Si existe un fenómeno poliédrico en la sociedad moderna es el del terrorismo. A pesar de los años que llevamos combatiéndolo, no contamos siquiera con un concepto uniforme sobre lo que se entiende por él con incidencia universal. Probablemente existan tantas definiciones como sistemas penales se aplican a su confrontación.

En este sentido, si algo he aprendido en estos más de veintiocho años estudiándolo e investigándolo es la funcionalidad o relatividad con las que actúa. No siempre algunas conductas serán consideradas terroristas y, más de una vez, aquellas que lo son dejarán de serlo. Que una conducta sea calificada como terrorista dependerá del momento y de la coyuntura política de ese momento.

En España, determinados niveles y zonas han padecido la intensidad del fenómeno terrorista de modos diferentes. Curiosamente, y salvo en la época de los GAL, ninguna de las actividades para afrontar la lucha contra el terrorismo se ha salido de la legalidad y, además, las disfunciones que hubieran podido producirse se han corregido.

CONTRA LA DICTADURA DE ETA

En los primeros meses de 2016, mientras asistíamos a la incertidumbre de qué Gobierno tendríamos en España —en una situación insólita de incapacidad para ponerse de acuerdo entre los diferentes partidos políticos que concluyó en unas segundas elecciones en junio del mismo año y al cierre de este texto en agosto, aún no sabemos si tendremos gobierno o terceras elecciones—, ocurrieron otras cosas muy interesantes en el ámbito de la erradicación de la violencia política en España. Podrían interpretarse como el cierre del ciclo judicial que comenzara con mi estrategia de investigación sobre ETA (Euskadi Ta Askatasuna, «País Vasco y Libertad») en toda su extensión y no solo respecto del frente armado. Este camino, después de los prolegómenos, se inició en mayo de 1998 con la primera operación contra el denominado entorno etarra, que yo identificaba como el complejo terrorista liderado por ETA junto a la codirección subordinada formada por la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS, «Coordinadora Patriota Socialista») y la organización ilegal EKIN («emprender»). Dieciocho años de esfuerzo han pasado, a los que habría que añadir diez más desde que en aquellas primeras diligencias previas 75/89 del Juzgado Central de Instrucción número 5 (JCI 5) de la Audiencia Nacional comenzara a acumular material para desarrollar la investigación más amplia y compleja que se ha hecho en España —desde el Estado de derecho— contra una organización terrorista en toda su extensión, hasta conseguir su desaparición.

También tuvo lugar, el 1 de marzo de 2016, la puesta en libertad por extinción de su condena de Arnaldo Otegi Mondragón, quien de inmediato inició un discurso independentista radical ante sus seguidores. Al respecto habría que preguntar a Otegi de qué le han servido al País Vasco tantos años de dolor y sufrimiento si esto mismo se podía haber obtenido sin el empleo de la violencia y desde hace mucho tiempo. Sin embargo esa violencia irracional y absurda solo ha generado enfrentamiento y frustración en varias generaciones vascas y en todo el conjunto de España. Si observamos los ciclos históricos de esa violencia, comprobaremos que desde que Terra Lliure la abandonara como instrumento de acción política para reivindicar la independencia de Cataluña, después de que yo desarticulara los últimos vestigios de esta organización en 1992, y tras la sentencia de conformidad de la Audiencia Nacional dictada en 1994, hasta que se ha planteado pacíficamente la separación de Cataluña frente a España, han transcurrido veinte años. En el caso del País Vasco tendrán que transcurrir, probablemente, otros tantos hasta que se cierren las heridas y se asuma este planteamiento. Solo con un diálogo claro desde ahora, sin soberbia y en forma participativa se podrá avanzar con mayor celeridad y encontrar ese camino de pacificación y convivencia diversa, que exige la entrega de las armas y la aceptación de lo irreversible: la innecesariedad de ETA para conseguir cualquier objetivo político. Arnaldo Otegi ha desperdiciado prácticamente los últimos siete años de su vida para obtener lo que ya tenía: el marco democrático español que le permite hacer lo que ahora hace incluso presentarse como candidato a lendakari en la elecciones de septiembre. ¡Cómo cambian las cosas en tan poco tiempo! No ha sido un triunfo de la izquierda aberzale ni de ETA, sino de las víctimas y de la ciudadanía española que les permiten este debate. Es la hora de la política y siempre debió de haber sido así.

Lo que tan reiteradamente se negó, tanto por ese entorno como por el nacionalista, se ha fijado en las sentencias de los distintos tribunales, incluido el TEDH, y ahora, finalmente, se acepta por los propios autores criminalmente responsables de aquellos execrables hechos. Así queda fijado en los hechos probados de la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fechada el 20 de enero de 2016.

El comienzo del fin

El 30 de julio de 2009 la explosión de una bomba lapa adosada a un vehículo causó la muerte de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, en la localidad mallorquina de Calviá. Fueron las dos últimas víctimas de ETA en suelo español.

El último asesinato cometido por la organización terrorista tuvo lugar en Francia, el 16 de marzo de 2010. Por primera vez en la historia de ETA, la víctima fue un policía francés, Jean-Serge Nèrin. Ocurrió en un tiroteo cuando tres etarras intentaban robar en un concesionario de coches en Dammarie-lès-Lys, un municipio situado a unos sesenta kilómetros al sureste de París. Uno de ellos, Joseba Fernández Aspuruz, alias el Guindi, fue detenido en España.

El 20 de octubre de 2011, cincuenta y tres años después de su fundación, ETA anunciaba el cese definitivo de la violencia. Desde ese día, la vida en el País Vasco y en España comenzó a ser diferente. Por fin el miedo, la amenaza, la extorsión, el secuestro y la noche oscura del terror comenzaban a ser historia.

La noticia del fin de la violencia etarra me sorprendió en Bogotá, a punto de comenzar un almuerzo con el ahora alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, un hombre fundamental para la paz en Colombia. Recuerdo que estuvimos hablando, como otras tantas veces lo hicimos, sobre ETA y la forma de combatirla policial, judicial, social y políticamente. Hoy también estamos en un proceso parece que irreversible hacia la paz en este país hermano. Sin embargo, los caminos y las fórmulas han resultado muy diferentes, como también las realidades son muy distintas, a pesar de las eventuales conexiones existentes en el pasado entre las FARC y ETA.

Ese viernes, 20 de octubre, ETA anunció con su habitual parafernalia encapuchada el final de sus más de cuatro décadas de terrorismo iniciadas en junio de 1968, con el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines Arcay en un control de carretera. Más de cuarenta años que han dejado ochocientas veintinueve víctimas mortales, una infinidad de heridos, daños, estragos, vidas rotas, amenazados, desplazados, familias y empresas destruidas y una sociedad enfrentada que, como tantas veces sucede, es la que más cordura ha puesto sobre la mesa ante un Gobierno ausente y una organización terrorista que aún se resiste a desaparecer en los últimos reductos que le quedan, los centros penitenciarios. La organización anunció, y hasta la fecha ha cumplido, el «cese definitivo de la actividad armada» sin poner condiciones. En el comunicado se decía:

Euskadi Ta Askatasuna, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión:

ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional.

En Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca.

La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas nuestro reconocimiento y más sentido homenaje.

En adelante, el camino tampoco será fácil. Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años Euskal Herria ha acumulado la experiencia y fuerza necesaria para afrontar este camino y tiene también la determinación para hacerlo. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada. ETA con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad.

Este comunicado se difundió justo un mes antes de unas elecciones generales que, en vez de ayudar a lograr este fin, supusieron el triunfo del Partido Popular y la negación absoluta a cualquier cambio en la política del Estado frente a ETA, especialmente en el ámbito judicial, y la continuación de la política de dispersión de presos, que hasta la fecha venía siendo la norma en los diferentes gobiernos sin importar el signo ideológico del que fueran.

Si tuviéramos que calificar el tipo de proceso que se está viviendo en Euskadi para dar el adiós definitivo a la violencia política, podríamos decir que se desarrolla de espaldas al Gobierno central, con interés por parte del Gobierno autonómico, con la participación activa y voluntariosa de los mediadores internacionales y nacionales y, debe decirse, la casi indiferencia política general de la sociedad española que, quizá por una necesidad de autoprotección, no se ocupa más que de fortalecer la situación de renovada libertad que se vive.

Hay un detalle más que considero relevante: la actuación judicial frente al terrorismo ha continuado sin una definición clara en favor de la finalización del conflicto. Sin perjuicio de que haya cierta suavización en las penas y una mayor inclinación por el pacto, las penas y el reconocimiento de los hechos en algunos casos —como el importantísimo acuerdo entre las defensas y las acusaciones en el juicio contra los responsables de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) obtenido en enero de 2016—, todas las actuaciones judiciales han continuado, las penas se siguen imponiendo y las condenas se cumplen, mientras que el acuerdo se ha fraguado al margen de esa realidad judicial. Una realidad que en algún momento deberá ser tenida en cuenta si no se quiere que —como ocurrió en el proceso de paz de 2006-2007— esta iniciativa fracase, entre otras razones por no haber tenido en cuenta este fundamental aspecto en un conflicto en el que prácticamente todas las acciones están judicializadas.

El 3 de marzo de 2016 la Justicia argentina, concretamente la Cámara Federal, en aplicación del principio de jurisdicción universal ordenó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que investigara si ETA cometió delitos de lesa humanidad, como reclama la querella presentada en Argentina por la asociación española Dignidad y Justicia, contra veintidós dirigentes de Batasuna y diecinueve miembros de ETA. Dos días antes, Arnaldo Otegi salía de la prisión en la que había ingresado, por mi orden, el 13 de octubre de 2009 imputado de pertenencia a organización terrorista en el caso Bateragune, órgano político dependiente de ETA y a sus órdenes, a cuyo frente se encontraba, según la instrucción. Otegi sería condenado a diez años de prisión, rebajados luego a seis años y medio y a once de inhabilitación para cargo público. Entre aquella fecha y esta, el líder aberzale ha dado muestras más que suficientes de que la opción de la violencia ya no era válida y que las únicas vías para reivindicar los objetivos políticos de autodeterminación e independencia son la democrática y la política.

Por tanto, después de casi medio siglo de ETA y, con mi perspectiva, veintidós años y tres meses exactos —desde el 14 de febrero de 1988, fecha de mi llegada a la Audiencia Nacional, hasta el 16 de mayo de 2010, cuando el CGPJ me suspendió por investigar los crímenes del franquismo— de combate efectivo desde la Justicia contra la organización terrorista, y de compromiso efectivo para hallar la vía que llevase a la desaparición definitiva de la violencia, es hora de hacer balance respecto a lo logrado con el esfuerzo de todos.

Desde luego, en el camino se han quedado vidas e ilusiones y se ha sufrido dolor, mucho dolor, pero también hay que citar logros valiosos en una confrontación difícil contra el terrorismo irracional y contra la cerrazón de quienes se negaban a respetar a las víctimas, revictimizándolas y obligándolas a asumir una cuota de responsabilidad que no tenían en una confrontación entre la democracia y sus reglas, por un lado, y la violencia y su uso en beneficio propio, por otro. Es cierto que se han vivido momentos muy tensos en los que el abuso del derecho y la utilización de vías ilícitas para combatir el terrorismo han estado presentes, al igual que se dio cierta complacencia en la interpretación de las claves a la hora de perseguir determinados fenómenos como el de la tortura y el maltrato a detenidos, que no debería haber existido. Pero todo esto se abordó y corrigió desde el Estado de derecho quizás con demasiasa lentitud, frente a aquellos que negaban su propia existencia a pesar de que era este modelo político el que les permitía pronunciarse y protegerse.

Como suele ocurrir, los análisis siempre son diferentes según la óptica de quien los hace. En mi caso, me resulta muy difícil, y desde luego excede del objeto de este libro, glosar todos y cada uno de los planteamientos y estrategias que, durante esos veintidós años, desplegué desde mi posición como titular del JCI 5 de la Audiencia Nacional para enfrentar el terrorismo. Una cosa tengo clara desde el primer momento en el que decidí optar a ese puesto, que finalmente se me concedió en febrero de 1988: la decisión de ir a la Audiencia Nacional estuvo directamente vinculada a la lucha contra el terrorismo. Quería participar en esta aventura y permanecer en mi puesto hasta ver el final de la violencia terrorista en España. Lo he conseguido.

Mi absurda suspensión en mayo de 2010, producida por unas razones nunca aclaradas, pero que distan mucho de la buena justicia, tuvo lugar ya en un momento en el que habían cesado las acciones criminales de ETA, por lo que los magistrados que la decidieron, sabiendo que me marchaba en situación de servicios especiales y, por tanto, sin necesidad de escenificar aquella farsa, no me privaron también de esa última victoria: la satisfacción del deber cumplido. Esa sensación que se produce cuando sufres el dolor o experimentas la alegría de haber hecho lo que se debía en defensa de unos valores de justicia y democracia, en defensa de la sociedad y de las víctimas, de todas las víctimas, a pesar de todos aquellos que han tratado de impedirlo.

Muchas veces me han preguntado por qué lo he hecho y qué me ha reportado todo esto, cuando ahora estoy fuera de la carrera judicial. Mi respuesta ha sido directa, rápida y contundente: tenía que hacerlo. El servicio público significa, sencillamente, estar dispuesto a perderlo todo en defensa de la sociedad a la que sirves. Me he dejado mi vida y mi tranquilidad en este empeño, pero ha merecido la pena, sobre todo porque sigo luchando por aquello en lo que creo y que no dista mucho de lo que desean millones de seres humanos: se vincula a ideas como paz, justicia, libertad e igualdad; a la lucha contra la pobreza y la desigualdad; a la transparencia, la limpieza en las instituciones, un medio ambiente sano, el desarrollo de los pueblos sin imposiciones, la transversalidad de derechos y la protección de los más vulnerables; al respeto a la diversidad, la pluralidad y la diferencia, a ejercer el derecho que como pueblo nos compete para marcar nuestro destino; a la universalidad en la defensa de los derechos humanos que se oponen frontalmente al uso de la violencia como arma política en una democracia; y, en especial, a una certeza de la sostenibilidad de esos valores como base de nuestra convivencia.

Los primeros pasos

El trabajo desarrollado en la Audiencia Nacional contra ETA durante los años en los que estuve al frente del JCI 5 supuso un largo itinerario de investigaciones, detenciones, procesos y sentencias para neutralizar la eficacia letal de una organización criminal que había declarado una guerra a toda la sociedad española, pretendiendo la humillación de todo un pueblo.

Cuando aterricé en la Audiencia Nacional, me encontré de bruces con el caso GAL, centrado entonces, marzo de 1988, en los policías José Amedo y Michel Domínguez. Ya he relatado en el capítulo «La mayoría de edad del Estado de derecho» lo que aconteció, aunque son muchos más los matices, pero, desde luego, mi reto principal, el que me había llevado al JCI 5, era la lucha contra el terrorismo y específicamente contra ETA, de modo que comencé a estudiar el fenómeno en profundidad. Hasta ese momento lo había conocido principalmente por los medios de comunicación, a través de los cuales se percibía el miedo de la ciudadanía a la incidencia del terrorismo, que aparecía como el principal tema de preocupación para todos.

Las varias organizaciones terroristas que en ese momento existían —ETA, Terra Lliure, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo), Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (Egpgc)— estaban en plena ebullición, además del terrorismo de extrema derecha y las acciones de los GAL, a las que se añadían acciones de terrorismo internacional como la del restaurante madrileño El Descanso, ocurrido el 12 de abril de 1985. Acerca de este último atentado, aparte de su relación no contrastada con el español de origen sirio —y miembro relevante de lo que después sería Al Qaeda— Mustafá Setmarian Nasar, nunca se ha sabido quiénes estuvieron detrás.

Conviene recordar que esa acción, que acabó con la vida de dieciocho personas, fue uno de los atentados más sangrientos en la historia española, junto a tres reivindicados por ETA: el de la madrileña plaza de la República Dominicana, el 14 de julio de 1986, con doce muertos y cuarenta y cinco heridos; el de Hipercor, el 19 de junio de 1987, con veintiún muertos y cuarenta y cinco heridos; y el perpetrado el 11 de diciembre de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, con once personas muertas y ochenta y ocho heridas. Sin embargo, el más brutal de todos fue el perpetrado por los yihadistas en Madrid el 11 de marzo de 2004: ciento noventa y tres víctimas mortales y casi dos mil heridos.

En la investigación de las acciones de estas organizaciones y personas, tuve algo o bastante que ver. Los esfuerzos y energías vertidos fueron los que tenían que ser, pero he de decir que puse toda mi voluntad y energías en conseguir que las reglas de la paz y la justicia fueran las que nos rigieran. Para ello, siempre desde el Estado de derecho, empleé todos los instrumentos que este proporciona, activándolos en los diferentes ámbitos, extrayendo todo el juego e interpretación que confieren y, siempre con la vocación de llegar al fondo del caso y obtener la mayor protección de los derechos de las víctimas, respetando las garantías procesales y los derechos de los perpetradores. Por esta razón jamás he podido ser condescendiente con todos aquellos que se resguardan o parapetan en la insuficiencia de las normas, la oscuridad de una interpretación o la dificultad de asumir los retos para justificar su inmovilismo e indiferencia. La criticona de sofá, café y chascarrillo; la maledicente, vacua y malintencionada; la poco comprometida y envidiosa son posturas muy propias de determinadas esferas funcionariales e institucionales en nuestro país, especialmente en este campo.

Escribo estas líneas el 5 de marzo de 2016, y acabo de enterarme de la triste noticia de la muerte de Antonio Asunción, quien fuera ministro del Interior, con el cual trabajé y después de mi aventura política desarrollé una buena amistad. Si algo se puede predicar de él fue su honestidad política, su compromiso democrático, el enorme trabajo que hizo en la lucha contra el terrorismo de ETA al desarrollar la política de dispersión de presos, fundamental en aquel momento y que tanto contribuyó al debilitamiento de la organización terrorista, y su firmeza cuando tuvo que tomar la decisión de dimitir de su cargo por la fuga de Luis Roldán. Desde estas humildes páginas le ofrezco mi homenaje: descansa en paz, Antonio.

El primer caso

Ya en la Audiencia Nacional, el primer caso que activé fue el procesamiento del denominado comando Gohierri-Costa, el 8 de junio de 1988, contra José Antonio López Ruiz, alias Kubati, y José Miguel Latasa Guetaria. Ellos eran los presuntos autores materiales —por órdenes de Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, quien sería detenido en 1992 con la caída de la cúpula de ETA en Bidart, que yo también investigaría en su momento— del asesinato de la exmiembro de ETA Dolores González Catarain, Yoyes, el 10 de septiembre de 1986, cuya investigación asumí al tomar posesión en el JCI 5. Asimismo, procedí contra Miguel Ángel Gil Cervera, Ignacio Bilbao Beascoechea —años después, sería condenado en dos ocasiones por amenazarme y abalanzarse contra mí en mi despacho de la Audiencia Nacional—, José Miguel Bustinzar Yurrebaso, Pedro José Picabea Ugalde, José Antonio Olaizola Achucarro, Pedro Celarain Oyarzabal y otros doce miembros de ETA, por diferentes delitos de pertenencia, colaboración, depósito de armas y otros. Simultaneé todo lo anterior con la investigación del caso Amedo y Domínguez, relacionado con los GAL. A este respecto recuerdo que Iñaki Esnaola, abogado de miembros de ETA por aquel tiempo, lo puso como ejemplo de lo que no se había hecho hasta ese momento en la Audiencia Nacional: procesar «hasta al apuntador y por todos los hechos delictivos cometidos».

El segundo caso fue el atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil, en la madrileña calle de Guzmán el Bueno. En la noche del 22 de noviembre de 1988 un coche bomba explotó junto a una de las paredes de aquella sede. Esta acción marcó el primer gran impacto del terror en mi actividad profesional como juez. Como relato en el capítulo dedicado a la investigación sobre los GAL, acudí andando al escenario del crimen. Vi el «hongo» de la explosión desde mi domicilio, por entonces en la calle La Rábida, muy próxima a la zona del impacto, y eché a andar hacia el lugar de los hechos para hacerme cargo de la investigación como juez de guardia. Consideraba, aunque esto me trajo problemas con el entonces decano de los jueces de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, que ante un hecho de esta envergadura el juez no podía permanecer a la espera de que otros le trajeran las noticias sobre el ataque terrorista. Hablé con Pedro Díaz-Pintado —el responsable policial a cargo de la investigación—, comencé las diligencias para el levantamiento del cadáver del técnico de TVE Jaime Bilbao Iglesias e inspeccioné los daños; al día siguiente, en el hospital, levanté el cadáver del niño de dos años Luis Delgado Villalonga. La explosión provocó, además, heridas a cuarenta y seis guardias civiles y a cuarenta y dos civiles, entre ellos los padres del pequeño Luis, la enfermera Mercedes Villalonga Villalonga y el doctor Luis Delgado Cabezas.

De forma inmediata impartí múltiples órdenes porque no dudaba dónde residía la verdadera estructura intelectual del atentado: en la dirección de la organización terrorista a su máximo nivel. Es obvio que no era suficiente con perseguir a los autores materiales, como hasta ese momento se hacía, sino también y especialmente a los intelectuales. Con el transcurso del tiempo, todos los que habían ordenado aquel ataque criminal respondieron ante la Justicia. De igual manera intenté, a través del periodista Pedro J. Ramírez, que días después publicó una entrevista con la dirección de la organización, averiguar más datos tomándole declaración, en la que el secreto profesional fue aludido y respetado.

Comencé a aglutinar información sobre las actividades de ETA. En definitiva, se trataba de una estructura criminal organizada que, independientemente de sus postulados políticos, desarrollaba su actividad criminal con arreglo a unos parámetros que yo tenía que conocer, asimilar y después penetrar hasta llegar a la misma esencia de la mecánica de su acción terrorista. Si queríamos hacerle frente, había que analizarla en su globalidad y en el contexto en el que desarrollaba su acción delictiva. En este sentido, ETA no solo era una banda o grupo armado, sino «una organización política que practica la lucha armada, y que persigue la subversión del orden constitucional, a través de la ejecución de actos contra la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos», que dispone de una estructura armada constituida por personas que se organizan en «comandos» (legales e ilegales o liberados) con un instrumento de dirección común: su aparato político.

La estructura armada de ETA se configuraba como referente de toda la organización. Se caracterizaba por la fungibilidad de sus miembros: según las necesidades, realizaba su actividad en conjunción con otras estructuras de la misma organización, que actuaban como vasos comunicantes, ligadas por una relación de sumisión de los militantes a la estructura dirigente. Dentro de lo que ETA denominaba la organización armada, había diversos niveles de responsabilidad delimitados por la jerarquía de sus componentes y por la distribución de funciones: dirigentes máximos, responsables de aparatos, jefes de comando, responsables de taldes —grupos de apoyo a los comandos terroristas—, militantes, laguntzailes («ayudantes, auxiliadores», principalmente para transportes de material o personas), captadores —los llamados pianistas— colaboradores, responsables políticos, etcétera. En su dinámica de acción y, a lo largo de su historia, ETA siempre ha buscado la protección de sus actividades ocultándolas bajo la apariencia enmarcada en una estrategia del desdoblamiento («solo» es ETA el frente militar) para proteger sus estructuras incluidas en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV, o Euskal Nazio-Askapenerako Mugimendua, ENAM, en euskera), dirigiendo la lucha armada y los organismos sectoriales a través de las estructuras alegales KAS-EKIN, mientras que el partido político Herri Batasuna (HB) —más tarde Batasuna y, después, sus sucesiones— asumía la lucha institucional, controlada inicialmente por KAS-EKIN y después por esa formación. Y todos ellos, amparados por ETA.

En esta dinámica, no todos los componentes de la «organización armada» participaban directamente en la comisión de delitos mediante el empleo de métodos violentos, pero, sin embargo, todos sus operativos —los del aparato político, internacional, militar y de logística— orientaban su actividad hacia ellos con la intención de crear el clima político necesario que posibilitara, en última instancia, la negociación con el Gobierno de España para la consecución de la independencia forzada de Euskal Herria. Obviamente, como se ha visto hasta hoy, esta estrategia falló… o hicimos que fallara. En este entramado, a KAS-EKIN le correspondía la estrategia político-militar compartida con ETA y la dirección de los métodos de coacción (kale borroka, es decir, actos de violencia callejera) complementarios con la lucha armada etarra.

Por tanto, ETA era una organización terrorista con una estructura política y militar. Siempre fue así, y es natural si se tiene en cuenta que abogaba por la construcción nacional de un Estado independiente, como se demostró con la documentación hallada en algunos de los registros realizados y en la que se diseñaba hasta un futuro banco central y un sistema económico, financiero y político alternativos a los de España. Es decir, la política siempre estuvo en sus venas y el uso de la violencia fue simplemente instrumental. Antes, resultaba necesario; ahora, había dejado de serlo. Ya fuese por necesidades estructurales o coyunturales. La desgracia es que tuvieron que transcurrir más de cuarenta años para que algunos se diesen cuenta de esta situación y, en ese largo camino de desastres, la pérdida inútil de cientos de vidas humanas ha jalonado una historia que podía haber sido bien diferente.

El «Estado español», como identifica ETA a España, cayó en la trampa de la confrontación directa e insistió en una actitud de «acción-reacción» durante demasiado tiempo. A cada atentado terrorista el Estado reaccionaba con una investigación o con una contraacción concreta, ya fuera operativa, investigativa o, durante un tiempo, incluso desde la ilegalidad. Demostraba así su falta de visión integral del fenómeno al que se enfrentaba y su impotencia, la cual le hacía aceptar una estructura de guerra que, precisamente, era la buscada por la organización terrorista. Parece mentira, pero durante décadas y hasta 1989 esa fue la situación: se aceptó el planteamiento de una red criminal en el terreno de la confrontación sin avanzar más ni explorar otros ámbitos diferentes a los que marcaba la propia organización. ETA atacaba todas y cada una de las estructuras políticas, económicas, judiciales, sociales e institucionales del Estado, y este solo se centraba en la estructura militar de la organización terrorista.

Así se luchó contra ETA hasta 1989. Mi planteamiento fue muy diferente desde el comienzo: era consciente de que, si no cambiábamos la mecánica de investigación, nunca avanzaríamos lo suficiente para acabar con un fenómeno tan complejo como la existencia de una organización armada que tenía medios y planteamientos subjetivamente coherentes y la decisión de llevarlos a cabo. Se trataba de investigar la pertenencia o colaboración con ETA y las acciones operativas, pero también el sustento ideológico, los códigos de conducta, la globalidad del conjunto, y enfocar las acciones a la estructura dirigente y no solo al hecho concreto. Es decir, había que atrapar a los autores materiales, pero también a los intelectuales, a los cooperadores, a los financiadores, a los cómplices y a todos aquellos que los ayudasen de una u otra forma. Deberíamos desarrollar una estrategia integral con mecanismos de investigación que detectaran cuáles eran las vías de financiación para llegar al núcleo de una economía de subsistencia en la que el lucro personal no existía, como tampoco la especulación o el enriquecimiento personal, pero sí la necesidad de fondos que sostuvieron todo el entramado. Esto ineludiblemente nos conducía a los máximos dirigentes de la red criminal para descubrir el diseño, los planteamientos, la política y las órdenes e implicaciones concretas en las diferentes acciones, a través de una acción coordinada y diversa (la complementariedad). Pero, de cara a un proceso penal, todo esto tenía que pasar de la esfera de la inteligencia y la información al campo de las pruebas con el fin de que un tribunal, a la hora de enjuiciar las conductas concretas de todas esas personas, pudiera emitir una sentencia condenatoria.

La estructura de ETA-MLNV

La acción

Comencé a perfilar esta actuación contra ETA y toda su estructura a finales de 1988, impulsado por el atentado contra la Dirección de la Guardia Civil perpetrado en noviembre de ese mismo año, a lo que se sumó la detención en el sur de Francia de dos importantes dirigentes de la organización terrorista, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, y Elena Beloqui el 12 de enero de 1989. Abrí procedimiento en mi juzgado con el fin de comenzar a reunir la documentación incautada, a la que iría uniendo nuevos materiales, y de esta forma tener la base para estudiar los entresijos de la organización a partir de los escritos elaborados por sus propias estructuras. Era algo que normalmente no se había hecho hasta ese momento, al menos con trascendencia judicial y a partir de la información «no operativa» de la policía. En esta labor conté con la ayuda y con la enseñanza de Juan Felices, a la sazón responsable policial de la investigación del terrorismo de ETA. El primer informe que me proporcionó, a principio de los años noventa, sobre KAS fue como oro en paño para mí y me ayudó a comenzar a comprender cómo era el mundo aberzale y su configuración, la correlación de fuerzas y el sometimiento total a la organización terrorista.

Mientras tanto, bajo ningún concepto se podía abandonar la actuación operativa frente a ETA. Los atentados continuaban y la actuación policial y judicial también. Eran momentos de intenso y callado trabajo que simultaneaba con la investigación de los GAL y otras realizadas en el juzgado, y por hacerlo debía soportar las invectivas del periódico ABC. Durante casi un año y de forma implacable, cruel y sistemática, ese diario me dedicaba, un día sí y otro también, su «atención» por mis investigaciones sobre los GAL, que no agradaban especialmente a su director, Luis María Ansón, según el mismo me comentó años después. Como botón de muestra, el pie que ponía en su edición del 19 de abril de 1989 al huecograbado referido a una de las operaciones policiales contra ETA y que dio como resultado la desarticulación del comando Éibar, cuya investigación me correspondió al estar de guardia:

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (junto a estas líneas), será el encargado de tramitar las diligencias judiciales, tras la detención el pasado domingo, como hemos informado, del comando Éibar de la banda terrorista de ultraizquierda ETA. El juez Garzón, agobiado por la investigación del asunto GAL, apenas ha podido avanzar en la de los criminales etarras que asesinaron a un niño y a un profesional de televisión al atentar contra la Dirección General de la Guardia Civil.

La noticia se comenta por sí sola, pero ejemplifica cómo se desarrollaba el trabajo en aquellos momentos y la percepción, por parte de algunos, de lo que debía ser el Estado de derecho y la discriminación que debía hacerse, justificando unas conductas y consintiendo otras. Desde luego, con el transcurso de los años, me he dado cuenta del alcance de los comportamientos humanos y los intereses que se barajan en los diferentes ámbitos, en especial en la lucha contra el terrorismo, donde no todos han sido limpios ni transparentes, hasta el punto de que pareciera que algunos no deseaban que se acabase con la lacra del terror.

Primera comisión rogatoria con presencia judicial en París

Para continuar el avance de la estrategia de confrontación integral contra la organización terrorista, era necesario dar un paso más. Contando con el apoyo de la fiscal adscrita a mi juzgado, Carmen Tagle, decidí —simultáneamente al enfrentamiento que habíamos tenido con el ministro del Interior, José Luis Corcuera, en el marco de la investigación del comando Éibar, por una filtración desde el MI de documentos sensibles de la investigación y que casi determina que diéramos orden de aterrizaje del avión que llevaba desde Argel a Santo Domingo de los miembros de ETA, Antxon Etxebeste, Aracama Mendía y Belén González Peñalva, después del fracaso de las conversaciones con el Gobierno español— trasladarnos a París en mayo de 1989 para hacernos cargo de la documentación intervenida en la detención de enero y recibir declaración a aquellos responsables de ETA y también a Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros. Las declaraciones se produjeron, aunque no aportaron nada más que la constancia de la máxima responsabilidad que Josu Ternera había tenido y mantenía en ese momento en la organización.

La práctica de la comisión rogatoria tenía la importancia de demostrar a la organización terrorista que íbamos a investigarla y perseguirla en todos los niveles, que no aceptábamos la complaciente situación de acción-reacción que ella misma marcaba, sino que, a partir de ese momento, nuestra actuación sería proactiva. Se lo había planteado a Carmen y lo considerábamos ya irreversible. El sistema de investigación debía cambiar. Estoy convencido de que Carlos Bueren también era consciente de ello, después de la entrada en la fábrica de Sokoa y el hallazgo de las ingentes cantidades de documentos que tanto nos servirían para avanzar en el conocimiento de ETA.

Pero para conseguir algún resultado en París, cerrado a cal y canto a la cooperación judicial por la inactividad española en la investigación de los GAL, debíamos superar las reticencias derivadas de la desconfianza hacia nuestras instituciones. Por esta razón solicité a Juan Felices, entonces jefe del Servicio de Información Interior, que me preparara un dosier fotográfico de los atentados de ETA más relevantes con la indicación de las posibles responsabilidades y del papel que jugaban en el seno de la organización las personas a las que íbamos a tomar declaración. La verdad es que el inicio de la diligencia policial no fue muy halagüeño porque el juez Michel Legrand tenía una fuerte prevención hacia nosotros y la jurisdicción española y, además, consideraba aún a los detenidos como luchadores independentistas con el glamur propio de los guerrilleros, una visión alejada de la realidad y del dolor que estaban imprimiendo en cientos de miles de personas en todo el territorio español.

Legrand nos facilitó la toma de declaración de Elena Beloqui, con la que trabó una conversación centrada en los supuestos riesgos en España para quienes intervenían en la lucha política, y asumió sin rechistar el reproche que la dirigente de ETA le hizo por recibir a representantes de un Estado que mandaba matarlos en suelo francés. Reconozco que nos sentimos entonces en territorio hostil, asistiendo a un debate impropio de una relación juez-imputado, en el que Legrand incluso le dijo a Beloqui que podría ponerla en la frontera para que la torturaran y sin embargo no lo hacía, de modo que le pedía terminar cuanto antes con la diligencia, garantizándole que no intervendríamos y que haría constar la protesta por las torturas que denunciaba. (Era una situación realmente extraña, porque Beloqui no había estado detenida en España.)

Tranquilicé a Carmen para que pudiéramos reconducir la situación, pero Beloqui preguntó al juez quiénes éramos. Legrand me identificó a mí, pero no a la fiscal, a petición mía. Beloqui insistió en saber quién me acompañaba y, cuando le traduje la pregunta, respondió: «Soy Carmen Tagle, fiscal de la Audiencia Nacional». Diré que, años después, Elena Beloqui ingresó por mi orden en prisión por su pertenencia al frente internacional de ETA a través de la organización satélite Xaki; puesta en libertad en noviembre de 2000 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, más tarde sería condenada a trece años de prisión en España.

Tras la declaración de Beloqui, afrontamos la de Josu Ternera. Tan solo nos miró y nos analizó. Probablemente marcó en su retina la imagen de una fiscal y un juez españoles que, por primera vez, le pedían cuentas en el «santuario» francés. Cuando solicité que el juez le interrogara sobre el atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil, sin esperar a que tradujeran, me miró de frente y dijo en castellano: «Hablaremos de eso cuando hayamos hablado de las torturas de Intxaurrondo». El resto de la diligencia se desarrolló en francés. Carmen se acercó al oído de Pedro Díaz-Pintado, que nos acompañaba, y, refiriéndose a Ternera, le dijo: «¡Valiente hijo de puta!». El afectado oyó probablemente el comentario porque, sin conocer yo la anécdota hasta la hora de la cena, me sorprendió la mirada de odio que dirigió a la fiscal. Este hecho me dejó muy preocupado porque la dirección de ETA no debía estar muy contenta de que, por primera vez (seguirían muchas más), se la hubiera puesto en evidencia en «su territorio».

La última barrera de la cooperación estaba a punto de caer si conseguíamos superar las reticencias y la desconfianza del juez francés. Esto se produjo al iniciar la declaración de Santi Potros, quien estaba molesto porque se le sometiera a la presencia de la justicia española. Según él, en España la detención incomunicada se extendía por dieciocho días, las cárceles españolas eran mazmorras y se quería aniquilar a un movimiento político como el MLNV y a todo el pueblo vasco, cuya representación se atribuían tan alegremente, pero del que no contaba que ellos mismos lo estaban matando y persiguiendo con sus acciones terroristas.

Como viera que Legrand prestaba atención a estos argumentos, al igual que ya lo había hecho con Beloqui, me dirigí a él. Le expliqué cómo estábamos investigando a los GAL, que había dos policías en prisión por ese caso, y le pedí que examinara el dosier que había llevado conmigo para que comprobara de lo que estábamos hablando. Aparte, le tuve que explicar que el relato de los periodos de detención incomunicada a los que aludía Santi Potros pertenecían a una legislación derogada hacía décadas, y que desde hacía años las detenciones eran supervisadas judicialmente. Recuerdo que examinó con atención las fotografías que componían el dosier y, dirigiéndose a Potros, le espetó algo así: «Esto no es político, ¿qué tiene que decir? Conteste usted a lo que se le pregunta». A partir de ahí, Arróspide respondió con cierta lógica, aunque poco aportó.

Fue entonces cuando se operó un importante cambio en la actitud de los jueces franceses a la hora de afrontar el fenómeno de ETA, pasando de considerarlo un problema de confrontación política española con un grupo independentista a una lucha contra una organización terrorista que debía ser perseguida por ambos países. Lo cierto es que, desde ese mismo instante, la cooperación judicial mejoró radicalmente. En todo caso, la justificación final del juez Michel Legrand se me quedó grabada para siempre (y mucho más después de lo que acontecería cuatro meses más tarde): «Perdónenme, yo no conocía nada de esto —dijo señalando el dosier fotográfico de atentados que le habíamos mostrado—. Nadie me había mostrado, hasta ahora, estas imágenes».

Muchas veces he evocado, y creo que lo haré hasta que acabe mi existencia, ese viaje con Carmen Tagle, recordando las pequeñas anécdotas, como la de los seis pares de medias que tuvimos que comprarle en Galeries Lafayette porque se le hicieron otras tantas carreras; las esperas en el Palacio de Justicia; los traslados enloquecidos, acompañados por Pedro Díaz-Pintado y el enlace Emiliano Calzada, por las calles de París camino de la prisión; la cena a altas horas de la madrugada, después de los interrogatorios, en Chez Denis, de donde todavía guardo un plato como recuerdo; las conversaciones sobre los GAL, ETA y cómo afrontar la investigación de esta siguiendo la estrategia integral que le proponía; su preocupación por mí y mi seguridad; la crueldad y frialdad de la mirada de Ternera contra nosotros, especialmente contra ella.

Con esos planteamientos volvimos a España cargados de ilusión y esperanza para proseguir nuestra labor frente a una organización terrorista que continuaba cometiendo atentados después de las conversaciones de Argel, y que cuatro meses más tarde, de la mano de uno de sus grupos, el comando itinerante encabezado por Henri Parot acabaría con la vida de Carmen Tagle sembrando su cuerpo de balas que salieron de una pistola Sig Sauer.

Las pistolas que Interior vendió a ETA

A principios de 1986 el director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, adquirió —según declaró ante mí años después—, con conocimiento y autorización del ministro del Interior, José Barrionuevo, y a través del comisario de policía Francisco Álvarez, quien conectó con Francisco Paesa (todos ellos relacionados con los GAL de una u otra forma), que a su vez recurrió al traficante de armas austriaco George Stackman, una partida de cien pistolas de la marca Sig Sauer que, aparentemente, irían a Lima para ser entregadas a la policía peruana, con la condición previa de que el envío pasara por Madrid.

Sin embargo, estas pistolas nunca llegaron a su destino (sí lo haría una partida de ladrillos), sino que fueron entregadas a miembros de ETA —previo pago de las mismas a través de intermediarios—, quienes las emplearon en la ejecución de numerosos atentados.

En la operación participaron, además de las autoridades españolas, la policía francesa —autorizada por el ministro del Interior de ese país, Pierre Joxe— y la CIA, representada por el director de Comunicaciones para Europa Sur y otros agentes. Los españoles se encargarían de la adquisición y circulación de las armas; los de la CIA, de la colocación de los aparatos electrónicos que serían controlados vía satélite, y los franceses asumirían el seguimiento del envío por Francia hasta que se materializara la entrega y subsiguiente detención de los responsables de ETA. En las dependencias de la Dirección General de Seguridad (Madrid), los técnicos desplazados desde Washington instalaron los microtransmisores de seguimiento en las cajas que contenían las pistolas. Cuando las armas llegaron a territorio francés, los agentes galos decidieron cambiar los aparatos de rastreo y asumieron el control de la operación.

La entrega se efectuó al intermediario francés, quien traspasó el envío a los miembros de ETA, y del comando itinerante, Frédéric Haramboure y Jacques Esnal. La prefectura de Toulouse informó a las autoridades españolas de que habían perdido el dispositivo de rastreo porque los etarras habían cambiado de caja las pistolas y no había el menor rastro de ellas. Lo más grave fue que en ese momento se identificó a aquellos miembros de ETA, pero sus nombres no circularon policialmente y, tiempo después, fueron responsables junto a Henri Parot de numerosos asesinatos. De esta forma fue cómo llegó una parte de las armas a manos de los terroristas, mediante una venta real por parte de las autoridades españolas, si bien en alguna operación en la que se vieron implicados algunos de los agentes de la Guardia Civil, luego condenados por el caso Lasa y Zabala, también se hallaron dos de esas Sig Sauer. Debo reconocer que este caso me obsesionó durante años, desde que comencé a investigarlo en 1988, contando con la inestimable colaboración del entonces inspector de policía Gabriel Fuentes, y logramos reconstruir todo el operativo de lo que fue una operación de inteligencia sin cobertura ni protección que tuvo un final aciago. Seguimos la pista de las pistolas desde el aeropuerto de Barajas hasta la fábrica Sig Sauer en Alemania y la empresa vendedora en Viena, el circuito del dinero desde Francia a Suiza, la participación de Francisco Paesa —a quien puse en búsqueda y captura— y… entonces chocamos con el muro del MI. Finalmente, en agosto de 1995, descubrí todo el entramado de la venta de las armas a ETA.

Algo similar ocurrió con la fábrica de Sokoa, también en 1986. Sin embargo, en este caso, en el que intervinieron las mismas agencias y autoridades y el agente de Interior Francisco Paesa, la operación encubierta consistía en la venta de unos misiles Sam 7 —cuyas cabezas de carga hueca estaban desactivadas y en las que se instalaron microtransmisores— y salió bien. Los misiles se transportaron desde Madrid a San Sebastián, y desde allí a un islote situado entre San Juan de Luz y la parte española, en donde estuvieron ocultos casi durante un mes en una especie de cobertizo. Como se agotaron las pilas de los transmisores, fue preciso emplear a buceadores de la Guardia Civil para que las sustituyeran. A los dos o tres días de esta operación, ETA se hizo cargo de los misiles, los trasladó a Sokoa (Hendaya) y, en noviembre de ese mismo año, se ejecutó la operación con éxito. Posteriormente se tuvieron que extraer los microtransmisores en la Gendarmería de Bayona, para que no quedara rastro de ellos cuando fueran analizados por los peritos balísticos.

Trece años después, en septiembre de 1999, el fiscal pediría treinta y un años de prisión para Josu Ternera, uno de los máximos responsables de la organización terrorista en 1986, por su participación en estos hechos. Nunca sería juzgado por ellos, al no presentarse a la citación realizada por el Tribunal Supremo en 2002.

Josu Ternera

José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, ha sido (si no me equivoco) el único dirigente de ETA que siempre fue miembro de la dirección de la organización terrorista. Lo fue tanto en libertad como cuando entró en prisión, hasta su salida en 1995 expulsado de Francia y posteriormente encarcelado en España por decisión del juez Gómez de Liaño, y cuando en 1999 obtuvo la libertad y adquirió el acta de parlamentario por la coalición Euskal Herritarrok (EH, Ciudadanos Vascos) en el Parlamento vasco, donde presidió la Comisión de Derechos Humanos.

Por su carácter de aforado fue citado, sin orden de detención, a declarar en noviembre de 2002 ante el Tribunal Supremo sobre su presunta implicación en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, donde habían muerto once personas y habían resultado heridas ochenta y ocho. Se demostraba así una candidez impropia —hacia alguien que ya tenía una acrisolada experiencia— presumiendo que se presentaría voluntariamente. No lo hizo, sino que se dio a la fuga y permaneció en paradero desconocido, salvo una breve aparición en 2006 para una de las primeras reuniones con los representantes del Gobierno español en el proceso de diálogo con ETA, hasta el día de hoy.

Siempre me quedará la duda de si fue él, Josu Ternera, quien decidió el asesinato de Carmen Tagle, cometido a la entrada del aparcamiento de su domicilio el 12 de septiembre de 1989, poco antes de las dos de la tarde.

Carmen Tagle

No he logrado superar aún el asesinato de la fiscal Carmen Tagle. Su fotografía sigue estando en mi buhardilla, aquí donde ahora escribo. Miro su retrato y recuerdo distintos ratos de trabajo y de diversión con los funcionarios, a pesar de los difíciles días que vivíamos, pero finalmente se impone la imagen de su cuerpo perforado por las balas asesinas de aquellos que, con su cobardía, no han hecho nada más que cubrir de luto a las familias de las víctimas, entre las cuales también incluyo las de quienes fueron torturados, asesinados o heridos en la guerra sucia contra ETA.

Carmen vino a mi despacho el 10 de septiembre de 1989 porque, paradójicamente, estaba preocupadísima por mi seguridad debido a las noticias reiteradas sobre mis actuaciones judiciales, hasta el punto de que quería hacer gestiones por su cuenta para que se aumentara mi protección. (Yo disponía de un escolta, cuando, salvo Carlos Bueren y el presidente de la Audiencia Nacional, nadie más recibía protección en aquella época.) Después de nuestro regreso de París y, tras un juicio en el que la acusación de Carmen había sido muy potente y unas declaraciones posteriores muy duras contra ETA en Radio Nacional, mi preocupación por su vulnerabilidad aumentó. Aquella mañana, le pedí a Carmen que adoptara unas medidas de seguridad mínimas, como el cambio de itinerarios y de las horas de salida y entrada de su domicilio. Le pregunté si había sentido alguna sensación de peligro más intensa y solo me comentó, de pasada, que había recibido una llamada extraña en casa de su hermana. Imagino que fue el ardid para ubicar el objetivo por parte de los terroristas. Ya no la volví a ver viva.

El 12 de septiembre de 1989 quedará para siempre en mi memoria como una de las fechas más tristes de mi vida. De manera constante vienen a mi mente las imágenes evocadoras de aquel día, que comenzó como cualquier otro y, a partir de las dos de la tarde, se tornó en aciago para siempre. La muerte nos golpeó con la brutalidad de quienes querían destruir cualquier atisbo de convivencia pacífica en España. De hecho, era extraño, y así lo habíamos comentado en reiteradas ocasiones, que ETA no hubiera atentado antes contra ningún objetivo de la Audiencia Nacional. La actuación de la Justicia empezaba a hacerse muy visible y la difusión por los medios de comunicación de los casos que se tramitaban y enjuiciaban era cada vez más intensa. Esto nos hacía más vulnerables y, por tanto, algo así podía ocurrir.

Sobre las doce y media de la tarde, subí al despacho de Carmen para charlar sobre los temas de seguridad. No pude verla porque estaba en un juicio. Me marché intranquilo por no haber hablado con ella. Llegué a casa alrededor de las tres y media. Sonó el teléfono y escuché la voz entrecortada de un funcionario de mi juzgado. Había habido un atentado en Madrid. Le urgí a que me dijera quién era la víctima. Cuando pronunció el nombre de Carmen, me hundí. Los insultos y el dolor se entremezclaron con el llanto y llamé a Carlos Bueren, que ya sabía lo ocurrido. Vino a recogerme en un «zeta» policial que nos llevó hasta las inmediaciones del domicilio de Carmen. A la entrada del aparcamiento yacía el cuerpo sin vida de mi amiga y compañera. Fueron momentos durísimos, emotivos, de dolor profundo. Le habían disparado con saña, con una de las cien pistolas Sig Sauer vendidas a ETA por el Ministerio del Interior para sorprender a la organización y que devinieron en instrumentos letales contra muchas víctimas; no se me olvidará jamás. Nadie quiso reconocer el cuerpo de Carmen a petición de los forenses, y lo hice yo. La imagen de su cuerpo inerte no se me olvidará jamás. Desde entonces, han pasado veintisiete años, pero el dolor por su pérdida no me ha abandonado.

La acción continúa

Con el atentado contra Carmen Tagle, ETA retomaba los objetivos judiciales. Ya lo había intentado al hacer estallar un coche bomba en 1986 contra el presidente del Tribunal Supremo, Antonio Hernández Gil, caso que investigué yo. Costó tiempo que nos recuperásemos mínimamente de la pérdida de Carmen. Aquel durísimo golpe hizo que nos uniéramos todos en la Audiencia Nacional y que el MI incrementara la protección. Comenzaba una etapa dura, que seguiría con tres atentados con paquetes bomba a autoridades de la Audiencia Nacional: el presidente Fernando de Mateo Lage perdió las manos el 27 de febrero de 1990; el presidente de la Sección Segunda de la Sala Penal, José Antonio Jiménez Alfaro, sufrió la amputación parcial de una mano en su despacho el 12 de junio de 1996; y, afortunadamente, el dirigido al teniente fiscal Eduardo Fungairiño no llegó a estallar el 28 de febrero de 1990. También hubo otros objetivos judiciales, como los asesinatos del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente —cuyo cadáver levanté en la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de febrero de 1996—, los de los magistrados del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador (1997) y José Francisco Querol (2000) y el de la Audiencia de Bilbao José María Lidón (2001), o bien las tentativas contra Fernando Grande-Marlaska, Carlos Dívar y yo mismo. Frente al terrorismo todas las víctimas son iguales, pero, al seleccionarlas, los etarras buscaban obviamente una incidencia mayor en los diferentes ámbitos a los que estas pertenecían, y el sector judicial era fundamental. Pero si lo que pretendieron fue resquebrajar la acción judicial frente a la barbarie de ETA, fracasaron estrepitosamente. En mi caso, me reafirmé aún más en que el camino iniciado era el acertado y debía avanzar con decisión hasta el núcleo de la propia organización terrorista.

Josu Muguruza

El 29 de octubre de 1989 se celebraron elecciones generales en España, y entre los candidatos elegidos hubo varios de Herri Batasuna. La estrategia del desdoblamiento había dado sus frutos y el MLNV, dirigido por ETA a través de KAS, conseguía sus representantes en la política nacional, como los tenía en el Parlamento Europeo desde 1987. Los diputados Josu Muguruza, Iñaki Esnaola, Jon Idígoras e Itziar Aizpurúa y los senadores Íñigo Iruin, José Luis Elkoro y José Luis Álvarez Emparanza, más conocido como Txillardegi, fueron los elegidos. El primero de ellos, Muguruza, no llegaría a asumir el cargo porque fue asesinado el 20 de noviembre de ese mismo año en Madrid, cuando estaba cenando en el restaurante Basque del hotel Alcalá acompañado de los demás y otras personas.

Lo que pretendía ser una cena tranquila, en el restaurante del hotel en el que los parlamentarios de HB estaban hospedados, se convirtió en el escenario de un ataque terrorista, en este caso de extrema derecha. Lo perpetró un grupo, al que llamarían Grupo Antiterrorista Español, liderado —según mantuve durante la instrucción y hasta el mismo momento del juicio oral— por el policía Ángel Duce Hernández y Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez, apoyados ocasionalmente por Yolanda González Belmonte, José Hernández Bartolomé y Antonio López González.

Según se desprendía de la investigación, dirigida en lo policial por el comisario Alberto Elías, entonces al frente del Servicio de Información Interior, el grupo formado dedicó gran parte del año 1989 a hostigar a personas relacionadas con el mundo aberzale por cuanto creían que este era una tapadera de ETA. Colocaron varios artefactos explosivos. El 10 de enero de 1991 acordé el procesamiento. En su sentencia de 30 de marzo de 1993, con los votos de Francisco Castro Meije y Agustín Lobejón y el voto particular contrario de Ventura Pérez Mariño, la Audiencia Nacional condenó al policía Ángel Duce a cien años de prisión por el asesinato del diputado de HB Josu Muguruza. En cuanto al resto de los procesados, declaró la libre absolución de Ricardo Sáenz de Ynestrillas y absolvió a los acusados de pertenencia a banda armada condenado a penas de un año y dos meses de prisión al joyero Antonio López, por tenencia ilícita de armas, y de un año a Yolanda González, por estragos, que ya había cumplido. El policía José Hernández Bartolomé fue condenando a seis años por depósito de armas. Los magistrados negaron verosimilitud al testimonio de Ángel Duce y exculparon a Ynestrillas a pesar de las claras evidencias en sentido contrario, lo que llevó al magistrado Ventura Pérez a tomar la valiente decisión de emitir un voto contrario para mostrar su convencimiento de que también debía ser condenado. Tiempo después, el propio Ángel Duce —que fallecería en 1997 en un accidente de tráfico— compareció ante mí y afirmó que entonces había sido presionado para cambiar su versión inicial, pero que en esa nueva declaración deseaba ratificarla. Obviamente, como ocurrió en el caso de Blanca Balasategui en el caso de García Goena, ya era demasiado tarde.

Por su parte, en una sentencia de diciembre de 1993 la Sala Segunda del Tribunal Supremo lamentó, como se publicó en los medios de comunicación, no tener atribuciones para poder revisar «la absolución de un eventual culpable» cuando el tribunal inferior no ha encontrado pruebas de cargo suficientes para condenarle. La sentencia del Supremo, hecha pública el 14 de diciembre, rechazó «con toda energía» la distinción entre el terrorismo de ETA y el de la ultraderecha que artificialmente había hecho la Audiencia Nacional. «Distinguir entre terrorismos y dar pábulo a una eventual benevolencia de trato al de fines supuestamente justicieros es algo absolutamente inadmisible», y subrayó con toda la energía que «todo atentado al Estado democrático de derecho es una forma de terrorismo».

Uno de los cinco magistrados del Tribunal Supremo que revisó la sentencia absolutoria de Sáenz de Ynestrillas calificó de «impresentable» la de la Audiencia Nacional, pero indicó que los hechos declarados probados por esta no podían ser alterados dentro del estrecho cauce de la casación. La sentencia del Supremo, de la que fue ponente el magistrado Ramón Montero Fernández-Cid, contenía un «preliminar» atípico en el que se explicaba que las sentencias no solo tienen la función de convencer al acusado, sino que además deben presentarse públicamente «para que lleguen al conocimiento general», y el pueblo pueda conocer y criticar el modo en que los tribunales ejercen su poder. La Sala explicaba que «lo normal» en todo Estado de derecho es que una decisión judicial sea controlada por un tribunal superior. Sin embargo, en España se da «una paradoja que seguramente debería hacer meditar al legislador», pues «mientras los delitos menos graves se enjuician en dos instancias, los graves se juzgan en una única instancia». Bien deberían haber aplicado esta doctrina los sucesores de esta misma Sala cuando justificaron la tesis contraria en la sentencia que me condenó en 2012. Me reservo mi valoración de que no fuera así. Sin embargo, puedo decir que en el caso Muguruza hubo demasiadas cosas extrañas que deberán ser analizadas con más detenimiento, como la sentencia de la Audiencia Nacional, uno de cuyos miembros, Castro Meije, también firmó la absolución de Monzer Al Kassar en la misma época.

Lo que ocurrió en 1990

Las negociaciones de Argel habían fracasado y las acciones terroristas, al igual que el combate a la organización, siguieron. No obstante, parece claro —y probablemente sea una constante en los países que padecen la lacra del terrorismo— que nunca se cierran todas las puertas a la negociación, a los contactos o al diálogo de forma más o menos reservada o secreta, pero que al final, por una razón o por otra, siempre acaban por conocerse cuáles fueron los contactos, cuáles los cauces, quiénes los interlocutores… Esto fue lo que ocurrió con las reuniones que Xabier Arzallus y Gorka Aguirre, dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), mantuvieron en los primeros meses de 1990 con representantes de ETA y HB.

Al respecto, recuerdo haber tenido en mis manos un documento muy interesante —que la Guardia Civil intervino, si no recuerdo mal, al líder aberzale Rafael Díez Usabiaga— en el cual se relataba una reunión (posterior a las cinco de Argel) en la que participaron Arzallus, Aguirre, Elkoro —por HB—, alguien identificado como MG (¿quizá Martín Garitano, periodista de Egin?) y varios miembros de ETA, entre otros. Del documento se desprende que se trataba de un lugar seguro, facilitado por Elkoro, ya que en un momento determinado dio garantías totales de discreción. Lo que se colige al leer el texto es que existían unas relaciones fluidas y amistosas y en el encuentro se intercambiaron opiniones y se estudió una propuesta de negociación por parte de ETA. La finalidad era volver a generar un espacio de confianza, roto tras las conversaciones con el Gobierno central.

La intervención de Arzallus, según el miembro de ETA que la resumió en el documento, se hizo en estos términos:

Nosotros somos los de siempre (nacionalistas). Sin revolución, marxismo, ni tiros, pero con los mismos objetivos de siempre. […] En cualquier caso, de cara al futuro puede preverse que en el campo nacionalista solo habrá dos fuerzas importantes, PNV y HB, por lo que habrá que pensar en algún tipo de colaboración, aunque mientras sigan los tiros no hay mucho en que poder coincidir. Sin embargo, sí se puede hablar en todo momento. Hablar nunca es malo.

La dinámica de los tiros en una situación de falta total de canales nos ha puesto en varias ocasiones, y todavía hoy, en peligro de choque frontal. Estáis equivocados si creéis que buscamos el choque. Es falso que estemos impulsando a la Ertzaintza contra ETA. De hecho es más bien lo contrario, que estamos frenando. Posiblemente la Ertzaintza tenga datos sobre más de un comando (alguno en Guipúzcoa) y no ha procedido. Lo que ocurre es que a veces no les queda más remedio. No creemos que sea bueno que ETA sea derrotada, no lo queremos y no sería bueno para Euskal Herria […].

La verdad es que cuando leí este documento me dolió profundamente, y aún hoy me perturba, cuando lo releo, porque dos años después el sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, buen amigo mío, fue asesinado —al igual que muchos otros— por ETA.

El escrito que daba cuenta de la reunión hacía referencia a las elecciones que se celebrarían en octubre de ese año:

[…] Es posible que ahora mismo en vísperas electorales no sea el momento más oportuno, pues cualquier filtración sería perjudicial, pero después de las elecciones tenemos que hablar. Solo pedimos una condición para entrar en relaciones: «discreción». Esta reunión de hoy, por mi parte [Arzallus] es personal, no la conocen ni el EBB [Euzkadi Buru Batzar, el órgano ejecutivo del PNV] ni Ardanza [el socialista José Antonio Ardanza, presidente del Gobierno vasco]. […] I[ñaki] E[snaola] siempre parece haber jugado un papel en contra de nuestras iniciativas, atribuyéndolas a intentos de protagonismo ante posibles expectativas de negociación [sic]. La última patada la recibimos cuando una propuesta nuestra sobre Argel canalizada una vez más vía I[ñaki] E[snaola] fue contestada vía Iratzar [Muguruza firmaba su crónica semanal con este seudónimo] en la pág. 3 de Egin, J[osé] F[élix] Azurmendi era testigo de la seriedad de nuestra propuesta. Este asunto nos costó un grave enfrentamiento con el PSOE. Benegas me comunicó que a través de sus servicios de información «conocemos vuestros intentos de salsear» y «vuestra tentación de cambiar de bando y jugar contra nosotros (PSOE)».

Respecto de la negociación de ETA con el Estado, Arzallus decía: «Nosotros siempre hemos estado a favor de la negociación entre ETA y el Estado. Nosotros no pondremos ninguna traba, no queremos protagonismo. Haced vosotros la negociación solos, pero hacedla». Menciona a continuación que Felipe González le indicó que, para iniciar cualquier cosa, había que tener garantías de que ETA dejaría la lucha armada.

En un momento de la reunión, Arzallus se mostró grave:

Rechazamos firmemente y calificamos de mentira burda (gezur borobila) la acusación de cualquier responsabilidad ni por inducción indirecta ni siquiera involuntaria, sobre el asesinato de J[osu] M[uguruza] tal y como se hacía en el comunicado de KAS. En el M[inisterio del] I[nterior] se conocía perfectamente quién era J[osu] M[uguruza], su papel en ETA (Ejecutiva) y en HB, pero a pesar de lo que creéis, en el M[inisterio del] I[nterior] (R[afael] V[era] y C[orcuera]) valoraban muy positivamente que J[osu] M[uguruza] fuera a Madrid, entre otras cosas porque su cobertura parlamentaria hubiera podido facilitar en algún momento algún tipo de contactos. El asesinato de J[osu] M[uguruza] fue un duro golpe para el M[inisterio del] I[nterior].

Estoy de acuerdo en dicha falta de responsabilidad del MI, habiendo sido el instructor del caso, como ya he relatado.

Arzallus se defiende, en el documento, de algunas acusaciones de ETA contra el PNV:

[…] No es cierto el alineamiento de la Ertzaintza con la P[olicía] N[acional] y la G[uardia] C[ivil]. La Ertzaintza no ha detenido más comandos por prudencia (concretamente Guipúzcoa). Lo que ocurre es que si la Ertzaintza es una policía integral, y para nosotros lo es, debe tener credibilidad y hacer cumplir la ley […]. No hay flujo de información Ertzaintza-Policía, porque no queremos y para ello tenemos la ventaja de que ellos tampoco nos dan ninguna información, esto nos salva de una situación más difícil. La Ertzaintza no ha dado nunca ni un dato a la Policía española.

Realmente este es un aspecto que en aquel momento resultaba muy preocupante, pues siempre existió esa desconfianza, que al parecer obedecía a una realidad, según este documento. Afortunadamente, aquellos tiempos quedaron atrás, aunque algunos no sobrevivieron.

Curiosamente, Arzallus, de forma abierta y poco democrática, ya que hace referencia a un partido político, dice a sus interlocutores de ETA: «El enemigo número 1 es el de siempre aunque ahora gobernemos con él. Ellos no se fían de nosotros, hacen como que sí, pero no, y a veces se les escapan cosas significativas». El documento va desgranando las coincidencias del PNV con ETA y las discrepancias con el PSOE. En el primer ámbito están de acuerdo en lo relativo a la libertad y soberanía de Hego Euskal Herria —el País Vasco y Navarra—, así como en la solución del conflicto político de soberanía entre Euskal Herria y el Estado español. El redactor del documento resume así lo dicho: «En este contexto de adversarios pero no enemigos [Arzallus] expresa en un par de ocasiones una teoría de complementariedad entre ETA y el PNV», y sigue copiando sus palabras textuales:

No conozco de ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces y otros las recogen para repartirlas.

He aquí la célebre frase que siempre se le imputa a Arzallus.

Realmente este documento desvela un doble juego, al menos en aquella época, por parte del PNV —o al menos de su presidente— en el que se simultaneaban las relaciones con el PSOE y ETA (para negociar) y además algunas valoraciones muy perniciosas sobre la supuesta falta de colaboración en la confrontación del terrorismo. Los tiempos fueron cambiando a pesar de esa posición ambigua, que contrastaba con la de otros líderes que sí se pronunciaban sin ambigüedad.

Señor Robles e Isabel Preysler

A lo largo de 1989 trabajé sobre la documentación intervenida a Josu Ternera tras su detención por la policía francesa, y también con los llamados papeles de Santi Potros, que habían correspondido al juez Carlos Bueren, titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional. Con Bueren hicimos un buen tándem y estoy convencido de que todo el esfuerzo realizado en diferentes direcciones redujo en tiempos la acción de la banda terrorista.

Después de analizar esta documentación, pedí al Gobierno que solicitase a Francia la extradición de Arróspide Sarasola, Santi Potros, por haber ordenado y facilitado los medios necesarios para perpetrar el atentado con coche bomba contra la sede de la Dirección General de la Guardia Civil el 17 de mayo de 1987.

En ese tiempo, un episodio complejo fue la liberación en Francia del que considerábamos máximo responsable de las finanzas de ETA Militar, Eloy Uriarte, alias Señor Robles, que había sido detenido en la localidad francesa de Bayona el 11 de julio de 1989 y puesto en libertad tres días después, cuando el juez Michel Legrand se inhibió del caso al no considerarlo delito de terrorismo. Si bien Uriarte había sido confinado en el departamento de Dordoña, al este de Burdeos, era esta una medida meramente administrativa que no le impedía regresar al País Vasco francés. La única restricción a la libertad de movimientos consistía en permanecer dentro de los límites geográficos de la región asignada y presentarse cada día en la comisaría local. Yo había dictado una orden de detención y extradición, así que de inmediato reclamé de nuevo su captura al conocer su puesta en libertad a través de los medios de comunicación. La petición se refería únicamente al proceso que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 1 por los papeles de Sokoa, en el que se había procesado a Uriarte por delito de pertenencia a banda armada, en calidad de dirigente de la organización.

Uriarte era bien conocido entre los empresarios víctimas de las extorsiones económicas de la banda por su apodo, Señor Robles. La documentación incautada constituía un fondo informativo con el que la organización seleccionaba sus objetivos. El juez Legrand le había detenido a raíz de la incautación de parte del rescate correspondiente a la liberación del empresario Emiliano Revilla. El magistrado francés se había inhibido a favor del tribunal de Bayona, que también se abstuvo de inculpar a Uriarte. Una situación sorprendente y… desesperante.

El archivo de Uriarte constaba de unas doscientas fichas mecanografiadas con el nombre de la empresa, su actividad y las personas que formaban parte del consejo de administración. Además, incluía una serie de carpetas con recortes de prensa sobre movimientos, actividades y capital de personas del mundo de la banca, la industria y la alta sociedad española. Entre ellos, la famosa Isabel Preysler, un hecho que hizo correr mucha tinta en la prensa en general y en la rosa en particular. Nunca había salido hasta entonces el mecanismo de financiación de ETA en la prensa rosa. No se incluían anotaciones que permitieran pensar en una acción planificada, pero sí se aportaban fotos de periódicos.

El juez Legrand, al tener conocimiento por los medios informativos de que el Señor Robles había sido puesto en libertad, remitió un nuevo fax al juez del confinamiento en el que le instaba para que el dirigente etarra fuera detenido, ya que legalmente no podía quedar libre, puesto que tenía pendiente una petición de extradición. Comentaba la policía que el magistrado francés no retendría durante más tiempo a Uriarte por la inconsistencia de los elementos probatorios, pero buscó la manera de mantenerle bajo control hasta recibir la petición de extradición española. Legrand iba a cesar en unos meses en su puesto de coordinador de la lucha antiterrorista, y la policía veía lógico que fuera soltando algunos casos. Lo cierto es que la demanda de extradición se rechazó finalmente y, tras un conato de expulsión fallido, el Señor Robles fue confinado en París. Sería detenido años más tarde, cuando ya las relaciones policiales y judiciales eran otras: el 20 de junio de 2006, en su domicilio vascofrancés de Biarritz, durante una operación conjunta francoespañola contra la estructura financiera de ETA en la que fueron arrestadas otras once personas. En 2007 fue excarcelado.

Relato este caso para dar idea de la complicada, y en ocasiones conflictiva, situación con nuestros vecinos galos en aquellos años finales de la década de los ochenta. Era difícil dar captura a los escurridizos miembros de ETA que —en demasiadas ocasiones— tenían un auténtico refugio en suelo francés.

Tras la detención en 1990 del etarra Henri Parot, el asesino de Carmen Tagle, se comenzó a sospechar de la relación de Josu Ternera con la muerte de la fiscal. Ante la Guardia Civil, Parot confesó que el jefe del aparato militar de ETA, Múgica Garmendia, Pakito, le había argumentado los motivos para su ejecución:

[…] era la fiscal que llevaba casi todos los asuntos de los militantes de ETA y solicitaba siempre penas muy duras contra ellos, queriendo incluso ampliar el tiempo máximo de permanencia en prisión de treinta años que actualmente dictamina la ley y, porque, además, estuvo en el interrogatorio de Josu Ternera.

Más tarde, en octubre de 1991, Parot volvió a reiterar ante un grupo de abogados aberzales los comentarios referidos a la conexión entre el asesinato de la fiscal —se refería a ella como la Dama de Hierro— y el interrogatorio que ambos habíamos practicado a Josu Ternera.

No había olvidado el atentado de noviembre de 1988 contra la Dirección General de la Guardia Civil. El 18 de febrero de 1990 dirigí un escrito al ministro de Interior, José Luis Corcuera, pidiendo información detallada sobre los miembros de la banda que habían intervenido en las frustradas conversaciones de Argel entre los representantes de la Administración y la cúpula de ETA.

Se abre la puerta a los procesamientos

Las confesiones de Henri Parot ante el juez Carlos Dívar abrieron la puerta a que, en abril de 1990, pudiera acordar el procesamiento de Francisco Múgica Garmendia, Pakito, como máximo dirigente de ETA. Tenía en su haber tres atentados cometidos en Madrid por el comando itinerante y dicté una orden de búsqueda y captura internacional para su extradición.

El número uno de la organización terrorista estaba procesado hasta ese momento únicamente en el sumario por los papeles de Sokoa. Para los franceses ese era un asunto sin excesiva consistencia como para conceder su extradición cuando fuera detenido. En total, Artapalo acumuló cinco procesamientos por diferentes acciones criminales. Continuaba así el propósito de atacar a los más altos responsables de la organización, algo que había sentado muy mal a estos, pues hasta entonces —mientras solo se detenía principalmente a quienes tenían el encargo de la ejecución— se creían a salvo.

Pero empezaban a ver como esa certeza terminaba. A mediados de noviembre, Carmen Guisasola —una histórica responsable del comando Vizcaya de ETA que coordinaba a todos los comandos legales (no fichados) que operaban en España— era detenida en el País Vasco francés. Había sucedido a Javier Zabaleta Elósegui, Baldo, detenido en septiembre y encargado de esta tarea como parte del control del aparato militar de la banda. El fiscal de la Audiencia Nacional pidió de inmediato la extradición de Guisasola por su participación en numerosos atentados cometidos por el comando Vizcaya.

A raíz de su captura, se detuvo a una treintena de personas y se buscaba activamente a dos sospechosos que estaban en paradero desconocido. Eran miembros de Herri Batasuna y uno de ellos había dado cobijo al responsable de la organización de HB de Pamplona, Carlos Pérez Quel, quien estaba acusado de pertenecer al comando legal Amaiur. Lo cierto es que los dos se presentaron voluntariamente ante mí a declarar. Para uno, decreté prisión incondicional; el otro, una mujer, quedó en libertad.

Volví a París a principios de febrero de 1991. Fue mi segundo viaje para entrevistar a un etarra. Mi objetivo era Baldo, que había sido detenido cuatro meses antes como número dos de ETA y responsable del aparato militar. Necesitaba además los documentos que se le habían intervenido. Me acompañaban el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y dos funcionarios de policía del Servicio de Información.

Por todos los datos reunidos, la actuación de Baldo en el atentado contra la Guardia Civil de 1988 pudo haber sido decisiva. Pensábamos que había fijado el objetivo, ordenado la acción y facilitado los medios materiales y la infraestructura precisa. Haciendo recuento, por esos crímenes ya estaban procesados el máximo dirigente de ETA, Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito y Artapalo, y el principal experto de la banda en confección de explosivos, José María Arregui Erostarbe, alias Fiti o Fitipaldi. Y los autores materiales del atentado, todos ellos miembros del comando itinerante: Henri Parot, alias Unai; Jacques Esnal, alias Jacketx; y Frédéric Haramboure, alias Txistor. Yo tenía presente en todo momento a sus víctimas, aquel niño de dos años y el técnico de televisión asesinados.

Interrogué también a Simone Odriozola, una activista de ETA detenida el 17 de noviembre de 1990 junto a Carmen Guisasola. El sistema consistía en que un magistrado francés de los encargados de la lucha antiterrorista dirigía el interrogatorio sobre la base de un cuestionario elaborado por mí que contenía setenta y cinco preguntas. Fungairiño y yo estábamos presentes. Frente a mi primera visita, tan tensa y abrupta, la actitud de los colegas franceses fue más amable esta vez. Considero que también contribuyó a ello la propia actitud de los detenidos. No se me olvida que en el interrogatorio a Baldo las preguntas las formulaba en castellano, se traducían al francés para que el juez Le Loire pudiera comprenderlas y hacerlas oficialmente y, por último, se retraducían al euskera a fin de que Baldo contestase. Claro, había que hacer lo mismo con las respuestas, siguiendo el procedimiento inverso. Simone Odriozola, en cambio, contestó a las preguntas en español durante hora y media. Admitió su colaboración en la preparación de algunas acciones, pero lo más importante fueron los documentos que le incautaron.

Pienso que ya entonces la imagen de los «luchadores por la libertad del pueblo vasco» empezaba a cambiar dejando ver, en el país vecino, el componente criminal del terrorismo de ETA.

Entregué a mis colegas franceses un amplio informe sobre los atentados en que Baldo había estado involucrado, incluidas las declaraciones de otros etarras detenidos y juzgados en España, que le acusaban de haber impartido las órdenes para la ejecución de numerosos de ellos. Como era de prever, durante el interrogatorio Baldo alegó que esas declaraciones habían sido obtenidas bajo torturas, incluidas las realizadas ante el juez.

También en el caso de Santi Potros había entregado una documentación parecida en mayo de 1989, en mi primer viaje con Carmen Tagle. Este documento sirvió para que la fiscal francesa Irène Stoller solicitase la máxima pena en el juicio celebrado contra Potros.

Regresé a España con dos cajas y varias carpetas de documentación intervenida a ambos etarras y también a Carmen Guisasola. Incluían documentos operativos con planos de instalaciones militares y de cuarteles de la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra, así como reseñas de los movimientos de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado considerados futuros objetivos. Eran muy interesantes los informes sobre la situación interna de la organización, que contenían cartas entre miembros de la misma. En poder de Odriozola la policía encontró informaciones que apuntaban a futuros atentados contra instalaciones olímpicas en Barcelona.

La Cámara de Acusación del Tribunal de Apelación de París emitió el 13 de febrero de 1991 un dictamen favorable a la extradición de Baldo a España. Se habían presentado dos. Esta decisión no significaba que Zabaleta Elósegui fuera a ser de inmediato trasladado. Primero, tenía que responder del delito de asociación de malhechores que le imputaba la Justicia francesa. Si era condenado, al igual que había ocurrido con Santi Potros y Josu Ternera, cumpliría pena de prisión en Francia antes de que se hiciera efectiva su extradición.

1991. Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive

El 19 de noviembre de 1991, ordené la detención de trece personas vinculadas con el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre), una organización terrorista gallega cuyo objetivo era la independencia de Galicia y su transformación en un Estado socialista.

Una semana después era detenido en un paso fronterizo Manuel Chao Dobarro, considerado el responsable de la organización desde que su fundador, Antón Arias Curto, fuese encarcelado unos años antes. A raíz de la detención de Chao, fueron intervenidos en una vivienda del pueblo portugués de São Martinho do Porto treinta y un detonadores, mapas de Galicia y doce carpetas con documentos. Coincidiendo con estas detenciones, Arias Curto fue condenado a catorce años por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y falsificación de un DNI. Por su parte, sobre Xosé Manuel Sanmartín Vega y Xosé Antón Matalobos Rebolo recayeron doce años de cárcel; ocho a Antón García Matos y seis a Alfredo Santos Conde. La compañera sentimental de Arias Curto, la portuguesa Susana Lopes Pocas, fue condenada a dieciséis meses por posesión de armas.

Con esta operación el grupo terrorista gallego quedaba prácticamente desmantelado.

Los Grapo

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo) fueron creados en 1975 y son responsables, según la policía, de más de ochenta asesinatos, entre ellos los de cuarenta y tres miembros de las fuerzas de seguridad y seis militares, aparte de otros casos. El día de mi trigésimo quinto cumpleaños, 26 de octubre de 1990, me tocó estar de guardia y recuerdo que Juan Felices me llamó y me dijo que habían detenido a los miembros de los Grapo Fernando Silva Sande, María Jesús Romero Vega, Jesús Cela Seoane, Olga Oliveira Alonso y Guillermo Vázquez Bautista.

Los detenidos formaban parte de dos grupos —dirigidos por Silva Sande y Cela Seoane, respectivamente— que se habían unido para preparar el secuestro del constructor madrileño Alejandro Gómez Durán, sobre el que habían recopilado una información muy minuciosa. En esos momentos, el plan se encontraba ya muy avanzado. Días después les tomé declaración y decreté su prisión. El enfrentamiento más intenso tuvo lugar con Silva Sande, quien me espetó que no tenía por qué estar delante de mí. Le indiqué que estaba detenido y que, aun pudiéndose negar a declarar, no podía decidir dónde quería estar sin una autorización por mi parte y, en ese momento, correspondía tomarle declaración, a lo que se negó. Le decreté la prisión incondicional. Finalmente, según me informó la policía, pasó alguna nota a personas del exterior en la que les decía que debían tener cuidado conmigo y que había que «ajustarme las cuentas» por haberme enfrentado a él. Que estaba en su punto de mira, era claro, aunque nunca actuó contra mí, ni siquiera cuando se escapó dos años después de la prisión de Granada.

Sería en julio de 2002, a través de una operación policial desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la Policía francesa y que yo coordiné en España, con el fiscal Enrique Molina, mientras el juez Jean-Louis Bruguière lo hacía en Francia, cuando desmantelamos la cúpula de los Grapo. Catorce miembros del grupo terrorista, ocho en París y otros seis en España, fueron detenidos, con lo que la organización resultó desarticulada.

1992. Manuel Broseta

El año comenzó mal, pues el 16 de enero de 1992 los etarras José Luis Urrusolo Sistiaga e Idoia López Riaño atentaron contra Manuel Broseta Pons, exministro del Gobierno de Adolfo Suárez y miembro del Consejo de Estado, poco después de salir de la Facultad de Derecho de Valencia donde había impartido una clase. Cuando cruzaba los jardines de Blasco Ibáñez, se le acercaron los dos terroristas y ordenaron a una estudiante, una chica rubia que caminaba detrás, que se tirase al suelo —«esto no va contigo»— y, acto seguido, le dispararon con un arma corta en la nuca. Lo dejaron allí, tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre que cada vez se extendía más. Los terroristas huyeron en un vehículo que dejaron abandonado a medio kilómetro del lugar del atentado y en el que situaron un artefacto explosivo con la intención de hacer más daño. En la misma zona, ETA había asesinado en 1991 a José Edmundo Casañ, delegado regional de Ferrovial, empresa que optó a la construcción de la autovía de Leizarán. Inmediatamente asumí la investigación, si bien hasta 2001 no me encontraría con uno de los autores materiales de ese atentado, Urrusolo Sistiaga.

Carlos Almorza

El 6 de agosto de 1992, era detenido en París Carlos Almorza, alias Pedrito de Andoain, responsable de las finanzas de la banda y principal responsable de la red de extorsión etarra. Fue un importante varapalo a la estructura económica de ETA. Había algo más: entre la documentación intervenida a Almorza, se encontraron una serie de informes sobre empresas del País Vasco y Navarra, entre ellos uno de la empresa Incresa sobre una de las constructoras que había sido comprada por Egin y que había participado en las obras de la autovía de Leizarán. En el escrito figuraban anotaciones manuscritas, presumiblemente realizadas por el jefe del equipo de investigación del diario Egin, Pepe Rei.

A raíz de ese documento, Rei ingresó en prisión el 24 de agosto de ese mismo año por decisión del juez Carlos Bueren, que le acusó de colaborar con ETA. Si bien su abogado, Álvaro Reizábal, recurrió con el argumento de que no existían pruebas de esta colaboración por parte de su cliente, en septiembre confirmé la prisión. Salió poco después. Él siempre negó haber enviado esos informes a Almorza. Rei había iniciado su carrera profesional en el diario Ya, de la Conferencia Episcopal, y en el asturiano La Voz de España, de la entonces Prensa del Movimiento. Después pasaría por medios como El Periódico o Interviú y llegaría al periódico Egin como redactor jefe de deportes, para más tarde ser nombrado jefe del equipo de investigación.

Con los papeles de Pedrito de Andoain se dio un paso más en la historia que desembocaría en el cierre de Egin, dentro de una serie de acontecimientos que iban a entrecruzarse.

Cae la cúpula de ETA en Bidart

En los años que siguieron a aquel primer contacto de 1989 en las investigaciones sobre la organización terrorista, se acentuaron los contactos entre jueces franceses especializados en materia de terrorismo, tanto de ETA como de carácter internacional (ellos mantenían competencias separadas, a diferencia de cómo lo teníamos distribuido en la Audiencia Nacional, donde todos los jueces centrales éramos competentes para investigar todos los casos de terrorismo, con independencia del lugar donde se hubieran cometido). Especialmente en mi caso, mantuve una buena comunicación con los jueces franceses Gilles Boulouque, Roger Le Loire y, especialmente, Bruguière en materia de terrorismo internacional y con la juez Laurence Le Vert y la fiscal Irène Stoller, en el caso de ETA. Gracias a la confianza que se generó, fuimos caminando en paralelo y en forma coordinada, de modo que cada vez hicimos más fluida la cooperación, transmitiéndoles que ETA no solo era un problema español, sino también francés e internacional por el carácter universal de la agresión terrorista, más allá del lugar donde se produjeran los hechos y el alcance de los mismos, y lo hicimos, una vez más, como había ocurrido con el narcotráfico, antes de que la normativa europea lo proveyera.

Así ocurrió respecto de las comisiones rogatorias —materia en la que «nos inventamos» unos mecanismos abiertos para que quedara una especie de «autopista jurídica» por la que la información discurriera y fluyera en tiempo real, en un sentido y otro, entre París y Madrid—, la actuación comisionada de policías, los equipos conjuntos de investigación o, por ejemplo, las reuniones estratégicas entre jueces, fiscales, policías y guardias civiles para diseñar estrategias y mecanismos de actuación conjunta. Asimismo, logramos superar las «dificultades» de la doble incriminación de la denominada association de malfaiteurs y la «pertenencia a banda armada». Y en particular, que se nos facilitara información para estos fines, el traslado de documentos y la validación de pruebas e informes periciales, la participación directa en los interrogatorios, las entregas temporales de personas imputadas para interrogarlas o asistencia a juicios, el traslado y la cadena de custodia de las evidencias, etcétera. Todo ello fue perfilando hasta la actualidad un sólido sistema de cooperación y, en especial, de confianza, que antes había sido destruido por la falta de comunicación y por la inacción de España en la investigación de los GAL.

El 29 de marzo de 1992, en la localidad francesa de Bidart, se propició, gracias al apoyo prestado por la Guardia Civil a la policía francesa, uno de los mayores golpes a la organización terrorista. Ese día fueron detenidos los máximos dirigentes que integraban entonces el conocido colectivo Artapalo: Francisco Múgica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis; José María Arregui Erostarbe, Fiti; y siete personas más, así como abundante documentación.

Curiosamente y sin saberlo, tuve algo que ver en esa detención, aparte del hecho de estar de guardia y asumir, a posteriori, la investigación del caso. En 1989, cuando fueron detenidos los miembros del comando Éibar, siempre me extrañó que no se detuviera a la persona que acogía en su casa a los liberados. Se «escapó», me dijeron, y así lo creí. Yo emití la orden de detención internacional contra Patxi (así era conocido), pero nunca se le encontró. Sin embargo, sin saber las razones, un día comenzaron a llegar partes médicos de un hospital de Lourdes en los que se identificaba al sujeto en cuestión, por lo que reclamé al delegado de la Guardia Civil en la Audiencia Nacional que procediera a trasladar esta circunstancia a sus superiores, con el fin de activar la información con la policía francesa y detener a esa persona que estaba en búsqueda y captura.

Mi sorpresa fue grande cuando, a pesar de la localización, no llegaron a detenerlo. En un momento determinado, por lo extraño de la situación, exigí esa detención. Ante esta orden conminativa, el teniente coronel Cándido Acedo me pidió que hablásemos fuera de la sede del juzgado. No tuve inconveniente y nos encontramos a comer en El Parrillón, un asador del barrio de Chamberí que hoy ya no existe. Yo estaba muy tenso porque no me acababa de fiar, debido a la tensión previa con el caso Ucifa. A los postres y después de insistir en que me contara qué estaba sucediendo, el teniente coronel me dijo que a Patxi no se le había detenido en Éibar en 1989 porque era un colaborador: había contribuido a la detención de los demás, que se ocultaban en uno de sus domicilios, y se le había facilitado la huida a Francia. Gracias a él, había caído la cúpula de ETA en Bidart. Me explicó al detalle cómo había sido la operación y la intervención de Patxi como persona de confianza de uno de los detenidos. Recuerdo que le comenté que era difícil trabajar si no se confiaba en los jueces y que comprendía la trascendencia de la operación, pero que había mecanismos para autorizar ese tipo de acciones y no ponerlas en riesgo a causa de esa desconfianza.

Concretamente, si hubiera insistido en la detención antes de la caída de la cúpula en marzo en Bidart, se podría haber frustrado la acción. Por suerte no aconteció así, si bien nunca supe por qué llegaron los partes médicos del hospital de Lourdes a mi juzgado. La razón de las visitas hospitalarias eran que aquel hombre padecía cáncer, que tiempo después le causó la muerte.

Una vez detenidos y realizada la desarticulación del comité ejecutivo de la organización terrorista, solicité que se me enviara a través de una comisión rogatoria toda la documentación, para su estudio por miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil. Al analizarla se descubrieron importantes vías para la investigación en diferentes ámbitos y, especialmente, en el del llamado entorno de ETA. Se constató la existencia de unos grupos de apoyo a la organización terrorista, distinguiéndose entre «grupos X» y «grupos Y», en función de su mayor o menor dependencia de las estructuras de KAS, pero integrados por personas jóvenes que ejecutaban acciones violentas de forma sistemática (quema de cajeros, autobuses, vehículos de matrícula española o francesa, cabinas telefónicas, oficinas de correos…) y utilizaban en sus acciones criminales artefactos y dispositivos de tipo incendiario, explosivo o pirotécnico.

La alegría me duró muy poco porque, dos días después, Fernando Silva Sande se fugó de la prisión de Granada. Según reconoció el responsable de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción, su huida era el resultado de «un cúmulo de errores». Años después, el máximo responsable de los Grapo sería detenido de nuevo y condenado en 2009.

Terra Lliure

La organización terrorista catalana Terra Lliure (Tierra Libre) desarrolló durante unos catorce años su actividad terrorista en pro de la independencia de Cataluña. Cometió unos doscientos atentados, cuyo balance fue de varias víctimas mortales (caso Bultó), numerosos heridos y cuantiosos daños materiales. También fue responsable de secuestros como el del profesor y periodista Federico Jiménez Losantos, a quien dispararon en una pierna antes de liberarlo en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat.

Entre el 28 y 29 de junio de 1992, cuando algunos de los miembros de Terra Lliure preparaban diversos atentados con el propósito de ejecutarlos en las proximidades de Barcelona inmediatamente antes de las Olimpiadas, ordené a la Guardia Civil que procediera a la detención de varios responsables de la organización. La certeza, según la investigación que había desarrollado, de que se iban a colocar unos artefactos explosivos en varios objetivos obligaba a realizar la operación. Se produjeron las detenciones y di órdenes a los médicos forenses para que vigilaran exhaustivamente a los detenidos. Así se hizo y se emitieron los correspondientes partes médicos en los que se hicieron constar todos los detalles y las circunstancias de la detención y la ausencia de maltrato alguno. Se tomaron las declaraciones en las que los detenidos formularon denuncias de malos tratos y torturas, correspondiendo la investigación al Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid.

Las detenciones produjeron un gran revuelo, pues los Juegos Olímpicos de Barcelona debían comenzar apenas un mes después, pero lo cierto es que la organización tenía intención de atentar, y así se demostró y me constaba por las investigaciones previas. La Guardia Civil propuso continuar con una segunda tanda de detenciones, pero decidí que no procedía hacerlas hasta que transcurrieran las Olimpiadas para no interferir en este gran acontecimiento. La actuación judicial se hizo con absoluto rigor y un exquisito respeto a todas las garantías, como no podía ser de otra forma. En todo momento las autoridades de la Generalitat estuvieron al tanto y de acuerdo, aunque de cara a la opinión pública mostraran su disconformidad. No se me olvidará el comentario del presidente catalán, Jordi Pujol, con el que me transmitió su enhorabuena por haber permitido que los Juegos Olímpicos se desarrollaran sin incidencias.

Una vez que concluyó la cita olímpica, se preparó la segunda parte de la operación. En septiembre de 1992, gracias a las detenciones practicadas, se acabó con la organización terrorista. Dos años después, en 1994, los imputados incluidos en la acusación del Ministerio Fiscal se conformaron con la sentencia y renunciaron a la lucha armada. Cerrábamos de esta forma la actividad delictiva que había desplegado Terra Lliure.

La manipulación de unos hechos

El líder nazi Joseph Goebbels fue quien desarrolló el principio de la orquestación: «La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas». De aquí viene también la famosa frase: «Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad».

Desde entonces, e incluso hoy en día, determinadas personas —en algunas ocasiones en Cataluña, a pesar de mis posiciones claramente procatalanistas y mi defensa del derecho a decidir de cualquier pueblo, con el único condicionante de la no violencia ni el recurso a la lucha armada— han hecho valer en mi contra, como otros en el caso de ETA, falsas imputaciones de corte claramente sectario por el hecho de haber investigado en profundidad a las organizaciones terroristas a las que he tenido que enfrentarme.

1994-1995. Taldes «Y». La kale borroka

Con el nombre de kale borroka, a la que algunos llaman lucha callejera o bien terrorismo de baja intensidad, se ha identificado la acción de ETA en paralelo o en forma complementaria con la lucha armada. Desde un comienzo, la organización terrorista diseñó esta estrategia global frente al Estado, pero bien porque no se quería aceptar la inmensidad del desafío etarra, bien porque no se alcanzó a comprender las verdaderas intenciones de confrontación total y sistemática a todos los niveles y en todos los frentes por parte de ETA, se tardaron demasiados años en identificar correctamente el fenómeno.

Eran muchas las voces interesadas que insistían en que quienes intervenían en la kale borroka, los llamados chicos de la gasolina (por el combustible más utilizado en sus acciones), no tenían nada que ver con la organización armada. Desde luego, esa era la apariencia que se quería dar por parte del MLNV. Todo el colectivo confrontaba al Estado con diferenciación y complementariedad; todos desempeñaban su papel con la colaboración incomprensible desde el Gobierno. Era evidente que el frente común, y así estaba escrito, lo controlaba ETA. Ahora cuesta creer cómo tardamos tantos años en darnos cuenta y actuar.

Suele ser habitual que la reacción se produzca de abajo hacia arriba, y aunque desde los comienzos de los años noventa esa subordinación a la estructura armada y la coordinación de los diferentes frentes fuera obvia para el ámbito policial, tuvieron que pasar casi diez años para que todos asumiéramos esa realidad. Después de la «caída» de la cúpula de ETA en Bidart (marzo de 1992), miles de documentos fueron analizados por los técnicos. Me había correspondido esa investigación y, con la ayuda de la policía y sus diferentes estructuras, especialmente las de Información Interior, y la de la Guardia Civil y su Servicio de Información, que eran los que llevaban el peso de las investigaciones de campo, continué acumulando información y estudiando la documentación analizada. Lo hice hasta constatar que ETA no desplegaba solo la lucha armada o la «vanguardia armada», sino que lideraba o tutelaba todo un complejo o constelación de organizaciones en un universo, el del MLNV, dinamizado y dirigido subordinadamente a aquella por la estructura alegal KAS, en el que cada uno asumía un papel bien diferenciado y, en ocasiones, varios de ellos, uno legal y otro clandestino, a través del desdoblamiento. La finalidad era clara: aparentar frente al Estado la desconexión de unas estructuras con otras. En esa dinámica hasta el uso del lenguaje tenía una función fundamental para corromperlo en una significación que gramaticalmente nada tenía que ver con la realidad, con lo cual se creaba una especie de laberinto de espejos que deformaban la realidad e impedían la tarea de los investigadores. No fue fácil que estos últimos consiguieran penetrar en ese mundo y que sus conclusiones fuesen aceptadas por los tribunales.

En el caso de los grupos Y, según los papeles de Bidart, debían actuar como algo espontáneamente surgido de la sociedad en lucha, pero en realidad obedecían a rígidas directrices de la organización terrorista, formando parte de ella como se constataría años después. Así, en 1994 procesé a quince jóvenes pertenecientes a estos grupos Y por delito de terrorismo. El 24 de abril de 1996 la Audiencia Nacional, discrepando de mi interpretación, condenó a trece de ellos por delitos de estragos e incendios, pero no por terrorismo. Por su parte, el Tribunal Supremo confirmó esta resolución en su sentencia del 20 de noviembre de 1997, sin tomar en cuenta mis argumentaciones para calificar como terroristas dichas acciones. A pesar de ello insistí en mi planteamiento y continué con la consideración de que las ilícitas actividades de estos grupos formaban parte del accionar de ETA. En esa misma línea, la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 20 de junio de 2005 considerando a Jarrai-Haika-Segi como una organización ilícita a secas, pero no terrorista. Finalmente, diez años después de aquella primera sentencia negativa y trece desde que comenzara mi estrategia, otra sentencia, esta de 19 de enero de 2007, definió con contundencia su carácter terrorista. En este sentido, se afirmaba que Jarrai-Haika-Segi constituía:

[…] una organización estable en el tiempo, desenvolviéndose desde 1978 a 2001; que, lejos de dedicarse a la defensa pacífica y por medios legítimos de su opción política, dicha organización complementa la actividad de lucha armada de ETA, mediante actos de kale borroka numerosos y reiterados; que utiliza artefactos explosivos o incendiarios; que causa daños, coacciones y amenazas, mediante lanzamientos de artefactos incendiarios, menoscabos de vehículos de transporte público, causación de incendios intencionados, colocación de artefactos explosivos y contramanifestaciones violentas, actos todos ellos de contenido e intención conminatorios. Y que su actividad es diseñada, coordinada, graduada y controlada por ETA.

En efecto, en noviembre de 1974 ETA había difundido y publicado, con patente notoriedad, un agiri o manifiesto en el que se explicaban las razones por las cuales iniciaba la fase o proceso de «desdoblamiento estructural» que está en el origen del MLNV. De esta forma, la denominación ETA se reservaba para el uso exclusivo del antiguo «frente militar», mientras que el resto de los «frentes» —aprovechando la transformación política que se operaba en el Estado español— pasaban a la «legalidad». Por legalidad se entendía la utilización del marco normativo ahora establecido —un marco jurídico-político de corte democrático— para la obtención, a toda costa, de los objetivos tácticos y estratégicos enderezados a la consecución de un «Estado socialista, vasco, independiente, reunificado y euskaldún». Además del designio ya expuesto, con la estrategia del desdoblamiento se pretendía la optimización del limitado número de elementos individuales con los que contaba, pues la actuación multisectorial de estos aumentaba realmente el número de efectivos personales que podían actuar en la consecución de aquellos objetivos. Esta estrategia facilitaba, por tanto, la «doble militancia» o incluso la «multimilitancia» de unas mismas personas en entidades sectorialmente diversas, que se encargaban de dirigirlas hacia los objetivos tácticos y estratégicos finales.

Jarrai-Haika-Segi

Con el propósito inicial de agrupar a todas las organizaciones y grupos de izquierdas y aberzales, ETA creó la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). Como consecuencia de la necesidad de contar con una «organización juvenil de nuevo cuño» en el seno de KAS, en 1978 se constituyeron las Juventudes de KAS, denominación que, en su primer congreso, se sustituyó por la de Jarrai («continuar»). Más tarde, Jarrai pasó a llamarse Haika («levantarse, ponerse de pie»), luego, Segi («seguir») y, a partir de 1999, EKIN («emprender»).

Como organización inscrita en el «movimiento juvenil», Jarrai también quedó sujeta a la influencia de KAS, a su vez tutelada por ETA y sometida a su última supervisión. Jarrai siempre desarrolló algún tipo de violencia callejera como complemento a la estrategia etarra. En un principio, a través de las barricadas, los enfrentamientos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los destrozos en el mobiliario urbano.

A consecuencia de las respuestas de la política del Gobierno francés contra la banda terrorista en forma de extradiciones, expulsiones por el procedimiento de urgencia y deportaciones a terceros países, ETA impuso las directrices para cometer acciones de sabotaje contra intereses franceses como forma de apoyo a los presos y refugiados vascos.

Jarrai, en aquella época, como organización de KAS, transmitía la nueva estrategia de la «dirección política única», no solo atacando los objetivos que la misma imponía, sino también utilizando la misma forma de reivindicación a favor de los presos y refugiados, a fin de poner de manifiesto las razones por las que se realizaban las acciones como método de presionar al Gobierno francés y al español.

El 12 de noviembre de 1988, mientras se desarrollaba el proceso de conversaciones entre el Gobierno de España y la organización terrorista en Argel, ETA puso en práctica lo que llamó en sus documentos internos «la noche de los cuchillos largos». Durante esta actuación organizada de los «taldes de Jarrai» —es decir, los grupos de jóvenes del entorno de ETA—, a través de la coordinación y las consignas dirigidas por KAS, más de cuarenta sucursales bancarias resultaron atacadas en diferentes localidades del País Vasco. Este procedimiento de actuación se refrendó el 26 de mayo de 1989 cuando, en protesta por la detención de José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera, los grupos Y —controlados por KAS— realizaron una veintena de acciones violentas sobre los objetivos que les venían marcados por la «dirección política única».

El problema que generaban a la organización terrorista las detenciones de personas vinculadas a ETA en este tipo de acciones exigía la presentación y articulación de una estructura «desestructurada», de modo que se generaron taldes dedicados a la «lucha de nivel Y» y coordinados a través de KAS, que se servía de Jarrai por ser esta organización la que aportaba el mayor número de componentes a estos grupos.

En 1995 se suprimieron todas las referencias a los grupos dedicados a la «violencia X e Y» y comenzó a hablarse de kale borroka para designar el conjunto de las acciones violentas englobadas en ellas. La forma de lucha, los objetivos, las fórmulas de reivindicación no cambiaban, pero sí su denominación.

Como objetivo de la nueva estructura «desestructurada» y del nuevo instrumento, la kale borroka o violencia callejera, junto al tradicional carácter «autodefensivo popular» se estableció el de la «presión social».

Desde la disolución de KAS, la función de control sobre las formas de violencia complementarias de la de ETA, como la kale borroka, por ejemplo, fue asumida por EKIN. A partir de ese momento sería EKIN quién controlaría esta forma de «lucha», con el común objetivo de presionar a la ciudadanía y de cercenar la vida democrática en su dimensión más próxima al ciudadano, que no es otra que el ámbito municipal.

En esta etapa se registraron 285 atestados relativos a la kale borroka y los grupos Y, mientras que entre el 6 de enero de 1992 y el 5 de marzo de 1999 se realizaron 6263 acciones de violencia callejera imputables al entorno de ETA. Este mismo periodo —en el que la organización juvenil recibió la denominación de Jarrai— es el más dilatado de la existencia de esta estructura asociativa. En esta etapa, su actividad se centró también en la preparación de actos violentos y conminatorios contra la Cumbre Europea que tuvo lugar en la localidad francesa de Biarritz, actos en cuya organización y realización igualmente asumieron responsabilidades.

El embargo

Mediante un auto, en julio de 2002 ordené el embargo de bienes a Batasuna por los daños de la violencia callejera que había producido Segi. Primero se procedió al bloqueo de las cuentas bancarias, concediendo veinticuatro horas para que la coalición presentara avales. El importe era de veinticuatro millones de euros. El argumento no dejaba lugar a dudas: Batasuna compartía los gastos con Segi proporcionando además apoyo y cobertura, por lo que era justo que asumiera el coste de los daños provocados. El embargo se refería a 57.585 euros más los intereses legales, que era la cantidad que correspondía a la agrupación de electores de HB en función de las subvenciones concedidas por el número de parlamentarios elegidos en las elecciones de los años ochenta. La subsecretaria del Ministerio de Interior, Ana Pastor, se había negado a abonar tal cantidad. También pregunté a la Consejería de Interior del Gobierno vasco y a la Hacienda Foral de Navarra qué cantidades habían asignado a Batasuna en referencia a las subvenciones y sueldos de sus parlamentarios. Otra petición similar se realizó al Parlamento Europeo con relación a los eurodiputados del grupo.

Di también instrucciones a la Asociación de Banca Privada y a la Confederación de Cajas de Ahorro para la congelación de los saldos que tuviera Batasuna, a fin de impedir el movimiento o el uso de los posibles capitales depositados. Se bloquearon así más de un centenar de cuentas que estaban vinculadas, en buena parte, a las herriko tabernas.

La Audiencia Nacional confirmó el 14 de octubre de ese mismo año la responsabilidad civil solidaria de Batasuna, en cuanto a los daños causados por miembros de Segi en acciones de kale borroka y su importe, que yo había decretado. La Sala de lo Penal de este tribunal afirmaba «que Segi y sus antecesoras, como Batasuna y las suyas, están integrados en una misma organización que es ETA Militar, bajo la dirección de esta y produciéndose sinergias e instrumentaciones mutuas». Y añadía que era indudable que Segi y Batasuna estaban interconectadas, «de donde se desprende la necesidad de adoptar contra Batasuna medidas aseguratorias de la responsabilidad civil».

Mientras se procedía al embargo, ese mismo mes de julio de 2002 el Tribunal Supremo confirmó la pena de diez años de prisión para el dirigente de ETA Eugenio Etxebeste. Conocido como Antxon, era el ideólogo y quien fijaba los objetivos de los comandos. La sentencia del Supremo venía a darme la razón: «El terrorismo es una forma de delincuencia organizada que se integra por una pluralidad de actividades que se corresponden con los diversos campos o aspectos que se pueden asemejar a una actividad empresarial pero de naturaleza delictiva». Ni que decir tiene que hubo reacciones. Batasuna presentó un recurso, pero quizá el ataque más fuerte procedió del consejero vasco de Justicia, Joseba Azcárraga, quien en unas declaraciones consideró que me había convertido en un fiel brazo político del Gobierno central y habló de utilización política de la Justicia.

Ante tamaña afirmación que ponía en duda mi imparcialidad e independencia, pedí amparo al CGPJ y este me lo concedió. No era la primera vez. En 1988 lo hizo verbalmente con el caso GAL, cuando el Ministerio de Interior se negó a informar sobre los fondos reservados. En 1995 me amparó ante las declaraciones desde prisión del exdirector de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, que se emitieron por televisión. Me acusaba de una conspiración con el presidente del Gobierno, que era entonces Felipe González. También en 1996 el máximo órgano de decisión de los jueces me prestó amparo cuando el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, me acusó de filtrar documentos del Cesid.

Dentro del objetivo general de ETA, en el plano organizativo se estableció la necesidad de que las organizaciones comenzaran a actuar y a estructurarse con carácter «nacional», es decir, a ambos lados de los Pirineos. En ese proceso se constituyó en 2000 la organización Haika, resultante de la fusión de Gazteriak («juventud»), operativa en el sur de Francia, y Jarrai.

En abril de 2000, durante dos días se desarrollaron en la localidad francesa de Cambo-les-Bains diversas actividades festivas y un acto político, celebrado en la carpa central del recinto. El escenario de ese acto estuvo adornado con el anagrama de ETA y, durante el mismo, por parte de los asistentes se corearon, según informaron diversos medios de comunicación, distintos eslóganes como «¡ETA, el pueblo contigo!», «¡Nosotros con ETA, ETA con nosotros!» y «¡Viva ETA!». Asimismo, tres encapuchados hicieron acto de presencia en el escenario y, ante la multitud allí reunida, quemaron una bandera francesa y otra española. A partir de aquí, Haika asumió la función de dirección ejecutiva que antes realizaba Jarrai y se encargó de «introducir» a jóvenes en las actividades violentas relacionadas con la kale borroka.

La nueva faceta de Haika quedó acreditada por la respuesta violenta que promovió a raíz de la muerte, el 7 de agosto de 2000 en Bilbao, de cuatro integrantes de ETA que murieron al explotar el vehículo con armas y explosivos en el que se encontraban. De esta forma, el responsable de Haika en Guipúzcoa, Garazi Biterri Izaguirre, transmitió a todos y cada uno de los responsables comarcales o eskualdes las instrucciones de que, durante la «jornada de lucha» convocada, era preciso «dar caña», «ir a saco» y «hacer un borroka eguna [“jornada de lucha”] potente, con historias durante todo el día, desde primera hora del día hasta la noche».

Es decir, se evidenciaba la continuidad de las formas de violencia complementarias a la de ETA desarrolladas antes por Jarrai y después por Haika. Dentro de esa dinámica se distribuyeron distintos «soportes divulgativos», como los de Villaba. En esta localidad navarra, el 3 de mayo de 2000 se repartieron impresos con el logotipo de Haika en los que figuraban frases como «Responsables de la dispersión, de la tortura, el asesinato…» y «No podemos dejar que esta gente siga cometiendo estos actos, muéstrales tu repulsa», acompañados de otros soportes en los que, con carácter individual, figuraban las fotografías y los nombres de diversos concejales del partido Unión del Pueblo Navarro (UPN) con el texto «Responsable de la situación de los presos políticos vascos. Llámale» y, a continuación, el número de teléfono de su domicilio o su móvil. Con ello, seguían las instrucciones de EKIN, que marcaba las directrices que luego Haika ejecutaba, de «señalar» y «presionar» a los concejales de UPN como hipotéticos responsables de la situación de los presos de ETA.

La etapa en que la organización juvenil recibió la denominación de Haika fue la más breve de todas. Se desplegó desde la fusión de Jarrai y Gazteriak en Cambo-les-Bains (Francia) hasta mayo de 2001. En el registro practicado en la sede de Haika en Bilbao se intervinieron cuarenta pegatinas con imágenes de las distintas personalidades de la vida pública española a las que se acusaba de «verdugos de Euskal Herria», «enemigos del euskera» o «fascistas aniquiladores de Euskal Herria», y se señalaba especialmente a profesionales de los medios de comunicación o de la Audiencia Nacional (entre los que me encontraba yo mismo), así como a banqueros y políticos. Se encontró también una libreta, en la que, bajo la referencia «tensionamiento», se recogían las direcciones en Bilbao de EFE, Europa Press, El Correo, Tiempo, El Mundo, El País, RNE, SER, TVE y Antena 3; esto es, todos los medios que Haika caracterizaba como «no vascos». La función que tal relación de direcciones tenía para Haika se comprende si se tiene en cuenta que estos mismos medios, acusados reiteradamente de «perros de la pluma y del micrófono», eran habitualmente objeto de los ataques de la kale borroka.

Todo lo anterior quedó absolutamente demostrado en términos judiciales, como también lo fue que el

carácter sustitutorio de Segi respecto de Haika, a partir de mayo de 2001, se manifiesta por medio de hechos públicos y notorios, tales como la organización de los actos de kale borroka a través de manuales para el desarrollo de las acciones de violencia callejera, la confección de pegatinas y carteles en apoyo de la misma; la campaña desafiante contra lo que denomina dicha organización el «fascismo español», consistente en la distribución de carteles de contenido conminatorio contra las autoridades, cargos públicos y ciudadanos, que evidencian el desarrollo de las actividades de Segi para el señalamiento.

La acción de violencia callejera por Segi obedecía a su diseño como complemento a las acciones armadas. El aumento o la disminución de la intensidad de estos hechos violentos eran controlados a través de EKIN y su ejecución era saludada internamente por ETA. Segi, en el periodo que fue desde julio de 2001 hasta el 11 de febrero de 2002, participó de una u otra forma en «decenas de lanzamientos de artefactos incendiarios, menoscabos de vehículos de transporte público, incendios intencionados, colocación de artefactos explosivos y contramanifestaciones violentas».

En vista de todo lo anterior, y de otros razonamientos que se encuentran en el procedimiento judicial y en las sentencias dictadas, el Tribunal Supremo concluyó de forma meridianamente clara que Jarrai-Haika-Segi había sido una asociación o una serie de asociaciones, que se sucedieron en el tiempo, no solo ilícitas, por tener como objeto la comisión de algún delito (común), sino también una organización terrorista que, incidiendo en la seguridad ciudadana, perseguía producir profundo temor, atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de derecho o, en otros términos, atentando contra la paz pública, como aspecto de la paz social, que se funda —según el artículo 10 de la Constitución española— en el «respeto a la ley y a los derechos de los demás».

Se confirmaba así, diecisiete años después, la línea de trabajo que iniciamos a finales de 1989, elaboramos a lo largo de los años noventa y consolidamos con pruebas y procesamientos entre 1998 y 2005. Un largo y duro camino que demostró que la realidad de ETA incluía, como parte integrante de su propia estructura, la kale borroka como elemento imprescindible y complementario de la lucha armada.

Todo fue posible gracias a la acción coordinada y permanente del Juzgado con la Fiscalía de la Audiencia Nacional —en la que debe destacarse en aquella época la labor de Enrique Molina, quien me acompañó en múltiples investigaciones— y la Comisaría General de Información, en la que especialmente su máximo responsable, Jesús de la Morena —uno de los más importantes activos en la investigación y en el desarrollo de las acciones que desde el Estado de derecho desenvolvimos en la confrontación integral contra ETA—, lideró un equipo de profesionales de primer nivel. Entre ellos destacó con nombre propio José Cornejo, el mejor especialista en lo que durante mucho tiempo se conoció como el entorno de ETA (que no era otra cosa que una parte de la serpiente), pues contribuyó de forma definitiva a la conclusión del periodo más largo de violencia política en España.

Realmente, cada uno asumimos nuestra responsabilidad, pero fue el conjunto de los diferentes actores el que consiguió presentar este caso, como también sucedió con los demás KAS-EKIN, Xaki, Orain-herriko tabernas-Batasuna y Bateragune. Hasta que en enero de 2016, el caso Batasuna-PCTV-ANV concluyó con una sentencia de conformidad y, además, con el reconocimiento del dolor inferido a las víctimas. Desde aquel 1989 en que comencé a diseñar la actuación integral contra la organización terrorista ETA, y que continuamos operativamente hasta 2009, transcurrieron veinte años de trabajo conjunto que rindió grandes resultados. Después, vendrían el abandono definitivo de la violencia en 2011 y el reconocimiento de la subordinación de Batasuna-PCTV-ANV a ETA en 2016.

Agosto de 1995: atentado contra el rey

En los primeros días de agosto de 1995, mientras participaba en un curso de verano de la Universidad Complutense que organizaba Proyecto Hombre en El Escorial sobre la modificación del Código Penal en materia de drogodependencias, recibí una llamada del comisario general de Información, Gabriel Fuentes. Me dijo que quería hablar conmigo de una operación antiterrorista que podía desencadenarse de forma inminente. Le informé de que el juzgado de guardia en esos momentos era el Central Cuatro, cuyo titular era Carlos Dívar. «Precisamente por eso quiero hablar contigo», me insistió. Bajé al juzgado, y Fuentes me dijo que era muy posible que en un piso de Palma de Mallorca se encontraran dos terroristas de ETA, pero que no tenían una certeza total y, en consecuencia, el juzgado de guardia les había dicho que los datos eran insuficientes para autorizar la intervención de teléfonos o cualquier otra medida. Me pidió si podía ayudarles y recordé que tenía un procedimiento abierto en el que se había intervenido el teléfono de una mujer relacionada con Ignacio Gracia Arregui, conocido como Iñaki de Rentería, uno de los máximos dirigentes de ETA en el sur de Francia. Cuando Fuentes me informó de que el objetivo de los terroristas era el entonces rey Juan Carlos, pensé que un atentado de este tipo debía ser autorizado por la cúpula y, en consecuencia, estaba justificada la implicación en el caso. No obstante, insistí al comisario para que fuera a solicitar las actuaciones pertinentes al Central Cuatro. Se encontró con una negativa.

Cuando Fuentes me puso al tanto de la situación, pude darme cuenta de que, en efecto, tenían muy poca información, aunque me aseguró que las dos personas estaban dentro y que no salían de allí. Ordené la intervención de un teléfono que aún no estaba instalado, aunque sí se había rellenado el contrato de solicitud. De esa forma accedimos a la letra de quien firmaba y, tras el análisis pericial de urgencia, se comprobó que era Jorge García Sertucha, alias Patas, un miembro liberado de ETA.

Me puse en movimiento e impartí las órdenes correspondientes, explicando al fiscal Jesús Santos que nos íbamos a Palma de Mallorca para dirigir desde allí la actuación policial. La secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, cuando supo que me desplazaba, me comentó que ella lo haría también, aunque finalmente quien viajó fue el director general de la Policía, Ángel Olivares.

Cuando llegamos, fuimos a la Jefatura de Policía. Una vez preparados los equipos y tras la detención de Juan José Rego Vidal en otro punto de la isla, mientras permanecía en el interior de un barco llamado La Belle Poule, a bordo del cual había llegado desde Francia, procedimos a la entrada y registro del apartamento de Palma. En una operación rápida y eficaz, en torno a la una menos veinte minutos de la noche la policía hizo estallar el bombín de la puerta, accedió al domicilio e inmovilizó a los dos terroristas, que en ese momento dormían plácidamente. Eran Ignacio Rego Sebastián, padre de Juan José, y García Sertucha.

Comencé el registro, descubriendo además de las pistolas de rigor, un rifle de mira telescópica perfectamente acondicionado para tener más alcance de disparo y mayor precisión. Estaba listo para ser usado. En el momento en el que procedía a bajar del altillo de un armario una especie de olla de presión, uno de los Tedax me indicó que tuviera cuidado porque tenía una bomba en las manos. Recuerdo que, en ese momento, el comisario general me llamó para decirme que el director de la policía iba a dar una rueda de prensa para transmitir la sensación de que el jefe del Estado se encontraba fuera de peligro. Le contesté de forma desabrida diciéndole, para que lo oyera el director, que también podía decir que había estallado una bomba y habían muerto varios funcionarios, el juez y el fiscal.

Nunca he entendido la urgencia que tienen algunos para contar las primicias y apuntarse el tanto. Por nuestra parte, seguimos trabajando. A la mañana siguiente también habían concluido los registros efectuados en Francia y ordené que se trasladara a los detenidos a Madrid, después de los exámenes médicos y la lectura de derechos. Hablé con el expresidente Adolfo Suárez y con la Casa Real para informar adecuadamente. A Suárez lo llamé porque también había estado en el punto de mira de los terroristas y era mi costumbre avisar a las personas que aparecían en alguna lista, con el fin de que no se asustaran si se enteraban de lo sucedido a través de cualquier noticiero o periódico; en cuanto a la Casa Real, lo hice por la misma razón y porque el jefe del Estado había permanecido al alcance de un disparo de rifle, una señal de la extrema vulnerabilidad en la que se encontraba.

En su afán de minimizar la situación de riesgo efectivo, el ministro de Interior y Justicia declaró públicamente que la integridad del monarca no había corrido peligro en ningún momento. Fueron unos comentarios arriesgados en términos jurídicos, hasta el punto de que, si el ministro seguía por esos derroteros, no podríamos plantearnos siquiera la tentativa inidónea, es decir, los etarras no podrían ser juzgados por intentar asesinar al rey porque, a tenor de esas declaraciones, tal amenaza no había llegado a existir objetivamente. Los informes periciales determinaron que, desde el apartamento en cuya terraza los terroristas habían situado el arma, los proyectiles habrían alcanzado a su objetivo (don Juan Carlos) con un margen de error de tres centímetros a derecha o izquierda. La fecha prevista para su ejecución era el día siguiente al de la intervención policial y judicial. El caso se resolvió y los terroristas fueron condenados. En la investigación aparecieron elementos que mostraron la evidencia de que también se había intentado atentar contra otros objetivos, como don Juan de Borbón, padre del rey.

Jueces y policías

No soy de los que opinan que en el marco de una investigación penal cada cual debe ir por su lado, como si de compartimentos estancos se tratara. En la indagación de fenómenos criminales complejos como el terrorismo o el crimen organizado, la coordinación es fundamental y la diversidad de enfoques también, pero mucho más importante es determinar con precisión la forma de actuación del conjunto. No se trata de confundir los papeles, pero sí de identificar los espacios y cubrirlos en su totalidad con una perspectiva que va más allá del hallazgo policial o judicial y que busca consolidar una serie de pruebas para que produzcan efecto en el juicio oral. Por ello, de una buena coordinación y dirección de la investigación por parte del juez de instrucción y/o del fiscal, así como de una buena ejecución y análisis policiales, se obtendrá un éxito probatorio importante.

Cuando los elementos humanos que intervienen en una investigación se activan en un mismo país, la coordinación resulta mucho más fácil y, con este propósito, siempre he buscado que el diálogo y el debate estuvieran continuamente presentes. Despachar directamente con los investigadores, marcándoles las pautas, es esencial. De hecho, estos te lo agradecen porque actúan sabedores de que la seguridad procesal y el respeto de las garantías se han preservado en todo momento. La cuestión se hace un poco más compleja cuando participan funcionarios de diferentes países.

Es cierto que en todo trabajo en común hay momentos en los que unos y otros tienen diferentes puntos de vista y siempre suele haber un tercero que allana las dificultades, los desencuentros o las divergencias de percepción o enfoque. Esto es lo que ocurría en algunas ocasiones en las investigaciones conjuntas entre la juez Le Vert, persona metódica y que tenía a ETA en su cabeza, y yo, más impaciente, quizá porque las consecuencias de las acciones de la organización terrorista se vivían en territorio español. Nuestra forma de ver las cosas era distinta. Ella tenía una filosofía más tranquila, mientras que a mí siempre me faltaba tiempo para comenzar el siguiente desafío. A mediados de los años noventa, el comisario Jesús de la Morena fue esa tercera persona que templó las tormentas entre Le Vert y yo hasta que lograba que encontráramos el punto medio de actuación. A mí me calmaba, a ella la empujaba. Creo que pasaron más de una tarde los dos —jueza y policía— sentados en el suelo repasando legajos, a la vez que entre ambos diseñábamos las estrategias y las actuaciones para que los resultados fueran efectivos.

En ese sentido siempre he mantenido alguna discusión con los investigadores… de cualquier proceso. Recuerdo a un agente de la UCO que se ocupaba de la inspección ocular y que siempre protestaba cuando yo le apremiaba con los resultados de sus análisis, para avanzar en la investigación, diciendo que necesitaba su tiempo para hacer las cosas. Hablando con ellos no hace mucho, su compañero y jefe me justificaba: «Es que Baltasar siempre veía un poco más allá de lo que veíamos los demás y por eso tenía prisa, porque en la cabeza ya sabía por dónde iban a ir las cosas». Es una opinión que me halaga e incluso me enternece por la fe que demuestra, y, desde luego, es certera. Probablemente hay una mezcla de las dos cosas: mi impaciencia es irrefrenable y la necesidad de ir más allá de lo que a simple vista se percibe, y conseguir las pruebas sobre los indicios que ya apuntan a algo serio, me empuja hacia adelante de forma perentoria.

En muchas reuniones de coordinación con investigadores o expertos de otras latitudes, las discusiones se hacen eternas, repitiéndose las mismas cosas por el solo hecho de que cada uno quiere exponer su visión aunque coincida con la ya constatada. Esto me intranquiliza porque ya se podría estar avanzando en la ejecución de lo que corresponde y, a la vez, organizando el siguiente espacio, aunque comprendo que tenga que ser así.

1995. El primer arrepentido

El 21 de julio de 1995, cuando estaba en plena preparación de la exposición razonada para elevarla a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el caso del secuestro de Segundo Marey —en el que resultarían condenados, entre otros, el exministro de Interior, José Barrionuevo; el secretario de Estado, Rafael Vera; y el exdirector de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal—, tomé declaración al que probablemente haya sido el primer arrepentido como tal hasta el día de hoy.

En ETA, la ley del silencio era más exigente que la omertà de la Cosa Nostra siciliana. Al disidente se le eliminaba. En este caso fue importante la labor desarrollada por la Consejería de Interior del Gobierno vasco, a cuyo frente se encontraba Juan Mari Atutxa. Así pues, Juan Manuel Soares Gamboa se enfrentaba no solo a la decisión de abandonar la organización y al hecho de asumir la estigmatización de todos los componentes de la misma y de todos los sectores sociales que consideraban que este era el elemento fundamental en la confrontación con el Estado, sino también a tener que confesar sus crímenes e inculpar a los demás partícipes aportando pruebas. Y debía hacer todo esto sin que hubiera una legislación explícita de los beneficios que podían otorgarse al arrepentido, por lo que, además, tendría que asumir las penas que le correspondieran. A cambio, puesto que un tratamiento penitenciario más benigno era bastante improbable en aquella época, solo le quedaba solicitar el indulto. De hecho, después de asumir su participación en numerosos atentados en los que hubo muertos, heridos y cuantiosos daños, Soares Gamboa fue ingresado en prisión por orden mía.

Al comparecer, el arrepentido afirmó expresamente que quería someterse y colaborar con la Administración de Justicia, pues había renunciado a la lucha armada. En su declaración, Soares Gamboa inculpó a todos los miembros del comando Madrid con los que había participado en los hechos criminales que describió; dio detalles de su composición y modus operandi; de los tres pisos francos que tenían en la capital española, así como de los procedimientos de actuación con las bombas fabricadas por la propia organización terrorista y las instrucciones que recibían de uno de los máximos responsables de la época, Juan Lorenzo Lasa Michelena, alias Txikierdi.

En definitiva, el verano de 1995 fue especialmente intenso con los casos de los GAL, los papeles del Cesid, la declaración de Soares Gamboa y las acciones derivadas de ella, el atentado frustrado contra el rey Juan Carlos I y los esfuerzos para paliar las constantes jugadas de desprestigio y ataque que se producían. Los ataques cruzados provenían de todas partes e incluso en ocasiones era fuego «amigo», al que todavía no acababa de acostumbrarme a pesar de las experiencias ya vividas.

1996. ETA quiere hacer campaña electoral

Entre los asesinatos de 1995 figuraban el de Gregorio Ordóñez Fenollar, concejal del Partido Popular y teniente de alcalde de San Sebastián, al que ETA mató el 23 de enero de ese año mientras almorzaba en un bar de la capital donostiarra con María San Gil, secretaria del Grupo Popular, y otros dos colaboradores. También en San Sebastián, la organización terrorista acabó con la vida de Fernando Múgica Herzog, destacado abogado y miembro del Partido Socialista de Euskadi, el 6 de febrero de 1996.

Con esos precedentes, el etarra Jon Bienzobas Arreche, alias Karaka, asesinó el 14 de febrero de 1996 —en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y en horas de clase— al expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente. Yo estaba de guardia y levanté el cadáver en el mismo garaje de la facultad, hasta donde habían llevado su cuerpo con la esperanza de que todavía estuviera con vida. No fue así. Fue tiroteado en su despacho a muy corta distancia y sin opción de defensa alguna. El crimen produjo un enorme impacto social y político por lo que representaba su figura, y dio lugar a la formación de un movimiento espontáneo esencialmente universitario que se conoció como Manos Blancas para exigir el fin del terrorismo. Era la primera vez que comenzaba a vislumbrarse una reacción contundente desde la sociedad civil. Al contrario de lo que había ocurrido hasta ese momento, las muestras de dolor antes restringidas comenzaron a generalizarse. Sin embargo, no sería hasta 1997, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en el ayuntamiento vizcaíno de Ermua, que el repudio se haría insistente, contundente y generalizado. Como resultado nació el llamado Espíritu de Ermua, materializado en 1999 en la iniciativa ciudadana ¡Basta Ya!, que defendía el Estado de derecho y rechazaba el terrorismo en cualquiera de sus facetas.

El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi se había inhibido de un procedimiento abierto sobre KAS cuando, a mediados de febrero de 1996, en plena campaña para las elecciones generales del 3 de marzo, Herri Batasuna cedió su espacio electoral en la televisión pública a ETA para que la organización terrorista emitiera un vídeo en el que reclamaba el voto para la formación aberzale. La situación era absolutamente kafkiana. Por una parte, Tomás y Valiente había sido asesinado y, por otra, el desafío de la Mesa Nacional de HB al Estado era de un alcance inusitado. El planteamiento resultaba inaceptable. Para mí estaba claro que, cuando menos, la acción desplegada por los responsables del partido político podría considerarse un delito de colaboración con banda armada. En la grabación, tres encapuchados armados con pistolas, presuntos miembros de ETA, hacían propaganda de sus ideas. En total presentaron tres vídeos de forma consecutiva, en los posteriores con la palabra censurado sobre los planos prohibidos, y una cuña radiofónica para Radio Nacional de España.

A la hora de exigir responsabilidades, me encontré con que algunos de los componentes de la Mesa Nacional de HB eran aforados y no podía tomar medidas ni dirigir en ese momento ninguna acción contra ellos. En ese contexto cité al portavoz de la coalición, Jon Idígoras, quien rehusó comparecer. Emití una orden de detención inmediata y de ese modo fue conducido ante mí e ingresado en prisión, luego de recibirle declaración, a la vez que prohibí la emisión del vídeo. Supe por la prensa que se habían reunido en San Sebastián para decidir qué hacer. Si Idígoras no se presentaba, podía ordenar que viniera acompañado de las fuerzas de seguridad e incluso acordar prisión preventiva para garantizar que quedaba a disposición judicial.

La resolución mediante la que se prohibía la propaganda decía:

La representación legal de Herri Batasuna colabora activamente con ETA Militar, traspasando los límites de la libertad de expresión, derecho fundamental protegido por el artículo 20. 1º a) de la Constitución Española, e invade abiertamente, como queda dicho, la esfera del derecho penal a través del artículo 174 bis a), por cuanto con ese vídeo Herri Batasuna, persona jurídica con existencia legal, al asumir los postulados de ETA, trata de favorecer la instauración de la coacción y amenaza en el ciudadano limitando la autonomía para ejercer libremente su derecho al voto en una convocatoria electoral, con lo cual consigue uno de los objetivos que persigue la organización terrorista con sus actividades delictivas (asesinatos, coacciones, detenciones ilegales, etc.), cual es la subversión del orden constitucional a través de la violencia, y por ende, está coadyuvando a dichos fines, con más eficacia que si diera cobijo a un miembro de un comando o transporte a quien vaya a pasar la frontera.

El 21 de febrero el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, Carlos Granados, me pidió que decretara la prisión del dirigente de HB, eludible mediante el pago de una fianza.

Ante la actitud de rebeldía de Idígoras, que andaba escondiéndose, una agente de la Erzaintza vestida de paisano, cumpliendo mi orden, lo detuvo en Amorebieta cuando por la mañana se dirigía a Bilbao en automóvil, acompañado de otros tres miembros de la Mesa Nacional de HB. No opuso resistencia. En la puerta se encontraban unos diez simpatizantes, que lo aclamaron. En el avión que lo condujo a Madrid, varios viajeros le increparon con un «¡Basta ya!». Idígoras no quiso declarar y firmé el ingreso en prisión bajo fianza de trescientos millones de pesetas (1,8 millones de euros). Lo trasladaron a Alcalá Meco. Sería la primera estancia penitenciaria con relación a HB del fundador de la coalición. Jon Idígoras, uno de los parlamentarios que salieron ilesos del atentado cometido el 20 de noviembre de 1989 en el que Josu Muguruza murió y fue herido Iñaki Esnaola, fallecería en 2005 tras una larga enfermedad, la cual llevó a que se le excarcelase tras ser condenado por el Tribunal Supremo en 1998.

Como algunos de los responsables de la Mesa de HB resultaron elegidos en las elecciones, el Tribunal Supremo asumió la competencia y citó a todos sus componentes. Al no concurrir, se los detuvo por orden judicial. La sentencia fue condenatoria, pero tiempo después el Tribunal Constitucional, aun aceptando que la conducta de los acusados había sido reprochable penalmente, determinó que ante la desproporción de la pena prevista para el delito de colaboración y la poca entidad de la conducta punible, consistente en la cesión de los espacios electorales a ETA en el vídeo de propaganda, se anulara aquella.

Fuera como fuese, por primera vez la Justicia se enfrentaba a toda la parafernalia que rodeaba a la organización terrorista ETA.

La confesión de Valentín Lasarte

El 31 de marzo de 1996, compareció ante mí el miembro de ETA Valentín Lasarte Oliden. Nada hacía augurar que aquella declaración iba a ser algo diferente a un mero trámite, ya que ni siquiera lo había hecho ante la Ertzaintza que lo había detenido. Solicité a la policía autonómica que preparara un informe sobre las acciones que se le imputaban. Me indicaron que las incluirían en el atestado.

Cuando comenzó su declaración, Lasarte manifestó que no tenía nada que decir. De todos modos, le pregunté por el trato recibido policialmente y contestó que había sido correcto; me interesé por su situación personal y familiar, por el entorno donde vivía, por generalidades relacionadas con el País Vasco. Mientras tanto, iba repasando las hojas del atestado para darle la impresión de que había muchos elementos de prueba en su contra, cuando realmente no había nada.

Una vez concluida esta fase de aproximación, le hablé de los diferentes casos con los que se le relacionaba, pero equivocándome, intencionadamente, para suscitar su interés en aspectos básicos que no afectaban al núcleo ni a su posible implicación. La estrategia surtió efecto y comenzó a informarme de los aspectos objetivos erróneos, tales como direcciones, localidades, ubicaciones, etcétera. Esto hizo que se relajara y, poco a poco, fui introduciendo otros aspectos que tenía contrastados respecto a la participación de terceros, pero con fechas, horarios y circunstancias nuevamente erróneos, para que él me corrigiera y de esa forma ir adentrándolo en el clima de confianza que quería conseguir.

A esa altura, ya me había dado cuenta de la personalidad del detenido y de que le provocaba una reacción adversa el comprobar que yo daba poca relevancia a su actuación porque, según llegó a creer, opinaba que eran otros los que habían tenido el protagonismo. Todo esto, mezclado con la escenificación gestual por mi parte y una comprobación de datos que realmente no existían en el interior del atestado. En esta dinámica, entré con mayor detalle en los diferentes casos y, cuando veía que se ponía tenso por una imputación directa, remitía y pasaba a otro asunto hasta conseguir que fuera él quien me indicara que no había ocurrido como yo estaba diciendo, sino de otra forma. Comprendí entonces que podía obtener una confesión amplia y le planteé qué sentido tenía lo que había hecho, y esto provocó la reivindicación de su propio papel en la organización y de las razones por las que luchaba.

Una vez que enmarqué su actuación en el contexto de lucha por los ideales que perseguía ETA, a la que me referí en todo momento como «la organización», eliminando cualquier connotación terrorista para evitar su rechazo al término, comenzó a describir su participación en los diferentes casos. Lasarte reivindicaba su protagonismo y liderazgo en cada uno de ellos e identificó, ya sin reparos, a los diferentes participantes, descendiendo a un nivel de detalle importante.

Cada par de horas hacíamos una pausa, aunque me decía que no lo necesitaba, pero que si yo estaba fatigado no tenía inconveniente en descansar. Aproveché esos espacios para revisar con la policía la información que iba aportando, de modo que la contrastaran y se pudiese completar en lo necesario. Fue así como obtuve una amplísima declaración en la que reconoció la participación en los asesinatos del empresario José Antonio Santamaría y de un funcionario de la prisión de Martutene, José Antonio Domínguez Burillo, en 1993; los de José María Olarte y Alfonso Morcillo Calero, sargento de la policía municipal de San Sebastián, en 1994; los de Gregorio Ordóñez, un brigada del Ejército, Mariano de Juan Santamaría, y el comisario Enrique Nieto Viyella, así como el ametrallamiento y lanzamiento de granadas, depósito de armas y explosivos en un zulo y un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Arnedo, en 1995; y, finalmente, el asesinato de Fernando Múgica en 1996.

Asimismo, implicó a toda una serie de miembros de ETA, entre los que se encontraban Juan Antonio Olarra Guridi, Francisco Javier García Gaztelu, Juan Ramón Carasatorre, Inaxia Ceberio, Juan Luis Aguirre, José Javier Arizcuren, José Luis Geresta, Gracia Morcillo, Javier Irastorza e Irantxu Gallastegui Sodupe, entre otros.

Aldaya, Delclaux y Ortega Lara

El 8 de mayo de 1995, el empresario vasco José María Aldaya era secuestrado entre las localidades de Fuenterrabía e Irún. Fue liberado casi un año después, en la madrugada del 14 de abril de 1996, en un bosque próximo al puerto de Azkárate, en la localidad guipuzcoana de Elgóibar, tras trescientos cuarenta y un días de cautiverio. Durante su secuestro, el más largo de los cometidos por ETA hasta entonces, permaneció recluido en un húmedo habitáculo de tres metros de largo por uno de ancho y dos de alto, aproximadamente. En todo ese tiempo, jamás llegó a ver la luz del día.

El 11 de noviembre de 1996, los etarras Gregorio Vicario Setién y José Ordóñez Fernández secuestraron al abogado y empresario Cosme Delclaux, que permaneció doscientos treinta y dos días en el mismo zulo que la organización había utilizado para Aldaya. La Audiencia Nacional condenaría en mayo de 2007 a diecisiete años y medio de prisión a cada uno de los autores.

Mientras tanto, el 17 de enero de 1996 ETA había secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en el garaje de su casa de Burgos cuando volvía del centro penitenciario de Logroño donde trabajaba. Ortega Lara permanecería quinientos treinta y dos días encerrado en un zulo bajo tierra en condiciones infrahumanas, hasta su liberación el 1 de julio de 1997.

El máximo responsable de ETA en ese momento era Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. Posteriormente, la Audiencia Nacional consideró que las causas por las que permanecía en prisión en España desde el año 2008 ya habían sido juzgadas en Francia. Entre esas causas figuraba la tentativa de asesinato del rey en Palma de Mallorca en agosto de 1995.

La Audiencia Nacional sí condenó en 1998 a treinta y dos años de cárcel a los autores materiales del secuestro de Ortega Lara: José Luis Erostegi Bidaguren, Javier Ugarte, Jesús María Uribetxeberria Bolinaga y José Miguel Gaztelu. En 2005, la Audiencia condenó a otros tantos años de prisión a los exdirigentes de ETA Julián Atxurra Egurola, alias Pototo, y Juan Luis Aguirre Lete, alias Isuntza, por ordenar ese secuestro. Sobre la base de un nuevo informe de la Guardia Civil, en 2010 sería imputado también Iñaki de Rentería por este hecho, si bien se le exculpó posteriormente.

De los contactos con el etarra que pretendía atentar contra el rey en su yate Fortuna, Jorge García Sertucha, eran responsables otros dos miembros de la organización: Aguirre Lete y José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri. Cuando cayó Aguirre Lete, se supo que en junio de 1995, apenas a mes y medio del intento de atentado contra el monarca, había citado a García Sertucha en la ciudad francesa de Toulouse para hacer prácticas de tiro en un descampado, precisamente con uno de los rifles que se intervendrían en Palma de Mallorca. Aguirre Lete fue detenido en Francia en noviembre de 1996. La policía había encontrado entre sus papeles diferentes documentos de gran importancia que acreditaban que había efectuado un pago de cinco millones de pesetas (treinta mil euros) a alguien a quien se identificaba como Bol.

Este documento de abono sería fundamental en relación con el secuestro, que, como venía siendo habitual, fue reivindicado por ETA a través del diario Egin, al igual que lo habían sido los de Aldaya y Delclaux. Si por Aldaya y Delclaux habían pedido dinero, en el caso de Ortega Lara exigían la libertad para los presos etarras.

El lunes 30 de junio de 1997 entré de guardia y a primera hora pidieron verme varios funcionarios de la Guardia Civil. Me informaron de la situación en que se encontraban. Tenían unas pistas sobre la posible identidad de uno de los secuestradores de ETA, pero ni el juez encargado del caso, Javier Gómez de Liaño, ni el fiscal Ignacio Gordillo las habían considerado suficientes para ordenar detenciones, entradas o registros. Al parecer, la pista crucial era aquella nota encontrada en la agenda de Aguirre Lete en la que se leía: «Ortega 5K BOL». Entendían que se refería al pago de cinco kilos (cinco millones de pesetas) a alguien cuyo nombre o apellido se correspondía con estas iniciales.

Los investigadores, en esa reunión en mi despacho, de la que informé al fiscal adscrito, Pedro Rubira, relataron que sus indagaciones los habían llevado a identificar a un vecino de Mondragón llamado Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, que ya era conocido por la Benemérita y frecuentaba una nave industrial de la localidad en compañía de otros tres compinches. Mediante una vigilancia cuidadosa, se vio que estas personas acudían varias veces a la nave y llevaban comida. Pero no estaba claro que la consumieran.

Además me dijeron, quizá como excusa, que era posible que Cosme Delclaux también estuviese secuestrado en ese lugar, lo que me permitía actuar habida cuenta de que estaban implicados dos juzgados diferentes, el Central 5 y el Central 2.

La verdad es que, al igual que me sucedió en agosto de 1995 con el atentado contra el rey, la falta de decisión de un colega hacía necesaria mi intervención, aunque con una base muy aleatoria. No obstante, algo me decía que la Guardia Civil estaba en lo cierto e insistí.

Dispuse el traslado a San Sebastián, al cuartel de Intxaurrondo, donde permanecimos hasta que distribuimos los diferentes equipos para cubrir todos los objetivos. En mi caso, junto con varios funcionarios de la Benemérita nos fuimos hasta las inmediaciones de la nave donde se suponía que podría estar Ortega Lara, y aguardamos allí hasta que se transmitiera el aviso de que ya se encontraban todos detenidos. Nos mantuvimos en silencio en una arenera, sintiendo la humedad de la gravilla, a la espera de noticias. Recuerdo que en esa situación, pasada la media noche, recibí una llamada de Manuel Simons, a la sazón encargado de las investigaciones sobre el secuestro de Delclaux, para decirme, precisamente, que lo habían liberado. Ante esta circunstancia, era evidente que no estaban juntos. En cualquier caso, fue llamativa la coincidencia en el tiempo de ambos hechos.

Una vez que la Guardia Civil trajo al lugar al detenido Bolinaga, le pregunté si había alguien allí y me contestó lacónicamente: «Solo el perro». Una vez dentro, comenzamos a revisar todos y cada uno de los elementos existentes: la maquinaria, los muebles… Todo, absolutamente todo.

Estuvimos buscando hasta que amaneció. Los investigadores, ante mi pregunta de si estaban convencidos de que allí estaba Ortega Lara, me contestaron tajantemente, pese a las aparentes evidencias contrarias en ese momento, que no tenían dudas de que se encontraba en ese lugar. La verdad es que debo reconocer que su convicción me sobrecogió. Le pedí a José Carlos, un funcionario del Juzgado excelentemente preparado, que prorrogara la vigencia del mandamiento y ordené que se trasladara desde Vitoria una máquina medidora de los volúmenes, para poder establecer si había algo por debajo del suelo que se nos estuviera escapando.

Cuando ya parecía que nada íbamos a obtener, se produjo un gran alborozo porque uno de los guardias había detectado en el suelo, debajo de una de las máquinas, una arandela metálica que, al parecer, coincidía con la entrada al zulo. Me dirigí al sitio, pero inmediatamente pensé que, por la tensión del momento, algún funcionario podría tener la tentación de enfrentarse a Bolinaga, así que fui a la estancia en la que se encontraba para que me acompañase a descubrir definitivamente el lugar del secuestro.

El detenido explicó cómo era el mecanismo de puesta en marcha a través de la acción sucesiva de varios interruptores, si bien no nos sirvió porque la apertura se había intentado llevar a cabo por la fuerza. Cuando nos aseguramos de que Ortega Lara estaba dentro, pedí que atenuaran las luces y que no se grabara su salida del habitáculo porque era evidente que podían dañarle los ojos.

Lo que encontramos cuando salió fue a un hombre sumamente deteriorado y vulnerable, como no podía ser de otra forma. Lo difícil era que, después de las condiciones en las que había estado, mantuviera su equilibrio psicológico y psíquico. Lo llevaron a una ambulancia y, cuando ya estaba dentro, me dirigí a él para decirle quién era y qué estábamos haciendo. Al reconocerme, dijo algo que se me quedó grabado: «Ahora sé que estoy de verdad en libertad». Es decir, creía que estaba viviendo un simulacro de mano de los etarras. A partir de ese momento, la nave cambió —parecía como si todo lo que habíamos visto allí cobrara vida— y encontramos tubos lanzagranadas, material para la fabricación de explosivos y las máquinas huecas que habían servido para trasladar a personas secuestradas.

La enfermedad de Bolinaga

Bolinaga llevaba diecinueve años antes de su arresto operando como miembro activo de la banda. En los comandos a los que perteneció cometió atentados y asesinatos, por los que sería condenado a ciento setenta y ocho años de prisión. El etarra y su grupo compraron una nave industrial, donde fabricaban los materiales que debían servir para elaborar artefactos. También era un punto de distribución de explosivos. Bajo el suelo de esa nave construyeron un zulo. Allí mantuvieron encerrado al ingeniero Julio Iglesias Zamora durante ciento cuarenta y tres días con el objetivo, como en el caso de Aldaya, de obtener un rescate. Después, recluyeron en ese agujero a Ortega Lara.

Bolinaga accedió a la libertad condicional, concedida por el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, el 30 de agosto de 2012, una decisión que confirmó la Sala de lo Penal el 12 de septiembre del mismo año. La causa fue la enfermedad terminal que sufría el etarra y que, para los médicos, suponía un plazo máximo de nueve meses de vida. Sin embargo, tras quinientos ochenta y un días en esa situación, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno declaró su «prisión provisional incondicional y comunicada» por el asesinato del guardia civil Antonio Ramos, ocurrido en 1986 en la localidad guipuzcoana de Mondragón, después de que la Fiscalía le pidiera la reapertura del caso sobre la base de un informe de la Guardia Civil que le implicaba. Bolinaga únicamente podría salir de su casa el tiempo imprescindible para tratar su enfermedad y siempre bajo vigilancia.

Me han preguntado más de una vez qué he pensado en lo que se refiere a la libertad de Bolinaga por su enfermedad. En mi opinión, ahí estaban los exámenes médicos y existen unos principios humanitarios que deben cumplirse. Por mucho que duela a las víctimas y sea irreparable el daño que los terroristas les han producido, no podemos convertir el derecho penal en un arma de venganza.

Su salida de prisión provocó una campaña mediática exhaustiva en la que se echaba en cara al juez la decisión. Un sector de la prensa parecía estar reprochando los días de más que el etarra seguía vivo sobre la previsión inicial. Y así lo daba a entender algún titular de enero de 2015 cuando se produjo el deceso. «Muere por fin el etarra Bolinaga, dos años y medio después de ser puesto en libertad porque estaba “terminal”», titulaba Periodista Digital, un diario dirigido por el periodista Alfonso Rojo. Continuaba así la información: «Dice el refrán que “mal bicho nunca muere”, y la verdad es que a este le ha costado estirar la pata».7

Es un pequeño botón de muestra de hasta qué punto, en ocasiones, perdemos la capacidad de ser humanos.

Un tremendo error de ETA

ETA cometió uno de sus mayores errores tácticos el 10 de julio de 1997, nueve días después de la liberación de Ortega Lara. Secuestró a Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en la localidad vizcaína de Ermua. Exigían para su liberación el acercamiento de los presos al País Vasco. Al no obtener una respuesta positiva del Gobierno, le dispararon en un descampado dos días después, hacia las cinco de la tarde del sábado 12 de julio. El joven, de veintinueve años de edad, murió durante la madrugada siguiente. Y digo que ETA se equivocó porque no había previsto que, durante las cuarenta y ocho horas de plazo que había establecido para que el Gobierno cediese a sus exigencias, tendrían lugar enormes movilizaciones en toda España, incluida Euskadi. Gente de toda condición e ideología rogaba por la vida de Miguel Ángel Blanco. Lo mataron sin atender a súplicas, cegados por una soberbia que les hacía creerse invulnerables o por una bisoñez que no les dejó ver como ese asesinato, al igual que otros que vendrían después, provocaba un inmenso dolor y una rabia incontenibles contra la organización. ETA nunca había tenido razón de ser, pero a las puertas del siglo XXI los españoles estábamos hartos de tanto crimen en nombre del terror, pues ningún objetivo más se percibía bajo la superficie del emblema que formaban el hacha y la serpiente.

En el Juzgado de Instrucción número 5 estábamos preparados ya para entablar el combate definitivo que llevaría al principio del fin de ETA.

Dos días antes del secuestro de Miguel Ángel Blanco, se incorporó a mi juzgado el fiscal Enrique Molina. Estaba destinado en Barcelona cuando recibió una llamada de Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, quien le propuso ir a trabajar a la Audiencia Nacional. En aquellos momentos existía un conflicto con determinados fiscales, como Ignacio Gordillo, Pedro Rubira, Eduardo Fungairiño, María Dolores Márquez de Prado y otros, que terminó con un expediente menor y con la salida del fiscal jefe, José Leopoldo Aranda Calleja, como ya he relatado. Cuando expedientan a un fiscal, es raro que lo despidan. Suelen más bien darle «una patada hacia arriba». Pepe Aranda, que es un magnífico profesional, acabó siendo fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Pero el Juzgado número 5 se quedó desangelado y sin fiscal. Hasta entonces lo había sido Pedro Rubira, a quien le impactó emocionalmente mucho la situación de su expediente. Yo necesitaba alguien activo, que empujara al Juzgado, y Enrique era conocido dentro de la Fiscalía en Madrid como «un limpia». En nuestro argot, cuando tienes un juzgado atascado, metes «un limpia» que resuelve, dice «esto sí», «esto no», y lo saca todo adelante.

Le recuerdo en el despacho del fiscal jefe Eduardo Fungairiño. Enrique tenía treinta años y le hablaba de usted. Fungairiño le preguntó: «¿Qué quieres?». «Lo que su excelencia me dé», contestó Molina. «¿Conoces a este, chaval?», le preguntó Eduardo señalándome. «Sí, de la televisión… Alguna vez hemos coincidido en alguna cosa, pero él no me conoce a mí», respondió el fiscal. Así fue nuestro primer encuentro. El nuevo compañero sería un puntal en todo lo que estaba por venir.

La muerte de Miguel Ángel Blanco había provocado una movilización social importante en contra de las organizaciones política y social de ETA, y la gente manifestaba su indignación porque lo habían matado únicamente para realizar una demostración de poder.

ETA disfrazó el asesinato de Blanco como la respuesta al escaso interés que el Estado demostraba por sus políticos y lo presentó como condicionado a la liberación o el traslado de determinados presos. Con el tiempo, Enrique Molina se empapó de cómo funcionaba ETA y la respuesta que podía haber dado el Estado a sus exigencias. Aprendió lo que ya sabíamos: el plazo de tres días que dieron para evitar la muerte era inviable y, por tanto, la suerte de Blanco estaba echada desde el mismo momento del secuestro.

En agosto de 1998 ETA estableció una tregua mediante un documento firmado con los partidos nacionalistas y dirigido a la independencia. Un año después, proponía un nuevo texto al PNV y a Eusko Alkartasuna (EA, «solidaridad vasca»), que ambas formaciones rechazaron. Ahí se rompió esa etapa de tranquilidad en que no se produjeron asesinatos. En agosto de 1999, los etarras declaraban rota la tregua y de nuevo se aprestaron a matar.