios indirectos de gran parte de los servicios que éstos recibían. Secundados por el virrey Luis de Velasco, sucesor de Mendoza, orquestaron una campaña de oposición a Valderrama, pero el visitador logró salir adelante con su proyecto.

En pocos años se borraron varias distinciones sociales y se dejó de reconocer los derechos de muchos nobles o principales. Los terrazgueros fueron asimilados al resto de los tributarios y contados en las tasaciones, con lo que desapareció su particularidad. Esta medida, que hizo aumentar el número de tributarios que aportaban a la hacienda real, estuvo asociada con el proceso de las congregaciones porque los desplazamientos de población rompieron vínculos que ligaban a los terrazgueros con los nobles por medio de las tierras de éstos. En cuanto a los caciques, el gobierno los dejó seguir exentos del tributo y los compensó asignándoles un salario más o menos generoso pagado de las arcas reales. Perdían su rango de señores naturales para quedar como simples funcionarios de gobierno, dependientes de éste para su sustento —y el gobierno no habría de mantenerlos por mucho tiempo.

La suerte de los caciques se fue haciendo cada vez más un asunto de desempeño individual. Algunos se manejaron bien y se hicieron de tierras, ganados u otros bienes con los que sostuvieron su bienestar económico, o lograron mantenerse en los círculos del poder, combinando tales ventajas con un proceso de hispanización cultural que incluía emparentar con familias españolas. Otros, en cambio, se encontraron desprovistos de sus tradicionales fuentes de riqueza sin nada que las sustituyera y desplazados de posiciones de mando. Estos movimientos tuvieron que ver con el hecho de que el poder efectivo de los caciques pasó a los gobernadores o a las repúblicas o cabildos en su conjunto, y a que hubo personas o familias distintas de los linajes antiguos, o ramas mestizas de esos linajes, que acapararon o controlaron los cargos de esos órganos de gobierno local. Incluso se dio el caso —lo que constituyó desde entonces el cambio más impresionante (y frecuentemente condenado)— de que dicho poder quedara en manos de gente del común o macehuales que no tenían principales ni nobles entre sus antepasados, pero que sí contaban con dinero o con una conveniente amistad con corregidores o curas.

El último grito de los conquistadores

A los sucesores del virrey Mendoza les tocó vivir situaciones muy difíciles derivadas del acomodo de intereses políticos. La creación de una Junta Superior de Hacienda en 1554 contribuyó a limitar su injerencia en asuntos de índole fiscal. La década de los sesenta fue muy conflictiva, ya que entonces las posiciones se polarizaron. Un proceso de tirantez política se gestó durante el gobierno de Velasco, quien fue, como su predecesor, hombre de familia noble con experiencia militar, y heredó de éste a su secretario Alonso de Turcios, verdadero poder tras el trono hasta alrededor de 1560. La singularidad de Velasco radicó en que se identificó mucho con México, dejó sembrada una familia prominente (algo en teoría vedado a los virreyes) y se guió por perspectivas que recordaban los planteamientos de los conquistadores. Trató de normar y fortalecer su gobierno con apoyo de las órdenes religiosas, lo que lo hizo aparecer no como árbitro de la vida novohispana sino como una pieza más del juego político. El blanco de los ataques que recibió fue su intervención en las tasaciones tributarias. Se le criticó por perjudicar a la corona y a los encomenderos so capa de proteger a los indios, haciendo de los frailes los verdaderos beneficiados, ya que éstos distraían los recursos de los pueblos hacia los gastos de la iglesia. El visitador Valderrama, quien además de atender el asunto de los tributos debía revisar el estado del gobierno, corroboró las quejas y acusó al virrey de corrupción. La situación no podía ser más tensa cuando Velasco murió inesperadamente en 1564, quedando el gobierno en manos de la audiencia.

La efervescencia política había llegado a su clímax cuando un grupo de encomenderos prominentes, encabezados por Martín Cortés, hijo del conquistador y segundo marqués del Valle de Oaxaca, hizo alarde de su fuerza y elevada posición para quejarse de que los hijos de los conquistadores no disfrutaban de los privilegios que alegaban merecer. Velasco los contuvo un poco, pero cuando murió los encomenderos consideraron inclinada a su favor la balanza del poder y dieron rienda suelta a su inconformidad. Su ostentosa protesta fue vista como un reto a la autoridad real. En 1566 fueron acusados de intentar una sublevación en la que supuestamente proclamarían rey de Nueva España a Martín Cortés. La audiencia movilizó rápidamente sus fuerzas e hizo aprehender a Cortés y a muchos de sus seguidores. Se puso en duda la acusación, pero había en ella un fondo de verdad. Los hermanos Ávila, influyentes encomenderos señalados como cabeza de la rebelión, fueron ejecutados. La tormenta política envolvió a su llegada al nuevo virrey, Gastón de Peralta, marqués de Falces, pero éste percibió la naturaleza apasionada del conflicto y envió a Martín Cortés a España para que fuera juzgado allá. Falces, sin embargo, se ganó la enemistad de la audiencia, que inició una campaña de desprestigio en su contra, obtuvo su destitución y volvió a hacerse cargo del gobierno.

El encargado de la destitución de Falces fue un visitador más, enviado por el Consejo de Indias en 1567, Alonso de Muñoz. Investido de un poder casi absoluto, retomó el proceso de la conspiración con tal furia que desencadenó un periodo de terror y ejecuciones en el que resultaron perjudicados tanto la audiencia como los encomenderos. La corona, convencida de que las medidas drásticas no conducían a nada bueno, ordenó la destitución del visitador. Esto ocurrió en 1568. En España Falces fue reivindicado y Muñoz reprendido por el rey en persona (al grado que el anonadado visitador murió esa noche, se dijo, del pesar). Martín Cortés fue absuelto pero sufrió la confiscación del Marquesado, que sólo se reintegraría a su hijo en 1593. En Nueva España la audiencia y los encomenderos aprendieron lo mucho que podían perder si actuaban de manera precipitada.

El episodio de Martín Cortés nos lleva a considerar el destino final de las encomiendas. La corona se negó a conceder que fueran hereditarias, pero transigió con los hijos y, en ciertas ocasiones, con los nietos de los primeros encomenderos; asimismo aceptó asignarlas a sus viudas e incluso a los segundos cónyuges de éstas. Así se mantuvo buen número de encomiendas durante todo el siglo XVI, pero al mismo tiempo otras fenecieron por falta de sucesores y los pueblos comprendidos en ellas se asignaron a un corregidor. El descenso demográfico influyó en la decadencia, pues algunos pueblos llegaron a quedar hasta con menos de veinte tributarios. Como ninguna encomienda podía operar con una base tan exigua, la institución perdió su sentido y se convirtió en un simple cargo sobre la hacienda real por el importe de los tributos cobrados de ese pueblo, o, en otras palabras, una pensión con la que el gobierno apoyaba a ciertas personas. Subsecuentes encomiendas fueron otorgadas meramente como premio o estímulo económico.

Parte del fracaso final de conquistadores y encomenderos en mantener un lugar de relevancia radicó en su incapacidad para organizarse corporativamente, como lo habían hecho los ganaderos peninsulares en la mesta y lo hicieron después los comerciantes con su consulado. La evolución política novohispana demostraba que las decisiones más importantes involucraban en primer lugar a los grupos corporativos —ayuntamientos, audiencias, cabildos eclesiásticos, órdenes religiosas, colegios, incluso los pueblos de indios— y a las personas sólo en la medida en que representaran a alguno de ellos. Conquistadores y encomenderos fueron, en cambio, bastión del individualismo.

EXPANSIÓN Y LIMITACIÓN

El desentendimiento del oriente

Las condiciones iniciales de la conquista se fueron dejando atrás con la expansión territorial y con la exaltación de la ciudad de México como pivote formal y funcional de un sistema centralizado con precedencia y mando sobre un territorio mayor del que nunca antes había tenido.

Los mexicas encaminaron su expansión hacia el oriente y se hicieron sentir en el Soconusco y hasta en el actual territorio de El Salvador. Cuando la irrupción española les cortó las alas estaban en vías de dominar Coatzacoalcos, Tabasco y Acalán, piezas clave para el control de las regiones mayas. En contraste, los rumbos occidentales y norteños estaban en su pasado, su mitología y las historias sobre sus orígenes, pero aparentemente no figuraban en su futuro inmediato. Michoacán era una pieza demasiado sólida para dejarse penetrar, y conquistar las poblaciones nómadas del norte no ameritaba el esfuerzo.

La dominación española volteó las perspectivas. En su marcha hacia México los conquistadores pasaron por las tierras mayas casi sin prestarles atención, y sólo más tarde, como de regreso, se organizaron para conquistarlas, primero Guatemala y después Yucatán. El hecho de que el aliciente económico fuera pobre explica algo de esa actitud, pero también influyó la ausencia de un poder central nativo que sirviera como detonador para una construcción política heredera del mundo maya. La conquista de los señoríos yucatecos fue una empresa dilatada, carente de motivación. De 1529 a 1546 la familia Montejo encabezó varias campañas que lograron dominar Yucatán y establecer una gobernación semiautónoma (a partir de 1527) que incluyó Tabasco. Al final se reprodujo una organización similar a la del centro de Nueva España, con encomiendas, doctrinas y pueblos de indios, y de 1540 a 1542 se erigieron pequeñas fundaciones españolas (Campeche, Valladolid, Mérida). Sus ayuntamientos tuvieron una injerencia fuera de lo común en los asuntos provinciales, sus encomiendas subsistieron por largo tiempo y Mérida encabezó una diócesis establecida en 1561.

La ocupación de las tierras altas de los mayas siguió también el modelo novohispano pero desembocó en una construcción política más sustanciosa, el «Reino de Guatemala», que abarcó varias regiones concatenadas de Chiapas a Nicaragua. La población española se fundió con otra que había penetrado desde el sur, de modo que en 1543 la corona resolvió crear una audiencia para esa zona, la de los Confines, asentada en la ciudad de Guatemala. Hubo disputas respecto de la delimitación entre ambas audiencias, pero las autoridades de México no se inquietaron mucho por los asuntos de esa parte del continente. En el contexto global del imperio español todas esas regiones pasaban a una posición de segundo plano, y Guatemala, por las circunstancias de su desarrollo, se alejó de la órbita de influencia de la ciudad de México.

La llamada del occidente

El desentendimiento de Nueva España de su frente oriental se aprecia mejor al contrastarlo con el interés que puso en su occidente y su norte. En 1530 Nuño de Guzmán, insatisfecho con el pobre desempeño de la gobernación de Pánuco e incómodo en México por la influencia de Hernando Cortés, pero todavía como presidente de la audiencia, se lanzó hacia el occidente con su propia campaña de conquista. En su método, diferente del de Cortés, predominó la fuerza sobre la negociación. Llegado a Michoacán, pretextando ciertas faltas y sin respetar acuerdos, hizo asesinar al cazontzi Tzintzicha y luego prosiguió su marcha ocupando de modo muy violento numerosos señoríos desde el Lago de Chapala hasta Culiacán. Entre tanto, logró que se le concediera el privilegio de formar un gobierno aparte, el «Reino de la Nueva Galicia», establecido formalmente en 1531 pero sin Michoacán ni Colima, que quedaron en la órbita novohispana. En tal delimitación se reflejó la influencia de Cortés, quien siempre afirmó su interés por el occidente y la costa de la Mar del Sur —el Océano Pacífico— desde Tehuantepec hasta Barra de Navidad: de 1527 a 1536 preparó varias armadas para explorar el océano e hizo intentos, fracasados, por sentar la presencia española en Baja California y más al norte.

Pero mientras Cortés actuaba con México en mente, Guzmán se comprometía con un proyecto diferente sobre tierras que habían sido ajenas a la influencia directa de la ciudad. Trató de afirmar la distinción de esas regiones frente a Nueva España, pero en su plan pesaba la carencia de una realidad política preexistente o un centro de poder en el cual basarlo. La capital propuesta para Nueva Galicia, Compostela, no se consolidó, y pasó tiempo antes de que se reubicara de manera definitiva en Guadalajara. Los rasgos agresivos y depredadores del proyecto de Guzmán no le permitieron levantar un clima de apoyo que supliera estas deficiencias; por el contrario, produjeron un sentimiento de rechazo que desembocó en su destitución en 1536.

Los rescoldos del arbitrario proceder de Guzmán se dejaron sentir en la rebelión de los cazcanes, llamada guerra del Mixtón (1540-1542) por el nombre de una fortificación de las barrancas septentrionales del río Santiago. El virrey Mendoza (quien no quería que los asuntos de occidente se le fueran de las manos) acudió en persona a la lucha para someter a los alzados en medio de algunos de los episodios más sangrientos de las conquistas militares. A pesar de todo, la subsistencia de Nueva Galicia como gobierno aparte fue sancionada por la corona en 1548, año en que le asignó audiencia y obispo propios. Sin embargo, y aunque nunca dejó de defender sus prerrogativas judiciales, Nueva Galicia estuvo supeditada al poder cada vez mejor plantado en la ciudad de México. Ésta había logrado, acaso sin proponérselo, extender su dominio hacia las tierras occidentales.

Michoacán merece una consideración especial. En la época prehispánica había sido un estado independiente y durante la conquista su rey hizo una cesión de derechos a la corona de Castilla, pero sin rendirse ante las armas como el de México. Ello implicaba sumisión mas no derrota, y mantenía la individualidad del reino de Michoacán. Nuño de Guzmán no supo o no quiso construir su proyecto político sobre la base de ese estado importante y unificado, y al asesinar al cazontzi dio lugar a una explosiva situación que Cortés y los integrantes de la segunda audiencia aprovecharon para lograr que Michoacán fuera contado como parte de Nueva España y no de Nueva Galicia, lo cual se hizo sin distingos que realzaran su antigua preeminencia salvo por la delimitación de una diócesis propia en 1536. Su obispo, el oidor Vasco de Quiroga, se esforzó para que las doctrinas y pueblos michoacanos se ajustaran lo más posible a un modelo ideal y en ello alcanzó ciertos logros. Ya tenía la experiencia de haber construido, siendo oidor de la audiencia, dos pueblos de inspiración utópica, uno en México y el otro en el propio Michoacán. Recalcó los aspectos educativos de la evangelización y amplió el ámbito de las cajas de comunidad para dar respaldo corporativo a las actividades manufactureras y los servicios sociales: de ahí la presencia de hospitales en la mayoría de los pueblos michoacanos. Pero no llegó a construir una sociedad diferente. Los procesos de poblamiento español en Michoacán se dieron como en otras partes, sobre todo a partir de la fundación en 1541 de lo que después sería Valladolid. Pronto el antiguo reino adquirió la imagen de una más de las «provincias» coloniales, equiparable a Puebla o Oaxaca (así definidas porque cada una abarcaba la jurisdicción de su respectivo obispo), como si nada la distinguiera en su pasado ni su presente. La asimilación fue completa. Con el tiempo la conquista de Michoacán habría de verse como un episodio regional de la de México. En realidad no había sido así, pero México no sólo conquistó Michoacán sino también conquistó su conquista.

Pronto entraría en escena el norte. En 1536 llegó a México Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un capitán español que, tras naufragar en la Florida ocho años atrás, había hecho el recorrido desde allá a pie y, por si fuera poco, rodeando por Sonora. Sus historias de ciudades fabulosas —Cíbola y Quivira— alimentaron la imaginación de los españoles. Entusiasmado, Mendoza envió en 1539 una expedición que llegó hasta Nuevo México sin encontrar gran cosa, salvo el enorme espacio, pero sin desmentir la posibilidad de que hubiera algo más. Así, mal informada y con las miras puestas en un lugar indefinido del centro del continente, empezó la expansión de Nueva España hacia el norte. El apetito por esas tierras se había abierto y los ojos de la ciudad de México empezaron a ver por donde no habían visto antes.

La plata de Zacatecas y la guerra chichimeca

En marzo de 1548 apareció en el incipiente real minero de Zacatecas, al norte de Nueva Galicia, una veta de plata que sólo se podía comparar en riqueza con las encontradas tres años atrás en el Potosí peruano. Pero como Nueva Galicia carecía de recursos para sacar provecho del descubrimiento, el desarrollo de Zacatecas y la comercialización de su minería se debieron a los pobladores de Nueva España. Esto ligó la zona con la ciudad de México más que con ninguna otra y selló el predominio de la sede del virreinato.

El descubrimiento dio contenido concreto y dimensiones mensurables a las otrora fabulosas tierras norteñas. Zacatecas recibió una oleada de inmigrantes de todas las calidades sociales: peninsulares y criollos españoles, gente de los pueblos (tal vez mestizos en su mayoría, de sangre y cultura nahua, otomí o tarasca) e individuos con diverso grado de desarraigo. Antes de cinco años contaba con más de trescientos mineros establecidos formalmente y más de mil personas dedicadas a actividades diversas, sin contar a los familiares que se les añadían, con lo que el rutilante real ocupó el tercer lugar por su población después de México y Puebla, mereció una tesorería propia y formó ayuntamiento en menos de diez años. Al mismo tiempo se estableció una ruta entre México y Zacatecas, el Camino de Tierradentro, cuyo tráfico se movió inicialmente en carros de bueyes y después a lomo de mulas, más rápidas y económicas. Sobre el camino (así como sobre otro tirado entre Zacatecas y Guadalajara) se fundaron San Miguel y San Felipe (y San Juan y Santa María de los Lagos) para apoyar las comunicaciones y brindar protección frente al rechazo de los habitantes nómadas o seminómadas de esas tierras del altiplano, por donde rara vez (al menos en el pasado reciente) se había visto la presencia de gente venida del sur.

Aquellos habitantes pertenecían a diversos grupos o tribus, pero los españoles, recogiendo la apreciación mesoamericana, los denominaron colectivamente con el nombre de «chichimecas». No era fácil precisar más porque no se podía recurrir a topónimos identificables con algún asentamiento mayor u organización política como ocurría con los señoríos mesoamericanos. Lo que se hizo fue inventar nombres inspirados en la apariencia de las tribus, su lenguaje o algún rasgo de su entorno. Con este criterio los españoles distinguieron cierto número de colectividades que denominaron «naciones» y hoy definiríamos como grupos étnicos. El predominio de los parámetros étnicos sobre los políticos como elemento de identidad de la población nativa difiere de la práctica mesoamericana, en la que ocurría al revés.

En ese mundo de nómadas los españoles se apropiaron del territorio pero no llevaron a cabo una conquista basada en continuidades como en Mesoamérica. En cambio, provocaron una transformación radical en las tramas del espacio y la sociedad. Sus fundaciones constituyeron tal vez los primeros establecimientos permanentes del área, sus pequeños entornos agrícolas abrían tierras al cultivo por primera vez, y el Camino de Tierradentro tendía un eje de intercambios diferente en función y trazo de los preexistentes. Todo ello alteró la vida en esas regiones, además de que aumentó la competencia por ciertos recursos escasos o distribuidos desigualmente en ellas, como el agua y la leña. Si a esto se añade la distancia cultural que separaba a esas tribus no sólo de los españoles sino también de los pueblos mesoamericanos, se comprenderá que esa competencia derivó en rechazo mutuo. Para los españoles no era posible buscar alianzas o guerras con señoríos que no existían, pues las tribus carecían de organización política estable. Además, sin la posibilidad de heredar los beneficios de un sistema tributario previamente establecido, ni siquiera vieron con ojos de conveniencia que esas tribus se mantuvieran. La tradición guerrera de éstas se combinó con la motivación aventurera de los colonizadores, ansiosos de riqueza y de hacer esclavos, para llevar el rechazo mutuo a un enfrentamiento a muerte que se exacerbó conforme creció la producción y la importancia de las fundaciones norteñas. Junto a esto las epidemias hicieron lo suyo, aunque si las cifras son inciertas para Mesoamérica más lo son respecto de las tribus nómadas, muchas de las cuales acabaron desintegradas. Para las que sortearon las enfermedades quedaba todavía en juego la supervivencia de su modo de vida. Su dilema era más profundo que el experimentado por los pueblos mesoamericanos.

Maestros en el manejo del arco y la flecha, los chichimecas se defendieron con frecuentes asaltos sobre caminos y poblaciones. De esto derivó lo que en la historia se conoce como guerra chichimeca, que no terminó hasta cerca de 1600. Más que guerra, el prolongado conflicto fue una sucesión de enfrentamientos con tribus que lanzaban incursiones aisladas. Los colonizadores respondían con ataques a los campamentos nativos en busca de prisioneros a quienes esclavizar, en tanto que los chichimecas se habituaban a animales y objetos europeos. Con ello se formó un violento círculo vicioso.

La respuesta del gobierno fue establecer una cadena de puestos defensivos o presidios (nombre derivado de las fortificaciones romanas que «presidían» el avance militar) sobre el camino a Zacatecas. También los hubo hacia Guadalajara y otros rumbos, pues se abrieron nuevas minas en Pachuca, Guanajuato, Sombrerete, Fresnillo y Mazapil. Fundados a partir de 1570 con grupos milicianos dentro de un muro fortificado, algunos presidios prosperaron como poblaciones y subsisten aún hoy: Ojuelos, Pénjamo y Charcas, por ejemplo. Deben contarse como productos de un proceso de colonización en el sentido más riguroso del término, pues fueron establecimientos de carácter oficial cuya ubicación y promoción dependieron de decisiones de gobierno y un plan global de acción, en lo que contrastaban con el poblamiento espontáneo, desordenado e incierto de los reales mineros.

Tierra de oportunidades

La expansión ofreció un desahogo para las presiones creadas en el área mesoamericana. Quienes fueran de ascendencia española podrían dar rienda suelta a sus ambiciones, máxime si arrastraban frustraciones o deudas. Quienes provinieran de los pueblos podrían salir en busca de un ambiente acaso menos opresivo que el dominado por costumbres o restricciones tradicionales. Un antiguo deseo de expansión se cumplió para algunos pueblos de las vecindades, posibilitados para avanzar con ventaja frente a sus enemigos chichimecas. Emigrantes de Michoacán se establecieron en Acámbaro y más al norte, al tiempo que los otomíes de Jilotepec reprodujeron su pueblo en Querétaro reputándose como conquistadores. El gobierno promovió varios movimientos de este tipo.

La ganadería, lejos del conflicto con los agricultores, halló en el norte un campo de especialización y un mercado inagotable en la cría de mulas, demandadas para transportar y beneficiar metales una vez que se introdujo, a partir de 1555, el sistema de patio, llamado así porque el mineral se amalgamaba con azogue (mercurio) y sal a golpe de pezuñas en patios circulares para separarle la plata. Además, las minas devoraban velas de sebo e implementos de cuero. Como los mineros de estas regiones no podían echar mano de una población tributaria para el trabajo en los socavones y túneles, el sistema del repartimiento estaba fuera de su alcance. Tenían que adquirir y mantener esclavos negros o atraer, a base de una remuneración atractiva, trabajadores libres a quienes se conoció con el nombre de naboríos.

Rica como era, la producción de plata no podía sostener por sí sola la vida de los centros mineros, cuya demanda de alimentos crecía con su población. Esto estimuló el desarrollo de explotaciones agrícolas y ganaderas cerca de las minas. De ahí surgieron asentamientos rurales en las áreas más fértiles, irrigables, a que se podía tener acceso: Nombre de Dios (1563), Jerez (1569), Aguascalientes (1575), San Luis Potosí (1592). Su existencia fue tan importante y distintiva como la de los reales mineros y los presidios en la conformación inicial de esta zona de expansión.

A estas situaciones hay que agregar un enfoque distinto de la evangelización. Inicialmente algunos franciscanos se aventuraron solos entre los chichimecas, confiando en el éxito de sus prédicas, pero acabaron flechados, como mártires de su fe. El sistema de doctrinas tampoco podía fundarse sobre tribus con una estructura política y económica muy laxa, de modo que se resolvió llevar a cabo la evangelización sobre bases nuevas. Tal fue el planteamiento de las misiones, surgido de la experiencia evangelizadora de otras partes de América y que se aplicaba por primera vez en el ámbito novohispano. Pero esto demandaba una organización especial, iniciada por franciscanos y seguida por jesuitas, que tardó décadas en arrancar. Por lo pronto, las funciones eclesiásticas quedaron en manos de párrocos seculares que se confinaron a la seguridad de las fundaciones españolas.

Con lo ocurrido empezaba a concebirse en la geografía americana un espacio nuevo y diferente, definido como Tierradentro igual que el camino que llevaba a él (y que más tarde se conocería, refinadamente, como el Septentrión o simplemente el Norte). A pesar de su ubicación y distancia con respecto a ese centro, Tierradentro no nacía con el rostro de un área marginal sino con el de un polo de atracción. Bastaría sólo un siglo para que la parte de él más inmediata al centro, bautizada como el Bajío, se convirtiera en una de las regiones de mayor población, producción agrícola y crecimiento económico, como si fuera el corazón del país. Piezas importantes en esa construcción fueron Celaya (1571), Zamora (1574), León (1576) y Salamanca (1602) (véase el mapa 1).

Nueva Vizcaya y los reflejos lejanos

La expansión española siguió su marcha de Zacatecas hacia la sierra occidental en 1554 al mando de Francisco de Ibarra y con el apoyo del virrey Velasco. Por este lado las poblaciones nativas eran sedentarias y tenían estructuras sociales y políticas más estables que entre los chichimecas, de modo que los hombres de Ibarra pudieron inspirarse en el modelo novohispano. Intentaron hacer una conquista sobre bases parecidas a las del centro, otorgando encomiendas y estableciendo doctrinas, pero obtuvieron resultados conflictivos e inestables. Curiosamente un círculo se cerraba, pues pasando la sierra Ibarra se topó, en Culiacán, con el aislado y último reducto de las conquistas de Nuño de Guzmán.

Sin dejar de aspirar al control de Culiacán, que nunca logró, Ibarra concentró sus fundaciones hacia el interior. Las más destacadas fueron Guadiana o Durango (1563) y San Juan del Río (1572), pronto rodeadas de criaderos de reses y labranzas de maíz y trigo. Otras se extendieron hacia Santa Bárbara (1567) y Saltillo (1577), mientras que nuevos hallazgos de plata originaron numerosos reales de minas: Indé, Mapimí, Guanaceví, Cuencamé, etc. En un medio tan extenso y poco poblado, donde los derechos preexistentes alcanzaban poco espacio, las propiedades podían delimitarse casi a voluntad del que las reclamaba, y en particular la ganadería fue la base de latifundios sin límite definido cuyos dueños llegaron a marcar en un año hasta treinta o cuarenta mil becerros.

Ibarra organizó en 1562 una nueva gobernación a la que denominó Nueva Vizcaya, con capital en Durango. Adornada con los atributos formales de un nuevo «reino», la gobernación estuvo concebida como freno al potencial reclamo de Nueva Galicia sobre lo que hubiera al norte de Zacatecas. Se daba por descontado que tendría una autonomía limitada y podría ser fiscalizada desde la capital virreinal; por otro lado, sin embargo, se le hizo depender en lo judicial de la audiencia de Guadalajara. Los resultados de estas indefiniciones fueron patentes: por años, los gobiernos de Nueva Vizcaya y Nueva Galicia gastaron sus energías en dirimir diferendos jurisdiccionales (a propósito, entre otras cosas, de Culiacán), al tiempo que nunca pudieron erigirse en competidores del poder central.

Los traslapes jurisdiccionales y la ambigüedad en las atribuciones de cada autoridad se habían convertido en el paradigma del sistema político novohispano así como en la base para establecer contrapesos y limitaciones al ejercicio del poder. El gobierno virreinal cuidó de mantener la balanza de los poderes provinciales inclinada siempre a su favor. Así cobró forma la imagen del virreinato como un conjunto al cual sería conveniente caracterizar como la Gran Nueva España, con su capital en México y compuesta por la Nueva España propiamente dicha, Nueva Galicia y Nueva Vizcaya. Incluir o no a Yucatán, con su naturaleza tan independiente, era cuestión de matiz, aunque formalmente sí dependía del virreinato y de su audiencia. A Guatemala sólo la sujetaba un vago reconocimiento de precedencia.

Aún deben sumarse al conjunto de la Gran Nueva España dos provincias más, Nuevo León y Nuevo México, consolidadas a la sombra del impulso que creó Nueva Vizcaya. Pudieron haber quedado integradas a ésta, pero las autoridades centrales les concedieron gobiernos propios en consideración a diversos privilegios que negociaron sus colonizadores y también por estrategia política: dos gobernaciones lejanas, vulnerables, necesitadas del apoyo virreinal, eran preferibles a una Nueva Vizcaya potencialmente grande y poderosa.

Nuevo León tenía antecedentes peculiares, pues su primera fundación, que no prosperó (en 1580), había surgido de una campaña independiente originada en Pánuco. Sus pobladores definitivos provinieron a partir de 1596 de Mazapil, Saltillo y San Luis Potosí, y se establecieron en Monterrey. Caracterizado por un gobierno laxo, un poblamiento disperso, una economía limitada (con predominio de la ganadería) y una relación violenta con la población nativa (abiertamente esclavizada), Nuevo León funcionó como traspatio del centro de México, con el que estableció rutas relativamente directas. De todas las provincias norteñas fue la que menos dependió del eje central del Camino de Tierradentro.

Nuevo México, en cambio, estuvo condicionado por su posición al final de ese camino, con su capital —Santa Fe— separada del último punto habitado de Nueva Vizcaya por mil kilómetros virtualmente despoblados. Esta excentricidad no desanimó a los españoles porque Nuevo México tenía un atractivo que se remontaba a los relatos de Cabeza de Vaca y alimentaba ilusiones de iniciar allí otra gran empresa de conquista. Varios potenciales conquistadores intentaron penetrar en la provincia, sin fortuna o sin licencia, antes de que una expedición formal lo hiciera de manera definitiva con apoyo del virrey conde de Monterrey en 1598, fundando Santa Fe como capital en 1609 —uno de los momentos finales del ciclo de la Conquista— y estableciendo encomiendas y doctrinas sobre los pueblos existentes, aquí sí, a la manera mesoamericana. La población nativa, agricultora, concentrada, dio lugar a expectativas que nunca se cumplieron. La provincia resultó pobre y su contacto con el mundo español habría de producir una historia tormentosa.

La configuración de las gobernaciones norteñas fue trascendental y rebasó las condiciones políticas que les dieron origen. Aunque habrían de dividirse o modificarse con el paso del tiempo, subsisten a la fecha con rasgos característicos bien definidos.

Un capítulo adicional en la historia de la expansión de Nueva España es el de su dominio sobre las Filipinas, una vez que se logró un método seguro y estable de comunicación en 1564 y se fundó un establecimiento permanente en Manila siete años después. Desde la época de Cortés se habían hecho intentos por tender rutas marítimas en el Pacífico, pero ahora el comercio adquiría nuevas dimensiones. Juncos chinos procedentes de Cantón llevaban a Manila especias, sedas y porcelanas que los españoles compraban con plata mexicana o peruana y embarcaban a Acapulco sirviéndose de un sistema de galeones anuales reglamentado por la corona. Así, las Filipinas funcionaron en la práctica como colonia de Nueva España. Hacia finales del siglo XVI, cuando se había cumplido su primer ciclo de expansión, la Gran Nueva España, con todo lo que efectiva o nominalmente caía bajo la jurisdicción o la esfera de influencia del virrey, era una de las entidades políticas más extensas del mundo.

Fronteras, flotas y el esquema imperial

El rasgo dominante de la estructura espacial del Norte era el Camino de Tierradentro, cuyo significado estaba en el hecho de ser una vía casi única y exclusiva. Desde luego había otras rutas, pero la mayoría eran ramales o subsidiarias de esa columna vertebral tendida sobre tierras del altiplano. Aun áreas o localidades alejadas de este eje, como Culiacán (y más tarde Sonora) al occidente o Saltillo al oriente (y en menor medida Nuevo León), dependían de él y sus ramificaciones. Considerando las dimensiones y la configuración del Norte, parecían sobrar razones para abrir caminos en muchas direcciones o brindar acceso al interior a través de distintos puntos de sus costas. Pero no fue así. Los enlaces transversales y los contactos directos hacia el exterior fueron nulos o esporádicos. El área de influencia de Guadalajara se dejó sentir, pero en un plano secundario, tras la existencia de rutas menores orientadas a las regiones occidentales. En suma, el Norte novohispano se configuró como un espacio cerrado, desprovisto de accesos, salvo por un gran camino y otros secundarios y más o menos paralelos que lo ligaban a las regiones centrales y, señaladamente, con lo que surgía como punto nodal en un espacio cada vez más ancho: la ciudad de México. La configuración radial de este sistema era expresión cabal de cómo la ciudad dominaba el conjunto.

Tal rasgo no era atribuible sólo al predominio de la capital virreinal. La razón de fondo estaba en las características monolíticas del comercio trasatlántico que había establecido la exclusividad del eje Veracruz-Sevilla. La política comercial que la corona había diseñado para América se plasmaba en un sistema cerrado y proteccionista que, una vez configurado de modo definitivo, se guió por tres metas básicas. La primera fue prohibir o entorpecer la producción en tierras americanas de bienes de consumo, como herramientas de hierro, textiles finos, aceite, vino y papel, con objeto de proteger a los manufactureros españoles. La segunda fue limitar o anular el comercio entre las colonias americanas, por ejemplo entre Perú y México (el cual se prohibió en 1634). La tercera fue condicionar el comercio trasatlántico (que en dirección opuesta enviaba, entre otros productos, plata, cueros y colorantes) a una vía exclusiva que desde 1564 se concentró en una ocasión única anual: la flota, en que los barcos viajaban juntos, escoltados por una fuerza armada y con sus contenidos contabilizados y sujetos a varios impuestos, señaladamente el almojarifazgo (de hasta 5%) y la avería (de 6%). La medida se alimentó de la práctica establecida de viajar en flotillas por razones de defensa frente a los piratas (una presencia nueva en los mares del Caribe), pero al formalizarla se le dio un sentido proteccionista. En el caso novohispano, los navíos enlazaban al único puerto autorizado, Veracruz, con La Habana, donde también confluían las rutas centro y sudamericanas. Al otro lado del océano había un destino único: Sevilla.

Los comerciantes sevillanos, que se habían organizado gremialmente en un consulado desde 1543, dominaban el comercio con América. Tratándose de Nueva España eran ellos y sus socios o allegados de la ciudad de México quienes controlaban los dos extremos de la línea. Los comerciantes de esta ciudad se convirtieron en acaparadores de mercancías y dinero, y luego en prestamistas o, más aún, socios capitalistas de empresas de todo tipo: minas, agricultura, abasto de ciudades, manufacturas textiles (en los establecimientos llamados obrajes), industrias caseras (sebo, jabón, etc.). En sus manos quedó el manejo de los enlaces marítimos por ambos océanos, el control de las importaciones y, naturalmente, el de los precios. Toda Nueva España quedó ligada directa o indirectamente a estas redes comerciales. Su producción de plata tenía que pasar por la ciudad de México, y en sentido contrario se movía el mercurio, insumo esencial para beneficiar el mineral.

Un contrapeso de este sistema se vislumbró por algún tiempo en el comercio con las Filipinas, que por extensión llegaba a China, así como en los contactos con Perú. Pero el comercio entre Nueva España y Perú fue prohibido, como quedó dicho; los intercambios transpacíficos se vieron impedidos de crecer por circunstancias ajenas al imperio español, y finalmente, fueron los mismos comerciantes de la ciudad de México quienes controlaron y distribuyeron las mercancías.

Lo anterior era anuncio de que las circunstancias de la Conquista estaban quedando atrás y en su lugar aparecían las de un verdadero sistema de dominación colonial. Cobraba forma una política de explotación de recursos concebida globalmente y ajustada a las realidades del mundo español, lejos de los ámbitos restringidos e inestables de los conquistadores y encomenderos, lejos también de las preocupaciones que ponían a los indios en el centro de los proyectos e ideales americanos, como cuando se trazaron los lineamientos originales de la evangelización. Y así, la segunda mitad del siglo XVI habría de vivir el traslape del feneciente mundo de la conquista, tan anclado en el pasado español como en el prehispánico, con las primeras manifestaciones de un orden esencialmente nuevo.

EL CAMINO A LA MADUREZ

La Junta Magna y sus secuelas

El control de las posesiones americanas se afinó durante el reinado de Felipe II, quien ocupó el trono de 1556 a 1598. El Consejo de Indias creció en importancia para convertirse en el órgano de gobierno más influyente, sobre todo durante la presidencia de Juan de Ovando (1571-1575), acucioso reformador de las estructuras del imperio. Fueron años en los que se procedió a recabar información sistemática sobre su territorio, población y productos, se promulgaron ordenanzas que reglamentaban todo tipo de actividades y se apretó el control fiscal. Las guerras europeas, y sobre todo la fracasada aventura de la Armada Invencible (1588), hicieron de Felipe II un monarca tan obsesionado por acrecentar sus ingresos como lo estaba por defender la ortodoxia católica.

En el terreno económico y fiscal las reformas más trascendentales provinieron de un programa de gobierno elaborado en el Consejo de Indias en 1568, tras la serie de consultas conocidas como Junta Magna. Como secuela se consolidó una nueva clase política en la que predominaban egresados de los colegios peninsulares. Encargado de transmitir a Nueva España el renovado espíritu del gobierno fue un nuevo virrey, Martín Enríquez de Almansa, quien llegó en buen momento. Recibió una colonia sosegada tras la tempestad de los encomenderos y en la que las reglas del juego político habían quedado mejor definidas. También le favoreció el proceso de expansión que daba desahogo a muchas presiones sociales. A él le tocó implantar reformas importantes y lo pudo hacer con oposición pero sin mucho ruido y sin enfrentar riesgos de sublevación.

En cuanto a decisiones concretas derivadas de la Junta Magna y aplicadas en Nueva España, la más importante fue la imposición en 1575 de la alcabala, impuesto sobre la circulación de productos españoles o de origen europeo. Por entonces su monto era de 2% del valor de las operaciones. La medida fue mal recibida, pues Nueva España había estado exenta de ese impuesto como aliciente para sus pobladores, pero se quedó, ya que la respaldaba la decisión de un gobierno fuerte, que había consolidado el monopolio comercial de la metrópoli, el prohibicionismo proteccionista y el sistema de flotas. Además, Nueva España ya no requería alicientes para hacerse de pobladores.

Reformas e innovaciones se sucedieron a partir de 1568. En el terreno de la ortodoxia religiosa, y política también, destacaron el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en 1571 y el de la primera casa de la Compañía de Jesús, bastión de la contrarreforma, al año siguiente. Había un antecedente de la primera en un juzgado inquisitorial establecido en 1536 para ayudar a la labor evangelizadora persiguiendo «idolatrías», pero la jurisdicción del Santo Oficio dejó fuera a los pueblos de indios. Así, habría de concentrar su labor en reprimir desviaciones de la ortodoxia católica y manifestaciones de desacato a la majestad del rey. Resultó un instrumento del que las cabezas del reino, civil o eclesiástica, podían echar mano con fines diversos, incluso para golpearse entre ellas. Al igual que los ayuntamientos (sobre todo el de México) y las órdenes religiosas, quedaba en un plano que no por ser de segundo nivel era menos importante: en él se haría ostentación de fuerza, ejercicio de presión, acopio de partidarios y otras demostraciones del juego político. El virrey Enríquez comprendió que tales circunstancias debilitarían su cargo, y lo hizo notar al recibir al flamante inquisidor, Pedro Moya de Contreras, con la mayor frialdad posible. Sus prevenciones resultaron acertadas. Ciertamente la inquisición venía bien para compensar la influencia de los obispos, quitándoles atribuciones, pero en este caso Moya fue hecho arzobispo de México a los tres años (el primer clérigo secular en recibir el nombramiento). La política colonial era así, contrastante y contradictoria.

En cuanto a la Compañía de Jesús, inició sus labores fundando en 1574 el Colegio de San Pedro y San Pablo en la ciudad de México y cinco años después el del Espíritu Santo en Puebla. Junto con los otros abiertos en los siguientes años (Guadalajara, Zacatecas, Durango; su orientación hacia el Norte era clara) estuvieron destinados a educar a los jóvenes de ascendencia española, pues la educación era una de las principales razones de ser de la Compañía; al mismo tiempo, se creaba una elite intelectual distinta de la surgida de la Universidad de México. Los jesuitas, a diferencia de los frailes de las órdenes regulares, no intervinieron en la administración religiosa de los pueblos, aunque sí habrían de participar en el Norte estableciendo misiones a partir de 1593.

Completando las reformas en materia eclesiástica, una ordenanza de 1574 dispuso la secularización de las doctrinas, es decir, su remoción del clero regular para entregarlas al diocesano. Varias parroquias fueron removidas en ese tiempo, aunque los alcances de tal medida no serían considerables hasta el siglo siguiente. Más importante fue una consecuencia indirecta de ella: las órdenes (con excepción de los franciscanos) se inclinaron a adquirir bienes raíces y a una presencia urbana comparativamente mayor, de lo cual habrían de derivar una base económica y social diferente de la de sus primeros años.

Otras transformaciones de importancia estuvieron relacionadas con las audiencias, cuyo poder se fortalecía tanto por su capacidad de contradecir algunas disposiciones virreinales como porque la solidaridad de los practicantes de la profesión legal servía (como es sabido) para escudar o dejar impunes toda clase de abusos. Con todo, la audiencia de México quedó fragmentada al adjudicársele en 1568 una sala del crimen con sus propios alcaldes (diferentes de los oidores) para atender asuntos de su peculiar naturaleza. Con ello, el virrey (presidente de esta audiencia) disponía de piezas que podía confrontar si así le convenía. La de Guadalajara, sin embargo, supo defender sus conveniencias. En 1589 uno de sus oidores dispuso casarse sin tener la licencia que para ello se exigía de los altos funcionarios. Como en ese momento la presidencia de esa audiencia (que a diferencia de la de México correspondía a uno de sus oidores) estaba vacante, el virrey, a la sazón el marqués de Villamanrique, decidió intervenir. El asunto llegó al grado de motivar el desplazamiento de las guardias armadas del virrey y de ambas audiencias, que estuvieron a punto de enfrentarse. Pero ciertas normas del juego político estaban definidas ya: el meticuloso virrey fue prontamente removido y el oidor permaneció impune. La corona no quería castigar demasiado a las audiencias, que eran instrumento eficaz de su poder toda vez que encarnaban un marco ideal para dirimir las luchas entre los grupos.

Los principios de la cosecha

Con Martín Enríquez se cerró el ciclo de los virreyes que podríamos considerar fundadores. Los que le siguieron durante el resto del siglo XVI consolidaron su acción y amarraron cabos sueltos hasta concluir el proceso de creación de la Nueva España. Sin dejar de ser destacados y poderosos, tuvieron un papel menos protagónico, fuera porque no tuvieron que enfrentar situaciones tan críticas, porque los actores políticos eran ya muchos o porque sus periodos de gobierno duraron menos. El primero de éstos, quinto en el cargo, fue Lorenzo Suárez de Mendoza (conde de la Coruña, 1580-1583). Tras su muerte gobernó la audiencia y luego lo sucedió Pedro Moya de Contreras, el arzobispo, para entonces nombrado también visitador general. Nadie en toda la historia colonial reunió tantos cargos como él, y todavía al final de su vida fue presidente del Consejo de Indias. Los doce meses de su gobierno, de 1584 a 1585, estuvieron marcados por una enconada lucha contra los oficiales reales y ciertos oidores de la audiencia, motivada, al parecer, por el deseo gubernamental de suprimir fugas en el sistema fiscal. Por si esto fuera poco, Moya atendió en 1585 la celebración del tercer concilio provincial de la iglesia novohispana (ya se habían celebrado dos, en 1555 y 1565), que estuvo encargado de reforzar las disposiciones del Concilio de Trento (1563).

Sucesores de Moya fueron el ya citado marqués de Villamanrique, Álvaro Manrique de Zúñiga (1585-1590), y Luis de Velasco el Mozo (1590-1595), hijo del segundo virrey y muy identificado con Nueva España. Un logro de ambos fue poner fin a la guerra chichimeca. La iniciativa fue del primero, quien percibió que la solución del conflicto exigía una relación de mutuo provecho entre españoles y chichimecas, de modo que promovió la tarea de ofrecer a las tribus alimentos y ropa. Roto el círculo vicioso de la guerra, la política de una paz comprada quedó establecida de manera permanente. Acto seguido se procuró el asentamiento de la población y a partir de 1591 se fundaron colonias de emigrantes sedentarios del centro de México, especialmente tlaxcaltecas, que con el tiempo dieron lugar a la relativa integración de algunos nómadas a la vida sedentaria pero, sobre todo, fueron parte de un reforzado proceso de poblamiento y auge demográfico. Las colonias tlaxcaltecas prosperaron en San Luis Potosí, Saltillo y otros lugares.

Casi todos los chichimecas, que nunca fueron muy numerosos en relación con el territorio que ocupaban y sufrieron muchas bajas durante los años de guerra y por las epidemias, desaparecieron como grupos étnica o culturalmente diferenciados. Su destrucción fue profunda y rápida su asimilación a los grupos dominantes, aunque subsistieron enclaves en zonas marginales, como la Sierra Gorda.

Los virreyes que continuaron la lista, ya en el paso del reinado de Felipe II al del insípido Felipe III, y bajo el gobierno efectivo del privado o valido del rey, el duque de Lerma —reputado por corrupto y pernicioso—, fueron Gaspar de Zúñiga y Acevedo (conde de Monterrey, 1595-1603) y Juan de Mendoza y Luna (marqués de Montesclaros, 1603-1607), a quien sucedió por segunda vez, y por cuatro años más, el ya anciano Luis de Velasco el Mozo. La vuelta al mando de este personaje singular (que se había hecho encomendero y tenía casi todos sus intereses en México) puede asociarse con el balance final de una generación y el cierre de un segundo ciclo en la administración colonial. Mencionemos también entre los incipientes rasgos de una nueva época el consulado de comerciantes establecido en 1592 y el Real Tribunal de Cuentas instituido en 1605.

La penuria de la corona contribuía a que, de haber un conflicto entre recaudación fiscal y otras consideraciones, aquélla era la que se tomaba como prioritaria. Así, empezó a respaldar prácticas de gobierno que le garantizaban ahorros administrativos y un ingreso seguro a pesar de ser discutibles en cuanto al propósito de combatir intereses creados o usos deshonestos. La más descollante de ellas fue la venta de oficios públicos, es decir, la concesión de funciones de administración civil o hacienda pública, como, por ejemplo, escribanías (o notarías públicas), distribución del correo, manejo de la casa de moneda, cobro de tributos (o sea, el oficio de corregidores y alcaldes mayores) y recaudación de alcabalas (que estuvo por mucho tiempo concesionada al cabildo de México y luego al consulado). También se pusieron en venta los cargos de los propios cabildos, a veces de por vida. Los oficios se ofrecían al mejor postor y su precio variaba según las posibilidades de obtener de su ejercicio mayor o menor provecho, o posiciones de prestigio. La práctica no era nueva, pero de haber sido un recurso extraordinario pasó a ser uno de los puntales de la política hacendaria. Por otra parte, abrió la posibilidad de que familias novohispanas consolidaran su posición y vieran crecer su injerencia en los asuntos del gobierno.

El sistema político colonial pudo aguantar la sacudida de estas innovaciones porque ya tenía normas y usos fundados en la experiencia. Para fines del siglo XVI este sistema había adquirido sus rasgos esenciales: relativa verticalidad en las relaciones de poder, respeto acentuado de la legitimidad, independencia relativa (efecto de la distancia) y decisiones por consenso (por la falta de poder coercitivo y de burocracia).

Paisajes nuevos

Entre 1576 y 1581 —todavía tiempos de Martín Enríquez— Nueva España se vio arrasada por otra gran epidemia, tal vez de tifo, no menos devastadora que las anteriores aunque las cifras fueran menores. Murió casi la mitad de su población subsistente, dejando su cifra total en menos de dos millones; además, hubo epidemias menores antes y después. Todo ello dejó huella profunda en los pueblos de indios, máxime que los movimientos de población inducidos por la enfermedad se combinaron con los propiciados por las congregaciones y el fenómeno de las tierras vacías se acentuaba. Problemas de sucesión afectaron la posición de los cacicazgos, mientras la estructura de tributos y repartimientos se debilitaba. Quienquiera que hacia 1600 hubiera comparado los pueblos de entonces con los de 1550 habría encontrado difícil conciliar las imágenes de unos y otros.

Pero las transformaciones llegaban más allá y por doquier podían hallarse situaciones irreconocibles, sin mencionar al Norte, donde el cambio era más radical. Eran patentes los resultados del proceso de transformación regional iniciado a mediados del siglo XVI. Con el nuevo desplome demográfico varios sistemas regionales, sobre todo en las zonas costeras, quedaron aniquilados, y en los espacios de sus asentamientos y cultivos abandonados empezaba a crecer una vegetación silvestre que habría de perdurar por siglos. Sin llegar a estos extremos, difícilmente podría encontrarse algún sistema regional que no estuviera transformado. Con una demografía en contracción, el mundo ocupado por los pueblos de indios no estaba ya en posición de ser elemento dominante en la conformación del paisaje.

Nueva España ya tenía un paisaje nuevo. Frente a la contracción de los pueblos tenía lugar la expansión de todos aquellos de un modo u otro asociados con el dominio y la colonización de españoles: hacia 1600 representaban a uno de cada cuatro o cinco habitantes de Nueva España (o de cada tres o cuatro de Nueva Galicia), si bien la proporción era notablemente menor en Yucatán y las provincias norteñas. El cuadro 1 condensa las cifras aproximadas de que se dispone. Con estas salvedades, lejos habían quedado los días en que el mundo de los españoles podía haberse visto ahogado por una abrumadora mayoría de población indoamericana. El ascendiente demográfico que habían alcanzado les permitía determinar muchos rasgos de la configuración del país. Además, no eran sólo sus personas lo que se hacía sentir, sino todo lo que habían llevado, y acumulado, con ellas.

Una de las consecuencias más trascendentales de la llegada de europeos a América fue la revolución en el universo de las especies animales y vegetales. El proceso se inició desde los primeros contactos, cuando caballos, asnos, vacunos, puercos, ovinos, trigo, caña de azúcar y cítricos (por citar sólo algunos) se hallaron por primera vez en tierras mesoamericanas, aunque sus efectos masivos y las alteraciones ambientales que produjeron no se apreciaron plenamente sino hasta fines del siglo XVI. Ciertos espacios se modificaron al alterarse su cubierta vegetal, por ejemplo con la siembra de trigo en la cuenca del Lerma y el Seco poblano o de caña de azúcar en los Tuxtlas, con la introducción del árbol del pirú o con el sobrepastoreo a que dieron lugar las ovejas en el Valle del Mezquital y las Mixtecas. Asociado con ello cobró forma un nuevo entramado de relaciones económicas y sociales, como ocurrió con el empleo de esclavos negros en las explotaciones azucareras. Así surgieron paisajes que no parecerían americanos y cuyas características los hacían ser considerados regiones aparte, nuevamente configuradas en el espacio mesoamericano.

Un caso de redefinición regional y de creación de paisaje nuevo fue particularmente llamativo: el del valle del Atoyac, que en parte había sido una zona casi despoblada a la llegada de los españoles debido al aislamiento que sufría Tlaxcala. Los españoles fundaron en ese valle la Puebla de los Ángeles y la villa de Carrión (hoy Puebla y Atlixco, respectivamente), dedicaron las tierras a empresas agrícolas, propiciaron movimientos de población y trazaron caminos nuevos: la ruta de la ciudad de México al litoral del Golfo se tendió por el valle, relegando la vía prehispánica que se orientaba a Tuxpan y no a Veracruz. Con estos desarrollos se daba también un proceso de mestizaje que contribuía a la caracterización socioeconómica del área. En la segunda mitad del siglo XVI el valle adquirió una estructura regional tan dominante que llegó a absorber el espacio tlaxcalteca a pesar de que éste había tenido una personalidad bien definida en el pasado. En ningún otro lugar se veía contraste tan grande, porque la región y el paisaje poblanos eran estructuralmente nuevos y muy «españoles». En Michoacán se podía apreciar un fenómeno comparable, aunque más tardío, conforme Valladolid adquiría ascendiente sobre Pátzcuaro, provocando el desplazamiento del área más dinámica de la provincia. También se vislumbraban el espacio regional y el paisaje cultural nuevos que cobraban forma en el Bajío, cuyo crecimiento habría de caracterizar en gran medida el siglo por venir.

La jerarquía funcional de los centros urbanos, ligada a la conformación de sus espacios regionales y redes de intercambio, se definió durante la segunda mitad del siglo XVI. Esto ocurrió en distintos niveles. En las cabeceras de algunos pueblos se dejó sentir la influencia de españoles que ocuparon sus alrededores o se establecieron en ellas: así, entre otros, Toluca, Tulancingo y Tehuacán se enfilaron hacia posiciones de primacía regional. Aunque no dejaron de ser pueblos de indios en el sentido corporativo y continuaron sosteniendo sus cuerpos de república y comunidades, tenían cada vez más habitantes de origen externo, se situaban en el centro de regiones netamente coloniales y adquirían rasgos de urbanismo español.

Haciendo haciendas

Las primeras empresas productivas españolas surgieron de la apropiación o las mercedes de tierras en la forma que se explicó en el capítulo anterior, conducidas por estancieros o labradores y dedicadas a la caña de azúcar, el trigo o el ganado, y luego también al maíz y otros cultivos. La etapa inicial en el desarrollo de esas empresas fue aquella en que se valieron, según el caso, del servicio personal o de esclavos, y después del sistema del repartimiento, al tiempo que se formalizaban los derechos de propiedad de la tierra y pasaban a ser objeto de compraventa, cambiando de manos con frecuencia. Con ello se abrieron las oportunidades para consolidar grandes propiedades, a las que el crecimiento de las ciudades españolas brindaba un mercado en constante aumento. La demanda de trabajadores, naturalmente, crecía, pero se enfrentaba al problema de una población demográficamente contraída. Los pueblos de indios no siempre estaban en posición de ofrecer la fuerza de trabajo requerida. Aunque el repartimiento garantizaba un abasto más o menos regular de mano de obra, su administración era complicada y estaba sujeta al control gubernamental.

Frente a esta situación, estancieros y labradores encontraban muchas ventajas en la presencia de laboríos o gañanes dentro de sus propiedades, y poco a poco la fomentaron: ofrecieron a los trabajadores un pedazo de tierra o alguna participación en las cosechas y protección en los años malos. En algunos casos les ofrecieron cubrir directamente el importe de sus tributos. Este arreglo podía resultar conveniente para ambas partes; no así para los pueblos, que podían experimentar una sangría demográfica con el consiguiente desajuste de su tasación tributaria. Ciertamente los gañanes no se desentendían de todas sus obligaciones corporativas ni de los lazos que los ataban a sus pueblos de origen, pero algunos lo harían —en particular los ladinos, como ya se dijo— y el tiempo habría de desempeñar su papel, especialmente en zonas donde el amplio espacio o una baja densidad de población marcaba una distancia considerable entre unos y otros asentamientos, casi siempre los mismos donde habían proliferado las primeras estancias ganaderas. Los gañanes establecidos de manera permanente empezaron a ser designados con el nombre de residentes o peones.

En esta combinación de actividad ganadera o agrícola, amplia propiedad rural y un núcleo de población trabajadora desligada de los pueblos surgieron las empresas que fueron conocidas con el nombre de haciendas. Si bien el apelativo habría de popularizarse para designar una gran variedad de bienes raíces, especialmente los más extensos, las verdaderas haciendas estaban definidas por un centro de población que, en algunos casos, con el tiempo, llegaría a equipararse en tamaño y funciones con los pueblos cercanos. En el Bajío y el Norte, donde había pocos o ningún pueblo, las haciendas fueron los asentamientos dominantes del medio rural, pero no fueron menos relevantes dentro de las áreas de abasto de las grandes ciudades, y la buena administración con que muchas de ellas llevaron sus negocios las habría de colocar, a partir del siglo XVII, en una posición de primera línea en la economía novohispana.

Un país con pasado

La terrible experiencia de la última gran epidemia del siglo no quedó superada en 1581, aun cuando en esa fecha ya había sido controlada. Sus repercusiones fueron acaso más importantes que las derivadas de epidemias anteriores. Los encomenderos, para entonces hijos o nietos de los conquistadores, se vieron más debilitados de lo que ya estaban; conforme morían, la corona se hacía cargo de sus pueblos y de sus menguados tributos. Los frailes tuvieron que corregir su rumbo: las grandes concentraciones de los pueblos se esfumaron, y el concepto original de una evangelización centrada en los conventos, obras masivas hechas posible por la participación de grandes multitudes y destinadas a ellas, perdió su razón de ser. Para finales del siglo XVI los pueblos de indios eran en su mayoría de poca población, y los curas seculares, que reclamaban a los frailes un espacio en la tarea de adoctrinamiento y tenían un sistema de administración religiosa a base de pequeñas iglesias parroquiales independientes, se desempeñaban (al igual que las misiones norteñas) de manera más adecuada y económica.

No sólo el despoblamiento acabó con la edad de oro de los conventos. La primera generación de misioneros había muerto y con ella el espíritu desbordante que veía en la conversión del Nuevo Mundo un momento cumbre de la historia. Los que les siguieron enfrentaron el problema más fríamente, lejos de las perspectivas heroicas de la conquista. Se estaban borrando las continuidades en que se había fundado: ahora, los cambios eran ya demasiados. Hemos visto salir gradualmente de la escena a encomenderos, caciques, frailes —piezas clave de la conquista— y con ellos desaparecían los pueblos de indios en la forma que el siglo XVI los conoció. Ciertamente subsistieron, pero un ciclo de su historia se cerró al finalizar la primera década del XVII.

Junto con esos pueblos con que tan estrechamente vivió su etapa fundacional, Nueva España pasó a otra etapa de su vida con proximidad al cambio secular del calendario y más o menos al cumplirse tres generaciones en el devenir de sus habitantes. La etapa que había nacido con la generación de los conquistadores se cerraba con la muerte de sus nietos, algo que simbolizó bien Luis de Velasco el Mozo al concluir su segundo periodo de gobierno en 1611.

En el país florecía su todavía joven cuarta generación. Acaso algunos viejos podrían recordar como experiencia propia la primera o segunda décadas de la presencia española. Para los demás los recuerdos rara vez se remontarían más atrás de los últimos años de la etapa fundadora, cuando las reformas de 1568 abrieron paso a novedades que habían llegado para quedarse. Desde luego eran diferentes las experiencias vividas por las distintas colectividades sociales en ciudades, reales de minas o pueblos de indios, y difícilmente habría coincidencias en las perspectivas que cada una tenía, máxime si añadimos la diversidad regional que se encerraba desde Yucatán hasta el Norte (sin olvidar los anacronismos comprensibles en un entorno extremo como el de Nuevo México). Pero también había una experiencia compartida, porque Nueva España era una realidad que englobaba a todos con sus problemas y desarrollos. Sólo los esclavos venidos de África, cuya memoria debió de haber estado dominada por el trauma de su desarraigo, se alimentaban de una experiencia vital verdaderamente ajena (y no en balde fue entre ellos donde se dieron las muestras más patentes de rebelión y rechazo social), porque los chichimecas, paradigma de quienes realmente se sustrajeron del mundo novohispano, se hallaban a punto de desaparecer.

Para esa cuarta generación, que apenas se asomaba a la madurez en 1611, la conquista y el pasado prehispánico estaban fuera de su experiencia vital y, en cambio, dentro de su herencia histórica. En la creciente producción literaria novohispana descollaba el tema de la conquista, pero se le abordaba ya no como crónica sino como epopeya del pasado, cuyas glorias querían hacer suyas los hijos de los conquistadores, cual Antonio de Saavedra Guzmán y Juan Suárez de Peralta, o como producto de estudio histórico, de lo que es muestra la Monarquía indiana del franciscano fray Juan de Torquemada. Perspectivas aún más nuevas tenía Bernardo de Balbuena, autor de Grandeza mexicana, publicada en México en 1604 y que se ha señalado como una de las piezas iniciales de la literatura novohispana. Es un discurso poético que describe la magnificencia de la ciudad de México, en cuyos colegios Balbuena estudió después de haber crecido en los campos de Nueva Galicia. La identificación intelectual de Balbuena con Nueva España era innegable, pero al toparse con los temas de la conquista y la ciudad prehispánica los dejó de lado diciendo que eso era algo demasiado lejano para él. Tal vez Balbuena pecó de desinterés, pero él había nacido en 1561 o 1562.

Hubo otras muestras de florecimiento cultural. Su fundamento se hallaba en la consolidación de diversos colegios (especialmente los jesuitas) y de la universidad, así como en la disponibilidad de caudales destinados a costear la edificación de catedrales, parroquias y residencias urbanas, la hechura de pinturas y esculturas, la composición de piezas literarias y musicales, etc. Quedaba atrás el ámbito mayormente rural del arte de la conquista y en su lugar predominaban las manifestaciones de un arte urbano. Dentro de este proceso descollaron diversas muestras de mestizaje cultural, entre las que cabe destacar la obra histórica de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (anterior a 1625), que ensalzaba el pasado prehispánico y se sumaba a la Grandeza mexicana en su afán de cantar las bellezas y valores de Nueva España. Un aspecto adicional de la identidad novohispana puede encontrarse en la fundación de conventos de monjas, cuyas órdenes, a diferencia de las masculinas, eran puramente contemplativas y de total reclusión.

Deseos de renovación

La segunda década del siglo XVII no sólo llevó aires nuevos a Nueva España sino a España misma. Se experimentaba un reacomodo social que abría espacios a la alta aristocracia cortesana en menoscabo de quienes se habían formado con experiencias de más aliento durante el siglo XVI, y entraban en escena los arbitristas, como se llamó a una pléyade, más o menos atinada aunque generalmente comprometida, de críticos y reformistas sociales que propusieron y a su tiempo aplicaron (con resultados más bien pobres) principios de gobierno que trataban de mitigar lo que estaba ya ante los ojos de toda España: el fin de su hegemonía imperial, compensado apenas por los brillos de su Siglo de Oro literario.

Los holandeses (liberados recientemente de la dominación española), los ingleses y los franceses se estaban haciendo dueños de los mares. El nuevo equilibrio de poderes quedó en evidencia en 1621 con la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que mantuvo en jaque a las naves españolas en el Atlántico y el Pacífico. La captura de una flota salida de Veracruz por la escuadra holandesa cerca de Cuba en 1628 puso de manifiesto la vulnerabilidad de España y se tradujo en grandes pérdidas para los comerciantes de México. En lo sucesivo, la inseguridad en las rutas marítimas se volvió un problema crónico.

Ante este panorama, los arbitristas, que en 1621 habían llegado al poder en la figura del conde-duque de Olivares (valido del rey Felipe IV), impulsaron un ambicioso programa de reformas para el imperio. Su ejecución en Nueva España fue encomendada a un virrey, Diego Carrillo (marqués de Gelves), a quien se pidió lograr una mejor recaudación fiscal, combatir el contrabando y luchar contra los intereses creados. Pero este hombre carecía de tacto político y actuó con celo excesivo, desdeñando las perspectivas locales, cosa que lo enemistó con los grupos de poder más fuertes de Nueva España: la audiencia, el cabildo de la ciudad de México, el consulado, la jerarquía eclesiástica, etc. Cuando se enfrentó con el arzobispo su situación terminó siendo insostenible.

El desenlace fue un hecho extraordinario: el virrey fue derrocado en 1624 mediante un golpe de estado orquestado por la audiencia, que aprovechó un momento crítico para expulsarlo violentamente del poder so pretexto de un motín popular. La corona tuvo que aceptar los hechos porque de otro modo se arriesgaba a una pérdida mayor; además, tenía otras prioridades y para ellas necesitaba de la buena voluntad de las elites locales. Lo significativo del acontecimiento es que dejó en claro que en Nueva España la política se manejaba con sus propias reglas y que, si bien era cierto que se había consolidado un gobierno central, éste distaba de ser un bloque sólido y omnipotente al servicio de la metrópoli. La autoridad del rey era reconocida, pero la realidad le imponía límites. Los españoles de Nueva España hacían valer sus puntos de vista y sus intereses. Había llegado el momento en que podrían dar curso, con expresión más moderna, a uno de aquellos proyectos de país que se hicieron en los tiempos fundacionales de Nueva España: el de los pobladores, aquel que buscaba una sociedad más abierta y libre, más semejante a la metrópoli y con mayor espacio para la acción de los cabildos, el clero secular, los agricultores, los mineros y los comerciantes.

Nueva España tuvo que acostumbrarse a vivir con los problemas que le acarreaba la debilidad de la metrópoli y asumir el nuevo papel que ésta le asignó dentro de su imperio. Esto significaba que cabildos, comerciantes y otras corporaciones quedaban obligados a mantener sus arcas y bolsillos abiertos. Pero no les fue mal, pues a cambio de ello supieron negociar privilegios nada desdeñables, asuntos en los cuales los acontecimientos de la gran política se mezclaban con cuestiones de naturaleza local.

Uno de los problemas más graves, por sus implicaciones políticas y por haber alterado el panorama económico de Nueva España, fue la inundación de la ciudad de México por cinco años a partir de 1629. Mantener la ciudad libre del agua mediante el drenaje de sus excedentes había exigido grandes gastos y esfuerzos destinados a abrir túneles y canales, pero no eran suficientes. La inundación dio lugar a recriminaciones políticas (por ejemplo, se acusó al virrey derrocado de que en su afán de ahorrar había mandado suspender vitales obras de desagüe) y motivó demandas extraordinarias de repartimiento de trabajo (para concluir y ampliar esas obras) que repercutieron en todos los pueblos del centro de México. Se propuso mudar la ciudad a un lugar ligeramente más alto, a la orilla del antiguo lago, pero prevalecieron los intereses creados. Entretanto, Puebla sacó ventaja al convertirse, si bien por breve tiempo, en el centro comercial y manufacturero más activo del país.

Consecuencia indirecta de la inundación fue que hizo insostenible el sistema de repartimiento de trabajo tal como existía desde 1549. Necesitado de mano de obra para las obras del desagüe, el gobierno hizo varios ajustes en 1632, el principal de los cuales implicó excluir a los pobladores españoles de los beneficios del sistema. Ésta fue una decisión difícil para el virrey, pues perdía un arma que le había servido como elemento de presión (por ejemplo, el cabildo de Puebla se había mostrado reacio ante ciertas demandas fiscales, pero cambió de opinión cuando se amenazó a sus miembros con cortarles el repartimiento). Los pobladores se resintieron de momento, aunque al final salieron ganando, pues se les abrió un mercado de trabajo liberado del control gubernamental en un momento en que, debido al descenso demográfico, la mano de obra era escasa y demandada.

Un último intento de saneamiento político se emprendió en 1640, poco antes de que el grupo reformista fuera desplazado del poder en España. El ejecutor del proyecto fue Juan de Palafox, obispo de Puebla investido en diversos momentos con los más altos cargos del gobierno civil, incluido el de virrey. Palafox enfrentó la complejidad de Nueva España con inteligencia y trató de buscar un equilibrio entre los intereses en juego, pero no pudo evitar enfrentamientos que forzaron su regreso a España en 1649. Su pleito con los jesuitas a propósito de las prerrogativas episcopales se convirtió en un escándalo político. Las resonancias del caso y sus efectos potencialmente desestabilizadores pusieron fin a lo que quedaba del afán reformador de la corona. Palafox, con su defensa del clero secular y lo que implicaba, había resultado ser el campeón del proyecto político y social de los españoles criollos.

… y Nueva España llegó a su madurez disfrutando de un escenario de expansión y autonomía

Así, esta etapa vio el ascenso gradual de estos criollos a posiciones de influencia y poder en diversos cargos de la administración (aunque sólo por excepción en los más altos), y desde luego también a la riqueza. Es cierto que la calidad de español se tenía por sangre o herencia y no por el lugar de nacimiento, pero fue natural que los peninsulares difirieran en sus puntos de vista e intereses de los americanos (concepto que no excluía a individuos con variadas proporciones de sangre mestiza). Los primeros gozaban de ventajas para ganar o comprar las posiciones más provechosas, aunque no siempre, y la incapacidad de España para ejercer una autoridad irrestricta dio a los segundos, por entonces, la gran libertad de acción de que harían gala en los años venideros.

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