Capítulo XVI
LA CAMPAÑA DEL GOBIERNO, POLANCO, VOCENTO Y GALLARDÓN PARA CERRAR LA COPE

En vista de la desorganización parcial del Partido Popular tras perder las elecciones, la cadena radiofónica COPE proporcionó la crítica mediática más eficaz contra la nueva legislatura socialista.

STANLEY G. PAYNE, El catolicismo español

Si la importancia de algo o de alguien se mide por el número y poder de sus enemigos, la COPE es importantísima. Si alguien o algo alcanza tanta importancia que para destruirlo se subvierten todas las garantías que protegen las libertades cívicas en una sociedad, o bien esa sociedad está realmente amenazada de muerte por ese algo y debe destruirlo para sobrevivir o bien esa sociedad es incapaz de garantizar la libertad de todos y cada cual debe defenderse como pueda de un despotismo generalizado, reñido con el pluralismo, la democracia, la moral, la Ley y la libertad. La campaña desarrollada contra la COPE durante la temporada 2005-2006, que empezó en la anterior y continuará en la siguiente, nos coloca ante una alternativa dos veces triste: o España sólo puede sobrevivir destruyendo la COPE, como buscan sus enemigos, o la COPE está en peligro de muerte porque España es una nación en estado de coma y el Estado de Derecho es un cadáver insepulto.

Obviamente, no es la COPE lo que supone un peligro para España, pues su único y declarado empeño es defender la Nación española y la Constitución que hace a los españoles ciudadanos libres e iguales. Pero si los que han decidido liquidar la Nación española como base del Estado y al Estado como ámbito de las libertades individuales se empeñan en destruir la COPE, que es lo que podremos comprobar en este capítulo, cabe suponer que el papel de esta cadena que sólo escucha el 20 por ciento de la audiencia total en la radio española es semejante al de los pequeños testigos de un gigantesco crimen. Hay que cerrar la COPE para que no hable. Para que nadie hable.

En el principio fue Polanco

Es corriente que cualquier crítica sufrida por un político, una empresa, un club deportivo o incluso un árbitro de fútbol se achaque a «una campaña» contra ellos. Yo espero que después de ver, a cuenta de la COPE, lo que es realmente una campaña de destrucción, se limite el recurso retórico. Por mi parte, voy a ceñir a tres meses y a los medios de prensa escrita el estudio de esa campaña para liquidar la COPE. Los meses serán los de octubre, noviembre y diciembre de 2005. El juicio, del lector.

En El País del 10 de octubre, Miguel Ángel Aguilar publicaba un artículo titulado «La COPE no se calla», respondiendo al director de Informativos de la cadena, Ignacio Villa. Además del tono despectivo («Se impone reconocer que el colega Villa después de años de cuidadoso cultivo del low profile ha cobrado una gran imagen pública y se ha convertido durante la última temporada en figura del toreo»), desarrolla la idea básica de la campaña dirigida a la derecha: la COPE es un aliado objetivo del PSOE. Cuesta creer que, de ser cierto, eso molestase al principal apoyo mediático del Gobierno socialista. Sin embargo, lo propio de una campaña totalitaria no es apoyarse en hechos reales y racionales sino repetir infinitas veces una fórmula breve hasta que cale en la gente y se convierta en parte de su paisaje intelectual. Lo curioso de esta estrategia dictatorial es que obliga a los voceros a tragar el propio mensaje podrido que venden. Aguilar dice que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Barroso, había dicho a los grandes empresarios y/o anunciantes: «Tenéis que apoyar a Federico». Y lo explica: «Se trata del frío cálculo que considera los beneficios inducidos por el maximalismo de los sembradores de odio, que además acaban dictando la conducta del PP y le mantienen echado al monte. El miedo al regreso del aznarismo guarda la viña».

Lo importante de esta campaña contra la COPE no es, por tanto, el hecho paradójico y absurdo de que los medios de izquierdas protesten por el favor que le hace al Gobierno de izquierdas un medio de derechas supuestamente errado o radicalizado, puesto que en el pecado o el error llevaría la penitencia que a ellos debería solazarles. Lo esencial es la repetición de unos cuantos lemas para estigmatizar o, como suele decirse ahora, satanizar al enemigo. En este caso, es «odio». La COPE será acusada, en los tres meses siguientes, cientos, miles, millones de veces, de «sembrar el odio». Obviamente, se entiende que los que quieren cerrarla actúan en nombre del amor.

Sin embargo, la finalidad política inmediata de esa campaña era neutralizar la COPE en la campaña sobre el Estatuto de Cataluña, que suponía en la práctica la liquidación del sistema constitucional. Todos los medios exclusivamente catalanes se alineaban con la mayoría parlamentaria que apoyaba el Estatuto, a excepción del PP. De los medios audiovisuales de ámbito estatal sólo había dos que, por su cercanía al PP, podían atacarlo: la COPE y Onda Cero. Pero esta última, como Antena 3, es propiedad del Grupo Planeta, cuyo presidente, José Manuel Lara, había pedido públicamente un nuevo Estatuto de Autonomía en carta a La Vanguardia del 31 de agosto junto a los otros nueve empresarios más importantes de Cataluña. Neutralizada, pues, la única televisión no izquierdista y una de las dos cadenas de radio de centro derecha, el único medio que se oponía al Estatuto era la COPE. Y siendo ésta propiedad de la Conferencia Episcopal, lo primero que se movilizó fue a los obispos catalanes, tan fácilmente movilizables a favor de las tesis nacionalistas. El 4 de octubre, el Diari de Girona abría fuego titulando: «Els bisbes catalans podrien plantejar detnanar canvis ais continguts de la COPE» («Los obispos catalanes podrían plantear pedir cambios en los contenidos de la COPE»). El 7, Àlex Masllorens lo desarrollaba en el Avui: «L'Estatut, la COPE i els bisbes catalans». Y el 8 de octubre, llegaba el ataque en tromba: «Los obispos catalanes piden moderación a la COPE» (El País); «El episcopado catalán tratará de poner freno a las ofensas de la COPE» (El Periódico); «El episcopado catalán ve legítimo el Estatut y reclama mutuo respeto entre los españoles», «Los obispos harán gestiones para corregir la línea de la COPE, de titularidad católica. Quejas por las ofensas y descalificaciones» (La Vanguardia, edición Madrid); y «Els bisbes catalans volen corregir el to d'alguns programes de la COPE» (El Punt), un titular que tuvo éxito, porque saltó literalmente a las agencias de noticias y a la prensa regional: «Los obispos catalanes quieren cambiar el "tono" de la cadena COPE» (Diario Atlántico de Vigo).

Nótese que las críticas al proyecto de Estatuto —criticable por definición en una democracia— se convierten desde el principio en «ofensas», terminología típica de la extrema izquierda o la extrema derecha totalitarias, y nunca dirigidas contra alguien concreto, un político o un partido, sino contra «Cataluña», obviamente atacada también por los catalanes que en la COPE y fuera de ella se oponían al Estatuto y que, por el hecho de hacerlo, merecían el anatema de «anticatalanes». Otra táctica muy típica de los grupúsculos extremistas es utilizar la sección de Cartas al Director para crear la sensación de que una determinada opinión política se está generalizando en la calle. Y en esos mismos días empezó el bombardeo de misivas contra la COPE: el 8, El Punt publica una carta llamando a retirar la publicidad de la COPE, y el día siguiente, el 9, pese a tener que haberla ya leído, publica la misma carta el Avui.

Los columnistas continúan en la línea marcada por los titulares de sus diarios. En El Periódico del 10 de octubre Joan Barril titula su comentario «Hartos antes de empezar» (se supone que a debatir el Estatuto que aún no se ha empezado a debatir en el Parlamento) y en él dice: «No hay día sin insulto. Eso de ser catalán se está poniendo difícil. Hablar con España casi obliga antes a jurar bandera». En realidad, sucedía exactamente lo contrario: ser catalán y no nacionalista era y es dificilísimo. Y hablar con los que se proclaman la encarnación de Cataluña obliga previamente a abjurar de España, empezando por la bandera. Una prueba es la viñeta que me dedicaba el Avui del día siguiente, el 11, en la que aparecían Goebbels y Satán en el infierno. Y decía Goebbels: «Un tal Jiménez Losantos, de la COPE, me está haciendo la competencia». Y respondía un Lucifer muy venido a menos: «Mira que era difícil, Herr Goebbels».

Al día siguiente, en La Vanguardia, Oriol Pi de Cabanyes decía en «Nación de naciones»: «Desde el "Escolta Espanya" de Joan Maragall hasta hoy han pasado más de cien años. Aunque si entonces no faltaron ya quienes alimentaban el miedo a la desmembración de la España una (como hace irresponsablemente el PP), no existía un tan poderoso medio de intoxicación masiva como es ahora la COPE (dependiente, para escándalo de tantos cristianos, de la Conferencia Episcopal Española), que siembra a diario la cizaña del odio étnico». Nótese el triple disparate lógico de este discurso: hace cien años, dice, ya había quien temía la desmembración de España, pero omite La Razón fundamental: ya se había puesto en marcha el nacionalismo catalán. Ese miedo, según el articulista, lo tiene y lo manifiesta el PP, que representa a diez millones de electores y a la mitad de la opinión pública española, pero en vez de preguntarse por qué una fuerza política tan importante sostiene esa opinión, minimiza el casi todo para cargar contra la parte: más importante que el PP sería la COPE, que siembra el «odio étnico». Atención a esta gansada, porque, cien mil veces repetida por los papagayos nacionalistas, llegará a convertirse en argumento dentro del Parlamento Europeo: ¿qué entenderá por «étnico» el filósofo Pi? ¿Cómo los defensores de la unidad de España podrían sostener que los catalanes son españoles, sí, pero que, a la vez, constituyen una etnia diferente a la que se debe odiar? En todo caso, serían los separatistas los que proclaman una diversidad «étnica» de Cataluña y el resto de España, algo rigurosamente insostenible atendiendo a la historia, la cultura, la religión o la raza, al menos desde que los teóricos de la supremacía racial catalana como el doctor Robert cayeron en el descrédito.

Algunos catalanes se resistían a la manipulación étnica e ideológica. Así, al día siguiente, también en La Vanguardia, escribía Francesc de Carreras: «No sigamos cultivando en Catalunya esta eterna manía persecutoria. Dejemos de fabricar falsos mitos anticatalanes: no son únicamente la COPE y Federico Jiménez Losantos quienes discrepan del Estatut, sino otra mucha gente, muy diversa y distante, con razón o no, tanto de Catalunya como de fuera de Catalunya». Pero, ay era una gota de agua en el océano, al que en Zaragoza, por fastidiar, llaman charco; por otra parte, pedirle al nacionalismo que no cultive el victimismo es como invitarle a no respirar. Ese mismo día, 13 de octubre, Josep Pernau publicaba en El Periódico y en su sección «Opus mei» la melopea judeonazi «Con una estrella en el pecho», donde el rebaño agresor se proclamaba ovejita agredida y además me imputaba a mí el proyecto de su exterminio: «Se propondría la creación de un distintivo que los catalanes que simpatizan con el tripartito deberían lucir en el pecho. Tendría forma de estrella, por ejemplo. Amarilla, además». En realidad, la mayoría aplastante e intolerante en Cataluña es la que forman ellos, y la minoría señalada, estigmatizada y perseguida es la de los pocos catalanes o no catalanes que se oponen al nacionalismo. Sin embargo, para legitimar su agresión, todo nacionalista debe proclamar previamente que ha sido agredido, por muy falso que sea.

En Madrid, la campaña contra la COPE tenía —tuvo siempre— un sesgo distinto al de Barcelona, porque iba más dirigida a la clase política de derechas que a la base electoral de izquierdas. El mismo 11 de octubre en que el Avui me comparaba ventajosamente con Goebbels, Miguel Ángel Aguilar aseguraba en El País que «los ayatolás de la COPE incendian desde la madrugada el ánimo de los oyentes»; y en La Razón, Enrique Curiel, veterano dirigente comunista pasado al PSOE, explicaba a la derecha lo que realmente le conviene, que es para lo que ha quedado cierta izquierda baldía. Curiel titulaba «Serenidad», pero se notaba enfadado: «Las cosas que se han dicho durante estos días contra Zapatero —al que la derecha extrema cree insultar llamándole Rodríguez— resultan inauditas. Hasta los obispos catalanes hacen públicas las gestiones que realizan en la COPE para frenar las ofensas y descalificaciones que escandalizan a quienes las escuchan. Dejémoslo claro: no habrá Estatut anticonstitucional». Y concluía: «Aznar debe tener cuidado con el abismo: se puede caer y llevar el PP al arroyo».

Dentro de esa sorprendente y casi obsesiva preocupación de las izquierdas por asegurar el futuro de las derechas, caridad suicida que veremos una y otra vez en la campaña contra la COPE, es de reseñar la amenaza que, cada vez más claramente, transmiten los bienintencionados reconductores del rebaño a los prebostes ovinos: ¿a qué clase de abismo, a qué arroyo podría llevar Aznar al PP? ¿Al de la derrota electoral? Eso siempre sería bueno para España, según el análisis lógico de las izquierdas. ¿Qué peligro les ronda, pues, más allá del error conceptual y de eternizarse en la oposición? ¿La ilegalización, quizá? ¿Pasar de ser un partido tolerado por la izquierda en el Poder a un partido perseguido y fuera del sistema? No hay otra forma de entender la amenaza. Y sin duda así la entienden los profesionales de la política que en los andurriales de la derecha están dispuestos a perder casi todo, excepto dos cosas: la carrera y la cartera.

Pero la proclamada serenidad cureliana no impregnaba del todo, ay, el vendaval zurdo contra la COPE. El 14 de octubre, la edición valenciana de El País publicaba la columna de Francesc de P. Burguera, que, sin haber compartido infancia ni intimidad, suele llamarme «Federiquín», para luego compararme —no es muy original, pero cada uno llega adonde llega— con Queipo de Llano y sus charlas en Unión Radio Sevilla. Más contrastada parece esta denuncia: los obispos «aprovechan las homilías dominicales para transmitir las proclamas federiquinas». El trabajo de campo tuvo que resultarle agotador. Y la música tampoco era bálsamo para sus pesares: Joaquín Sabina publicaba en el Interviú del 17 al 24 de octubre unas coplas de orden satírico-injurioso tituladas «Por todos Losantos». Y el mismo 17, Jaume Rexach, en Cambio 16, añadía más letra a la música: «España no tiene ningún problema: ni Catalunya, ni el Rey, ni Rodríguez Zapatero. El único problema que tenemos radica en la tontería de cuatro descerebrados que desde la COPE, El Mundo e Internet intentan reventar la convivencia democrática en España y en los incautos que, desde las filas del PP, le siguen».

La idea de una desestabilización de la democracia española a manos, o pies, de la COPE, El Mundo e Internet (léase Libertad Digital) pudo parecer exagerada. Sin embargo, poco después, y a cuenta del Estatuto del Periodista que trataba de imponer la izquierda, Polanco la suscribía editorialmente en El País del 23 de octubre:

Alguno pensará que en este editorial Polanco hace autocrítica de las campañas denigratorias de El País contra el juez Liaño y su esposa, de la justificación del vídeo contra Pedro Jota, de la publicación de conversaciones privadas grabadas ilegalmente (Benegas, Jesús Cacho), de la campaña de «agitprop» del 13-M, de tantas operaciones de destrucción personal y chantaje periodístico o político (Antonio Herrero, José María García, Borrell, Redondo Terreros) que, mezclando opinión e información al servicio de la financiación, han hecho temido y temible al imperio PRISA. Pues no. Resumen de ataques pasados y guión de ataques futuros, Polanco proclama la excepcionalidad de la COPE en Europa (hecho que, en sí mismo, no significa nada pero que se repetirá como acusación en meses venideros) y la sitúa en «los pantanos de la desestabilización de las instituciones democráticas». Lástima que no explique de qué pantanos se trata, ni en qué consistía la desestabilización, ni, lo más importante, si las instituciones han sobrevivido a la subversión. Tampoco que el ataque se produzca dos días después de que la COPE contase que la Fundación Atman que preside la señora de Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA, había recibido a bombo y platillo, como pieza importante dentro de la Alianza de Civilizaciones, a Tariq Ramadán, propagandista islámico que tiene prohibida la entrada en Estados Unidos y los países europeos más importantes por su relación con las redes de Al Qaeda y el terrorismo fundamentalista.

Pero el editorial polanquista supuso el respaldo definitivo a la campaña contra la COPE, tanto en los medios de comunicación como entre los políticos. Al día siguiente, Alejandrina Gómez firmaba en el semanario político Tiempo un reportaje de tres páginas, «La COPE divide a la Iglesia. La crispación por el Estatut preocupa a los obispos», que repetía cansinamente el argumentario del nacionalismo catalán, siempre con los obispos buenos, que son pocos y catalanistas, contra los malos que son muchos pero serían menos malos si amordazaran a la COPE. La guinda del refrito la pone Faustino F. Alvarez, veterano colaborador de Luis del Olmo, con una columna de opinión en la que lamenta que la llegada de Blázquez no haya servido para «reflexionar sobre la beligerancia partidista de algunos espacios de la programación de una cadena cuyos estudios están presididos por la frase evangélica "La verdad os hará libres"». En realidad, a Faustino la verdad no le hace mucha gracia si no es la suya, de ahí la cita machadiana: «…La tuya, guárdatela». Tanto y tan bien lo hace que, al final, nos lía un poco: «La Iglesia sabe que la titularidad de un medio de comunicación le da poder pero también le obliga a mostrar su rostro. Y, de todos los rostros posibles, los obispos catalanes piensan que no se ha optado por el mejor». ¿Quiere volver Faustino con Luis del Olmo a la COPE tras su fracasada experiencia en Punto Radio? ¿O tal vez se trata de una prueba más de ese extraño afecto que despiertan los obispos catalanes en todos los que no van a misa y odian a la COPE?

El mismo día 24 de octubre, Borja Ventura utilizaba uno de los medios más sañudamente anti-COPE, Periodista Digital, para abrir de nuevo otro frente contra La mañana a cuenta del Grupo Risa. Esta vez, la excusa es una pieza satírica sobre el asalto a las vallas de Melilla, escandalosamente permitidas por la policía marroquí; y se acusa a Echeverría y sus colegas de «reírse del drama humano» y de utilizar frases tan intolerables como «me gusta el jamón», cuando el cerdo está prohibido por el Corán. Tremendo. En el copypaste de los hermanos Rojo, Ventura cita a unas Comunidades Cristianas Populares del Estado Español que han escrito a Blázquez una carta contra La mañana a la que achacan una «tónica grosera de ataque fascista» y en las que se dicen «dañados en nuestra integridad como seres humanos».

Esto de los cristianos de extrema izquierda atacando a los medios católicos o conservadores para dar cobertura confesional a las campañas polanquistas es una constante del género. En todas las campañas contra la COPE, desde tiempos de Antonio Herrero, siempre han figurado en vanguardia una especie de jenízaros confesionales cuya función es la de rasgarse las vestiduras en perfecta sintonía con los enemigos de la cruz. Además de María Antonia Iglesias, ducha en entrevistar a clérigos arrojadizos, Polanco mantiene un departamento de agitación clerical, poblado por lo que podríamos llamar «bajacuellos en nómina» y dirigido por el jesuita Martín Patino, cuya función esencial es precisamente la de bendecir cualquier campaña anticlerical, antipapal o directamente anticristiana siempre que se dirija contra la COPE u otros enemigos de Polanco.

También resulta llamativo, por no decir heroico, cómo estas almas sensibles no optan por el cómodo recurso de cambiar de emisora de radio según las costumbres habituales en cualquier democracia. Nada les costaría recurrir, por ejemplo, a la SER, donde han podido oírse conversaciones grabadas en un confesonario y toda clase de injurias contra el Papa y la Iglesia sin que jamás haya sido censurada por estos popularísimos cristianos de base… cero. También podrían frecuentar la auténtica cadena de los obispos catalanes, Radio Estel, cuya íntima audiencia nacionalista componen siete mil oyentes. Pero no: esta piadosa clerigalla progre, cuya única función conocida es la de atacar por lo teológico lo que no pueden derribar de otra forma los enemigos de la cruz, debe vivir junto a los que quemarían iglesias como durante todo el siglo XX si el nacionalismo no las hubiese vaciado. Es cierto que, al ser abiertamente incompatibles con la democracia y el pluralismo, sus ataques no tienen demasiado valor moral, pero reconózcase que estar todos los días condenados a oír y maldecir la COPE, pudiendo oír otras, resulta una penitencia crudelísima. ¿Por qué terrible pecado se la impondrían?

El día 27 de octubre, sólo cuatro después del editorial polanquista, el ministro de Industria y Telecomunicaciones, José Montilla, bajo cuya protección está la radio, abre el frente institucional en la campaña contra la COPE. Durante una rueda de prensa junto al nuevo secretario de comunicación, Fernando Moraleda, y al secretario general del PSOE José Blanco, el ministro dice que le molesta «de manera especial» que «desde alguna cadena de emisoras, para más señas, porque ya saben que a mí me gusta, más o menos, hablar claro, propiedad de los obispos» se lancen «mensajes que incitan al odio, la división y la confrontación y que sólo hacen que sembrar cizaña e ir contra los valores que en teoría defienden los titulares de esa cadena». «Eso sí me parece que no es de recibo, eso no pasa en ningún país de Europa. No encontrarán ustedes en ningún país de Europa ninguna cadena de radio, ni ningún medio de comunicación de la Conferencia Episcopal correspondiente, que haga el papel que aquí está haciendo la que ustedes conocen».

Aunque Montilla a duras penas terminó el bachillerato, es evidente que ha leído provechosamente el editorial de Polanco y, con esa simpática torpeza tan suya, repite y hasta tripite eso de que en Europa no hay nada como la COPE. Si a eso vamos, tampoco hay nada como lo de Polanco, ninguna democracia occidental padece un imperio tan gigantesco sobre las conciencias y la opinión pública, a cuyo lado la COPE es empresa pigmea. Pero a Montilla esa euroexcepción no le preocupa: la admira, la obedece. Más aún: sabe armonizar la inquisición valdemorillense de la meseta y el anatema separatista de las Ramblas, y añade, es decir, repite, «odio», «división», «confrontación», «cizaña»… Todo copiado, sí, pero, ¡con cuánto empeño! Casi puede vérsele mordiendo el lápiz.

En la citada rueda de prensa, el esforzado bachiller arremetió también contra el PE, liturgia habitual en la campaña. Por un lado, se dice que la COPE no representa a nadie, y por otro se la identifica con el PP, que representa a media España. ¿En qué quedamos? Quedamos en que, si pudieran, liquidarían a los dos. Olvidando muy injustamente a la facción gallardonita del PP, que se caracteriza por su fervor genuflexo ante el izquierdismo y el nacionalismo, así como por su desprecio contra todo lo que suene a derecha, Montilla criticó «la virulencia de las manifestaciones de destacados protagonistas de la vida política española, particularmente de los principales dirigentes del PP, acompañados por algunos entusiastas líderes de opinión, con sus afirmaciones, en muchos casos, rotundamente falsas y confabulaciones sobre su contenido, el del Estatuto, carentes de cualquier apoyo en el texto de la reforma». Añadió que se estaban «levantando banderas y cavando trincheras» en la defensa de conceptos que, según dijo, «no están cuestionados por la reforma estatutaria que hemos de discutir».

La verdad era —y por desgracia es— que el Estatuto proclama la nación catalana, establece derechos y deberes distintos para los catalanes y el resto de los españoles, discrimina y persigue a los castellano-hablantes de Cataluña y liquida la Constitución de raíz, esa que define a España como «patria común e indivisible de todos los españoles». Tan evidente era eso en el proyecto que por entonces defendía Montilla que, al año siguiente, Zapatero presumió de haber podado los aspectos «más inconstitucionales del texto», presunción excesiva, como todas las suyas, pero cierta. Y no hubo un solo dictamen jurídico que no encontrara docenas de preceptos anticonstitucionales en ese Estatuto que, podado y todo, tiene más artículos que la Constitución de Corea del Norte. Montilla defendió la intangibilidad del Estatuto frente al PP con el mismo empeño con el que más tarde, candidato a la Presidencia de la Generalidad en vez de Maragall, defendió el Estatuto manoseado y retocado por Zapatero y Artur Mas, su nuevo aliado.

Polanco, ante semejante ataque del Gobierno contra un medio de comunicación, se puso, naturalmente, del lado del Gobierno; acaso en recompensa a la aplicación con que el bachiller Montilla repetía sus argumentos editoriales. Y salpimentó el ataque a la COPE con una de esas operaciones típicas en las policías de los regímenes dictatoriales que consiste en recortar fragmentos de una larga charla (en este caso, las seis horas de La mañana) y tergiversar su sentido sacándolas de contexto. Pero como además de liberticidas son chapuceros, la base de datos en que se basaron para descalificar mi programa fue… solamente la del día anterior. La tremenda campaña eran cuatro frases recortadas del día anterior. Exhaustiva investigación la del escriba de cámara destacado por Polanco en el séquito de Zapatero. Pero cuando le conviene, que en Cataluña es casi siempre, Polanco suele presentarse a sí mismo como un simple empresario («también lo eran los tratantes de esclavos», diría cualquiera de sus escribas si no supiese que el que habla es su amo) y, en la campaña a favor del Estatuto y contra la COPE, se identificó, hasta extremos de manipulación coreanos, con ciertas empresas catalanas de cava que el año anterior, a raíz del boicot del nacionalismo catalán a la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos, habían sufrido pequeñas pérdidas de ventas, un 10 o un 15 por ciento.

Conviene recordar que, asumiendo la representación de la sociedad civil catalana (luego supimos que fue tras llamada telefónica del propio Maragall: así funciona esa famosa sociedad civil), diez empresarios, entre ellos el mayor vendedor de cava, habían pedido en la ya citada carta a La Vanguardia (30 de agosto de 2005) que el Parlamento de Cataluña diera satisfacción cuanto antes a la demanda de un nuevo Estatuto. La demanda, según encuesta del mismo diario, no la sentía más que el dos 2 por ciento de los catalanes, y los empresarios lo sabían. Sin embargo, mintieron para no tener problemas con el Gobierno nacionalista; gimotearon luego ante la posibilidad de que alguien dejase de comprar sus productos como represalia por su protagonismo político, amenazaron después a los medios en que se criticase su actitud y, en fin, tras decir en público justo lo contrario que en privado, coronaron su heroica actuación pidiendo que se aprobase cualquier Estatuto, el que fuera, pero cuanto antes. ¿La Nación, la Constitución, las libertades, incluso en materia económica? ¡Qué les importan a estos padres putativos de la Cosa Nostra (la Cataluña pujolista) mientras sigan ganando pasta! Ah, y si alguien pone en peligro los beneficios, ahí está Polanco, el policía bueno, atacando como si de un crimen se tratase el supuesto «boicot» a los productos catalanes promovido por la COPE.

Aclaremos dos verdades: la primera es que el único boicot organizado contra productos catalanes, como descubrió y publicó Libertad Digital, era el que hacía una página web subvencionada generosamente por la Generalidad en la que los productos aparecían divididos en dos columnas bajo los epígrafes: «Compreu / no compreu», es decir, comprad / no comprad, según el etiquetaje fuera exclusivamente en catalán o, por atender a los compradores de toda España, en español. Cuando se destapó el escándalo, hicieron lo mismo que la SER con la fonoteca del 13-M: borrar las pruebas tras perpetrar la fechoría, olvidando que en la Red las pruebas nunca se borran del todo. La segunda verdad es que lo único que realmente se me puede reprochar es que, teniendo todo el derecho del mundo a hacer ese boicot comercial frente a una agresión contra la libertad y contra todos los españoles —catalanes no separatistas incluidos— que supone el nuevo Estatuto de Cataluña, yo, por convicción y por no perjudicar a la COPE, no propugné el boicot. Me limité a manifestarle al señor Ferrer (Freixenet) que no se podía promover un Estatuto que rompía España y, encima, pretender que los españoles le dieran las gracias comprando su cava. Para boicot, el que esa burguesía oronda y genuflexa viene haciendo a las libertades y a la nación española.

Sin embargo, no se entendería del todo la campaña contra la COPE si se desliga de la campaña de defensa del Estatuto, que básicamente consistió en atacar a cualquiera que lo criticase pero sin defender jamás concretamente un solo artículo. La defensa del Estatuto se confundió deliberadamente con dos asuntos teóricamente muy alejados, pero tribalmente muy mezclados, hasta el punto de identificarse: el supuesto boicot al cava y las nada supuestas críticas a la OPA de Gas Natural (La Caixa) sobre Endesa. El boicot nunca existió y la OPA, que según dijo Rubalcaba en el Congreso, era «medio Estatuto», fracasó, aunque no antes de enterarnos de que La Caixa le había regalado al «árbitro» Montilla, responsable de finanzas del PSC, mil quinientos millones de pesetas que debía su partido. Aclaremos: cuando ya era ministro. La sociedad civil catalana no es amiga de derrochar a lo loco. Corrupción, la que haga falta, pero sin tirar los precios.

La reacción contra la agresión de un ministro cuya primera obligación es la de garantizar el cumplimiento de la Constitución en el ámbito de su jurisdicción fue escasa. Aparte de El Mundo, ningún periódico, ni siquiera La Razón (su propietario, Lara, fue uno de los diez empresarios catalanes que pidieron el Estatuto en La Vanguardia), respaldó abiertamente a la COPE. Sólo en Internet, lógicamente con libertaddigital.com a la cabeza, hubo un movimiento amplio de rechazo contra el Gobierno. Pero en El Periódico Salomé García lo reflejó así: «Una acusación del ministro a la COPE despierta a la ultraderecha en la Red». Tal vez Salomé sea de la misma tribu bachillera que Montilla, porque en sus ataques a la COPE no hay, en rigor, acusaciones concretas. Ni un párrafo, ni un argumento rebatible, ni un ataque a su persona: nada de nada. En la campaña, nunca se citarán frases concretas con un contenido claro y discutible. Jamás. A una injuria sucederá otra, aunque siempre diciendo que el que injuria es el injuriado.

Pocas piezas tan elocuentes en ese sentido como un editorial (todo recuadro de opinión sin firma debe considerarse así) publicado en Levante al hilo de un pequeño altercado en el pleno municipal de Getafe, en el que se debatió una moción contra el Estatuto, con zarandeos y desmayos. Se titula «Cínicos judíos y bocazas» y dice: «El anticatalanismo es una de las aplicaciones del antisemitismo, de hecho los odiadores de lo catalán suelen revestir ese ser colectivo y al parecer viscoso con los mismos atributos con que solían adornar al judío, a su caricatura: como los israelitas tienen ahora un magnífico ejército, es menos arriesgado meterse con los catalanes. Como no parece que nuestros hermanos en Cristo, los arzobispos, vayan a ser un poco más sensatos, no desde luego a través de sus voceros de la COPE, reparemos en algunas saludables evidencias: si El País estuviera la mitad de mal de lo que dice Jiménez Losantos, los desmayos de Getafe serían tiros en cada esquina. La Constitución, que yo sepa, sigue en vigor».

Amenaza de bomba, desalojo de la COPE y la gran traición de ABC

En este clima de moderación y diálogo, pleno de tolerancia y respeto al derecho constitucional y a la libertad de expresión, al día siguiente del llamado «montillazo», el 28 de octubre, se recibió en la COPE una llamada a mitad de mi programa anunciando la colocación de una bomba en el edificio que estallaría en pocos minutos. Cuando me avisaron yo estaba en el micrófono y dije a mi equipo que el que quisiera dejar el estudio y el edificio de la casa, podía hacerlo, pero que yo no pensaba interrumpir mi programa, que era lo que los terroristas, reales o simbólicos, querían conseguir. Sin embargo, la campaña de la prensa catalana, el señalamiento del objetivo por parte de Polanco y el ataque público del Gobierno contra la emisora habían calado en el propio personal de la casa y, muy especialmente, en la dirección, que ordenó el desalojo del edificio. Pese al evidente escalonamiento de las amenazas, no era razonable pensar en un atentado, por dos razones: porque matar no suele avisarse, al menos una sola vez, y porque sería contraproducente para los organizadores de la campaña contra la COPE, el PRISOE y los nacionalistas catalanes, que se presentaban como víctimas pacíficas de una fuerza totalitaria, es decir, al revés de lo que son y venían demostrando a diario.

Como yo ya he pasado por la experiencia de sufrir el terrorismo y he tenido tiempo para pensar sobre los sentimientos que genera, que son mucho más fuertes que los pensamientos, estaba convencido de que lo último que debíamos hacer era suspender la emisión. Yo debía permanecer en el micrófono tratando de calmar a la gente y de quitarle importancia al asunto, aunque, obviamente, hubiera quedado mucho más llamativo entonar un réquiem por la libertad de expresión, hacer culpable de todo a Zapatero y Polanco —que lo eran— y decir, como MacArthur: «¡Volveré!». Sin embargo, el terrorista triunfa si la reacción de la persona o personas agredidas es de miedo, así que, por encima de cualquier otra consideración, había que aguantar a pie de micro. Me quedé en el estudio, sin abandonar el micrófono. Casi todos se bajaron a la calle y alguno se quedó. Recuerdo especialmente a Isabel González, mi colaboradora más antigua a pesar de su juventud, que se quedó junto a mí sin aspavientos, como siempre y más que nunca. Recuerdo también a Maite Toribio, una profesional extraordinaria que se mantuvo en el control del programa hasta que el jefe de los técnicos les ordenó salir del edificio. No obstante, le dije que dejara el micrófono abierto, porque yo iba a seguir aunque fuera leyendo las Páginas Amarillas. Pero de pronto me llegó la noticia, aunque nadie en la casa vino a comunicármela, de que se cortaba la emisión en toda la emisora hasta que pasara la hora que los terroristas habían dado para la explosión. Creo que, incluso manseando en la huida, hicieron bien en no venir a decírmelo, porque en esas circunstancias de falsa calma y nervios desatados le hubiera saltado al cuello al mensajero como el lobo de Gubbio antes de encontrarse con San Francisco de Asís. O sea, como una fiera. Si se hubiera grabado, la transcripción —conveniente pasada por ese filtro a la americana que emite un pitido en vez de un taco—, hubiera sido muy emotiva.

—¡Pero (piiü), qué (piiii) es eso de cortar la emisión! ¡A quién (piii) se le ha ocurrido la idea! (Piii) (piiii) (piii) ¿Es que no ven que así estos (piii) van a poder cortarla cuando les dé la gana? Pero (piii) (piii), vamos a ver, (piii) (piii), ¿quién (piii) ha dado la orden? ¿Pero qué (piii) es esto? ¿Pero esto es una radio o una casa de (piii)?

Era una radio, pero en silencio. La orden no la había dado nadie pero casi todos se habían bajado a la calle. Yo me quedé con Isabel en el estudio, refunfuñando, ora sentado en la gran mesa circular con cara de Jovellanos, ora levantándome para que mi escolta me contase las novedades de la evacuación, mientras mugía y petardeaba por lo bajo como uno de aquellos motores antiguos que hipaban gasolina antes de quemarla. Lo de sacar a la gente a la calle y dejar que se quedase en la puerta por si estallaba la bomba es uno de esos típicos monumentos a la estupidez humana que el terrorismo levanta con pasmosa facilidad. De estallar, hubiera matado a más gente en la acera que dentro de la casa, incluso si se hubieran derrumbado los seis pisos del robusto inmueble. Pero ni los miedosos ni los curiosos cayeron, por lo visto, en la cuenta.

A los siete minutos, el general de aquella inteligente maniobra dio por concluida la anábasis y se reanudó la emisión. Yo dije, y esto sí quedó grabado: «Ha sido la típica llamada de un idiota. Es una tontería y lamentamos que haya habido esta interrupción». Algún dicterio solté contra los que, de forma tan lógica como absurda, les habían dado a nuestros enemigos aquella miserable victoria moral de callarnos durante siete minutos. Nada para lo que realmente me apetecía decir. Transcrito sería un larguísimo pitido.

Varios meses después de aquel episodio, que además de real tiene un alto valor simbólico, entiendo y justifico el modo de comportarse de los directivos, aunque no el atolondramiento de dejar que la gente se quedara en la acera a ver si estallaba la bomba. Yo estaba —estoy siempre— mentalizado para que algo así pueda pasar, de modo que no me puede coger de sorpresa, pero comprendo que los demás no vayan por la vida con esta mochila de precauciones, que, aunque se ha convertido en una segunda naturaleza, resulta bastante pesada. Sin embargo, yo tenía razón en el sentido de que toda debilidad ante el terrorismo es un triunfo del terror. Y que las amenazas sin más efecto que el de asustar son parte, y parte sustancial, decisiva, de la estrategia terrorista, ya que sin la constancia de un atentado anterior nadie tendría temor a otro atentado, ahora contra él. Los anarquistas del XIX llamaban al terrorismo «la propaganda por el hecho». Y el hecho era que, para regocijo de los que habían montado la gigantesca campaña contra la COPE, habíamos tenido que cortar la emisión de La mañana. Siete minutos o setenta, da igual. En lugar de los responsables de la emisora, probablemente yo hubiera hecho lo mismo que ellos entonces. Pero en mi lugar volvería a hacer lo mismo.

El desalojo de la COPE por amenaza de bomba se convirtió, primero, en noticia y luego en un test para los medios de comunicación. A nadie se le ocultaba que de una u otra forma estábamos ante un efecto de la campaña de la prensa catalana, Polanco y el Gobierno contra una cadena de radio para tapar las vergüenzas del Estatuto de Cataluña. El Mundo lo explicaba perfectamente en el título de uno de sus editoriales pequeños: «El problema no es la COPE, ni Aznar, ni el PP; es el Estatuto». Y atacaba a Montilla diciendo que lo peor de sus palabras era que las hubiera pronunciado «el ministro que tiene potestad reguladora sobre los medios de comunicación audiovisuales. (…) Es evidente que Montilla se ha descalificado como árbitro imparcial respecto a la COPE cuando en el futuro se vea implicado en decisiones que le afecten». Mi columna de ese día se titulaba «Montilla, dimite», por titular que no quede. Pero lo realmente siniestro se produjo precisamente entonces, demostrando que la batasunización de Cataluña y del PRISOE era, en lo que a la COPE respecta, deliberada, encanallada e irreversible. Y que el ABC se descubría o, mejor, se desenmascaraba como el puñal que debía apuntillar al cordero radiofónico. Nunca un medio de la derecha española se ha portado tan abyecta y miserablemente contra otro como el diario de los Luca de Tena, vendido a Vocento y alquilado ideológicamente al PRISOE, contra la COPE.

En Internet, aparte de libertaddigital.com, hubo muestras de apoyo abundantes y análisis de mucha enjundia. Juan Fernando Dorrego (que viene precisamente del ABC cuando aún era el ABC) publicó un artículo titulado «Cebrián, ante la crisis de la SER, atiza el cerco contra la COPE», e interpretaba la amenaza de bomba como una prueba sobre el comportamiento de los medios de comunicación ante el reto al régimen constitucional que suponía el Estatuto, del que la campaña oficialmente iniciada por Montilla contra la COPE, aunque nacida en Barcelona y alimentada por Polanco, era sólo una pieza más. Pero ponía el acento en la caída de audiencia de la SER y en el ataque a la COPE como forma de cerrar sectariamente filas. «La grave acusación, sobre la que los medios de comunicación mantuvieron un pudoroso silencio —decía—, fue seguida en La mañana del jueves por una amenaza de bomba a la emisora que obligó a la suspensión durante siete minutos del programa que dirige Federico Jiménez Losantos, quien rechazó las calumnias de Montilla asegurando que no había hecho ni el bachillerato. Como suele ser en estos casos, las explicaciones de Antonio Bolaño, dircom del Ministerio de Industria, han resultado más embarazosas». Y se refería al editorial del diario de PRISA Periodistas como antecedente de lo que estaba pasando.

En elconfidencial.com, Federico Quevedo recordaba que el ataque editorial de El País a la COPE se había producido al criticar ésta la invitación, recepción y agasajo en la Fundación Atman por parte de Cebrián y señora nada menos que a Tariq Ramadán, un sujeto que no puede pisar el suelo de los principales países occidentales sin ser detenido por claros indicios de complicidad con el terrorismo islámico. Bajo el título «De cómo Montilla incendia la COPE mientras la izquierda más sectaria se abraza al ideólogo de los terroristas del 11-M», Quevedo escribía que, tras el ataque de Montilla, «no hacía falta esperar mucho para que las consecuencias de sus actos se hicieran patentes: un aviso de bomba obligó a desalojar ayer la citada emisora de radio en plena emisión del programa de Federico Jiménez Losantos. No me extraña nada. (…) La izquierda tira la piedra y esconde la mano, siembra la cizaña y se sube al monte a esperar que crezca y dé sus frutos para recogerlos: los frutos del odio y del rencor, que son los que ellos llevan dentro y alimentan sus almas».

La prensa progre de Barcelona se mostró claramente insatisfecha con la amenaza de bomba. Al día siguiente, El Periódico respaldaba la cobertura judicial de las amenazas terroristas con este titular: «Carod pide querellas contra el "odio étnico" de la COPE». Dos periodistas, M. Andreu y M. Baldomá, conseguían redactar heroicamente algunas líneas sobre el suceso del día anterior: «El periodista aludido por Carod, Jiménez Losantos, fue noticia ayer. Tuvo que interrumpir su programa durante unos minutos a causa de una falsa amenaza de bomba», y seguían atizando. Por lo visto, para estos sujetos, lo normal de ser noticia en el periodismo es que tengas que desalojar tu medio por amenaza de bomba. Pero lo importante es el tono, que no desmerece el que emplea Gara para hablar de las hazañas terroristas de ETA. Al lado, el voluntarioso ejercicio de sectarismo criminoso que exhibía La Vanguardia quedaba en eso, en fruto de la voluntad sin el necesario excipiente de ira. «Si Mariano Rajoy quiere exhibir músculo puede hacerlo en la sede de su partido o en los locales de la COPE cuando fomentan el enfrentamiento, (…) a Cataluña se la defiende denunciando a los que echan gasolina al fuego, no acusando a los bomberos de pirómanos». Esforzado pero flojo. Era más convincente El Periódico en otro pseudo-reportaje de Luis Sanchís sobre el supuesto boicot a los productos catalanes que supuestamente promovía yo. Ni una sola línea para la página de Òmnium Cultural subvencionada por la Generalidad en la que se exhibe una larga lista de productos catalanes que no deben comprar los patriotas cuatribarrados por no estar, ay, etiquetados únicamente en catalán.

Pero, como siempre, el que ganaba la partida —aunque fuera en una carrera de ratas— era Polanco. Cabe imaginar el follón y la inmensa zapatiesta organizados por el imperio si en vez de la COPE hubiera sido la SER la desalojada por amenaza de bomba. Pero como se sentían autores intelectuales del acoso a la empresa rival, exhibían esa petulancia fascistoide tan típicamente suya y titulaban: «Rouco Várela asegura que España merece una oración en estos momentos tan cruciales». Llegados a este punto, un extraterrestre o simplemente un extranjero diría: «¿Pero es que el desalojo por amenaza de bomba se contaba con ese titular?». Pues sí. El mero hecho de dedicarle a la COPE un titular que no sea injurioso supera la capacidad sensible de los escribas polanquianos, que prefieren dar la noticia de contrabando y sin avisar. Si en las escuelas de periodismo se estudiase periodismo, sería de obligado estudio el modelo desarrollado por El País para dar una noticia sin darla y esconderla hasta lo inverosímil. Veamos la joya.

Tras una larga crónica de Juan G. Bedoya (cronista oficial de la era felipista que en el zapaterismo ha tenido que ceder los laureles de la oficiosidad progre a Aizpeolea), que resume asépticamente la conferencia de Rouco el día anterior en el Club Siglo XXI, Bedoya abre corchetes, porque los paréntesis se le quedan demasiado chicos, y dice:

La manera de presentar la noticia sin presentarla, de contar las cosas fuera de contexto y de justificar lo difícilmente justificable es ejemplar dentro de los cánones del polanquismo, cuyo parecido con algo remotamente similar al periodismo es sólo una casualidad ripiosa en consonante. ¿Cómo no vamos a tener que hacer algo, parece sugerir Bedoya, contra un tío capaz de hablar con desenvoltura semejante? Ese es Polanco, ése es Cebrián, ésas sus criaturas, ése su inimitable estilo fascio-fashion, su técnica de opinar a puntapiés, eliminando físicamente cualquier opinión ajena, ayer en el exitoso antenicidio, hoy en el proyectado copecidio. En realidad, resulta tan fácil oponerse al mal cuando es tan redomadamente malo como el del Imperio Prisaico, que a veces pienso que los antipolanquistas deberíamos pagar un impuesto por el bienestar moral que tan fácilmente nos procura. Es como ser de izquierdas pero en mejor. Un chollo. Claro que luego pienso en la cantidad de dinero que los gobiernos de turno le han regalado y le regalan a Polanco y veo que, en rigor, ese impuesto ya lo estamos pagando. Criticarlo es como pedir la devolución de Hacienda. Por pedir que no quede.

Y a veces la desvergüenza de la secta polanquista resulta insoportable incluso en ellos, que son la insoportabilidad con patas. El mismo 28 de octubre en que nosotros hubimos de abandonar la COPE por amenaza de bomba, Daniel Anido, director de la SER, no dijo en la asamblea anual de Ibiza una sola palabra de solidaridad con sus competidores —la hipocresía es gratis— sino que, acaso insatisfecho con el susto, dijo que «frente a los incendiarios tiene [la SER] una visión actual y no sectaria de la vida española». A la vista estaba. Y el director general de la radiocosa, Daniel Gavela, remataba: «Creemos en el debate vivo y en el sistema democrático. Y lo que no vamos a hacer nunca es convertirnos en pulpitos incendiarios ni alentar a la confrontación». Por supuesto. No hay más que recordar el 13-M, cuando entre la SER y CNN+ lograron que la jornada de reflexión se convirtiera en Jornada de Cerco a las sedes del PP. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces.

Ejemplo: ese mismo día 28 de octubre, El País publicaba otra pieza nada sectaria de Francesc de P. Burguera que decía «Federiquín, el talibán de la COPE, está que salta de gozo llamando a la subversión. Con el beneplácito de Pedro J. y demás tertulianos. ¡Qué espectáculo, Dios mío! ¡Cómo mienten! ¡Cómo manipulan! ¡Y cómo amenazan! El talibán eclesiástico amenazaba ayer con una campaña en contra de los productos catalanes si le cierran alguna emisora en Cataluña, cosa que nadie ha insinuado. ¡Están histéricos! Y todo por haber perdido unas elecciones. ¿Constitucionalistas, éstos? ¡País!».

Aunque tenga el alma tan zarrapastrosa como la sintaxis, hay que reconocerle al prosista levantino una notable capacidad profética. Vamos, que a su lado la Sibila de Cumas era la bisabuela tonta de Rappel. No habían pasado veinticuatro horas desde que en El País se negaba cualquier propósito y hasta «insinuación» de cierre cuando el hasta entonces desconocido CAC —Consejo Audiovisual de Cataluña, pronto conocido como Comité Anti-COPE— anunciaba la apertura de un expediente a la emisora, sin duda con el mismo propósito de Pujol años atrás: el cierre de nuestras emisoras en Cataluña.

La composición del CAC es exclusivamente partidista. Sus miembros son éstos:

- Dos del PSC: el presidente, Josep María Carbonell, y la catedrática de Ética Victoria Camps Cervera.

- Cuatro de Convergència i Unió: el vicepresidente, Jaume Serrats Ollé, Domènech Sesmilo Rius, Nuria Llorach Boladeras y Antoni Bayona Rocamora.

- Uno de ERC: Joan Manuel Tresserras Gaju.

- Uno de ICV: Joan Botella Corral.

- Uno del PP: Fernando Rodríguez Madero.

La forma en que se ejecuta la acción del CAC ilustra a la perfección la naturaleza de la campaña contra la COPE. Nada se deja al azar. De no mediar tanta indigencia intelectual (en el caso de la señora Camps, una variante menesterosa: la inflación ética del socialismo) se diría que estamos ante un mecanismo de relojería. Un diputado del PSC, Joan Ferran, pregunta al ex diputado, también del PSC, Josep Maria Carbonell, presidente del CAC, si ese organismo tiene potestad para actuar «contra los predicadores políticos y halcones de la COPE». Inmediatamente se suman al socialista los comunistas y los de la Esquerra, socios del PSC en el Gobierno tripartito presidido por Maragall. El socialista Carbonell los tranquiliza: se ha abierto ya un expediente para comprobar si la emisora vulnera la Constitución e instar a la Generalidad (es decir, al Tripartito) a tomar las «medidas pertinentes» si así fuera. En concreto, dice que estudia si hay contenidos de la cadena COPE que vulneren el artículo 20 de la Constitución que regula la libertad de expresión en lo que se refiere a la «veracidad» de las informaciones y la protección del «honor y la integridad» de las personas.

En rigor, lo sustancial del artículo 20 es que garantiza la libertad de expresión de todos los españoles, incluidos los que en Cataluña viven, trabajan o emiten. La rebaja en materia de libertades nace precisamente de la falta real de libertad de expresión y de actitudes tan típicamente dictatoriales como ésta. Nótese que estamos ante una instancia vagamente administrativa, supuestamente creada para garantizar el pluralismo y la libertad en los medios públicos, y que de pronto —en una coyuntura tan politizada como la discusión de un Estatuto de Autonomía— se arroga la potestad de interpretar la Constitución, invadiendo el ámbito del Poder Judicial y condenando al paro al Tribunal Constitucional, además de llevar a la indigencia a la Fiscalía General del Estado, ya que al margen de los tribunales que según la Constitución entienden del honor e integridad de las personas, el CAC presume de la capacidad legal de hacer que el Poder Ejecutivo —la Generalidad— sancione a quien este tribunal le parezca, según considere «veraces» o no las informaciones y opiniones de un medio de comunicación. El modelo sancionador pertenece a la peor tradición inquisitorial, cuando el Santo Oficio «resignaba al brazo secular» la quema de herejes. A lo que no aspiró la Inquisición ni en sus momentos de máximo poder fue a convertirse en legisladora o intérprete de la legislación. El CAC, sí.

La miseria intelectual y la moral iban de la mano en esta iniciativa obviamente amañada en las zahúrdas del ministro Montilla, que había dado el pistoletazo de salida. El socialista Carbonell, ahora presidente del CAC, se había enfrentado en época tan cercana como 1999 al Gobierno de CiU (Pujol y Duran) por pretender cerrar las emisoras de la COPE que, según el veterocaudillo nacionalista, «decía mentiras». Tampoco Pujol confiaba en la Ley, salvo la de Lynch, porque nunca denunció ninguna; pero entonces se encontró con la briosa oposición del diputado socialista Carbonell, que le espetó: «Espero que Cataluña no se convierta en un país de talibanes». Pero como la decisión de «empapelar» a la COPE, aunque dirigida, orquestada y manipulada por los socialistas, se tomó por unanimidad de todos los representantes de los partidos políticos en el CAC, llamó poderosamente la atención que el representante del PP, Rodríguez Madero, también aprobara la invasión de los tres poderes del Estado y la implantación de una dictadura mediática contraria a todas las legislaciones democráticas del mundo, aunque prácticamente idénticas a las que operan en Cuba, Corea del Norte, la China comunista o el Sudán. Madero, aun debiéndole el cómodo cargo y el suculento sueldo al dedazo político, había pertenecido durante muchos años a la nómina de la COPE, donde llegó a desempeñar funciones subalternas en el programa de Luis del Olmo. Ni que decir tiene que esa aquiescencia de Madero tuvo que producirse con el asentimiento de Piqué y Vendrell, máximos dirigentes regionales del PP, cuyo comportamiento en toda la campaña contra la COPE osciló entre lo sinuosamente cobarde y lo abiertamente miserable.

En aquella época, Piqué había captado el favor de Rajoy y lo había convencido de que nunca habría Estatuto de Cataluña, pese a que el PPC estaba participando en su elaboración y votándolo todo, hasta lo más separatista e intervencionista. Pero unirse a la izquierda y los nacionalistas contra la única emisora que estaba defendiendo sus bases era demasiado incluso en Piqué. Eduardo Zaplana y otros dirigentes nacionales del PP consideraron intolerable y liberticida el comportamiento del CAC y de la casta política cataláunica, incluidos sus presuntos cantaradas, y apenas se conoció la noticia denunciaron el atropello. Lo hicieron además por escrito, para que no hubiera posibles interpretaciones restrictivas, y decía textualmente: «Es un ataque sin precedentes a la libertad de información (…) las libertades públicas están amenazadas»; que había «una extraña y nítida relación con las impropias críticas lanzadas por Montilla contra la cadena», y que el CAC debería «trabajar para garantizar la libertad de prensa de todos los medios de Cataluña». Lástima que no predicaran con el ejemplo echando a Piqué.

Cuatro páginas contra la COPE, cuatro, en un solo día y en un solo periódico

La iniciativa inquisitorial del CAC se conoció el 29 de octubre, sábado. Al día siguiente, domingo, cuando no cabe la improvisación y debe garantizarse en cada redacción el cumplimento del «finde», El Periódico de Catalunya, órgano oficioso del Tripartito, publicó nada menos que cuatro páginas —incluidas portada y editorial— contra la COPE. Sólo habían pasado dos días desde el desalojo e interrupción de las emisiones de la emisora por amenaza de bomba.

El titular de portada rezaba: «Arremetida de los medios de la Iglesia española contra el Estatut». Y dos sumarios monagos lo escoltaban: «Los obispos catalanes admiten su impotencia para frenar a la COPE. Los obispos afirman que la campaña anticatalana causa un gran descrédito eclesial. El Ejecutivo del episcopado renovó en mayo por unanimidad el contrato de Losantos». Y el editorial decía: «Es necesaria una reacción ética y un gran gesto de dignidad de la Iglesia con la emisora de los obispos».

Es posible que a algunos les sorprenda ver al periódico de la empresa Zeta, la misma que desde la revista Interviú dirige u orienta desde hace tres décadas el sector de la pornografía en su vertiente más popular, apelando a la Iglesia y a la «necesidad» de una «reacción ética». Pero todo tiene su explicación: en la preparación del larguísimo informe habían contado con la inestimable compañía de varios obispos catalanes, que les abrieron su corazón. La identificación del cáncer a extirpar estaba clara, según estos obispos tan cercanos a Zeta como lejanos de la COPE, y así lo transcribían sus amigos: «El programa estrella, La mañana, que dirige y conduce Federico Jiménez Losantos, y el nocturno, La linterna, que presenta César Vidal, amigo de Losantos. Las producciones del Grupo Risa, que no tienen reparos en burlarse de los inmigrantes subsaharianos que se juegan la vida tratando de entrar en España por Ceuta y Melilla, y la beligerancia de la que hace gala el contertulio y jefe de Informativos de la cadena, Ignacio Villa».

Hay una información que, seguramente por razones de modestia, ni dan los clérigos ni proporcionan los escribas Jordi Casabella y Marc Andreu, el mismo sujeto que la víspera decía que yo había sido noticia por haber callado siete minutos, tras la amenaza de bomba y desalojo de la COPE. Los obispos catalanes disponen de una cadena de radio propia, exclusiva, al margen de la COPE, que se llama Radio Estel. Y hay razones para contarlo e incluso celebrarlo, porque, sin duda en un sabio ejercicio de equilibrio, ha conseguido tener el menor número de oyentes por antena de toda España, mientras la COPE tiene el mayor, con mucha diferencia. No sé si tendrá que ver con la desertización de las misas y la sequía de vocaciones en Cataluña. Aunque sea un dato fijo en todas las comunidades autónomas dominadas por los nacionalistas, sobre todo en El País Vasco y Cataluña, el hecho sorprende en la tierra del gran Goma, predicador de la Cruzada de Franco, y en una Iglesia capaz de promover convocatorias de masas en los años cuarenta y cincuenta tan gigantescas como la celebrada en torno al padre Peyton y el rezo del Santo Rosario (el lema sobrevive: «La familia que reza unida, permanece unida») o como el espectacular Congreso Eucarístico de Barcelona, considerado por muchos la apoteosis del «nacionalcatolicismo». El franquista, no el nacionalista, porque entonces las fuerzas de izquierda no apreciaban tanto como ahora la identificación episcopal con los proyectos disgregadores o abiertamente separatistas. El sacrificio ha sido tremendo, extraordinario, pero algunos lo sobrellevan con alegre entereza. Por ejemplo, el abad de Montserrat presumía en el verano de 2006, en El País y a preguntas de María Antonia Iglesias, de que se iba a grabar una homilía para la radio, pero no para la COPE, no, ja, ja, sino para Radio Estel. Admirable confianza en el mensaje evangélico por parte del pastor, capaz de prescindir tan donosamente del rebaño. O será que el rebaño es otro.

Cuenta también El Periódico, citando que se lo cuentan a él, que los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, o sea, los de las diócesis catalanas, se habían reunido ese mismo mes de octubre para acordar gestiones ante la COPE, y que «esto llevó ayer al portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, a decir que no sólo su partido sino los obispos catalanes sostienen que algunos programas de la emisora incitan a la confrontación». He ahí otra prueba de ecumenismo admirable: las fuerzas de izquierda que tienen en El Periódico su órgano más radical han sido capaces de promover en sólo un año la supresión de la asignatura de Religión, la pildora gratis del día después, la protección del islamismo, una política claramente en contra de la familia, el matrimonio homosexual, la eutanasia pasiva —si no activa o perifrástica—, coronando su obra con la famosa burla de la corona de espinas en Jerusalén por parte de Maragall y Carod-Rovira. Pues bien, pese a todos esos alardes de lo que difícilmente podría entenderse como afinidad con la doctrina o simplemente con las costumbres cívicas edificadas durante dos mil años en torno a la cruz, he ahí un clero fraterno en la pesadumbre y hermanado en la indignación con los comecuras de Zeta.

Sus testimonios son desgarradores. Dice uno: «Aparecemos como gente incapaz de frenar a un señor (Jiménez Losantos) que ni siquiera es católico, sino que dice que es agnóstico»; y concluye amargamente: «Somos como la minoría canaria en el Congreso». ¡Si fuera la de Esquerra! ¡O la de CiU! Lo que ya no le resulta tan simpático al diario de Franco es que apenas cuatro meses antes el arzobispo de Barcelona, Martínez Sistach, votase, como el resto de los siete miembros del comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, la renovación por dos años de mi contrato en la COPE, caluroso refrendo personal y profesional porque esa unanimidad resulta prácticamente inédita. Citan los autores del informe contra la COPE una frase de Sistach: «Me encontré con la decisión ya tomada». En justa reciprocidad, los escribas de Zeta perdonan la repregunta: ¿y qué le impedía a usted votar que no o, por lo menos, abstenerse? Un detalle, sí señor.

Otros detalles alimentan la esperanza: la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) ha enviado con fecha 23 de octubre, el mismo día del editorial de El País, una carta a Blázquez para que me echara de la COPE. Tal vez por la abundancia de propuestas similares, la iniciativa no obtuvo el respaldo merecido. Pero El Periódico respalda la gesta obrera y recuerda la campaña contra Galinsoga, director de La Vanguardia allá por 1959, que al salir de una misa en catalán dijo: «Los catalanes son todos una mierda», exabrupto lamentable que, tras esa campaña contra su diario, llevó al conde de Godo a sustituirlo por el abuelo de José María Aznar.

Claro que cuando la Barcelona de posguerra era franquista hasta la médula yo era niño y, cuando dejé de serlo y viví diez años en esa ciudad, fui uno de los pocos que militaron en el antifranquismo de verdad. O sea, que lo de Galinsoga parecería más adecuado reeditarlo con el mismo periódico, La Vanguardia. Sobre todo, teniendo en cuenta que yo no he dicho nunca nada parecido de los catalanes en su conjunto, no en balde tengo allí muchos amigos que detestan a sus paisanos nacionalistas muchísimo más que yo. Hay una cosa llamada pulcritud intelectual que Antonio Franco y sus escribas, obviamente, desconocen.

Pero una de las características de las dictaduras del siglo XX que ha sobrevivido perfectamente al cambio de milenio es el uso masivo de la mentira. Si yo, precisamente por apoyar a los catalanes no nacionalistas, repito machaconamente que hay que distinguir a los nacionalistas de los catalanes cuya representación exclusiva pretenden ostentar, difícilmente iba a meterlos a todos en el mismo saco. Da lo mismo. Si yo no he dicho algo, se trocea, se saca de contexto, se manipula y, si hace falta, se inventa. A esos sucios menesteres dedicaba El Periódico la tercera página de su pedregoso informe. Para llenar la página recurrieron a un panfleto titulado «Les barbaritats de la COPE», de cierto estudiante de periodismo llamado Vioque cuyo futuro no está precisamente en las letras. Cuando digo panfleto no me refiero a su condición arrojadiza y airosa, que al cabo se insertaría en la gloriosa tradición libelística, sino a lo endeble, escaso y zafio de su aspecto exterior, unas cien páginas tamaño cuartilla. Su interior es todavía más penoso. Y su éxito de ventas en esa temporada, gracias a la promoción en los medios públicos controlados por pujolistas y tripartitos, constituye un acta de acusación sobre el envilecimiento intelectual de toda una sociedad por la dictadura nacionalista.

Cuando terminé la carrera de Filología en la Universidad Central de Barcelona —y aclaro esto porque muchos prohombres y homenots de la Barcelona actual no han terminado ninguna y algunos, como Montilla y otros dirigentes del PSC que se distinguieron en la campaña contra la COPE, ni siquiera han llegado a empezarla— los éxitos de venta en la Feria del Libro barcelonesa solían cosecharlos Gironella, Salisachs, Terenci Moix o Juan Marsé. Pues bien, en la última, parece que los autores más vendidos fueron el tal Vioque y el humorista Buenafuente. Si eso no es decadencia, que venga D'Ors y lo vea. Aunque, claro, si viniera D'Ors, además de fascista, le llamarían anticatalán, como hacen con Vidal-Quadras, Boadella, Arcadi Espada y muchos otros que no son de la COPE. Nunca tanto talento fue agredido por tanto necio. El folleto de Vioque proporciona un surtido de supuestas citas entre las que se mezclan ideas liberales, datos sobre la historia de España que el progre ignaro detesta o, más a menudo, desconoce, amén de frases y términos satíricos que sólo un analfabeto funcional sería capaz de reescribir y sólo un periódico escrito con los pies publicaría. Entre todas la más repetida es ésta: «El Gobierno español sólo habla con terroristas, homosexuales y catalanes, a ver cuándo se decide a hablar con gente normal». Piezas esenciales de la política de Zapatero eran ese año —y siguen siéndolo— el diálogo con la ETA, el matrimonio homosexual y el pacto parlamentario con Esquerra Republicana, o sea, que como resumen coloquial al estilo rústico, o sea, a lo Ibarra o a lo Montilla, podría ajustarse a la realidad. Pero es que ni como resumen, ni como coloquialismo ni como nada. Yo nunca he dicho eso. Como todo el que habla seis horas diarias en directo comentando la actualidad podré decir barbaridades, en el sentido menos gravoso del término, porque la técnica usada más habitualmente en la crítica política es la hipérbole. O exageración. Lo aclaro, por si Vioque cree que es una pérgola comprada en Hipercor.

Acreditando el acierto de Jean-François Revel, que empieza El conocimiento inútil diciendo que la fuerza más importante de las que mueven El Mundo es la mentira, esa frase que nadie ha podido encontrar en la fonoteca de la COPE, pese a que los lerdos del CAC que han encontrado su Revel en Vioque la han buscado con ahínco, podría haberla dicho cualquiera y no sería delito. Pero es que nadie la dijo. Podría entenderse perfectamente, si bien por gente con algunas, mínimas, luces como símil, metonimia o sencillamente como la forma de hablar que tiene Fulano, y no pasaría nada. No pasa cuando insultan a España y a los españoles y no pasa cuando me insultan a mí, lógico sería que pudiera pasar al revés. Pero tampoco. Es un invento del pobre ganapán y del holograma del colesterol, término satírico que sí empleé contra Antonio Franco después de su infame informe. El carácter retorcido y cobardón de la página vioquera se muestra en la frase con que la presentan: «Los 169.000 oyentes que la COPE tiene en Catalunya y algunos de sus detractores convierten en best-seller una recopilación de duras citas de sus programas estrella». Tiene narices que un país con siete millones de habitantes no permita que tan ínfima parte de la población oiga lo que le dé la gana; y tiene bemoles que el editor de la cosa diga que los oyentes de la COPE y sólo «algunos detractores» han convertido en éxito de ventas tan desmedrado folleto, puesto que es tan obvia y zafiamente anti-COPE que sólo los enfermos de sectarismo nacionalista sobrevivirían a su lectura, digo ojeo. También cabe que lo compren para no leer las supuestas barbaridades que tampoco han oído. Entonces sobrevivirán.

Fichas para la policía política y el terrorismo eventual

A continuación, el diario de Zeta procede a redactar las fichas presuntamente biográficas y aproximadamente profesionales de los blancos que hay que abatir en la cadena COPE: Ignacio Villa, César Vidal y yo. El estilo se sitúa entre la incompetencia vagamente rufianesca de los peores estudiantes de periodismo y los émulos poco brillantes del Egin/Gara o el Gramma castrista, más cerca de esto último porque, en el fondo, estamos ante uno de los típicos linchamientos del disidente a los que la dictadura cubana llama «actos de repudio». Pero en el terrorismo de izquierda, siempre inserto en la propaganda, el «señalamiento» de los blancos es ya parte de su liquidación.

De Ignacio Villa dicen poco y mucho menos original, fusilan (es lo suyo) alguna de las vulgaridades que Miguel Ángel Aguilar propina en sus muchas horas bajas a los muñecos del pimpampúm Imperial. Definido como «polemista de trazo grueso y ariete del PP», dicen que «en las tertulias y en su informativo sacrifica el rigor de los datos para repetir sólo un par de consignas». Despreciando —esa pareja de nadas— a uno de los profesionales de la radio española, con veinte años a sus espaldas, está claro que ni han oído La palestra ni tienen de Villa otra información que la proveniente del programa de debate semanal 59 segundos, donde no se corta un pelo para frenar la demagogia progre de Carnicero o Sopeña, numen del neointegrismo catalanista después de serlo como jefe de Informativos de la TVE felipista del neointegrismo anticatalanista, cuando Alfonso Guerra dijo en un mitin: «Vamos a meter en la cárcel a Jordi Pujol», y cuando había que frenar a toda costa la Operación Roca, única aventura española y constructiva de Convergencia.

Supongo que haber llegado a mayor de edad sumergido en la carcunda opusdeísta le produce un odio ancestral contra mí, que lo hice en el rojerío. Con mis antecedentes y sus consecuentes hubiera llegado tres veces a ministro y, sin embargo, no pasa de comisario. No obstante, nunca he querido creer lo que dos personas de los informativos de la TVE que pastoreaba para González y Guerra me contaron durante la campaña de 1986. En esa época, Sopeña, para ridiculizar el carácter «forastero» de Roca le ponía cada vez que salía su imagen este epígrafe: «Secretario por delegación de Convergencia Democrática de Cataluña» yo, que apoyé con ánimo entusiasta y escaso sentido común la única ocasión de integrar de verdad al catalanismo de derechas dentro de la derecha española, incluso otorgándole la dirección, puse verde a Sopeña, porque en una semana de viaje por Castilla vi cómo todo el esfuerzo de la campaña de Roca quedaba desbaratado por las manipulaciones del comisariado antinacionalista. Uno de esos días es cuando dicen que dijo: «Lo que pasa con Jiménez Losantos es que los de Terra Lliure deberían haberle disparado un metro más arriba. En vez de la rodilla, en la cabeza».

Las fantasías sobre mi asesinato —basta asomarse a la Red— deben de ser un motivo recurrente entre los progres, así que no le concedí entonces a la historia mayor credibilidad o importancia. Si hubiéramos pertenecido a culturas políticas similares, le habría dicho que su ataque era un elogio a lo Mussolini contra Gramsci, cuando dijo que había que impedir que aquella cabeza pensara durante veinte años. Pero, claro, hablarle de las Cartas desde la cárcel a quien difícilmente habría pasado por entonces de leer Camino a desleerlo con Perich hubiera parecido demasiado repipi. Tengo entendido que ahora encauza su animadversión hacia mi personilla y mis actividades de forma más civilizada a través de una cosa digital que ha creado, o sea, que le han creado, llamada El Plural que pretende combatir y casi compensar la influencia de Libertad Digital. Pobre hombre. Pobres lectores. Obviamente, también se ha empleado a fondo Sopeña en la campaña liberticida contra la COPE. Qué obsesión. A lo mejor le recuerda Gilda.

La ficha de César Vidal tiene como título «El foco ultra sobre Carrillo». Tras repasar algo de su currículo académico, pero no su vastísima obra, inasequible para lerdos, dice: «El director de La linterna ha ganado el Premio Torrevieja con una novela tachada de franquista y practica el revisionismo histórico anticomunista». O sea, como Solzhenitsyn. Increíble. Citan una frase de Caballero Bonald, jurado del premio, sobre la novela, cuando en una de esas espantás izquierdistas más propias de cabestro que de toro, dijo en una rueda de prensa posterior al premio que la obra estaba muy bien escrita (esto no lo dicen los comisarios) pero que era «ideológicamente detestable porque el retrato que hace de la masonería del siglo XVIII le recordó la pedagogía franquista». Yo estudié toda mi vida bajo el franquismo y nunca me dijeron nada de la masonería del XVIII. Pero a lo mejor es como la actividad de la Inquisición en el siglo XIX denunciada por Manuela de Madre, colega de Montilla, en la campaña publicitaria del Estatuto catalán. La quema de herejes decimonónicos es como la libertad en la Cataluña nacionalista: no existe. Otra cosa es la quema simbólica o real, los autos de fe en TV3 y demás ceremonias antropófagas y liberticidas donde mandan los socialistas. Por cierto que cuando más mandaron fue en 1936-1939 y a una entre tantas atrocidades perpetradas por estos simpáticos amigos de la libertad ha dedicado César Vidal su libro Paracuellos-Katyn, despachado sumariamente por El Periódico así: «Alimenta el discurso de la extrema derecha que ha intentado agredir al ex secretario general del PCE, Santiago Carrillo, por la acusación, desmentida por él, de que ordenó las ejecuciones de Paracuellos del Jarama en 1936». Carrillo lo ha desmentido de tantas maneras, a veces negándolo, otras admitiéndolo, luego exculpándolo, después matizándolo, de nuevo desmintiéndolo, y aclarándolo, y explicándolo, y rematizándolo, y renegándolo, para acabar atacando, cómo no, a la crispación de la extrema derecha que el día menos pensado Carrillo, en sus funciones de comentarista de ética en la SER, puede desvelar la auténtica realidad de Paracuellos: que los miles de asesinatos por orden suya, firmada por su segundo, acreditada en los archivos soviéticos y demostrada por Vidal, fueron en realidad actos suicidas fascistas, para desacreditar a la izquierda de por vida. Por eso un tercio de los muertos eran niños: son los más fáciles de convencer.

En la ficha dedicada a mí, «La mala fe del converso», se dice: «El presentador de La mañana militó en Bandera Roja y en el PSUC antes de alentar el lerrouxismo y, tras sufrir un atentado de Terra Lliure, dedicarse al periodismo incendiario». Hombre, podrían haber añadido que tras la publicación de mi primer libro barcelonés, Lo que queda de España, y, dos años después, del «Manifiesto de los 2.300» pidiendo los mismos derechos para los alumnos de lengua castellana y catalana, promovido por miembros del PSC-PSOE y en el que yo fui una de las primeras firmas, se produjo la típica campaña de «señalamiento» terrorista, en la que participó activamente El Periódico, a la que siguió el secuestro y atentado, que a su vez continuaron por su exculpación implícita en ese mismo diario y con el mismo director, Antonio Franco. Pero, claro, el caporal no comparte sus secretos con los peones. Peonada y a callar.

La vanidad de cualquier escritor queda definitivamente maltrecha cuando ve que lo critican sin haberlo leído. Es el caso de estos zotes: «Aunque la acelerara, la acción de Terra Lliure no originó la conversión al liberalismo ultraderechista de este doctor en Filología Hispánica. (…) No tiene reparos en decir que de niño era muy feliz con el fascismo (…). Hoy sus dianas son el presidente Zapatero, la Catalunya donde vivió y la izquierda en la que militó». En cuatro líneas hay cinco errores y un crimen. El crimen es exculpar un atentado terrorista llamándolo «acción», que además justifican pintando un retrato criminal de la víctima. Es decir, exactamente lo mismo que hacen los asesinos de ETA y sus cómplices de papel. O bien Antonio Franco y su periódico en 1981 y 2006. El reportaje iba además profusamente acompañado de fotos personales y de la COPE, una del día anterior, el del aviso de bomba, acaso para «acelerar» una «acción» mayor.

Al lado de esto y aunque sea complementario, resulta francamente mediocre la llamada contigua a vaciar los bolsillos de la COPE: «Sectores sociales se organizan para boicotear económicamente ajiménez Losantos». Los sectores eran dos, un tío de IU apellidado Royo-Vilanova, como el diputado aragonés que más combatió el Estatuto catalán de 1932; y una cosita semanal llamada El Triangle pagada por el PSC y donde se anunciaba la SER al lado de páginas con cupones para enviar a la Conferencia Episcopal pidiendo mi despido. Luego veremos algunas de sus hazañas. Y añade la ficha policial: «Se está empezando a pensar en un boicot comercial a las empresas que se anuncien en el programa de Jiménez Losantos». Esto, si no fuera el típico intento fachoso de liquidar profesionalmente a un periodista molesto, resultaría abiertamente cómico: ¡pedir a los catalanes el boicot a La Caixa! Naturalmente, en la COPE se anunciaban y se anuncian —sólo un desaconsejable partidismo político se lo impediría— grandes empresas catalanas cuyo negocio radica en toda España, y a ellas —dentro de esa síntesis de política y economía sazonada de corrupción socialista que fue la OPA sobre Endesa— se les pide que dejen de ayudar al Maligno. Obviamente, como en el despoblado cerebro de esta progresía antifranquista lamentablemente posterior a Franco no se ha producido ni la Transición a la democracia ni la comprensión de la economía de mercado, siguen creyendo que la publicidad es un regalo económico a cambio de favores políticos y no el anuncio de un producto a quien lo puede comprar. Quizá la experiencia en Cataluña no les ha permitido salir del Movimiento Nacional.

Había más, al margen del desinforme: una entrevista a Joan Saura, de ICV, que repetía cotorramente la consigna de El País días atrás, bien que con serios problemas de ilación mental y gramatical, tantas veces hermanos. «No, no escucho nunca la COPE —dice azuzado por el entrevistador, para a continuación detallar su programación—. El PP y la COPE difaman, mienten. Dicen que queremos un poder judicial autónomo, que discriminamos a los castellanoparlantes, ahora lo de la poligamia. Es sorprendente que una radio como la COPE, sustentada en quien está sustentada, pueda decir tantas falsedades. No debe de haber en Europa una emisora como ésta». Para no oírla, hay que ver cómo se la sabe. Lo que evidentemente no sabe Saura, o miente desvergonzadamente al negarlo, es que en el Estatuto entonces en proyecto y en el por desgracia ya aprobado por Zapatero, Mas y muchísimo menos de la mitad de los votantes catalanes, tanto lo del Poder Judicial, como la discriminación lingüística y la legalización de cualquier forma de matrimonio —lo que permitiría la poligamia— no son ya una amenaza, ni una advertencia de la COPE o del PP, sino una atrocidad legal perpetrada por los amigotes de Saura y Franco. Y prácticamente bendecida por esos obispos nacionalistas que han colaborado tan cordialmente en la campaña contra la COPE de los chicos de Zeta, la empresa de El Periódico y —conviene recordarlo, qué picarones— Interviú.

A mí me da igual lo que lean y vean los obispos catalanes, pero conviene subrayar ese ayuntamiento contra natura porque lo más fuerte de la carga editorial de esa brillante epopeya del periodismo de investigación iba contra la Iglesia. Nótese la claridad con que se expresan estos émulos de Lerroux —ellos, sí— comparada con el anonimato sombrío en que se esconden sus colaboradores presuntamente mitrados: «La Iglesia está detrás de la COPE. Deja hacer esas cosas y es culpable. Merece un desprecio activo». Y ya sabemos lo que en Zeta —y en ETA— entienden por acción. Esa amenaza de violencia o de ilegalización aparece ese mismo día 30 de octubre en El País: «La derecha está bordeando la línea roja que marca el paso de la convivencia a la confrontación y algunos medios la han pasado ya hace muchos días». Nótese cómo el PRISOE decide cuál es la línea roja y quién decide la confrontación. ¿Cómo no iba yo a preguntarle retóricamente al ministro Montilla si estaba pensando en refundar el GAL?

En fin, como colofón del primer mes de acoso a la COPE, el 31 de octubre se conocía que desde la propia Generalidad de Cataluña se enviaban correos llamando a las empresas anunciantes a promover el boicot a nuestra cadena. Anónimamente, una de ellas hizo llegar éste, que, por supuesto, no sería el único:

Y la dirección de correo electrónico era Francesc.C.@gen-cat.com

Esta misiva tiene, si no otras, la rara virtud de resumir bien algunas de las técnicas utilizadas para atacar a la COPE. La primera y fundamental es la de mentir (tal vez por eso se obsesionan por achacarle mentiras a la víctima de sus trolas). Si hubiera escuchado no ya ese día sino una sola vez la tertulia de la COPE sabría que termina a las 9. 50 para dar paso a la promoción de El Corte Inglés, el Grupo Risa y las noticias de las 10, nunca a las 11. La segunda y accesoria es la manipulación. No sé qué preboste de La Caixa o de alguna de sus empresas había dicho que el «espacio natural» para crecer sus empresas era el mercado español. Y alguien en la tertulia —no recuerdo ser yo, pero como cualquier persona sensata comparto la idea— dijo sarcástocamente que eso del «espacio natural» como algo propio y predestinado sonaba demasiado al lebensraum o «espacio vital» que reclamaban los nazis como zona natural de expansión en el este de Europa. Los espacios de mercado hay que ganárselos y sólo los proteccionistas a ultranza —comunistas y nazis— se empeñan en imponer a los consumidores un producto que no sea fruto de una oferta plural y una demanda libre.

Es evidente que las empresas de La Caixa y la propia entidad crediticia, cuando actúan legalmente (y renuncian a sobornar a ministros como Montilla, perdonándoles deudas de mil quinientos millones de pesetas), saben adaptarse perfectamente a esa libertad de mercado. No imagino al bueno de Ricardo Fornesa deseando otro sistema. Tampoco creo que habiendo sido secretario de Viola, el ex alcalde barcelonés asesinado por Terra Lliure mediante el patriótico procedimiento de pegarle con esparadrapo una bomba-lapa en el pecho, le hiciera demasiada gracia verse así interpelado por los corifeos, émulos o descendientes de aquellos criminales. No siempre la cobardía física o la identificación de ciertos empresarios o publicistas suyos con los matones nacionalistas funcionan. Por ejemplo, dentro del follón de la OPA sobre Endesa, un día se le ocurrió decir a Gabarro, presidente de Gas Natural, que con su oferta habían puesto una semillita que a los nueve meses germinaría. La metáfora fue objeto de burlas en casi todas las tertulias radiofónicas, incluida la mía. Y debo decir que no retiró su publicidad de La mañana.

Lo que sí se canceló fue la publicidad en Libertad Digital de Gas Natural, que era anunciante desde su fundación. Y, ahora que caigo, también es de La Caixa.

El Día de Difuntos de 2005 y otro mes a la funerala

Los que creían que ya lo habían visto todo el mes de octubre no sabían lo que traería noviembre. La cantidad y, no diré calidad, pero sí, intensidad de los ataques llegó a niveles nunca vistos en España. En ese mes se produce un cambio o, mejor, una inflexión: de atacar a la COPE en bloque se pasa a atacarme sobre todo a mí, ya que se entiende que la presión a los obispos será más eficaz concentrándola en la pieza clave de la programación. El cambio se produce a partir de una feroz intervención en las Cortes, chantaje a la Iglesia española incluido, de Josep Antoni Duran i Lleida, nacionalista catalán nacido en Huesca y jefe del partidito democristiano UDC, que cuenta en su moderna historia con más casos de corrupción que militantes. Uno de los últimos conocidos y aireados por el partido de Pujol, su coaligado y enemigo íntimo, había sido el del saqueo de fondos europeos para formación profesional que, según aseguraban en Convergencia, algunos piadosos dirigentes de UDC derrochaban luego en Francia, aunque no precisamente en Lourdes. Pero era sólo uno de tantos. Tal vez por ello, Duran decidió dar el do de pecho y envolverse en la bandera catalana y, además, en la vaticana. Con tanto lío textil acabó tropezando y logró lo contrario de lo que buscaba: que por primera vez empezaran a hablar los obispos y hasta los cardenales.

Como todo el mes produjo una cosecha abrumadora y demasiado personalizada, trataré de consignar, sin mucho comentario, sólo algunas de las joyas de cada día.

1 de noviembre. El Siglo: reportaje especial contra la COPE titulado «Cataluña es inocente. La derecha alienta los viejos prejuicios anticatalanes». La redactora del rugoso texto es Inmaculada Sánchez, autora de un libro titulado Las zapatistas, que no se refiere a las soldaderas de Emiliano Zapata, como supondría el historiador, sino a las heroicamente agraciadas con ministerios y latisueldos en la lotería de la cuota zapateril. La ilustre autora no tiene el don de la gracia literaria ni tampoco el de la oportunidad. Dice que «desde los incendiarios micrófonos de la COPE se ha llegado a amenazar a empresarios catalanes. Los efectos económicos ya se están empezando a notar en las cifras de ventas. Las consecuencias en la paz y la concordia entre los españoles que tanto costó conseguir sólo podrán evitarse si se logra frenar tan injusta y engañosa campaña». El problema fue que Libertad Digital se hizo con las imágenes de la web compraencatala.org, de Òmnium Cultural, entidad subvencionada con casi seiscientos mil euros anuales por la Generalidad sólo en 2005. Y en esa web campean los rótulos de compreu / no compreu según la catalanidad del etiquetaje. Cada vez que alguien lo negaba —el último en mentir fue el consejero de Consumo, Huguet, en el Parlamento de Cataluña, en febrero de 2006 a preguntas del diputado del PP Daniel Sirera— nuestro periódico volvía a publicarlas. El juicio más celebrado en los foros de los lectores era el que proclamaba la superioridad de conservas La Barretina sobre Cuca, Albo y Miau.

Sin embargo, la frase mía (ésta sí) que repetían El Siglo y demás cuadrilla era: «El Estatuto es anticonstitucional de cabo a rabo y usted, señor Ferrer, usted ha pedido ese Estatuto y ahora quiere vender Freixenet en toda España. Pues no, señor. No, señor. (…) Ahora le da miedo porque viene la campaña de Navidad. Ya puede tener miedo, desde luego, porque lo del boicot del año pasado va a ser una broma al lado del de este año».

Y eso, que es una broma al lado de las cosas que decían antes y siguieron diciendo después contra la COPE, amén de que cualquiera tiene derecho a decirlo, producía este efecto psicosemántico en Inmaculada Sánchez: «Poco puede extrañar tamaña ofensa si se ha escuchado en los últimos días el programa La mañana que dirige Federico Jiménez Losantos. Claramente ubicado en la derecha más recalcitrante y opuesta a las intenciones del nuevo Estatuto, el conocido periodista lleva tiempo editorializando en contra de la reforma estatutaria pero tras la aprobación de ésta en el Parlamento autonómico sus críticas han llegado a la amenaza».

En realidad, aparte de la repetición del término «ofensa» por individuos lerdos en semántica, la única amenaza era la de la bomba en la COPE. En cuanto al Estatuto, Zapatero y Mas lo cambiaron a solas en una noche y nadie dijo una palabra. Pero no podía faltar en El Siglo el detalle de calidad firmado por Enric Sopeña, que en una columna al bies añade: «Hubo un tiempo en el que Diario 16 —que entonces dirigía Pedro J. Ramírez, con Jiménez Losantos de jefe de Opinión— se dedicó a promover campañas anticatalanas a raíz de la normalización del idioma catalán que impulsaba la incipiente Generalidad de Pujol. Todo esto no es de ahora, viene de lejos».

Por supuesto, Sopeña, que siempre hace honor a su apellido, omite la campaña de agresiones y atentados terroristas contra los que en Cataluña nos oponíamos a la discriminación lingüística, tal vez por lo incompleto del atentado que sufrí yo. También olvida lo antes reseñado: que Diario 16, el director y yo, apoyamos a Miquel Roca en esa legislatura mientras Sopeña lo saboteaba en Televisión Española utilizando rastreramente el catalán. Por ejemplo, en los telediarios lo sacaba al principio hablando solamente en catalán, sabiendo que eso provocaría extrañeza y rechazo en los que no son catalano-hablantes. Si no ha conseguido borrarlas, ahí están las videotecas del Pirulí para comprobarlo.

Comienza la defensa y arrecia el ataque

El día 1 de noviembre, impulsado por Jiménez Barriocanal y redactado por Ignacio Villa, la COPE hizo público el primer comunicado en defensa de sí misma. Con todo lo referido en páginas anteriores cabría suponer que lo habría hecho mucho antes o incluso que lo hacía diariamente. Nada más lejos de la triste realidad. El comportamiento de la empresa y de la propiedad en esta campaña osciló entre lo pobre y lo miserable, sin llegar nunca a franciscano. La defensa de la COPE la hicieron los oyentes, los pocos medios de comunicación que, como ella, plantan cara al despotismo nacionalsocialista, algunos políticos del PP y, a partir de noviembre, las asociaciones profesionales de radio y las asociaciones mundiales de periodistas. Pero entre los ejecutivos de la cadena nadie asumió públicamente la defensa de sus programas y de sus comunicadores, nadie dio un paso al frente y puso cara a la defensa de lo suyo, no fueran a rompérsela. Bueno, de lo suyo sí se preocupaban: que si decían de Barcelona que podríamos perder un anunciante, o dos, o todos los catalanes, o sólo alguno, o a lo mejor ninguno, o ay, ay, ay. La publicidad nos salía por las orejas, la facturación había aumentado vertiginosamente pero, claro, la pérdida de algún suplemento de sueldo o bono (suyo) de productividad (nuestra) los sumía en una amarga melancolía centrista.

En cuanto a los obispos y cardenales, la inmensa mayoría nos hizo llegar su apoyo, con la excepción de los nacionalistas que, en Cataluña, no vacilaron en unirse a los chicos de la primera empresa de pornografía española para lincharnos. Cañizares —el más claro—, Amigo —el más temprano— y Rouco —desde la defensa— hicieron público su apoyo. Arzobispos y obispos se pronunciaron de forma dispersa y con rotundidad teñida de impotencia (especialmente emotivo fue el de Jaca y Huesca), todos defendiendo la cadena. Y de los conventos de toda España llegaron incontables mensajes diciendo que todos los días nos oían y rezaban por nosotros. Por desgracia, la eficacia de la plegaria no alcanzó a la Conferencia Episcopal, que ni dentro ni fuera de España hizo nada para defendernos. Se dirá que bastante hacía con no echarnos. Tal vez. Pero, aparte de las consideraciones morales, el comportamiento huidizo de la propiedad alentó a los agresores porque les permitió creer que la pieza estaba herida y pronto caería en su zurrón.

Estoy convencido de que una declaración pública en televisión del Ejecutivo de la Conferencia, por ejemplo, diciendo que el ataque a su COPE era intolerable, un insulto a la gran mayoría de los católicos y a sus pastores y que jamás se prestarían al chantaje de los políticos ni cerrarían la emisora, seguramente hubiera disuadido a buena parte de la jauría. Pero era al revés: cada día que pasaba, con los clérigos catalanes en primera fila de la campaña y la Conferencia ausente —por mucho que el núcleo esencial mostrase hacia dentro la voluntad de defensa que no exhibía hacia fuera—, crecía en el Gobierno y la jauría progre la convicción de que los obispos estaban a punto de rendirse. Para colmo de males, don Bernardo, que pasaba por serios problemas de salud y de ánimo, y que nunca ha sido lo que se dice un legionario (ni de Cristo ni de los otros), tenía a su cargo la negociación del dinero que cada año da el Estado a la Iglesia, en virtud de los acuerdos España-Vaticano, por la custodia del patrimonio histórico-artístico y las infinitas prestaciones sociales de misioneros y organizaciones de caridad, que superan a las de todas las oenegés juntas. Eso producía en la casa tal encogimiento del brazo y del verbo que, privada de linimento episcopal, y, de ser tenis aquella guerra, la COPE habría perdido 6-0, 6-0, 6-0.

El comunicado tuvo una primera versión más anodina. A punto de darlo a las agencias, Villa me lo enseñó y yo le dije que la típica circunspección clerical produciría en quien lo leyera la citada sensación de tibieza y debilidad. Volvió a redactarlo y, con el respaldo de Barriocanal y el visto bueno de don Bernardo, salió a la luz. Decía así:

1. Se están utilizando la calumnia y el chantaje para suprimir una voz crítica que se opone a determinados proyectos legislativos dentro de lo que es la dinámica habitual de una democracia.

2. La cadena COPE defiende la Constitución española y los valores que consagra, entre ellos la libertad de expresión.

3. Es inaceptable que las críticas al proyecto de reforma del Estatuto catalán sean presentadas como un ataque a Cataluña y a los catalanes.

4. La cadena COPE manifiesta un respaldo total a sus comunicadores y profesionales que están siendo objeto de acoso, insultos y descalificaciones, por el simple hecho de realizar su trabajo en libertad.

5. Advertimos que esta campaña se va a intensificar. Existe el peligro de que en alguna Comunidad Autónoma se intente adoptar una posición política para no renovar licencias radiofónicas y ahogar así la voz de la cadena COPE, lo que supondría un ataque a la libertad de expresión y a la actual legislación que establece que las frecuencias radiofónicas se renovarán salvo falta grave, cosa que nunca ha sucedido.

6. Queremos decir a la opinión pública que la cadena COPE seguirá ejerciendo sin desaliento el derecho a la libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución.

7. Renovamos nuestro compromiso con los valores del humanismo cristiano en el ideario de la cadena COPE, entre ellos la defensa del valor sagrado de toda vida humana, de la familia basada en el auténtico matrimonio y de la libertad religiosa y de educación.

8. No nos van a callar, ni vamos a callar. Agradecemos las numerosas muestras de apoyo y solidaridad que estamos recibiendo por parte de nuestra audiencia. Su ánimo y fidelidad son el mejor estímulo para continuar nuestra tarea.

Como el Gobierno catalán y sus portavoces mediáticos se jactaban ya del cierre inmediato de las emisoras de COPE en Cataluña (prometidas a El Periódico después de haber querido entregarle ya una a La Vanguardia), la AERC, patronal de las cadenas de radio comercial, redactó ese mismo día un comunicado que se difundió al siguiente. Las agencias lo recogieron así:

Podría pensarse que la SER y compañía, parte activa del linchamiento, sufrían un ataque de liberalismo, pero nada más lejos de su naturaleza que la propensión a contraer tan nefasto virus. Lo que temían era un rumor que se extendió como la pólvora: si la izquierda cerraba la COPE en Cataluña, la derecha cerraría la SER en toda España. De hecho, pese a la nota oficial, la radio polanquista continuó la campaña anti-COPE con idéntica ferocidad liberticida, esa misma que los ha hecho temidos y despreciables.

Por su parte, la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio y Televisión (APEI-PRTV) calificó de «tropelía y hecho insólito en un país que pretende ser democrático los ataques desatados por algunos políticos y medios de comunicación […] los intentos y provocaciones de ciertos elementos, con el fin de boicotear su trabajo hasta el punto de pedir que la señal de la COPE enmudezca en Cataluña». O sea, bien.

En cuanto al PP, desde la apertura oficial de hostilidades contra la COPE por parte del Gobierno —el «montillazo»—, Zaplana y Acebes se significaron claramente —heroicamente, diríamos, dada la tradición gusanil de la derecha— en defensa de la COPE. También lo hizo Rajoy, aunque no citando a la COPE sino a «un medio de comunicación», gesto de vigor dialéctico que lo situaba entre la guerra de Gila y el pánico al Poder Fáctico Fácilmente Reconocible (PFFR: Polanco) de su bautista Aznar. Sin embargo, la postura de Rajoy permitió a los liberales de la derecha mortificar en el Congreso al Gobierno cada miércoles. Esperanza Aguirre nos defendió siempre que tuvo oportunidad, y, al otro lado, Gallardón, desacostumbrada y sorprendentemente, brillaba por su ausencia. Pero, como Piqué, no tardaría demasiado en asomar la patita.

Los democristianos catalanes devoran a los leones de las Cortes

El día 2 de noviembre, Josep Antoni Duran i Lleida subió a la tribuna del Congreso para atacar directamente a la COPE y amenazar a los obispos desde su posición de cristiano oficial, o sea, democristiano. Sabido es que el comportamiento de los democristianos en política suele superar en ferocidad e impiedad al de Nerón o al de Calígula. Duran, entre Domiciano y Andreotti, estuvo a punto de merendarse a los leones de las Cortes, guardianes broncíneos de nuestra soberanía. Así habló Duratustra:

Incomprensiblemente, el abad de Montserrat se dio por aludido y al día siguiente salió diciendo que el «clima de intolerancia» estaba promovido por «algunos programas de una emisora que tiene como accionista a la Conferencia Episcopal». No se refería a Radio Estel, la cadena de radio nacionalista y episcopal donde él predica, cuyas deudas —dado el pavoroso fracaso de audiencia; en su caso, feligresía— creo que paga la Conferencia. Pero Duran, látigo de mercenarios, presidente de un partido enfangado en varios sumarios por saqueo de fondos públicos —que para un político deberían ser tan sagrados como el Templo para Jesús—, añadió al día siguiente uno de esos detalles genuinamente fariseos que hace impagables, bien que onerosos, a los democristianos nacionalistas. Para redondear su faena parlamentaria y homenajear a los ofidios, se envió una nota a sí mismo a través de la organización juvenil del partido, pidiendo disculpas a «los profesionales de la COPE», por «el error de no identificar a la persona», si bien reiteró el mensaje, más feroz por reconcentrado, de «la necesidad de acabar con los insultos, las descalificaciones y el odio impulsados por un profesional desde un medio de comunicación ligado a la Iglesia». Total, porque siempre le recuerdo que es un separatista catalán de Huesca. También agradecía el apoyo expresado tras los supuestos «ataques» recibidos por su ultimátum a los obispos. No es de extrañar que ese mismo día su socio Artur Mas, heredero de Pujol, el pionero en el empeño de cerrar la COPE, elogiara el valor de Duran, sumándose oficialmente a la campaña contra la cadena, convertida en la parte sacrificial de la inmensa ceremonia de la confusión que supuso la entronización parlamentaria y el desvergonzado camuflaje político del nuevo Estatuto.

Ese mismo día 3 de noviembre en que Duran brillaba por su callada caridad cristiana y Mas por su público hermanamiento con Duran (es sabido que, desde los orígenes de su coalición, Convergencia odia a Unió casi tanto como la desprecia), la prensa barcelonesa añadía más perlas a su collar perruno. El Periódico estaba flojo: un tal Diez se limitaba a identificar con la COPE una pequeña manifestación ultra en Madrid durante el alarde de propaganda que todos los partidos catalanistas hicieron en las Cortes para presentar, es decir, para disfrazar, el nuevo Estatuto de Autonomía.

Pero La Vanguardia iba más lejos. En realidad, ya había marcado músculo dos días antes, en prólogo al chantaje de Duran a los obispos, cuando Lluis Foix gimoteaba en hábito editorial: «No soy partidario en absoluto de que se cierre una emisora de propiedad mayoritaria episcopal porque varios de sus locutores abren sus programas con insultos, motes y demás improperios contra todos aquellos que no coinciden con las opiniones, totalmente discutibles, que ellos lanzan en antena desde que sale el sol hasta que llega la noche. Sé que a estas horas, el día de Todos los Santos, o mañana que será el de los Difuntos, puedo ser objeto de críticas y desprecios de brocha gorda contra mi persona. Federico así las gasta y César Vidal, con más sutileza, no se queda corto». El pobre debió de quedarse con las ganas, ensombrecido su gesto por el de Duran, pero ¿qué quería el director adjunto de La Vanguardia, uno de esos catalanes que sólo se acuerdan de que son católicos para atacar a la COPE? Salvar su almita cívica: que nadie pudiera reprocharle «qué hacía y qué decía cuando desde una emisora propiedad de la Conferencia Episcopal se echaba gasolina y se prendía fuego sobre la pira de la convivencia patria».

Además de hacerse un lío con el fuego y con la pira, don Lluis no aclara de qué patria habla. Peor aún, en medio del ataque de virtud, la voluntad censora le flaquea: «No voy a tapar la boca a Federico. Primero porque no es mi intención y segundo porque él tiene derecho a defender lo que le venga en gana. Pero no en nombre de los creyentes, que somos de muchas sensibilidades». ¡Pobre hombre! Hay que hacerse cargo de su tribulación. No quiere cerrar lo que de todas formas no podría cerrar, pero quiere denunciar lo que dice permitir, pero teme lo que digan después de lo que dice, pero dice que yo digo lo que no he dicho nunca y sí dice él, pero además habla en nombre de los creyentes entre cuyas «sensibilidades» la suya es poco representativa, por no decir insignificante o directamente nula. A cambio, el burócrata prensil ejemplifica el modelo fasciohipocritón de la Cataluña actual: dice defender la libertad mientras la persigue y quiere cortar cabezas sin que nadie pueda acusarlo de decapitador. Así, Robespierre no hubiera llegado nunca a nada, aunque hubiera evitado la guillotina. Como Robesfoix.

Pero es otro escriba godosino, Víctor M. Amela, el que realmente demuestra el 3 de noviembre la doblez autoritaria a que han llegado ciertos medios de turbios fines. La expedición de la casta política catalana al Congreso de los Diputados para actualizar el timo del tocomocho vendiendo la liquidación de la soberanía nacional como gran negocio a los que tienen como profesión jurada defenderla, había tenido en todos los medios nacionales un trato tan estrepitoso como obsequioso. La aplastante mayoría mediática de la izquierda se licuó conmovida por las banalidades del charneguismo separatista, que vendió el apuntillamiento de la nación española como un homenaje a la Andalucía que les vio nacer. Pero esa mayoría genuflexa no les parecía bastante a los profesionales barceloneses de la unanimidad, y Lámela se queja: «Diríase que los medios audiovisuales catalanizaban España. ¿Todos? No, un irreductible comando jaleaba así a Mariano Rajoy: "Tiene usted detrás a mucha gente. El partido es difícil, pero, a por ellos que son… muchos, pero cobardes. ¡Ánimo!". Hablaba el belicoso Losantix, secundado por Pedro J. Ramírez, que recelaba así de la validez democrática del Parlamento: "Todos los grupos criticarán al PP, ¡es como si Zapatero hablase 14 veces!"».

O sea, que el reglamento antidemocrático de un Parlamento rendido al proyecto antinacional del Estatuto podía desvirtuar la verdadera magnitud de la oposición a ese bodrio que suponía precisamente el fin del régimen democrático; y puede así minimizar hasta la caricatura la importancia del PP, pero eso no basta. Hay que lograr en Madrid la unanimidad merengada de los medios en Cataluña. Y si no es posible del todo, porque alguno se resiste y anima a resistir al partido que representa a media España, hay que atacarlo, calumniarlo y cerrarlo. Así tratan estos dizque «demócratas» a las minorías que deberían defender: en casa las aplastan y fuera las persiguen. Si todas las dictaduras son expansivas, la del silencio políticamente correcto y el terror blanco intelectual lo es más.

Al día siguiente, el 4 de noviembre, Avui lo demostraba con una de sus típicas piezas desinformadoras: «Espanya ha mort. Les reaccions al debat. Els insults de la Brúñete mediàtica». Recuérdese que lo de la «Brúnete mediática» es una fórmula propagandística del entorno etarra popularizada por Arzalluz y, lógicamente, también habitual en el entorno del terrorismo catalanista. Al día siguiente, el 5, El Periódico volvía a lo suyo, es decir, a lo mío: «La web ciudadana por la retirada de Jiménez Losantos de la COPE, creada en mayo por el periodista Ricardo J. Royo-Vilanova, tiene ya 13.000 firmas, casi 5.000 más que hace siete días». Ese mismo día 5, La Vanguardia publica una de sus delicadas viñetas, símbolo del seny que, a diferencia de la derecha española, caracteriza a la siempre sutil y democrática derecha catalana. Es un perro con un collar donde pone «COPE» que se afana inútilmente en llegar hasta un hueso donde pone «Estatut»; la cuerda que lo sujeta parece apunto de romperse. Pero no: en el texto que acompaña al chiste o viceversa, Bru de Sala, linchador clásico, dice: «La caverna… ha dejado de asustar. Apañados estaríamos si la calle fuera la COPE y compañía». No asusta a estos valientes liberticidas de nómina, pero siguen acosándola.

Al día siguiente, el 6, nueva pieza venatoria del Avui titulada «¡Federico, Federico!» en la que se ridiculiza una manifestación del día anterior en la Puerta del Sol convocada por el Foro de Ermua y en la que, según el diario de Lara y Godo, también subvencionado por la Generalidad, «La COPE y Francisco Caja triunfan en un aquelarre contra el texto catalán». Cualquiera diría, leyendo a estos paniaguados incapaces de ganarse la vida honradamente en los quioscos como los periodistas de verdad, vendiendo lo que escriben a quienes quieran leerlos, que ese Estatuto mostrenco, más largo que la Constitución de Corea del Norte y casi igual de intervencionista y dictatorial, es el único «texto catalán» conocido. O que no hay catalanes contrarios al bodrio estatutario. De hecho, los votantes catalanes le dieron la espalda casi tanto como los lectores al Avui. Pero, probablemente, ésa es La Razón última de su violencia: como la ETA en El País Vasco, sólo mediante el terror pueden representar a un pueblo que se han inventado y en cuyo nombre ejercen un poder omnímodo sobre bolsillos y conciencias. Pero no sólo las catalanas. Como en todos los crímenes, y éste lo es de lesa libertad, todos los testigos deben ser eliminados y los testimonios destruidos. A mayor delito, mayor impostura.

Ese mismo día 6, El País pasea bajo palio a los obispos catalanes. Bajo una sonriente fotografía de Martínez Sistach, el arzobispo que pocos meses antes había votado a favor de la renovación de mi contrato en la COPE (y del de César Vidal, ojo, que se renovó a la vez y por los mismos dos años), el diario más profunda y ferozmente anticatólico se congratula de la bendición episcopal catalana a su cruzada anti-COPE: «Los obispos catalanes se desmarcan de las críticas eclesiales al Estatuto. Cristianos de base instan a su cúpula a dejar la Conferencia Episcopal. Los prelados piden que se corrija el tono ofensivo de la COPE». Tras los titulares, el diario de Polanco resume en tres puntos la postura oficial de los obispos catalanes ante el Estatuto: bendecir a los negociadores, apoyar lo que suponga un avance en la cultura y lengua propias de Cataluña (sólo una, la otra no) y expresar alguna duda no demasiado «ofensiva» sobre el divorcio, la eutanasia y el aborto. Aun así, queda claro que el texto les parece positivo.

Es exactamente lo contrario de lo que ha dicho en público y ratifica en El País el recién nombrado cardenal Antonio Cañizares, para el que, como para la mayoría de los españoles que lo han leído, incluidos socialistas como Alfonso Guerra, el Estatuto es un «ataque frontal a la unidad de España». Critica igualmente la eutanasia, el aborto y el control estatal de una educación expresamente laicista, pero, en buena lógica, deduce que es imposible que el balance de tanto malo sea bueno. Llegados a este punto, un tanto delicado, es el momento de recurrir al abad de Montserrat, Josep Maria Soler, que afirma que la Iglesia considera «perfectamente legítimo dar el nombre de nación a un pueblo aunque no tenga Estado». Dicho lo cual arremete contra la COPE, a la que acusa de «crear un estado de opinión contrario a los principios cristianos». Lo cristiano es, sin duda, prohibir la lengua materna de la mitad de la población de Cataluña en todos los espacios públicos, expulsarla de todos los niveles de la educación, multar a los que se atreven a rotular en castellano sus pequeños negocios y, naturalmente, insultar a quien denuncie tanto atropello, como la COPE. Lamentablemente, aunque para un ustachi croata o un ortodoxo serbio sin duda resultaría estimulante, no todos comparten lo que dice Soler. Traduciendo un hartazgo evidente pero que nunca se concreta con claridad, el cardenal arzobispo de Sevilla hace una defensa nítida de la cadena estigmatizada: «Aplaudo a la COPE, escucho la COPE y, desde luego, creo que está haciendo un enorme servicio a la democracia y a la verdad», dice Carlos Amigo Vallejo, al tiempo que llama a acudir a la manifestación contra la LOE. Un proyecto que, en el fondo, persigue imponer en toda España el modelo drásticamente laicista del nacionalismo catalán.

Algunos quieren olvidar y olvidan que desde hace un par de años Cataluña es un protectorado etarra gestionado por el Tripartito, que pactó en Perpiñán la exención del territorio del Principado (el resto de los llamados Països catalans quedó en estado de meritoriaje) de esa desagradabilísima tarea de limpiar de sangre y restos de masa encefálica las aceras catalanas. Sin embargo, a veces se desborda la simpatía por el socio terrorista del nuevo régimen alumbrado por Carod y Zapatero (previa exclusión del PP) y cuya primera criatura es el Estatuto, prólogo a su vez del futuro pacto con la ETA sobre El País Vasco y Navarra. Por ejemplo, en La Vanguardia, Màrius Serra publica un gracioso artículo titulado «Peco, peco, peco», que se le ha ocurrido a él sólito repitiendo el manera «COPE, COPE, COPE». Su reflexión es ésta: «Los acérrimos seguidores del radiofonista Jiménez andan vociferando por ahí que les quieren cerrar la emisora». Cabe recordar educadamente el nombre del único medio de comunicación cerrado en democracia. No se llama ni se llamará COPE, sino Egunkaria. Según los jueces, ese diario fue cerrado porque formaba parte del entramado terrorista, y más concretamente porque «ETA tomaba decisiones en su consejo de administración». Evidentemente, al columnista de La Vanguardia le molesta tanto lo que se ha cerrado como lo que sigue abierto. Bueno, esto último, muchísimo más.

Otro ejemplar del mismo género intelectual es el número especial del mismo día 7 de noviembre del semanario Cambio 16. El titular es «PP, ultras y católicos presionan a los españoles. La derecha mete miedo». Y el autor del reportaje principal, Diego Caballero, escribe: «Han encendido la mecha con alusiones continuas al guerracivilismo. Se trata de crear división, entre ciudadanos y entre territorios. La alianza de la vieja España es un remedo para reeditar las luchas fraticidas que mostró con su pincel el pintor Francisco de Goya. Los ataques a Carrillo van en la misma dirección». Sorprende que precisamente al responsable de la matanza de Paracuellos, más de seis mil personas de los que un tercio eran niños, se le considere un testimonio contra el guerracivilismo. Pero es que no se trata de exculparle sino de darle voz y seguirle, porque suyas son las reflexiones de fondo: «[Carrillo] se refiere a la cúpula del PP, confundida en tantas ocasiones con la extrema derecha. Sus incondicionales alientan a estos jóvenes nazis y en el Senado se lanzan improperios soeces de carácter personal contra Zapatero (…) Carrillo localiza a los que dirigen los hilos del grupo convulso de medio centenar de ultraderechistas, los de siempre. Su mirada se dirige hacia recodos de Internet publicitados por ciertos bancos y la radio de los obispos, la COPE». De momento y por ventura, Carrillo no puede mandar «A paseo» (sección fija en el panfleto de Alberti) a quienes denuncia. Además, nos tranquiliza sobre la unidad de España, que no corre peligro alguno: «Lo mismo decía la derecha en el año 36, y no fueron los catalanes ni los vascos los que rompieron la unidad del Estado español. La rompieron los que se sublevaron y fracturaron a los españoles en dos campos que terminaron resolviendo a tiros sus diferencias». Por supuesto, la rompieron los nacionalistas de ERC y los agentes de Stalin como el joven Carrillo que perpetraron el golpe de Estado contra la República de 1934. Pero en 2005 el héroe ya no es el Carrillo arrepentido de la Transición, que aceptaba la bandera nacional y la Corona, sino el chequista redivivo e irreductible, el propagandista guerracivilista y genuinamente totalitario de la SER.

Inútil es añorar para la COPE el mismo respeto con que ahí se tratan los comunicados etarras, por ejemplo el típicamente staliniano de dar por muerto el Estado autonómico español como «cárcel de los pueblos pequeños». La Razón nos devuelve al titular primero: «El PP ha encontrado un filón en estos grupos de activistas católicos [CONCAPA, Foro de la Familia, etc. ] que se hacen escuchar mediante pancartas de lenguaje violento, de referencias a panteones y ataúdes para rojos e independentistas. Los ultras son bien recibidos en su seno como algunos mandos intermedios, los vocingleros de la COPE. Y todos en la sede de la madrileña calle Genova disponen de sitio privilegiado a la diestra de Mariano Rajoy, Acebes y Zaplana, instigadores trinitarios de escasa gloria en una democracia sin marcha atrás». La verdad, con Perpiñán como capital intelectual y Carrillo y la ETA como guías, uno tiende a dudarlo.

Ese mismo día 7 de noviembre, otro semanario, El Siglo, titula: «De la COPE que no tiene futuro». Y entre los dicterios habituales contra los comunicadores de la casa sobresale este matizado juicio: «Quienes no se sitúan en su órbita clásica y en la ortodoxia tradicional padecen persecuciones, problemas, molestias, marginaciones, etc., etc. No vale la pena perder un minuto en esa reflexión acreditada a lo largo de siglos merced a instituciones tan siniestras como el Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición. Prisiones, ejecuciones en la hoguera, torturas». A diferencia de los obispos catalanes, el semanario no nos achaca desviación de los principios cristianos, puesto que a la cabeza está «Joseph Ratzinger, un experto en el arte de la censura». Luego se adentra en la Historia y crea paralelismos sorprendentes: «El paisaje del franquismo era variopinto pero, en realidad era monocolor. Igual sucede en la COPE. Diferentes en el matiz, iguales en el insulto, la descalificación, la mentira, los ataques (…) a los políticos y periodistas de izquierdas o incluso centristas como Alberto Ruiz-Gallardón». En rigor, de haberse limitado la dictadura a una cadena de radio hubiera sido una dictadura muy rara. Ni Polanco podría haberse hecho rico vendiendo los libros de texto del régimen, ni Godo millonario defendiendo a Franco, ni Cebrián poderoso como jefe de Informativos, es decir, censor máximo de TVE en vida del dictador, con el Gobierno de Arias Navarro, «Carnicerito de Málaga». De todos modos, los escribas de El Siglo, que también suelen ilustrar con sus opiniones siempre diferentes y polémicas El País y la SER, pueden albergar esperanzas: «La fecha de caducidad se aproxima. La COPE de la calumnia no tiene futuro». Me duele desengañarlos recordando la anécdota de aquel inglés que, cuando el Times publicó su esquela por error, escribió al periódico diciendo: «La noticia de mi muerte es considerablemente exagerada». De momento.

Pero, a diferencia del Times, no se trata de un error. El día 9 de noviembre todo un señor obispo, el de Sant Feliu, Agustín Cortés, se dirige a la Conferencia Episcopal para que «corrija a Jiménez Losantos y le diga que no puede continuar con ese programa». La Razón es que «utilizo un lenguaje no apropiado». No tanto como el que se usa contra mí, evidentemente, pero el obispo debería haber tenido más caridad con mis flaquezas. Cualquiera podría pensar que le molesta más un programa que puede corregir con un leve desplazamiento del dial que asistir a exhibiciones ético-morales pagadas con dinero público y protagonizadas por las máximas figuras políticas del nacionalismo, como el protectorado etarra en Cataluña pactado por Carod y Josu Ternera en Perpiñán o la mofa de la corona de espinas en Jerusalén a cargo de Carod y el travieso Maragall.

Pero el obispo no está solo. Para mi corrección definitiva —el atentado de Terra Lliure al que jamás se refieren estos obispos no fue suficiente— en el periódico de Zeta (Interviú) les asesora un catedrático de Derecho Penal llamado Joan J. Queralt: «Aún no ha nacido quien haya de ponerle en su sitio, puesto que ello sería un delito de lesa democracia. O no. (…) Nadie en su sano juicio dejaría entrar a un pirómano antorcha en mano en una gasolinera. (…) De ahí la exigencia de la veracidad de los contenidos y la prohibición de recurrir al insulto por el insulto (…) el límite tiene que venir de fuera de la fuente, desde dentro hoy resulta imposible: los obispos propietarios de la COPE entienden que su reino no es de este mundo». A falta de Terra Lliure, hace falta el CAC.

Los abades de la Tarraconense no dejan de aparecer en los periódicos más comecuras para tratar de complacer la inquietud apostólica de Duran, pero a pesar de la cobertura mediática no acaban de convencer a la Conferencia Episcopal para acabar conmigo. Los jesuitas de Cristianismo y Justicia pedían «la destitución de personas concretas», plural reducible a mi reducido yo. Aseguraron que la COPE promovía el choque de civilizaciones (seguramente a la hora del Ángelus) y que yo «clamaba diariamente a favor de la guerra como manera más eficaz de resolver conflictos». Eso, por celebrar que en la Reconquista se hubiese rehecho la España romana y cristiana en vez de la muslim. Los oyentes de la COPE en Cataluña eran los más escandalizados por el fervor inquisitorial de estos clérigos nacionalistas. Uno se preguntaba: «¿Son jesuitas a la soviética o futuros ayatolás?». La duda tenía su origen en frases como ésta: «¿Por qué desde la COPE, supuesta voz de la Iglesia, se criminaliza diariamente el islam y se ridiculiza cualquier intento de diálogo?». Y después del 11-S y de la yihad contra Occidente, ¿en qué creen estos jesuitas? ¿En el diálogo con la ablación del clítoris, en el ecumenismo del asesinato de los musulmanes que se hacen cristianos, o en la bonita costumbre de la «fatua» para asesinar a los intelectuales que molestan a los ayatolás? En el siglo XX, el obstáculo racionalista más fuerte que encontraba la fe en el medio intelectual era la existencia del mal en El Mundo: el Holocausto, la muerte, esclavitud o tortura de mujeres y niños en civilizaciones bárbaras, etc. En el siglo XXI bien podría ser la existencia de supuestos seguidores de Cristo incompatibles con la libertad y amigos de cualquier tiranía, sea comunista, islámica o nacionalista. Todo menos liberal.

El Gobierno anticatólico recurre al Vaticano

Era inevitable que el 10 de noviembre, enfebrecida por la marea mediática y alentada por la sensibilidad ostentosamente progresista de ciertos curas y frailes, la audacísima vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, capaz de posar en Vogue, presentar la moda étnica en la Pasarela Maputo y dar lecciones de ética sobre lo que sea a quien se tercie, se presentara en el Vaticano para darle a la COPE el leve empujoncito que, según intuía o le habían intuido, le faltaba para aterrizar en la fosa. Si el Vaticano es simplemente un Estado, como gustan de repetir los progres del PSOE, nunca un Gobierno socialista había recurrido al extranjero para reprimir a un medio de comunicación español. El régimen franquista lo había intentado con la Pirenaica; en vano, porque no estaba en Francia sino detrás del telón de acero, en lo ideológico y lo físico. El régimen prisaico ha intentado lo mismo con la COPE; y con idéntico resultado, aunque por razones opuestas: el Vaticano, léase la jerarquía católica, estaba en España.

De la Vega trataba de cambiar la orientación de la COPE y de impedir la posible participación de curas, obispos o cardenales en la prevista manifestación contra la LOE. Celebrada ésta y fracasada aquélla, la futura directora de El País (hace ya muchos años y bastantes directores) Soledad Gallego-Díaz lo contaba así el 13 de noviembre, citando fuentes monclovitas: «La vicepresidenta entregó también al cardenal Sodano un amplio dossier sobre los reiterados insultos y ataques que reciben las autoridades españolas en la emisora de radio propiedad de la Conferencia Episcopal. No se trataba de plantear ninguna queja concreta sino de facilitar información a la Secretaría de Estado para que realice sus propios análisis y llegue a sus propias conclusiones. "Simplemente se les ha entregado una amplia carpeta con transcripciones y cintas grabadas para que formen su propia opinión", reconoció un experto relacionado con La Moncloa».

Otro experto, pero relacionado con el Vaticano, el secretario de la Conferencia Episcopal, J. A. Martínez Camino, dijo en la COPE que la breve reunión con Sodano sólo se había celebrado por la «insistencia» del Gobierno español y que lo único que se le había dicho a De la Vega era que lo que quisiera tratar debía hacerlo con la jerarquía católica española. Los medios progres no aceptaron con facilidad este aparente desdén vaticano a la deferencia de la vicepresidenta de viajar en persona a «corregir» a los católicos desnortados. El Periódico de Catalunya, curiosamente por delante de La Vanguardia, lo sintetizó en una viñeta presuntamente humorística, para las antologías. Los personajes son De la Vega y un soldado de la Guardia Suiza, y el diálogo es éste:

El día siguiente, 11 de noviembre —nótese la cadencia vertiginosa de la campaña— los protagonistas fueron un conocido periodista radiofónico llamado Iñaki Gabilondo y un juez casi desconocido llamado Carlos Fanlo. En sintonía con la llamada del diario de Zeta al «desprecio activo» contra la Iglesia mientras no liquidara la COPE, el otrora conocido como «Sor Iñaki» o «Iñaki de Calcuta» se destapó como Savonarola y dijo que, en efecto, la Iglesia merecía «una reprimenda». Después del GAL y el vídeo contra Pedro Jota, ambos defendidos por pasiva o por activa en El País, el concepto «reprimenda» en labios de uno de los grandes símbolos del polanquismo suscitó la lógica inquietud. Pero no tanta como saber que entre los jueces de Barcelona figuraba uno capaz de publicar en el diario gratuito de más tirada, 20 minutos, este fino artículo contra mí: «Eres, Federico, un mentiroso abyecto (…) Tu lengua viperina y envenenada de odios acumulados se atreve a insultar a un pobre hombre enfermo que tanto hizo por España [por Adolfo Suárez]. Los de Terra Lliure te tirotearon. Fueron crueles al herirte en la pierna. De haber apuntado al corazón, nada te hubiesen lesionado porque careces de él». Pese a ello, y por si acaso, también me llamaba «mendaz ruin palafrenero de los poderosos (…) escoria de un periodismo provocador y cainita»; y terminaba, es decir, remataba: «Ahora, si tienes lo que hay que tener, queréllate conmigo. Como en las presuntas injurias no se da la exceptio veritatis que se aplica a las calumnias, probablemente me condenarán. Si te hubiera llamado ladrón y lo fueras, nada me sucedería por ser cierto: lo que yo he dicho también lo es, pero a un "hijo de puta" si se lo espetas, te condenan, aunque su madre sea la peripatética más famosa del país».

El director general de 20 minutos era José Antonio Martínez Soler, ex director de Informativos en TVE con el Gobierno del PSOE; y su editor general era Arsenio Escolar, hombre tan de confianza de PRISA que llegó a subdirector de El País y Cinco Días. Tras leer el artículo y comentarlo en la COPE, en todo el centro-derecha se produjo una auténtica conmoción por la brutalidad del ataque de todo un señor juez a una víctima del terrorismo. Y encima, en uno de los periódicos de la empresa extranjera Schibsted, que hace fortuna repartiendo papel gratis en el metro con licencia municipal. Eso movió a Arsenio Escolar a pedir disculpas a los lectores al día siguiente de publicar la exquisita deposición judicial. Añadía que también me había llamado para dármelas personalmente, dejando suponer que esa conversación se había producido y que yo había aceptado o, al menos, recibido las excusas de Escolar. Nada más falso. Nunca he tenido el disgusto de hablar con ese señor. Llamó a La mañana preguntando por mí y cuando le dijeron que tenía que esperar porque yo estaba hablando por teléfono dijo «que me llame» y colgó. Por supuesto, no le llamé, no fuera a cumplir los deseos de su colaborador matándome de un pitido ultrasónico, como hacían James Bond y el KGB.

Fanlo, que tendría lo que hay que tener —al menos para ser terrorista—, pero a sus horas, temió una acción disciplinaria del CGPJ y publicó una notita asegurando que el corazón a perforar de un disparo, el mío, era metafórico. El corazón, no sé, pero yo no era lo que se dice metafórico, ni siquiera metonímico. Y como me había unido a la Asociación de Víctimas del Terrorismo después de que Esquerra Republicana, el partido que pactó con la ETA y en el que hacen carrera los pistoleros de Terra Lliure, todos sin arrepentir, anunció que se querellaría contra mí por criticar sus conexiones con el terror, fueron los abogados de la AVT los que interpusieron una querella criminal contra Fanlo por menosprecio a una víctima del terrorismo (y además a propósito del atentado sufrido), un delito claramente tipificado en el Código Penal desde el antiguo Pacto Antiterrorista. La querella de ERC fue desestimada meses después por otro juez de Barcelona en una solidísima y muy trabajada sentencia, al decir de los expertos. Es la prueba de que en Cataluña aún hay de todo. Pero el CGPJ no quiso tomar ninguna medida permanente contra Fanlo porque, dicen, escribía a título personal y no como juez. Hombre, lo grave no es que Fanlo escribiera eso, sino que alguien que escribe eso siga siendo juez. ¿Quién esperará de él ecuanimidad, ponderación y respeto a las leyes que él mismo se jacta de vulnerar? Si en Cataluña hay de todo, en el CGPJ hay también bastantes fanlos. De corazón.

Más edificante aún fue la reacción de las asociaciones periodísticas de Madrid y Barcelona. El presidente de la madrileña, Fernando González Urbaneja, veterano empleado de Polanco y con el que coincidí en Antena 3 Televisión, donde dirigía un telediario en el que se negó a informar durante meses del Caso Ibercorp, no optó esta vez por la elusión. Si bien dijo que él no hubiera publicado el artículo de Fanlo (razones económicas hay que superan las morales), tuvo lo que, según el juez, «hay que tener» para añadir: «El artículo del señor Fanlo puede ampararse en la libertad de expresión y opinión. El señor Fanlo tiene esa libertad y defenderé que la tenga y que la use. Una sentencia de los jueces Wendell Holmes y Louis Brandéis de 1919 decía: "Debemos estar eternamente vigilantes contra los intentos de restringir la expresión de opiniones que aborrecemos y creemos cargadas de muerte…". Pienso lo mismo; plena libertad de expresión, sin excepciones, para el señor Fanlo y para Jiménez Losantos, incluso para incurrir en delito de injuria (que no seré yo quien lo aprecie, para eso están los tribunales), pero no para el uso de esa libertad sin límite en un periódico que yo dirija».

He ahí un moralista de cuerpo entero. Defiende que se use lo que llama libertad contra otros, pero no está dispuesto a hacerse responsable de ella dándole cobijo, o sea, que predica con el ejemplo pero al revés. También equipara prácticamente a Fanlo y a mí, que no había dicho nada contra Fanlo pero sí había criticado la, digamos, valentía selectiva de Urbaneja como Kapopress según los casos, los gobiernos y las empresas. Además, desconoce o quiere desconocer que el Código Penal contempla como delitos conexos con el terrorismo el menosprecio a las víctimas y el ensañamiento con ellas utilizando los datos de atentados sufridos, que además «señalan» a la víctima para otro atentado. En realidad es lo que llevaban haciendo varias semanas y siguieron haciendo muchas más, hasta ahora, los medios de Madrid y Barcelona contra los comunicadores de la COPE y en particular contra mí. Algo que debió de producir un suave cosquilleo de placer en el vengativo corazonzuelo urbanejil. En cuanto al Colegio de Periodistas de Barcelona, que suele dar clases de deontología profesional en la única gran ciudad occidental donde no hay periodismo de investigación sobre la corrupción política, no sólo no condenó a Fardo sino que, tras sucesivas aproximaciones en El Periódico, acabó respaldándolo ante la terrible campaña de agresiones y descalificaciones sufridas. No esperaba menos de semejante cuadrilla. Fanlo dijo lo que ellos no se atrevían a decir. Políticamente, es su héroe. Profesionalmente, es su retrato.

La manifestación contra la LOE y el recrudecimiento de la campaña

El día 12 de noviembre tuvo lugar en Madrid la manifestación por la libertad de enseñanza y contra la LOE, que yo retransmití en directo para toda España y en especial para los manifestantes a través de altavoces que cubrían todo el trayecto. El millón largo de asistentes, incluidos Rouco y otros obispos, además del auténtico clamor popular en defensa de la COPE, levantaron las iras de los progres en los medios habituales. Si una semana antes, cuando el guateque del Estatuto catalán en las Cortes, nadie temía a la COPE pero se la seguía atacando y se iba a Roma a tratar de liquidarla, ahora se hacía otro análisis, aunque siempre perseverando en el mismo propósito liberticida. Los progres, que tanto hablan de democracia, son incapaces de soportarla si no la ejercen ellos. En cuanto al periodismo progre, Tartufo a su lado era un modelo de clara rectitud.

Al día siguiente, lunes y 13, El Periódico de Catalunya, órgano oficioso del Tripartito catalán y ariete o carnero, ya que no cerebro, de la ofensiva contra la COPE, ofreció otro número antológico en sus secciones de Información, Opinión y Cultura. En portada, titulaban: «La manifestación contra la LOE recibe menos apoyo del esperado». Era justo al revés. Y dentro, añadían: «Los convocantes jaleados por la COPE, convertida en la emisora oficial de la manifestación, que se escuchaba a través de grandes altavoces distribuidos por todo el itinerario, no abandonaron en ningún momento el triunfalismo (…) la pancarta la sostenían los líderes de las 10 organizaciones convocantes ayudados por el conductor de La linterna de la COPE, César Vidal, que se colocó casi en el centro, junto a Benigno Blanco, presidente del ultraconservador Foro de la Familia (…) Muchos exhibían en su pechera la advertencia "La COPE somos todos". Menos suerte tuvieron los redactores de RNE y TVE, que sufrieron las embestidas verbales del público». Lo que se dice un modelo de informar.

El director, Antonio Franco, añadía una columna digna de su talento y su talante: «La LOE era sólo una excusa». Y se explayaba: «Como todo en democracia, la cifra importante no es la de manifestantes puntuales por un tema u otro, sino la de electores que votan […] una pancarta decía "La COPE somos todos". Si se refería a los manifestantes, tal vez. Si tenía más pretensiones merecía otro cero. Cero en verdad».

En rigor, la verdad le merece tanto respeto a este biotipo de retroprogre como el derecho de manifestación, por lo visto devaluable según sea el resultado electoral. No aplicaba el mismo rasero en las bárbaras manifestaciones contra el PP con la excusa de la guerra de Irak o del 11-M. Todos los presentes celebraron y los ausentes admitieron el carácter festivo de la manifestación, así que El Periódico tituló su editorial «La tenaz fabricación del mal ambiente en España». Un detalle: «Hoy, tanto el PP, como lo más inmovilista de la Iglesia española, como los medios de la calaña incendiaria de la cadena COPE no quieren que prospere ni el menor reformismo ni el más mínimo protagonismo de la nueva izquierda». En la página 25, otra opinión arrojadiza: «Una prensa de guerrilla». Tesis: «Como ya pasó en 1931 y en los noventa, la derecha se sirve de medios como la COPE, El Mundo, La Razón y ABC para atacar a la izquierda en el poder (…) Las diatribas de Jiménez Losantos en la COPE y en su diario online Libertad Digital son sólo la punta de lanza de un fenómeno que, más allá de la radio de la Conferencia Episcopal, se retroalimenta en periódicos como El Mundo, La Razón o el ABC». O sea, que está muy mal y es resueltamente condenable atacar a la izquierda cuando está en el Poder, aunque abuse de él para robar (Filesa) o matar (el GAL). Y también está mal atacarla cuando está en la oposición. En realidad, lo que realmente querrían estos progres es ilegalizar la derecha, cerrar los medios molestos como la COPE, e implantar el Partido y el Pensamiento Únicos. En nombre de la pluralidad y del progreso, claro está. Su humor, su tolerancia (otro mantra progre) se revela en la pieza «COPE de queda» que ilustra la sección de Cultura: «Los responsables del PP han tomado medidas urgentes para evitar más incendios y actos vandálicos contra la Patria Única como los que están provocando terroristas, catalanes, homosexuales y demás gentuza liderados por Zapatero… (…) La primera iniciativa ha sido la implantación del COPE de queda en todo El País. Para garantizar su cumplimiento se han creado somatenes de obispos y tertulianos que patrullan las calles vigilando que a partir de las ocho de La mañana no quede nadie sin crispar (…) dicen que la verdadera solución para que no se reproduzcan incidentes reformistas pasa por acciones en el campo de la enseñanza como la implantación de la asignatura de Formación del Espíritu Nacional». En rigor, no hace otra cosa ese diario desde hace treinta años con el nacionalismo catalán. Y la asignatura «Educación para la Ciudadanía» es la FEN pero en progre. De risa, el profeta.

El diario de Godo, acaso recordando que durante cuatro décadas se vendió como La Vanguardia Española, relataba lo mismo de otra manera: «Miles de banderas rojigualdas elevan el tono de la marcha». Y explicaba lo más noticiable del fenómeno: «Movimientos eclesiales como el Opus Dei, Legionarios de Cristo, Camino Neocatecumenal y Comunión y Liberación flanquearon la iniciativa con su acreditada capacidad de convocatoria. Todo ello articulado orgánicamente por un medio de comunicación que en las últimas semanas ha adquirido una especial relevancia en el debate político en España: la cadena de ondas populares, COPE (…) unos potentes altavoces retransmitían en directo la marcha, a cargo del radiofonista Federico Jiménez Losantos. En la narración de Jiménez Losantos la manifestación se agigantaba como símbolo político…».

Por una vez, todo era verdad.

Montilla y Duran atacan de nuevo

Tras revelar El Mundo que Montilla había recibido el regalo de mil millones de pesetas que su partido adeudaba a La Caixa, entidad sin ánimo de lucro que, con el respaldo entusiasta del ministro de Industria, «opaba» a Endesa desde Gas Natural, el de Iznájar quiso tapar §us vergüenzas en la mejor tradición delictiva de sus colegas filesios: atacando a los medios que denunciaban sus delitos y pedían su dimisión. El día 12 de noviembre, aprovechaba un festolín de la «Alianza de Civilizaciones» para tender puentes con los católicos: «Son los señores Rouco y Cañizares quienes tendrían que explicar a todos los católicos y todos los ciudadanos por qué la COPE miente, por qué la COPE insulta, por qué la COPE incita al odio y por qué la COPE manipula. Y, sobre todo, por qué lo hace con absoluta impunidad y atacando a todo El Mundo. Hasta el propio jefe de Estado ha sido insultado con impunidad y la Conferencia Episcopal ha amparado estos ataques. Los responsables de la Iglesia tendrían que dar explicaciones de por qué permiten que un medio de comunicación traspase las líneas del respeto, de la información contrastada, revolcándose en la difamación, la manipulación y la mentira (…) utilizando el espacio radioeléctrico que es de todos. (…) No dimitiré por mucho que lo pidan unos personajes amorales como Pedro J. Ramírez o Jiménez Losantos. (…) Estos señores son servidores de la derecha más extrema a pesar de que ellos en su egolatría se creen los estrategas de la derecha».

Es difícil ser a la vez estrategas de la extrema derecha y de la derecha sin extremar. Claro que tampoco tiene nada que ver la «moralidad» de dos periodistas con el hecho de que un ministro acepte dinero de empresas sobre cuyos negocios decide. El pensamiento de Montilla, valga la antítesis, es propenso a las lagunas lógicas. Pero en cualquier democracia occidental, basta descubrir un presunto cohecho para que dimita el responsable y se defienda en los tribunales sin el amparo del Poder. En la Cataluña de hoy, Montilla, pillado con las manos en la pasta, ha ascendido a líder de las izquierdas y ha sido nombrado candidato a la presidencia de la Generalidad. Es la moralidad en persona. Y en partido. Y en Época. Y en país.

El día 14, Duran no soportó más el protagonismo izquierdista contra la COPE y proclamó en la emisora RAC1 que sus ataques «hacían más daño» que los de Montilla porque vienen de «una persona que ha defendido actitudes coincidentes con las de la Iglesia». Poco después de esas declaraciones, el equipo de Montilla pasó al contraataque y Miquel Iceta amenazó así a la Iglesia durante una rueda de prensa: «O hace valer su peso para acabar con estas prácticas infernales o que se disocie de esta empresa (…) Esto se ha de acabar y no se puede utilizar el nombre de Dios en vano, y lo decimos con el máximo respeto por la gente con convicciones religiosas, que en su nombre se quiera faltar o encizañar la convivencia entre los pueblos de España. (…) Hay teólogos que se preguntan en público si a Dios le hacen falta emisoras de radio. Nosotros lo tenemos clarísimo: a Dios no le hacen falta emisoras como la COPE, a otros quizá sí». En fin, ladrones y teólogos ofrecían un espectáculo grandioso. Gestas opó y acabó con Dimas.

La verdad es que, aun siendo más avieso y retorcido, Duran no podía competir con los socialistas en su campaña contra la COPE y, en especial, contra mí. Ese día 14 se conoció que el jefe de Prensa del PSOE, Carlos Hernández, mandaba mensajes a los medios afines como la paginilla de Sopeña incorporando cortes de La mañana que, convenientemente manipulados, podían utilizarse para la campaña anti-COPE. Tras el descubrimiento, Hernández se rasgó las vestiduras, llamó mentiroso a todo El Mundo y negó que él fuera capaz de cosa tan fea. Al otro día Libertad Digital mostró una copia del mensaje a Sopeña. Hernández se calló y Sopeña lo justificó diciendo que lo normal era que Hernández enviara información susceptible de utilizarse contra la COPE y no al revés. Claro está que Sopeña es incapaz de entender que el dinero público —que es el que financia a los partidos políticos— no puede utilizarse sin delinquir contra una empresa privada, y mucho menos para tratar de cerrarla. Pero los socialistas filesios son así. El dinero público es tan bueno para la causa como el privado. ¡Todo por la secta!

El 15 de noviembre, El País tomó el relevo del exhausto periódico de Franco y abasteció de metralla guerracivilista al bando copecida. La formidable manifestación contra la LOE había inflamado del todo el cerebelo cainita del catalanismo polanquero. Vicenc Navarro, de la Pompeu Fabra, escribía en Las dos Españas: «Las derechas, con el nacionalismo español, centralista y uniformador que les caracteriza, están encabezando un movimiento catalonofóbico que encuentra su máxima expresión en la COPE, la emisora de la Iglesia española que está incitando al conflicto civil entre dos partes de España. Junto a la COPE está el partido nacionalista español conservador, el Partido Popular, heredero del bando vencedor de la Guerra Civil (que se autodenominó como el bando nacional)». Por supuesto, las mentiras cuando están muy repetidas dejan de tener que demostrarse. Otra criatura académica de la secta de la trola, Jordi García Soler, atacaba por el lado anticristiano versión posmoderna en «La forma española del fundamentalismo religioso». Partiendo de que cualquier monoteísmo es fundamentalista y peligroso, «una amenaza para la humanidad», deliraba: «En España asistimos al renacimiento de un nacionalcatolicismo agresivo e inquisitorial que tiene en la COPE su más acabada expresión (…) El fenómeno de la COPE supera ahora ya todo lo que el panorama periodístico español ha vivido en los últimos treinta años. El suyo es un lenguaje guerracivilista permanente con el uso y abuso constante de todo tipo de descalificaciones, exabruptos, insultos, calumnias e injurias (…) contra colectivos sociales diversos, como lo demuestran sus reiteradas muestras de catalonofobia, vascofobia, islamofobia, xenofobia y homofobia (…) quieren la libertad sólo para ellos, porque desde su cerril fanatismo integrista se consideran poseedores únicos de la verdad. Son nuestros fundamentalistas, los nuevos nacionalcatólicos, dispuestos a partir de nuevo como cruzados». Si este orate, que evidentemente habla de oídas y repite como un lorito las consignas anti-COPE, tuviera dos dedos de frente resolvería antes de cocear en el vacío un pequeño problema conceptual: ¿cómo van a encabezar nada menos que el nacional-catolicismo un ateo, un protestante, varios descreídos y algunos católicos liberales cuya fe sobrevive al espectáculo pagano del clero antiespañol? Echo también en falta, entre el repertorio de fobias políticamente correctas que nos atribuye, una que sí es realmente cierta: la tontofobia. Y la analfabetofobia cuando de universitontos se trata.

Más difícil resulta el trámite intelectual cuando uno tropieza con la maldad y la mentira vestidas con alzacuello y travestidas de virtud. Eso es lo que sucedió el 16 de noviembre, cuando el obispo de Gerona, Soler Perdigó, rodeado o cercado, tanto da, por un Consejo Presbiterial de 21 capellanes, emitió un comunicado en el que atacaba a la COPE de forma todavía más vil que Montilla, Duran y la logia de Polanco. Por si la checa audiovisual catalana lo hubiese olvidado, recordaba que la COPE tiene tres frecuencias en la demarcación gerundense, pero en las que «en vez de sembrar la buena noticia del Evangelio descalifica sistemáticamente a los políticos que considera contrarios a sus opiniones, llegando a insultar e injuriar». Hasta ahí, simples repetidores goebbelsianos o kominternianos de los mantras de la campaña. Pero se ve que Soler y sus capellanes tienen que hacer méritos y añaden lo siguiente: «De forma encarnizada, denigra al pueblo de Cataluña, a sus instituciones y a sus gobernantes […] ofende nuestros sentimientos más entrañables, hace perder credibilidad a la Iglesia, escandaliza gravemente a los fieles y despierta resentimientos y odios recíprocos». «Odios recíprocos», confiesan estos santitos de pega que, a fuer de nacionalistas, se muestran como odiadores profesionales de España y de la verdad, aunque, a fuer de embusteros, mientan en nombre de la lucha contra el odio. La piececita gerundense, un modelo de amor al prójimo, concluye protestando «enérgicamente que una emisora que se presenta como católica abuse tan descaradamente de la libertad en que se ampara, contradiciendo con su estilo basto y provocador las principales ideas del Evangelio». Y exigiendo a la Conferencia Episcopal «una urgente y clara actuación».

Confieso que es la única vez en que yo estuve también a punto de pedírsela. Porque si el corporativismo profesional es nefasto en médicos o jueces, el corporativismo clerical disfrazado de superioridad moral y utilizando las tretas más inmorales resulta vomitivo. Sólo por no darles una alegría a esos sujetos y no perjudicar a la COPE, me callé. Pero fue uno de esos días en que estuve a punto de regalarle La mañana, con la venia de Blázquez, a Martínez Sistach. Porque, una de dos: o Perdigó y su colla decían la verdad, en cuyo caso debían echarnos de la COPE inmediatamente, o mentían, en cuyo caso debían denunciar públicamente a los calumniadores y defender a los que, precisamente después de la manifestación contra la LOE, éramos calumniados. Pero estaba ya tan macerado y tan mentalizado, que hasta resistí la tentación de repetir el famoso lema de la patronal catalana en su era pistolera: «A l'obrer y al gorrió, perdigó».

Ese mismo día 16, la campaña entró en cauce político y trámite parlamentario. La diputada por Barcelona Dolors Nadal, o sea, la perfecta catalana anticatalana según la versión sotánica nacionalista, le preguntó a la visitadora vaticana De la Vega: «El máximo responsable en el sector de telecomunicaciones y ordenación del espacio radioeléctrico amenaza a los medios de comunicación que tienen la osadía de criticar al Gobierno. Aclare si mantiene esta posición, teniendo en cuenta que la política informativa del Gobierno depende de su departamento». La valenciana tiró balones fuera: la libertad de expresión, además de los medios de comunicación, es «también de las personas, de los políticos y de los miembros del Gobierno, que no van a dejar tampoco de ejercer la que les corresponde». Efectivamente, para eso están los tribunales, pero no es eso lo que quiere el despotismo progre. De todas formas, me asombró esa forma de atacar a Montilla distinguiendo entre «personas» y «miembros del Gobierno».

El día 18 el CAC remitió a la COPE el famoso informe contra la cadena, hecho, según se jactaban en la checa audiovisual, en la propia emisora por afiliados del PSOE. No sería yo capaz de negarlo. Y tampoco habría de ser la última fechoría del que yo denuncié tras el 13-M como «el soviet del PSOE» dentro de la casa. Inútilmente, claro. El informe no tenía dentro nada, salvo ganas de jorobar. La famosa y archirrepetida frase atribuida a mí y que supuestamente decía que Zapatero sólo trataba con catalanes, terroristas y homosexuales, que a ver cuándo hablaba con gente normal, nunca pudo encontrarla el CAC por la sencilla razón de que no existía, ni siquiera manipulada. Pero la verdad es obstáculo que los nacionalistas y los progres evitan sin el menor problema. Ese mismo día, todos los grupos del Ayuntamiento de Barcelona rechazaron una propuesta de Alberto Fernández, otro catalán anticatalán como miembro del PP, en apoyo de la libertad de expresión.

La mayoría nacionalista se negó. Dijo que se trataba de un «apoyo encubierto a la COPE», y volcó la ya acostumbrada jaculatoria de la campaña: «Emisora que incita al odio entre territorios, con un lenguaje que lleva además emparejadas actitudes xenófobas, homófobas o racistas». ¡Y dale con la homofobia, el racismo y el odio territorial! Pero ¿de qué raza distinta a la española están hechos los catalanes? Y ¿cómo pueden odiarse los «territorios», entes geológicos inanimados y alalos, aunque estén poblados de analfabetos que no saben lo que significa odio ni territorio? El alcalde, Joan Clos, anestesista de ex profesión y sustituto de Montilla, se exhibió como orador al calificar de «táctica dialéctica» la propuesta del PP, dijo que «la demostración de que en este país existe libertad de expresión son los insultos del señor Jiménez Losantos» y terminó abroncando a Fernández Díaz: «Usted no hace un canto a la libertad de opinar, sino que está defendiendo a una emisora donde trabaja un personaje que insulta a quienes no le gustan; sea coherente y diga que está defendiendo a la COPE». Esto último, teniendo en cuenta el previsible desenlace de la propuesta, tal vez hubiera sido lo más lógico. Ahora bien, esa monserga de los insultos, infinitamente menores en mi programa de los que a mí me dedican en todos los medios audiovisuales catalanes, empezando por los públicos del Ayuntamiento y la Generalidad, sólo desnuda la idiocia o la inepcia de los presuntamente insultados. ¿Por qué nadie había ido a los tribunales?

El día 20, Montilla volvió a la carga. Demostrando que, pese a su indigencia académica, al menos sabe leer, repitió las atrocidades de El País días atrás y endilgó a la COPE un centón de frases injuriosas que en mí hubieran sido calificadas de «insultos». En él, de valoraciones políticas. Clausuraba la IV Conferencia Nacional del PSC y arremetió contra los populares, a los que llamó «la derecha nacional-católica» (los invitados de CiU no parpadearon), y los medios de comunicación críticos, o sea, la COPE y otros. El éxito del Estatuto, dijo, «será el fracaso del PP de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoypero también de toda la caverna mediática, liderada por la emisora eclesiástica COPE, con Jiménez Losantos y el director de un diario con pretensiones planetarias». Pidió a la Iglesia «juego limpio» y que «deje de actuar como un satélite de la derecha política contra el Gobierno y de aparecer como servidores y portavoces de la España más intolerante». Pero de devolver el dinero regalado por La Caixa no dijo una palabra.

Pocas horas después tomó el relevo de la fatigosa campaña Carod-Rovira, el interlocutor y socio político del etarra Ternera en Perpiñán. Según el todavía líder de ERC, la Iglesia «debería reflexionar y ver si participar en manifestaciones en desacuerdo con una ley es la mejor forma de actuar respecto a un gobierno democrático». Otro demócrata contrario a la libertad de manifestación, como Franco, Antonio. Los obispos deberían extender ese «análisis» a su política de medios de comunicación, porque la mayoría de ciudadanos de Cataluña y la mayoría de católicos catalanes «están en contra de la actitud anticatalana de medios como la COPE». Probando su voluntad dialogante, el ex seminarista sentenció: «Ha llegado el momento de que el Gobierno empiece a revisar si los acuerdos existentes entre dos Estados, el español y el del Vaticano, tienen que seguir igual o bien han de ser adaptados a los nuevos tiempos, al siglo XXI». No aclaró Carod a qué Gobierno se refería. ¿Al de Madrid, al de Barcelona? Mandaba en los dos.

Y ese mismo día, en La Voz de Asturias, Alvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y turbio conductor del PSOE en la Comisión del 11-M, se despachaba también contra la COPE y sus accionistas mayoritarios: «La financiación de la Iglesia choca con la Constitución (…) También gastan mucho en la COPE, que nos digan cuánto y cómo lo financian. Parece que el dinero que les llega del Estado no les resulta útil para minorar [sic] gastos como el de la COPE (…) La Iglesia ha recibido una sobrefínanciación de 200 millones los últimos cinco años; no puede ser que un musulmán tenga que sostener a la Iglesia». Sin embargo, la Iglesia sí socorre a los musulmanes que naufragan en pateras gracias al «efecto llamada» del Gobierno de Zapatero. ¿O acaso Cuesta sólo trasladaba la queja de musulmanes como Benesmail o Almallah, implicados en el terrorismo islámico y protegidos o afiliados al PSOE?

El día 24 de noviembre comenzó una semana decisiva en la campaña contra la COPE. El Tripartito catalán, pendiente del Estatuto y del futuro referéndum, quería cerrar la COPE cuanto antes, de forma que aceleró la conversión del CAC en censura político-administrativa, en homenaje a Mussolini, y se fue también al Vaticano, en homenaje a De la Vega. Emulando su clamoroso éxito, la delegación oficial del Gobierno catalán encabezada por Xavier Vendrell, quiso presentar una queja, quizá de Estado a Estado, por los contenidos «anticatalanes» de la cadena COPE, en especial del programa La mañana. Pero en la Secretaría de Estado de la Santa Sede no fueron recibidos por nadie. Ni Sodano ni su segundo ni su tercero. Les atendió un minutante —oficial de segunda— al que Vendrell entregó un dossier informativo que incluía una copia del manifiesto de cuarenta intelectuales católicos contra la COPE y una presunta transcripción de algunos comentarios y editoriales. Vendrell dijo que el Vaticano, o sea, el minutante, «tomó nota formalmente» de la queja presentada y afirmó: «Percibimos que su interés por muchos temas, entre ellos la COPE, era importante». En los oficiales de segunda del Vaticano no hay otro tema de conversación. El portavoz adjunto del PPC en el Parlamento, Daniel Sirera, censuró que el Gobierno «malgaste recursos de los catalanes en hacer viajes para acallar la voz de alguna emisora de radio», y recordó que María Teresa Fernández de la Vega, «ya fue a quejarse, y el Vaticano respondió que ello se debía hablar en España».

Pero el viaje, como todos los de los tartarines nacionalistas, era sólo una pamema para consumo interno. Ese mismo día Avui titulaba: «Pinza contra Federico». Se trataba de ese manifiesto de «quaranta intellectuals católics contra la calumnia i la mentida que fomenta l'emissora». La otra pata de la pinza era una multitud de cinco o seis elementos de las juventudes de ICV que se concentraron (mejor, reunieron) ante la sede de la COPE en Barcelona con carteles que decían «La COPE, intoxicación mediática» y pedían a los anunciantes que retiraran sus contratos de la emisora. Curiosa confianza de los comunistas en el capitalismo. A esas alturas, sobre todo desde el caso del juez Fardo, en El Mundo y La Razón comenzaban a menudear las réplicas a los nacionalistas, todas irritadas y algunas feroces. Incluso en el ABC, quizá como última excepción, se publicó una columna de Rodríguez Marchante titulada «La corrupción no crispa» en la que decía: «Con lo fácil que lo pone la democracia: si la COPE dijera mentiras o difamara a alguien, lo que tendrían que hacer los manifestantes es irse a un juzgado de guardia y empapelar a la COPE o a Jiménez Losantos como se merece. Ahora bien, si lo que se dice en esa emisora es verdad el único recurso que les queda es ése: irse a la puerta a ver si les calla mediante métodos "democráticos"». E ironizaba: «Lo democrático sería que los programas políticos de la COPE no hicieran ya más alusiones a ese caso [el de Montilla y los mil millones de La Caixa]. ¡Ya está bien…! Hablando de ello lo único que se consigue es crear un clima de crispación y fomentar el anticatalanismo. Como si el catalanismo o la tranquilidad consistieran en embolsarse varios cientos de millones (…) La corrupción no crispa: sólo crispa hablar de ella».

Pero El País, y no por casualidad, concedió ese día el máximo protagonismo al mínimo piquete de los seis jóvenes «sandías», verdes por fuera y rojos por dentro. «ICV pide acabar con los privilegios que la Iglesia usa para sembrar odio», decía el diario de Polanco. El odio, siempre el odio, era el lema de la campaña, el signo que distinguía a los verdugos voluntarios dispuestos a cerrar la COPE. Era ya una campaña típicamente totalitaria, de odio nacionalista y progre contra quienes combatíamos intelectualmente, sin violencia pero sin complejos y desde un nítido liberalismo español, un Estatuto beligerantemente antinacional, a una opa que era un atraco y a lo que ambos anunciaban para España: un proyecto de régimen despótico, antiliberal y antidemocrático. El afán de los montillas y polancos estaba a la altura de su proyecto; era tan monstruoso como su odio. Pero, como todo mantra al estilo soviético, ese odio resultaba interminable, inagotable, abominable, insoportable. ¡Y lo que todavía nos quedaba por soportar!

Muchas risas y grandes alegrías mientras La Cosa avanza

En El Periódico de Franco el Joven, visto el fracaso de la movilización sandía, decidieron volver a lo eficaz: el trasteo de la Conferencia Episcopal. En este caso, Blázquez. El estilo, desmañado y a pegotones en forma de citas, avala que sus fuentes son clericales y nacionalistas, como desde el principio. Al cabo, también a las mitras separatistas les conviene cavar trincheras contra la COPE, camino de su independencia. La utilización de Blázquez sigue las pautas de esos maulas o maulets y se resume así: «Los obispos españoles están preocupados por el daño que pueda hacer a la Iglesia católica el control de algunos espacios de su emisora de radio, la COPE, por parte de propagandistas de la extrema derecha como Jiménez Losantos». El Periódico, citando fuentes de los obispos, dice que Blázquez ha sido firme en contra de «los mensajes de La mañana» pero que se decidió no «sacrificar a nadie» dados los resultados de audiencia. Y avanzando como almogávares al grito de «Embolica, que fa fort!», o, traducido al romántico, «líala otra vez, Sam», añaden: «Blázquez prometió introducir moderación».

Diríase que a don Ricardo quieren también volverle loco. De creer a los maulets de tinta roja, introduciría «moderación». ¿Y eso qué es, en boca, manos o pies del papel zetáceo? ¿Acaso no hablar más en la COPE de la corrupción de Montilla; o del caso del Carmelo; o del Caso Casinos (Convergencia) o del Caso Pallerols (Unió)? Todos ellos son alardes de cleptocracia al aire libre y, por si llueve, bajo techo, indoor, que diría Samaranch, el puente entre el franquismo y el separatismo sin pasar por la democracia. ¿Acaso renunciar a contar a toda España la marginación bendecida o la repugnante persecución de los castellano-hablantes, pieza clave de la ruptura de Cataluña con el resto de España? ¿Abandonar la crítica a un Estatuto que acaba con el concepto de pueblo español, de nación española y de igualdad de los ciudadanos españoles ante la ley? ¿Qué debería moderar la COPE? ¿Su aversión a la corrupción y al separatismo? Si la COPE vale algo, privarla de denunciar tanta ignominia, a voz en grito si es menester para compensar tanta afonía moral, sería tanto como darle garrote vil. Que es la suerte en la que se empeñan a diario los nacionalistas y sus cofrades de la secta progre. El tipo de razonamiento es tan astroso como cabía esperar: si nuestro mensaje es malo pero llega cada vez a más gente, con más motivo deberían acallarlo; si es bueno y se extiende, defenderlo. Que es lo que hace la mayoría episcopal, con Blázquez a la cabeza, a despecho de la ultraminoría nacionalista, supuestamente también con Blázquez. El resultado es el de siempre: turbiedad, intriga, basura y desperdicios.

Pero pocas horas antes de la moderada deposición franquiana, hubo momentos para el jolgorio y la algazara en el hemiciclo de las Cortes. El motivo de la juerga fue, cómo no, Montilla. El espantásuegras, Fernández de la Vega. La ocasión, una cuádruple intervención —Acebes, Zaplana, Nadal y Alberto Fernández— sobre las andanzas liberticidas y opáceas del ministro de Industria, con la cuádruple mala intención de que dimitiera; por despotismo flagrante contra la COPE y corrupción notoria contra Endesa.

Moraleda y sus cofrades en la Kominform monclovita habían planeado la defensa del Indefendible en 19 puntos, que debía leer la vicepresidenta para darle más énfasis y evitar que el ministro se defendiera a sí mismo, es decir, que naufragara en un piélago de «eeeees» y perdiera clamorosamente el debate. Pero, ay, bastó que la doña leyera el primer punto de los diecinueve que ameritaban la continuidad montillesca.

—Miren, señorías: ha aprobado una Ley de Comercio para evitar la morosidad en los pagos…

La carcajada atronó el hemiciclo. No pocos socialistas se reían por lo bajini; sus aliados, con la boca torcida; los del PP, a mandíbula batiente; los más jóvenes lloraban de risa; los mayores parecían borrachos en una boda, tal era el rojo festivo de su sofocón; y, allá al fondo del banco azul, Montilla pensaba, amoscado, que tal vez los suyos estaban rematando su cadáver político o el escaso crédito milmillonario que le quedaba. Tanto fue el estrépito que el presidente, Manuel Marín —según algunas crónicas, pero no es posible asegurarlo—, se despertó. Pero cuando facultó a De la Vogue para seguir con la laudatio montillesca, fue peor. A cada mérito enunciado, los populares coreaban «¡Oooolé!». Y cuando terminó diciendo «es un buen ministro y un hombre ponderado», aquello se venía abajo. Si cobraran más, los diputados populares le habrían arrojado a aquella Conchita Cintrón rediviva aunque apochada sus relojes de oro, y las diputadas sus rebecas y peinetas, amén de flores, puros y los clásicos sombreros cordobeses, adecuadísimos para la ocasión.

Pero uniendo lo útil a lo agradable, Zaplana se fue hacia el miura —un ejemplar raro en ese hierro: negro zainote, bragado y, sobre salpicado, chorreado y botinero— y plantó estos rehiletes al quiebro, recreándose en la suerte: «Esta situación es sólo una continuidad de cuando en tiempos de Felipe González se les calificaba de "gusanos goebbelsianos" o "vendaval antidemocrático". (…) El problema no son los periodistas, es que ustedes creen que pueden gobernar sin controles. El responsable regulador no puede amenazar a los medios e insultar a sus profesionales. El problema de nuestra democracia, desgraciadamente, vuelven a ser ustedes».

Montilla, el pobre, como no podía defender ni el copecidio ni el endesacidio, decidió calumniar por elevación y dijo que Manuel Pizarro financiaba a FAES, y que ése era el origen de las denuncias del PP contra él. Si hubiera sido cierto habría sido legítimo, pero, además, era falso y Pizarro lo llevó a los tribunales, que le darían o le darán La Razón —porque la tiene— demasiado tarde y sin «corregir» al cobrador del PSC. En cuanto a la COPE, volvió la burra al trigo: «No he cercenado la libertad de expresión y basta con oír emisoras donde me acusan de delitos, y quienes atentan contra la libertad de expresión son los que retuercen hechos y calumnian». Ni fue a los tribunales, ni devolvió el dinero de La Caixa, ni dejó de espaldar con toda clase de ilegalidades la opa cuyo exquisito trámite debería vigilar. Pero, como Marco Antonio diría de Bruto, «Montilla es un hombre honrado». El asesino de César sí lo era. Tal vez por eso mismo, le fue peor que a Montilla.

La vicepresidenta añadió otro clavo al ataúd de su credibilidad moral, cuando justificó el acoso desvergonzado de Montilla a la COPE diciendo a los populares: «¿De qué medios me habla, de aquellos que [ustedes] intentaron amedrentar, silenciar y hasta encarcelar?». Se refería, obviamente, a la manipulada versión de Polanco según la cual haber cambiado como hizo él de una plataforma digital a otra cientos de miles de millones en depósitos sin informar a los dueños del dinero no merecía siquiera la apertura de un expediente informativo que podría acabar en posible instrucción de un sumario sobre una posible —evidente— irregularidad. Razón por la que prohibió un viaje a Estados Unidos del Emperador, luego permitido. Tras una campaña del mismo jaez que ésta contra la COPE y gracias a muchas prevaricaciones y prevarigalupaciones en el Supremo, Polanco acabó echando de la carrera judicial a Gómez de Liaño, el episodio más abyecto de la justicia española hasta la instrucción del juez Del Olmo en el 11-M.

Lo natural entonces habría sido recordar, amén de esa cascada de prevaricación, la no menos caudalosa del antenicidio, cuando el Gobierno socialista de González, con Semprún en nómina a lo Montilla, tramó con Polanco, dueño de la segunda cadena de radio, la compra y cierre de la primera, Antena 3 Radio. Zaplana no lo hizo, porque si bien el Supremo ordenó que Polanco devolviera las frecuencias ilegalmente obtenidas, el Gobierno del PP jamás ejecutó la sentencia, y tampoco el de Zapatero, que decidió legalizar por las malas lo que no se atrevía a ejecutar legalmente por las buenas. En lo que a Polanco toca, los del PP salen de toriles cornudos y afeitados, así como apaleados.

El Supremo da la razón a la COPE contra la Generalidad

El día 29, el Tribunal Supremo nos dio otra alegría, largo tiempo esperada, con una sentencia de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo que daba la razón a la cadena COPE al estimar el recurso de casación interpuesto por esta emisora. Con esta sentencia, el Supremo anulaba la resolución de la Generalidad de Cataluña de 1998 en la que se denegaba la renovación de la concesión para la gestión de la emisora por la que la COPE emite en Barcelona en el 102. 0 de la FM. La sentencia reconocía claramente el derecho de la COPE a la renovación de dicha concesión porque no cabe aplicar normas a las concesionarias radiofónicas con carácter retroactivo. Añadía que las concesiones en Cataluña ya debieron ser renovadas en su momento. Por decisión del entonces Gobierno de Jordi Pujol (CiU, no olvidemos a Duran), la Generalidad catalana decidió de forma manifiestamente ilegal no renovar la licencia con la que COPE emitía en Barcelona, al igual que otras ubicadas en Manresa y Tarragona.

Estas emisoras habían seguido emitiendo en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que aceptó el recurso presentado por la COPE en contra de la resolución del concurso convocado por la Administración catalana, que otorgó al Grupo Godo (nada que ver con su campaña contra la COPE) justamente la licencia hurtada en Barcelona. En declaraciones a COPE, su abogado defensor, José Manuel Villar, del despacho de abogados Villar-Arregui, consideró que esta sentencia marcará una pauta a los poderes públicos y que era muy importante para la libertad de expresión en España. Con esta sentencia en la mano, según Villar, las Administraciones deberían tener claro que no se puede renovar caprichosamente una concesión en función de la ideología o las opiniones que vierta un medio de comunicación.

Villar es un optimista. El portavoz de la Generalidad, Joaquim Nadal, reaccionó al descalabro legal haciendo mención a futuras concesiones de emisoras. «Si se trata de una sentencia firme, y siendo del Supremo lo es, el Gobierno lo que tiene que hacer es acatarla. Otra cosa es la acción del Gobierno catalán en materia de concesión de licencias de radiodifusión que continuará ejerciendo con sus propias competencias y en los términos de cumplimiento de la legislación vigente». A continuación, Nadal recordó el dossier contra los programas La mañana y La linterna elaborado por el ya famoso Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), controlado por el partido de Nadal y Montilla. El propósito de enmienda legalista brillaba por su ausencia entre los déspotas, como casi al mismo tiempo pudimos comprobar.

El CAC omnipotente y la traición de Piqué

El Tripartito, poco influido por los aires vaticanos, decidió colocar al CAC por encima del Supremo y lo invistió por ley de poderes tan extraordinarios como ilegales. Al respecto, promovió unas leyes que basta leer para comprobar el jaez de esa cosa:

Artículo 4. LIBRE ELECCIÓN

Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz y a escoger libremente los servicios audiovisuales que quieren recibir sin que los intereses privados y los poderes públicos puedan sustituir sus decisiones.

Artículo 7. VERACIDAD INFORMATIVA

La información difundida por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual debe ser veraz. Se entiende por información veraz la que se fundamenta en hechos que se pueden someter a una comprobación diligente, profesional y fidedigna.

Artículo 76. F. PRINCIPIOS BÁSICOS REGULADORES DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES

En el marco del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, la realización de actividades de comunicación audiovisual se somete a los límites siguientes: (…) hacer una separación clara entre informaciones y opiniones, y respetar el principio de veracidad en la difusión de la información. Se entiende por información veraz la que es el resultado de una comprobación diligente de los hechos.

Artículo 128. INFRACCIONES MUY GRAVES

Son infracciones muy graves: el incumplimiento de los principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales (ver art. 76. F).

Artículo 132. 2. SANCIONES

Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa de 90.001 a 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un periodo máximo de tres meses. (…) En el caso de comisión reiterada en un año de dos infracciones muy graves, declaradas por resolución firme o de tres o más graves, el CAC puede acordar el cese definitivo de la prestación de los servicios audiovisuales por parte del responsable (…).

Artículo 109. NATURALEZA DEL CAC

El CAC actúa como autoridad reguladora y ejecutiva dotada de plena independencia en relación al Gobierno (…).

Artículo 111. FUNCIONES DEL CAC

Además de las que ya tenía, ahora:

Vela por el respeto de los derechos y libertades en el ámbito de la comunicación audiovisual.

Vela por el respeto del pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural.

Otorgar las licencias.

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

Potestad de inspección, control y sanción que atribuye esta ley.

Artículo 112. POTESTADES DEL CAC

Puede adoptar medidas cautelares para evitar que el incumplimiento de las obligaciones produzca un perjuicio grave e irreparable al pluralismo, la libertad de comunicación o los derechos de los ciudadanos. Estas medidas pueden comportar la suspensión provisional de la eficacia de la licencia.

Puede imponer multas coercitivas.

Artículo 113. POTESTAD REGLAMENTARIA

El CAC tiene potestad reglamentaria para desarrollar los preceptos de esta ley.

(…)

Cuando se conoció en su literalidad este nuevo engendro totalitario catalán, la reacción en las asociaciones mundiales de periodismo (no en las catalanas, claro, que aplaudieron servilmente «su» censura, suponiendo que era sólo para los «forasteros») fue inmediata y durísima. El Comité Mundial de Libertad de Prensa, que reúne a 45 grupos pro libertad de prensa de todo El Mundo, envió sendas cartas a los presidentes de la Generalidad y el Parlamento catalán, Pasqual Maragall y Ernest Benach, en las que pidió poner fin a un «órgano censor» como el CAC. Asimismo, el Comité (WPFC, en sus siglas en inglés) puso el grito en el cielo, afirmó que no se recordaba en España «algo parecido desde los órganos censores franquistas» y advirtió de que el CAC es un «ente de características únicas en Europa Occidental y la Unión Europea». Vamos, que lo raro y maligno en Europa no es la COPE sino el CAC.

Sin embargo, es posible que el CAC no hubiera visto la luz, o no tan pronto ni con hechuras tan nazifascistoides sin la colaboración del PP con sus designios liberticidas, o dicho de otro modo, sin la traición del PP de Cataluña a la COPE, que, como todo El Mundo sabía, era el primer y casi único objetivo a abatir por el CAC. No por casualidad fue conocido muy pronto popularmente como Comité Anti-COPE. Lo era.

La traición de Piqué fue aviesa y retorcida pero envuelta en celofán, o sea, en su simpático y melifluo estilo de sonrisa y puñalada. Santiago Rodríguez era el diputado ponente del PPC y dio el visto bueno al dictamen en la comisión del CAC. Por aquel entonces, en declaraciones a Libertad Digital, el propio Rodríguez se felicitó de que la ley saliese adelante por unanimidad y trató de convencer al redactor de que no había que tener miedo a que se exigiera veracidad. El entrevistador no daba crédito a sus oídos cuando Rodríguez insistió con orgullo en que hasta entonces el CAC siempre había adoptado sus decisiones por unanimidad. La unanimidad, rasgo propio de las dictaduras, es el máximo designio tribal de los nacionalistas, y aunque afrenta para cualquier liberal, es el regazo totalitario y dulzón en que aspiran a recogerse los burócratas piquepeperos.

Las noticias de COPE y Libertad Digital no acarrearon precisamente elogios a Piqué y el PPC, sino que desde el propio partido lo pusieron de vuelta y media. Había engañado a Rajoy participando en la ponencia del Estatuto separatista con la excusa de que no se aprobaría nunca. Ahora se unía al proyecto nazi-fascista del CAC para cerrar la COPE, para uncirse al yugo unánime de la tribu, cuyo enemigo máximo era y es el PP. Incluso la privanza rajoyesca de Piqué sufrió un serio quebranto, así que el tantas veces ministro de Aznar tuvo que rectificar… a su manera. El PPC solicitó un informe al Consejo Consultivo que, en la práctica, paralizaba varios meses, si no un año o dos, la votación en el pleno del Parlamento autonómico. De ese modo, las posibles decisiones de cierre de emisoras o denegación de licencias que pendían sobre la cadena COPE quedaban automáticamente en entredicho. Sin embargo, el segundo de Piqué, el nacionalista Vendrell, con el respaldo del primero y la obediencia del tal Rodríguez, abortó enseguida la estrategia que tanto favorecía a la COPE. También la traición fue retorcida: sin avisar a nadie, de pronto retiró la petición del informe al Consejo Consultivo provocando que el trámite parlamentario volviera a la situación anterior, es decir, que desbloqueó el nuevo CAC que él mismo había bloqueado. La miserable excusa del Trío Calavera —Piqué, Vendrell, Rodríguez— fue que votarían en contra de ciertos artículos y tratarían de limitar las competencias del CAC. Pero lo cierto es que sin su traición no se hubiera podido votar nada, ni por tanto aprobar el CAC. Han pasado cosas luego en Cataluña que permiten suponer que con una tenaz y nobilísima labor obstrucionista, el Tripartito hubiera muerto antes de nacer el CAC. O no. Pero la comadrona de ese hidrocéfalo lombrosiano fue el PP de Cataluña, o sea, Piqué. Así pagó a los únicos que lo defendían. Las ratas, al menos, no tienen capacidad de elegir.

El manifiesto de Euroluis Herrero y la apelación a los oyentes

El día 29 de noviembre, Luis Herrero anunció en La mañana que pensaba llevar al Parlamento Europeo una petición popular en defensa de la COPE frente a la vil campaña de exterminio de que era objeto. A tal efecto, había redactado con otros ocho periodistas un manifiesto cuyo respaldo firmado pedía a los oyentes. El manifiesto no se hizo de un día para otro y a Luis le costó bastante alcanzar el consenso con Pedro Jota, vitalmente necesario. Pero apenas anunciado en antena, toda la ansiedad contenida y toda la indignación acumulada en nuestra audiencia se desbordaron. El texto era éste:

El asalto a la COPE desde el Congreso de los Diputados

Al día siguiente, 30 de noviembre, se abrían en toda España las puertas de nuestras emisoras para que los oyentes que lo desearan firmaran en apoyo del manifiesto de Luis, más Euroluis que nunca, y los nueve de la fama. En Madrid hacía un frío de perros, pero antes de poner el libro de firmas ya había una cola de oyentes poco amigos del sueño —abundaban los jubilados madrugadores y los estudiantes trasnochadores— para los que la COPE era —es— su devoción laica, su alimento político e ideológico y su diaria inyección de moral frente a la apisonadora mediática progre.

Se había iniciado ya la firma, que incluía el número del carné de identidad, cuando un piquete vestido de amarillo y proveniente del Congreso de los Diputados atropello a los firmantes y, provistos de megáfono, procedieron a increpar a la COPE y a encadenarse a una de las rejas, mientras desplegaban una pancarta en catalán que decía «Aturem la cadena de l'odi» o sea, «Paremos la cadena del odio». A tal efecto y en prueba de amor al prójimo —faltaban tres semanas para Navidad— se encadenaban y atropellaban los derechos constitucionales de un medio de comunicación y el derecho de reunión y manifestación de unos ciudadanos cuyas libertades habían jurado defender los cabecillas del grotesco espectáculo: dos diputados de ERC, Tarda y Puig, famoso el primero por su incapacidad expresiva y el otro por su hazaña fascista de ese mismo verano, cuando en homenaje al muñeco de Michelín, en bañador y con el carné de diputado en la boca, asaltó violentamente la casa y la piscina de Pedro Jota Ramírez en presencia de sus hijos. Estos diputados de la Esquerra venían acompañados de un selecto grupo de periodistas catalanes destacados en Madrid como presuntos corresponsales —ya hemos visto cómo sus medios procesaban sus informaciones— que departió sonrientemente con los golpistas de amarillo y los representantes separatistas mientras se atropellaba el derecho a la información y la más elemental urbanidad ciudadana. Los periodistas eran del mismo género que los políticos cuyas gracias reían. Y ambos, envilecedores del Congreso de los Diputados que, según supimos después, había acogido toda la preparación del aquelarre fasciocatalanista o racista-fascista, a elegir.

Una vez desalojados por la policía los que nunca deberían salir de las rejas, puesto que de gorilas con vocación de presos se trata, se produjo el espectáculo habitual en esta España venida a menos que regenta Polanco y desgobierna Zapatero. Puesto que la víctima era de derechas y había sido señalada y estigmatizada previamente por los medios izquierdistas y nacionalistas, los gorilas fueron proclamados héroes. La hazaña fasciocatalana fue saludada con algazara por la jauría progre en Madrid y Barcelona, festejada en los telediarios, reivindicada orgullosa por la propia Esquerra y respaldada por el Tripartito. Y aun siendo eso repugnantemente totalitario, propio de los «actos de repudio» de la dictadura cubana contra los disidentes, y acaso por eso mismo, aún resultó peor la reacción oficial del presidente de las Cortes, que se negó a condenar el uso del Congreso para preparar asaltos a empresas privadas de comunicación. Y no digamos el presidente del Gobierno, que se negó públicamente a condenar el asalto. Del Zapatero que vino a la COPE diciendo todas las cosas que en el apéndice de este libro pueden recordarse a este torvo y ladino liberticida que celebraba el acoso a la cadena, ¿qué queda? Sólo la prueba de la realidad, única medida indiscutible de la acción política. Y un refrán: «Quien no te conozca, que te compre».

En cuanto al Rey y la Reina, el Príncipe y la Princesa, las tribus de los urdangarines y marichalares, los azas y azadones de La Zarzuela, todavía estoy esperando una visita de apoyo, un mensaje de aliento, una llamada que no sea para pedir lo mismo que Montilla o ERC: que los obispos me quiten de en medio. O sea, que con el partido que asalta la COPE, «hablando se entiende la gente». Pero como la COPE no debe de ser gente, con nosotros, ni hablar. Gracias, Majestad. Si se cumple la Biblia, cosecharéis lo que Vos sembráis y algún día recibiréis el ciento por uno. Como diría Montilla: ¡menuda comisión! ¡Ni La Caixa!

La emocionante respuesta de la audiencia

El efecto del asalto a la COPE por ese piquete de diputados, enmascarados y periodistas catalanes en turbia y delictiva mezcolanza fue doble. Por un lado, demostró lo que muchos suponíamos: el envilecimiento de las instituciones representativas, que sobre pisotear la soberanía nacional disfrutaban pateando las libertades cívicas. Por otro, que sólo tendríamos el apoyo de los oyentes y de cuantos con ellos sufrían como propio el atropello de los derechos más elementales de los españoles a manos y pies de los separatistas, socios del Gobierno legal pero ya muy poco legítimo de España. Y los oyentes no nos fallaron. Durante todo el mes de diciembre y a lo largo del invierno acudieron a la COPE con su carné en la mano, con la mansa obstinación del que tiene derecho y la voluntad severa del que tiene razón. Vista en perspectiva, cada firma es el mejor regalo que puede soñar un periodista, la mejor recompensa que puede esperar un intelectual, el mayor acicate que precisa un ciudadano para sembrar en los surcos abiertos y roturar campos nuevos. Cuando en los meses siguientes salía de la emisora al terminar mi programa y a través de los cristales tintados veía sin ser visto a los que hacían cola en las puertas de la COPE para apoyarnos, no sólo me sentía recompensado por tantas bofetadas sino que me fortalecía en el empeño que me llevó a fundar Libertad Digital, primero como periódico en Internet, luego como cadena de televisión; mañana, a través de cualquier otro medio físico o técnico, real o virtual, inventado o por inventar.

Porque hay un reproche que sí se puede hacer, que deberíamos hacernos los que en la Numancia de la COPE hemos resistido los embates de los enemigos de España y de la Libertad. Durante muchos años nos hemos acogido a sagrado, a la protección de la Iglesia, refugio de los prófugos, buenos y malos, decentes e indecentes. Pero hemos perdido un tiempo precioso defendiendo mucho lo que al cabo era poco y fundando, ay, absolutamente nada. La fragilidad de la COPE no proviene sólo de las peculiaridades de la propiedad episcopal, ni de la peculiar astucia de don Bernardo, ni de la ambición de sus ejecutivos sucesivos, ni siquiera de la mayor o menor hostilidad de los gobiernos. Lo que la hace débil es que no haya más cadenas de orientación similar, donde católicos y liberales compitan entre sí por un público de millones de personas, al que se limita de forma dramática su capacidad de elegir, convertida desde 2004 en simple voluntad de apoyar.

Si el cierre de la COPE no supusiera el cierre de una corriente de opinión amplísima, que sustenta los valores menos perecederos de la vida nacional, campañas como la de ese otoño de 2005 no se producirían. O, de producirse, tendrían una eficacia mucho menor. ¿De qué serviría echarme a mí, a César Vidal o a Ignacio Villa de la COPE si teníamos otras cadenas similares adonde ir? ¡Como no fuera para mejorar nuestros sueldos! La COPE puede sobrevivir de milagro, como hasta ahora, o venir a menos hasta desaparecer. Pero es más difícil que desaparezca si no está sola. Y como no vamos a encontrar fácilmente empresarios liberales dispuestos a enfrentarse con Polanco y demás instituciones del terror progre, tendremos que ser nosotros y los que vienen detrás, que no son pocos ni mal pertrechados intelectualmente, los que fundemos no uno sino muchos medios de comunicación en los que la libertad respire y nuestra patria se asiente. El día en que otra cadena supere a la COPE en su mismo terreno y otro Federico me retire a mí, habremos triunfado. Antes, no.