4. Vísperas (febrero-julio de 1936)
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Vísperas (febrero-julio de 1936)
A COMIENZOS DE 1936 Mundo Obrero pudo reabrir tras la prohibición gubernamental posterior a la insurrección de Asturias. La dirección comunista entró en un estado de agitación febril preparando las elecciones. La formulación de una amplia coalición para la recuperación de la República por parte de Azaña y los socialistas de Prieto, y la aproximación táctica de un Caballero sumido en la lucha por el control del socialismo[1], en plena batalla interna contra sus adversarios, marcó el proceso de génesis del Frente Popular.
El 19 de diciembre el partido español comunicó a Moscú la aceptación crítica de un bloque electoral de izquierdas, pero declarando su disposición a «luchar junto con la izquierda por un frente unido proletario, por las alianzas obreras»[2]. Dos días después, Codovilla refirió a Manuilski una entrevista con Caballero para acordar posiciones. Codovilla llegó a la conclusión de que, aun estando de acuerdo con la propuesta unitaria, Caballero —que acababa de cesar en sus cargos en el partido— y los socialistas de izquierda, inmersos en las disputas internas con los centristas de Prieto, minusvaloraban el asunto central. Por su parte, la organización del PSOE había invitado ya a dos delegados del PC para decidir sobre el frente popular y las próximas elecciones[3].
Durante las semanas previas a los comicios conocemos principalmente las comunicaciones que Codovilla remitió a Moscú. De ellas se deducen tanto los meandros del proceso de conformación del programa y las candidaturas, como las maniobras de Caballero para utilizar el Frente Popular en apoyo de su lucha partidaria. «Caballero habló en un mitin y enfatizó la necesidad de unificar las organizaciones sindicales y políticas del proletariado. Su discurso, a pesar de que suele ser bastante oscuro, favorece la presente política del PC»[4].
Las negociaciones del pacto del Frente Popular no resultaron fáciles. Los republicanos no querían que los comunistas participaran en las discusiones. Uno de sus representantes más conservadores, Sánchez Román, llegó a retirarse de las conversaciones. Caballero no presionó en absoluto para que las deliberaciones se efectuasen entre todos los representantes de las fuerzas políticas participantes. Según Uribe, «asomaba ya la oreja de su singular concepción del PC; nos consideraba únicamente como una fuerza de apoyo para el PS y especialmente para él, para sus planes».
Entre las propuestas programáticas que propuso el PCE figuraron que el gobierno disolviera los partidos con formaciones paramilitares, y la expropiación sin indemnización de las tierras de los grandes terratenientes y su entrega gratuita a los obreros agrícolas y campesinos. Los socialistas eran, sin embargo, partidarios de la socialización de la tierra, lo que para el futuro ministro comunista del ramo —«siendo benévolo en el juicio»— era una clara incomprensión por parte de los socialistas del papel que estaban llamados a jugar los campesinos en la lucha por las transformaciones democráticas del país.
El manifiesto contenía cuestiones que iban más allá del programa electoral, como el rápido establecimiento de relaciones con la URSS. Para Codovilla, la impresión general era buena y se estaba trabajando ya en la cuestión de los candidatos[5].
Los negociadores socialistas, encabezados por Juan Simeón Vidarte, plantearon la incorporación de candidatos comunistas en las listas comunes en términos de lograr un número de diputados «no menor que el necesario para tener derecho a constituir minoría y participar en las comisiones, es decir 10. Con esto, ellos, los socialistas, tendrían un apoyo en las comisiones que es donde se elaboraban los proyectos». Hubo tira y afloja en algunas circunscripciones, como Toledo, Alicante y Sevilla, donde a pesar de los esfuerzos del PCE no se pudo incluir a ninguno de sus candidatos. Para Toledo, donde se descontaba un triunfo claro del Frente Popular, los comunistas propusieron a Pedro Martínez Cartón. A este le sentó muy mal no verse incluido por dicha provincia, y se le acabó presentando, aunque de mala gana por su parte, en la lista de Badajoz, en lugar de un trotskista de Llerena —donde el POUM poseía una importante organización local— propuesto por Vidarte y que había sido enérgicamente rechazado por el PCE[6]. Paradójicamente, Cartón salió elegido diputado por la provincia extremeña, lo que no habría ocurrido en el caso de porfiar en figurar por Toledo. En Alicante, la retirada por el propio PC de la candidatura de Francisco Galán —en compensación por la retirada del PSOE a favor de candidatos republicanos— fue muy mal comprendida por las bases.
Si bien Uribe atribuyó, de forma despectiva, al «cretinismo» parlamentario de los socialistas estas discusiones, no es menos cierto que en las filas del propio PCE la posibilidad, por primera vez en su historia, de alcanzar grupo parlamentario suscitó movimientos de rivalidad interna. En Madrid, dada su trascendencia, comparecían las figuras máximas de los partidos, y por consiguiente debía presentarse por esta circunscripción su secretario general, José Díaz. A esto se opuso Pablo Yagüe, a la sazón secretario del Comité Provincial de Madrid, diciendo que Díaz debía ir por Sevilla, que era su tierra. Como «todos nuestros razonamientos fueron inútiles ante las cabezonadas de Yagüe», la cuestión fue zanjada imponiendo la autoridad del Buró Político, «y Pepe fue nuestro candidato y luego diputado por Madrid». En Vizcaya, el aparato propuso a Vicente Carro, veterano militante del movimiento obrero regional. El secretario general del PC en Euskadi, Juan Astigarrabía, iría por Guipúzcoa, circunscripción prácticamente hegemonizada por el nacionalismo vasco. Ante la previsión de no salir elegido, Astigarrabía trató de sustituir a Carro, sacando a colación algunas de sus insuficiencias políticas. Como en Madrid, fue preciso un cornetazo del Buró Político, pero Astigarrabía no se plegó y se negó a ir en la candidatura guipuzcoana, siendo sustituido por Jesús Larrañaga. El colmo de las tensiones, auténticamente de campanario, se alcanzó en Pontevedra, donde tras lograr obtener un puesto en la candidatura del Frente Popular por esta provincia, las rivalidades entre las organizaciones comunistas de Vigo y Pontevedra impidieron un acuerdo y llegaron a la conclusión de que el Buró Político designase al candidato, de forma que no fuera ni de Vigo ni de Pontevedra, e incluso que no fuera gallego. Esta fue la razón por la que Adriano Romero fue incluido en la candidatura del Frente Popular de Pontevedra.
A menos de quince días de la celebración de los comicios Madrid informó a Moscú de que habían logrado colocarse 21 candidatos del partido, de los que se esperaba que al menos la mitad obtuvieran escaño[7]. También refirió que la intensificación de la campaña y el entusiasmo desatado estaban llevando a un incremento considerable del número de afiliaciones[8]. No se daban datos, pero algo más de un mes después, en un Pleno del Comité Central con delegados de 47 provincias se informó que el partido contaba con 50 348 miembros y estaba en rápido crecimiento. La mayoría de los nuevos afiliados procedían de las regiones agrícolas, y más de la tercera parte eran mujeres. La Juventud Comunista tenía en ese momento 32 600 militantes[9].
El 16 de febrero de 1936 los comunistas recogieron el 3,5 por 100 de los votos y obtuvieron 17 diputados[10]. La suma de las nuevas expectativas que se abrían para las clases populares y del temor suscitado entre los sectores conservadores bosquejó el cuadro de tensión creciente que se completaría en los meses siguientes.
PRIMAVERA DE URNAS Y LUCHA
Desde febrero, a la grave situación económica que afectaba al bajo nivel de vida de la clase trabajadora hubo que sumar la crisis artificial creada tras el triunfo del Frente Popular. Previendo la aplicación de la reforma agraria y las expropiaciones sin indemnización, los grandes terratenientes decidieron abandonar las faenas agrícolas para la siguiente temporada. Se detectaron fugas de capitales, retirada de fondos bancarios, torpedeo contra el valor de la peseta, y en el aire planeaba la amenaza de un cierre patronal si el gobierno obligaba a las empresas a pagar las indemnizaciones reconocidas a los represaliados de octubre del 34.
La constitución del nuevo gobierno Azaña fue objeto de valoraciones confusas por parte de la Comintern. Si en primera instancia se valoró no como un gobierno de Frente Popular, sino como un gobierno burgués de izquierda[11], Moscú consideró sin embargo que debía ser apoyado contra los ataques y un posible golpe de estado de los reaccionarios, para garantizar que pudiera llevar a cabo el programa electoral del Frente Popular, sin perjuicio de que el PCE mantuviese una acción independiente y se reservase el derecho a criticar y a recurrir a la movilización cuando las medidas gubernamentales fueran dirigidas contra los intereses de las clases trabajadoras[12].
Las semanas siguientes fueron agitadas, transcurriendo bajo el triple signo de la presión popular para que el gobierno llevase a cabo reformas profundas, con verosímiles amenazas de desbordamiento[13]; de la lucha interna en el PSOE, en la que la facción caballerista parecía abonarse a un radicalismo que podía terminar con la ruptura del bloque popular; y de los movimientos para llevar a cabo la consecución de la unidad orgánica del proletariado, empezando por la fusión de las juventudes.
El PCE, según informó Codovilla a Dimitrov, apostaba por el programa de la revolución democrático-burguesa (al que atribuyó, de forma sin duda exagerada, un aplastante apoyo de masas)[14]. Sobre el palpitante tema de la reforma agraria, por ejemplo, los comunistas apoyaron las ocupaciones de tierra de forma organizada, como forma de obligar al Instituto de Reforma Agraria (IRA) a acelerar sus pasos, pero limitándose «solo [a] ocupar la tierra de la exnobleza, de los terratenientes reaccionarios importantes, de la Iglesia, tierras excomunales, etc. Lo mismo con los almacenes de grano». El partido hacía todos los esfuerzos «para consolidar las posiciones conquistadas y para apoyar, pero no precipitar, luchas prematuras».
En las circunstancias del momento resultaba suicida creer, como lo hacían los socialistas de izquierda, que el bloque popular había cumplido su misión y había que disolverlo. Los socialistas no querían ir a las elecciones municipales con los republicanos. Bien al contrario, los comunistas propusieron a Caballero acordar un programa común «que contenga las reivindicaciones esenciales de la revolución democrático-burguesa» y, al mismo tiempo, reforzar la unidad proletaria organizando juntos las alianzas obreras y campesinas y discutir sobre la formación del partido único. Sobre este último aspecto se dieron pasos decisivos a últimos de marzo. En concreto, en su reunión del último día del mes el Comité Central aprobó unánimemente las razones adoptadas para la fusión de las juventudes comunista —que decía contar con 35 246 miembros[15]— y socialista. Es interesante señalar que en esta reunión del órgano de dirección comunista tomó parte el todavía militante socialista Santiago Carrillo, que «hizo una magnífica sugerencia política, declarar que la JS se propone adherirse definitivamente a la KIM [Internacional Juvenil Comunista] y procurar que el PS reformado junto con el PC se adhiera a la IC»[16].
En el rampante clima de tensión a que estaba conduciendo la actuación de los grupos de pistoleros falangistas, convenía mantener la cabeza fría y no caer en provocaciones antes de estar preparados para afrontar la lucha en esos términos. No se trataba de responder al atentado con el atentado, sino de impulsar el desarrollo de organizaciones de autodefensa, como las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), que dotadas de armas cortas y con una rudimentaria instrucción militar cumplían misiones de protección en manifestaciones y actos de masas[17].
A principios de abril, la Comintern, por boca de Dimitrov y Manuilski, comunicó su alarma por los acontecimientos, que no dudaba en atribuir a los «contrarrevolucionarios». En ellos estaban implicados dos vectores: los socialistas de izquierda —junto con los inevitables «trotskistas»—, con sus intentos de destruir el frente popular; y los anarquistas, de los que se temía un putsch, y cuyas actividades habían derivado en la proliferación de choques entre las masas y las fuerzas de orden público y en «los exagerados intentos de incautación de propiedades». La colusión de ambas fuerzas no podría dejar de tener fatales consecuencias para la unidad del frente popular en el parlamento.
La IC realizó un llamamiento dramático a su sección española para que no cayera en ninguna provocación, ya que «sería perjudicial a la revolución en este momento y podría solo favorecer el triunfo de los antirrevolucionarios». Había que impedir que se produjera una ruptura con los republicanos burgueses de Azaña, ni siquiera darles el pretexto para que se apoyasen en elementos reaccionarios. Se debían emplear todos los medios para acelerar la realización del programa del Frente Popular, particularmente la cuestión agraria. La directriz terminaba haciendo hincapié en la necesidad de apartar el espantajo del peligro rojo:
En todas las actividades del partido que realicéis se debe resaltar que la creación del poder soviético no está en el orden del día, sino que por el momento, es solamente cuestión de establecer un estado democrático que haga posible ejercer una barrera contra el avance del fascismo y la contrarrevolución, y para fortalecer en general las posiciones del proletariado y sus aliados[18].
Por más que se llamase a la contención, la presión popular seguía aumentando. Con motivo del desfile del 14 de abril se produjeron incidentes en el Paseo de la Castellana, durante los cuales pistoleros falangistas dispararon contra la presidencia, resultando muerto el alférez de la Guardia Civil Atanasio de los Reyes[19]. Su entierro derivó en nuevos tiroteos entre los participantes en el cortejo —simpatizantes de la extrema derecha— y miembros de las milicias socialistas que los hostilizaban en su marcha hacia el cementerio del Este[20], con un balance de tres víctimas mortales más y el desencadenamiento de una huelga general en Madrid, de la que Codovilla dio cuenta a Manuilski. El PCE hizo todo lo posible por evitarla y, aunque no se atreviera a manifestar en público su disconformidad con el paro, instó el retorno al trabajo en pos de evitar, a cualquier precio, que degenerara en incidentes violentos en los que las masas fuesen arrastradas por los anarquistas, que pretendían convertir la huelga general en indefinida[21]. La actitud comunista de firme apoyo al gobierno se reiteró en el mensaje en que se daba cuenta del final del paro, dos días más tarde. El PCE se atribuyó, junto con la mayor parte de los socialistas, el mérito de la orientación imprimida a la movilización, de protesta contra las actividades de los grupos fascistas y apoyo a las fuerzas de policía. No significaba ello que no hubiese habido en el seno del propio partido contradicciones e incomprensiones hacia una línea tan moderada. «En algunos casos —se informó—, la presión de los socialistas de izquierda y los anarquistas se ha hecho sentir en nuestras filas, y para no parecer menos “revolucionarios”, se han hecho algunas concesiones». Se hizo necesario, para ajustar el rumbo, discutir las directrices de la IC en el Buró Político con el objeto de confirmar definitivamente la línea táctica del partido en este momento, y lograr que todos los miembros la entendieran[22].
La dirección comunista española estaba preocupada por la deriva tomada por la izquierda socialista, consistente, a su juicio, en incitar a las masas «contra el odiado sector militar y por lo tanto llevar a cabo la revolución proletaria inmediatamente». Como muestra, una parte de los incidentes durante el desfile del 14 de abril tuvieron lugar cuando, al paso de unidades de la Guardia Civil, sectores del público, con los puños en alto, prorrumpieron en gritos de «¡UHP!». Asturias quedaba todavía muy cerca. A ello se añadía el peligro de un putsch anarquista, apoyado en la impaciencia revolucionaria de esas mismas masas. Todo ello hacía sumamente necesario el mantenimiento de una actitud de vigilancia por parte del PC[23].
Mientras tanto, se continuó con la estrategia unitaria, dependiente en buena parte de las tensiones internas y del juego de tendencias en el PSOE. Los comunistas fijaron la fecha de su congreso el 12 de julio, unos días después del congreso socialista, para orientarse hacia la fusión de ambas organizaciones. Entre los dirigentes comunistas locales se extendió la impresión de que los socialistas de izquierda maniobraban para evitar la fusión y la adhesión a la IC, porque lo que deseaban era exclusivamente la entrada en masa de los comunistas en el Partido Socialista para incrementar la fuerza de su plataforma fraccional[24].
En medio de este proceso surgió en el horizonte el nubarrón de la actividad trotskista. Desde Moscú, Dimitrov alertó al PCE contra antiguos comunistas expulsados y por aquel entonces activos en el seno de otras organizaciones de izquierda: en concreto, aludió a las posibles maniobras de Bullejos en la JS y a la creciente actividad de Maurín en Cataluña. Este último era, con mucho, el más peligroso. El partido y su prensa no estaban haciendo prácticamente ninguna campaña contra el trotskismo. Era imperativo concentrar todas las baterías sobre él, empleando la denuncia pública para «desenmascarar la política aventurera de Maurín y Cía, sus relaciones con Doriot[25], un agente de Hitler, sus actividades escisionistas, [y] su hostilidad al frente popular». La unificación de las fuerzas proletarias de Cataluña adquiría una finalidad específica: «arrancar a las masas de la influencia de Maurín». En esta tarea resultaba prioritario educar a los nuevos miembros del partido en el papel contrarrevolucionario de los trotskistas en la URSS, España y otros países[26].
La lucha entre facciones socialistas estaba poniendo en riesgo la unidad del Frente Popular y la estabilidad del gobierno. Con la elevación de Azaña a la presidencia de la República, tras la destitución de Alcalá Zamora, Caballero y la UGT declararon su voluntad de separarse del Frente Popular. En vista de la gravedad de la situación, Codovilla mantuvo una entrevista con Caballero, a quien después de alguna discusión, logró convencer de que la ruptura sería un grave error y le comprometió no solo a no quebrar la alianza, sino a fortalecerla, y a preservar el frente unido de los partidos obreros y la UGT[27].
El clima de tensión no cedía en intensidad. En unos casos se reactivaron viejos episodios de violencia entre campesinos y fuerza pública. El 29 de mayo de 1936, en Yeste (Albacete) se produjo un enfrentamiento de esta naturaleza que culminó con un balance de 18 muertos (17 vecinos y un guardia civil), más de 17 heridos y un gran número de detenidos[28]. Dimitrov hizo llegar a Díaz un cable en el que concedió «extraordinaria importancia a los hechos que han ocurrido en la provincia de Albacete… porque estas acciones perjudican al FP, comprometen al gobierno y favorecen a los contrarrevolucionarios». Recomendó tomar las medidas necesarias para que estos acontecimientos no volvieran a ocurrir y la formación de una comisión parlamentaria para investigar y descubrir a los autores «de esta criminal provocación»[29].
En otros casos, la violencia era resultado de la rivalidad entre las propias organizaciones obreras. El 10 de junio de 1936 fue muerto de un disparo, durante un paro convocado por el Sindicato de Pescadería de la CNT, el concejal comunista de Málaga Andrés Rodríguez, opuesto a las reivindicaciones de los huelguistas. Al día siguiente, cuando salía de su domicilio para asistir al sepelio, fue también asesinado el presidente de la Diputación Provincial, el socialista Antonio Román Reina[30]. El Secretariado de la IC instó nuevamente, para rebajar tensiones, a la apertura de una comisión de investigación y al diálogo al máximo nivel entre las dos centrales obreras para acabar con las hostilidades[31].
PREPARADOS PARA EL FUTURO
La agudización de las tensiones sociales y políticas en España tras el triunfo del Frente Popular y la preparación del V Congreso que el PCE debería celebrar a partir del 12 de julio hizo que Moscú convocara a los dirigentes del partido al Presídium del Comité Ejecutivo de la IC, en la sesión del 22 de mayo de 1936[32]. En esta reunión, Hernández presentó a la Internacional el programa del próximo cónclave del partido, cuyo orden del día, aparte de los aspectos sectoriales y orgánicos, tendría como eje principal la formación del Partido Único del Proletariado[33].
Comenzó pasando revista a la situación del país en los convulsos meses de la primavera de 1936. Las elecciones, a pesar de los condicionamientos en contra —«la derecha hizo campaña con el lema: “Votar al Frente Popular es votar a Dimitrof [sic], votar por España y contra Dimitrof”»—, habían sido un triunfo de las masas antifascistas, gracias fundamentalmente a la política de Frente Popular, que el PCE no dudó en arrogarse como propia. Se percibieron factores decisivos, de nuevo cuño, como la participación masiva de las mujeres y la participación electoral de las bases anarcosindicalistas. Este desplazamiento hacia la izquierda se había acentuado incluso en aquellas provincias, como Granada o Cuenca, donde se hizo necesario repetir el proceso electoral, y a pesar de las presiones de la reacción.
A la clásica cuestión ¿qué hacer?, Hernández respondió que la situación obligaba al partido a plantearse la reorganización de la economía del país sobre una nueva base. Sorprende que el programa formulado por el dirigente comunista tenga evocaciones casi keynesianas. En concreto, postuló la nacionalización de algunas industrias, en primer lugar la del carbón, para después obligar a las industrias del transporte, ferrocarril, barcos, etc., a consumir carbón nacional. En el campo, cuya situación era explosiva[34], propuso llevar a cabo una campaña de agitación nacional bajo el lema «Es necesario salvar al país del hambre», planteando la medida de expropiar las tierras que no se trabajasen para ser distribuidas entre los campesinos, con el compromiso de entrega por parte del Estado de stocks de semillas y la habilitación de créditos al consumo. Para aliviar la situación del campo y la de los obreros sin trabajo, el PCE proponía realizar un vasto plan de obras públicas, de irrigación, de electrificación, construcción de caminos e higienización de los pueblos, para lo cual sería necesaria una fuerte inversión estatal, cuyos fondos procederían de un impuesto progresivo sobre la propiedad rústica y sobre la renta en general, sobre los beneficios de los bancos, las sociedades anónimas y las grandes industrias. Si ello no bastaba, sería necesario un empréstito forzoso sobre el Banco de España y los grandes capitales.
Mientras la coyuntura socioeconómica se tornaba cada vez más grave, las clases populares habían recibido del gobierno, desde el mes de marzo, medidas esencialmente reparadoras de los efectos represivos del Bienio Negro: el decreto sobre readmisión con indemnización (3 a 6 meses de salario) de los represaliados de octubre, la amnistía general, la reactivación del estatuto de autonomía catalán y la elaboración del vasco, la revisión de desahucios de campesinos (con el asentamiento por el Instituto de Reforma Agraria de 87 000 familias y medio millón de personas), el restablecimiento de la legislación social, el desarme y disolución de las organizaciones fascistas, la desmilitarización de los obreros que trabajaban en las industrias de guerra, una depuración superficial de las fuerzas represivas y del ejército, y el nombramiento de una comisión de investigación sobre la represión de octubre. Sin embargo, para que el gobierno avanzara en otros ámbitos se hacía preciso someterlo a presión: huelgas económicas, políticas, conjuntas de ocupados y parados, parciales y generales, ocupación de fábricas e invasiones en masas de fincas… Era en estas circunstancias cuando el Estado se veía obligado a intervenir a través de sus delegados de trabajo, y en general su dictamen era favorable a los obreros.
Respecto a la inquietud que generaban en el extranjero incidentes como el incendio de establecimientos religiosos, Hernández procuró alejar a los comunistas de la responsabilidad sobre ello, si bien explicaba que en algunos casos los asaltos se debieron a encontrarse en su interior «depósitos de armas fascistas o que desde ellas se ha hecho fuego contra manifestaciones populares». El PCE, contrario a este tipo de prácticas, se propuso como tarea aún no resuelta educar a las masas en el correcto enfoque del problema religioso, rechazando el anticlericalismo visceral.
Adecuándose rápidamente a la nueva estrategia, el PCE iba ganando aceleradamente espacios de respetabilidad, incluso entre las fuerzas republicanas que detentaban el gobierno. Hernández proporcionaba un ejemplo:
Debido a las provocaciones de reaccionarios y fascistas y también a la negativa de dar cumplimiento a las disposiciones del gobierno sobre la admisión de los obreros represaliados se producían y producen infinidad de movimientos de protesta en todos los pueblos de España. Los gobernadores delegan su autoridad en unos funcionarios llamados delegados gubernativos que acuden a estos pueblos a tratar de dar una solución al conflicto existente. Pues bien, en casi todas las provincias de España hemos tenido delegados gubernativos en las personas de comunistas (en funciones gubernativas)… Hay otros casos como la actividad desplegada por el gobierno y altos funcionarios de la policía para que nuestros camaradas estén alerta frente a los intentos de asesinatos preparados por los fascistas contra ellos. En estas ocasiones no solamente dan facilidades para la defensa de nuestros camaradas sino que de común acuerdo con ellos estudian las formas más convenientes[35].
La conclusión a la que llegó fue que, sin olvidar que el gobierno no era más que un gobierno republicano de izquierda, o sea, burgués, «podemos seguir un gran trecho del camino en común, para mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de cultura y bienestar de las masas laboriosas de nuestro país y asestar golpes serios a las fuerzas de la reacción y el fascismo». El giro hacia la política de Frente Popular en la acepción canónica de Dimitrov había llegado a su conclusión.
Al calor del antifascismo crecían las dinámicas unitarias entre las organizaciones marxistas de la clase trabajadora española. Tras la fusión de la comunista Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU) con la UGT, esta central sindical contaba con 745 000 obreros industriales, unos 253 000 campesinos y más de 200 000 obreros en trance de afiliación. La CNT, que declaraba 559 000 adherentes, también se reforzaba aunque no al ritmo impetuoso de la UGT. El gran éxito unitario lo constituyó la creación de la Juventud Socialista Unificada (JSU)[36]. El primer logro había sido la homogeneización ideológica:
la eliminación de toda una serie de concepciones que reflejaban influencias de tipo trotskista y de vanguardismo entre ellos [los jóvenes socialistas]… Ya se han pronunciado abiertamente contra el trotskismo como corriente contrarrevolucionaria y luchan dentro de sus filas por la expulsión de estos elementos. Tal es el caso de la decisión tomada contra la fracción dirigida por Bullejos y algunos elementos trotskistas en el seno de la Juventud Socialista de Madrid.
Desde el punto de vista orgánico, el resultado de la fusión iba más allá de la mera suma de efectivos, desencadenando efectos sinérgicos: si la Juventud Comunista tenía antes del 16 de febrero 14 000 miembros y en el momento de la fusión contaba con 50 680; y la Juventud Socialista contaba con unos 65 000, dos o tres semanas después de la fusión la Juventud Unificada tenía ya 140 000 miembros. A ellos había que añadir «decenas de miles de pioneros, entre 40 000 y 50 000 mujeres y unos 30 000 jóvenes en la Federación Deportiva Obrera».
Las relaciones con el Partido Socialista fueron objeto de especial atención, particularmente con el sector que seguía a Largo Caballero. «Nuestros esfuerzos tienden a acelerar su comprensión de los problemas ya que no olvidamos que ha de ser con estas fuerzas con las cuales hemos de crear el partido único revolucionario del proletariado en España». Los comunistas eran conscientes de que el peligro de la escisión se había acentuado considerablemente en el PSOE: «En toda la prensa se habla de la posibilidad de la ruptura del PS y de la creación por parte de Prieto de un partido de tipo republicano radical socialista con las fuerzas que él acaudilla y algunas otras fuerzas del campo republicano». El PCE se comprometió a emplear todos sus esfuerzos en impedir, en la medida de sus posibilidades, la escisión del PS y a
apoyar la labor de depuración de los elementos derechistas y de la parte más podrida del centro procurando salvar a la masa de obreros que siguen a los líderes centristas (Asturias) porque son la masa de obreros revolucionarios que pueden y deben marchar en conjunto con la izquierda del partido socialista para formar con nosotros el partido único del proletariado.
En lo tocante a las propias fuerzas, el PCE reconocía que pudo salvar a la mayoría de cuadros dirigentes tras la derrota de octubre, a excepción de Asturias, donde el partido fue casi deshecho. Desde entonces, al calor de las campañas frentepopulistas, la recuperación había sido un hecho: antes de las elecciones de febrero el partido tenía alrededor de 20 000 miembros; en el mes de mayo tenía registrados 83 967. Era, en expresión de Hernández, «el comienzo de la transformación de nuestro partido en un gran partido de masas. Como tarea nos hemos dado la de alcanzar los 100 000 afiliados para la fecha de la celebración de nuestro V Congreso»[37]. El reclutamiento más importante procedió de las zonas agrícolas y de las ciudades de tipo semiindustrial (Málaga, Sevilla, Jaén, Valencia, Badajoz, etc.), y de los centros mineros (Asturias y, en menor medida, Vizcaya). La mayoría de los nuevos miembros eran obreros de la UGT y solo una mínima parte no habían estado organizados con anterioridad. Era escaso el número de nuevos adherentes procedentes del PSOE, «ya que el partido no hace una campaña especial para lograr miembros del ala izquierda del PS puesto que la perspectiva es la de fusionar sus fuerzas y las nuestras», y mucho más escaso aún el de procedentes del anarquismo.
Los puntos débiles del fortalecimiento de la organización eran dos: la carencia de cuadros formados para educar a la avalancha de nuevos militantes y la escasa presencia en Cataluña. Respecto al primero, se planteó como tema prioritario la creación de escuelas de formación, teniendo en cuenta que la mayor parte de los nuevos miembros provenían de centrales sindicales o grupos cuya forma de trabajo era ajena al centralismo democrático propio de las organizaciones comunistas. En buena lógica leninista, había que fortalecer la cadena de responsabilidad entre la cúspide y las bases «para garantizar que las instrucciones que se transmiten a las células se cumplen».
En lo tocante a Cataluña, el partido apenas sobrepasaba los 2000 adherentes en aquel territorio a causa de la gran fragmentación de organizaciones (PCC, Partit Català Proletari, Unió Socialista…); la hegemonía anarcosindicalista (en Cataluña había 50 000 miembros de UGT por 90 000 de CNT); y la inadecuada comprensión del problema nacional catalán, lo que unido a la histórica lucha fraccional sufrida por el comunismo pasó factura en forma de debilidad del sector ortodoxo ante la fuerza encabezada por el disidente Joaquín Maurín, el Bloque Obrero y Campesino. El primer paso hacia la lucha por la hegemonía —que tantos conflictos iba a generar en la Cataluña en guerra— se estaba comenzando a dar con la aproximación de las fuerzas simpatizantes de la IC para la formación del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).
El análisis de Hernández sobre los peligros que se cernían a corto y medio plazo sobre el gobierno combinó a partes iguales preocupación, apreciaciones clamorosamente erróneas y declaraciones de profundización en la línea frentepopulista. En cuanto al problema del peso de los sectores reaccionarios en el ejército y a su capacidad para desencadenar un levantamiento lo consideró preocupante, si bien se dejó llevar por lo que juzgaba «un cierto desplazamiento de la oficialidad hacia el Frente Popular como asimismo hacia nuestro partido»[38]. Con respecto al futuro, consideraba que
la lucha actual está planteada entre fascismo y antifascismo, entre revolución y contrarrevolución, lucha que aún no está terminada ni decidida. El Partido se desarrolla rápidamente, pero la dirección no olvida que los éxitos logrados no están aún consolidados definitivamente. Justamente porque la lucha tiene este carácter todavía en nuestro país es por lo cual nosotros no planteamos como perspectiva inmediata la instauración del poder soviético sino la lucha por la consolidación de la República democrática, es decir, que tomamos la orientación de la terminación de la Revolución democrático burguesa, punto en el cual discrepamos de los socialistas que estiman aún en su inmensa mayoría que el problema actual es la lucha directa por la dictadura del proletariado y por el socialismo.
Con este conjunto analítico el PCE consolidó una transformación fundamental. En menos de una década —si se considera en un tiempo «largo»— o de un lustro, mirándolo a corto plazo, el Partido Comunista había pasado de ocupar un lugar marginal, alojado en el extremo radical, violento y sin capacidad alguna de influencia del sector político de la izquierda, limitado a un puñado de activistas con una estereotipada, escasa e ineficaz percepción de la realidad, a ubicarse en un espacio de centralidad, al calor del movimiento unitario desplegado por la oposición a la extensión del fascismo en la segunda mitad de los años treinta.
Todos —o casi todos— los temas que agitarían la relación entre las fuerzas de la izquierda, la pugna por la hegemonía y la filosofía de la naturaleza del proceso que se abriría con la guerra civil se encontraban ya en el arsenal estratégico del PCE antes de iniciarse el conflicto.