KAS-EKIN-Xaki

Actividades económicas de KAS

El 29 de marzo de 1992 fueron detenidos, en la localidad francesa de Bidart, los responsables de la dirección de ETA: Francisco Múgica Garmendia (Pakito), José Luis Álvarez Santacristina (Txelis) y José María Arregui Erostarbe (Fiti). Se les intervino una multitud de documentos, entre los cuales figuraba uno que sería fundamental en la investigación porque ayudó a desvelar los entramados económicos del complejo terrorista. Se titulaba Reunión de responsables del Proyecto Udaletxe y en algunos de sus párrafos se exponía, literalmente, lo siguiente:

El responsable de tesorería, expone el tema proyectos. Necesidades de coordinación dentro del Udaletxe. Ante la nueva forma de estructura, ver vías de financiación de los proyectos. Los clasifica de dos modos: uno, negocios (Trozna, etc.), y dos, referente al resto. Lo recaudado por venta de materiales (camisetas, pegatinas, mecheros, mus, etc.) cuotas […].

Presentar todas las organizaciones de Udaletxe, su proyecto anual a comienzos del mismo, indicando medios de financiación de cada una de ellas, para así conocerlas y poder arrancar.

Componentes de la comisión de proyectos, fundamental elementos de Udaletxe, para coordinar, contar con los tesoreros de Foru Aldundia y Udaltzaingoa […].

Proyectos de Udaletxe, se hace una lectura memorizada de los diferentes negocios que nos valen en la actualidad, tanto para la financiación en general de los proyectos, como para situar contactos con personas de empresas, con peso específico en los consejos, por aportaciones de capital procedente de gente afín al MLNV.

En el mencionado documento se hacía referencia a un grupo empresarial coordinado por lo que en él se denominaba Comisión del Proyecto Udaletxe, formado por miembros de KAS. La tarea de esta comisión era «planificar las consignas económicas para toda la organización terrorista ETA, incluida su “organización armada”».

En el documento Reunión de responsables del Proyecto Udaletxe se indicaban los medios de financiación de la organización terrorista, especificándose las estructuras que lo integraban, clasificándose las empresas con arreglo al siguiente esquema: grandes empresas y negocios rentables. Entre las primeras estaban AEK, HB (identificada con un nombre en clave, Foru Aldundia) y Gestoras Pro Amnistía (Amnistiaren Aldeko Batzordeak), oculta bajo el nombre Udaltzaingoa; entre los segundos, Ganeko (agencia de viajes), Aulki (alquiler de infraestructuras festivas, sillas, mesas), Banaka (compañía gestora-financiera de las entidades del MLNV) y Azki (seguros).

Además, en él se sistematizaba también la distribución de los beneficios económicos obtenidos de la siguiente manera: el cincuenta por ciento para HB (Foru Aldundia), el treinta por ciento para Gestoras Pro Amnistía (Udaltzaingoa) y el veinte por ciento restante para KAS (Udaletxe).

El control de estas estructuras financieras era ejercido en última instancia por la «organización armada» a través de KAS, que colocaba al frente de las mismas a militantes cualificados de esta organización.

Los objetivos de esas fuentes de recursos eran tres: la financiación del desarrollo de actividades empresariales en Iberoamérica para procurar el autoabastecimiento de los colectivos de huidos y deportados de ETA; el control de la gestión financiera del dinero procedente de las actividades de tales empresas, situando de hecho a responsables de KAS al frente de dichas estructuras; la administración de los rendimientos de las empresas, para atender las necesidades del colectivo de huidos y refugiados de ETA en Iberoamérica cuando estos no conseguían cubrirlas con los medios de producción propios que les facilitaban, especialmente en Cuba, donde se llegaron a pagar sueldos mensuales de mil dólares a los responsables de la organización terrorista al frente de las empresas y se financiaron los gastos de infraestructura empresarial con cargo a la caja común de KAS.

El mantenimiento de la estructura de KAS que permitió el desarrollo estratégico de ETA requería la dedicación exclusiva de ciertas personas dedicadas a la gestión de su estructura, los llamados liberados, personas que percibían una remuneración económica a través de diversas vías por sus servicios. El sostenimiento de estos «liberados» de KAS se produjo en un principio a través de la estructura de AEK, que se configuró como una de las grandes empresas del proyecto de financiación de ETA, y desde la cual se atendía el pago de los sueldos mensuales, así como cantidades variables por diversos conceptos. Al frente de AEK se situó a Juan María Mendizábal Alberdi, posteriormente integrado en EKIN, mientras que Iker Beristaín Urizabarrena se encargó de la tesorería.

En la contabilidad de AEK aparecían con una remuneración fija mensual como liberados absolutos y con la cobertura de ciertos gastos personales, con cargo a KAS, varias personas sin actividad propia en la coordinadora: aparte de Mendizábal y Beristaín, estaban Javier Alegría Loinaz, Segundo Ibarra Izurieta, Paul Asensio Millán y Elena Beloqui Resa. También figuraban, con remuneraciones variables para la adquisición de bienes de consumo o cobertura de gastos personales, Rubén Nieto Torio, la empresa Ardatza S. A. y la organización Jarrai.

En el referido documento del Proyecto Udaletxe se plasmaban, además, numerosas «empresas menores». Entre las que fueron investigadas judicialmente figuraban Gadusmar y Untzorri Bidaiak-Ganeko.

Resulta evidente e indudable que AEK fue uno de los instrumentos más utilizados por la organización terrorista ETA para la financiación de sus proyectos económicos.

Frente mediático de ETA-KAS: Orain-Egin

La segunda operación, de acuerdo con el esquema establecido, recibió el nombre de Operación Persiana contra la estructura mediática del MLNV y giraba en torno al grupo empresarial Orain, editor del diario Egin. Fueron detenidos quince responsables de KAS, en su mayoría vinculados con aquel grupo empresarial, y se clausuraron cautelarmente el diario Egin y la emisora de radio Egin Irratia. La empresa Orain, penetrada por ETA, era una estructura de la propia organización, mientras que el periódico y la emisora eran utilizados por esta con una clara finalidad criminal.

Se había organizado un operativo de más de trescientos policías en el País Vasco. La sede de Egin estaba en Hernani y el registro estaba previsto hacia las dos o las tres de la mañana, durante el turno de rotativa de la noche, cuando había menos personal trabajando. Pero por alguna razón el horario no funcionó como estaba pensado. La policía accedió a las instalaciones y Natalia —la secretaria judicial—, el jefe de la comisaría de Bilbao, los escoltas, Enrique Molina y yo entramos sobre las seis y media o las siete de la mañana.

Allí dentro, en un recinto rodeado por una valla metálica, habría unas cien personas, gritando insultos contra todos nosotros. De pronto, escuché un grito: «¡Hijo de puta!». Me giré preguntando: «¡¿Quién ha dicho eso?!». Enrique Molina, algo nervioso, me dijo: «¡Chaval! ¡Que nos van a dar!». Yo repetí la pregunta, esta vez más alto: «¡¿Quién ha dicho eso?!». La gente empezó a dar marcha atrás… «¡Joder, macho! ¡Pues sí que los acojonas!», susurró Enrique. En ese momento empezaron a salir del edificio de Egin cientos de policías vestidos de negro con los escudos y los pasamontañas y con las defensas en la mano. Creo que Enrique se quedó más tranquilo.

El registro duró más de siete días, en los que revisaron y seleccionaron carpetas, documentos y una multitud de papeles. Todo quedó precintado y Natalia siguió yendo con los funcionarios de la policía para llevarse documentos. Fue sorprendente la cantidad de llamadas que recibíamos el fiscal y yo de personas interesadas en averiguar si su nombre aparecía en los paneles de información que manejaba el redactor jefe Pepe Rei y si eran objeto de interés. Unos temían ser objetivo de ETA, mientras que otros incluso se molestaban por no figurar en los papeles de Rei, que los tenía clasificados en carpetitas por orden alfabético, donde incluso se recogía a quienes se relacionaban con altos cargos. Tenían también un dosier con datos para poder hacer críticas mediáticas.

Resultó una actuación muy complicada porque no se trataba tan solo de ir al despacho del redactor jefe, sino también de detectar los contactos de Rei y los vínculos y modo de comunicación con ETA.

Tras su clausura, Egin fue sustituido por una revista llamada Ardi Beltza («oveja negra») y, después le sucedería Gara. También el entorno aberzale publicaba otra publicación, llamada, Egunkaria, dirigida por Marcelo Otamendi. El caso Egunkaria se trasladaría al Juzgado Central número 6, cuyo titular era Juan del Olmo. Por entonces, Javier Zaragoza había sustituido a Eduardo Fungairiño como fiscal jefe.

El cierre de Egin provocó controvertidos editoriales sobre si se trataba o no de un atentado contra la libertad de expresión. Recuerdo el del diario El Mundo, titulado «La polémica jurídica, el error político».8 Decía el máximo exponente de la opinión del medio que dirigía Pedro J. Ramírez: «Su ausencia reduce el pluralismo de la sociedad. La desaparición de un medio informativo, aunque represente la más atrabiliaria de las voces, empobrece la democracia». Y añadía que «las implicaciones políticas quedaron patentes ayer mismo, a través de inmediatas manifestaciones de satisfacción por parte del ministro del Interior y de representantes de la mayoría de los partidos. Todos se extendían en alusiones a la actitud antidemocrática de Egin. Por otra parte, en la medida en que la decisión de Garzón haya recibido respaldo o apoyatura políticos, también adquiere inevitablemente esa misma dimensión».

En El País, Javier Pradera lo explicaba de esta manera: «Está claro que Egin no es solo un periódico: su dependencia de ETA y su condición de vehículo de mensajes operativos a los comandos de asesinos y secuestradores lo transforman en un instrumento mortífero. Sin embargo, la publicación clausurada hace unos días también es un periódico: con veintiún años de vida, cincuenta mil compradores y la estructura redaccional, productiva y comercial propia de una empresa editorial, Egin adoctrina a los votantes de HB y a la vez sirve de portavoz a un significativo segmento de la opinión pública vasca». Pradera concluía así: «Al tiempo, la jurisprudencia constitucional dictamina que los derechos fundamentales siempre albergan un contenido esencial inviolable: los debates de buena fe en torno al caso Egin girarán seguramente sobre la cuestión de saber si la suspensión del diario por el juez Garzón (que goza de la presunción favorable de su impecable trayectoria como instructor de otros sumarios relacionados con el terrorismo y la guerra sucia) afecta o no al contenido substancial de la libertad de prensa amparada por la Constitución».9

El director de Egin, Javier María Salutregi Menchaca, ingresó en prisión unos días después, el 24 de julio, acusado de ser el «interlocutor de ETA». Según los indicios existentes en la causa, se comunicaba con la organización terrorista por correo electrónico encriptado. En el auto se mencionaba que una de las funciones del frente informativo etarra era la «generación de una realidad aparente, normalmente distorsionada de todo el entorno que rodea a dicho movimiento, magnificando los éxitos, y la asunción del papel conductor de la ortodoxia marcada por la dirección de ETA». La investigación arrojaba el dato de que Salutregi había sido nombrado por la organización para dirigir el rotativo. Se citaba la entrevista que tanto él como la periodista Teresa Toda y Ramón Uranga, consejero delegado de Orain, habían mantenido con uno de los máximos dirigentes de la banda, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, considerando que en esa reunión se estaban transmitiendo las directrices de ETA al nuevo director. Salutregi saldría en libertad bajo fianza en el mes de noviembre, al igual que el consejero delegado de la editorial Orain, Jesús María Zalacaín.

En noviembre de ese mismo año, ordené el procesamiento de veintiséis personas por la relación de Egin con ETA. En febrero de 1999, prorrogué seis meses más la clausura al estimar que, pese a la tregua, la actividad de ETA continuaba. Concluido el plazo, autoricé la reapertura del periódico y de la emisora. La acción de la organización era prácticamente nula. Pero ocurrió que en octubre se vio que existía una absoluta inviabilidad económica para que el medio continuase su actividad. No podía saldar sus deudas.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, realizó desde la ciudad turca de Ankara una afirmación que fue muy contestada por representantes de otras formaciones políticas: «¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever a cerrar Egin?». Su propio ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, tuvo que salir al quite: «El juez Baltasar Garzón ha actuado con plena y total independencia». El diario El País recogía así sus declaraciones:

Tras sostener que respeta absolutamente las decisiones adoptadas por Garzón, [Mayor] dijo que la «razón esencial» del auto dictado por ese juez de la Audiencia Nacional es que el grupo Egin-Orain «formaba parte del entramado dirigido» por ETA-KAS y de manera «subordinada». Mayor Oreja manifestó que «Egin, esencialmente, no era un periódico, sino una estructura más, básica, buque insignia de una organización, de un entramado» vinculado a la organización terrorista, y precisó que no ha sido su «convicción política», sino la decisión de un juez la que ha llevado a la clausura de ese medio de comunicación. En ese contexto, se preguntó «dónde están los propietarios de Egin», dado que solo «se ve a los trabajadores», y expresó a continuación su convicción de que los dueños de ese periódico «están fuera de la ley».10

Por mi parte, presenté mi protesta no solo al ministro de Interior, sino también a la titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, quien estuvo de acuerdo conmigo en que las declaraciones de Aznar lo único que hicieron fue perturbar lo que había sido una decisión impoluta y sin interferencias de tipo alguno.

La medida de clausura temporal del periódico, pese a ser muy contestada en el momento en el que se adoptó, y al margen de que fuera ratificada en todas las instancias, no solo era legal, sino también necesaria. Debido al control de ETA sobre la estructura directiva del periódico y su participación en el capital social y en la ampliación de este, Egin aparecía en ese momento como un simple instrumento de la organización terrorista que servía a sus fines e intereses. Fueron múltiples los indicios que así lo constataban y las sentencias dictadas lo ratificaron.

Para nada se tuvo en cuenta la línea dura de opinión que este periódico mantenía con las actuaciones institucionales contra ETA, como lo demuestra el hecho de que, a pesar de que en julio de 2000 acordé que existía una sucesión de empresas entre Orain y Euskal Komunikabideen Hedapenerako Elkartea (EKHE), editoras de los diarios Egin y Gara, respectivamente, y de que le imputé a esta última las responsabilidades económicas y laborales de la primera, nunca se produjo intervención alguna en contra de las sociedades que continuaron el proyecto, ni contra el periódico Gara.

Recuerdo que recibí varias querellas de los diferentes investigados, dos de ellas fueron de EKHE, como un elemento de presión más frente a una investigación compleja y sólida.

ETA y la labor ideológica y de comunicación

Orain, KAS y ETA

Desde el momento en que se produjo la ocupación y el control absoluto de Orain por parte de ETA a través de KAS, los aspectos financieros de la sociedad empezaron a mezclarse con los de otras estructuras y organizaciones del MLNV, como AEK, la agencia de viajes Ganeko-Untzorri Bidaiak, las herriko tabernas dependientes de los comités locales de Herri Batasuna o la propia KAS.

La relación de dependencia de las distintas sociedades del grupo Orain y del diario Egin respecto de ETA llegó a ser absoluta, hasta el punto de que los propios miembros del aparato político de la organización terrorista llegaron a ser conocedores de extremos que ni los propios miembros del consejo de administración de Orain sabían plenamente. Así, por ejemplo, la cúpula de ETA informaba a un miembro de ese consejo, que utilizaba el nombre orgánico de hontza («búho»), de los resultados derivados de la intervención judicial de Orain S. A.

Egin y la pedagogía de la violencia

Aprovechando que todos los miembros del consejo de administración de Orain, editora del diario Egin, eran significados miembros de KAS, la organización terrorista llegó a apoderarse del periódico y de su grupo editorial, hasta el punto de convertirlos en un cuarto frente, el mediático o informativo, un complemento idóneo de los demás frentes, y todos subordinados a las decisiones del comité ejecutivo de ETA.

Por tanto, hasta su intervención judicial en junio de 1998, el grupo de comunicación Orain-Egin desarrollaba tres funciones.

La primera consistía en mantener la cohesión interna y orientar la actividad del MNLV magnificando los actos de la organización terrorista y justificándolos conforme a la ideología impuesta por ETA, de forma que marcaba la guía de la ortodoxia que fijaba la vanguardia de la organización criminal, representada por su brazo armado.

En segundo lugar, el frente mediático servía también como instrumento de coacción e intimidación al servicio de todos los demás frentes de la organización terrorista, e iba dirigido a los sectores de la población que no eran afines a la ideología impuesta por ETA. Los responsables del producto editorial difundían los comunicados de la organización, en los cuales se sostenía que las acciones violentas no constituían un objeto específico en sí mismo. Su utilidad residía en pretender que España recibiera el mensaje de rechazo a la obstinada postura de sus gobernantes, de cerrazón a las pretensiones de la organización, y al final cedieran y aceptaran la alternativa que se proponía. Pero para ETA era necesario que la noticia de sus macabras acciones se difundiera con finalidad didáctica, y que llegase al conjunto de los ciudadanos y a los poderes públicos a fin de que todos tomaran cabal conocimiento de la situación, y comprendieran que la paz y la tranquilidad eran incompatibles con el Estado de opresión que, según decían, sufría el País Vasco.

La tercera función del diario Egin consistía en la presentación pública del ejercicio de la violencia como un fenómeno natural dentro del ámbito de la confrontación existente. Había que difundir la pedagogía de la violencia para su general conocimiento, una labor esbozada en el número 72 de Zutabe —el boletín interno de ETA—, publicado en septiembre de 1995. Como se vio en un ejemplar intervenido con ocasión de un intento frustrado de asalto a un polvorín en la localidad francesa de La Rochelle por miembros de ETA el 17 de noviembre de ese año, los autores de uno de los artículos valoraban los efectos del asesinato de Gregorio Ordóñez en los términos siguientes:

Esa acción provocó un gran terremoto, tanto en la sociedad vasca como en la I. A. [izquierda aberzale]. La acción mostró tanto a una como a otra la dirección de la nueva estrategia; que la lucha no era entre la Guardia Civil y ETA; que aquellos que hasta ahora se habían visto fuera del conflicto y limpios, los políticos, también tenían responsabilidades en esta situación y que a ellos también les afectarían las consecuencias. Y a pesar de todo, esta acción contribuyó para que el debate entrara hasta el fondo y, también, para que su significado y la dirección de esta estrategia se aclararan completamente. La acción contra Ordóñez muestra el alcance de la nueva línea política y muestra a la gente que no fue una acción de venganza. No se plantea el esquema de responder al odio con el odio […].

Así pues, la pedagogía de la violencia buscaba que algunas personas afines al MLNV, pero que no apoyaban la violencia, asimilaran cuáles eran los objetivos reales de ETA, cuál era el camino para conseguirlos y quién ostentaba el control último del proceso, y pretendía enseñar a la sociedad española y a sus instituciones cuál era el precio que pagarían por su obstinado rechazo a aceptar un proceso negociador, como el postulado en la Alternativa Democrática para Euskal Herria.

Fue a partir de 1991 cuando la dirección política de ETA se planteó lograr a corto plazo la negociación política con el Gobierno de España, eligiendo como medio para alcanzar tal fin el desarrollo de una campaña de presión terrorista ejecutada por su organización armada, conjuntamente con otra campaña de presión terrorista llevada a cabo por sus frentes de masas e institucional, y todo ello para conseguir generar una desestabilización política y social.

En el documento Estrategia política global se plasma el criterio de ETA sobre esta materia:

[…] en esta etapa prenegociadora será vital fortalecer todas las luchas y frentes abiertos y activar todo nuestro potencial organizativo, teniendo bien engrasados todos nuestros mecanismos para articular respuestas puntuales y coyunturales que sirvan de apoyo a las negociaciones que se estén dando, y contrarrestar cualquier maniobra por parte del enemigo con la puesta en marcha de nuestras iniciativas, discursos políticos e ideológicos, demostraciones prácticas por medio de movilizaciones […].

Mediante un proceso valorado en el documento Remodelación organizativa: resoluciones del KAS Nacional que ya he mencionado anteriormente, se llevó a efecto una reforma de todo el organigrama del MLNV para generar una modificación positiva en la debida «correlación de fuerzas». En este proceso la organización terrorista ETA consideró que la línea informativa del diario Egin contribuía poco al logro de los objetivos inmediatos atribuidos a sus «frentes de masas e institucional», pareciéndole escasa la función que desempeñaba el periódico ante la labor que desarrollaban la gran mayoría de los medios de comunicación social, que calificaba de manipuladora e intoxicadora, en contra de los postulados de la organización terrorista, y a favor de los parámetros sentados por el Gobierno español.

A partir de ese año, 1991, la dirección política de ETA asumió de lleno el proceso de reorganización del Proyecto Egin, con la decisión firme de reconvertirlo en uno de sus focos en el frente informativo, complementario de sus otros tres frentes: el armado, el de masas y el institucional.

En la consecución de tal objetivo, la dirección política de ETA incorporó a la editora Orain y a su periódico Egin a la estructura empresarial controlada por la organización terrorista a través de KAS. Por eso, en el documento Reunión de responsables del Proyecto Udaletxe, Orain-Egin figuraba entre el grupo denominado «resto de empresas».

El proceso de reconversión del diario Egin exigió ineludiblemente la reelección por parte de la dirección política de ETA de personas que presentaran un perfil adecuado, con el propósito de que se cumplieran los objetivos que les habían sido asignados por la organización y decididos de manera irrevocable.

Así, fueron seleccionados el consejero delegado de Orain —que no sería juzgado en su momento por enfermedad—, que se encargaría de la gestión empresarial, y dos integrantes del nuevo equipo de dirección, Javier María Salutregi Menchaca y Teresa Toda Iglesia, para desempeñar respectivamente las funciones de director y directora adjunta de Egin.

Estos nombramientos fueron autorizados por el aparato político de ETA y tuvieron lugar tras celebrarse una reunión orgánica, que duró tres días, en un hotel de la localidad francesa de Bidart. El encuentro comenzó el 21 de febrero de 1992 y a él asistieron, además de los designados, el máximo responsable del aparato político de ETA en ese momento, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis.

Cuarenta días después de esa reunión, el 31 de marzo de 1992, Salutregi y Toda vieron confirmados sus nuevos cargos. Poco antes, el 29 de marzo, Txelis fue detenido. Sus funciones directivas en el aparato político de ETA fueron asumidas por José María Dorronsoro Malaxetxeberria, con el que colaboraron como subordinados Carlos Almorza Arrieta (Pedrito de Andoain), Ignacio Gracia Arregui —conocido por el alias de Bruno— y Miguel Albizu Iriarte, a quien llamaban Antza.

Los contactos existentes entre el aparato político de la organización terrorista, el consejo de administración de Orain y la dirección de Egin fueron fluidos. Y es que ETA perseguía instrumentalizar lo antes posible su cuarto frente, el ideológico e informativo, por lo que le resultaba necesario supervisar la línea ideológica del periódico. Querían comprobar que les resultaba útil para alcanzar los fines propuestos tras haberles dado la espalda los medios de comunicación social, que se negaban a ser altavoz de sus reivindicaciones.

Las comunicaciones con ETA eran conocidas y asumidas plenamente por todos los miembros del consejo de Orain, y las recibía uno de sus vocales, Javier Alegría Loinaz, responsable máximo de KAS y luego portavoz de esta coordinadora.

A partir de 1992 el diario Egin llegó a estar plenamente subordinado, tanto en sus funciones como en su organización, a la estrategia global de ETA, si bien bajo la cobertura aparente de ser un periódico plural e independiente. La organización terrorista imponía sus directrices en el funcionamiento y organización del grupo editor, transmitiéndolas a través de claves directas de comunicación. A su vez, la dirección de la organización recibía puntuales informes sobre el estado del grupo empresarial y emitía instrucciones a los emisores de los informes, supervisando también la designación de los cargos de los consejos de administración y decidiendo el nombramiento del equipo de dirección.

El conjunto de estas comunicaciones forma parte del conjunto documental intervenido en París a un miembro del aparato político de ETA, José María Dorronsoro, alias Unai, en agosto de 1993.

La gestión empresarial de Egin

Cuando se produjo la intervención judicial del grupo Orain y de Egin en junio de 1998, la dirección del periódico seguía siendo asumida por Salutregi Menchaca y Toda Iglesia. Los editoriales eran elaborados por un equipo formado por el director y los redactores jefes. La línea de opinión reflejada en los editoriales, tanto en las opiniones expresadas como en el tratamiento de los temas, se puede sintetizar en las siguientes posiciones: defensa del derecho de autodeterminación del concepto espacio geográfico de Euskal Herria; defensa de la Alternativa Democrática de Euskal Herria de ETA y antes de la Alternativa Táctica KAS; rechazo de la Constitución, del Estatuto de Guernica y del Amejoramiento Foral, postulando un nuevo marco jurídico-político soberano; apoyo a todas las organizaciones de la izquierda aberzale; solidaridad con las personas en situación de prisión por sus actividades relacionadas con la organización terrorista ETA y la demanda de su agrupamiento en los centros penitenciarios del País Vasco y Navarra, o geográficamente inmediatos; rechazo de la reinserción de las personas en situación de penados por sus actividades relacionadas con la organización terrorista ETA y condena de las que aceptaron medidas de reinserción; apoyo al colectivo de miembros de ETA refugiados o deportados; denuncia de las supuestas torturas y malos tratos a detenidos y presos vinculados al MLNV; defensa de los valores culturales autóctonos y especialmente del euskera; denuncia sistemática e investigación de la corrupción política y económica; y rechazo de cualquier forma de ser vasco que no suponga ser aberzale, tildándolo despectivamente como vascongado, para el caso del nacionalismo moderado, o españolista para el caso de los no nacionalistas.

Entre todo lo anterior sobresalía la crítica sistemática a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Autónoma Vasca, el Gobierno de la nación y sus instituciones —a los que se consideraba opresores, terroristas y autoritarios—, así como al Gobierno vasco y a las instituciones autonómicas de toda índole, acusándolas de estar «españolizadas». Críticas de las que no estaban exentos los restantes medios de comunicación social, a los cuales tildaban de «intoxicadores» y «manipuladores» por, según ellos, su labor de ocultamiento de la realidad.

A través de sus textos, Egin apoyaba cualquier acuerdo o postura que permitiera avances en lo que ETA también llamaba construcción nacional, y justificaba la violencia de la organización terrorista con el argumento de que constituía una «respuesta ante la que ejerce España y sus cómplices» o la consideraba un efecto necesario para dar solución al «conflicto» que la causaba.

Además de los editoriales y de la columna semanal denominada Asteko Kronika o Crónica del Lunes, firmada con el seudónimo J. Iratzar, la línea informativa del diario Egin se diferenciaba de otros medios de comunicación en que publicaba íntegramente los comunicados de ETA y de KAS, así como entrevistas con responsables de ambas organizaciones, y acreditaba la legitimidad de las reivindicaciones de las acciones violentas cometidas por los etarras, para lo cual la dirección del periódico disponía de un catálogo de claves, elaborado por ETA, que permitía verificar la autenticidad de las llamadas de reclamo. Egin avisaba públicamente de la puesta en marcha de operaciones policiales dirigidas contra ETA o sus grupos de apoyo, permitiendo así que el resto de los colaboradores conociese esta circunstancia y pudiera eludir la acción policial. La publicación de este tipo de informaciones de aviso, frecuente en las páginas del diario, era posible porque en la redacción se disponía de capacidad para la interceptación de las radiofrecuencias de los diversos órganos de seguridad. Además, también se recopilaba y difundía información sobre los movimientos de vehículos y dotaciones policiales, los controles y otras medidas. Además, Egin disponía de secciones como Merkatu Txikia (Mercadillo) y Agurrak (Saludos) que eran utilizadas habitualmente por los miembros y responsables de ETA para el mantenimiento de contactos, tanto entre militantes de la organización armada como entre estos y sus responsables.

Para ETA, Orain y Egin suponían no solo el aprovechamiento de la protección de la libertad de expresión y del derecho a difundir información veraz para los fines propios de un entramado criminal, sino que alcanzaba a los medios de producción gráfica del diario, como la rotativa, sus ordenadores o su material ofimático, que eran puestos al servicio de los fines y actividades de organizaciones terroristas integradas en KAS.

Por ejemplo, se prestaba ese servicio a Jarrai, para la que se elaboraron entre los meses de mayo y junio de 1993 carteles amenazantes y coactivos contra distintos profesionales de los medios de comunicación social considerados hostiles por ETA. También se dio el caso de la utilización de las instalaciones y medios del diario por uno de los integrantes del autodenominado Komando Sugoi de ETA, Fernando Alonso Abad, miembro del equipo de redacción de Egin, quien al igual que otro de sus integrantes, Andoni Murga Cenarruzabeitia, aprovecharon la garantía de inviolabilidad que suponía la sede de un medio de comunicación para ocultar, mezclada entre otros materiales relacionados con su actividad profesional, información correspondiente a potenciales objetivos de su actividad terrorista. O la utilización de un ordenador, a disposición del director del diario, para el mantenimiento de comunicaciones informáticas con ETA a través de un módem.

Los servicios de información de ETA, KAS y Egin

Actuamos sobre la información

En marzo de 1999 se desplegó otra operación que incluía la investigación del servicio de información de Egin. Recibió el nombre de Rei por ser este el apellido del responsable del área de investigación del periódico, el imputado José Benigno Rey Rodríguez, más conocido como Pepe Rei. En las actividades realizadas por él y su equipo, los indicios demostraron claramente que sus labores de investigación fueron mucho más allá de lo que la profesión periodística supone y ETA las aprovechó para la ejecución de atentados. Desde entonces hasta hoy, los afectados se han dedicado a descalificarme constantemente. Nunca lo he tomado como algo personal. Simplemente actué como en los demás casos, con apego a la legalidad y partiendo de los hechos y su valoración jurídico-penal.

El tercer servicio de información de la organización terrorista ETA, el formado por Egin, estuvo desde un principio dirigido por una persona no juzgada por la Audiencia Nacional, pero al que procesé como presunto responsable de este: Pepe Rei. La sentencia establecía lo siguiente:

Las informaciones recabadas y publicadas por el diario Egin hasta el momento de su intervención judicial por su denominado «equipo de investigación» versaban principalmente:

• Sobre el Partido Nacionalista Vasco y sus vías de financiación, vinculadas por los miembros de dicho «equipo de investigación» a actividades de corrupción política.
• Sobre la Policía Autónoma Vasca, sus supuestas actividades ilegales contra la izquierda aberzale y la presunta participación de algunos de sus miembros en actividades de corrupción policial, marcando como objetivos del frente armado de ETA a aquellos policías más significados en su presunta hostilidad hacia el MLNV.
• Sobre las sectas destructivas y organizaciones religioso-económicas.
• Sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, con especial énfasis en el CESID, y la presunta participación de los miembros de todos los referidos organismos en actividades de la denominada «guerra sucia», de espionaje a través de medios ilícitos y de vinculación a tramas de narcotráfico y prostitución.
• Sobre el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro y sus supuestas vías de financiación vinculadas a la corrupción política.

Las actividades de información de ETA, KAS y el equipo de Investigación de Egin, además de obedecer a un procedimiento común congruente con la estrategia político-militar de ETA, ofrecían elementos que se complementaban entre sí, de manera que uno u otro servicio, y en ocasiones todos ellos, utilizaban los datos acumulados.

Se conformó así una estructura de captación y selección de información que, tarde o temprano, los etarras aprovechaban para cometer acciones terroristas. Así ocurrió, por ejemplo, con muchas de las víctimas asesinadas por ETA como Joseba Goikoetxea Asla (22 de noviembre de 1993), sargento mayor de la Ertzaintza, o Ramón Doral Trabadelo (4 de marzo de 1996), exjefe de la lucha antiterrorista en Guipúzcoa; los empresarios José Antonio Santamaría Vaqueriza (20 de enero de 1993), José María Olarte Urreisti (27 de julio de 1994), Isidro Usabiaga Esnaola (26 de julio de 1996) y Francisco Arratibel Fuentes (11 de febrero de 1997); los políticos Gregorio Ordóñez Fenollar (23 de enero de 1995), Fernando Múgica Herzog (5 de febrero de 1996) y Manuel Zamarreño Villoría (25 de junio de 1998); el responsable de la Guardia Urbana de San Sebastián, Antonio Morcillo Calero (15 de diciembre de 1994); o el político Tomás Caballero Pastor, asesinado el 6 de mayo de 1998 tras haber sido denunciado judicialmente por HB y satanizado desde las páginas del diario Egin.

ETA, desde las páginas del número 72 de su boletín Zutabe, publicado en septiembre de 1995, se refería al asesinato del ertzaina Joseba Goikoetxea Asla, al que llamaba Cabezón, en estos términos:

Concretamente en lo que corresponde a la Ertzaintza se ha dado un grandísimo paso. Cuando la organización actuó contra «Cabezón», fueron muchos esquemas los que se rompieron, y se abrió camino para responder a la represión de la Ertzaintza, se vio que existía un campo para trabajar en vez de estar siempre a la defensiva […].

También esas informaciones eran manejadas por el frente de masas para llevar a cabo acciones de presión y coacción a través de KAS y las organizaciones sectoriales controladas por la coordinadora; o por el frente institucional, organizando ruedas de prensa y comunicados de HB; o por el frente informativo, a través de campañas de descrédito y acoso desde Egin.

El «equipo de investigación» de Egin presentaba unas características en las que concurrían estas circunstancias: utilizaba las mismas fuentes de información, y la misma metodología para procesarla, que las empleadas por ETA y KAS; aprovechaba las informaciones obtenidas por los otros servicios de información; y sus objetivos eran prácticamente los mismos, es decir, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Euskadi, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, miembros de la Judicatura, empresarios y personas «notables».

El intercambio de datos entre los tres servicios de información, que siempre eran controlados en última instancia por la organización armada, fue constante y de tal intensidad que algunos de los informes confeccionados por el de Egin, almacenados en un ordenador personal, fueron encontrados más tarde en poder de un responsable de ETA, Félix Alberto López de la Calle Gauna, alias Mobutu, tras ser detenido el 17 de noviembre de 1994. Se le intervino, por ejemplo, la transcripción literal de uno de esos informes, en el que se detallaba la fuente de la que procedía: «Reservada (Pepe)»:

Enrique Echeburua, jefe de Psicólogos de la Ertzaintza. El catedrático y rector de la facultad de Psicología de Zorroaga, Enrique Echeburua Odriozola, con DNI […] es el supuesto jefe de psicólogos de la Ertzaintza al más alto nivel. Su esposa es también profesora en Zorroaga y su nombre el de […], con DNI […]. Según fuentes que Iñaki Egaña [Aristi] define como de total fiabilidad, en la facultad de Zorroaga en días recientes se recibió, por parte de una mujer, una llamada telefónica preguntando por Echeburua. Como él no estuviese, la mujer insistió que se le pusiese con la esposa de este. Al preguntarle de parte de quién era, ella dijo que era la esposa de Julio Iglesias. La persona en cuestión, cuyo nombre ni circunstancias se pueden utilizar bajo ningún concepto, permaneció en el teléfono de la centralita y escuchó la conversación […].11

Egunkaria

La prueba de que no se pretendía ningún tipo de secuestro de la opinión pública, como indicaban las críticas dirigidas desde el mundo aberzale a las actuaciones judiciales que yo desarrollé, es que nunca autoricé una operación contra Egunkaria, el único diario publicado íntegramente en euskera desde 1990. Me mostré contrario, a pesar de la petición del fiscal, y rechacé la intervención, clausura y apertura de una investigación contra su director. Sin embargo, con la misma documentación que yo rechacé y con el impulso del fiscal Eduardo Fungairiño, se abrió a instancias de la Guardia Civil una investigación por orden del juez del Central número 6, Juan del Olmo, que, después de muchas incidencias y denuncias de malos tratos y tortura, acabó en acusación del fiscal contra Otamendi, cuando ya era fiscal jefe de la AN, Javier Zaragoza, y en la absolución de su director, por el tribunal. Nunca debió abrirse aquella causa. Y a pesar de haber sido yo quien se negó a incoarla y estuvo en contra de esa actuación, también se me imputó a mí, para no variar, el haberlo hecho.

Lobo Negro, contra el entorno del MLNV

Desde su configuración como instrumento organizativo aparentemente coordinador, KAS hacía posible que ETA pudiese ejercer un férreo control sobre el entramado de organizaciones sectoriales que constituían el MLNV. El profundo acoso policial y judicial que sufrió la organización en Francia desde la mitad de la década de los ochenta, derivado de su intervención directa en ámbitos diversos, obligó a ETA a transferir a KAS buena parte de sus funciones, que hasta entonces constituían materias de su exclusiva competencia, como el control sobre los colectivos de presos, refugiados y deportados, o bien las relaciones exteriores y ciertas formas de coacción y violencia, ámbitos estos que, junto a las finanzas, forzosamente debían ser desarrollados dentro del marco de la «legalidad» para impedir su represión y criminalización. Pero el desarrollo eficaz de estas funciones era imposible para individuos que vivían en puntos muy distantes geográficamente.

En la década de 1990, la estructura de KAS como «bloque dirigente» se estimó inadecuada, porque las decisiones que ETA imponía en el conjunto del MLNV, merced a su voto de calidad en el órgano máximo de coordinación de la coordinadora, el llamado KAS Nacional, en la práctica cotidiana no tenían el seguimiento necesario. La razón era que este órgano carecía de los mecanismos de control para verificar de forma inmediata si las decisiones adoptadas se habían puesto en práctica. La comprobación se obtenía a posteriori, y los responsables de las organizaciones participantes en KAS no podían presentar los resultados hasta que se realizaban las reuniones con el comité ejecutivo de ETA, con lo cual se desconocía si las órdenes de la dirección habían sido acatadas.

La organización buscaba la fórmula de amarrar el pleno control de las funciones que había transferido a KAS, y por ese motivo esta última se constituyó en 1991 como una organización unitaria, u organización de organizaciones, a través de un proceso que recibió el nombre de Berrikuntza («remodelación»), disponiendo de sedes, responsables, militantes y órganos, tanto de expresión como de comunicación, propios. De ese modo la dirección de ETA pudo contar desde entonces con una estructura conformada por personas que gozaban de su plena confianza, que se encargaban de comprobar día a día, mediante una rigurosa supervisión, la aplicación efectiva de sus directrices.

Pero este proceso no logró acabar con los problemas, sino que generó otros distintos y de mayor calado, que surgieron por un doble derrotero. Por un lado, al asumir KAS entre las funciones transferidas por ETA alguna de evidente carácter delictivo, hizo que se planteara enseguida el inminente peligro de su pronta criminalización. Por otra parte, la función de comisarios políticos de ETA, desempeñada sin reservas por los responsables de KAS, desencadenó en algunos dirigentes de las distintas organizaciones sectoriales del MLNV reacciones adversas, de desconfianza e inseguridad estratégica, reivindicando al propio tiempo cierta autonomía en cuanto a la constatación de la ejecución real de los mandatos de ETA.

Debido a este cúmulo de circunstancias adversas, ETA decidió en 1994 difuminar la estructura de KAS a través de un proceso, que se llamó Karramarro («cangrejo»), con el fin de seguir controlando las organizaciones de manera más discreta y disimulada, menos impositiva, para evitar cualquier tipo de actuación policial o judicial. Al mismo tiempo se forzaba la presencia mayoritaria de los responsables de KAS impuestos por ETA en los órganos de dirección de las distintas organizaciones, clandestinizando la reducida estructura que subsistió como KAS. Los militantes de esta coordinadora dejaron de ser representantes de los distintos organismos sectoriales que la conformaban, para ser de manera exclusiva militantes de la organización y quedar insertos en cada uno de los colectivos cuyo control pretendía el brazo armado de la banda terrorista.

A pesar de la remodelación mediante el proceso Karramarro, las actividades de KAS fueron declaradas ilícitas por un auto dictado por mi juzgado el 20 de noviembre de 1998, lo que obligó a su disolución. Así, el frente militar de ETA perdió el instrumento de coordinación y control de su estrategia. Esa falta de dominio directo de las organizaciones sectoriales, sometidas hasta entonces a la dirección política a través de KAS, puso en serio peligro el carácter global del proyecto terrorista.

La declaración de tregua indefinida por parte de ETA, desde septiembre de 1998 y a lo largo de los primeros meses del año siguiente, se ceñía exclusivamente al desarrollo de las acciones armadas, que quedaron en suspenso, pero produjo en el seno de la organización un cierto descontrol en las otras formas de coacción social, cuya dirección venía ejerciendo KAS. Esto determinó la urgente necesidad por parte de ETA de contar con un instrumento que le permitiese establecer en cada momento las directrices del MLNV, de modo que necesitaba sustituir a KAS por otra estructura de coordinación que se amparase en una aparente legalidad.

En la documentación intervenida a la organización se ponía de manifiesto esa situación:

La ilegalización de una organización legal es mucho más costosa que la ilegalización de una organización alegal. En cualquier caso, la ilegalización no puede contemplar como hechos delictivos las actividades desarrolladas cuando la formación era legal, ni puede encausar a sus militantes, portavoces o dirigentes por el simple hecho de serlo, caso que sí puede llegar a suceder con las alegales. Podrá procesar a sus dirigentes o a militantes concretos en virtud de hechos muy concretos cualificados como delictivos, pero no por la actividad de la organización.

El análisis concluía:

El auto de Garzón deja la puerta abierta a la ilegalización inmediata (dependiendo de la coyuntura) de cualquier organización alegal. Eso no quiere decir que una organización legal por el mero hecho de serlo esquive la acción judicial o represiva, pero sí la dificulta: los seguimientos, intervención de documentos, espionajes… pueden ser denunciados en los Juzgados, sus asambleas no pueden ser impedidas o reventadas ni todos sus asistentes identificados in situ (como los congresos de Jarrai y HASI), lo cual no quiere decir que no lo hagan en un control de carretera (Topaketa [reunión de la Mesa Nacional] de HB en Segura).

El 23 de septiembre de 1999, a través de la agencia de prensa Amaiur Press Service (APS), próxima al entramado organizativo del MLNV, se difundió una información relativa a la sucesora de KAS, a la que se iba a llamar EKIN. En esas fechas se estaba llevando a cabo en varias localidades del País Vasco la convocatoria de movilizaciones para conmemorar el Gudari Eguna (Día del Soldado Vasco), en recuerdo de los fusilamientos de dos miembros de ETA en 1975. En su momento, esta jornada había servido para justificar el surgimiento coyuntural de KAS y, tradicionalmente, la coordinadora aberzale se encargó de organizarla hasta su disolución.

El diario Gara, al filtrarse la noticia, salió al paso diciendo:

[…] un teletipo difundido el miércoles por la agencia APS, y recogido posteriormente por los diversos medios, obligó ayer a salir a la luz pública, antes de tiempo, a un grupo de personas que están trabajando en la creación de una nueva organización de la izquierda aberzale, que se denominará EKIN.

Y remataba afirmando:

A través de un comunicado, los gestores de EKIN desmintieron los «errores monumentales» de la noticia, y ofrecieron algunos pormenores sobre este proyecto, en respuesta al eco adquirido por la nota de prensa de la agencia APS en varios medios, que la relacionaba con la extinta coordinadora KAS.

El acto de presentación de EKIN tuvo lugar durante los días 7 y 31 de octubre de 1999, en la localidad vizcaína de Guernica y en el frontón Anaitasuna de Pamplona. Trataban de darle difusión pública apartándolo de la clandestinidad para evitar así su posible ilegalización. Al igual que KAS en su última época, EKIN coincidía en sus objetivos, estructura y ámbito de actuación con los que se plasmaron en 1994 en la ponencia Karramaro de KAS.

Y como KAS, EKIN se conformaba en un núcleo nacional y en una serie de núcleos, ahora redenominados gunes, que operaban en el ámbito local (pueblos o barrios), cuyos responsables participaban a su vez en el nivel de eskualde (comarca), herrialde (provincia) y central. La pertenencia a los gunes se basaba en el principio de doble militancia: los responsables de EKIN se debían entregar a las organizaciones sectoriales del MLNV para su control y dinamización siguiendo los principios impuestos por el «núcleo nacional» y el aparato político de ETA.

Con EKIN, ETA contaba así de nuevo con un instrumento para ejercer la dirección del conjunto del MLNV. Se había tomado el histórico nombre que fue adoptado por los propios creadores de ETA en la década de 1950 por su carácter simbólico. Existía documentación que la definía como la bizkar hezurra (columna vertebral) de la organización, entre ellos el documento Kronika incautado a José Javier Arizcuren Ruiz en 1999 en Francia, en el cual se realizaba una valoración sobre una reunión de esta organización identificándola con dicha denominación. Era evidente que existía una persistencia en las funciones que antes tenía KAS, y en el folleto denominado ETAren ekimena (La iniciativa de ETA) intervenido unas fechas antes se describía un instrumento asimilable a esta nueva organización.

EKIN asumía la continuidad a través de sus responsables y trataba de ejercer un completo control de todas las estructuras de las organizaciones sectoriales del MLNV activas en cada localidad, a través de su militancia. Se buscaba crear también un «movimiento real», permitiendo el flujo de dirección desde el aparato político de ETA y el núcleo nacional de EKIN hasta las distintas organizaciones del entramado del MLNV.

En ese nivel se hallaban, entre otros, José María Matanzas Gorostizaga, un abogado que habitualmente defendía a los presos de ETA, y el parlamentario vasco Jon Salaberria Sansinenea, responsable —según las investigaciones— de la dirección de la kale borroka, de la definición de su necesidad y de la concreción del marco general en que debía encuadrarse. Salaberria fijaba los objetivos e impartía las directrices de carácter global, mientras que los fines concretos, los instrumentos que debían utilizarse, la fecha, hora o lugar, y las personas que debían ejecutar tales actos quedaban a juicio de quienes desarrollaban la acción concreta.

Por tanto, EKIN se encargaba de controlar la propia aplicación de la estrategia político-militar que permitía articular las distintas formas de lucha, incluida la violencia terrorista de la propia ETA, valorando en cada momento la oportunidad de utilizar unos u otros métodos de lucha en función de los análisis de cada situación. De hecho, como su responsable, Javier Arregui Imaz, puso de manifiesto en su declaración judicial, «dependiendo del momento político, en los niveles superiores de EKIN se realiza la lectura de la situación y se adoptan las medidas necesarias».

En definitiva, tras la operación policial Lobo Negro, desarrollada en septiembre de 2000 y que acabó con la detención de veintiún presuntos responsables, pude desmantelar de nuevo la estructura de dirección del MLNV, personificada antes en KAS y en ese momento en EKIN. Tras el análisis de los documentos intervenidos y de las declaraciones de los detenidos, llegué a las siguientes conclusiones: el binomio ETA-EKIN, como hasta 1998 el formado por ETA-KAS, constituía una sola estructura delictiva compleja, en la que existía un reparto de funciones complementarias para el desarrollo de la estrategia político-militar.

EKIN, al igual que KAS, presentaba características de opacidad y clandestinidad, tanto en sus estructuras como en la pertenencia de sus miembros y sus actividades. Era gestionada, en algunos casos, por las mismas personas que, al menos hasta 1998, cobraban un sueldo por su condición de responsables liberados de KAS.

Las actividades de EKIN

KEA y el Colectivo Elkano

En 1994 los vínculos que unían a KAS y ETA eran ya evidentes. En el ámbito internacional, esta relación aparecía a través del comité de relaciones exteriores de ETA, el KHK (Kanporako Harremanak Komitea), lo que implicaba la posible criminalización de las estructuras dedicadas a ellas. Pero este órgano no lograba los niveles de coordinación esperados entre los aparatos de relaciones internacionales de las distintas organizaciones, presentando serias deficiencias. Así se puso de manifiesto principalmente desde HB, y fue reconocido por la propia ETA.

Como respuesta se creó un nuevo órgano, KEA (Kanporako Eraketa Amankomunatua), una estructura mancomunada exterior que continuó siendo controlada por KAS y ETA a través del Colectivo Elkano, formado por responsables del aparato político etarra. KEA se componía de dos órganos: Zabala («abierto, amplio»), dedicado a adoptar las decisiones de carácter general y en el que participaban los encargados de las relaciones internacionales en las distintas organizaciones del MLNV, y Bulego («oficina»), con carácter ejecutivo y que reunía a los propios responsables de KEA.

Asociación Europea Xaki

En enero de 2000 continué con la actuación procesal sistemática contra ETA en toda su extensión política y militar. Desplegamos entonces la siguiente fase en la estrategia, conocida como Operación Curro y dirigida contra Xaki, la estructura de relaciones exteriores del MLNV controlada y dirigida por ETA. Fueron detenidos e imputados doce responsables e ilegalizada la asociación, que había nacido legalmente y, más tarde, fue fagocitada por la organización terrorista.

La Asociación Europea Xaki supuso el nacimiento de un organismo legal de actuación pública para el desarrollo de las relaciones exteriores del MLNV, a diferencia de KHK y de KEA, que no eran más que órganos internos de dicho movimiento sin apenas proyección exterior.

ETA seguía estando bien presente y continuó decidiendo la estrategia que debía seguirse en el plano internacional. Así, la primera misión que encomendó a Xaki fue la difusión internacional de sus reivindicaciones —expuestas en la Alternativa Democrática de Euskal Herria—, y después le asignó la función de intentar crear una opinión en la comunidad internacional que apoyara la resolución dialogada del «pretendido conflicto» de ETA con el Estado español y la asunción, por parte de este último, de sus reivindicaciones durante el periodo en que la organización terrorista no cometió asesinatos, entre septiembre de 1998 y finales del año siguiente.

En la esfera de las relaciones internacionales, cada una de las organizaciones del MLNV bajo la coordinación de KAS designaba a determinados individuos con la encomienda de establecer y mantener sus relaciones exteriores, controladas todas ellas en última instancia por ETA. El grupo de personas que, participando en KAS, desarrollaban tareas del KHK carecía de capacidad de decisión independiente, ya que tenían que llevar a cabo sus actividades bajo el férreo control que el brazo armado de la banda terrorista mantenía por medio de un consejo compuesto por responsables políticos de la organización.

Las funciones de esta estructura de relaciones internacionales al servicio de ETA se resumían en el establecimiento de relaciones políticas con instituciones y grupos políticos y sociales de distintos países, a través de los cargos públicos y parlamentarios de HB, del equipo de especialistas en relaciones internacionales de Gestoras Pro Amnistía y sus organizaciones conexas —como el Equipo contra la Tortura (Tortuaren Auskako Taldea, TAT)— y de los aparatos de relaciones exteriores del sindicato LAB, Jarrai y la organización feminista Egizan.

La primera medida adoptada por ETA tras la remodelación fue la apertura, en octubre de 1992, de una delegación permanente en la capital de la Unión Europea. Este órgano, denominado Herri Enbaxada («embajada popular») y conocido como Bruselas Taldea (BT), debía apoyar la actividad del europarlamentario Karmelo Landa Mendibe. Más tarde se abrió otra delegación permanente, en este caso en París, para garantizar el control de los colectivos de deportados y refugiados a través de una comisión específica, la Deportazioa Komisioa (DK), con el fin de asegurar su permanencia dentro de la disciplina de ETA.

En la sentencia de la Audiencia Nacional se explicaba así:

[…] uno de los primeros objetivos del comité actual cuando se creó fue la recuperación de compañeros que por diversos motivos andaban desligados del grueso del colectivo. Para ello, se tomó contacto, con unos en directo y con otros por carta, para hablar del tema. Con algunos se consiguió el objetivo y con otro hoy es del día que seguimos intentándolo… Sería conveniente señalar que otros compañeros […] estaban considerados como «autoexcluidos», y no como expulsados por decisión unánime de la asamblea de este país, que regularmente se reunía para información y toma de decisiones […].

El objetivo era asimismo la búsqueda de los distintos canales de comunicación entre los responsables de ETA y los miembros de esta organización que se encontraban en el extranjero, en condiciones adversas, realizando aquellos una autocrítica derivada de la escasa atención que estaban dispensando a sus refugiados y deportados. También procuraban documentaciones falsas a militantes de ETA que se hallaban en la clandestinidad para que estos pudiesen regresar a las estructuras operativas de la organización terrorista.

El origen de Xaki

A pesar de los muchos esfuerzos desplegados por la organización para conseguir el control eficaz de todo el equipo de relaciones internacionales de las organizaciones sectoriales del MLNV englobadas en KAS, y para solucionar la situación de descontrol que el KEA no consiguió solventar, en 1996 tomaron la decisión de intentar de nuevo la creación de una organización que pareciera absolutamente desvinculada de ETA y de KAS. Para ello, este nuevo órgano debía estar integrado por personas formalmente independientes de la coordinadora aberzale y de la organización terrorista, dotado de sedes aparentemente independientes, y compuesto por una estructura y una ejecución de funciones que no presentaran ni un solo punto de conexión con ETA o con KAS.

Por este camino, y como consecuencia de los acuerdos alcanzados, se produjo la reconversión del KEA en la Asociación Europea Xaki (Xaki Europear Elkartea). Fundada el 13 de marzo de 1996, fijó su sede exactamente en la misma dirección de San Sebastián donde se encontraba la de HB.

Xaki se presentó oficialmente en Bilbao el 23 de julio de 1996. Al día siguiente, en la localidad vizcaína de Bermeo y durante las Jornadas Internacionales de Verano que había convocado, la nueva asociación lanzó su mensaje al resto del mundo. A partir de ese momento, Xaki coordinó todas las relaciones exteriores de las distintas organizaciones del MLNV e hizo posible la representación global en el plano de las relaciones internacionales, dejando otras y superando la simple función de coordinación interna que hasta entonces ejercieron los alegales KHK y KEA.

Los fines

A través de Xaki, ETA perseguía seguir manteniendo el control sobre su colectivo de deportados y refugiados. Estos se habían quejado en repetidas ocasiones, desde los diferentes lugares en que residían, del abandono en que se encontraban por parte de la organización. Xaki debía mejorar esta situación, con el fin de recuperarlos al servicio de su brazo armado, y organizar la ejecución de actuaciones encaminadas a contrarrestar las peticiones de extradición cursadas por las autoridades judiciales españolas a diversos países.

Otros fines eran los de tratar de deslegitimar internacionalmente el ordenamiento jurídico español, preconizando que vulneraba de forma sistemática las garantías constitucionales de los militantes de ETA detenidos por fuerzas policiales y puestos a disposición judicial, y difundir los supuestos medios represivos que, según decían, España utilizaba contra el pueblo vasco. Además, debían intentar hacerse con documentaciones auténticas para su posterior manipulación y utilización por miembros de ETA, así como seguir ostentando el liderazgo sobre el colectivo de reclusos de la organización terrorista, a los que, de forma sistemática, llamaban presos políticos vascos. Pretendían demostrarlo a través del efectivo ejercicio de facultades, como la expulsión de ese colectivo de aquellas personas que no se sometían a las directrices que les marcaba ETA. Por último, querían imponer por la fuerza el uso del euskera a todos los ciudadanos procedentes de cualquier otra comunidad autónoma española que se establecieran en el País Vasco, considerándolos extranjeros e impidiéndoles una normal convivencia.

Por tanto, las tareas desarrolladas por la Asociación Europea Xaki, y antes por KHK y KEA, superaban con mucho el simple control político disciplinario y humanitario de los militantes fuera del control directo de la cúpula etarra, y se extendían a estas funciones complementarias que, en un principio, correspondían a la estructura «legal» de relaciones internacionales de la propia ETA.

La estructura de Xaki

Nos encontrábamos ante unas organizaciones permanentes que se desenvolvieron desde 1976 a 2000 en el entorno de ETA. Aunque no disponían de armas, tenían una clara voluntad de participar en los fines de la organización terrorista, complementando —en el caso de KAS y EKIN— la actividad de lucha armada de ETA mediante el control y la dirección de los reiterados actos de kale borroka. Estos actos de violencia callejera eran protagonizados por las organizaciones juveniles Jarrai y sus sucesoras Haika y Segi, declaradas organizaciones terroristas en la sentencia del Tribunal Supremo 50/2007. Seguían las directrices que les eran impuestas por KAS, primero, y por EKIN, después, así como el señalamiento de posibles objetivos de ataque entre los alcaldes del partido Unión del Pueblo Navarro o los funcionarios de instituciones penitenciarias, como forma de apoyo a las reivindicaciones del colectivo de presos. En el caso de Xaki, mediante la recuperación para la lucha armada de aquellos militantes que habían sido deportados o proporcionándoles documentación auténtica manipulada para facilitar la ejecución de actos terroristas.

La sentencia del Supremo

Itzali, operación contra la desobediencia

En el Juzgado se seguía coordinando la investigación con el apoyo de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información. Para dotar de discreción a las investigaciones, se llevaron a cabo unas diligencias previas en las que se empezó a indagar sobre el funcionamiento y los responsables del proyecto de desobediencia civil ideado por el aparato político de ETA.

Uno de los instrumentos para lograr esa construcción nacional propugnada por la organización era la llamada desobediencia. En el documento de debate mencionado en el Proyecto Karramarro de KAS, desarrollado durante 1994, ya se mencionaba esta vía de acción. El resultado del debate fue oficializado y asumido por ETA en el número 72 de su Zutabe, donde —bajo el epígrafe «Desobediencia civil: Hacer frente continuamente a la opresión española y francesa»— se proponían diversas conductas colectivas de rechazo al Estado:

• Rechazo de los documentos que desde el nacimiento identifican a los ciudadanos como españoles o franceses, y creación y utilización de un registro sustitutorio.
• Apertura de vías para no utilizar documentación oficial española o francesa, recurriendo a documentos exclusivos de Euskal Herria, y obligando a las instituciones e instancias a su aceptación en la práctica.
• Enfrentamiento con la tendencia que, según sus planteamientos, multiplicaba la españolidad o la francesidad por medio de los deportes, encauzando una dinámica representada por deportistas vascos, al tiempo que rechazaban que los ciudadanos vascos se presentasen como deportistas españoles o franceses.
• Creación y puesta en práctica de formas efectivas de desarrollar la insumisión fiscal.
• Lucha contra la lotería y las quinielas, que consideraban instrumentos de negocio para el Estado.
• Creación de posibilidades para que Euskal Herria pudiese gestionar sus propios recursos económicos.

Estas directrices de carácter desobediente estaban dirigidas al movimiento popular, constituido por muchos organismos activos alrededor de cualquier tema que suscitase una mínima sensibilidad social. El movimiento había sido controlado, hasta su disolución en 1995, por una organización muy activa denominada Abertzale Sozialista Komiteak, o Comités Socialistas Patrióticos, más conocida por las siglas ASK. Su responsabilidad constaba en el documento Ponencia KAS Bloque Dirigente, intervenido con ocasión de la localización de una fábrica clandestina de explosivos de ETA en la localidad de Mouguerre (Francia), en septiembre de 1994. En ese documento se afirmaba literalmente que «los ASK se configuran como la organización revolucionaria de KAS para el movimiento popular». Quedaba claro igualmente que en su seno se articulaban y coordinaban las actividades y dinámicas de los organismos activos en ese ámbito, como Gestoras Pro Amnistía, AEK, Eguzki y otros.

La Fundación Joxemi Zumalabe sustituyó a ASK en el control y dirección de ese movimiento popular desde 1996. Esta entidad recogió inicialmente en su seno a las antiguas organizaciones sectoriales, desde la ecologista Eguzki y la feminista Egizan hasta AEK —la plataforma de aprendizaje del euskera para adultos— e incluso Gestoras Pro Amnistía, al tiempo que asumía los mismos objetivos que los antiguos ASK.

En el curso de la operación policial Itzali, realizada en octubre de 2000, entre el material intervenido en el registro de la sede de la Joxemi Zumalabe se descubrió documentación de todas esas organizaciones que constituían el Frente de Masas de ETA-KAS-EKIN, incluida la relación de sus máximos representantes ante la fundación.

La entidad comenzó a articular foros de debate y teorización sobre distintas iniciativas que pudieran concretar la propuesta «desobediente» de ETA, y sobre la forma de socializar esas iniciativas y la promoción de conductas colectivas de desobediencia, así como labores de complementariedad entre lo que llamaban lucha institucional y lucha de masas con el fin de poner en marcha una estrategia desobediente como complemento de aquellas.

Una vez concretada la propuesta de desobediencia de ETA en el Proyecto Piztu Euskal Herria (piztu significa «encender», de ahí que la respuesta contra él se llamase itzali, «apagar»), la Fundación Joxemi Zumalabe dio comienzo a todo el proceso de socialización, difusión y puesta en marcha de sus contenidos entre los organismos del movimiento popular, con especial incidencia en las Asambleas para la Autodeterminación (Autodeterminazioaren Biltzarrak).

En abril de 2001, pocos meses después de la Operación Itzali, dicté auto de ilegalización de EKIN. Fue de forma casi simultánea a que la Sección Cuarta Penal de la Audiencia excarcelara a siete de los catorce dirigentes de esta entidad que envié a prisión. En su auto, que contó con un voto discrepante, mis colegas consideraban que los indicios delictivos contra estas personas que recuperaban la libertad eran de menor intensidad. Estos magistrados no habían seguido durante años cada indicio, cada pista, cada documento capturado atando cabos, realizando una labor titánica con pocos medios para ir un paso por delante, para cortar el grifo económico y social a una banda criminal de la que ya veíamos cómo empezaba a dolerse de estas acciones. No tenían la visión global de lo que ocurría, ni veían la frustración de los investigadores que habían protagonizado un esfuerzo tan extraordinario.

Gestoras Pro Amnistía

En octubre de 2001 se desarrolló la Operación Udazkena («otoño») contra Gestoras Pro Amnistía, otra organización subordinada a ETA a través de la dependencia de KAS-EKIN. Se encargaba del control y sostenimiento de los miembros de ETA en prisión o en la clandestinidad en otros países, y se la consideraba responsable de la captación de nuevos militantes para ETA y de la convocatoria de las jornadas de lucha. Resultaron detenidos quince responsables, imputados catorce más y Gestoras fue declarada ilegal.

La investigación sobre Gestoras Pro Amnistía se inició con el análisis del documento intervenido a raíz de la detención en Francia del miembro de ETA José María Dorronsoro. A partir de ese trabajo y del resto de las investigaciones que realizamos en el Juzgado con la Comisaría General de Información, averiguamos cómo los militantes de ETA en prisión seguían estando sometidos a la disciplina que imponía la dirección de la banda terrorista y debían incluso rendir cuenta de sus actividades. Además, supimos que esa labor de control la ejercían los integrantes de una entidad, en aquellos momentos identificada como Z o ZZ, que podía entrevistarse directamente con los presos.

Existían varias referencias que hacían pensar que actuaban tanto en España como en Francia. Comprobamos que realizaban propuestas jurídicas sobre procedimientos penales en los que estaban implicados militantes de ETA y, sin duda alguna, tenían acceso al contenido de los procedimientos judiciales que les afectaban e incluso podían introducir documentos en los centros penitenciarios. Averiguamos que encuadraban su labor profesional en el contexto político de cada momento, y por eso se reunían ocasionalmente en territorio francés. Llegamos a saber que uno de ellos se encontraba preso en las fechas de elaboración del documento intervenido y que otro utilizaba el nombre orgánico de Errobi, mientras que otros eran identificados como C o CF, J y Ertzo.

Había dos colectivos, uno grande y otro pequeño, que se quería replicar en Francia, bajo la entidad de una dirección superior denominada Adidas, con responsabilidad sobre las actividades de los integrantes de Z tanto en España como en Francia. Adidas recibía instrucciones directas de los dirigentes de ETA, con quienes mantenía un flujo constante y periódico de información; hacía llegar comunicaciones de esos responsables a los presos, tanto en Francia como en España, y tenía capacidad para actuar en representación de ETA, algo reconocido tanto por los presos como por toda la estructura del MLNV; y también ponía en marcha las iniciativas decididas por los responsables de la organización terrorista ETA que afectaban al colectivo de presos etarras como, por ejemplo, las huelgas de hambre o los txapeos, término que se podría traducir como «encierro en la propia celda».

La estructura tenía capacidad para conocer el contenido de las manifestaciones prestadas por los militantes de ETA detenidos y encartados en procedimientos judiciales. Se encargaba de editar la publicación Zohardia y también de cumplimentar las instrucciones de los responsables de ETA en relación con los centros penitenciarios, directores y funcionarios implicados en presuntas agresiones físicas a presos. Gestoras había denunciado de forma sistemática desde 1994 a los centros penitenciarios, a sus directores y a los funcionarios destinados en ellos por presuntas agresiones físicas recibidas por los presos de ETA.

Todos estos elementos configuraban un perfil que se ajustaba de forma perfecta y exclusiva al del organismo alegal Gestoras Pro Amnistía, en el que se integraban los abogados encargados de la asistencia y defensa tanto de los presos de ETA como de los detenidos por actividades relacionadas con el MLNV.

Los abogados integrados en este colectivo eran los únicos con capacidad para realizar propuestas en el marco de procedimientos penales que afectaban a los militantes de ETA, con implantación a ambos lados de la frontera hispanofrancesa…, y también eran los únicos con posibilidad de entrevistarse personalmente con los presos con garantías de poder entregar y recoger comunicaciones y relacionarse con ellos con total discreción, amparados en el derecho de defensa y el secreto profesional. Tenían acceso incluso al contenido de las declaraciones de los militantes detenidos y una estructura con suficiente capacidad como para activar o poner en marcha campañas de lucha de los presos y complementarlas desde el exterior convocando movilizaciones de otras estructuras del MLNV. Además, se conocía que era el organismo editor de la publicación Zohardia, en la que figuraba como director Miguel Ángel Corta Carrión.

Y efectivamente, en las fechas de elaboración de algunos de los documentos a los que se ha hecho referencia, uno de los integrantes de este bufete de abogados, José Miguel Gorostiza Vicente, se encontraba encarcelado, tal como se reseñaba en uno de los papeles, donde se hacía referencia a «el Z que está en el mako en Navarra».

Sobre las referencias a C o CF, en uno de los documentos se cuestionaba: «¿Qué hostias nos ha hecho CF?». Y en otro se aclaraba:

[…] los problemas que existen con el Z de P y, en general, las incapacidades que existen no se solucionarán de la noche a la mañana y en un debate cara a cara, porque está claro que, en el caso de C, el problema no es el del dinero o el de la dedicación, sino el modo de entender su tarea y el punto de vista político. Bueno, no os enseñaremos nada nuevo y está claro sobre qué estamos tratando. Pero ese problema en Hegoalde [el País Vasco más Navarra] está latente de momento y con algunos Zs concretos.

Es decir, C o CF era un abogado que desarrollaba su labor en P (¿París?), que no tenía problemas de dinero o de disposición al trabajo, pero que se mostraba discrepante con los responsables de ETA, tanto en la forma de entender su función como en el punto de vista de su enfoque político. En las fechas de elaboración del documento, la abogada Claire Freyssinet, que hasta ese momento se había hecho cargo de la defensa de los militantes de ETA en Francia, había hecho pública su renuncia a seguir ejerciendo esta labor por discrepancias con los responsables de la organización sobre la línea técnica que debía seguirse.

En ese mismo periodo también se intervinieron otros documentos a responsables de ETA como Kepa Picabea Ugalde, que complementaban los anteriores y permitieron establecer una serie de elementos. Entre ellos, que el colectivo de presos de ETA era considerado por la organización terrorista como una fila de lucha más: el «frente de makos», o «frente de cárceles», sometido a la disciplina orgánica de ETA, que utilizaba para ello el nombre orgánico de Erribera. Las iniciativas, tanto del colectivo de presos como las de cada uno de ellos a título individual, eran controladas por la estructura dirigente de la propia banda terrorista, de tal modo que incluso las decisiones de iniciar una «huelga de hambre» o un txapeo procedían de los responsables de ETA o bien, como mínimo, necesitaban su aprobación. Este frente se creó ante el riesgo de la quiebra de la cohesión exigida por ETA a los presos, como consecuencia del arrepentimiento o la dispersión.

ETA se valía para ejercer el control sobre este frente de makos de la estructura de Gestoras que actuaba como mecanismo de enlace y comunicación, a través al menos de algunos de los abogados de su bufete. Este organismo también coordinaba y activaba formas de lucha complementarias a la de ETA en apoyo a movilizaciones del colectivo de presos.

Gestoras recababa, a través de sus abogados, datos transcendentes para la seguridad interna de ETA extrayéndolos de los procedimientos penales en los que sus militantes estaban implicados. En algunas ocasiones incluso señalaba a los presuntos responsables de la situación de los presos de ETA, convirtiéndolos en potenciales objetivos de su actuación terrorista, así como a personas e instituciones que no secundaban las movilizaciones convocadas en apoyo o solidaridad con las desarrolladas por los presos. Además, difundía como propias publicaciones directamente elaboradas por ETA.

La instrumentalización de Gestoras por parte de ETA fue posible, en una primera fase, por la pertenencia de este organismo a la estructura de KAS y, más tarde, por la presencia en sus órganos de dirección y estructura de miembros de esta última que actuaban como delegados de los responsables etarras, mecanismo que se mantuvo cuando la coordinadora fue sustituida por EKIN.

En esa primera fase, Gestoras actuaba bajo el control de los ASK, tal y como constaba en el documento titulado Evolución político-organizativa de la izquierda aberzale, en el que se las consideraba como uno de los organismos de tipo sectorial «no integrados en KAS». Aunque se podría pensar que no era, en principio, una organización de la coordinadora KAS, en la descripción del funcionamiento de todo el conjunto y en la definición de su configuración directiva se explicaba que los ASK —de los que dependía Gestoras— eran una vanguardia delegada de KAS para el movimiento popular. Por tanto, era indudable que ASK controlaba Gestoras, cumpliendo a su vez las directrices generales que se establecían en KAS, en la que los responsables de ETA imponían sus criterios merced a su voto de calidad. De hecho, en el documento titulado Kodigo Berriak, Gestoras figuraba junto a las distintas organizaciones con la clave G-M.

A partir de la remodelación estructural y funcional de KAS operada en 1994 a través de los procesos Txinaurri y Karramarro, se produjo una nueva instrumentalización de Gestoras. En sus órganos de gobierno y en su estructura aparecieron miembros de KAS que actuaban «desdoblados», a manera de comisarios políticos o delegados de la propia ETA. De tal modo que, a partir de 1998, una vez disuelta KAS, esa función pasó a ser ejercida por EKIN.

El mecanismo para la coordinación de esta nueva estructura se concretaba a través de dos tipos de reuniones: las de coordinación de la izquierda aberzale y las bilaterales. Las primeras eran aquellas en las que participaban todos los responsables de las distintas estructuras constitutivas de la izquierda aberzale excepto ETA. (Las agendas personales de algunos de los responsables de Gestoras como Julen Larrinaga Martín, Jagoba Terrones Arrate, Julen Celarain Erraztio y Gorka Zulaica Amochategui, que fueron intervenidas, recogían profusamente la celebración y desarrollo de esas reuniones de coordinación.) Las bilaterales consistían en encuentros entre los responsables de EKIN y los de Gestoras, de los que también existen abundantes referencias en la agenda personal del responsable de EKIN, Rubén Nieto Torio, que había sido intervenida en la anterior gran operación policial. En ella, además, aparecían otras referencias que ponían de manifiesto el control por parte de EKIN sobre las actividades de Gestoras Pro Amnistía.

Como ejemplo para evidenciar aún más si cabe este mecanismo de las reuniones bilaterales pueden servir las manifestaciones del responsable de EKIN, Javier Arregui Imaz, quien explicó que se trataba de reuniones entre dicha estructura y alguna de las organizaciones «sectoriales» del MLNV para un intercambio de información. Es clarificador también el conjunto de actas intervenidas al también responsable de esta organización, Carlos Íñigo Blasco, donde se daba cuenta tanto de la celebración de esas reuniones «bilaterales» como del carácter fiscalizador de las mismas, en las que los miembros de EKIN supervisaban las actividades desarrolladas y corregían las desviaciones.

Esta peculiar forma de relación entre los miembros de EKIN y los de Gestoras se ponía de manifiesto también en un documento titulado Xorrotx («sutileza»), intervenido a José Javier Arizcuren Ruiz y presuntamente elaborado y remitido por Mikel Gotzon Eguibar Michelena, que también era uno de los responsables de EKIN ubicado en Xaki. En él se establecía, respecto de la remodelación estructural y funcional, que Gestoras asumiera las funciones de elaborar propuestas después de mantener la reunión con los responsables de EKIN, quienes debían añadir o cambiar algunos elementos y, finalmente, esa propuesta debía ser remitida a los responsables de ETA para su aprobación final.

En otro documento incautado a Arizcuren Ruiz, el titulado Kaixo Com, se dejaba bien clara la función que ejercía alguno de los abogados del bufete de Gestoras recabando y actuando como enlace entre los responsables de ETA y sus militantes. En ese escrito, dirigido al colectivo de huidos en México, se afirmaba:

[…] nos comentáis que estáis enfadados porque no habéis recibido las cantadas de los últimos tres expulsados, ¿y qué queréis que os digamos?, pues el caso es que tampoco nosotros las hemos recibido todavía. Intentaremos conseguirlas y enviarlas por medio del abogado que proponéis […].

Esto evidenciaba que, ante la expulsión administrativa de militantes de ETA localizados en México, el responsable de este colectivo demandaba datos sobre las declaraciones que hubieran podido realizar para adoptar medidas, con el fin de eludir nuevas detenciones y proteger las infraestructuras en ese país, y que el instrumento utilizado por los responsables de ETA era un abogado. Resultaba plenamente congruente con las funciones que, en los documentos a los que he hecho referencia, la propia ETA demandaba a los Z o ZZ, es decir, a los abogados de Gestoras.

Todo se evidenció de forma concluyente con la desarticulación del comando Barcelona, cuando, en el curso del registro practicado en agosto de 2001 en uno de los pisos francos utilizados por sus integrantes, se intervino la copia de las declaraciones judiciales prestadas por los integrantes del anterior comando, realizadas unos meses antes. Estaba claro que alguien se había encargado de conseguir y remitir esas declaraciones judiciales y se las había facilitado a los sustitutos para que las tuvieran en cuenta a la hora de utilizar unos u otros colaboradores y unas u otras infraestructuras, en función de si estaban «quemados» o no, es decir, de si sus actividades podían ser conocidas previamente por los servicios policiales o por el órgano jurisdiccional competente.

Con ocasión de la detención en Tarbes (Francia) de Vicente Goicoechea Barandiarán, alias Willy, uno de los responsables del aparato político de ETA, se intervino una carta contenida en un sobre con la palabra Lierni presuntamente manuscrita por la militante de ETA, integrante del comando Barcelona, Lierni Armendariz González de Langarica. La misiva iba dirigida a «Ainhoa» y en ella, tras manifestar su autora que «esta es la carta que me habías pedido», se explicaban las circunstancias relativas a la ayuda prestada por Diego Sánchez Burría, uno de los colaboradores del grupo, detenido e imputado, y las manifestaciones prestadas tanto por este como por otro de los imputados, Zigor Larredonda Muñoz, y su grado de implicación real. Así, se afirmaba literalmente:

Ahora pasaré al tema jurídico: tienen declaraciones de Diego contra Zigor, pero este último ya lo ha negado. También se negará a declarar contra el dueño de la casa, Sergi, y si este último no queda en libertad es que los abogados sois verdaderamente malos.

Por tanto, la persona que había pedido la carta era una abogada. El escrito fue remitido posteriormente al aparato político de ETA, ya que por eso le fue intervenida a Goicoechea Barandiarán. También se encontró una gran cantidad de autocríticas de militantes de ETA detenidos, clasificadas alfabéticamente. Se incautaron con ocasión de la detención de José María Dorronsoro, también responsable del aparato político de ETA. Quedaba claro que los máximos responsables de la organización terrorista recibían todas las comunicaciones relativas a los presos a través de algunos de los abogados del bufete jurídico de Gestoras.

Señalar los objetivos

Otra de las funciones en las que se concretaba la instrumentalización de Gestoras por ETA era el señalamiento de presuntos responsables de la situación de los presos, lo que posibilitaba una actuación terrorista contra aquellos. Se ponía de manifiesto en un documento titulado Segunda semana de octubre del 92, en el que los responsables de ETA indicaban a sus delegados en la estructura de Gestoras que debían «señalar de forma pública» a los responsables de las presuntas torturas practicadas a los presos para que pasase «lo que tenga que pasar», en clara alusión a la ejecución de acciones contra ellos.

En el curso de la investigación desarrollada por mi juzgado se intervinieron abundantes evidencias sobre esta labor de señalamiento, que tuvieron su expresión más trágica en el asesinato de Jesús María Pedrosa Urquiza, concejal del PP en la localidad de Durango (Vizcaya), en junio de 2000, tras ser reiteradamente significado como responsable de la situación de los presos por parte de Aitor Ángel Jugo Álvarez. Jugo era el antiguo responsable de Gestoras en Vizcaya y, después, de la asociación Senideak («familias»). Su sucesor al frente de Gestoras, Juan María Olano Olano, no dudó en ratificar que desde ese organismo se continuaría señalando a los presuntos responsables de la situación de los reclusos.

Contra la Justicia

Dentro de ese catálogo de personas e instituciones «señaladas» se había incluido a la Administración de Justicia del País Vasco. La definían como un obstáculo para avanzar en el proceso de construcción nacional, equiparándola con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. En el intento de imponer el proyecto de construcción nacional, uno de cuyos ejes era el euskera, se pretendía que la Justicia se impartiese exclusivamente en esta lengua. Para ello, desarrollaron una campaña de presión con diferentes tipos de acciones: de denuncia y protesta, testimoniales, cuya organización se había encargado al colectivo denominado Euskal Herrian Euskaraz (En Euskal Herria en Euskera); de paralización y boicot de funcionamiento, a cargo del sindicato de abogados euskaldunes; y violentas, dirigidas contra instalaciones, que partían del entramado organizativo de la kale borroka.

Tras esa primera fase de señalar potenciales objetivos de ETA, en 2001 se pasó también a la acción directa de ETA. Poco antes de la operación policial contra Gestoras, tuvieron lugar dos hechos muy graves: la colocación de un vehículo cargado de explosivos en el exterior del Palacio de Justicia de Vitoria, en octubre, y el asesinato del magistrado José María Lidón Corbi, en noviembre. Entendía ETA que la Administración de Justicia estaba dando cobertura legal a las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Nació así el concepto de judicialización de la represión, pues consideraban que la Administración de Justicia se había convertido en un agente de la estrategia represiva del Estado. Era, por tanto, un objetivo sobre el que veían necesario actuar con la mayor contundencia.

Ya desde finales del año 2000 se había plasmado este nuevo concepto en torno a dos ejes: JR (judicialización de la represión) y KK (Kontuz Kontrolak, «cuidado, controles»). Ambos estaban claramente dirigidos contra la Justicia y contra los cuerpos de seguridad.

En lo que se refiere a la judicialización de la represión, el documento Reforma del Código Penal español. La vía judicial para la represión contenía un análisis del funcionamiento de la Administración de Justicia en términos de sumisión al Gobierno. Se analizaban jurídicamente las consecuencias de la reforma del Código Penal, entre otras cuestiones, además de identificar como objetivos de esta reforma el «aniquilamiento legalmente de la EA [Ezker Abertzalea, la izquierda aberzale]; evitar relevos-reproducciones; la socialización del miedo; [y el] aislamiento social de la lucha armada». También era muy explícito el siguiente párrafo:

A su vez la inclusión de una serie de cuestiones (como hacer pintadas, pegar carteles…) como delitos de terrorismo supone que en muchos casos las diligencias van a ser abiertas por los Juzgados provinciales, que rápidamente se van a inhibir y van a pasar el sumario a manos de la Audiencia Nacional. De esa manera, las decisiones de los jueces provinciales son el primer paso para juzgar a alguien como terrorista y si estamos hablando de unas pintadas o incidentes de otro tipo está claro que esos jueces se convierten en delegados provinciales de la Audiencia Nacional. Con lo que sobre esta idea también habrá que trabajar.

En otro documento, Actas Mintegi Maiatzak 01 («Actas del Seminario 1 de Mayo»), se afirmaba literalmente que «la judicatura, a excepción de sujetos concretos, es un elemento de la cadena represiva». Establecía tres ámbitos para esta judicialización de la represión: la vía legal, la línea política y la calle (kalean). En la calle, decían, era posible un «planteamiento de respuesta a palos», entre otras opciones.

La Administración de Justicia como un elemento agresivo para la ciudadanía vasca se trató de modo especial en la campaña Alde Hemendik («¡Fuera de Aquí!»), protagonizada por Gestoras. Lo reflejaban en un documento sin título que, en el apartado «¿Quién es JR?», afirmaba la necesidad de «distinguir entre toda la Justicia y la Audiencia Nacional», añadiendo que no se debía «colocar a toda la Justicia en bloque enfrente». Se entendía que no se debía generalizar el concepto de agentes represivos entre los órganos jurisdiccionales del País Vasco para evitar una respuesta colectiva y global.

Su objetivo era generar la presión suficiente como para que los integrantes de la Administración de Justicia abandonasen el territorio reivindicado como Euskal Herria, caracterizado con el ya Proyecto Alde Hemendik. Se evidenciaba en algunas de las acciones desarrolladas en lo que llamaban lucha de masas, consistente en acciones como colocar una maleta y un folleto informativo sobre los horarios de trenes en dirección al exterior del territorio vasco en las puertas del Palacio de Justicia de Bilbao, o bien la convocatoria de una concentración en el exterior de otra sede judicial con una pancarta que decía «Epaile erdaldunak, ikasi edo kanpora», es decir, que cualquier juez que no supiera euskera debía aprenderlo o marcharse fuera.

En los registros practicados en las sedes de Gestoras se encontraron en soporte informático los logotipos de Euskal Herrian Euskaraz, con los que se podían elaborar documentos y soportes propagandísticos, y también algunos documentos sobre la euskaldunización de la Administración de Justicia.

Sobre la presión hacia los cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas con el objetivo de que abandonaran el País Vasco y Navarra, dentro de la dinámica KK, hay una buena muestra de cómo el control residía en ETA-EKIN en un documento titulado Alde Hemendik! Dinamikak Indartzeko Proposamena («Propuestas para el fortalecimiento de la dinámica. ¡Fuera de aquí!»), que se incautó a responsables de la organización terrorista. En él se decía: «El aislamiento de las fuerzas armadas españolas y francesas tiene que ser total, tenemos que echarles pueblo a pueblo». Gestoras sería el motor para el desarrollo de este propósito, junto al colectivo antimilitarista Malatxa.

La captación de militantes

Gestoras Pro Amnistía aprovechaba por su parte la sensibilidad que concitaba la defensa de los derechos de los presos de ETA para captar militantes. Así ocurrió con Amaia Arrieta González, Iratxe Sorzabal Díaz, María Teresa Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo o Josu Mirena Beaumont Barberena, responsables y miembros «liberados» de la propia estructura operativa, encartados todos en distintos procedimientos judiciales por la presunta captación de militantes para ETA.

Este sistema de engrosar la organización se evidenció en parte gracias al registro practicado en el domicilio compartido de Igor Ortega Sunsundegui y de la integrante del área internacional de Gestoras, Amaia Arrieta González. Allí se halló un sobre en que figuraba la anotación «Txapi», y dentro otro más pequeño en que se leía «I12». Y en el interior de este último se guardaba una carta que finalizaba con la recomendación: «No comentes ni consultes con nadie nada de esto, ya que es una carta que va dirigida a ti personal y exclusivamente. Cuando termines de leer este escrito, quémalo inmediatamente». Era una propuesta de integración en ETA, con el sello de la organización en seco, y fechada en 2001.

Así lo declaró también Sorzabal Díaz, relatando que Amaia Arrieta le había entregado una carta de ETA en mano manifestando que ella era su canal de comunicación. Se supo entonces que determinadas labores de información sobre vehículos de funcionarios de prisiones, en las que participaron también otras dos personas identificadas como Ainhoa Adin Jáuregui y Arantza Arreche, habían sido entregadas a la organización a través de Arrieta.

Se probó que otros responsables de Gestoras habían colaborado en las actividades de captación de militantes para ETA. Así lo manifestó Juan Echebarria Oyarbide respecto de Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, responsable en Álava, al declarar que su captación para la banda terrorista ETA fue a través de una carta con una cita en Francia que le había entregado ella en la sede de Gestoras.

Por tanto, quedaba claro que al menos esos responsables de Gestoras estaban realizando, de manera simultánea, captaciones para la estructura operativa de ETA, aprovechando en algunos casos tanto las instalaciones como las relaciones y los contactos de aquella organización.

Dentro de la función de control del colectivo de presos de ETA, del mantenimiento de su cohesión interna y de su sometimiento a la disciplina que establecían los responsables del conjunto del MLNV, quiero citar los recibimientos a los militantes que eran excarcelados. Constituían auténticos actos de exaltación de la violencia terrorista en los que, con abundante parafernalia, se exaltaban las pretendidas virtudes de quienes salían de prisión. La planificación, aportación de medios, convocatoria y ejecución de estos actos de recibimiento —llamados ongi etorri («bienvenida»)— y otros homenajes constaba en diversa documentación intervenida en las sedes de Gestoras, aunque en realidad ratificaban lo que era público y notorio en los medios de comunicación.

Se intentaba transmitir y hacer llegar a la población un mensaje distorsionador de la realidad para cohesionar la permanencia y conseguir nuevos adeptos. El mensaje se presentaba ante instituciones y organismos nacionales e internacionales, dando una imagen represiva de España y Francia con la intención de desacreditar a ambos Estados. Y, de paso, obtener respaldo a un planteamiento cuyo artífice, ETA, se ocultaba públicamente. Así constaba en un documento manuscrito y sin título, referido a las posibles soluciones para eludir las responsabilidades administrativas y penales por la convocatoria y organización de esos actos, encontrado en la sede de Gestoras en Vitoria:

• Hacerlo a la brava (para ello, no autorización).
• Comunicarlo como homenaje, bienvenida, convocarlo los padres del homenajeado, los movimientos sociales del pueblo.
• Convocar a un acto político (sin nombrar el término bienvenida, homenaje) y ese acto político caracterizarlo como «salida política al conflicto en parámetros políticos y democráticos» […] que a ellos les suponga un coste político mayor el prohibirlo (no están prohibiendo solo un acto, sino el conflicto y la resolución del mismo).

En la misma línea se celebraban de forma similar homenajes a los militantes de ETA que morían en el curso de la preparación o ejecución de actos terroristas. Por ejemplo, tras el fallecimiento de Olaia Castresana Landaberea, en julio de 2001, se desarrollaron actos en su honor en las localidades de Marquina y Durango (Vizcaya) y Hernani (Guipúzcoa); en el mes de agosto siguiente, con motivo del primer aniversario de su muerte, se homenajeó a los militantes de ETA José Francisco (Patxi) Rementeria Barruetabeña, Ekain Ruiz Balerdi, Urko Guerricagoitia Aguirre y Zigor Arambarri Garmendia; ese mismo verano también, se organizó un acto de homenaje con motivo del tercer aniversario del fallecimiento de otra militante de ETA, Inaxia Ceberio Arruabarrena. Sin olvidar la coordinación de la convocatoria de las jornadas de lucha en las que se producían abundantes daños en bienes e instalaciones y coacciones sobre las personas.

La Sentencia del Tribunal Supremo

2000. Francia entrega a Pakito

El 8 de febrero de 2000 las autoridades galas entregaban a Francisco Múgica Garmendia, Pakito, quien fuera el máximo dirigente de la organización ETA desde 1987 hasta su detención en Bidart el 29 de marzo de 1992. La extradición se había concedido por los veintiséis muertos en diferentes atentados de los que se le acusaba. Fue el día antes de la reunión que se celebró en París entre el presidente del Gobierno español, José María Aznar, y el presidente de Francia, Jacques Chirac, y un día después de la visita a Madrid del ministro del Interior francés.

Bajó del avión encadenado de pies y manos, como era costumbre de la policía francesa. Cuando la jueza de guardia le comunicó los procesos en que estaba inmerso, se negó a firmar las notificaciones. Portaba una lista de abogados a los que quería recurrir para que le representasen. Fue trasladado a la prisión de Soto del Real, en Madrid, donde entre otros etarras se encontraba José Ignacio Aracama Mendía, Makario.

Pakito era el segundo miembro de la dirección de ETA que fue detenido en Bidart y puesto a disposición de la justicia española. A esa fecha, de ese grupo solo quedaba por ser extraditado José María Arregui Erostarbe, Fiti.

A Pakito, que empezó a militar en ETA en 1970, se le ligó con la desaparición del dirigente poli-mili —es decir, de ETA político-militar— Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, que tuvo lugar el 23 de julio de 1976 y, años más tarde, fue investigada en España por el juez central Fernando Andreu. El magistrado tuvo que archivar la investigación provisionalmente en 2012, ante la falta de indicios de responsabilidad penal concreta y pese al decidido empeño de la familia —que incluso había presentado una querella en 2008— por llegar a esclarecer las circunstancias. Ninguna de las dos vías que se siguieron en las indagaciones dieron resultado, ni la que apuntaba a miembros del sector de ETA conocido como komando bereziak («comandos especiales»), entre los que se encontraba Pakito, ni la que se dirigía a la posible responsabilidad de «elementos integrados en los servicios policiales españoles», bien directamente o a través de mercenarios de organizaciones extremistas o neofascistas italianos.

En 1990 el etarra Henri Parot señaló a Pakito como la persona que le había facilitado medios e información para llevar a cabo los atentados que causaron la muerte a veintiséis personas. Entre sus crímenes figuraban la orden de hacer explotar un autobús militar en Zaragoza y otro contra la sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Y también la de matar a mi amiga y compañera, la fiscal de mi juzgado, Carmen Tagle.

Recuerdo que ante la inminencia de las elecciones generales que se celebrarían el 12 de marzo de 2000, Rafa Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB, vinculado al MLNV, declaraba que la extradición de Pakito tenía fines electoralistas para el Gobierno.

En 1992 Fungairiño y yo habíamos interrogado en Francia a Pakito ante la juez Le Vert. Cuando acabamos, le dije que tenía por delante muchos años de cárcel y que antes o después respondería ante la justicia española. Me contestó que nos encontraríamos en Madrid, si es que yo todavía estaba en mi cargo. Cuando estaba ante mí en la Audiencia Nacional ocho años después de aquella conversación, le recordé aquellas palabras: «Como le dije en París, aquí estoy… y usted también, para cumplir ante la justicia por sus delitos».

ETA planeaba matarme

Ese verano de 2000 el Juzgado Central de Instrucción número 5 resolvió que existía una continuidad de empresas entre Orain, editora de Egin, y EKHE, que publicaba Gara. De ese modo, esta última tuvo que hacerse cargo de las responsabilidades económicas y laborales del diario clausurado. Tras esa actuación, el Ministerio del Interior me informó de que la izquierda aberzale estaba diseñando una campaña para desprestigiarme.

Que la organización terrorista no estaba contenta conmigo era algo notorio, pues reiteradamente se me mencionaba en los diferentes documentos que se intervenían. En la documentación incautada en diferentes ocasiones, especialmente en la que se le encontró al comando Madrid en un piso de la calle Doctor Fleming, y también, por ejemplo, en otros papeles intervenidos tras la detención de un etarra de nacionalidad alemana, habían aparecido datos de mi domicilio, de mis traslados, de las medidas de seguridad de las que disponía, vehículos utilizados, movimientos, rutas que seguía, entrada y salida de la Audiencia, lugares adonde iba de vacaciones… Incluso se plantearon ir a por mí a una estación de esquí, por lo que tuve que cancelar las vacaciones. Pero eso era algo normal y, como siempre he dicho, «iba en el sueldo».

Yo trabajaba voluntariamente en la Audiencia Nacional y asumía ese riesgo como los demás compañeros y compañeras, pero creo que ETA y todo el conjunto de organizaciones que la rodeaban, especialmente los grupos de kale borroka, tenían una fijación importante conmigo. Eran habituales las dianas circulares con mi apellido en el centro, así como los carteles en los que se me señalaba como objetivo prioritario.

Recuerdo que durante mucho tiempo tuve en mi despacho, y aún lo conservo en casa, un gran cartel en el que, junto a otros «objetivos» políticos o policiales, aparecía mi rostro con expresiones poco amables. Las campañas de desprestigio también eran habituales, pero me llamó la atención una supuesta trama para acabar con mi vida en el mismo despacho que ocupaba en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

En el verano de 2000 el Ministerio de Interior notificó a la sala de vacaciones y a los servicios de seguridad de la Audiencia Nacional que un colaborador absolutamente fiable había relatado un nuevo plan de ETA para asesinarme. Lo iban a hacer disparándome con un rifle de mira telescópica cuando yo estuviera en mi despacho. El asesino se instalaría en un piso de la calle Génova 25, en el que vivían dos ancianos. Desde allí se observaban a la perfección mi mesa y mi sillón, situado a espaldas de la ventana.

El 28 de agosto, cuando regresé tras las vacaciones y plenamente informado de todo, me ofrecí a hacer de cebo para tender una emboscada al comando Madrid…, siempre que me garantizasen que estaba relativamente seguro y que los detendrían antes de que pudieran disparar. Los servicios de seguridad no aceptaron y me instaron a que bajara los estores. La ubicación dentro de mi despacho no podía provenir, obviamente, más que de alguna de las personas vinculadas a la organización terrorista. Lo cierto es que yo tomaba todas las declaraciones en ese lugar. Para tener más luz, al ser un segundo piso, había situado mi sillón y la mesa de trabajo junto al ventanal que protegía una estrecha terraza que lo rodeaba, ubicado en la misma esquina de las calles Génova y García Gutiérrez.

Cuentan las crónicas periodísticas de la época que de inmediato se intensificaron las medidas de seguridad. En concreto, por un lado, los servicios de contravigilancia dispusieron un operativo de control del inmueble desde el que se pretendía realizar el atentado. Por otro, el presidente de la Audiencia, Clemente Auger, solicitó telefónicamente que se dispusiera de una partida para instalar cristales blindados en las ventanas del edificio. Bueno, eso es lo que trascendió, pero no fue exactamente así.

La noticia sobre estas incidencias se filtró y el diario El País sacó una noticia en la que contaba el proyecto de ETA. De forma inmediata, se personaron en mi despacho los arquitectos del Ministerio de Justicia para implementar las correspondientes medidas de seguridad, especialmente el blindaje de los vidrios de los ventanales. Como transcurriera el tiempo y nada sucediese, pregunté y me dijeron que todo seguía adelante, pero que, de momento, colocarían una película adhesiva traslúcida en los vidrios para que no se viera el interior desde fuera. Por cierto, con el oscurecimiento, siempre necesitaba tener la luz encendida. Tiempo después volví a preguntar y me contestaron que no había presupuesto y que el alcalde de Madrid no autorizaba la modificación de la fachada del edificio. Ahí acabó el tema del refuerzo de mi seguridad.

A partir de ese momento, lo acontecido servía de chanza porque, cada vez que se abría la puerta, los vidrios se movían y sonaban, demostrando que el adhesivo era simplemente un camuflaje. Así permaneció hasta que se derribó el inmueble. Espero que ahora el nuevo edificio proteja mejor a los que allí están, porque los que estuvimos antes quedamos expuestos demasiadas veces.

Al menos la colaboración con Francia continuaba yendo bien: en mayo de 2001 se produjo una nueva extradición aceptada por el país vecino, la de Idoia López Riaño, alias Margarita o la Tigresa, que ingresó en prisión por diversos atentados realizados en Madrid que causaron la muerte de dieciséis personas. Entre ellos estaba el de la plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que murieron doce guardias civiles. López Riaño se negó a declarar, si bien había admitido su pertenencia a ETA.

En abril de 2016, la exetarra remitía una carta al juez de Vigilancia Penitenciaria desde la cárcel manifestando su dolor por las personas en cuyo asesinato se implicó directamente y por todas las víctimas de los atentados «que no pude evitar».

2001. Asesinan a Lluch y atentan contra Del Olmo

Fernando García Jodrá, Unai López de Ocáriz y Nerea Bengoa Ciarsolo eran los tres miembros liberados del comando Barcelona desarticulado en agosto de 2001. Además de los atentados criminales contra varios concejales del PP, García Jodrá confesó haber participado en el asesinato del exministro Ernest Lluch el 21 de noviembre del año anterior. Señaló a otro etarra, José Ignacio Cruchaga Elezcano, detenido el 10 de enero de 2001, como autor de los dos disparos que mataron a Lluch y afirmó que él únicamente conducía el automóvil que llevaría al asesino hasta su víctima.

ETA había dado la orden desde Francia. El comando tenía como objetivos a todos los altos cargos del PSOE. Contaron que si se trataba de alguien del Partido Socialista de Cataluña la dirección debía autorizarlo expresamente, al igual que si deseaban atentar contra un fiscal, un militar o un profesional de los medios de comunicación.

Y lo que también confesó García Jodrá fueron los ocho intentos de matar al periodista, y buen amigo mío, Luis del Olmo en Barcelona. Comenzaron en junio de 2000. Trataron de asesinarle en cuatro ocasiones con coches bomba, pero fallaron, bien por problemas técnicos, bien por los cambios de itinerario y horarios de Luis. En dos ocasiones le esperaron para pegarle un tiro en la nuca, pero no encontraron al periodista. El último intento tuvo un final desgraciado cuando un guardia urbano, Juan Miguel Gervilla Valladolid, los sorprendió manipulando un vehículo con un artefacto explosivo y lo asesinaron. Para García Jodrá, Del Olmo se convirtió en un objetivo casi personal suyo, si bien la orden llegó de ETA.

De alguna forma, como Luis ha mencionado muchas veces, sin saberlo tuve bastante que ver en que la mañana última en la que le esperaban para matarlo no estuviera en Barcelona, porque había viajado a Madrid para entrevistarme.

Luis era un objetivo de ETA desde años atrás debido a la insistencia y beligerancia valiente que ejercía a través de su programa de radio. Su seguridad me preocupaba y pedí expresamente a Jaime Mayor Oreja, aún ministro del Interior, que dispusiera medidas de protección porque temía un atentado contra Luis. Así lo hizo. En aquellos días finales de 2000, Pilar Urbano había publicado el libro Garzón, el hombre que veía amanecer. Luis estaba un poco «enfadado» conmigo porque no le había dado la primera entrevista para presentarlo. Yo me excusé diciendo que había sido en televisión y que la siguiente la haría con él sin límite de tiempo. Me tomó la palabra y me pidió que fuera al día siguiente a Barcelona. Yo no podía, pero le respondí que un día después podía entrevistarme en Madrid. Consultó su agenda y respondió que tenía que venir el día anterior, aunque, ante el hecho de disponer de dos horas conmigo, decidió retrasar su marcha y así poder reunirnos. Precisamente esa fecha, el 20 de diciembre de 2001, en la que Luis debía estar en Barcelona según su rutina, pero se quedó en Madrid, era la elegida por el comando de ETA que iba a por él. No lo encontraron, pero García Jodrá y Cruchaga mataron al funcionario de la Guardia Urbana de Barcelona que pretendió identificarlos. Recuerdo que nos enteramos de aquel asesinato en el momento en que nos encontrábamos en plena entrevista en la emisora Onda Cero. Sentí una profunda incomodidad e impacto mientras el autor me confesaba los hechos, tiempo después, cuando fue desarticulado el comando y me correspondió la investigación. Fue procesado además por los sucesivos intentos de asesinato contra Luis, entre otros delitos.

El etarra de las mil caras

A José Luis Urrusolo Sistiaga, conocido como el etarra de las mil caras por su habilidad para cambiar de aspecto, las autoridades francesas lo entregaron a España el 23 de agosto de 2001. Asistido por el abogado Zigor Reizabal, compareció sin las esposas y con un ejemplar del diario aberzale Egunkaria. Junto a mí se encontraban el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, y el fiscal Enrique Molina. También asistieron a la declaración los abogados de la familia de Manuel Broseta, exsecretario de Estado para las Autonomías y catedrático de Derecho, asesinado por Urrusolo en Valencia el 15 de enero de 1992.

Urrusolo no demostró interés alguno y tan solo contestó a la pregunta referida al tiempo que llevaba en el País Vasco con un «siempre he estado aquí», aunque, ante mi insistencia, concedió que llevaba veinte años fuera. Obviamente no contaba las veces que había entrado en España para cometer los múltiples atentados que se le imputaban. Habían pasado diez años desde el asesinato de Manuel Broseta y cuatro desde que me encontrara con él, en septiembre de 1997, en el Tribunal de Gran Instancia de París.

Ese mismo jueves 23 de agosto decreté su ingreso en prisión. Después, Urrusolo Sistiaga, alias Joseba y Langile, sería condenado sucesivamente por los diversos delitos cometidos, asesinatos incluidos, a cuatrocientos cuarenta y nueve años de cárcel. El 28 de febrero de 2016, tras haber cumplido diecinueve años de su larga condena, fue puesto en libertad. Días después, declaró que en ETA «todavía hay gente, sobre todo jóvenes, que están dispuestos a coger las armas y seguir con la violencia», a la vez que emplazaba al partido Sortu («nacer, surgir») —considerado el sucesor de la ilegalizada Batasuna— para que diera pasos unilaterales con el fin de solucionar el problema de los presos. En mayo de ese mismo año, el diario El País recogía estas palabras de Urrusolo Sistiaga:

Muchos hemos sido partícipes de los atentados. No solo los autores materiales. También los que hemos tenido responsabilidad en ETA y en la izquierda abertzale. Hay que recordar que las víctimas de ETA además de perder a su familiar sufrieron un vacío social. Hay que reconocerlo para recuperar una convivencia normal.12

Y se dirigía así a las víctimas:

Siento el dolor que les hemos causado, que fue una barbaridad haber utilizado la violencia sin considerar que lo primero es la vida de las personas y sus derechos. Entiendo que sea difícil para ellas creer que nuestro planteamiento es sincero. Pero lo es.

2002. Las herriko tabernas

En abril de 2002 se dio inicio a la Operación Estaca de Bares contra el complejo financiero de ETA creado alrededor de Batasuna, en la que aparecían implicadas la red de herriko tabernas. Fueron detenidos once responsables e imputados tres más. Se intervinieron también las empresas Erosgune, Eneko, Artetxe-Alberdi, Dugal, Hator, Aixa y Etxepare.

Este procedimiento presentó múltiples problemas. Los responsables del MLNV sentían cada vez con más intensidad toda la actuación judicial y policial y, a medida que esta avanzaba, intuían que nos acercábamos y que se estaba estrangulando cualquier posibilidad de supervivencia de las diferentes estructuras satélites creadas por el complejo terrorista de ETA-EKIN. Las herriko tabernas habían sido durante muchos años el lugar de reunión y cita, de ocultamiento de armas o del material explosivo, de propaganda, de captación…, en una línea fiel al principio de desdoblamiento instaurado por ETA. Abordar esta pieza fundamental en el entramado nos resultó de gran dificultad debido a los más de cien locales que integraban la red y a las sociedades que los explotaban, que en algún caso no estaban directamente vinculadas con ETA.

No fue sencillo. La operación se tuvo que suspender inicialmente porque hubo filtraciones y varias personas se encaramaron en balcones y terrazas para impedir la actuación de la policía. Cuando lo supe, ordené que se suspendiera todo para que se descongestionaran los espacios. Una vez libres, y antes de que sus ocupantes reaccionaran de nuevo, ordené que se reactivara la operación y se llevó adelante sin incidencias.

Esta operación y la investigación que conllevaba se pensaron como una primera parte de la que se desencadenaría meses después contra Batasuna. Siempre fue así, desde el principio, cuando decidimos que estratégicamente era muy difícil que la sociedad asumiera una acción contra un partido político, es decir, contra Batasuna, si antes no se desmontaba todo el entramado dirigido por ETA-KAS-EKIN. Ese momento estaba a punto de llegar, después de cinco años de actuación sistemática contra todas sus estructuras, renovaciones y sucesiones.

El procedimiento sufrió todo tipo de incidencias y, también en este caso, recibí como mecanismo de presión alguna que otra denuncia y querella ante la Sala Segunda, aunque no fueron admitidas a trámite.

Uno de los temas que se cuestionaba era si había habido financiación de la organización terrorista a través de las herriko tabernas. A este respecto diré que sus sistemas de financiación, según el fiscal y las sentencias pronunciadas, descansaban en la financiación directa procedente del frente militar de ETA, que esencialmente obtenía sus ingresos a través de la extorsión y los secuestros. En segundo lugar, en el aprovechamiento de negocios entre los que destacan las txoznas —tabernas y chiringuitos populares montados en las fiestas patronales—, las aportaciones de simpatizantes del MLNV, la venta de materiales, el cobro de cuotas y la organización de loterías.

El frente militar de ETA diseñó tras la Operación Sokoa un nuevo sistema de financiación orientado a conseguir mayor seguridad en los procedimientos, intentando implantar el principio de autofinanciación para las organizaciones del MLNV. En el desarrollo de este proyecto se sirvió de KAS, cuya renovación a finales de 1991 marcó un punto de inflexión en el sistema financiero de ETA al poner en práctica el instrumento de la comisión económica y la figura del responsable coordinador dentro de las diversas organizaciones del MLNV.

En tercer lugar había que contemplar el desarrollo de un conjunto empresarial integrado en el diseño del Proyecto Udaletxe. Otros aspectos eran la explotación de la red de herriko tabernas; los ingresos institucionales procedentes de las subvenciones públicas y ayudas oficiales a partidos políticos, así como los sueldos y dietas correspondientes a sus cargos electos. También los préstamos procedentes de entidades financieras para cubrir los gastos de las campañas electorales, en su mayoría.