15. El hundimiento, el golpe y el fin de la guerra

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El hundimiento, el golpe y el fin de la guerra

EN MEDIO DE UNA atmósfera viciada se estaba gestando una coalición de militares profesionales, socialistas desplazados y anarquistas al desquite que iban a aprovechar el cansancio generalizado de la guerra para desplazar a quienes consideraban responsables de su decadencia, de la frustración de sus proyectos o, sencillamente, de la inútil continuación del sufrimiento civil. Los comunistas, por su parte, se movían entre el empecinamiento en sostener el esfuerzo de guerra, atacando como derrotismo y traición cualquier intento de negociación o mediación para concluirla, y la desorientación por el ocultamiento que de sus cartas hacía Negrín.

En la conferencia de Madrid, entre el 9 y 11 de febrero de 1939, Dolores Ibárruri pronunció un vehemente discurso en el que vertió ataques contra el caballerismo, Miaja y Casado. Al primero se refirió veladamente cuando hizo alusión a la «terrible herencia de errores, de debilidades, de favoritismos, de claudicaciones y de incapacidades legadas al Gobierno de Unión Nacional», a la que atribuyó parte de la responsabilidad de la pujanza del enemigo. Para los dos últimos destinó el reproche de que se emplease el estado de guerra contra el Partido Comunista, al igual que en los viejos tiempos^[1].

Casado prohibió la publicación de Mundo Obrero. Argumentó que en él se insultaba gravemente a Largo Caballero, tildándolo de «ladrón y asesino» —algo absolutamente falso— y el resto de organizaciones del Frente Popular proclamó, en los comités locales y provinciales, su incompatibilidad con los comunistas. Conviene destacar aquí este ejemplo de cómo las recreaciones memorialísticas pueden deformar lo sucedido y ofrecer un lábil sustento a la reconstrucción histórica superficial. Como le ocurriría a Prieto al focalizar en Jesús Hernández la inquina por los ataques que le condujeron a su salida del gobierno en 1938, Casado personificó en Pasionaria el foco de la virulencia verbal que le malquistó con los comunistas, pero silenció que en el mismo acto el ministro de Agricultura, Vicente Uribe, declamó un ataque mucho más furibundo. Era la primera vez que Uribe intervenía en público tras su regreso a la zona centro-sur y aprovechó la presencia de un auditorio entregado para decir cosas tales como: «Los comunistas sabemos que… cuando se trata de luchar hay que luchar, sin temor, como el que tienen algunos señores a perder su miserable pellejo, que vale menos que un rasguño de un soldado». Reconociendo la fortaleza del enemigo, Uribe afirmó que lo era más «porque en nuestro campo hay una pandilla de gente que hace la obra que el enemigo quiere». Una de las enseñanzas que se podían extraer de los acontecimientos de Cataluña, concluyó, era que

en los organismos del Estado, las partes que hay podridas hay que cortarlas por lo sano, sin contemplaciones. Con aquel que pretenda ayudar a los intentos del enemigo de inmovilizarnos cuando el esfuerzo supremo es exigido a todos los españoles, que no tenga confianza en la victoria, hay que realizar una obra de depuración antes de que sea tarde.

Si se comparan las veladas alusiones de Ibárruri y las tajantes propuestas de Uribe habrá que convenir que estas últimas debieron resultar mucho más inquietantes para el conjunto de los capituladores, aunque Casado prefiriera obviarlas en sus memorias.

Un segundo factor agravó adicionalmente una situación ya de por sí harto complicada: la existencia de un serio problema de dirección del partido. Ante la ausencia por enfermedad de José Díaz, se formó un secretariado de tres miembros, compuesto por Dolores Ibárruri, Pedro Checa y Manuel Delicado. Esta troika seguía de cerca al gobierno, en el que figuraban dos ministros comunistas (Vicente Uribe y José Moix, este por el PSUC), pero se distanció del resto de órganos de dirección —el Comité Central y el Buró Político (formado por los ya citados más Isidoro Diéguez, Ángel Álvarez y José Palau)—, que apenas podían ya reunirse al completo. A dos de los miembros, Jesús Hernández y Pedro Martínez Cartón, no se les convocaba para que no desatendieran sus tareas en los ejércitos de Levante y Extremadura, respectivamente. Algunos significados responsables, como Francisco Antón (del Comité Central) y Santiago Carrillo (de la JSU), no habían retornado de Francia. La importancia otorgada al trabajo en el seno de las fuerzas armadas hizo que cobrara un relevante protagonismo la Comisión Político-Militar del Comité Central (encabezada por Sebastián Zapirain), encargada de dirigir la actuación de los comunistas en la estructura de mando del ejército o en el Comisariado^[2].

La tendencia a la fragmentación de la política de la organización comunista durante las últimas semanas de la República se manifestó, de nuevo, en el caso de Madrid, donde ya eran habituales los desbordamientos de la línea oficial. Durante la conferencia provincial se experimentó un avance de posiciones superadoras del marco interclasista del Frente Popular (con el que, de hecho, los puentes estaban prácticamente derruidos desde el manifiesto del Buró Político de Figueras) por la vía de la postulación de un frente único obrero como garantía de la resistencia a ultranza. A ello no fue ajena la presencia en la capital, desde el 27 de enero, de Stepanov, que creía llegado el momento de retornar a las posiciones «vanguardistas» de «clase contra clase». Su propuesta, instilada en la organización del PCE en la zona centro-sur y acogida favorablemente por algunos de sus más destacados dirigentes (Ibárruri y Hernández), consistía en la implantación de una «dictadura revolucionaria democrática» ejercida por un «Consejo especial para la Defensa del Trabajo y de la Seguridad Social [sic] encargado de administrar el estado de guerra y compuesto por dos ministros, dos o tres políticos y un par de militares seguros y enérgicos»^[3].

Lejos de constituir la formulación de un objetivo de toma del poder por los comunistas, el delirante análisis de Stepanov encubría la fragilidad de la posición del PCE, obligado a abandonarse al ejercicio del radicalismo verbal como único recurso para hacerse temer y frustrar los propósitos de unos adversarios que se conjuraban para aislarlo^[4]. No cabe descartar, asimismo, la adopción de una personal pose justificadora con vistas a la exigencia de futuras responsabilidades. Sabiendo el destino corrido por otros eminentes missi dominici (Koltsov, Antonov Ovseenko, Berzin, Kleber…), parecía más seguro afrontar una incierta posteridad desde la defensa retórica de posiciones de un inequívoco revolucionarismo.

Las ensoñaciones del búlgaro duraron lo que tardó en regresar Togliatti a la zona centro-sur desde Francia, el 16 de febrero. El día 23, bajo su influencia, el Buró Político emitió un manifiesto en el que se refirió públicamente por primera vez a la idea de poner fin a la guerra^[5]. Pero, para entonces, en el PCE convivían en conflicto dos almas escindidas, reflejo de las encontradas estrategias de sus tutores: la radical y la pragmática. Aislado del entorno, con una base que se estrechaba día a día, y obligado a improvisar tareas de autodefensa y preparativos para un previsible paso a la ilegalidad, un PCE sumido en la confusión derivada de los últimos virajes no iba a ser capaz de ofrecer una respuesta unívoca ante el golpe de Casado. De hecho, mientras que el aparato político, encarnado en el Buró, ligó su destino al del gobierno, los miembros del aparato político-militar —cuadros integrados en el Comisariado en sus distintos niveles o al mando efectivo de unidades operativas^[6]— tendieron a actuar de forma autónoma, con presteza y decisión desiguales e incluso sustituyeron a la cúpula del partido cuando se produjo el vacío creado por la huida de esta en marzo de 1939.

LA AGONÍA DEL GOBIERNO NEGRÍN

La sucesión de acontecimientos que condujeron al golpe políticomilitar del 5 de marzo y la constitución del Consejo Nacional de Defensa ha sido prolijamente analizada en el trabajo que el autor realizó en 2009 junto con el profesor Viñas^[7]. Me limito aquí a recordar el papel del PCE a lo largo del periodo que condujo desde la crisis final de la República hasta el inicio de la clandestinidad.

Tras la caída de Cataluña y un primer refugio en Francia, Negrín retornó a la zona centro-sur. Le acompañó en su decisión la mayor parte de la dirección del PCE, cuya línea seguía apostando por el mantenimiento de la resistencia a ultranza. Mientras tanto, el 20 de febrero de 1939 se reunió en Madrid un Pleno Regional de la CNT que acordó la constitución de un comité de defensa de la zona centro-sur.

En su transcurso, Manuel Amil, secretario de la Federación Nacional del Transporte, divulgó que durante su viaje en avión desde Francia había sorprendido una conversación entre dos militares comunistas, según la cual Negrín proyectaba dar un golpe de Estado y destituir a todos los mandos militares que no le fueran adictos. Como quiera que surgieron voces que alertaron de la posibilidad más que cierta de que una lucha intestina solo beneficiaría al enemigo común, García Pradas, director del diario CNT y uno de los integrantes de la troika que junto a Eduardo Val y Manuel Salgado controlaría el Consejo Nacional de Defensa, se impuso para exponer con vehemencia que, en nombre de los principios libertarios, no quedaba más remedio que destruir las pretensiones dictatoriales de los comunistas, primero, y después «mellar la espada de Franco con nuestros pescuezos». Todo un programa. Val, por su parte, convocó a los mandos militares tras el pleno. Si Negrín, anunció, entregaba el poder a los mandos comunistas que perdieron la batalla de Cataluña después de haber machacado a la CNT y a los catalanistas, «recibirá la respuesta que merece, aunque luego tengamos que lamentarlo todos». A continuación impartió las directrices concretas sobre la mecánica del golpe: deberían permanecer pendientes del parte de guerra que emitiría Unión Radio a las doce de la noche e inmediatamente que oyeran que se había constituido una junta para luchar contra Negrín debían apoderarse del mando de las unidades y destituir o encerrar a los negrinistas sin la menor vacilación. A partir de ese momento todo el movimiento libertario debía considerarse en pie de guerra. Así ocurrió.

En la percepción anarquista sobre el peligro comunista se mezclaban indistintamente las imputaciones sobre la voluntad de hegemonizar el poder con las sospechas de fuga. El 17 de febrero, el responsable regional de Coordinación del Comité de Defensa confederal de Levante envió una orden a Murcia para que «enterados de que esta noche saldrá de Cartagena un barco francés que transporta elementos comunistas, algunos de gran relieve y con cargos de importancia en el partido», se encareciera a la sección de Cartagena a «procurar la detención de algunos de los interesados que nos sirva de prueba viviente de su actitud»^[8].

El 25 de febrero se reunió el Comité de Enlace del movimiento libertario, en el que el representante de la FAI afirmó que con el gobierno Negrín no había posibilidad de «hacer una paz honrosa» y que inevitablemente se necesitaba formar un gobierno «o una Junta de Defensa» a tal fin^[9]. En aplicación de los acuerdos tomados por el Comité de Defensa confederal del Centro, se entablaron conversaciones con otras fuerzas políticas y con Casado «para estudiar el método de una sublevación cada día más precisa e inevitable»^[10].

El 27 el embrión del plan golpista de los anarquistas llegó a conocimiento del PC, pero con contenidos confusos. Togliatti anotó la constitución de un «Comité Ejecutivo» encargado de «continuar la guerra con matiz revolucionario», que nadie podría evacuar el país sin su autorización y que si UGT y el PC no aceptaban estas premisas darían un golpe de Estado con el apoyo de algunos militares. Más atinada iba la confidencia que le hizo llegar otra fuente:

Serrano, juez de instrucción de 1.ª instancia saliendo de casa de Melchor Rodríguez se manifestó ante Revilla y el que nos informa que ayer día 25 por la mañana se celebró una reunión en Jaca [el cuartel general del Ejército del Centro] participando en ella Casado, Girauta, Besteiro y Melchor Rodríguez, en la que acordaron formar una Junta de Defensa para entregar Madrid, no aceptando Besteiro el puesto de presidente, ofreciéndose para ello Melchor a quien lo aceptaron [sic]. Acuerdos: Libertad de todos los presos políticos, disolución del SIM, aplicación del estado de Guerra con las fuerzas en la calle para que nadie se mueva, y en particular los comunistas, y entregar Madrid sin motivo.

Dos días más tarde, una nueva entrada de los apuntes de Togliatti dejó constancia de que lo peor estaba en marcha: «Se confirma por información directa posición CNT-FAI orientación hacia un golpe de estado, constitución de Comité Ejecutivo Revolucionario, formación de grupos de acción que empiezan a funcionar la mañana de [hoy] controlando las habitaciones del partido y sus dirigentes»^[11].

Las dos citas anteriores dejan en absoluta evidencia la impostura sobre la que Casado, sus colaboradores en el golpe y los propagandistas que justificaron posteriormente su actuación edificaron la tramoya de la revuelta necesaria contra la entrega del poder militar a los comunistas por parte de Negrín, mediante los nombramientos para empleos estratégicos aparecidos en la Gaceta a comienzos de marzo. No fue necesario que un goteo de disposiciones sobre personal alertase a los verdaderos patriotas de las siniestras intenciones del presidente del gobierno de entregar lo que quedaba del país a los lacayos de Moscú: ellos ya tenían previsto cómo iban a actuar 9 días antes de que culminasen tales nombramientos. Convenía, a los efectos de proyección exterior, sumar a la trama a un sector significativo de los socialistas, para que la posible lucha que se desencadenase no pareciese una reedición de los hechos de Barcelona con casi los mismos contendientes. Para ello, faltaba convencer al viejo catedrático socialista, que había permanecido al margen de toda influencia durante la guerra, de que prestase su prestigio al frente de la presidencia del órgano golpista, a fin de sumar fuerzas —ya que no legitimidad— a un movimiento cuya cabeza era el Estado Mayor del Centro, y su brazo ejecutor las fuerzas confederales del IV Cuerpo del Ejército. Lo conseguirían durante los días siguientes.

El asunto de los ascensos —causa belli esgrimida por la publicística antinegrinista durante décadas— tuvo su origen en los tanteos de Negrín cerca de sus mandos militares para conocer sus impresiones sobre un plan de resistencia escalonada que permitiera poner en marcha la salida de personas significadas y cuadros políticos y militares que no pudieran convivir con los vencedores. Madrid sería abandonada en el primer mes. Se establecerían líneas de repliegue en Tarancón, entre Murcia y Albacete y en torno a Cartagena, desde donde la Flota procedería a la evacuación.

La reunión con los principales mandos del EPR tuvo lugar en Los Llanos (Albacete), y de ella Negrín extrajo la impresión de que los jefes militares estaban poseídos de un ánimo anticomunista exacerbado. Mientras tanto, Hernández, en nombre del PCE, le planteó el 3 de marzo una visión sobre la situación y sus alternativas que evidenciaba las contradicciones internas que recorrían el interior del aparato comunista. Para estas fechas, Hernández, miembro del Buró Político, apenas había vuelto a mantener contacto con el resto de la cúpula del partido, ocupado en la campaña para impulsar la moral del ejército mediante los campeonatos de emulación entre unidades. Contradiciendo abiertamente la posición oficial expresada por el PCE en el manifiesto del 23 de febrero —por el que se aceptaban las condiciones del gobierno, los Tres Puntos de Figueras, para terminar la guerra—, propuso abiertamente a Negrín emplear a discreción el poder que ponía en sus manos la declaración del estado de guerra:

El estado de guerra pone todo el poder en manos de Vd. y ese poder debe ser temible, en primer lugar, para sus ministros. De hecho, hace mucho tiempo que Vd. no gobierna con la colaboración de la mayoría de los ministros. Pues bien, es llegado el momento de conservar las apariencias pero gobernar dictatorialmente^[12].

Era, en definitiva, la fórmula de Stepanov frente a la de Togliatti, a quien Hernández detestaba^[13]. Negrín rehusó. Esa no era su opción. Las medidas que había meditado serían dadas a conocer en una próxima alocución radiada y los ascensos que las implementaban estaban preparados para publicarse en el Diario Oficial. Respondía con ello, en cierta medida, a las sugerencias de los propios comunistas, quienes a iniciativa de Checa y por conducto de Cordón habían propuesto a Negrín hacia el 19 o 20 de febrero una serie de nombramientos de carácter personal y organizativo. Entre ellos figuraban la creación de un gabinete del presidente con Jesús Monzón, comunista, como secretario; la separación de Garijo, sospechoso de traición, del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos; enviar a Francisco Ciutat a la sección de operaciones; nombrar a un jefe de ingenieros y un comisario del Grupo de Ejércitos (coronel Ardid y David Antona, respectivamente); establecer un Ejército de Maniobra, tomando como base los cuerpos XVII, XXII y la Agrupación Toral con Modesto y Delage como mando y comisario, respectivamente; relevar y procesar a Casado, por su dudosa conducta, sustituyéndolo provisionalmente por Bueno o Barceló; trasladar a Virgilio Llanos para comisario de la Flota y a Fernando Rodríguez al puesto de comisario de la base naval de Cartagena; destituir a Ángel Pedrero como jefe del SIM de Madrid; sustituir a los comandantes militares de Murcia, Albacete, Valencia y Alicante y nombrar nuevos gobernadores en provincias tales como Alicante, Almería y Albacete. De estas sugerencias Negrín escogió algunas y rechazó o modificó otras. El PCE se plegó a su decisión, aunque a tenor de lo que posteriormente informó Francisco Ciutat, el balance no satisfizo a los comunistas y puso en alerta a los libertarios^[14].

El 16 de febrero se celebró en Madrid una reunión del Comité de Enlace de su movimiento. El secretario del subcomité nacional de la CNT informó sobre la opinión dominante entre los ministros respecto al problema de la resistencia del gobierno, la situación de la flota y la de las provincias levantinas. Se acordó transmitir al presidente, por intermedio de Segundo Blanco, que de «ninguna manera se permitirá que ninguno de los jefes y comisarios comunistas llegados de Francia sean puestos en ningún cargo»^[15].

Poco después se produjo un segundo escalón de nombramientos. El 24 de febrero (Gaceta del 25) se ascendió a Casado al empleo de general. Sin embargo, en una reunión de Negrín con Mera y Casado que este relató, acusó al PCE de querer apoderarse de todos los mandos del ejército y, al tiempo, de aspirar a dar el golpe final para «presentar las cosas de tal modo que el mundo tenga la impresión de haber sido el partido comunista el único que resistiera hasta los últimos instantes», dejando a los demás en el oprobio. Fue entonces cuando, según la confidencia que Togliatti consignó en sus apuntes, Casado tuvo la reunión en la posición Jaca con Besteiro, Girauta y Melchor Rodríguez para organizar el golpe. Para dar el paso sedicioso no le hizo falta conocer el contenido de las últimas rondas de nombramientos, los que aparecieron en la Gaceta del 1 de marzo (el ascenso a general de Antonio Cordón) y los que se anunciaron el 3 de marzo, esos que, según él mismo y su secuaz Mera, habrían servido en bandeja al PCE el control del Ejército Popular^[16]. Aquellos ascensos contribuían realmente al diseño del control sobre la geografía de la evacuación, otorgando el mando sobre el arco mediterráneo comprendido entre Alicante y Murcia a fuerzas seguras. Nada había de extraordinario en ellos que permitiese colegir una entrega del poder militar al PCE. Es más, como ha señalado Viñas, Negrín había empezado a tomar medidas para reducir la influencia comunista en el ejército, procurando limar asperezas y desarrollando una línea en la que deseaba maximizar su propia influencia y autoridad. La rebelión cortó decisivamente toda posibilidad de evolución en el sentido que deseaba.

La desaparición de los ejemplares de los números relevantes del Diario Oficial del Ministerio de Defensa sirvió durante algún tiempo para mantener a Casado bajo indulgencia. Se argumentó que si no fue el día 3 habría sido en los días 4 o 5 cuando Negrín consumó, por fin, su malévolo plan. La recuperación posterior de un ejemplar del Diario del 3, en el que no se contenía nada de lo sostenido por Casado, demostró la falsedad de tales asertos. Historiadores como Payne, sin embargo, haciendo bueno aquello del si non è vero è ben trovato no precisa de pruebas impresas y hace unos años todavía auguraba que resultaba poco probable que la controversia sobre los últimos nombramientos pudiera resolverse alguna vez. Este autor lamentó que la pérdida del número relevante del Diario Oficial del Ministerio de Defensa impidiera en el futuro «saber exactamente cuántos comandantes comunistas nombró Negrín el 5 de marzo»^[17].

Los comunistas no estaban en la dinámica de preparar un golpe, sino en situación de prever acontecimientos y contar con un aparato capaz de hacerles frente. El PCE había sacado lecciones del derrumbamiento del Estado en Cataluña y temía que en la zona centro-sur fuese más rápido y catastrófico. Era preciso montar un dispositivo que sostuviera al gobierno y al partido, por este orden, con gente firme y segura ante la tentativa sediciosa que se aventuraba. Pero si el partido, como se deduce de las confidencias recogidas por Togliatti, tenía constancia de la preparación del pronunciamiento con más de una semana de anterioridad, hay que concluir que respondió con enorme torpeza. El PCE careció de decisión para adelantarse a los conspiradores, de fuerza para sofocarlos y de coordinación en la respuesta a su pronunciamiento. De ahí la variopinta gama de respuestas al golpe del 5 de marzo, que fueron desde el acatamiento en algunas provincias a la resistencia armada en Madrid, pasando por la movilización expectante en Levante. De ahí, también, el desplome definitivo.

UN HUNDIMIENTO EN TRES ACTOS: CARTAGENA, ELDA, MADRID

El prólogo del último acto comenzó en Cartagena el 4 de marzo. Al día siguiente la flota abandonó la base rumbo a Bizerta. En la madrugada del 5 al 6 de marzo, se constituyó en Madrid el Consejo Nacional de Defensa. Fue un periodo en el que predominaron numerosos síntomas de imprevisión, desorientación y desmoralización. Checa aludió, en concreto, a la desprevención de Galán, que se dejó aprehender en Cartagena por los marinos sediciosos, a la incapacidad de Cordón por valorar la gravedad de la situación y al desmoronamiento anímico de los cuadros provinciales comunistas de Murcia. La reconstrucción escrupulosa de los hechos fue abordada por el autor junto con Viñas en otra obra, a la que me remito para su descripción^[18]. Existe, por lo demás, una abundante literatura sobre el episodio, recogido en numerosas fuentes secundarias y memorialísticas^[19]. Lo que conviene destacar es que la sublevación tomó como epicentro el lugar sin duda más sensible para la estrategia de repliegue ordenado y protegido de evacuación de los mandos militares y los cuadros más comprometidos del Frente Popular: la base naval de Cartagena, y su instrumento imprescindible la flota, cuya disponibilidad era vital para procurar la salvación de miles de militantes, ya que su fuerza operativa aún podría haber forzado una salida del puerto con posibilidades de éxito a pesar del patrullaje continuo de la flota de bloqueo franquista.

Lo que se produjo en Cartagena fue un levantamiento contra el gobierno encabezado por el almirante Buiza, de acuerdo con el grupo conspirador de Madrid coordinado por Matallana, mediante el que se presentaría un ultimátum a Negrín en el sentido de que o negociaba inmediatamente la paz o la flota se hacía a la mar hasta que el gobierno resignase sus poderes en las autoridades militares. Pero sobre ese levantamiento «por España y por la paz» se insertó un segundo vector, compuesto por elementos abiertamente profranquistas y por militares deseosos de hacerse perdonar su reciente pasado republicano, que se sublevaron bajo la consigna: «Viva Franco. Arriba España»^[20].

Ante la espiral de acontecimientos, Buiza dispuso que los barcos saliesen a la mar, insistiendo en su argumento de que la única solución al caótico enfrentamiento desencadenado en Cartagena era la resignación de los poderes del gobierno ante las autoridades militares para que estas negociasen directamente el fin de las hostilidades. La flota se puso en fuga a las 12.30 del día 5 de marzo, rumbo al puerto argelino de Bizerta. Mientras tanto, fuerzas comunistas de la 206 Brigada redujeron el foco insurreccional de la base y reconquistaron Cartagena. No sirvió para que la flota, que ignoró los radiogramas que le informaban del restablecimiento del orden, retornara a puerto. Agentes de la quinta columna podían blasonar de su gran logro: «Nosotros habíamos recibido una consigna de Franco: hacer salir la Flota. Desde el momento en que se han ido, aunque el movimiento sea sofocado, no nos importa. Hemos logrado lo que nos proponíamos; dejar a la República sin su último baluarte de resistencia»^[21].

Al tiempo que se consumaba la traición de la flota, Casado desplegó su operativo en la zona centro-sur. La reacción de los comunistas fue desigual y motivada, según los lugares, por análisis divergentes, consecuencia de la falta de coordinación entre el grupo dirigente, y con apoyos materiales y políticos de entidad muy variable. El Consejo Nacional de Defensa (CND), apoyado políticamente por el diputado socialista Julián Besteiro, sustentado militarmente por las fuerzas anarquistas del IV Cuerpo de Ejército comandado por Cipriano Mera, e inspirado por encima de todo por el coronel Segismundo Casado, se constituyó en los sótanos del Ministerio de Hacienda la noche del 5 de marzo de 1939. Los motivos esgrimidos por los golpistas para derrocar a Negrín fueron su supuesta ocultación deliberada de lo desesperado de la situación tras la pérdida de Cataluña, su empecinamiento en una resistencia inútil que solo favorecía los intereses de una potencia extranjera a costa de la prolongación del sufrimiento del pueblo español y su subordinación a los dictados de la fuerza política indígena que ejecutaba los planes de un Estado Mayor foráneo.

No voy a profundizar aquí en la mezcla de proyectos contradictorios con que cada una de las fuerzas políticas acudió a la formación del CND y en la evolución que experimentó su percepción de la situación al compás de los hechos. Me remito a lo expuesto en El desplome de la República. Solamente destacar que los días y semanas siguientes al golpe fueron testigos de una auténtica catarsis anticomunista entre sus adversarios de corta o larga fecha de animadversión. Los anarquistas ajustaron cuentas con el PCE, cuyo apoyo a la política de Frente Popular había sido la responsable de todos los fracasos experimentados por el movimiento antifascista. En el pecado llevaban la penitencia: ya vendrían ahora «los otros [que] se encargarán de deshacerlos políticamente»^[22]. Por su parte, los socialistas (excluidos los que, agrupados en torno a las comisiones ejecutivas del PSOE y de la UGT, siguieron apoyando a Negrín y al gobierno legítimo, por supuesto) operaron como un sindicato de agraviados por la política hegemónica de los comunistas durante el periodo anterior, nucleando en torno a la antaño rival corriente caballerista a todos los excluidos por el rutilante ascenso del PCE durante la guerra, los seguidores de Largo Caballero, Prieto y Besteiro. Conviene recordar, en cualquier caso, que no faltaron socialistas y ugetistas que se apresuraron a declarar la ilegalidad de origen del CND^[23].

En el CND, en definitiva, se aunaron proyectos muy heterogéneos. Su único denominador común era el apartamiento de Negrín y de los comunistas, y la consecución del difuso concepto de una «paz honrosa». En correspondencia, los comunistas desataron en el extranjero una campaña contra el CND que lo presentaba como una amalgama de oficiales ambiciosos, aventureros anarquistas, políticos traidores y trotskistas que cumplían su misión como agentes del fascismo^[24]. Los comunistas se dejaron llevar por el exceso en la calificación de los conjurados, pero acertaron en el pronóstico de lo que iba a venir, aunque erraran en su prevención y tratamiento. El 22 de febrero el Buró Político del PCE publicó un manifiesto titulado «Para terminar la guerra salvando la independencia de España y la libertad del pueblo y excluyendo toda represalia», en el que advertía:

El triunfo del fascismo en nuestra Patria no significaría una etapa breve y transitoria de gobierno reaccionario, como fue la dictadura de Primo de Rivera o el bienio negro. El triunfo del fascismo sobre la República no sería una simple derrota parcial o pasajera. Sería el fin de todo lo que los obreros han conquistado en decenas de años de trabajo y en duros combates; sería el fin de toda libertad, el aplastamiento de la dignidad humana, la esclavitud más dolorosa^[25].

La errática reacción del PCE ante el golpe casadista puso en evidencia que carecía absolutamente de un plan para salir de la guerra. La reacción de quienes estaban reunidos en Elda junto con Negrín fue la de, tras una fase de estupor, marcharse para no caer en manos de los sublevados. Los dirigentes comunistas decidieron en una primera reunión que Dolores Ibárruri fuera la primera en emprender el camino del exilio, precedida por Cordón y Núñez Maza. Le acompañaría Stepanov, por indicación de Togliatti, quien aprovechó la ocasión para desembarazarse de él. El resto de la plana mayor del PCE (Uribe, Delicado, Angelín, Modesto, Líster, Castro, Delage, Benigno, Melchor, Moix, Checa y el propio Togliatti), concentrada en el aeródromo de Monóvar, llevó a cabo la que sería la última reunión en territorio español, en la que se trataron tres puntos: la toma de posición ante el CND; decidir el cupo y orden de evacuación, y la designación de una nueva dirección ilegal del partido. Togliatti escribió al respecto:

Planteé a Modesto y a Líster la cuestión de si consideraban posible, militarmente, volver a hacerse con la situación. Ambos respondieron que no era posible y que el partido, solo y privado del apoyo del Gobierno, no podía hacer nada^[26].

Líster, en concreto, dijo que «no sólo ahora, pero jamás la tuvo el partido solo, para ello». Con este dictamen, Togliatti convalidó la decisión de cerrar la página de la guerra en España para sacar del país a la mayor parte de la cúpula y pasar a organizar la lucha clandestina.

Los dirigentes objeto de evacuación partieron hacia Orán entre el 6 y el 7 de marzo, salvo Togliatti, Checa y Fernando Claudín, que se quedaron para coordinar la evacuación de cuantos cuadros pudieran localizar y preparar la acción ilegal. Sin embargo, su misión se vio dificultada al apresarlos las fuerzas casadistas en las afueras del aeródromo de Monóvar y conducirlos a la cárcel de Alicante. Como informó Togliatti poco después, su situación fue bastante incierta pero, al final, lograron convencer al jefe local del SIM (socialista y viejo conocido de Claudín) de que los dejara en libertad y los trasladara a Albacete, donde descubrieron que la situación era tan confusa y difícil como en Alicante. Se habían dictado órdenes de detención contra los dirigentes, mandos y comisarios comunistas. Togliatti y sus compañeros se marcharon y contactaron con altos mandos militares que, hasta entonces, habían pertenecido al partido, como Mendiola, Camacho y algunos otros, que en ese momento les negaron su ayuda. Después de múltiples peripecias pudieron componer una declaración pública del Buró Político (la del 12 de marzo) y poco más tarde se enteraron de que Jesús Hernández se había adelantado con otra.

Togliatti valoró que había fallado la ligazón con las masas. El PCE se había orientado excesivamente hacia la utilización de las posiciones conquistadas en el aparato del Estado y del ejército. La reacción no había sido la adecuada, aunque los camaradas se habían visto también constreñidos por las valoraciones de un consejero soviético respecto a la oportunidad de llevar a cabo un golpe de fuerza contra Valencia. Se descartó de entrada derribar al CND. En su opinión, ello implicaba retirar unidades del frente y abrirlo a la ofensiva enemiga. Pero es que además no había seguridad de que los soldados obedecieran, al no comprender el motivo del enfrentamiento con las fuerzas casadistas (lo que en aquellos momentos se estaba produciendo precisamente en Madrid). El PCE no contaría con aliados y sobre él recaería la responsabilidad de haber hecho que la guerra acabase en el caos. Este argumento sería, no obstante, objeto de controversia ulterior en Moscú y la Comintern terminaría desechándolo.

Mientras tanto, en el resto del aparato comunista se extendía la confusión. En Valencia Jesús Hernández decidió, de acuerdo con el jefe de los asesores soviéticos, «S»^[27]. —al que aludía veladamente Togliatti en el informe referido—, actuar por su cuenta apoyándose en la hegemonía comunista en el XIV Cuerpo de Guerrilleros y en la base de tanques de Calasparra. El resto de unidades con las que pensaba contar la Comisión Político-Militar comunista eran: la 19 División, desplegada en Tarancón; la Agrupación Toral, en Ciudad Real; el XXII Cuerpo de Ejército; la división de tanques y la 15 División del XXI Cuerpo de Ejército. Se diseñó un plan consistente en disponer las fuerzas de tal modo que pudieran lanzarse sobre Madrid para aplastar al CND o sobre la zona del litoral levantino entre Valencia y Cartagena, bloqueando y, si era necesario, tomando la capital y asegurando los puertos. Cuando, a medianoche, Unión Radio de Madrid anunció la constitución del Consejo Nacional de Defensa (CND), Hernández se reunió con González Montoliú, miembro de la Comisión Político-Militar, Jesús Larrañaga y el responsable de los consejeros soviéticos. Poco antes Hernández había logrado mantener una breve conversación con Negrín en la que le comunicó que «aquí la situación la tenemos de la mano y si Vd. lo ordena podemos aplastarlos». Negrín le recomendó calma y no hacer nada hasta que el gobierno deliberase. Solicitada la opinión del responsable de los consejeros, su respuesta fue que había que intentar actuar junto con el gobierno y de acuerdo con la dirección del partido. En caso contrario, el PCE se encontraría solo y aislado y «en estas condiciones, luchar en dos frentes contra el franquismo y contra la Junta [CND] constituida por los socialistas, anarquistas y republicanos es una tarea superior a nuestras fuerzas». En última instancia, habría que tratar de llegar a un compromiso con el CND, para «tratar de salvar el Partido y el Ejército»^[28].

No hubo más orientaciones. Hernández llamó a Elda, pero la dilación en la toma de resoluciones le desesperó. El núcleo comunista de Valencia debía actuar empleando su propia cabeza. Y lo hizo en principio en el sentido al que estaba acostumbrado: esperar unas directivas que no llegarían jamás, porque el núcleo dirigente que estaba junto al gobierno procedía en aquel momento a abandonar el país. La situación del PCE se hizo crítica: por fuga o por captura de sus principales dirigentes, se encontraba prácticamente descabezado y falto de línea a seguir^[29]. Fue en ese momento cuando el sector político-militar rellenó el vacío dejado por la dirección desaparecida y preparó otro tipo de respuesta. Tras asegurarse posiciones en la carretera Madrid-Valencia, Hernández formó un nuevo Buró Político, integrado por Larrañaga, Palau, Zapirain y Martínez Cartón, y decidió asumir de forma directa todo el trabajo militar, publicando un manifiesto en nombre de la nueva dirección con fecha 9 de marzo. En él se llamaba a la resistencia contra el CND, se instaba a los comisarios y militares comunistas a no relegar el mando ni a entregar las armas bajo ningún concepto sin haber conseguido la restitución de la legalidad frentepopulista y sin que hubieran cesado las persecuciones contra el PCE, que incluían la liberación de los prisioneros y la autorización de la difusión de su prensa. En caso contrario se emplearían los tanques contra el CND^[30]. No pasó de ser la justificación a una actitud expectante. Las fuerzas acumuladas por Hernández sirvieron para obligar al general Menéndez a negociar una atenuación de la persecución al partido en Valencia, pero nunca se pusieron en marcha hacia Madrid, donde otro sector aislado de la dirección comunista se había levantado en armas para derribar, aquí sí y decididamente, al CND que había usurpado los poderes de Negrín^[31].

La confusión fue general a lo largo del 8 de marzo. Llegaban informaciones de que en algunas provincias el PCE gozaba de vida legal porque sus comités provinciales —o una parte significativa de sus miembros, muchos de ellos a título de dirigentes de la UGT— se habían adherido a la Junta. Además, el supuesto control de las fuerzas armadas mostró no ser tan férreo como los comunistas o sus adversarios pretendían. El PCE no pudo contar con el apoyo del XX ni del XXI Cuerpos de Ejército, cuyos jefes, Gustavo Durán y Ernesto Güemes, aunque miembros del partido, rehusaron oponerse al CND toda vez que lo consideraban como el único poder legal existente tras la marcha de Negrín. Algunos destacados cuadros militares, como Domingo Ungría o el Campesino huyeron antes de tiempo y comprometieron el éxito de las operaciones en sus zonas. Por otra parte, los nombramientos efectuados por Negrín habían perdido toda su posible efectividad por abstención, retrasos, errores o ineptitud.

Tras muchos tira y afloja, a primera hora de la madrugada del 11 de marzo las autoridades del CND en Valencia reconocieron la legalidad del PCE, la libertad de los presos, la autorización de su prensa y la reapertura de sus locales. La dirección comunista levantina optó entonces por aceptar el ofrecimiento y centrarse en procurar la salvación del máximo de cuadros comunistas.

Mientras tanto, en Madrid se representó el contramodelo de la táctica preconizada por el delegado jefe de la Comintern. Aparte de la influencia que sobre la dirección madrileña tuviera el hecho de estar prácticamente desconectada del Buró Político (o de sus restos), su reacción cuadraba a la perfección con la línea que había mantenido la organización de la capital durante casi toda la guerra, casi la de un partido dentro del partido, actuando con un significativo margen de autonomía, como llegaron a criticar destacados dirigentes del mismo. Su carácter combatiente de primera línea, el mito forjado por el éxito en la defensa de la ciudad en noviembre de 1936, el talante pugnaz con el resto de fuerzas políticas y sindicales, habían educado a sus miles de militantes, en particular cuadros jóvenes, mujeres y mandos milicianos en la épica de la resistencia y en los mitos del octubre soviético. Todo ello constituía una mezcla difícil de manejar por parte de una dirección errante tras los pasos del gobierno, primero a Valencia, luego a Barcelona y por último a Levante y cuyas directrices llegaban tarde o necesitaban ser reiteradamente explicadas para que los comunistas madrileños las cumplieran.

Las relaciones rotas entre las organizaciones del Frente Popular de Madrid desde el mes de enero abonaron el terreno para lo que vino después. En las luchas callejeras que asolaron la capital mártir de la República durante siete días se ventilaron pleitos que se remontaban a los tiempo de la Junta de Defensa —con los anarquistas— o a la caída de Caballero —con la ASM—. El golpe de Casado abrió la espita por la que salieron traumáticamente a la superficie las enemistades contenidas por la pervivencia del Frente Popular y el imperativo de resistencia a las órdenes del gobierno para mantener la confianza en la victoria. Diluido el primero, derribado el segundo y perdida definitivamente la tercera, las fuerzas de rozamiento que se habían acumulado a lo largo del tiempo se liberaron, como en la tectónica de placas, con una brutal intensidad.

La reacción de los comunistas madrileños osciló entre la ofensiva irresoluta y el repliegue defensivo. «No hubo dirección militar ni jamás hubo un plan de conjunto. La dirección como tal no llegó a estar ni siquiera en el papel», recordó Francisco Félix Montiel^[32]. Uno de los asesores soviéticos, «Miguel», dejó una descripción vívida de la desorientación, del desconcierto y de la angustia reinantes entre los militantes^[33]. Despiste, desorganización, escaqueos y, en particular, la incapacidad de poner en marcha lo que siempre había sido el fuerte del partido, es decir, la maquinaria de propaganda. Cuando en el fragor de los combates llegaron instrucciones de Checa con la directriz de negociar, la desorientación y el desánimo se apoderaron de los militantes madrileños. Nunca, ni siquiera durante los días de noviembre de 1936, se habían formulado la clásica cuestión de ¿qué hacer?, en un contexto tan confuso. Entonces el enemigo y el objetivo estaban claros. Ahora se debatían entre la desesperación y el estupor.

Casado, mientras tanto, había ganado tiempo, lo que permitió la aproximación de las columnas de socorro encabezadas por las tropas del IV Cuerpo de Ejército de Mera que, procedentes de Alcalá de Henares, entraron en la capital por el eje de la carretera de Aragón. Las posiciones comunistas fueron cayendo en cascada. La llegada de un enviado de la dirección reconstituida por Hernández, Montoliú, proporcionó los argumentos definitivos para el repliegue. Convenía buscar una salida al conflicto, dada la imposibilidad de continuar luchando por un gobierno que ya no existía y por el riesgo de que cayera sobre el PCE la responsabilidad final por la pérdida de la guerra. Era preciso explorar las posibilidades de reconquistar para el PC una situación de legalidad a fin de proceder a la evacuación. La intensidad de la presión sobre el CND se modularía de acuerdo a la respuesta del mismo a las demandas de la dirección central comunista^[34].

El día 11, tras el fracaso de los últimos intentos de progresión, las fuerzas comunistas se replegaron a los ministerios. Allí les alcanzó la noticia del establecimiento de conversaciones. La lucha cesó definitivamente a las ocho de la mañana del domingo 12 de marzo. En los días inmediatamente siguientes el PC madrileño se sumergió en tareas propias de un grupo en transición a la clandestinidad. Se intentó restablecer el contacto con los radios, orientando el trabajo a la reorganización de los comités, el reagrupamiento de todos los militantes en sus respectivas células, y la distribución a todos ellos de los comunicados del Buró Político para que los reimprimieran y difundiesen. Ante la carencia de papel y tinta, se ordenó pintar en las paredes y colocar carteles con consignas. Se comunicó a los radios el lugar donde se celebraban los consejos de guerra para que se asistiera a ellos y se visitase a los presos. Se instó a la formación de comisiones de mujeres que se dirigiesen al CND pidiendo el cese de los fusilamientos, como los que se ejecutaron contra Barceló y el comisario Conesa, y la libertad de todos los detenidos. Se intentó en dos ocasiones hacer una manifestación de mujeres pero no llegó a realizarse por falta de asistentes. La organización comunista de Madrid, que había llegado a contar con cerca de 75 000 militantes, se estaba disolviendo como un azucarillo.

En Levante, mientras tanto, Togliatti se reunió con Hernández y su plana mayor el 11 de marzo. Según Ciutat, contemplaron el riesgo de rápido deterioro de la moral de las fuerzas movilizadas para combatir al CND y valoraron que la continuación de la lucha armada solo tenía sentido si se hubiera buscado «apoderarse del poder», pero «la conquista del poder no tiene objeto, dado que se ha llegado a una situación en que todo intento de resistencia es inútil y el enemigo no parece dispuesto a conceder ninguna condición favorable en la paz que se busca». Al PCE, además, no le interesaba que la derrota militar, ya inevitable, se desarrollase bajo su control:

Es preferible que los traidores suscriban con su nombre el período vergonzoso para evitar confusionismos posteriores y es de interés por el contrario para el Partido no tener nada que ver con las jornadas de claudicación, quedando absolutamente a salvo de responsabilidades históricas que pudieran debilitar en el porvenir su base política o el prestigio del Partido, cuya historia militar durante la guerra queda indeleblemente unida a todas las jornadas gloriosas: defensa de Irún, defensa de Madrid, resistencia del Norte, toma de Teruel, defensa de Valencia y batalla del Ebro. No parece particularmente de interés luchar por tener una intervención en la derrota^[35].

En definitiva, para el tiempo que se avecinaba era más conveniente que el prestigio comunista quedase a salvo y que se ligara a lo que desde entonces se erigiría en el conjunto de hitos conmemorativos del imaginario del PCE sobre las glorias de la resistencia.

Quedaban para consumo interno las enseñanzas extraídas de la derrota, que se reflejarían en los días y semanas siguientes en los informes que muchos cuadros políticos y militares elevarían a la Comintern para explicar su visión de lo ocurrido. Y lo que se observaron fueron, en su mayoría, debilidades que difícilmente se compadecen con la imagen de una organización conspirativa dispuesta a lanzarse al asalto del poder: unas labores de información claramente muy deficientes durante el periodo previo al golpe casadista; carencia de organismos militares preparados de antemano y listos para actuar en cualquier momento con unidad de mando, cohesión y disciplina, y exceso de voluntarismo individualista; ineficaz respuesta del aparato de agitación y propaganda; falta de coordinación entre la dirección y de asistencia mutua entre fuerzas comandadas por miembros del partido; en última instancia, incomprensión de la nueva situación creada por el golpe y la salida del gobierno Negrín. Se había combatido desigualmente en nombre de un gobierno inexistente y se había tensionado al máximo al PC para, a la postre, no perseguir la conquista del poder^[36].

Mientras tanto en el resto del territorio la situación se descompuso a pasos agigantados. En Ciudad Real, fuerzas al mando del nuevo gobernador, el anarquista David Antona, integradas por la 126 Brigada y dos tanques tomaron al asalto la sede del PCE capturando a todos sus ocupantes. En Almería ocurrió otro tanto, mientras a dirigentes de radios y comités se les presionaba para que se adhiriesen al CND y desautorizasen la línea de su propio partido. Los locales de la JSU, del PCE y de todas las organizaciones de su galaxia política (tales como los Amigos de la Unión Soviética, el Socorro Rojo, las Mujeres Antifascistas, el Altavoz del Frente y la Unión de Muchachas) fueron desvalijados y clausurados. Particularmente simbólico resultó el asalto a la casa de la JSU en Alicante, donde, como señaló el Comité Provincial, tras destituir a la ejecutiva local y proclamar solemnemente la refundación de las antiguas Juventudes Socialistas, los participantes se entregaron a una ceremonia iconoclasta en la que destruyeron bustos de Lenin y retratos de Santiago Carrillo. En Granada, según el correspondiente comité, se repitió desde el día 7 el cuadro de detenciones, allanamiento de sedes, detención de militantes y deposición de mandos castrenses.

En Baza, José María Galán y la mayor parte de los cuadros militares y políticos comunistas fueron detenidos por orden del comandante militar. La reacción más violenta tuvo lugar en la demarcación del Ejército de Extremadura y Andalucía. Según narró el delegado del PSUC en Madrid, en el VI Cuerpo de Ejército se detuvo al comisario, al jefe de la 148 Brigada de la 38 División y a sus sustitutos, matándolos en un tiroteo. Desapareció el comisario de la 29 División, Navarro, del PSUC, «ignorándose si consiguió escapar o le hicieron prisionero, fusilándolo». A Urbano, responsable de la Comisión Político-Militar del VI Cuerpo, se le condenó a muerte así como a varios mandos, comisarios, instructores y miembros de la misma. En el territorio del VIII Cuerpo de Ejército fueron detenidos y también condenados a la pena capital varios miembros de los comités comarcales, de radio y del Comité Provincial de Córdoba. Un batallón del CND asaltó el cuartel de la 162 Brigada de Guerrilleros en Fuensanta haciendo prisioneros a varios comunistas y fusilando al comité local de Buitrago^[37]. La operatividad de las listas confeccionadas desde tiempo atrás por los comités de defensa confederales se puso así de manifiesto. La dureza de la actuación contra los comunistas no solo debió obedecer a un ajuste de viejas cuentas sino que tendría un carácter preventivo, para impedir movimientos de apoyo a Madrid.

En tal contexto, el objetivo de la liberación de los presos pasó a ser el objetivo prioritario. En virtud de ello no es de extrañar que el aparato político-militar madrileño depusiera las armas sin conseguir prácticamente contrapartida favorable alguna. La prensa, controlada por el CND, se hizo eco de la liberación de unos 3000 prisioneros hechos por los comunistas, de los cuales unos 500 habían estado encerrados en El Pardo. Se afirmó que entre ellos figuraban viejos luchadores republicanos y socialistas en los que se notaba no solo la fatiga sino también la tristeza por el trato de que habían sido objeto. Hubo numerosos casos de ejecuciones sumarias por ambos lados.

EL DESMORONAMIENTO

La moral de los cuadros locales y militantes de base se hundió por doquier y definitivamente. El Comité Provincial de Valencia reunió un catálogo de comportamientos que iban desde el abandono de toda actividad («O., responsable de cuadros que dejó de asistir a las reuniones de Comité», «el secretario general, camarada L., estaba atemorizado y no atendía como debía la dirección del sector [Norte]», «L. M., secretaria de Trabajadores de la Tierra dejó de asistir al sindicato del partido pretextando que su compañero era de la CNT», «M. A. se negó a ir por el partido ni admitir a nadie en su casa») a la adopción de posiciones contrarias al PCE («N. P., del comité y consejera provincial, redactó una carta de adhesión a la Junta», «el antiguo secretario general de este sector, J. N., pretendió que el comité condenase la política del partido», «P., ferroviario, que traicionó intentando arrastrar a otros militantes para que el sindicato y la célula condenaran al partido»), pasando simplemente por la huida («R., ferroviario, pidió permiso al partido para ir a Madrid y salió de España sin conocimiento del partido y a través de la masonería a la que pertenecía», «P. S., de la comisión de industrias de guerra y G., de agitprop, que vaciló y desertó durante unos días»)^[38].

En Almería, el ingeniero comunista delegado de Reforma Agraria y varios integrantes del propio Comité Provincial se adhirieron al CND en calidad de dirigentes de la UGT, así como veinte militantes de la fracción comunista del Sindicato de Empleados Municipales, que publicaron una nota en la que declaraban rotos todos sus vínculos con el partido, «negándose a aceptar su disciplina por no haber condenado el movimiento de Madrid»^[39]. Lo mismo hizo el secretario del SRI. Según reseñó el Comité Provincial, en Alicante, plaza clave de cara a la evacuación, la mayor parte de los militantes y organizaciones locales dejaron de dar señales de vida. Desaparecieron muchísimos de quienes trabajaban en el aparato de dirección y los dirigentes de los sindicatos. No había posibilidad de reunir un mínimo de responsables para la organización del paso a la clandestinidad, y los que resultaron encargados de quedarse en España para formar parte de la dirección ilegal no se avinieron a cumplir las órdenes.

Refugiado en casa de otro italiano, Ettore Vanni, director del diario comunista valenciano Verdad, Togliatti restableció la comunicación con la Comintern a través de su mujer, Rita Montagnana, desplazada hasta Levante para transmitirle las consignas de «la Casa», y trató de conseguir, sin éxito, el envío de barcos de la France-Navigation^[40]. Togliatti publicó un último manifiesto, el 18 de marzo, supuestamente en nombre del Comité Central, notablemente divergente en contenido con respecto a su propio documento del 12. Quien fuera designado para quedarse en España y dirigir la lucha clandestina, Jesús Larrañaga, llegó a decir que cuando asumió la responsabilidad de la dirección, circulaban tres manifiestos distintos con tres diferentes orientaciones políticas.

Durante los últimos días, los esfuerzos se centraron en la formación del aparato clandestino y en la organización de la evacuación. Para lo primero se enviaron delegados a las provincias a fin de asegurar la formación de nuevas direcciones clandestinas —muchas de ellas integradas por mujeres—, se prepararan medios de impresión y se buscaran puntos de apoyo para el trabajo ilegal. Se llevó a cabo una campaña de explicación de los hechos mediante octavillas «sobre la “paz”, la “resistencia”, “los comunistas qué quieren”, “quiénes son los dirigentes comunistas”, “quién se ha sublevado” y “para qué”». La difusión de estas consignas chocó, sin embargo, con fuertes resistencias en Valencia, particularmente aquellas que afirmaban que «Casado se ha sublevado como Franco». Otro tanto ocurrió con la distribución del documento del 18, probablemente porque los responsables valencianos no querían suscitar problemas añadidos que supusiesen trabas a la evacuación.

Se creó una nueva dirección, con Larrañaga al frente, que ya tenía experiencia previa en el desarrollo del trabajo ilegal. Le acompañaban Pozas, responsable de organización; Navarro Ballesteros —exdirector de Mundo Obrero— para la propaganda; Montoliú, responsable del enlace con el ejército; Sosa, del contacto con las autoridades; Pinto, encargado del contacto con los sindicatos; un miembro de la JSU; y Fernando Rodríguez, para las tareas de evacuación^[41].

Una parte de esta actividad respondió a un estado de ánimo que Ciutat describió pormenorizadamente.

La gran masa de los militantes del Partido mantenía la convicción más firme de que la derrota militar no era más que un accidente desfavorable de la lucha, pero en ningún caso la terminación de ésta… Se trataba de conseguir las mejores condiciones para el planteamiento de la nueva batalla a venir en la fase inmediata de la lucha.

A partir del 21 de marzo se transmitió a los últimos dirigentes que debían abandonar el país la consigna de concentrarse en la comarca de Cartagena a través de carreteras cada vez más inseguras. El 24, bajo el mando de los hombres de Artemio Precioso, se tomó al asalto la escuela de vuelo de Totana, desde la que despegaron Togliatti, Checa, Hernández y Claudín pocas horas antes de la entrega pactada de la aviación republicana a Franco. Aterrizaron horas después en Sidibel-Abès, desde donde se les trasladó a la prisión de Orán^[42].

En aquellos días terminales se formó una comisión encargada de la preparación de pasaportes y de la selección de cuadros. Con todo perdido, el PCE fue invitado por la Agrupación de Ejércitos a formar parte de una Junta de Evacuación Nacional —con el voto adverso del movimiento libertario^[43]—. En ella se decidieron los cupos correspondientes a cada organización del antiguo Frente Popular. Fue de esta forma como pudieron salir de forma organizada los últimos 51 comunistas en los navíos Lézardieux y Stambrook^[44]. El resto cayó en manos de los vencedores en la vorágine del puerto de Alicante.