Puede que muchos los hayan olvidado y que para los más jóvenes sea algo desconocido o una batallita más contada por abuelos, pero la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el entramado parapolicial que practicó terrorismo de Estado contra ETA en los años ochenta del pasado siglo y acaparó la primera página de los diarios hasta 2004, conmocionó a España y dividió incluso a la opinión pública. Al tiempo, el caso de los GAL supuso un durísimo golpe para el PSOE y muy especialmente para el Ministerio del Interior (MI) y su titular, José Barrionuevo, que acabaría juzgado y condenado en lo que, para unos, fue un escándalo y, para otros, una demostración de salud democrática. Con el procesamiento, juicio y condena de la cúpula de Interior se demostró que España era un Estado de derecho en el que nadie quedaba por encima de la ley.

Tan significativo fue ese caso que no es aventurado decir que para la Seguridad del Estado, para la Justicia española y quizá también para la prensa hay un antes y un después que marcan los GAL. Su existencia surgió de aplicar la ley del Talión contra Euskadi Ta Askatasuna (ETA), el grupo terrorista que, amparado en el nacionalismo vasco, buscaba con las armas la independencia del País Vasco, Euskal Herria, respecto de España. Y su enjuiciamiento supuso la legitimación del Estado de derecho en la lucha —desde la Justicia— contra el terrorismo.

Visto con perspectiva, es realmente difícil creer que un asunto que consistía en matar o secuestrar a terroristas saltándose groseramente todas la leyes posibles pudiera finalizar de manera satisfactoria para el antiguo responsable de Interior cuando se descubrió que los que estaban detrás de la guerra sucia a ETA eran policías y matones subcontratados por policías y pagados con fondos reservados, es decir, secretos, del ministerio que él mismo había encabezado.

¿Se acuerdan del desastre? Las siglas GAL se dieron a conocer a finales de 1983, cuando se produjeron tres secuestros en el sur de Francia. En el primero desaparecieron dos jóvenes miembros de ETA residentes en Bayona (Francia), cuyos cadáveres aparecieron tiempo después enterrados en cal viva en un paraje rural de Alicante. Los jóvenes, José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano, habían sido torturados. El segundo secuestro resultó frustrado por la actuación de unos gendarmes franceses que detuvieron a tres policías españoles cuando envolvían en una manta a un etarra. En el tercero, los captores se confundieron de persona y, en lugar de llevarse a un dirigente de la organización terrorista, secuestraron a un contable vascofrancés, Segundo Marey. Y, cosas del destino, las pruebas dejadas en este último secuestro fueron las que acabaron con el ministro y los altos responsables políticos y policiales de Interior en prisión; mientras que, por el caso de Lasa y Zabala, seguirían el mismo camino varios altos mandos de la Guardia Civil.

Era evidente que el invento de los GAL no podía terminar bien. No fue un asunto baladí: la «guerra sucia» bajo los gobiernos socialistas se cuantificó en treinta y dos atentados, en los que murieron treinta y dos personas y resultaron heridas varias decenas. Una estadística que, además, está jalonada de numerosas equivocaciones en la identificación de los objetivos y donde más de uno fue asesinado, digamos, por «error». Además, aquellos que se encargaron de estas operaciones dejaron tras de sí un visible rastro de dinero procedente de los fondos reservados que gastaron tanto en la contratación de hampones de segunda fila como en usos particulares o bien en las mesas de juego de los casinos, a las que algún implicado en aquellos asuntos era aficionado.

Tantos fallos, tantas pruebas y una investigación que levantó ampollas y generó ríos de tinta desembocaron en una primera sentencia, emitida en 1989. Dos policías, José Amedo y Michel Domínguez, fueron sentenciados a ciento ocho años de cárcel. Tras la condena, volvieron los errores de cálculo y la «compra» del silencio de ambos condenados, quienes respetaron ese pacto en todo momento hasta que, en diciembre de 1994, lo rompieron al sentirse abandonados. Para entonces, la cúpula del Ministerio del Interior había cambiado: del ministro Barrionuevo se pasó a José Luis Corcuera, y de este a Antonio Asunción. El sempiterno secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, había dejado vacía la caja de los fondos reservados, según me comentó Asunción, y su puesto quedó vacante hasta que, en mayo de 1994, fue ocupado por la magistrada Margarita Robles. Finalmente, la fuga de Luis Roldán —el director de la Guardia Civil investigado por corrupción— hizo caer a Asunción, que fue sustituido por Juan Alberto Belloch como ministro. La carta que Domínguez había remitido a Vera el 27 de octubre de 1993 explicitaba claramente, ante las múltiples promesas incumplidas, el estado de ánimo de quienes habían asumido en primer término el golpe judicial de la condena y anunciaba un desenlace complicado:

Para no extenderme, no voy a enumerar las múltiples promesas que se han hecho a lo largo de estos cinco años, como la del INDULTO INMEDIATO, prometido en nombre del PRESIDENTE en cuanto la sentencia fuese firme, que nos llevó a asumir con total serenidad y convencidos de hacer lo que era debido para salvar las «RAZONES DE ESTADO», tres años y ocho meses de prisión.

He aguantado todo hasta ahora. Cumplí en su día con lo que en nombre del ESTADO se me pidió. Ingresé en prisión para purgar las culpas de todos y en el juicio y durante estos cinco años he jugado el papel que en esta película se me asignó.

Amedo y Domínguez, movidos por ese abandono, recuperaron la memoria perdida y nadie calibró la carga de profundidad que esto supondría.

Más tarde, un sector de la prensa supuso que el juez no obtendría nunca pruebas y que no llegaría al final.

Se cometió a continuación otro grave error: se pagó la fianza de algunos altos cargos, pero se abandonó a su suerte a otros policías implicados. Estos se sintieron agraviados y comenzaron también a hablar; exactamente lo mismo que hizo Julián Sancristóbal, exdirector general de la Seguridad del Estado, cuando se consideró olvidado por sus antiguos compañeros.

Por mi parte, pacientemente y en una situación de extremo acoso oficial, reuní indicios sólidos. La cadena de acontecimientos condujo, previo el suplicatorio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), a la designación del juez Eduardo Móner como instructor y a un duro auto de procesamiento contra el exministro Barrionuevo y los demás partícipes, en el que se los vinculó directamente con los GAL. Barrionuevo y Vera lo negaron todo, pero las pruebas esgrimidas durante el juicio les pudieron.

Desde el PSOE, aún hoy surgen voces que sostienen diversas teorías conspirativas con mi nombre como eje de una vasta operación de acoso, derribo y venganza por haber pasado por la política con los socialistas y no haber conseguido que me nombrasen ministro (¡como si ese cargo fuera mucho más que el de juez de la Audiencia Nacional!), olvidando que fueron los propios componentes de los GAL quienes se delataron unos a otros. El ataque también me llegó desde los conservadores —siempre tan oportunistas cuando les interesa y tan poco receptivos a asumir responsabilidades otras veces, como en el caso Gürtel— por no haber acusado al presidente Felipe González. ¿En qué quedamos?

De lo más fácil y simple pocos hablaron: las pruebas por el secuestro de Segundo Marey, el talón de Aquiles de los GAL, apuntaron hasta el ministro Barrionuevo, Rafael Vera, varios mandos policiales del País Vasco y algunos políticos más del PSOE. No más.

El inicio

Apunto aquí algunos datos para el recuerdo. El año 1983 es el punto de partida de esta macabra historia. Los destinos del país estaban en manos del Gobierno del PSOE, que había llegado al poder tras las legislativas de 1982, en las cuales obtuvo una mayoría abrumadora. Los socialistas tenían los votos, pero no la experiencia, y entre los problemas que habían encontrado destacaba sobre todo uno: la reforma del Ministerio del Interior y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Para dirigir el departamento se escogió a José Barrionuevo. En algunos ámbitos esta decisión causó sorpresa porque el principal candidato era Carlos Sanjuán, abogado socialista y comandante auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada. Varias fuentes consultadas explican que Sanjuán era el abanderado de los proclives a realizar una purga radical en la policía. Barrionuevo, por el contrario, encarnaba la prioridad de combatir el terrorismo y ganarse a las fuerzas de seguridad para su causa. De alguna forma, se opinaba que la izquierda se legitimaba por la derecha.

Barrionuevo tenía un perfil más moderado que Sanjuán. Hijo de un vizconde, era abogado y periodista, se inició en la política en las filas del carlismo y ocupó diversos cargos en el Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) hasta que, finalmente, ingresó en el PSOE. Venía avalado por su trabajo como teniente de alcalde de Madrid en el primer ayuntamiento democrático, pero su experiencia en materia de seguridad era muy limitada. Barrionuevo quiso ganar el reconocimiento rápidamente en medios policiales, de modo que los miembros de la antigua Brigada Político-Social fueron reciclados y mantenidos en activo sin que hubiese ninguna ruptura en el seno del departamento.

En el viaje desde el consistorio madrileño al ministerio le acompañó Rafael Vera, responsable de la policía municipal. Nacido en Madrid en 1945, Vera —profesor de Cálculo y Álgebra, a la vez que licenciado en Gestión Comercial y Marketing— había ingresado como aparejador en la Casa de la Villa.

Cuando el PSOE llegó al gobierno y Barrionuevo organizó la cúpula del Ministerio del Interior, Vera fue designado director general de Seguridad del Estado. Uno de sus colaboradores le definió como un hombre que, en aquel tiempo, tenía ansia de aprender las técnicas policiales. Era dialogante con sus subordinados, aceptando sus opiniones, aunque su relación con el partido socialista resultó más difícil, puesto que se consideraba más próximo al ministerio que al partido.

Barrionuevo y Vera llegaron a Interior en un momento de fuerte ofensiva terrorista. El PSOE, al igual que le ocurrió a UCD, tenía un grave inconveniente para frenar a los etarras, puesto que la banda terrorista disponía de un «santuario» en el sur de Francia. En 1983, los terroristas gozaban del estatuto de refugiados en el país vecino y vivían allí sin problemas. Podían cometer atentados en España, cruzar los Pirineos y descansar en la confianza de que la Justicia española no los alcanzaría.

¿Cómo destruir este santuario? Se manejaban dos teorías en el seno del socialismo. Una consideraba que era imprescindible conseguir la colaboración de las autoridades francesas por la vía diplomática. La otra preconizaba la utilización de métodos más directos y expeditivos: cruzar la frontera y golpear allí donde dolía.

Estas opciones estaban representadas por las dos líneas del socialismo vasco. Entre los moderados estaban Ramón Jáuregui y Txiki Benegas; con los «halcones», la línea más radical, militaban Ricardo García Damborenea y Julián Sancristóbal. Durante el juicio que se celebró en el TS, Jáuregui declaró que el eje de la política que propugnaba era el entendimiento con los nacionalistas: «Yo siempre pensé que contar con el PNV era clave para la pacificación». Txiki Benegas se alineó con esta postura: «Nuestro planteamiento en la lucha contra el terrorismo tenía tres puntos: la unidad de los demócratas, la colaboración con Francia y la efectividad policial». También agregó que «en aquellos años estábamos solos contra el terrorismo, con un PNV que estaba en el monte y un PP que casi no existía. El PNV hablaba del genocidio del pueblo vasco y compartía los puntos de vista de ETA aunque no sus métodos. Nos sentíamos agobiados. Era una época en la que hasta se nos denegó la catedral de San Sebastián para un funeral».

Antagónicos

Pero no solo hay que hablar de Benegas y Jáuregui. También estaba allí García Damborenea, que después resultaría procesado y condenado en el caso Segundo Marey. Jáuregui afirmó en el juicio que, «en 1983, Damborenea y yo estábamos en posiciones antagónicas. Él no tenía contactos con la directiva del partido, tampoco con Benegas». Secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) en Vizcaya, Damborenea era bien considerado en aquellos momentos por su firmeza ante los terroristas e incluso por su oposición a los nacionalistas. Aparecía como el más españolista de los socialistas vascos, el político del verbo de hierro, como recuerdan sus declaraciones públicas de aquellos tiempos: «Herri Batasuna y ETA son lo mismo», «Los cónsules de Francia y Bélgica en Bilbao son amigos de HB y ETA y se burlan de la hospitalidad española», «Si el clero utiliza el púlpito para defender asesinos, habrá que aplicar la ley al púlpito»…

Al final, los halcones acabaron con las palomas. Eso han explicado personas que vivieron en Interior aquel 1983, aunque nadie se ha atrevido a desvelar uno de los datos cruciales: quién dio el sí y cuándo. Pero lo cierto es que se inició la acción.

Pasar del ámbito de la valoración política de la violencia al operativo, poniéndola en marcha, no era fácil y se tuvo que echar mano de la policía y la Guardia Civil destacadas en el País Vasco. Por aquel entonces acababa de llegar a Bilbao el comisario Francisco Álvarez, procedente de Barcelona y especialista en delincuencia común, sobre todo en atracadores. Tenía fama de expeditivo, pero, tal y como ha confesado él mismo, en ese momento no tenía ni idea de cuestiones terroristas. A su vez, él se puso en manos de Miguel Planchuelo, el jefe de la Brigada de Información de Vizcaya, quien contaba con una persona de confianza, José Amedo. Un hombre que cultivaba su imagen de tipo frío y duro. Se cuenta que Amedo acudía a los bares de Bilbao con una bolsa en la mano, en la cual presumiblemente llevaba una pistola, y allí se quedaba, en la barra, observando a la clientela. Este subcomisario entró en contacto con los franceses, participó en las reuniones con los mercenarios y recogió a Segundo Marey en la frontera.

Álvarez, Planchuelo y Amedo fueron la punta de lanza, que contaba con un soporte político: Julián Sancristóbal —gobernador civil de Vizcaya y luego director de la Seguridad del Estado—, una persona muy ligada a García Damborenea.

Sancristóbal había sido con anterioridad miembro del consejo político de los socialistas de Euskadi, asesor de la Presidencia del Consejo General Vasco en 1977 y alcalde de Ermua, el pueblo del que fue concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado por los etarras en 1997. Julián Sancristóbal y Ricardo García Damborenea hacían hincapié en que todo el mundo estaba de acuerdo en la necesidad de actuar contra ETA en el sur de Francia y que se trataba de una decisión política aprobada por estamentos políticos. Barrionuevo y Vera afirmaron que no fue así.

Damborenea y Sancristóbal mantenían una relación muy fluida con Barrionuevo. Por su parte, los antiguos colaboradores de Rafael Vera aseguraban que este no quería actuar en Francia y que Sancristóbal no despachaba con él, sino directamente con el ministro. De esta forma, las dos tendencias del socialismo vasco se verían reflejadas también en Interior, encarnadas por Vera y Sancristóbal.

La cronología deja pocas dudas sobre lo que sucedió entonces. El 6 de julio de 1983, tal como se desveló años después —en 1995— con los denominados papeles del Cesid, el organismo de inteligencia habría elaborado un documento en el que aconsejaba la desaparición por secuestro como método antiterrorista. El 16 de octubre de ese mismo año tuvo lugar la primera acción de guerra sucia durante el mandato socialista: el secuestro en Bayona de dos jóvenes vinculados a ETA, los ya mencionados Lasa y Zabala. Tiempo después, sus cuerpos fueron hallados en Alicante enterrados en cal viva. Este asunto se juzgó y por él se procesó, entre otros, a Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil. El 18 de octubre, dos días después del primer secuestro, cuatro policías intentaron capturar a José María Larretxea para obtener datos sobre el paradero del capitán Martín Barrios, secuestrado y después asesinado por miembros de ETA Político-Militar (ETA P-M). Los agentes fueron detenidos. El 4 de diciembre siguiente se quiso secuestrar a otro etarra, Mikel Lujúa, aunque el error anterior aconsejó usar mercenarios. Pero estos también se equivocaron y capturaron al ciudadano francés Segundo Marey, que nada tenía que ver con la banda terrorista.

Fue un error más en la cadena de tropiezos que caracterizó la actuación de los GAL, un acróstico que fue usado por primera vez con el secuestro de Marey. De la improvisación con que a veces actuaron da idea una anécdota explicada por los policías procesados: se enteraron de que tenían autorización para actuar en Francia mientras estaban en una cafetería de Bilbao, y allí mismo, tomando un café, planearon secuestrar a Larretxea.

Silencios cómplices

El resto de la historia es conocido. Políticos, periodistas hipócritas estremecidos por lo que ocurrió y distintos sectores sociales que se rasgaron las vestiduras cuando se descubrió el pastel jalearon a los GAL.

«Silencios cómplices», llamó un letrado a esta suerte de consenso que aprobaba acabar, a cualquier precio, con los años de plomo de ETA.

Ramón Jáuregui lo definió con una escueta frase durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey: «Una sensación general de no querer saber nos invadió».

José Barrionuevo concluye su libro 2.001 días en Interior con las siguientes palabras: «Ignoro, como todos, por qué circunstancias tendré que pasar. Una cosa tengo bien clara: sean cuales fueren, no caeré en la infamia. No tengo el más mínimo propósito de descargar o eludir mis responsabilidades tratando de ocultarlas tras de otros. Ni de arriba, ni de abajo, ni de los lados».

No fue exactamente lo que hizo, ni antes ni después.

Mi aterrizaje en la Audiencia Nacional

El 9 de enero de 1988, solicité mi traslado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (AN). En ese momento estaba desempeñando el cargo de inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para todos los tribunales de Justicia de Andalucía. Días antes, el 6 de enero, acababa de morir mi padre después de una larga enfermedad que le tuvo postrado dos años y medio en cama. Sería a primeros de febrero cuando conocí cuál sería mi destino y, sin agotar el plazo de toma de posesión, aterricé en la AN el 16 de febrero, con treinta y tres años de edad y ocho de ejercicio profesional (dos y medio como juez, cuatro y medio como magistrado y uno escaso como inspector).

En el tiempo en que me incorporé a la AN, las Audiencias Territoriales se transformaban en los Tribunales Superiores de Justicia. Comenzaba a producirse el cambio, tanto orgánico como procedimental, para acomodar nuestro sistema a la Constitución. Se percibía en ese momento el anquilosamiento de la Administración de Justicia, la falta de agilidad de la misma y una inadecuación de los procedimientos a las necesidades y nuevas formas de delincuencia. Se advertían cambios muy rápidos en el modo de proceder tanto de la sociedad como de los delincuentes, y la Justicia española no estaba preparada para reaccionar.

Desde que me incorporé a la Audiencia, fui consciente de que esto era así y que había que hacer algo para cambiarlo. Resultaba el lugar idóneo para ello y me puse manos a la obra. La criminalidad organizada estaba aquí. De ser meros receptores de elementos aportados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, comprendí que debíamos cumplir realmente lo que marcaba la ley y pasar a ser protagonistas de la instrucción. La figura del juez de instrucción en España, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así lo exigía. En los años siguientes tomamos una serie de medidas novedosas para nuestro país que ya se estaban aplicando en otros y que revolucionarían el ámbito de la instrucción e investigación penal en España, especialmente en el campo de la criminalidad organizada, ya fuera terrorista, económica, de tráfico de drogas, nacional o internacional.

Debo reconocer que, frente a la escasez ancestral de medios que siempre ha lastrado a la Justicia —y que considero cierta— y a la falta de voluntad política, trabajamos con altas dosis de voluntarismo. Es decir, no solo había —o hay— falta de medios, sino que también existían —o existen— amplias cotas de desinterés e indiferencia en amplios sectores de la judicatura española y, sobre todo, de la estructura de poder de esta. Probablemente el alejamiento del CGPJ respecto de los problemas verdaderos y la soberbia a la hora de abordarlos, algo muy característico del carácter español, han impedido avanzar más y mejor en la protección integral de la sociedad con mecanismos democráticos y respetuosos de los derechos humanos. Ese distanciamiento del CGPJ —que tradicionalmente se ha dedicado más a la confrontación interna, el reparto de poder y la distribución de cargos en lugar de fajarse con los verdaderos problemas y la defensa de la independencia judicial— ha posibilitado un debilitamiento y la sumisión del poder judicial al poder político, específicamente al Ejecutivo.

En el ejercicio de retrospectiva al que me obliga este libro, considero que lo más difícil es transmitir la vorágine que suponía llevar el Juzgado Central 5, cuya plantilla, durante el tiempo que lo dirigí, prácticamente estaba doblada en jornadas de mañana y tarde, y a la cual se unió desde 2006 otro equipo paralelo para el caso de Fórum Filatélico, con más de trescientos mil perjudicados. Este juzgado era un constante hervidero de abogados, imputados, testigos, peritos, funcionarios de Policía (Información, AN, Antidroga, Delincuencia Económica, Banco de España), Guardia Civil, Ertzaintza (policía autónoma vasca), Mossos (policía autónoma de Cataluña), Vigilancia Aduanera, Interpol (policía internacional), Tepol (Terrorismo-Policía, la unidad especial de la Policía Judicial para delitos terroristas), enlaces extranjeros, traductores, intérpretes, visitas de justiciables y abogados de las partes —siempre recibí a unos y otros, porque entiendo que quienes sufren un proceso judicial tienen derecho, por encima de todo, a poder hablar con quien los está investigando y juzgando— y un largo etcétera. Hasta diez fiscales, de las fiscalías especiales de Terrorismo, Drogas y Anticorrupción, estuvieron adscritos al juzgado de forma simultánea. Jamás solicité el refuerzo de otro juez y el único alivio que tuve fueron tres meses de exención del reparto de denuncias y querellas en 1990 —solo me hubieran correspondido tres y ninguna relevante— a causa del volumen de trabajo que se generó con la Operación Nécora, vinculada al narcotráfico gallego.

Las sesiones de declaraciones eran maratonianas y extenuantes (algunas de ellas con más de cuarenta abogados en la sala), pero había que cumplir los plazos. Algunas de ellas se prolongaban durante días, con unas escasas seis horas para dormir; se comía y se cenaba en el juzgado, en ocasiones incluso en mi despacho, y los abogados, funcionarios, fiscales y yo mismo descansábamos en secretaría. Careos, ruedas de reconocimiento (eran memorables las búsquedas de personas con características similares para formar estas ruedas), audición de cintas grabadas, selección de las mismas, ratificación de las instrucciones, diseño de estrategias y operaciones con los responsables de la investigación, reuniones en la Audiencia o en las sedes policiales… O la práctica de diligencias en el exterior: la dirección y práctica de operaciones en cualquier punto de España —de Andalucía y Asturias a Baleares y Canarias, pasando por Valencia, País Vasco, Navarra, Galicia o Cataluña— o fuera de nuestras fronteras —Portugal, Marruecos, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Andorra, Estados Unidos, Holanda, Bélgica…—, en muchos casos con desplazamientos de la práctica totalidad de sus funcionarios y funcionarias, que actuaban con el apoyo de los juzgados y jueces del lugar en cuestión.

El cúmulo de las causas de trascendencia y complejidad era permanentemente alto (no recuerdo ningún momento de «paz» en el juzgado en todo ese tiempo) y todo sucedía a la vez. La simultaneidad de los casos, durante los años en los que estuve en la AN, fue uno de los mayores desafíos para mí. Tratar de cumplir con rigor el principio de inmediación; dirigir y practicar todas las diligencias; coordinar y procurar que no se «mataran» entre sí los diferentes cuerpos policiales en las investigaciones en las que coincidían; superar las deficiencias de medios y mecanismos para investigar nuevos crímenes con herramientas diseñadas para un tipo de delincuencia que estaba mutando desde la individualidad hacia la colectividad, desde lo simple a lo organizado… Era sumamente difícil, pero necesario si no queríamos perder definitivamente la partida frente a las estructuras de poder criminal que comenzaban a formarse en España.

En ese sentido, fueron espectaculares los avances en las investigaciones del crimen organizado y del terrorismo. La puesta en marcha de instrumentos internacionales como las entregas controladas de drogas y de dinero (esta sin regulación alguna); la actuación de agentes encubiertos, fuesen nacionales o extranjeros —regulada por primera vez en 1999—; el abordaje de barcos con droga en alta mar (solo prevista en instrumentos internacionales); la autorización y coordinación de operaciones internacionales encubiertas o no encubiertas; la formación de equipos de trabajo conjuntos, una década antes de que existiera esta figura legal. Del mismo modo, y entre otras muchas más, la cooperación simultánea activa y pasiva con otros jueces y fiscales extranjeros a través de comisiones rogatorias abiertas y permanentes; el traslado temporal de personas para investigación en otros países; la apertura de vías de cooperación con organismos internacionales en forma directa; la intervención de la figura de los arrepentidos que, hasta el día de hoy, carecen de regulación y protección pese al riesgo en el que se hallan.

En definitiva, se crearon las bases desde finales de la década de 1980 y, durante toda una década, de lo que hoy día es el sistema de investigación asumido por todos y cada uno de los organismos, judiciales o policiales, especializados.

Afortunadamente, he contado para lograrlo con un equipo de personas inmejorable en la tramitación, gestión y dirección de la oficina judicial, así como también con la ayuda inestimable de muy buenos fiscales, entre los que destacan Carlos Jiménez Villarejo, Javier Zaragoza, Dolores Delgado, Carmen Tagle y David Martínez Madero. Sin ellos, jamás se hubieran podido conseguir las cotas a las que se llegó en este órgano judicial. No creo que exista un solo funcionario que haya pasado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 y no se sienta orgulloso de haber dado hasta la última gota de su energía por mejorar la Administración de Justicia. Formamos equipo y éramos como una gran familia, que sentíamos los colores del servicio público. En todas las ocasiones en las que reclamé la extensión del servicio o el desplazamiento a diferentes localidades, ya fuera de día o de noche, con tiempo o sin él, el equipo del Central 5 estaba siempre dispuesto para afrontar los desafíos permanentes a los que las investigaciones nos sometían. La preparación y la dedicación de todos los que han trabajado en ese juzgado han sido básicas para el éxito de muchas investigaciones.

Cuando algunos «opinadores» o compañeros, ajenos a la dinámica que se desarrollaba en aquel juzgado, dan su punto de vista sobre la forma de instruir, la exhaustividad de la misma y la corrección —o incorrección— de cualquiera actuación judicial desconocen, con todos mis respetos, la realidad e intensidad del trabajo que se desarrollaba en ese órgano judicial. Y lo digo con sumo orgullo frente a quienes sostengan otra posición. Un ejemplo puede dar idea de ello. Cuando en 1998 ordené la detención de Augusto Pinochet, tramitaba también la causa de Argentina y la de Telecinco —en la que estaba imputado, entre otros, Silvio Berlusconi—, y simultáneamente se estaban desarrollando diversas operaciones contra el entramado de ETA-KAS-EKIN, varias investigaciones sobre terrorismo yihadista, los sumarios de anticorrupción que desembocarían en el caso BBVA y varias operaciones antidroga, una de las cuales —la Operación Temple— concluiría poco tiempo después con la intervención del mayor alijo de cocaína en España hasta nuestros días. Cuando en muchos órganos judiciales, y puedo afirmarlo con contundencia y conocimiento por mi trabajo como inspector de tribunales, se motivaba poco y mal, en el Central 5 se dictaban resoluciones argumentadas en el fondo y en la forma. Mientras que la inmediación era una rara avis en los diferentes juzgados, en aquel se respetó sistemáticamente, como derecho fundamental de las personas afectadas, hasta en las ratificaciones en secretaría.

Visto desde fuera, era difícil medir y entender lo que acontecía de puertas adentro. El hecho de que solo algunos asuntos tuvieran trascendencia pública podía transmitir la sensación de que el trabajo en la AN era escaso y, por ende, se trataba de un lugar privilegiado. Nunca fue así, o al menos yo no lo experimenté de esa forma. No ha habido ni un solo día durante más de veintidós años en el que me haya «olvidado» del juzgado y de los asuntos que tramitaba. Ya estuviera de vacaciones, ya trabajando, ya de guardia, ya en el despacho, siempre estaba a disposición durante las veinticuatro horas para cualquier incidencia.

Recuerdo la discusión que tuve con más de un colega cuando, en 1988, decidí asumir proactivamente y en primera persona las investigaciones tanto en terrorismo como en narcotráfico y en los demás delitos de mi competencia. La pasividad nunca ha sido mi norma y, por tanto, siempre he considerado que todo juez de instrucción debe estar a pie de obra para no quedar fuera de juego a las primeras de cambio. Recuerdo que, en una ocasión, el juez Carlos Dívar me recriminó porque acudí a levantar los cadáveres de las dos víctimas (una de ellas un niño de corta edad) del atentado en Madrid contra la Dirección General de la Guardia Civil, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1988. Según me dijo, mi actuación determinaba que, a partir de ese momento, todos los jueces tendrían que hacer lo mismo. Esto quebrantaría una especie de «norma» no escrita consistente en no abordar las investigaciones desde el inicio, sino después de que se inhibieran los juzgados de la zona respectiva. Como es fácil de comprender, mi decisión de actuar de forma distinta se reafirmó en ese preciso instante. Ser un juez de salón no iba conmigo.

El que fuera ministro de Justicia e Interior del Gobierno socialista en el que participé, Juan Alberto Belloch, también juez y vocal del CGPJ, decía de mí que yo era un buen comisario pero no un buen juez, porque asumía la función de investigación y coordinación de la policía en primera persona. Obviamente no comparto ese planteamiento, hecho por quien, como juez, poca idea podía hacerse por la lejanía y su función como tal y, como superministro de Justicia e Interior, carecía de apego al día a día de lo que acontecía en los juzgados centrales de instrucción durante la investigación de causas criminales complejas. Mientras que, en España, el juez de instrucción tenga a su cargo la instrucción de las causas penales, le corresponde dirigir la investigación y coordinar todos los esfuerzos posibles para que aquella culmine adecuadamente. Si lo hicieran así todos, muchas de las rémoras que se imputan a la instrucción y su supuesta lentitud desaparecerían.

En todo caso, no fue fácil cambiar la idea de un juez que ejercía sus funciones desde su despacho porque su competencia, al ser nacional, se servía de los jueces territoriales para así abarcar los diferentes asuntos ocurridos a cientos de kilómetros de distancia. Era evidente para mí que si queríamos ser eficaces contra el crimen organizado, incluido el terrorismo como actividad de especial complejidad e incidencia que utilizaba técnicas similares, teníamos que diseñar mecanismos de alcance equivalente, capaces de aprovechar los que ya se estaban aplicando en otros países y que en España aún eran ajenos.

Aunque, por efecto de la comunicación, puede dar la impresión de que el juez de instrucción comienza un solo asunto complejo, lo termina y continúa con otro…, no es así. En mi caso, hubo momentos en que me ocupaba, de forma simultánea, en el campo del terrorismo, de los diferentes atentados de los GAL, ETA, Grapo, Terra Lliure y Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, además de los casos de terrorismo internacional, específicamente, en aquella época, los relacionados con Oriente Próximo. A estos se sumaban los numerosos casos de narcotráfico, con sus múltiples aristas y ámbitos: operaciones antidroga —como la Nécora, la Hielo Verde o el Yomagate— y actuaciones contra las mafias turcas de la heroína, las marroquíes, las italianas (’Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra), las francesas (marsellesas, corsas) o las colombianas (Pablo Escobar, Rodríguez Orejuela, clan de los Ochoa…). Sin olvidar la lucha contra la corrupción policial (caso Ucifa) y la delincuencia económica, con el caso Fidecaya o el de las Cajas de Crédito andaluzas, entre otros. Es decir, un maremágnum en el que de fondo hubo, durante muchos meses, una media de trescientos ochenta presos preventivos. Todo esto ocurría a principios de los años 1990.

Como decía, llegué a la Audiencia recién iniciado el año 1988 y, procedente de la Inspección del CGPJ, llevaba en las venas la frustración por la inoperancia de este organismo. Apenas un mes antes, los partidos políticos del País Vasco, con la excepción de Herri Batasuna, habían firmado el Pacto de Ajuria Enea, un acuerdo unánime para la pacificación y la normalización de Euskadi. ETA anunció a finales de enero, a través de un comunicado en el diario patrocinado por ella misma, Egin, su disposición a mantener un alto el fuego de sesenta días a cambio de que el Gobierno reiniciara inmediatamente los contactos en Argel con la organización terrorista. Estos se habían interrumpido a raíz del atentado registrado el 11 de diciembre de 1987 en la casa cuartel de Zaragoza. Un día antes de mi toma de posesión, el 15 de febrero de 1988, ETA reiteró la prórroga de la tregua. El Gobierno anunció la apertura de negociaciones en Argelia con ETA Militar al creer comprobado que la banda no había realizado atentados desde que propuso la tregua previa al establecimiento de contactos. Las aproximaciones se rompieron diez días después, el 28 de febrero de 1988, tras el secuestro de Emiliano Revilla por la organización terrorista, un secuestro que duraría ocho largos meses.

Estas son algunas pinceladas de la situación previa e inmediata a mi llegada en un ámbito que sería una constante en mi trabajo, y la razón por la que había decidido solicitar plaza en la AN. Combatir el terrorismo desde la Justicia era para mí un desafío y, a la vez, una oportunidad de contribuir con el esfuerzo directo a paliar el dolor de tantas víctimas por la barbarie terrorista, que en esos «años de plomo» estaba escenificada por ETA a través del secuestro, el asesinato y el amedrentamiento de toda la sociedad vasca y española en general.

Sin solución de continuidad me tocó enfrentarme con los temas pendientes, desde una estafa filatélica piramidal al procesamiento del «comando» Gohierri-Costa de ETA, pasando por los últimos estertores del caso Fidecaya y, por sorpresa, con los GAL, que habían reivindicado los atentados contra los bares Batxoki y Consolation en Bayona (Francia) y que mi predecesor en el cargo, Francisco Castro Meije, había cerrado enviándolo a la Sala, además de varios casos de narcotráfico en diferentes puntos de España y el extranjero. Sobre todo, lo que pude observar fue un panorama muy diferente al de la Audiencia que conocemos hoy. En España, entonces, no se afrontaba la investigación de la delincuencia organizada. Era incluso una expresión que no se utilizaba, no se había acuñado aún. De hecho, creo que los únicos criminales organizados que se reconocían como tales eran los terroristas de ETA. Había una ardua tarea que realizar, pero, a la vez, el terreno estaba virgen para llevarla a cabo.

De la droga se hablaba, pero en el ámbito judicial no se afrontaba como una actividad organizada. A España se la consideraba, oficialmente, fuera del circuito de las grandes redes que, en esa época, solo se asumía que existían en las películas sobre la mafia. Aun a pesar de las permanentes denuncias que grupos de madres combativas, como el de Érguete, hacían desde 1984 para evidenciar los estragos que la heroína —cuyo consumo repuntó de nuevo en 2016— y la cocaína —cuyo consumo aumentaba, pues era la droga de moda y, gracias a los «pioneros» traficantes gallegos, comenzaba a competir con el hachís traficado por las redes africanas y andaluzas— causaban en sus hijos. Desde luego, en la prensa, al margen de algunas aprehensiones y de resaltar los «éxitos» de algunos conocidos narcotraficantes, pocas referencias se encontraban. Los jueces y fiscales, al realizar su trabajo, renunciaban a la investigación y adoptaban una posición pasiva, limitándose a ratificar lo que llevaran a cabo los miembros de la Guardia Civil y la Policía. Pero, para mí, las posibilidades en ese campo de investigación eran inmensas. Quizá actuaba motivado por las figuras de los jueces italianos como Giovanni Falcone, Paolo Borsellino o Antonino Caponnetto, pero lo cierto es que la oportunidad estaba en la AN porque esta contaba con una jurisdicción que abarcaba todo el territorio nacional, así como con la competencia extraterritorial derivada de los tratados y del principio de jurisdicción universal. Se podía coordinar el trabajo policial y judicial. Había oportunidad de recabar ayuda internacional…

Si había alguna manera de plantar cara al crimen organizado era desde la AN. Desde luego, no había llegado hasta allí con la finalidad de ratificar atestados. Yo quería aprovechar toda la fuerza que me confería el cargo para hacer frente a esa delincuencia que iba extendiendo sus redes por todo el mundo y pararle los pies. ¿No es esa la función de un juez? Para ello, me propuse aprovechar todo el potencial que sabía iba a encontrar y, así, cambiar la forma de investigar y paliar el panorama de impunidad de las mafias criminales.

Esa «organización terrorista» que nunca se reconoció como tal

Cuando se habla de los GAL, las opiniones son de lo más dispares. Es curioso que llamándose a sí mismos «Grupos Antiterroristas de Liberación», los tribunales en España hayan sido renuentes a la hora de llamar terroristas a quienes, como máximos responsables o partícipes de elevado rango, tenían todos los componentes necesarios para serlo. Esto ocurrió entonces, en un país en el que incluimos como terroristas a organizaciones que, sin cometer atentados, formaban parte de la estructura criminal de una organización de ese sesgo como era ETA, y ocurre ahora, cuando hasta la intención o el proyecto pasa a ser terrorismo ya sea practicado por «lobos solitarios» o en manada. Sin embargo, al igual que se afirmó que el represor argentino Adolfo Scilingo había cometido crímenes en el contexto de crímenes contra la humanidad y luego se negó que lo fuesen los ocurridos durante el franquismo, la catalogación de los GAL como terroristas se convirtió en un tabú. Y lo fue también cuando se trató de aplicar a sus altos responsables esa consideración, a pesar de que en forma organizada, utilizando miembros e instituciones estatales de la seguridad, alteraron la paz pública y horadaron la misma esencia del Estado de derecho al invertir, durante casi siete años y en plena democracia, recursos públicos para financiar actividades criminales.

Con la puesta en marcha de esas acciones, los que tenían a su cargo algunas de las estructuras claves del Estado contribuyeron a la degradación del mismo propiciando el ejercicio del terror desde el Estado y, con ello, la deslegitimación de la lucha contraterrorista. Ni fueron necesarios, ni supusieron beneficio alguno para España. El concepto de un Estado que puede quebrantar los propios límites del Estado de derecho se aboca al desastre moral de sus dirigentes y de quienes lo consienten.

La historia acontecida en los GAL se repetiría en el citado caso de los crímenes franquistas. A la Sala Segunda del TS no le tembló la mano cuando, el 27 de mayo de 1988, confirmó la sentencia de la Sala Penal de la AN que previamente había condenado a Daniel Fernández Aceña como autor directo de un delito de pertenencia a banda armada. En concreto, el auto de procesamiento de Amedo y Domínguez, con fecha 18 de octubre de 1988, calificó certeramente los hechos de «integración en banda terrorista», y otro auto, de 3 de noviembre y dictado por la misma Sección Tercera de la Sala Penal de la AN, rechazó el recurso contra el auto de procesamiento «por haberse integrado en un comando del GAL». Sin embargo, a la hora de decidir en la sentencia definitiva sobre este caso y el del secuestro de Segundo Marey, en el que el nivel de responsabilidad estaba en su máximo exponente, el TS negó la conceptuación terrorista de los GAL que se había mantenido durante la instrucción y cerró así toda posibilidad de considerar que se trataba de terrorismo de Estado o desde el Estado.

Tiempo después esa misma Sala Segunda, al casar la sentencia de la AN contra Scilingo de 2005 por su participación en crímenes de asesinato, tortura y desaparición en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina, cometidos en 1976, en su sentencia de 1 de octubre de 2007 mantuvo la calificación de crímenes en el contexto de crímenes contra la humanidad. Después, la cambiaría y repudiaría en la sentencia dictada el 27 de febrero de 2012 en la que me absolvió de prevaricación por haber intentado investigar los crímenes franquistas, porque de esa forma, como después se vería, se cerraba cualquier futura investigación. Dos cierres activados al más alto nivel judicial.

Es cierto que en el caso de los GAL fueron muchos los que celebraron la investigación y las sentencias contra funcionarios y autoridades de la época implicados en los casos enjuiciados, pero no lo es menos que lo hicieron no tanto porque estuvieran en contra de los métodos utilizados, sino por razones estrictamente políticas. Es decir, habrían justificado esas acciones si las hubieran ejecutado los suyos. El único terrorista bueno es el que está muerto, podría decirse según este planteamiento. Aún recuerdo los ataques inmisericordes desde un lado y otro de la política española y desde los medios de comunicación. La frustración oficial frente a la reiteración de las acciones de la organización terrorista ETA se escenificaba en la necesidad de una venganza que paliara la impotencia del Estado para acabar con aquella. El caso es que, con esa posición, los estándares de calidad democrática en España bajaron ostensiblemente y, de alguna forma, justificaron la depredación que se produjo de lo público desde todas las posiciones. En ese sentido, la malversación de fondos de la Administración pasó a ser una práctica habitual amparada por la sensación de impunidad y la justificación del todo vale. Lo que más me dolió de aquella época es que una gran parte de la sociedad española justificaba las acciones criminales de los GAL, y solo despertó cuando se demostró que los fondos reservados también se habían empleado para el aprovechamiento personal de algunos. ¡Curiosa escala de valores que justifica el asesinato y no perdona la malversación!

Una patata bien caliente

Mi panorama particular no era nada alentador. Apenas unas semanas en la AN y ya tenía sobre la mesa la patata más caliente del momento. Esta sería la constante a lo largo de los más de veintidós años de servicio efectivo en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Concluían los años ochenta, que la organización terrorista ETA había convertido en una década sangrienta. Entre 1981 y 1987 fueron asesinadas trescientas setenta y una personas en atentados perpetrados por la banda, mientras que veintisiete miembros de la organización murieron en tiroteos, preparando atentados o se suicidaron. Los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional enterraban a sus compañeros entre la impotencia y la rabia. El enemigo era difícil de detectar y contaba con un apoyo popular que no se entendía por quienes vivían fuera del País Vasco y, aún menos, por quienes eran objetivo de aquella.

En esos años, desde octubre de 1983 a julio de 1987, los GAL iniciaron una «guerra sucia» contra ETA. Mataron a treinta personas y provocaron numerosos heridos en una serie de atentados en el sur de Francia.

Las múltiples pistas que dejaron tras de sí tuvieron su eco en los artículos de dos medios de comunicación, Diario 16 y, más tarde, a partir del 23 de octubre de 1989, El Mundo, dirigidos sucesivamente por el periodista Pedro J. Ramírez. Los artículos publicados irritaron al Gobierno socialista que presidía Felipe González y sirvieron para agudizar las críticas de la oposición de Alianza Popular y, a partir de su fundación el 20 de enero de 1989, del Partido Popular.

El caso lo tramitaba en Francia el juez de instrucción de Bayona, Christopher Seys, quien, con ocasión de la práctica de una comisión rogatoria en la AN para interrogar al subinspector de la policía José Amedo por su vinculación con los GAL, dejó literalmente sobre la mesa del juez Carlos Bueren, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la AN, la documentación del sumario francés sobre los atentados cometidos en febrero de 1986 contra los bares Batxoki de Bayona y Consolation de San Juan de Luz. El juez francés vino a decir «haga usted lo que quiera, y ya que ustedes no lo piden a Francia, pudiendo existir implicaciones para ciudadanos españoles, aquí lo tiene…».

Hasta ese momento, España no tenía ninguna voluntad de investigar la posible relación de los policías Amedo y Domínguez con los GAL, porque esto implicaba tanto como asumir la posible implicación de estructuras oficiales en el caso.

El magistrado Bueren consideró que, por la documentación francesa entregada y las declaraciones del subcomisario, existían indicios razonables de delito en la actuación de Amedo en esos atentados. La causa pasó a reparto entre los cinco jueces centrales y correspondió por riguroso turno al número 5, cuyo titular era el juez Castro Meije. Esta decisión fue la correcta, tal como puse de manifiesto en mi primera resolución en el caso, emitida el 8 de marzo de 1988, por cuanto en el curso de una actuación judicial se tuvo conocimiento de unos hechos aparentemente delictivos «ante los cuales no podía permanecer inactivo en cumplimiento de la función jurisdiccional que le confiere la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial».

El juez del Central 5, luego de haber practicado algunas diligencias, incluida una comisión rogatoria que se desplazó a Bayona sin éxito en diciembre de 1987, no quiso profundizar más y, con menos de dos meses de «instrucción», elevó sin consistencia probatoria lo actuado a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN. Frente a la negativa oficial del Ministerio del Interior a investigar y ni siquiera asumir lo que estaba pasando, respecto de la instrucción judicial, la calificación adoptada por mí fue la de considerar que los GAL eran una organización terrorista, así lo entendió también la Sala de lo Penal cuando procesó, a propuesta mía, a los dos policías por integración en organización terrorista, seis asesinatos frustrados, dos falsificaciones y uso público de nombre supuesto. Con esta decisión, el juego tramposo de la defensa, que seguía instrucciones de Interior, quedó en evidencia al continuarse la investigación por todos los hechos y a todos los niveles.

En este caso, la decisión de la Sección no fue la de archivar la causa, ni tampoco la de procesar a los policías ante la ausencia de indicios de criminalidad suficiente. La Sala decidió que los hechos debían ser investigados y, en una resolución motivada, ordenó que el caso volviera al juzgado para continuar la instrucción. El ponente y presidente en funciones era Roberto Hernández —persona de la derecha judicial más conservadora pero de una independencia acrisolada—, al que había conocido en mi primer destino en el Juzgado de Primera Instancia de Valverde del Camino cuando era el presidente de la Audiencia Provincial de Huelva. Hernández bajó a mi despacho para informarme de que habían decidido devolver el sumario al Juzgado y que tenía libertad de actuación. En ese momento, recién llegado a la Audiencia, y ante un caso como el de los GAL, era reconfortante que el presidente del Tribunal que iba a revisar mis resoluciones me diera ánimos para afrontar lo que, sin duda, sería una tarea muy compleja y sumamente ardua. Sus palabras textuales fueron: «Baltasar, este delicado caso, en el que está en juego la seguridad del Estado, no podía estar en mejores manos». Realmente esto me dio fortaleza y seguridad, máxime viniendo de parte de Roberto Hernández, uno de los más ásperos jueces que he conocido. Nuevamente, alguien estaba actuando fuera del guion. Interior no había podido controlar a quienes, desde la independencia, habían decidido continuar con la acción de la justicia frente a quienes habían transgredido gravemente la legalidad.

Después de recibir la causa del Tribunal, pasé, sin solución de continuidad, a estudiarla y a tomar mis primeras decisiones en un auto firmado el 8 de marzo de 1988. Así fue como, a las pocas semanas de tomar posesión en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN, me vi inmerso en el caso GAL que marcaría, de forma importante, gran parte de mi vida profesional.

La primera vez que oí hablar de los GAL

La información sobre los GAL que se había dado en España durante los años en los que esta organización terrorista actuó había sido muy fragmentaria, y más de referencia que de profundidad. Esto fue así hasta que el periodista Ricardo Arqués, desde el diario Deia, comenzó la investigación en España sobre las tramas del terrorismo de Estado y el hallazgo del zulo de Col de Corlecou (Francia) en el que le acompañó también Melchor Miralles. Fue Diario 16, con Pedro J. Ramírez a la cabeza, el que tomó la historia y la siguió de la mano de estos periodistas. Se publicaron datos muy preocupantes que apuntaban cada vez con más insistencia, partiendo de las investigaciones de los jueces franceses, a la posible implicación de funcionarios españoles en la trama.

Debo hacer una advertencia inicial en este capítulo y vale para los demás. Todos los datos que utilizaré son judiciales, unidos a mis propias impresiones y a las informaciones de otras personas siempre vinculadas con lo que se cuenta, así como a documentos, cartas personales, publicaciones periodísticas y mis propias anotaciones. Obviamente, este libro no pretende ser una historia exhaustiva —que aún está por escribir—, pero estoy realmente convencido que su lectura ofrecerá una perspectiva diferente de unos hechos, relatados por quien los vivió en primera persona, que ayudará a completar los datos ya conocidos o a modificarlos.

¿Qué fueron los GAL?

En torno al origen de los GAL se han elaborado diferentes teorías. Hay expertos que apuntan al Batallón Vasco Español (BVE) como un paso previo a los mismos. Se trataba de un grupo ultraderechista que actuó en el País Vasco desde 1975 hasta 1981, muy relacionado con la policía y que estuvo operativo hasta la salida de UCD del Gobierno.

No obstante, debo decir que, a pesar de haber profundizado en esa materia, no encontré conexiones relevantes entre lo que fue el BVE y los GAL. La aparición de estos obedeció a razones diferentes a las que motivaron a aquel grupo durante la Transición. Los GAL surgieron de la decisión de quien o quienes controlaban los aparatos de seguridad del Estado. Por eso mi investigación siempre apuntó en esa dirección. Es cierto que, entre las acciones reivindicadas por los GAL, unas aparecieron vinculadas a estructuras policiales y otras se desarrollaron en el ámbito de influencia y actuación de un sector de la Guardia Civil, próximo al cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián. Nunca se demostró judicialmente la eventual vinculación entre ambos espacios. Es más, por la idiosincrasia de los participantes en los casos juzgados, se me antoja bastante complicado que existiera alguna coordinación entre ambos GAL. Probablemente no era necesaria, e incluso en ese antagonismo podía estar la «virtud» de la impunidad que se buscaba. Grupos independientes, confusión garantizada. La desorganización organizada que también practicaba ETA, respecto a los diferentes ámbitos de actuación en los que se desarrollaba su actividad, podía haber sido el ejemplo que seguir. La diferencia es que, en el caso de la organización terrorista, la estructuración de la actividad era estratégica, mientras que en el de los GAL era más anárquica e improvisada y se desarrolló con menos «profesionalidad».

Otros planteamientos, auspiciados desde el ámbito político y policial de la época, se referían a la supuesta organización de estos grupos a modo de «escuadrones de la muerte» financiados por grupos de empresarios que, atacando a la serpiente etarra en su «santuario», se protegían de las acciones de ETA en su contra. No excluyo que esa intención o línea existiera. Hay buenos estudios en ese sentido y, probablemente, aún falta por conocer información clasificada al respecto, pero creo que en lo que se refiere a las acciones reivindicadas por los GAL cuya investigación dirigí, no existió rastro de esa financiación. Los únicos aportes que logré demostrar tenían un origen estrictamente oficial y provenían de la dotación presupuestaria de los fondos reservados del Ministerio del Interior, aprovechando, en ocasiones, las propias acciones oficiales de los responsables, con dietas y presupuesto debidamente aprobados.

En este sentido, en el auto de marzo de 1988 di forma a la primera petición de información a quien en aquel momento era el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, sobre los gastos producidos por los funcionarios policiales Amedo y Domínguez.

Sea como fuere, lo cierto es que se generó una situación de gravedad inusitada entre los dos países, España y Francia, que si a nivel político era complicada, mucho más lo fue en el ámbito judicial. La incidencia de las acciones violentas de los GAL influyeron directa y negativamente en la cooperación judicial de la época en materia de lucha contraterrorista. Los jueces franceses rehusaban cualquier tipo de contacto y colaboración con los españoles, a los que consideraban como parte de un Estado que amparaba las acciones ilícitas contra ETA y consentía la práctica de la tortura. En gran medida no les faltaba razón. En la AN existía muy poca voluntad de profundizar en los mecanismos que garantizaran la limpieza en las acciones policiales y, en el seno del Ministerio del Interior, no había interés alguno en que se investigaran las acciones de los GAL, por lo que la colaboración que encontré en el mismo fue nula. Bueno, sí conseguí algo: que se designara a dos policías para que me ayudaran en la investigación. De nuevo quienes los seleccionaron —pensando que los nombrados servirían de secante— erraron, pues se impuso la profesionalidad de ambos funcionarios policiales que, actuando como una verdadera policía judicial, hicieron una labor encomiable cumpliendo con reserva y diligencia todas las órdenes que les impartí.

El organigrama de los GAL

Escribo este texto exactamente veintisiete años después, en el mismo lugar en el que minuté el auto de 8 de marzo de 1988 con el que inicié mi investigación sobre los GAL, según lo exigido por la Sala en su resolución de 1 de marzo de ese año al rechazar el procesamiento de José Amedo porque solo existían sospechas y no indicios racionales contundentes de criminalidad. Por ello, la endeblez de la investigación previa en España exigía avanzar con paso decidido con el fin de obtener nuevos datos a través de nuevas vías de investigación.

Mi primera comisión rogatoria en Francia

Para no incurrir en un rechazo similar al recibido por el anterior instructor, al que la Sala recriminó la elevación de la causa porque solo existían «sospechas o conjeturas», y hacerlo cuando se vislumbrasen «con nitidez indicios claros de criminalidad, categóricos o racionales», es decir, la probabilidad, en el auto del 8 de marzo ordené que se investigara

la eventual y presunta participación que José Amedo Fouce, Michel Domínguez Martínez y cualesquiera otras personas, no juzgadas ni condenadas, o instituciones, hayan tenido o tengan en las actividades de la organización terrorista conocida por las siglas GAL [Grupos Antiterroristas de Liberación], así como en los distintos hechos reivindicados por esta.

En esta resolución, de forma intencionada, decidí abrir el espacio de la investigación a toda la organización y actividades de los GAL, como única posibilidad de obtener una visión más completa del fenómeno criminal al que me enfrentaba, por encima de los atentados concretos que habían motivado la incoación. Era el contexto el que me interesaba para, desde el mismo, encuadrar las diferentes acciones criminales reivindicadas por aquella organización y en la que se desprendía «la posible implicación de personas de nacionalidad española en actividades presuntamente terroristas, y más en concreto las relacionadas con los denominados GAL».

Así pues, a la vista de «claros indicios de participación de personas españolas dentro del territorio español en la preparación y ejecución de hechos delictivos que después se ejecutaron materialmente en el extranjero», el objeto de la causa penal debía concretarse en

averiguar, de acuerdo con las imputaciones que se les hacen, la participación de aquellas personas y cualesquiera otras que dentro o fuera del territorio nacional, y que no hayan sido o estén siendo juzgadas en otros países, hayan tenido o tengan con aquella organización terrorista con referencia a los hechos concretos que deriven de la documentación francesa, o a cualesquiera otros que se puedan demostrar.

Por lo demás, estaba claro para mí que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su número 4 letra b, la jurisdicción española era competente para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional (para los cometidos en el interior es de aplicación el mismo artículo, párrafo primero) susceptibles de tipificarse como delito de terrorismo.

Con esta resolución y con las que vinieron después, dando entrada a la acusación popular, a cuyo frente se encontraban los abogados Fernando Salas y José Luis Galán, comenzó una intensísima instrucción con mi desplazamiento en comisión rogatoria a Bayona —en los primeros días de mayo de 1988, mientras el sumario estaba secreto— acompañado del fiscal Ignacio Gordillo. Era mi primera salida al exterior de las tres que realizaría a Francia, dos a Portugal y una más a Suiza, en la investigación de los casos relacionados con los GAL.

En esta primera ocasión la comisión fue practicada ante los jueces Armand Riberolles y Philippe Cavalerie. El 4 de mayo de 1988 tomé declaración al mercenario de los GAL Paulo Figueiredo Fontes, encarcelado en Francia por su participación en el atentado perpetrado contra miembros de ETA en el bar Consolation de San Juan de Luz. También lo hice con Jeanette Cassiede, la amiga del supuesto máximo responsable en Francia de los GAL, Jean-Philippe Labade. Era la primera vez que un juez español asumía la investigación de los diferentes sumarios instruidos en Francia sobre los GAL, y, a partir de ahí, fui reclamando la remisión de los mismos para continuar la indagación de todas las causas.

Al llegar al Tribunal de Bayona, fuimos recibidos por Riberolles correcta pero fríamente. Constaté una clara desconfianza hacia el fiscal que para mí era nueva. El juez francés pidió hablar conmigo, pero sin la presencia de aquel, de juez a juez. Lo hicimos. En su despacho, me explicó que esperaba que no me sintiese incómodo, pero que no tenía confianza en la justicia española, porque ya llevaban un tiempo tratando de que se investigara los GAL y no se había hecho, hasta el punto de que fue el juez Seys el que dejó la causa en España. No obstante, constataba Riberolles que por primera vez percibían ese interés, pero debía comprender que la falta de confianza era grande y tenía que «ganármela». A continuación, para materializar lo que quería decir, me mostró una Declaración Universal de los Derechos Humanos afirmando que en Francia se respetaban, y que si España también lo hacía, estábamos obligados a investigar los hechos delictivos como los cometidos por los GAL en nuestro país. Le contesté:

Conozco la Declaración, y le agradezco la exhibición, aunque se la podría haber ahorrado porque si estoy aquí es para investigar los hechos criminales de los que estamos hablando. No le quepa duda de que si he pedido una comisión rogatoria es para investigar a fondo y que tengo por norma hacerlo así en todos los casos.

Es decir, la decisión de continuar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias estaba tomada, sin necesidad del impulso del juez francés. Lo que sí me demostró esta anécdota fue el mal concepto que tenían sobre la justicia española debido a la ausencia de investigación de los GAL. En este sentido, yo entendía que esta decisión era la única posibilidad de dar credibilidad a la lucha judicial contra ETA.

Lo curioso fue que en aquel momento histórico, cuando se estaba decidiendo la suerte de toda la investigación, el representante del Ministerio Fiscal, Ignacio Gordillo, abandonó al segundo día —en la mitad de la práctica de la comisión rogatoria cuando, después de Pau, aún quedaban las declaraciones de Mohamed Talbi en Tarbes y de Lucien Mattei y Pierre Frugoli en Burdeos— para regresar a España porque tenía que atender unas clases en el CEU.

Esta actitud de apatía, salvo por la firmeza de Carmen Tagle y las primeras acciones del fiscal Pedro Rubira, se percibió con intensidad en el fiscal en febrero de 1995, cuando el imputado fue Rafael Vera y no hubo petición por su parte de prisión provisional, cuando era evidente su posición jerárquica de máximo responsable en el entramado. Ni en la primera fase ni en ninguna otra posterior, el Ministerio Fiscal, en su máxima jerarquía, permitió que se fuera más allá de lo asumible y aceptable, como se desvelaría en la decisión de la Junta de Fiscales de Sala al resolver sobre la eventual imputación del expresidente González. Se perdió así, con la ayuda posterior del TS, toda posibilidad de investigación integral de aquella organización criminal por parte de la Justicia. A pesar de que intenté hacerlo desde diferentes posiciones y procedimientos, el hermetismo oficial siempre actuó como una especie de muro infranqueable.

Recuerdo que en esta primera ocasión (hubo dos más, en junio y diciembre en Portugal, y una cuarta, en diciembre de 1988 de nuevo en Bayona) fue la Guardia Civil la que me trasladó desde Fuenterrabía a Bayona y, desde allí, de vuelta a la misma localidad. Cuando regresábamos, el funcionario de la Benemérita que me acompañaba me mostró un «buzón» de ETA vigilado por miembros de ese cuerpo policial escondidos entre la maleza, en condiciones extremas.

Los fondos reservados

El director general de la Policía contestó de forma sorprendente a mi petición de información sobre la financiación del viaje que, a finales de enero y primeros de febrero de 1986, habían hecho a Lisboa los policias Amedo y Domínguez, afirmando que este había tenido carácter oficial y se había pagado con fondos reservados. Probablemente no calibró la respuesta porque presumía que yo no iba a ser capaz de descubrir, con datos y documentos, como lo conseguí, que el viaje lo habían hecho los dos funcionarios adoptando identidades supuestas y con el único propósito de contratar a los mercenarios portugueses y acompañarlos hasta territorio francés para cometer los atentados contra los bares Batxoki y Consolation. Por ello, el 25 de mayo de 1988 solicité a dicho director general una batería de diligencias a través de las cuales pretendía obtener una amplia información sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior desde 1983 a 1987 y su normativa o reglamentación, así como su destino, distribución concreta y evaluación anual. Daba así inicio a una investigación que pretendía ser exhaustiva acerca de la financiación de los GAL.

Por su parte, el ministro del Interior, José Barrionuevo, remitió al juzgado una contestación por escrito en el mes de junio de ese mismo año en la que decía que, dada la naturaleza del gasto reservado, no existía acreditación documental del destino dado a las cantidades gastadas y tampoco una distribución de los fondos. Negaba asimismo que hubiera alguna persona encargada de la distribución de los fondos, porque «tal reparto no existe», y afirmaba:

Por lo expuesto no es legal ni materialmente posible la identificación interesada. […] Al mismo tiempo, pongo en conocimiento de vuestra ilustrísima que en nombre del Gobierno he indicado al director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Julio Hierro Moset, Antonio Rosino Blanco, Miguel Planchuelo y Ricardo Ruiz Coll, todos ellos citados por vuestra ilustrísima, que no realicen declaración alguna sobre los gastos reservados, dada la naturaleza legal de los mismos.

En su comparecencia, las personas citadas cumplieron religiosamente lo ordenado por el ministro, amparándose en la clasificación del Consejo de Ministros y en que podría suponer delito de revelación de secretos oficiales. Sobre José María Rodríguez Colorado, le había preguntado si Amedo estaba obligado a presentar justificantes de su viaje a Portugal, aunque solo fuera para uso interno, con qué cantidad había contado para el viaje y si devolvió algo. Nada fue respondido.

El pleno del CGPJ estudió esta respuesta del ministro. Acudir al Consejo no fue una idea propia. El que había sido mi jefe en la Inspección, Ignacio Sierra, del que guardo un excelente recuerdo, me llamó para que solicitara el amparo en nombre de algunos vocales. Lo hice, a pesar de que intuía que sería desestimado. Buenas palabras y que siguiera informando de lo que ocurriese. Su presidente, Antonio Hernández Gil, me llamó a su despacho para darme todo su apoyo y decirme que había habido algunas reticencias, y por ello no se me respaldaba de forma explícita. ¡Muy propio del Consejo!

Evoco aquí los comentarios de dos magistrados. Uno de ellos, Perfecto Andrés Ibáñez, afirmó: «Los fondos son legalmente reservados hasta que pesa sobre ellos una sospecha de utilización delictiva». Andrés Ibáñez sería uno de los jueces recusados por mí, muchos años después, en el juicio por la interceptación de las comunicaciones de los responsables de la trama corrupta Gürtel con las personas que los visitaran, incluidos los letrados, respecto de los cuales ordené que se adoptaran las medidas para prevenir el derecho de defensa, extremo que no fue tomado en cuenta por el tribunal. Fue, además, el magistrado que cerró toda posibilidad de investigación de los crímenes franquistas con un auto fechado el 28 de marzo de 2012. Pero entonces, muy lejos de esto, Perfecto Andrés Ibáñez aseguraba: «Ni los fondos reservados ni Barrionuevo están por encima de la ley penal». A preguntas de los periodistas, otro magistrado, Joaquín Navarro Estevan, declaró: «La actitud del ministro es jurídicamente impúdica y más que posiblemente delictiva y políticamente abominable y de una excesiva elocuencia».

En cuanto a los fondos reservados, en aquel primer momento, como expuse el 22 de julio de 1988 en mi escrito de elevación de la causa para procesar a Amedo y Domínguez, no había una determinación suficiente acerca de quién o quiénes habían ordenado la disposición, pero la negativa del ministro del Interior a darme información sobre los fondos reservados abrió, sin preverlo, la caja de Pandora y me sirvió como acicate para continuar. Era como presentir que había dado en el clavo y que la puerta que se abría me conducía hacia un laberinto inexplorado en el que, antes o después, encontraría la salida. La posibilidad de quedar atrapado también era cierta y muy probable, pero la decisión era clara a pesar de que todos los compañeros jueces y fiscales me aconsejaban que diera carpetazo a ese tema porque me arriesgaba a salir mal parado. Debo confesar que, en algún momento, me sentí preocupado por las consecuencias, a pesar del apoyo de la Sala. Por vez primera se había iniciado una verdadera investigación de todas las acciones de los GAL y su financiación. Mi obligación como juez, frente a un hecho delictivo y a lo que aparentaba ser toda una trama de intereses ilícitos cruzados, era indudablemente la de continuar.

Al ser negada la información, presentí que había acertado en el planteamiento e insistí en la petición advirtiendo de las consecuencias penales que se podrían derivar de mantenerse la falta de colaboración. Esta advertencia, debidamente calculada, produjo el efecto buscado. Una reacción visceral y de desprecio hacia la petición del juez. Se percibía el enfado y la molestia que despertaba la indagación. A partir de ese momento, me comenzaron a llegar mensajes que me invitaban a no continuar por esa senda porque, decían, me traería complicaciones. Curiosamente, la razón por la que me dotaron de protección policial inicialmente no fue por las amenazas de ETA, sino por las investigaciones sobre los GAL. En aquella época solo disponía de escolta policial el juez Carlos Bueren.

El mensaje, de parte del Ministerio del Interior, era muy claro sin decirlo expresamente: «Te estás metiendo en un terreno muy peligroso». Pero como suele acontecer en ocasiones, la torpeza y, especialmente, la prepotencia jugaron a favor de la justicia y de la transparencia, aunque no en un primer momento. De haber dado una respuesta diferente a la simple negativa alegando que era secreta esa información de acuerdo con la ley, según una interpretación que casaba mal con la más elemental interpretación de lo que debe ser un Estado de derecho —que no puede amparar, absolutamente, la impunidad—, el Gobierno de la época hubiera evitado bastantes de las dificultades que surgieron de la investigación. Así lo puso de manifiesto el auto de la Sección Tercera, de 3 de noviembre de 1988, cuando afirmó que, frente a la impugnación de la defensa, encontraba

suficientemente justificada la iniciativa del juez, hasta el momento frustrada (por la negativa a colaborar del Gobierno), de inquirir datos respecto a cuantificación, diversificación funcional y otras circunstancias significativas de las percepciones de fondos «reservados» por parte de los funcionarios procesados.

Y añadía que la investigación debía llevarse a cabo

de manera que la aportación de datos al proceso lo sea de forma que no afecte a los medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, verdadera materia clasificada por acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 28 de noviembre de 1986 y por ello afectada por la ley 9/68, de cinco de abril, reguladora de los secretos oficiales, y que, como la ley de enjuiciamiento criminal, ambas normas preconstitucionales han de aplicarse extrayendo todas las posibilidades que ofrece su interpretación de conformidad con la Constitución.

En atención a lo dispuesto en esta resolución, la investigación se continuó hasta que —sorprendentemente, supongo que debido a los mensajes o al terreno pantanoso que percibían— los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN, con la ponencia de su presidente Juan Manuel Orbe y la concurrencia de los magistrados Roberto Hernández (que había autorizado la primera investigación) y Alfredo Vázquez, muy vinculado a algunos altos responsables de Interior, dieron un giro copernicano. Por auto de 25 de abril de 1989, se cerró toda posibilidad de continuar la investigación de los fondos reservados con unos razonamientos muy particulares y nada apegados a la defensa del sistema democrático y sí a la mala razón de Estado. Los magistrados, partiendo de una afirmación más que dudosa, como se comprobaría años después, referida a un vacío legal que impedía continuar las indagaciones, afirmaban:

Nos encontramos en una situación de colisión o de conflicto entre el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, que legitima los poderes de investigación del instructor, y el también fundamental de la seguridad del Estado, al que responde el régimen legal de fondos reservados o secretos, existiendo una laguna legal.

El tribunal precisaba que correspondía al legislador resolver el problema «buscando la fórmula de adecuado equilibrio entre la capacidad investigadora de los tribunales […] y el derecho-deber del Gobierno de garantizar el Estado de derecho». Se cerraba así la investigación de fondos reservados con respecto al Ministerio del Interior, considerando

inútiles cualesquiera pruebas porque su resultado no podría confrontarse con los datos obrantes en el Ministerio del Interior, inexistentes en cuanto a documentación se refiere, según contestación dada por el ministro del ramo, y de imposible acceso, en todo caso, dado el secreto existente sobre ellos.

La prensa se hizo eco en forma profusa de esta noticia. La resolución fue objeto de recurso por la acusación popular, que cuestionaba que fuera simplemente un acuerdo del Consejo de Ministros la fuente de reserva y que no se sancionara la obstrucción reiterada a la investigación por los ministros de Interior, Barrionuevo y Corcuera, a la acción de la justicia.

En el ámbito de la judicatura se levantaron varias voces reclamando la investigación, como las de Clemente Auger —a la sazón presidente de la Audiencia Territorial de Madrid y que después lo sería de la AN— y la de Juan Alberto Belloch, que presidía la Audiencia Provincial de Bilbao. Ambos, según recogía el diario El País, coincidieron en criticar la resolución.1 Frente a los argumentos de la AN, Auger aseguró que «no existen obstáculos legales para la investigación razonable de un delito» y añadió que la Ley de Secretos Oficiales «no colisiona con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que cuando se solicita una diligencia razonable para investigar un delito, debe realizarse, o al menos no existe impedimento legal para ello».

Belloch, por su parte, había sido categórico: «Cuando se produce colisión entre un bien constitucional, como es la tutela judicial efectiva, frente a otro valor jurídico como es la seguridad del Estado, es siempre prevalente el derecho constitucional». Agregó que en ese sentido se viene pronunciando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de las instancias internacionales que se han ocupado de la materia. Esa valoración tan democrática cambiaría sustancialmente cuando ocupó la cartera de ministro de Justicia e Interior con Felipe González.

Con la decisión de la Sala, que rechazaba el recurso, se cerró ese capítulo de la historia de los fondos reservados cuyo debate no dejaría de estar presente en la sociedad española, por la gravedad del hecho de que una partida de tal envergadura careciera de control. A la vista de lo que ocurrió después, a partir de diciembre de 1995, se puede llegar a la conclusión de que no hubo voluntad alguna para la investigación y que la influencia del miedo, el desconocimiento o el convencimiento por parte de Interior estuvieron en el origen y desarrollo de aquella postura.

En septiembre de 1995 acontecieron nuevos hechos que me llevaron a tomar una arriesgada decisión, visto el contenido de aquella resolución de 25 de abril de 1989, que era la «doctrina oficial» hasta ese momento, y de las propias sentencias de los casos Batxoki y Consolation tanto de la AN como del TS.

En todo caso, la actitud del Gobierno antes, durante y después fue siempre esquiva y se negó sistemáticamente a dar detalles del reparto de los fondos reservados. Gracias a la investigación judicial reabierta en este campo en 1994, a la parlamentaria y a varias otras pesquisas, se pudo dibujar un mapa de la depredación de que habían sido objeto las arcas del Estado. Y acabó con las condenas de varios altos funcionarios, a cuyo frente estuvo Rafael Vera como responsable directo de la administración y distribución de esos fondos, y otros como Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán, sentencias ratificadas por el Tribunal Constitucional en 2011.

La situación en la AN

La vorágine en esos primeros meses tras mi incorporación al Juzgado Central de Instrucción número 5 era tremenda, fruto, en gran medida, del atasco que se había producido en la tramitación de algunas causas y la complejidad que se intuía con la presente. Sin duda, la presión con la que comencé a trabajar era la premonición de lo que sucedería durante todo el tiempo en que fui juez de la AN. No solo era la trascendencia de las causas que se tramitaban en ella, sino la propia configuración de ese tribunal en el que, al menos desde mi punto de vista, yo era un advenedizo que había recalado en Madrid por casualidad y porque en el Consejo no se quería profundizar en los verdaderos problemas que ya se intuían en algunos ámbitos de la Justicia.

Aparentemente, cualquiera de los que estaban allí tenía mucha más experiencia que yo en el trato con las altas jerarquías policiales o gubernamentales por la trascendencia de los asuntos y el foco mediático que sobre ese tribunal existía. De pronto, del anonimato, pasaba a estar en el centro de la atención, y no por los temas comunes a los demás, sino por uno, el de los GAL, que olía a «cuerno quemado». Quizá por esa razón me volví mucho más suspicaz y desarrollé una prevención frente a los diversos ámbitos oficiales que no me ha abandonado nunca. Siempre he considerado que, de una u otra forma, a los jueces y fiscales de la AN se les ha querido adoctrinar y aproximar a las estructuras políticas para, de esa forma, tenerlos más o menos controlados. En aquella época era evidente el poder de influencia del Ministerio del Interior y, especialmente, de algunos altos funcionarios del mismo. De alguna forma, siempre existió una clara intención de aislar a la AN como un ente externo a los demás órganos del poder judicial en el que todo era catalogado de forma diferente a como se hacía con lo ocurrido en cualquier otro tribunal. Esto comportaba una absoluta desconexión de los jueces centrales y los magistrados de la Sala Penal con los ámbitos territoriales en los que sucedían los hechos que nos correspondía investigar y con los demás órdenes jurisdiccionales del mismo tribunal. Parecía que la relación natural era con el Ministerio del Interior, del que semejaba un apéndice que ejecutaba en lo judicial la política del Gobierno de turno en materia antiterrorista, algo que distorsionaba y deslegitimaba su actuación, propiciando la desconfianza en la AN.

Esta correlación comenzó a quebrarse precisamente con el inicio de la investigación de las implicaciones oficiales en el caso GAL y su financiación. Por primera vez, parecía que la Justicia actuaba en forma independiente frente a quien, teóricamente, era intocable. Varios funcionarios del Ministerio del Interior estaban siendo investigados por acciones ilícitas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Como era de esperar, a las primeras reacciones de incredulidad siguieron los ataques nada disimulados por la defensa oficial de los imputados, ejercida en ese momento por el abogado Jorge Argote, quien hacía alarde constante de que actuaba respaldado en todos los sentidos por los más altos responsables de Interior. Las descalificaciones no cesaban, pero el efecto que producían era exactamente el contrario al que perseguían. En vez de amedrentarme, me reafirmaban cada vez más en la necesidad de continuar la investigación. Ante esa visceralidad, me resultaba evidente que había emprendido el camino correcto. Desde luego, la defensa daba por hecho que nada acontecería fuera de lo «normal». Contaba con la sumisión de la justicia a la «razón de Estado», como en una ocasión, la única en la que hablé con él en aquella época, me comentó el letrado defensor.

La incidencia de los medios de comunicación

También tensaba el ambiente la atención permanente que el caso suscitaba en los medios de comunicación. Como en todo lo relativo a la lucha contra el terrorismo, había dos posiciones equidistantes según se tratara de los medios que apoyaban la política del Gobierno o de los que eran contrarios. La excepción eran Diario 16 y, después, El Mundo —ambos sucesivamente bajo la batuta de Pedro J. Ramírez—, que tenían su propia agenda de actividades. Para mí, era un mundo nuevo y altamente peligroso, por lo que opté por no hacer declaración alguna a la prensa, aunque debo reconocer que, en muchas ocasiones, la información fluía de tal manera que iba mucho más rápida que la investigación y, en cierta forma, esta se veía influida por aquella.

Esta situación no era necesariamente negativa, pero tampoco deseable. Sin duda, todas esas informaciones —como las de Ricardo Arqués, primero, y Melchor Miralles, más tarde, que denunciaron el hallazgo de un zulo en territorio francés con documentación de los GAL, o bien las de Antonio Rubio, Manuel Cerdán, Txetxo Yoldi o Eduardo Martín de Pozuelo, y de periódicos como Sud Ouest, Deia o Egin, entre otros— aportaron todo un espacio contextual que me permitió avanzar, saber lo que ocurría y conocer, casi en forma simultánea, la incidencia que producían las resoluciones judiciales. Esta experiencia me ha servido en gran medida en todas las investigaciones que he adelantado. El periodismo de investigación, cuando es solvente y serio, es una fuente invaluable para la investigación. En muchas ocasiones me he ayudado de ese buen periodismo, y los que lo practican han contribuido y contribuyen a que los márgenes de la impunidad sean menores.

Desde luego que no se puede confundir un plano u otro, pero los medios de comunicación, aun con la parcialidad que puedan imprimir en una información concreta, desvelan ámbitos difícilmente accesibles para la investigación judicial. Los ejemplos en mi caso han sido muchos, y entre ellos recuerdo varios hitos de interés: la aparición de Francisco Paesa en el caso del asesinato de Juan Carlos García Goena y la presión a las prometidas de Amedo y Domínguez; las informaciones sobre el narcotráfico gallego; la investigación en el caso Roldán; la implicación del entorno del presidente argentino Carlos Menem en el caso Yomagate, relacionado con el blanqueo de dinero; las investigaciones sobre los represores argentinos y Pinochet; las informaciones sobre los papeles del Cesid y las implicaciones de Perote; las intervenciones del ministro Belloch interfiriendo en el desarrollo de las investigaciones sobre los GAL; los papeles de Bárcenas en el caso Gürtel; las revelaciones en múltiples casos de corrupción; la documentación intervenida a ETA; las de WikiLeaks; las actividades desde la embajada americana para torpedear las investigaciones sobre Guantánamo o el caso Couso…

En todos ellos, la labor de la prensa ha sido fundamental. Pero también en el otro fiel de la balanza, las campañas mediáticas orquestadas como parte de una estrategia para acabar con el instructor, la investigación o con ambos han sido también notorias y, en algunas ocasiones, escandalosas. Entre todas ellas y sobre cualquier otra, la acción que ha durado más de siete años sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Nunca jamás he visto una campaña político-mediática tan cruel como esa, atacando a las mismas estructuras del Estado de derecho y al sistema democrático. O la iniciada, salvando las distancias, por el diario ABC contra mí por la investigación de los GAL en la primera época hasta ahora relatada. Durante casi un año, día tras día mi imagen se reproducía en unión de líderes de Herri Batasuna, terroristas de ETA o en soledad, y apareció en casi una decena de portadas en las que se cuestionaba mi compromiso en la lucha contra ETA y en la investigación de los GAL; a esta campaña orquestada se sumaron otros hasta que políticamente interesó, ya en la segunda fase de la investigación, atacar al Partido Socialista. En ese punto, quienes antes me denigraban comenzaron a posicionarse a favor mío hasta que, de nuevo, la investigación de Sogecable les hizo bascular hacia el otro lado, al igual que hicieron cada vez con la jurisdicción universal, el 11-M, la investigación de los crímenes franquistas, el caso Gürtel y los juicios contra mí. De todo ello habrá ocasión de hablar en este libro.

Las trampas nunca son el camino

Siempre he creído en la limpieza que garantiza la legalidad para combatir el crimen y a los criminales. Incluso, por razones de oportunidad, es más rentable hacerlo así. Transgredir la delgada línea roja que separa lo lícito de lo ilícito puede traer consecuencias negativas para todos. Ningún camino intermedio es válido para obtener un resultado que, aunque transitoriamente pueda parecer favorable, se tornará en perjuicio irreversible si se consiente. Las trampas no pueden conformar el camino para combatir el delito. Las malas praxis siempre han producido consecuencias altamente negativas, máxime cuando se producen en ámbitos tan sensibles como el de la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado. Los GAL fueron el ejemplo más visible y conocido, pero no el único. Hubo otros baldones tan execrables como aquel (los casos Brouard, Zabalza o Lucía Urigoitia) que respondían a un modo de entender el combate contra el terrorismo como años después lo haría la Administración de George W. Bush tras los ataques terroristas de Al Qaeda y que, como en este caso, habría conducido al desastre si los responsables, al menos en parte, no hubieran rendido cuentas ante la justicia. Probablemente, el afrontar —al final de los años ochenta y principio de los noventa— una respuesta desde la legalidad a todas las desviaciones en esa confrontación determinó que no se produjeran más casos como los aquí comentados. En este sentido merecen especial mención algunas iniciativas judiciales que deben tener cabida en este relato, porque, de una u otra forma, están relacionadas con aquella visión distorsionada de la seguridad del Estado contraria a la verdadera seguridad de los ciudadanos.

Combatir el terrorismo con todos los mecanismos legales es una obligación democrática; hacerlo transgrediendo las normas es prostituir la propia acción del Estado a través de sus instituciones. Proteger a quienes delinquen, porque lo hagan desde las estructuras o aparatos de aquel, es inaceptable en un país democrático, y, además, no hace ninguna falta. Las justificaciones en este sentido y la cobertura mediática que, en ocasiones, se ha otorgado a quienes así actuaron pesarán siempre sobre los que así obraron.

El caso de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil (Ucifa) fue uno de ellos y ocupará en este libro el espacio que le corresponde. Pero ahora lo traigo a colación porque tuvo una estrecha relación personal con acontecimientos que ocurrieron, años antes, en el marco de la «guerra sucia» contra ETA. El comandante José Ramón Pindado, que resultaría imputado en 1992 por «pagar» con droga a los confidentes y condenado después por la Sala Penal de la AN, estaba destinado en 1987 en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, donde se fraguó una especie de submundo ilegal y paralelo en la lucha contra ETA que surgiría a la luz con ocasión del caso Lasa y Zabala. Apenas seis meses antes de mi ingreso en la Audiencia, el 23 de julio de 1987, la Guardia Civil puso en marcha una operación antiterrorista en diferentes localidades guipuzcoanas que terminó con la detención de ocho personas acusadas de pertenecer al comando Donosti.

En el distrito de Trintxerpe, uno de los cuatro que forman el municipio de Pasajes, los agentes irrumpieron en un piso y mataron a una militante de ETA, Lucía Urigoitia. Las heridas que se podían ver en el cuerpo de la víctima, y el testimonio de algunos vecinos, llevaban a la tesis de que Urigoitia había sido rematada con un tiro de gracia. Este tema motivó una tremenda polémica política y mediática. De por medio, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, Juan Piqueras, que, en sus conclusiones, consideraba que Lucía Urigoitia fue alcanzada «por dos disparos en dos momentos distintos» y que la bala que le atravesó la cabeza fue disparada con una metralleta cuyo cañón se encontraba en ese momento «prácticamente tocando la piel» de la mujer.

En el auto de traslado del sumario a la Audiencia Provincial, el magistrado juez renunciaba expresamente a extraer consecuencias jurídicas de los datos probados limitándose a exponer una relación de hechos que, a su juicio, quedaban confirmados a lo largo del proceso de instrucción. En concreto, que la versión de los tres guardias que presenciaron el momento en que se produjo la muerte de la integrante del comando Donostia se complementaba con los ángulos de los orificios dejados por los proyectiles en la tarima y el parqué. Concluía que el disparo mortal se produjo cuando la fallecida se encontraba tendida en el suelo, boca arriba. Este magistrado se presentó en el cuartel de Intxaurrondo, acompañado por un fiscal y dos médicos forenses, para recabar el testimonio de los detenidos en cuanto a las circunstancias en que se produjo la muerte de Urigoitia. La presencia de los facultativos no dejaba lugar a dudas sobre la intención del juez de comprobar el estado en que se encontraban.

Para concluir la historia del juez Piqueras, diré que tuvo problemas. De hecho, el CGPJ hubo de responder ante las denuncias que sufrió el magistrado. Su informe concluía así:

[…] este Consejo, que debe velar por la independencia y prestigio del Poder Judicial, estima necesario dar a conocer que el magistrado don Juan Piqueras Valls actuó conforme a derecho y del modo y en los términos que las circunstancias del caso exigían de acuerdo con la ley, por lo que se hace expreso rechazo de que su actuación perturbara la investigación policial o fuera la causa en cualquier grado de que no se efectuaran otras detenciones o se cometiera seguidamente otro atentado.

Pues bien, según manifestó el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, en su declaración judicial prestada ante mí el 8 de mayo de 1996, fue el abogado Jorge Argote quien en forma atropellada y un tanto confusa le informó de que Pindado —al que yo imputaría en 1992 en el caso Ucifa y resultaría condenado en octubre de 1997— había entrado en el juzgado de San Sebastián para quitar unos casquillos y cambiar un chaleco antibalas porque al parecer no tenía impacto y sustituirlos por otros casquillos y otro chaleco con impacto de bala. Sin embargo, tuvo que volver a entrar al darse cuenta de que los casquillos estaban bien y el chaleco originario tenía impacto de bala.

Según una nota del Cesid, redactada el 3 de noviembre de 1987 por un agente de la Agrupación Operativa del Centro de Inteligencia que dirigía el coronel Juan Alberto Perote, «para evitar la actuación de los jueces se hicieron una serie de actividades», como la entrada en el domicilio del juez, el cambio de los casquillos hallados en el lugar de los hechos, la sustitución del cañón del arma de la terrorista y la simulación de impactos de bala en un chaleco antibalas. Todo ello con el fin de simular que Urigoitia murió en un tiroteo. Pindado admitió que había entrado en el piso tras el suceso, pero negó toda manipulación o que disparase a la etarra.

Pero más llamativa aún fue la imputación que Roldán hizo en su declaración:

[…] el ministro Barrionuevo le llamó y le comentó que el ministro [de Justicia] Ledesma le había informado de que había recibido una llamada del fiscal de San Sebastián y que podía haber problemas con el disparo por el que había muerto aquella [Urigoitia]. El declarante hizo las gestiones correspondientes en San Sebastián con Rodríguez Galindo y este le aseguró que no había ningún tipo de problema.

Y concluyó diciendo:

[…] para conformar una comparecencia en el Parlamento se elaboró un informe y se reprodujo toda la acción, grabándola en vídeo en los locales de la UEI (Unidad Especial de Intervenciones) por el servicio de audiovisuales de la Dirección General, reproduciéndose a escala natural el piso donde se había producido la muerte.

En esa declaración, y en una previa del 30 de abril, Roldán desvela hechos de particular relevancia al señalar al ministro Corcuera y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, como los impulsores de la remisión de tres cartas bomba, una de las cuales mató a un cartero de Rentería, mientras que las otras dos fueron desactivadas a petición de aquellos antes de que llegaran a sus destinatarios, entre los que estaba el abogado Íñigo Iruin. El 8 de octubre de 1996, en el sumario 17/95 del Central 5, Corcuera y Vera fueron imputados junto a Luis Roldán, José Ramón Goñi Tirapu —exgobernador civil de Guipúzcoa— y el entonces general Enrique Rodríguez Galindo, elevado a este rango por el ministro Belloch y después condenado en el caso Lasa y Zabala. Esta investigación quedó sobreseída por falta de pruebas que implicaran a los denunciados.

¿Debería haber relacionado el caso Urigoitia con los GAL? Es probable, a la vista de las declaraciones de Luis Roldán, pero, en todo caso, al existir un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, los datos descubiertos se remitieron al mismo que citó a declarar a Roldán y también, como imputados, a Vera, Argote y el exministro Barrionuevo, entre otros. Después de múltiples diligencias, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa cerró el caso sin responsabilidades el 20 de julio de 2000. Podía haberse ido más atrás en la misma, pero fue muy tarde cuando tuve conocimiento de la información que podía haber relacionado un caso y otro. El coronel Ángel López, que había estado al frente de la unidad que desmanteló la Ucifa, me la contó poco antes de su muerte, por lo que cualquier maniobra por mi parte ya era imposible. De haberla tenido en el momento de la actuación, la historia habría sido diferente. Según este funcionario, en 1992 —durante el registro que ordené en 1992 por el caso Ucifa— fue informado de que en la caja fuerte del despacho del comandante Pindado en la Dirección General de la Guardia Civil el original del atestado del caso Urigoitia, con anotaciones en los márgenes. A petición del coronel López, la caja quedó precintada esa noche sin «abrirse» porque, según me informaron, «no se encontraban las llaves». Mientras tanto, el precinto fue levantado por su orden para extraer aquel documento y después debidamente cerrada la caja y repuesto el precinto, hasta que, al día siguiente, Natalia Reus, secretaria del Central 5, presenció la apertura de la caja. El caso Ucifa fue, como todos los que aquí se relatan, difícil y complejo, y la constatación de una realidad repulsiva en el modo de actuar de algunos funcionarios o estructuras de la seguridad del Estado. Algunos de sus efectos secundarios pero más negativos, dinamizados por sus responsables, me acompañarían durante años. Hubo un teniente coronel de la Guardia Civil que, mediante artículos en La Razón y con la publicación de un libro, se dedicó a escribir sobre mí y mi acción en el caso Ucifa. No había admiración, lo cual me honra, pero sobre todo no había verdad. Si, como dicen algunos amigos, he despertado indistintamente amores y odios, con este asunto no gané muchos afectos.

Caen las primeras figuras del organigrama

La instrucción de la primera causa de los GAL fue un ejercicio práctico de aguante judicial, excelente para soportar lo que estaba por venir. La agresividad del abogado oficial del Ministerio del Interior, Jorge Argote, era paradigmática. Desde el principio este letrado optó por la lisa y llana confrontación con el Juzgado, y por ende conmigo, pues nos acusaba de favorecer más la acusación contra policías que contra los miembros de ETA. Argote señalaba que se establecían «agravios comparativos exacerbantes», afirmando que en el Central 5 era «más sencillo ejercer la acusación popular contra miembros de la policía que contra miembros de la organización terrorista ETA en cuanto a cuantía de fianzas se refiere». Las respuestas no fueron alambicadas, sino directas y contundentes, y en ellas se aseguró que era «absolutamente incierto y no se ajusta a la realidad porque supone, aparte de una injusta imputación, un análisis simplista de la cuestión y desconocer los razonamientos jurídicos de la resolución impugnada». Poco después, admití la querella presentada por ciento tres personas, en su mayoría miembros de la Asociación contra la Tortura, que depositaron la fianza de un millón de pesetas (seis mil euros) exigida para ejercer la acción popular; además, acepté la acusación particular en nombre de las seis víctimas de los ataques criminales.

Después de la toma de declaración a los mercenarios en Francia y de otras diligencias practicadas, así como de la negativa a suministrar información de los fondos reservados, consideré que había llegado el momento de tomar declaración a los dos imputados, Amedo y Domínguez. A tal efecto, preparé exhaustivamente sendos interrogatorios para los policías, aun sabiendo que no contestarían a las preguntas. Hasta ese momento, los elementos acumulados, sin ser definitivos, evidenciaban la presunta vinculación de ambos con la trama investigada. Los datos eran circunstanciales por sí solos, pero, unidos, daban una firmeza contundente a la instrucción, dada la ausencia de colaboración absoluta desde el Ejecutivo.

Había reflexionado profundamente en los días previos, estudiando con serenidad lo que acontecía en torno al caso y evaluando cuál era el riesgo de mantener en libertad a los policías y cuál el de decretar la prisión, tras sus declaraciones. En el último caso no habría vuelta atrás.

El 13 de julio de 1988, convoqué a declarar en primer lugar a José Amedo. Su postura desafiante, chulesca e intimidante era característica de una persona que se siente protegida por las estructuras oficiales y a la que debía dolerle el oído de tanto escuchar que todo estaba controlado. Por su parte, la actitud de Michel Domínguez fue mucho más calmada, incluso hierática, como si aceptara con estoicismo todo lo que acontecía. Siempre actuó como segundo y me daba la sensación de que, por sí mismo, no hubiera dado pasos al margen de las órdenes. Si estas eran de un sentido, las asumía; si eran de otro, incluso ilegales, no las cuestionaba. Esa mañana, frente a la orden de ingreso en prisión que emití de inmediato tras sus respectivas declaraciones, Amedo reaccionó con dureza, un tanto sorprendido, como si alguien le hubiera engañado sobre lo que allí iba a suceder frente a su convencimiento de que aquello era un puro trámite. Domínguez, en cambio, la asumió con mucha más calma y frialdad. Desde luego, el que se desequilibró totalmente fue el abogado defensor.

Me parece que, en algunas ocasiones, la influencia de los abogados es negativa para sus defendidos. No solo deben conocer las leyes y tener oficio, sino que también deben aproximarse a la psicología de estos y del juez. Desde luego, en este caso, tenían amplitud de defensa y podían suscitar dudas más que razonables en un momento en el que las diligencias de prueba no eran definitivas; sin embargo, sorprendentemente, la defensa optó por la vía más negativa. Haciendo uso de su derecho a no declarar, permitió que todo el material acumulado careciera de contestación, lo cual, unido a la gravedad objetiva de los hechos y al riesgo que comportaba la posible sustracción a la Justicia, me llevó a adoptar la medida de prisión incondicional contra los dos imputados.

«¡Está loco! ¡Está loco!»

El secreto del sumario se alzó esa misma mañana del 13 de julio para que las partes pudieran concurrir y conocer los cargos, a pesar de su negativa a prestar declaración, les formulé pregunta a pregunta las más de cien que había preparado para la ocasión, con el fin de que quedaran incorporadas al acta y de esta forma motivar suficientemente el auto de prisión incondicional que, seguidamente, dicté.

La reacción del abogado Argote fue de todo menos procesal. Casi sin firmar el acta, salió corriendo y gritando despavorido: «Este tío está loco, le ha metido en la cárcel, está loco, le ha metido en la cárcel», refiriéndose a mí y a la medida adoptada contra Amedo. Según me contaron, cruzó la calle Génova corriendo hasta llegar al Ministerio del Interior, en la calle Amador de los Ríos, para informar a Rafael Vera de lo sucedido.

Debo decir que aquella mañana yo estuve muy tranquilo, a pesar de la tensión previa que me había llevado a estar despierto gran parte de la noche y de que el ambiente en la AN no era de apoyo a una medida de privación de libertad de los funcionarios implicados. Percibí una sensación de corporativismo absoluta entre los funcionarios de policía. Había reflexionado profundamente en los días previos, estudiando con serenidad lo que acontecía en torno al caso y evaluando cuál era el riesgo de mantener en libertad a los policías y cuál el de decretar la prisión. En este último caso no habría vuelta atrás.

Al contrario de lo que han escrito y afirmado de mí quienes me conocen poco aunque presuman de lo contrario, no he sido un juez carcelero pese al gran número de presos preventivos que he llegado a tener por las especiales características y complejidad de las causas. Siempre he procurado concluir los procedimientos en el menor tiempo posible. Jamás se me ha vencido una causa con preso, aunque también, en este ámbito, quisieron hacerme responsable de esto en el caso del comando etarra Matalaz. Dos días después de elevar a la Sala Segunda del TS el suplicatorio en el caso Marey respecto a Felipe González y otros (final de julio de 1995), se publicó una noticia que sugería que yo habría sido responsable de la liberación de cuatro miembros de ETA de aquel comando por haberse agotado los cuatro años de prisión preventiva. La publicación se reiteró, con portada incluida, el 14 de agosto siguiente en el diario El País. Su clara motivación estaba relacionada con el reciente suplicatorio y, como era previsible, al día siguiente se me dedicó un editorial durísimo. Era evidente que quien ideó este ataque sabía que no se me podía culpar de esa dilación, que se debía a la Sala, como afortunadamente se puso de manifiesto por la actuación fulminante de su presidente, Siro García Pérez. La maniobra quedó expuesta como ocurrió en otras ocasiones, especialmente en momentos sensibles de investigaciones delicadas y complejas.

A partir de aquel 13 de julio de 1988, hubo funcionarios que me retiraron el saludo y la palabra; recibí desprecios evidentes y ostentosos en la misma Audiencia y múltiples comentarios sobre mí por haber tomado aquella decisión. De alguna forma, aquí comenzó mi «calvario» particular, al que se han sumado otros casos, pero en cuyo origen siempre han estado los GAL.

La suerte estaba echada. La gravedad de los hechos imputados a Amedo y Domínguez era innegable y la credibilidad del propio sistema judicial estaba en juego, de modo que nunca tuve dudas sobre lo que debía hacer. ¿Qué habría ocurrido si ambos policías hubiesen declarado y aportado contraindicios? No lo sé. En todo caso, eso no ocurrió y, de nuevo, a partir de aquí, el curso de los acontecimientos fue totalmente diferente a lo que los responsables de Interior habían previsto. Ante la consistencia de la instrucción, las diligencias de prueba fueron confirmando los hechos y se consolidaron los indicios gracias a la buena labor de los dos funcionarios de policía adscritos, quienes, siguiendo mis instrucciones, consiguieron recopilar toda una serie de documentos que acreditaron los movimientos y acciones de los policías con los alias de Ricardo (Amedo) y Eduardo (Domínguez) y otros nombres supuestos.

Elevación del sumario 1/88 a la Sala

Pocos días después, exactamente el 22 de julio de 1988, elevé una exposición razonada a la Sala de lo Penal de la AN para que esta, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aprobara la instrucción y dictara, en su caso, auto de procesamiento. Veo, ahora, escribiendo este texto en el MacBook portátil que no me abandona, la letra bruñida y abigarrada en las amarillentas hojas que aún conservo. Soy bastante fetichista y conservo, aunque con bastante desorganización, algunos de los documentos que han significado algo en mi vida. Este es uno de ellos. Cuando ya había hecho la recopilación de elementos probatorios, incidencias y demás particularidades procesales, con el fin de que la Sala tuviera toda la información precisa para decidir, incluí en la exposición una especie de gráfico explicativo del organigrama de los GAL. Siempre he sido muy aficionado a estos esquemas, pues me ayudan a hacerme una idea visual de los asuntos, y entendí que era una buena manera de facilitar la comprensión de lo que estaba tratando de explicar, ante la inmensa complejidad de una investigación hecha sin ningún apoyo oficial y que estaba siendo atacada desde distintos ámbitos, especialmente en ese momento, pocos días después del ingreso en prisión de ambos policías.

Cuando dibujé ese gráfico, primero con bolígrafo y luego en forma impresa, lo hice sin ser consciente de que, mediáticamente, se le daría tanta trascendencia. Al situar una X en lo más elevado del organigrama, sabía que podía identificarse con el supuesto máximo responsable, y de hecho así fue, aunque mi intención nunca fuera esa. Lo que quise plasmar en realidad fue lo que en las ecuaciones matemáticas significa esa letra, la incógnita por despejar, lo desconocido por encima de quienes para mí representaban el eslabón «oficial» más elemental de la trama, un subinspector y un funcionario de la Policía Nacional con dominio del idioma francés.

Muchas veces me he preguntado por el papel de Felipe González en esta materia, sobre todo después de que afirmase en julio de 1988, tras el ingreso en prisión de Amedo y Domínguez, que al Estado también se le defiende desde los desagües. Una afirmación terrible y que, de forma clara, podía entenderse como legitimadora de la «guerra sucia» y, sobre todo, de la utilización de fondos públicos reservados o secretos («fondos de reptiles») para tal fin. Nunca he sido capaz de emitir una opinión definitiva porque siempre lo haría mediatizado por la investigación que realicé.

Por dos veces elevé el suplicatorio a la Sala Segunda del TS para que valoraran la eventual participación del entonces presidente del Gobierno en la trama de los GAL. En la primera ocasión, en el caso Segundo Marey, así lo expuse en julio de 1995, pero la Junta de Fiscales de Sala del TS rechazó por un voto que se le llamara a declarar como imputado. En octubre de 1999, en el caso Oñaederra —el asesinato en Bayona, el 19 de diciembre de 1983, de Ramón Oñaederra por los GAL—, el TS, en su análisis del suplicatorio con los documentos elevados por mí (los llamados papeles del Cesid), rechazó por unanimidad la petición de investigación de aquella célebre abreviatura Pte, que podía considerarse equivalente a Presidente. En este sentido, después de estas dos resoluciones, se debería dar por zanjada —en sentido negativo— la cuestión de la posible participación de Felipe González en la trama, pero aún hay muchos que hacen esa acusación.

El 18 de octubre de 1988, la AN acordó el procesamiento de José Amedo y Michel Domínguez como autores de los presuntos delitos de integración en la organización terrorista GAL; los asesinatos frustrados de Carmen Otaegui, Nagore Otaegui, Frédéric Haramboure, Juan Luis Zabaleta Elosegui y José Cao, que fueron tiroteados en el bar Batxoki de Bayona por José Paulo Figueiredo Fontes, Rogelio Carvalho da Silva y Antonio Jorge Ferreira Cisneros; y el asesinato frustrado de Juan Ramón Basáñez en el bar Consolation de San Juan de Luz, a manos de Figueiredo y Carvalho. También por los delitos de falsificación de documentos y uso público de nombre supuesto. Asimismo ratificó, como en tres ocasiones anteriores, la prisión provisional de los dos policías.

Los mercenarios portugueses contratados por Amedo y Domínguez a través de Jean-Philippe y Antonio José Wolfango Pereira de Macedo, incluyendo también a Mario Correia da Cunha, habían sido juzgados y condenados en Francia y Portugal.

La instrucción continuó durante 1989, respecto del atentado que acabó con la vida mediante una bomba lapa del joven vasco, residente en Francia y que nada tenía que ver con el mundo de ETA, Juan Carlos García Goena.

Las Cartas Portuguesas

Uno de los episodios más esperpénticos vividos durante la tramitación del sumario 1/88 fue el derivado de las denominadas Cartas Portuguesas. En el mes de junio de 1988, en unión del fiscal Gordillo me desplacé a Lisboa para practicar una comisión rogatoria con los mercenarios portugueses que habían tenido relación con los policías Amedo y Domínguez, cuando estos, bajo los nombres de Ricardo y Eduardo, se habían desplazado dos años antes para reclutarlos y trasladarlos hasta Francia, según lo que consta probado en la sentencia condenatoria. Aquella comisión fue exitosa y se identificó a los policías como los protagonistas de los hechos. Después de decretar la prisión el 13 de julio y ser esta ratificada en agosto y septiembre, se urdió una estratagema que buscaba la libertad de ambos, presuntamente con ayuda próxima a su defensa. A tal fin se presentaron unas cartas en las que los mercenarios, en forma sospechosa y claramente irregular, se desdecían de sus declaraciones incriminatorias previas como apoyo para que se acordara la libertad de Amedo y Domínguez. Sorprendentemente, el entonces fiscal general, Javier Moscoso, dio órdenes por escrito al fiscal del caso para que no se opusiera, ante la actitud rebelde de este. La Sala de lo Penal, clara y contundente al respecto, les negó toda posibilidad de salir de prisión mediante el auto de 8 de octubre de 1988.

Los días 13 y 14 de diciembre, acordé la práctica de una nueva comisión rogatoria a Portugal para desmontar aquella estratagema, que, con ser burda, tuvo un gran impacto en la sociedad española. Aunque no en el tribunal. Pero era necesario demostrar lo que había sucedido para prevenir ulteriores estrategias en el momento del juicio oral. Gracias a la excelente colaboración de las autoridades penitenciarias portuguesas, que estaban tan indignadas como yo, conseguimos desarbolar el montaje de las cartas, que a partir de entonces no sirvieron más que para demostrar que la postura de la Fiscalía General era coincidente con la de la defensa, en ese momento, para que ambos policías quedasen libres. Obviamente, a la vista de la carta que Domínguez remitió a Rafael Vera tiempo después, el 27 de octubre de 1993, obtener esa puesta en libertad tenía mucho sentido. Afortunadamente, el Tribunal no cayó en la trampa.

Asesinato de Juan Carlos García Goena

El 24 de julio de 1987 fue asesinado en Hendaya, mediante el estallido de un artefacto explosivo adherido en los bajos de su coche, el ciudadano vasco-español Juan Carlos García Goena, que residía en esa ciudad desde que en 1980 había abandonado España para no hacer el servicio militar. El hecho fue reivindicado por los GAL a través de una nota escrita en francés y remitida a la Agencia EFE de San Sebastián.

El resultado final de la investigación fue complejo. A pesar de la intensa instrucción que se llevó a cabo; a pesar de que todas las incidencias que se desarrollaron de la mano de los imputados que ya estaban en prisión evidenciaban su posible participación; a pesar de las declaraciones de las testigos inculpando a los imputados.

A pesar de la aparición de un personaje, identificado como Alberto Seoane, pero que, en realidad, era Francisco Paesa, quien trabajaba como colaborador para Interior, antes y después, en temas relacionados con ETA como la Operación Sokoa. Otro tema singular fue la entrega, por parte de Julián Sancristóbal y Rafael Vera, de una partida de pistolas Sig Sauer —cuya caja ocultaba un transmisor— para hacerlas llegar a Josu Ternera y la dirección de ETA. El embalaje se encontró en el almacén de entrega en Francia… con el transmisor dentro, mientras que las armas cayeron definitivamente en manos de los terroristas —así lo declararon ante mí Sancristóbal y Paesa en 1995— y se cometieron numerosos atentados con ellas. Entre otros, el que acabó con la vida de la fiscal adscrita a mi juzgado, Carmen Tagle, el 12 de septiembre de 1989 a manos de Henri Parot, que reaparecería luego en la detención del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, para tenderle la celada, previo cobro de una suculenta cantidad de dinero de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Y a pesar de que quedó acreditado el pago de dinero y la manipulación de la testigo María de los Ángeles Balasategui García, conocida como Blanca; a pesar de los firmes indicios de la presunta participación de los policías Amedo y Domínguez, tal como había quedado de manifiesto en mi exposición general del 29 de marzo de 1989, elevada por mí a la Sala el 3 de abril y en el auto de procesamiento de esta, firmado el 29 de junio de ese mismo año, por asesinato, estragos, falsificación, uso público de nombre supuesto y delito contra la Administración de Justicia.

Quiero llegar con todo esto a la sentencia de la Sala Penal de la AN del 20 de septiembre de 1991, con la ponencia del magistrado Agustín Lobejón y la participación como presidente de José Antonio Jiménez Alfaro —quien, tiempo después, sufrió un atentado con una carta bomba en su propio despacho que le afectaría gravemente una de las manos— y del magistrado José Antonio Marañón. Fue absolutoria en este caso, al haberse desdicho Balasategui por diversas presiones que, después de la sentencia, ella misma reconoció que se habían producido en una nueva declaración, ratificando la originaria ante mí y no la del juicio ante mí, pero condenatoria por los atentados en los bares Batxoki y Consolation. A los dos policías se les impuso por estos últimos sendas penas de más de cien años de cárcel.

La decepción

La sentencia, a pesar de ser condenatoria, contenía aspectos preocupantes que suponían un duro golpe en lo que había constituido un importante esfuerzo en la instrucción, para mí como juez y también para la Sala Penal de la AN que, con diferente composición, había emitido los autos de procesamiento a propuesta mía y a la vista de todo lo actuado. Todos los magistrados habíamos mantenido valientemente una visión muy potente contra las acciones terroristas de una organización cuyas vinculaciones con el aparato del Estado eran muy preocupantes, como se constataría años más tarde. Al negar el carácter terrorista de los GAL, contrariamente a lo que había hecho el TS en otra sentencia anterior, y considerar que la financiación de la organización no provenía de fondos públicos, se dejó al Estado fuera y el Ministerio del Interior «salvó los muebles».

La sentencia sería confirmada por el TS, dejando en la incertidumbre no solo las demás investigaciones, sino la propia credibilidad del sistema que, habiendo sido capaz de enfrentarse al fenómeno, parecía que se retraía al fijar el reparto de la responsabilidad, pues solo se añadió la civil subsidiaria del Estado. La afirmación de la sentencia de la AN de que los condenados no habían tenido «ningún propósito de destruir el orden democrático», sino más bien la voluntad de «defender la estabilidad del sistema, aunque por métodos jurídicamente repudiables», para justificar que los GAL no eran terroristas no resiste un análisis serio, especialmente a la vista de lo que hoy en día se considera organización terrorista y elementos terroristas. Delinquir desde el poder, con fondos públicos y amparándose en estructuras oficiales para combatir ilegalmente el terrorismo, no es subvertir el orden democrático, es sencillamente dinamitarlo.

El aislamiento al que se sometió a partir de ese momento a Amedo y Domínguez, que quedaban en una especie de limbo, como si ellos hubieran sido motu proprio los artífices de todo el entramado, y las reiteradas promesas incumplidas de sus superiores acabaron por llevarlos a cambiar de postura. Decidieron colaborar con la Justicia y, a partir del 14 de diciembre de 1994, en sucesivas sesiones, desvelaron ante mí todo lo que habían callado e identificaron a sus superiores que habían participado en otro de los hechos reivindicado por los GAL: el secuestro de Segundo Marey.

La «reapertura» del caso GAL

Piensen que nadie les perdonará que un tema de esta índole se les escape de las manos por INTRANSIGENCIA, serán todos repudiados política, social e históricamente, esa será su cruz. Yo la vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, y aunque se me cargue algo más de peso estoy acostumbrado y curtido. Como ve, ni siquiera me planteo escaparme de rositas, aunque poniendo todo en una balanza, gano mucho más de lo que hipotéticamente podría perder.

No cometan el lamentable error de interpretar esta carta como una muestra de debilidad. Véanlo como el último intento de ser dialogante y sensato en medio de la insensatez.

Michel Domínguez, en esta parte final de la carta que, desde la prisión de Guadalajara, remitió el 27 de octubre de 1993 a Rafael Vera, no intuía que este apenas les podría ayudar porque estaba, de facto, a poco más de un mes de su cese como secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior tras la llegada del ministro Antonio Asunción, después de la dimisión del ministro Corcuera por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley de la patada en la puerta. El escrito de Domínguez descubría lisa y llanamente el profundo enfado de los condenados, a los que, tras prometerles todo, habían dejado «tirados» y absolutamente expuestos. Una vez más, quienes tenían que controlar la situación se olvidaban de una máxima elemental: la vida desde una prisión y con una perspectiva de muchos años entre rejas no es la misma que la de aquel que, con la máxima responsabilidad en los hechos que motivaron la condena, se pasea mientras tanto en vehículo oficial y continúa cargando sus facturas a los fondos reservados. En uno y otro caso, los tiempos eran muy diferentes y las cosas se veían con un color y un perfil muy distintos. Por supuesto, las urgencias son mucho mayores cuando debes dar una respuesta sin disponer de todos los elementos que se requieren para controlar los efectos de la misma.

En todo caso, lo que no habían conseguido esas «amenazas» con Asunción, lo lograron curiosamente con el ministro de Justicia e Interior Belloch. Así, el 26 de julio de 1994, Amedo y Domínguez salieron con el tercer grado penitenciario debajo del brazo.

Mientras tanto, la defensa de los dos expolicías, después de su condena, ejercida por el abogado Jorge Manrique, había iniciado una serie de contactos a diferentes niveles para sondear las posibilidades de una eventual salida de prisión de aquellos, tal como se les había prometido. Cuando fallaron las diferentes opciones, tuvieron que acudir a quienes, hasta ese momento, eran sus peores enemigos: los periodistas, Pedro J. Ramírez y Melchor Miralles, ávidos de lograr una buena historia como la que se intuía.

En mi caso, y a petición de la defensa, en abril de 1993 los recibí tras ordenar antes su traslado y hacerlo, como era habitual, cuando se trataba de personas que estaban especialmente protegidas en prisión —es decir, en un coche policial camuflado—, dejando constancia, como no podía ser de otra forma, de su presencia en el juzgado a través de la orden de traslado y recibiéndolos en mi despacho oficial, en presencia de su abogado, porque querían hablar conmigo para prestar declaración.

Sin embargo, una vez allí, se negaron a hacerlo y trataron de conocer en qué condiciones quedarían si declaraban. Al negarse a narrar los hechos, la diligencia quedó sin mayor contenido y ordené de nuevo su traslado a prisión. Después, en el desarrollo de una errática estrategia para conseguir los beneficios que supuestamente les habían prometido desde Interior, ambos trataron de llamar a todas las puertas. Incluso el letrado habló conmigo más tarde para decirme que estaba muy preocupado por sus clientes y que tenía miedo. Le dije que lo que debían hacer sus clientes era acudir al juez si tenían algo que decir. Recuerdo que en aquel tiempo —durante el cual estuve un año en la actividad política—, al salir de una comparecencia en el Senado como delegado del Plan Nacional sobre Drogas, los periodistas me preguntaron sobre el asunto y respondí que yo era contrario a cualquier indulto para Amedo y Domínguez.

Considero que ambos anduvieron evaluando lo que mejor les convenía. Como después se demostró, sus respectivas esposas serían el vehículo para garantizar el silencio de los policías, que a cambio verían cubiertas sus necesidades con unos cien millones de pesetas (seiscientos mil euros) para cada uno, depositados en Suiza, y el tercer grado penitenciario, conseguido en el verano de 1994. Parecía que el Ejecutivo había conseguido apaciguarlos, aunque el cierre de pagos que se les venían haciendo con Asunción y la no concesión del indulto los seguía incomodando. Se intuía que el «pacto de silencio» al que se habían acogido estaba llegando a su fin.

Vuelvo a «casa»

Después de mi dimisión del Gobierno en mayo de 1994, al reincorporarme al Central 5 me encontré con una importante actividad procesal y muchos asuntos en tramitación. De alguna forma volvía a casa. El 18 de mayo, un año y ocho días después de salir de la Audiencia, regresaba a mi despacho. En ese momento, el caso Segundo Marey no era, ni mucho menos, el más importante en el Juzgado. Por el contrario, otros muchos estaban aguardando con urgencia sobre ETA, Grupos Y, Operación Pelícano de tráfico de drogas, la detención de José Domingo Aizpurúa, alias Pitxas, que propició con sus declaraciones ante mí dieciséis detenciones de presuntos terroristas en España y veinticuatro en Francia.

Recuerdo el asesinato del general Juan José Hernández Rovira en junio de ese mismo año. En medio de la tragedia de su muerte a manos de ETA, se produjo un incidente desagradable en el hospital Gregorio Marañón cuando, en presencia del cuerpo, el entonces ministro de Defensa Julián García Vargas llegó a increparme muy alterado, reprochándome que esas eran las consecuencias de quienes «nos habíamos empeñado en alterar el país». Le contesté: «Señor ministro, usted se está equivocando de objetivo». Supongo que se refería a los escándalos de corrupción que atenazaban a determinadas personas del Partido Socialista y que quizá se debiera al nerviosismo y la impotencia del momento.

En ese momento, el caso Marey seguía la tramitación un tanto mortecina que le había imprimido el juez Manuel García Castellón con el señalamiento de las diligencias de declaración de unos policías que, en 1988, estaban de servicio en la frontera con el país vecino.

Si la memoria no me falla, debió de ser en julio de 1994 cuando recibí la visita del abogado de Amedo y Domínguez, para comentarme que había mantenido diversas entrevistas con el ministro Belloch y el director general de Instituciones Penitenciarias y estos le habían garantizado por escrito, ante la impaciencia de sus defendidos, la obtención del tercer grado para antes del día 30 de ese mes, como en efecto ocurrió. Añadió que en todo caso estaban evaluando la posibilidad de hablar y la forma de hacerlo. Yo le contesté que, si tomaban la decisión, me avisara. También fue por aquellos días finales de julio cuando viajé a Washington con el fiscal Pablo Contreras para coordinar con el Servicio Secreto, en la misma Casa Blanca, la investigación sobre una falsificación masiva de billetes de cien dólares imputable al parecer a autoridades de Irán.

Se ha dicho desde la desinformación y hasta la saciedad que, cuando volví de la política, en venganza por no haber sido ministro reabrí el caso GAL. Esta afirmación es tan simplista como falsa, por cuanto el caso Segundo Marey nunca había estado archivado. Formaba parte del sumario 1/88 (todos los casos de los GAL estaban en él) hasta que se desglosó y pasó a formar una causa independiente. Le correspondió al juez García Castellón, que me había sustituido cuando pasé a situación de servicios especiales por el tiempo que estuve en el Parlamento y como secretario de Estado. Aprovecho para indicar que estuve en ese cargo sin responsabilidad alguna, ni acceso ni uso de fondos reservados, como explícitamente declaró en su día Antonio Asunción y así lo reiteré en el documento correspondiente que se incorporó a la causa seguida en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En la segunda fase (1994-1995) aparecieron datos, como ya he dicho, de que se había pagado con fondos reservados a Amedo y Domínguez, a través de sus esposas, la cantidad de cien millones de pesetas en cuentas de Suiza para que mantuvieran su silencio. Fue entonces cuando saltó el escándalo de los fondos reservados, cuyos contornos y alcance se fueron definiendo con las declaraciones de los diferentes actores de esta siniestra trama y con la declaración de Luis Roldán ante mí sobre el uso y distribución de los mismos en el seno del MI. Con cada revelación crecía la indignación en la sociedad, aunque no faltaron artimañas para evitar que las cloacas se limpiaran y que este dinero se controlara eficazmente para impedir una similar depredación y desvío en el futuro.

En 1995, cuando conseguí demostrar con claridad los pagos realizados con cargo a fondos reservados, la reacción de los afectados y su entorno fue aún más cruenta. Sufrí recusaciones y una querella criminal; entraron en mi domicilio dos veces; envenenaron a mi perra, que perdió un ojo. Redactaron documentos para desprestigiarme, como el Informe Veritas; se interceptaron mis comunicaciones telefónicas. Y pasaron más cosas: hubo un intento de sustracción del sumario del caso Marey; una campaña de desprestigio feroz a través del diario ABC, en su línea de negar la evidencia y la gravedad de la aparente implicación de los aparatos del Estado. Este diario publicó noticias falsas de un supuesto uso por mi parte de fondos reservados en un viaje a República Dominicana, aunque conseguí desmontar de forma fulminante esta infamia, obligándolos a rectificar. Me acusaron de disposiciones de fondos reservados durante la campaña electoral, e incluso en reparaciones en mi domicilio, que exigí fueran investigadas, demostrando su falsedad.

Se fue desvelando que todas estas maniobras y artificios buscaban únicamente acabar conmigo y evitar que continuase la investigación. Fueron tiempos muy duros, pero no hicieron más que afirmarme en que el camino iniciado era el correcto y debía concluirlo en beneficio del Estado de derecho y en la legitimación de la propia independencia del poder judicial en su lucha contra el terrorismo. Como juez, no podía consentir los atajos, las malas praxis, las trampas que habían caracterizado toda una época y que tan solo habían conseguido emponzoñar aquel combate de las fuerzas democráticas.

La Justicia reacciona

Siguiendo la doctrina que la Sala había fijado en abril de 1989 de que no se podían investigar los fondos reservados, Rafael Vera, además de recusarme, presentó en enero de 1995 una querella contra mí en el TS por llevar a cabo tal indagación. Pero al contrario de lo que esperaba, la Sala Segunda desestimó la admisión de la misma y el ponente, que si no recuerdo mal era el magistrado José Antonio Martín Pallín, concluyó: «No, el delito sería no investigarlos». Por su parte, cuando la Sala de lo Penal de la AN fijó la fianza de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) para que Rafael Vera pudiera obtener la libertad de la que yo le había privado en febrero de 1995, expresó de forma contundente y muy dura que lo hecho por aquel había constituido un ataque al sistema constitucional. Es decir, seis años después se retomaba la senda más lógica y coherente con el Estado de derecho que, al final, permitiría la condena de los implicados por malversación de caudales públicos, es decir, por la apropiación indebida de los fondos reservados.

El entonces fiscal general del Estado, Carlos Granados, justificó también la reapertura del caso Amedo y el cambio de postura de la Fiscalía, en aras de los nuevos datos y elementos que se habían incorporado al procedimiento.

El 9 de junio de 1996, en declaraciones recogidas por la prensa, Granados afirmó que había que dejar trabajar a los magistrados sin someterlos a juicios paralelos. Defendió mis actuaciones en el caso GAL, ya que «este magistrado [en referencia a mí], como los demás que instruyen las causas en la AN, está actuando con total imparcialidad en los asuntos que les atañen». Granados añadió que los seis magistrados que integran los Juzgados Centrales de la AN «tienen mi máximo respeto y están realizando su trabajo con total independencia, como hacen el resto de los jueces».

En vista de las acusaciones de que yo había utilizado fondos reservados en mi provecho, tras las cuales se intuía la mano de Vera, presenté sendos escritos ante el fiscal general para que me investigaran si había mérito para ello. La respuesta fue desestimar cualquier atisbo de actuación no correcta en mí. Por ironías de la vida, muchos años después Carlos Granados presidiría la Sala Segunda del Supremo que me juzgó y absolvería por haber intentado investigar los crímenes franquistas y formaría parte de la que entendió la causa de los cursos de Nueva York, finalmente archivada. Difícilmente podía intuir entonces lo que en el futuro me reservaba por cumplir con mi trabajo.

Y… apareció Suiza

Después de la huida de Luis Roldán, Suiza se puso de moda. Catalogada hasta 1994 como «paraíso fiscal», las relaciones con el país helvético nunca habían sido fáciles en términos procesales. Las limitaciones a las investigaciones eran bien llamativas. Hasta el escándalo de Roldán, probablemente yo era el juez español que más relación judicial había tenido con Suiza, como consecuencia de diferentes investigaciones sobre ETA, el tráfico de drogas —como la Operación Nécora y las actividades de Laureano Oubiña—, el blanqueo de capitales por parte del contrabandista Michael Hangi y otras relacionadas con el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar. Eso me había granjeado una fluida y buena relación con mis colegas suizos, específicamente con los del cantón de Ginebra, como el juez Kasper Ansermet o los fiscales Bernard Bertossa y Carla del Ponte. Quizá por ello fui invitado a una reunión de jueces y fiscales europeos en la capital ginebrina a la que también asistió el juez Paul Perraudin.

El seis de septiembre de 1994, unos días después de que operaran a mi hija mayor, María, me desplacé a Ginebra para asistir a ese encuentro. Su objetivo era diseñar medidas y mecanismos para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales, una iniciativa que culminó en octubre de 1996 con el Llamamiento de Ginebra (Appel de Genève). En esta reunión tuve ocasión de conocer a Perraudin y hablar con él. Los jueces ginebrinos son muy reservados por naturaleza y muy pocas veces comparten las investigaciones que adelantan.

En esta ocasión, Perraudin me consultó por varios aspectos del caso Roldán, en el cual ese mismo día había estado atendiendo a la juez española Mercedes del Molino. Por mi parte, aproveché la oportunidad y le pregunté si en sus investigaciones tenía algún dato sobre fondos que pudieran estar relacionados con los funcionarios Amedo y Domínguez, los GAL o el Ministerio del Interior. Respondió de forma lacónica: «Es posible, la investigación es muy amplia». Realmente lo era, como meses después tuve ocasión de comprobar cuando practiqué la comisión rogatoria correspondiente para hacerme cargo de la documentación de las cuentas de las mujeres de Amedo y Domínguez en Suiza.

Si bien no añadió nada más, mi amigo Kasper Ansermet me informó, con referencia al juez Perraudin: «Es muy reservado, de modo que, si te ha dicho eso, es por dos causas: una, porque confía en ti y, dos, porque tiene algo con seguridad». No precisaba más. Hilvané datos, relacionando las diferentes cuentas y depósitos que otras personas del entorno de Interior (como Roldán o Sancristóbal) habían abierto en Ginebra y especialmente el hecho de que Francisco Paesa —diplomático en representación de Santo Tomé en Suiza y al servicio del ministerio español en el caso GAL, en el de las pistolas de ETA y en el de Roldán— estuviese de por medio. De modo que Suiza era el camino más que probable, a lo que sumaba que Michel Domínguez dominaba perfectamente el idioma francés.

Al volver a España, me dirigí al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, competente en el caso Roldán, para que me informara de si había algún dato sobre el objeto de mi investigación (yo sabía que no los había, pues los únicos datos sobre fondos reservados que existían sin relación con Roldán se referían a la Casa Real y quedaron al margen al no guardar relación con lo que se indagaba). Pero tenía que generar la conexión para después poder dirigirme directamente al juez Perraudin, tal como me había pedido, por ser él quien entendía de todos los casos de corrupción relacionados con España y, por tanto, debía expresar en la comisión rogatoria que el cantón director en la práctica de la misma fuera el de Ginebra, y, de ese modo, que aquel asumiera la dirección en la cooperación conmigo.

El hecho de dirigirme expresamente al juez y a Ginebra no fue casual, sino que ocultaba la intención estratégica de generar preocupación en los afectados y su defensa. Estaba claro que podían querer colaborar acusando a otros, pero estaba seguro de que protegerían su «seguro económico». Con este modo de proceder, buscaba obtener la certeza de que estaba en la buena dirección. Debo decir que cuando la defensa me preguntó si tenía datos concretos sobre las cuentas en Suiza, dejé entender que sí.

La estrategia dio resultado y, a partir de ese momento, entendieron que yo sabía lo que había y que iba a continuar adelante. Las amenazas veladas de que podrían abstenerse de declarar no horadaron mi voluntad. Por el contrario, consideré que había que abundar más en la estrategia y, en noviembre de 1994, reactivé el sumario de Mon Bar, relacionado con un atentado cometido en un bar de Bayona así llamado en el que murieron asesinadas cuatro personas. Al parecer, Amedo y Domínguez dejaron de percibir desde ese mes el salario que el MI les abonaba, con lo que estaban en el momento clave para dar el paso definitivo. Me enfrentaba a una serie de movimientos de ajedrez en la que cualquier fallo podía enviarlo todo al traste. La única jugada que no podía desvelar era la de Suiza, por eso me esforcé en que comprendieran que el dinero estaba seguro allí y que solo me interesaban los movimientos que se habían hecho desde el ministerio. Poco a poco fui atando cabos a través de mis conversaciones con la defensa y llegué a la conclusión de que las titulares de las cuentas eran las esposas.

El ataque de los alfiles

En ese punto, a mediados del mes de noviembre el caso se quedó a la espera, al desarticularse el comando Vizcaya y ser detenidos Koldo Martin Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia. Me desplacé a Bilbao en compañía del fiscal Pedro Rubira, la secretaria judicial Natalia Reus y la funcionaria María del Mar. Las declaraciones fueron positivas y se descubrió a otros miembros de la organización terrorista y múltiples hechos delictivos. Recuerdo que hubo un incidente con la declaración de Koldo, que fue reproducida en primera página en el diario El Mundo, al cual alguien se la facilitó desde el ordenador del juzgado de guardia de Bilbao, con el consiguiente enfado por mi parte. Una vez más, y no sería la última, se filtraban datos que redundaban en perjuicio de las investigaciones.

Cuando concluí la investigación preliminar sobre este caso, tuve que viajar a Argentina a impartir unas conferencias sobre el combate de la corrupción. Al regresar, participé en el partido de fútbol contra las drogas que, junto con el exentrenador del Barça, Johan Cruyff, y el periodista Luis del Olmo, habíamos organizado por tercera vez en beneficio del Proyecto Hombre, en este caso en Sevilla. Ya de vuelta en Madrid, cité a Amedo y Domínguez el 16 de diciembre para una primera declaración en la que comenzaron a desvelar datos, que no por intuidos eran menos escalofriantes, sobre el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, a quien tendría ocasión de conocer en el mes de enero siguiente cuando viajé a Bayona a tomarle declaración.

Antes de declarar, ambos me indicaron que temían por su seguridad y habían grabado unas cintas con un relato periodístico para El Mundo. Al parecer, desde el mes de septiembre estaban hablando con el abogado y con los interesados con el fin de contar su participación y la de otros en los casos juzgados y en el de Segundo Marey. Tales grabaciones se realizaron una semana antes de su comparecencia. Recuerdo que, el 10 de diciembre, Pedro J. pidió verme y acepté que viniera a mi casa. En esa conversación, el periodista me dijo que ellos habían acordado los «términos» con ambos condenados y que harían públicas las cintas después de que comparecieran ante el juzgado.

Al respecto, comprendí que no podía hacer nada y que me traería complicaciones, de modo que tan solo le pedí (no me dijo que estuvieran en plena grabación) que no «reventaran» el sumario. Desde ese momento fui consciente de que mientras las declaraciones fueran las de Amedo y Domínguez, los periodistas irían por delante de mí. Precisamente por esta razón no quise saber nada de lo que hicieran desde el periódico, asumiendo los ataques que recibiría, como aconteció, desde el Gobierno, que, gratuitamente, me hacía responsable de las filtraciones. Esto fue así hasta que ya no tuvieron más material disponible facilitado por los policías. Si se analizan las fechas, se comprobará cómo, una vez terminada la serie de grabaciones, pasaron a informar sobre lo que sucedía como el resto de los demás periodistas. Ni un solo dato salió del juzgado a ese fin. Por el contrario, como tendría ocasión de comprobar, hubo numerosas maniobras desde el Ejecutivo y en el ámbito de los demás imputados para conseguir que la instrucción se anulara y, así, apartarme de la misma a toda costa.

Con el ataque de los dos alfiles, encarnados por Amedo y Domínguez y sus declaraciones del 16 de diciembre, se inició una carrera frenética y contra reloj en la que cada segundo contaba y en la cual se iban a poner en liza todas las fuerzas posibles para detener la investigación. La confrontación no era menor. Por una parte estaban el juez y el fiscal, aunque este se mostraba bastante pasivo por las instrucciones recibidas, con lo cual, a la instrucción debía añadir el convencimiento del fiscal jefe, para que él hiciera lo propio con el fiscal general; por otra, todo el aparato oficial del Ejecutivo. En siete meses y diez días —del 16 de diciembre de 1994 al 26 de julio del año siguiente— se instruyeron los casos Batxoki y Consolation, por los que estaban condenados Amedo y Domínguez, y el secuestro de Segundo Marey, en el que fueron entrando diferentes funcionarios, que iban desde los policías que habían trasladado al secuestrado y los que lo habían vigilado a los que habían ordenado el hecho y sus cómplices. Es decir, toda una gama de lo más «selecto» del Ministerio del Interior, con quien había sido el ministro a la cabeza.

En el tiempo, para garantizar la seguridad de los dos expolicías, dicté un auto en el que expresaba la necesidad de medidas de protección, incluida la libertad, que fueron atendidas por la juez de vigilancia penitenciaria, con la oposición del fiscal. Salieron de la cárcel, en donde corrían evidente riesgo, y los sometí a protección policial permanente. Asimismo, logré que sus mujeres declararan para poder identificar los números de las cuentas suizas en las que tenían depositados los fondos que Interior había proporcionado a lo largo del tiempo de prisión, y cuyos fajos de billetes habían sido transportados en maletines hasta Ginebra para su ingreso en cuentas cifradas. Además de la incautación de esas sumas, ordené la declaración de Segundo Marey y la práctica de los exámenes periciales, en los que hasta un total de siete expertos nacionales y extranjeros certificaron la autoría de la expresión los implicados que aparecía escrita a mano, con letra de Julián Sancristóbal, en el documento de reivindicación del secuestro que, cautamente, los dos policías habían guardado desde aquel lejano diciembre de 1983. A todo esto había que añadir las declaraciones, hasta un total de trece por cada uno, más las de las esposas y las de los demás imputados, que primero negaron —todos— los hechos, después los aceptaron y, finalmente, colaboraron: Julián Sancristóbal, Ricardo García Damborenea, Francisco Álvarez Sánchez, Miguel Planchuelo, Julio Hierro Moset, Francisco Saiz Oceja, Luis Hens Serena y Juan Ramón Corujo Rodríguez. Más las recusaciones de Juan de Justo y Rafael Vera, que además interpuso una querella; un viaje de veinticuatro horas a Ginebra para hacerme con la documentación bancaria que acreditaba el depósito de más de trescientos millones de pesetas (1,8 millones de euros), incluidos los intereses; la cooperación con la policía ginebrina; la investigación de los fondos reservados; la contestación a los ataques de la prensa… Y, por si fuera poco, desmontar las artimañas del Ministerio del Interior y Justicia y de su máximo responsable en esos momentos.

La «colaboración» del señor ministro

Recuerdo cómo se fraguó y de qué manera se obligó a José Antonio Martínez Soler, responsable de los informativos de las tres de la tarde en TVE, a emitir una cinta grabada en la prisión, a instancias del ministro, por Julián Sancristóbal, denunciando una supuesta conspiración entre Pedro J. y yo, además de otras lindezas, que después se descubrieron falsas. Todo con la intención de preconstituir una supuesta parcialidad en la investigación, atribuida a la «venganza» del instructor por no haber sido ministro. La única calificación que se me ocurre, y que ya utilicé en aquel momento, es la de vergonzoso. Que los responsables de la Seguridad del Estado se rebajaran a la labor de acabar con un juez que estaba cumpliendo con su obligación indicaba la altura moral de aquellos.

La construcción de toda una apariencia que llegó hasta inventar denuncias y actividades falsas, y la elaboración de un informe con fondos públicos son una muestra del negativo índice moral que existía en esa parcela del Gobierno y en quienes la apoyaban. Se llegó a constituir un grupo especial al mando de un inspector de policía traído al efecto desde Barcelona para buscar «mierda» en mis actividades. Incluso dijeron que formaba parte de una supuesta mafia policial, y así se hizo constar en el Informe Veritas. Posteriormente a lo largo de los años, todos y cada uno de los policías que participaron en ese grupo fueron pasando por mi despacho para pedirme disculpas y contarme cómo las órdenes de esta actividad ilícita habían emanado de las más altas esferas de responsabilidad en el Ministerio de Interior y Justicia.

Este era el ambiente, sin duda agotador, en el que se desarrollaba la investigación del caso Segundo Marey. Sin olvidar los ataques constantes de José Barrionuevo —que se amparaba en su condición de aforado para intentar evitar así que la investigación avanzara e impedir la acumulación de indicios contra él y otros responsables del PSOE, con el responsable máximo del Gobierno a la cabeza— y de algunos medios de comunicación más atentos a defender la impunidad que a la necesaria depuración de las ilícitas prácticas policiales.

Juez «estrella»

Hay estereotipos que, una vez se acuñan, quedan indeleblemente marcados. El de los denominados jueces estrella es uno de los más connotados y falsos.

He conocido a muchos jueces y juezas en la vida pública y en la judicial que afirman que no les gusta la popularidad y luego realizan verdaderos malabarismos para estar en primera línea. Eso lo viví durante el tiempo que estuve en política, cuando observaba las carreras que se daban algunos diputados para «encontrarse» con periodistas y así salir en cualquier medio informativo emitiendo cualquier opinión. He visto lo mismo en la AN, en el caso de aquellos jueces y fiscales que hacen lo posible porque se publique lo que opinan o informan, pero advirtiendo que no quieren que su nombre aparezca, o filtrando información sesgada u objetiva, pero a escondidas, con lo cual demuestran su interés en el medio y en la publicación de esos datos, al tiempo que su vulnerabilidad frente a este, a partir de ahí, es total. Igual que aquellos abogados que para que sus opiniones sean valoradas y se publiquen los datos que les interesan incluyen a los medios de comunicación en su estrategia de defensa.

Es un hecho que todos tenemos una cuota de vanidad más o menos elevada, la única diferencia está en reconocerlo o no. Y asimismo, casi todos tienen una agenda específica, especialmente aquellos que disponen de un medio o un periodista «de cabecera». En mi caso, son muchos los defectos, pero entre ellos no se encuentra el de mendigar la atención de los medios de comunicación. Los respeto y siempre he procurado facilitar su labor, entendiendo la información como un derecho necesario en una sociedad democrática y en la que la comunicación se extiende por todos los ámbitos de forma libre y abierta. En este sentido, he estado siempre en contra de la filtración interesada, guiada en la mayoría de las ocasiones por perversas intenciones.

Buscar determinados objetivos mediante la falsedad, la trampa o la destrucción de un procedimiento penal me ha parecido siempre aberrante. Como también el ceder a la presión mediática o decidir en función de la noticia o la línea de opinión. En nuestro país, hay verdaderos constructores de opinión que tratan de influir en resoluciones de cualquier índole (política, social, empresarial, económica, financiera, jurídica o judicial), y está bien que sea así, salvo cuando se hace con la intención preconcebida de alterar el curso normal de las cosas. Por ejemplo, publicar un documento para permitir una acción externa que dañe el proceso judicial.

Quienes tildan a algunos jueces de megalómanos, o de tener una tendencia malsana a la publicidad, olvidan que todas estas investigaciones se desarrollan durante meses o años de forma callada, constante, acumulando múltiples datos y elementos que conducen a consolidar la investigación y, cuando ya está ultimada, se procede a la última fase en la que se hacen públicas las acciones de instrucción. Es en ese momento cuando, al trascender, los medios se interesan en el caso si este lo merece y, a partir de ahí, ponen cara a la investigación. Es decir, un juez sensato procura hacer la instrucción lo suficientemente consistente para que la causa no se desmorone después.

No es cuestión de presumir o alardear, pero la labor que se hizo en aquellos años —sin medios que la facilitaran— para comenzar, desarrollar y consolidar la investigación de la criminalidad organizada fue absolutamente meritoria y, gracias a ella, desde hace tiempo podemos afirmar que el sistema de investigación policial y judicial del crimen organizado o el terrorismo en España es uno de los más avanzados del mundo. Este mérito corresponde a muchas personas, pero la pena es que, en nuestro país, la tendencia a destruir y no valorar lo que se tiene es muy frecuente y está mucho más extendida que la capacidad para reconocer cualquier logro. Por tanto, este libro —con la cara amable de unas viñetas que lo hacen menos árido— es un buen sitio para llevar a cabo esta reivindicación profesional.

Filtraciones interesadas

Recuerdo la filtración al diario El Mundo de la declaración de Ricardo García Damborenea, prestada ante mí el 20 de julio de 1995, con motivo de la comparecencia de Felipe González el 26 de ese mismo mes en el Congreso. Según me confesó Pedro J. Ramírez, fue el ministro Belloch quien le dio el documento, que a su vez lo había recibido del fiscal general Carlos Granados, este del fiscal jefe de la Fiscalía de la AN, José Aranda, y este del fiscal Rubira, que había tenido acceso a la única copia de la declaración. Ante la previsión de lo que podía suceder por el contenido explosivo de la misma, en la que, por primera vez, se señalaba de forma directa, explícita y contundente a Felipe González como la X de los GAL (lo haría en varias declaraciones más), tomé cautelas para que no hubiera posibilidad de imputar esa filtración al juzgado.

Gracias a esta prevención, se evitó la correspondiente denuncia. El objetivo de la filtración era permitir que el presidente González pudiese utilizar en su beneficio (por la confusión de fechas en la declaración y la rueda de prensa) un documento judicial que no podía referir —a pesar de que lo conocía por Belloch— porque el sumario era secreto. Inmediatamente, la acusación de que yo había sido el autor de la filtración no se hizo esperar y, con ella, se cuestionó el desarrollo de mi labor judicial. Poco importó que yo no diera ni una sola entrevista, ni hablase, ni facilitara información o que sufriese las consecuencias de las filtraciones. Esta afirmación se retroalimentaba de forma permanente, generando espacios que, por más que no tenía un papel activo en ellos, se volvían en mi contra. Fueron malos tiempos.

Tampoco puedo pasar por alto otra de las imputaciones permanentes que se me hicieron, referida a la supuesta filtración de información a los medios. Esto me llevó a ser objeto de varias denuncias con ánimo intimidatorio, perfectamente construidas a sabiendas de su falta de consistencia. Y en ese marco se encuadra la filtración de la declaración judicial de Damborenea.

No quiero hacer demasiadas valoraciones sobre estos hechos, pero sí considero necesario salir al paso de aquellas opiniones y de quienes, desde diferentes ámbitos, justificaron y justifican, comprenden o aceptan este tipo de acciones porque se refieren a terroristas o delincuentes o porque piensan que quienes estaban implicados en ellos prestaron «grandes servicios» al país. El servicio público se justifica en sí mismo a favor de la ciudadanía desde la legalidad y el respeto al Estado de derecho, y ninguna razón es suficiente para quebrantarlo. Pero es que, además, nada de lo que hicieron aportó nada positivo a España y a los españoles.

El cinismo de no asumir la barbaridad de los GAL dice muy poco de quienes justificaron sus acciones. El que así actuó y, posteriormente, no reconoce la maldad de su acción merece el reproche permanente de la sociedad, y está inhabilitado para dar lecciones éticas en una sociedad democrática. Insisto: al Estado se le defiende desde el Estado de derecho y no desde las cloacas, porque incluso en estas debe regir aquel. Nada de lo que se hizo con los GAL contribuyó a mejorar la lucha contra el terrorismo, fue una absoluta barbaridad que aún estamos pagando en forma de falta de legitimación a la hora de abordar la confrontación con él. El tufo de impunidad que se imprimió a los GAL es el mismo que se aplicó a la corrupción y a otros ámbitos hasta que se impuso la necesidad del juego limpio.

Febrero de 1995

En lo que se refiere a la investigación de los GAL, el mes de febrero de 1995 fue especialmente duro. A esas alturas, yo había acumulado bastante material a partir de las declaraciones de los dos policías condenados, pero no era suficiente para avanzar con seguridad. Y ahí resultó esencial el aporte de la documentación de las cuentas que las esposas de Amedo y Domínguez tenían en Suiza. Poco a poco se perfilaba con más nitidez la clara relevancia de quien, hasta el momento de su cese por Antonio Asunción, Rafael Vera, había sido el máximo responsable de la seguridad del Estado.

Vera era un hombre correcto y educado, que entendía y justificaba todo en aras de la defensa de la seguridad del Estado. Los límites no existían. El uso y apropiación del dinero público, como quedaría demostrado en sentencia firme, era el que tenía que ser, según su sola voluntad. Aun hoy en día, defiende esa peculiar visión, reconociendo a la actuación de los GAL cierta relevancia en la lucha contra el terrorismo.

Lo curioso es que hasta que pasé a la actividad política no manifestó discrepancia alguna en mi contra, pero intuyo que pensó que, con aquella decisión, yo podía limitar su omnímodo poder. Ahí comenzó una extraña actuación de acoso y derribo demasiado cutre, de la que no fui consciente sino tiempo después, una vez regresé a mi juzgado.

El cerco comenzó con el caso Ucifa en 1992 y continuó con el de Monzer Al Kassar, abierto por la posible implicación de este traficante sirio en la venta de armas en el secuestro del Achille Lauro y la sustracción de documentos —unas minutas manuscritas— de mi despacho para utilizarlos en una querella contra mí. Esta querella, al perecer, estaba auspiciada por el abogado del comandante Pindado (si no recuerdo mal), de Al Kassar y de Vera, el catedrático de Derecho Penal Manuel Cobo del Rosal. Prosiguió con la explícita oposición a que yo pudiera asumir responsabilidades en Interior, como era la intención del nuevo ministro Asunción; con la filtración del supuesto uso de fondos reservados por mí en la campaña electoral, teoría a la que se sumó años después Alfonso Guerra y que, de ser cierta, que no lo es, debería haber acarreado responsabilidades para ellos. Por mi parte, lo que sí hice, como ya he comentado, fue dar parte del hecho al fiscal general Carlos Granados (aún tengo la copia de esas denuncias) para que investigara y exigiera responsabilidades; como también lo hice para que indagara los fondos con los que se habían cubierto las obras de seguridad de mi domicilio, sabiendo yo, porque el ministro Asunción me había entregado los respectivos expedientes a petición mía, que la adjudicación y el importe de esas obras habían sido aprobados y publicados en el BOE, con lo cual era clara y grosera la falsedad.

Sus acusaciones desesperadas contra mí a lo largo del proceso de los GAL surtieron efecto, al llevar al ánimo de algunos colegas la «realidad» de un enfrentamiento mío con Rafael Vera. Nada más alejado de la verdad. Jamás tuve el más mínimo roce con él. Tampoco tuve contacto con Vera durante el tiempo en el que fui secretario de Estado, más allá de un par de reuniones a las que él asistió como secretario de Estado de Seguridad y yo como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Previamente, nuestra relación había sido nula en la primera fase de mi trabajo en la AN hasta el asesinato de Carmen Tagle, ocurrido el 12 de septiembre de 1989. En ese momento de dolor, tuvimos una reunión con Vera para establecer cuáles serían las condiciones de seguridad de los jueces y fiscales de la AN. Su promesa de ofrecernos más protección fue sincera y se tradujo en la dotación de vehículos blindados y escolta para todos, pues, hasta ese momento, solo el presidente de la Audiencia, Carlos Bueren, y yo la teníamos. Una vez que llegaron los escoltas, costó más trabajo conseguir condiciones dignas para ellos, porque se veían forzados a dormir en coches, en la calle y tirados en unas condiciones penosas que les impedían hacer correctamente su trabajo. Yo negocié con Vera una mejora inmediata. Este tema no le interesaba mucho al secretario de Estado para la Seguridad, si bien conseguí que lo asumiera por tratarse de la AN. Para centralizar el pago de dietas y gastos, se acordó que fuera la secretaria personal del entonces presidente, Rafael Mendizábal (poco después, se iría al Tribunal Constitucional), quien centralizara los pagos y su documentación por la especialísima relación que Vera tenía con su jefe. Por supuesto, nadie de la AN tocó ese dinero remitido por la Secretaría de Estado para el pago de las dietas de los policías de Interior que prestaban servicio en ella. La obligación de Vera era la de contabilizar esos fondos de acuerdo con la ley, si bien después se comprobó que no era algo que le preocupara demasiado.

Una particular obsesión

Vera estaba obsesionado con captarme como uno de los jueces de su entorno. Debo decir que en lo tocante a seguridad siempre he tenido una máxima: el responsable de esa seguridad, porque sabe o debe saber por su oficio quién o quiénes la necesitan y en qué grado, es el que debe decidir las medidas que corresponden. Nunca he solicitado que pusieran, ampliaran o reforzaran mi seguridad ni la de mi familia. Es más, cuando en enero de 1995 solicité que suprimieran mi escolta, la secretaria de Estado, Margarita Robles, se negó. Así, cuando Vera, a instancias de Carlos Bueren y después de la Operación Nécora contra el narcotráfico, decidió reforzar las medidas de seguridad de mi domicilio, incluida la instalación de cámaras de vigilancia, no hizo sino cumplir con su obligación de proteger a un funcionario judicial expuesto. Y si no lo estaba, debería haber evaluado y negado esa petición del juez Bueren. En cualquier caso, por los temas que yo llevaba y la incidencia en los ámbitos en los que penetraba, así como por las informaciones que el secretario debía manejar sobre diferentes organizaciones terroristas o de crimen organizado, la medida estaba justificada.

En otra ocasión, la aproximación fue mucho más sibilina. Como Vera sabía que mi relación con el abogado Íñigo Iruin era fluida y correcta, al margen de su posición procesal como defensor de miembros de ETA, me utilizó para aproximarse a él. Su intención era que yo posibilitara una reunión con Iruin y, de esa forma, aproximar posiciones después de la ruptura de las negociaciones en Argel. Lo hice, y la reunión, si no me confundo, tuvo lugar en un restaurante de las afueras de Madrid, en la carretera nacional I, al que solían acudir responsables políticos de Interior. Rafael Vera quiso que yo asistiera a esa reunión, a lo que me negué.

En otras ocasiones, Vera intentaba su acercamiento facilitándome los vehículos de protección más potentes, incluso cediéndome —si se producía una avería— el que tenía para su uso personal, u ofertando todos los medios de que disponía el ministerio para nuestra protección. También eran habituales las corbatas y relojes que enviaba como presentes a los jueces y fiscales de la AN e imagino que a otros muchos lugares. No era un gasto menor, dado su volumen de «compromisos». Jamás acepté uno de estos presentes. Me parecía impropio de una relación entre instituciones.

Por no hacer interminable el relato, tengo bien presente cómo actuó el secretario de Estado cuando, en 1992, y a consecuencia del aumento de riesgo por las investigaciones que llevaba, me llamó a su despacho y me expresó su «preocupación» por el hecho de que me exponía demasiado como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Estaba convencido, me dijo, de que debía abandonar las aulas. Y puesto que eso me supondría una pérdida económica, se ofreció a cubrirla, como hacía con otros colegas, mediante remuneraciones (llegó a decirme incluso la cantidad) por dar clases a policías y guardias civiles. Le agradecí la deferencia, pero le indiqué que no era una cuestión económica (lo que cobraba como profesor asociado era una cantidad simbólica), sino que impartía clase porque me gustaba y lo haría gratuitamente si así me lo pidieran. Con todos los acontecimientos posteriores, comprobé que todas estas maniobras iban dirigidas a cooptarme y tenerme sujeto ante cualquier eventualidad. Lo más grave es que todos estos dispendios, aprovechamientos personales y otras triquiñuelas se hacían por quienes tenían la obligación de garantizar nuestra seguridad y emplear esos fondos en protegernos, no en cubrir, con su excusa, un estatus fuera del rigor del servicio público.

El desastre de los fondos reservados en Interior debía ser importante, porque, según me comentó el ministro Asunción, se encontró vacía la caja fuerte en enero de 1994, y como comprobó cuando consiguió que el exsecretario le facilitara la clave de acceso a esta, lo cual no fue tarea fácil al parecer. Hasta tal punto era así que, cuando llegué como secretario de Estado ese mismo mes, la encargada de las relaciones públicas del ministerio me preguntó qué hacía con un millón de pesetas (seis mil euros) que se había encontrado en un cajón. Le contesté que lo entregara en la Secretaría de Seguridad, vacante en ese momento.

Intentaron atacarme también mediante intoxicaciones mediáticas referidas al supuesto uso y disposición por mi parte de fondos reservados para vacaciones y viajes. Primero, se insinuó que había ido a esquiar a Granada con cargo a esos fondos, hasta que demostré que las facturas las había pagado mi mujer con cargo a la cuenta bancaria conjunta. Otra de las trampas que me tendieron estuvo relacionada con un viaje familiar a la República Dominicana. En aquel momento Vera me ofreció protección porque vivían en la isla miembros de ETA y podía haber riesgo para mí. La protección consistió en dos policías dominicanos de escolta a los que tuve que pagar todos los gastos. En ese ataque, publicado en «exclusiva» por ABC a primeros de febrero de 1995, como ya he comentado, para que incidiera en el curso de la recusación y querella planteada por Vera contra mí y evitar así su declaración, se incluyó el pago del alquiler de una avioneta, alterando el documento que la policía dominicana había remitido. Gracias al cambio horario, a la persona responsable de las relaciones públicas de la cadena hotelera y a los directores de los hoteles en los que me había hospedado, pude demostrar la falsedad y que todos mis gastos habían corrido de mi cuenta.

A esas alturas lo único que buscaba Vera, recurriendo a todas las malas artes utilizadas por años, era evitar su comparecencia para declarar como imputado en el caso Marey. Todas sus artimañas fracasaron y, finalmente, declaró ante mí el 16 de febrero (curiosamente, el mismo día de mi toma de posesión en 1988). A continuación, decreté su prisión provisional incondicional en el centro penitenciario de Alcalá Meco hasta el 13 de julio (el mismo día que Amedo y Domínguez ingresaron en prisión en 1988). Abandonó la prisión a las cuatro y media de la tarde de ese mismo día, después de que Francisco Fernández Marugán, secretario de Administración y Finanzas del PSOE, depositara un aval bancario de doscientos millones de pesetas (1,2 millones de euros) en la AN. El Tribunal que resolvió el recurso de Vera consideró que la conducta del exsecretario de Estado encerraba «un grave ataque al sistema constitucional».

Al hilo de estos hechos, y para resaltar la diferencia de trato con el secretario de Seguridad con relación al pago de la fianza, recuerdo una anécdota referida a la prisión de otro de los imputados, el comisario Julio Hierro Moset, un funcionario querido por sus compañeros, que intentaron por todas las vías pagar la fianza que yo había impuesto a pesar de que no era una cantidad baladí. Sé que acudieron a la Secretaría de Estado pensando que se haría cargo del pago para ponerlo en libertad, pero la titular, Margarita Robles, no aceptó. Tengo entendido que llegaron a llamar incluso al portero automático de la casa del director de la Policía, Ángel Olivares, quien también dijo que no. Existía un límite horario y recuerdo la llamada de los funcionarios suplicando prórrogas para conseguir reunir el dinero. Me parece que las vías por las que lo consiguieron no fueron precisamente las gubernamentales, sino un aval personal de Caja Madrid a la esposa del comisario. En la Policía no era plato de gusto que se encarcelase a funcionarios del cuerpo por el tema de los GAL. Y yo, el juez, estaba en el punto de mira de la crítica. Pero, aun así, muchos funcionarios reconocieron que, tal y como estaba la investigación de ese asunto, parecía el camino más correcto.

La prisión de Vera y la jugarreta de la prensa

Mientras elaboraba el auto de prisión de Rafael Vera, sucedió un episodio enojoso de la mano de un par de periodistas. La prensa me ha puesto en apuros en muchas ocasiones, incluso lo han hecho profesionales con los que me llevaba bien. Pero tengo en mente la tremenda complicación que se organizó a causa de la Cadena SER, y —por lo que ahora sé, muchos años después— con la colaboración más o menos involuntaria de Txetxo Yoldi, el especialista en tribunales del diario El País entonces, la misma noche en que ordené el ingreso en prisión de Rafael Vera.

Acababa de tomar declaración al secretario de Estado de Interior y era ya muy tarde, en torno a las once de la noche. Al concluir la misma, ordené que Vera fuera trasladado a la cuarta planta, donde la policía judicial tenía en aquella época un par de despachos para los inspectores, para que aguardara hasta que estuviera redactado el auto de prisión y así poder notificárselo. El jefe disponía de un despacho más grande. Tenían un televisor, una radio… A las once y media de la noche, instalaron a Vera allí como deferencia para no tenerlo en el calabozo.

A partir de las dos de la tarde los medios de información no podían estar en el vestíbulo. Pero, al parecer, Txetxo Yoldi decidió realizar una pequeña incursión y aprovechó que unos bajaban y otros subían para colarse hasta la segunda planta. De pronto, vi horrorizado como alguien entraba en mi despacho.

«¿Y tú qué haces aquí?», le dije.

«Joder, pues para ver qué va a pasar», me contestó con toda desfachatez.

«Lárgate inmediatamente, ¡lárgate!», le repliqué mientras lo echaba.

No sé qué escuchó Yoldi en el rato que estuvo por los pasillos, o quizá alguien le diera la información sin saber que era un reportero. Tenía mucho descaro, entraba recto por la puerta, muy serio, y todo el mundo creía que era abogado. Decía «buenos días», con gesto adusto, y nadie le paraba. No me extrañaría nada que hubiese averiguado por ese método lo que estaba ocurriendo. Lo que sí he podido saber es que, al salir del edificio, se encontró en la calle a otro buen periodista, Javier Álvarez, de la Cadena SER.

Reconstruyo la escena entre ambos. Javier Álvarez estaba transmitiendo en directo desde la puerta del edificio. Sería ya la medianoche y en la radio se escuchaba: «Tenemos a Javier Álvarez en directo a la puerta de la AN…». El periodista decía: «Está Rafael Vera arriba…». Y, al parecer, Yoldi pasó en ese momento y susurró a su colega una sola palabra: «Meco».

El discurso en la SER continuó así: «Podemos confirmar en este momento que Rafael Vera va a la cárcel de Meco porque el juez Garzón lo ha decretado». He tardado mucho tiempo en comprender por qué lo haría Yoldi, pues tenemos la idea de que los periodistas guardan celosamente sus exclusivas. Pero ahora lo entiendo: en aquel tiempo El País no tenía página web y su edición impresa no saldría hasta el día siguiente, de modo que, a fin de cuentas, Yoldi estaba facilitando una primicia a la cadena hermana.

Mientras tanto, en la cuarta planta, Rafael Vera escuchaba la SER en el despachito de la policía judicial. «¡Pero esto qué es…! ¡Antes de enterarme yo, se enteran estos…!», bramó. Fue un trastorno terrible y hubo que investigar de dónde había partido la filtración. Lo cierto es que yo estaba muy desconcertado, pero también sabía que me las tenía con un profesional excelente. Javier Álvarez sabe sacar información de debajo de las piedras, tiene una tremenda capacidad para obtener noticias.

Primero pensé que se le había escapado de forma inocente a algún policía. Después, que cuando dimos la orden —«Preparen la conducción porque dentro de una hora hay que llevar a este señor a Alcalá Meco»—, algún agente pudo repetirla. No tenía idea de que esa información la había obtenido Yoldi y que él la había transmitido a Álvarez. Y lo cierto es que cuando hablamos de ello en nuestras siguientes conversaciones ni se me pasó por la cabeza. Por supuesto, él no dio ninguna pista. Más aún, en el momento de escribir estas líneas, no sabe que lo sé. Ya lo leerá.

Lasa y Zabala

Debió de ser a finales de enero de 1995 cuando el fiscal Ignacio Gordillo bajó a mi despacho y me pidió que recibiera a un comisario de policía de Alicante que quería contarme algunas cosas del caso Lasa y Zabala, que en esos momentos se instruía en San Sebastián. Acepté recibir al policía, más que nada porque él quería verme y, por mi parte, para escuchar lo que quería contarme. La verdad es que era un poco escéptico con el tema, pero le recibí. El fiscal Gordillo se marchó inmediatamente y, a partir de ahí, Jesús García García comenzó a narrar un relato que, en ese momento, me pareció inverosímil, aunque había algo que me atraía de la historia:

En 1985 cuando aparecieron en Busot unos restos humanos sin identificar, yo era comisario jefe de un grupo contra la delincuencia. El forense Antonio Bru, amigo mío, me contó que los dos cadáveres encontrados tenían signos evidentes de haber sido torturados, probablemente para sacarles información, tenían las uñas arrancadas y los pulgares aplastados, y, además, llevaban vendas en los brazos y las piernas, estaban amordazados y con cinta aislante en los ojos.

Me quedé en silencio tratando de ordenar mis ideas, teniendo en cuenta la situación en la que me hallaba, en medio de la vorágine de la investigación del caso Marey. Jesús García continuó:

Junto a los cuerpos había un casquillo de 9 milímetros Parabellum, marca Geco, igual a los que habían aparecido en los casos de Ramón Oñaederra, en diciembre de 1983, y de Vicente Perurena y Ángel Gurmindo, en febrero de 1984.

Ante tal historia, le hice varias preguntas para cerciorarme de lo que me estaba contando y de que no había trampa en la narración. Mientras estábamos hablando, recordé que el periódico Sud Ouest podía tener información de la desaparición de Lasa y Zabala y, sin pensármelo dos veces, llamé al reportero que había cubierto mi visita a Bayona el mes anterior, cuando fui a recibir declaración a Segundo Marey. Le pedí que me enviara unas fotos de ellos dos (todavía guardo una copia del fax que me envió al juzgado) para hacer la comparación con las imágenes de los cráneos que me había entregado el comisario, sin levantar sospechas, ya que la situación era sumamente delicada y cualquier error podía determinar la reacción por parte de quienes estuvieran implicados.

Una vez que tuve las fotos en mi poder, las comparé con los cráneos de las personas que habían aparecido en Busot y comprobé que, a simple vista, eran compatibles por la forma y volumen. Realmente, en ese momento, no sabía qué hacer porque el asunto competía a San Sebastián, en concreto al juez Fernando Andreu, y me parecía demasiado asumir en ese momento también la investigación por su conexión con alguno de los sumarios de los GAL que se tramitaban en el juzgado. Recordaba que ese asunto ya había estado en la AN y lo había devuelto al juzgado de origen, el Central de Instrucción número 1, por lo que sería este el que, en su caso, debería asumir la competencia.

La sospecha de que el grupo del general Enrique Rodríguez Galindo, desde el cuartel de Intxaurrondo en San Sebastián, estaba detrás del caso era muy intensa. Esa percepción se había obtenido gracias a algunos datos que la Unidad de Contrainteligencia de la Guardia Civil —que dirigían el coronel López y el capitán Hernández del Barco, los cuales habían trabajado conmigo en el caso Ucifa— me había transmitido en el marco de la Operación Arca de Noé, referida a las presuntas actividades ilegales en las que habrían participado algunos funcionarios de aquella comandancia.

En este contexto, decidí acudir al abogado de las familias de Lasa y Zabala, Íñigo Iruin. Aprovechando una visita a la AN, hablé con él y le conté lo que estaba haciendo, y en qué forma podía ayudarme a saber si los restos de Alicante eran los de ambos desaparecidos. Acordamos que el forense Francisco Etxeberría hiciera ese trabajo y él se encargó de contactarlo.

Una vez que ya se tuvo la certeza y con ocasión de una reunión en la Fiscalía de la Audiencia al asumirse la competencia, pasé a saludar al forense, al abogado y a la familia de los dos jóvenes vascos torturados y asesinados en 1983. Los dejé con el fiscal Gordillo, que de esa manera estaba en la senda que definitivamente llevaría al descubrimiento de los autores de los hechos. Así aconteció con la investigación del juez Gómez de Liaño, que se incorporó el 9 de abril de 1996 al Juzgado Central de Instrucción número 1, y la sentencia de 27 de abril de 2000 que condenó al general Enrique Rodríguez Galindo; al exgobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga; al teniente coronel Ángel Vaquero, y a los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo. A todos ellos se los consideró autores de un «plan compartido» que consistió en secuestrar en Francia, en octubre de 1983, a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, trasladarlos a España para interrogarlos y, finalmente, asesinarlos y hacerlos desaparecer. Las penas oscilaban entre los sesenta y siete y los setenta y un años de prisión. El tribunal absolvió al exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y al abogado vinculado a Interior, Jorge Argote, del delito de encubrimiento del que habían sido acusados.

Durante el juicio y antes de la sentencia, en concreto en la sesión del 14 de enero de 2000, el comisario Jesús García —la persona que consiguió que se identificara a las víctimas y que me había dado la información que abrió la puerta al esclarecimiento de los hechos— falleció de un paro cardiaco en la misma sala de la AN mientras declaraba. El destino quiso que yo estuviera de guardia y, de esta forma tan imprevisible, volví a encontrarme con este valeroso funcionario en la triste situación de levantar su cadáver. El ejemplo de profesionalidad que dio este hombre es el lado positivo en esta macabra historia en la que unos individuos quebrantaron todos los códigos éticos y las normas legales que los obligaban a perseguir el delito y se convirtieron en criminales que pusieron en riesgo el propio sistema democrático recién conquistado. Ninguna justificación existe para tal actuación en un Estado de derecho.

La exposición razonada

Después de la prisión de Rafael Vera, vendría la de Ricardo García Damborenea y la de Miguel Planchuelo mediante el auto de procesamiento del 14 de abril de 1995. Antes de eso, personas desconocidas penetraron, violaron mi domicilio en Semana Santa, tras forzar la puerta principal, con el objetivo de llevarse el sumario. No lo consiguieron porque, a pesar de que había estado ultimando el procesamiento hasta el miércoles santo, llevé la causa al juzgado ante el temor de que se volviera a repetir la entrada en mi casa a pesar de la vigilancia. Ya había tenido una advertencia en el mes de febrero anterior, cuando dejaron una cáscara de plátano encima de mi cama.

A mediados de junio se produjo un hecho que después tendría gran importancia en el devenir de otras causas en las que se investigaba el origen de los GAL: el caso Oñaederra. Fue la detención del coronel Juan Alberto Perote, responsable del área operativa del Cesid.

Un mes después, coincidiendo con la salida de la cárcel con fianza de Rafael Vera, tuvieron lugar las comparecencias de Planchuelo, Álvarez, Sancristóbal y Damborenea —que declararon su presunta participación en los hechos—, así como las del propio Vera, el ministro Barrionuevo, Txiki Benegas, Narcís Serra y Felipe González, entre otros.

Ante esta situación y de acuerdo con la ley, elevé la correspondiente exposición razonada para que el TS, el 26 de julio de 1995, ante la existencia de indicios, datos y elementos que implicaban de forma directa y contrastada a personas aforadas —los cuatro últimos— decidiese lo que tuviera por conveniente para continuar la causa. Los hechos, a partir de ahí, se sucedieron y las pruebas se acumularon. El instructor del Supremo, Eduardo Móner, reprodujo lo ya existente. Al comienzo de su instrucción, tuve ocasión de saludar a Móner por mediación del presidente de la Sala, el magistrado Fernando Cotta Márquez de Prado, y darle mi impresión de los hechos. Le sugerí que tuviese cuidado porque no dudarían en ir contra él si tenían oportunidad, como lo habían intentado conmigo.

Barrionuevo, el PSOE y el suplicatorio de Felipe

Fue Planchuelo quien mencionó la existencia de cuatro GAL: el verde, de la Guardia Civil; el azul, de la Policía; el marrón, del Cesid, y el francés. También explicó que la estructura de mando de los GAL y la de la lucha antiterrorista estaban relacionadas. Barrionuevo era aforado y por tanto debía declarar ante el TS; para que así pudiera ser, era preciso realizar previamente el trámite de solicitar un suplicatorio ante el Congreso de los Diputados. A finales del mes de octubre de 1995, el instructor lo propuso a la Sala Segunda del TS, y esta acordó dirigir el pertinente suplicatorio al presidente del Congreso.

En el PSOE estaban enormemente preocupados con este asunto y muy pendientes de los acontecimientos. Hace muy poco, he sabido el terremoto que supuso el asunto del suplicatorio. Y todo se debió a una charla de café.

La cafetería Riofrío era un clásico para el eje AN, TS y CGPJ por su cercanía a las respectivas sedes de estos organismos. Uno de esos lugares en los que siempre podías encontrar jueces, fiscales y abogados, sobre todo a la hora del desayuno. Una mañana, en Riofrío, me encontré con el diputado socialista Manuel de la Rocha. Teníamos buena amistad desde mi reducida época política. Nos saludamos, nos abrazamos y lo cierto es que no recuerdo si hablamos del tema. Siempre he procurado ser muy discreto con los casos. Pero, por lo visto, Manolo salió de allí con la conclusión de que yo no iba a mandar al TS una posible preimputación de Felipe González, entonces presidente del Gobierno.

De la Rocha se creyó en la obligación de transmitir esa impresión a la dirección del partido o al Gobierno, y unos días después se lo comentó a Rosa Conde, a la sazón portavoz del Ejecutivo. Le dijo que había estado conmigo, que nos habíamos encontrado casualmente en la cafetería Riofrío y que en una breve conversación había sacado la impresión de que el TS no iba a tramitar el suplicatorio contra González. Esa preocupación se acentuaba por el continuo martilleo de los medios de comunicación en ese sentido.

En octubre de ese mismo año, tras haber elevado el caso GAL al TS, el juez instructor en ese alto tribunal, Eduardo Móner, instó a la Sala Segunda para que tramitara el suplicatorio de José Barrionuevo, obviando a Felipe González.

Por lo que me han contado, días después tuvo lugar una reunión del grupo parlamentario socialista para decidir si se iba a votar a favor o en contra del suplicatorio, un trámite que debe realizar el pleno de la Cámara. En esa reunión del grupo, muy masiva dada la trascendencia del tema, Manuel de la Rocha defendió que el grupo socialista votase a favor del suplicatorio, en la idea de que Barrionuevo podría defenderse, pero sobre todo apuntando a la gravedad de lo que significaban los GAL, a que se hablaba ya de terrorismo de Estado y porque era evidente que se había producido una lucha ilegal contra el terrorismo que había que abordar. De la Rocha consideraba que eso quedaría para la memoria de los socialistas y su lucha por la democracia.

Aquí debo decir que siempre he admirado a Manolo. Un excelente jurista, una persona comprometida y un político que mantiene sus convicciones contra viento y marea. Desde Izquierda Socialista, la corriente más crítica dentro del PSOE, no ha tenido inconveniente nunca en enfrentarse a la visión oficial cuando lo ha considerado necesario. Es el tipo de político con el que me puedo identificar.

Hubo un debate muy duro. Intervinieron en contra tres diputados, con el argumento de que todo era un montaje contra el PSOE, contra los socialistas, contra el Gobierno socialista, en una actitud que se podría definir, por lo que me relataron, de defensa numantina. Barrionuevo pidió entonces la palabra y, dirigiéndose a su compañero Manuel de la Rocha, le espetó: «Tú lo que tienes que explicar son tus reuniones y tus conversaciones con Baltasar Garzón». Me cuentan que el interpelado explicó brevísimamente lo que había ocurrido. Y que se palpaba una tremenda beligerancia de Barrionuevo hacia Manolo. Sin duda, alguien había informado al antiguo exministro del Interior de su charla con Rosa Conde.

Hasta donde sé, ahí dejaron de ser amigos, si bien creo que nunca lo fueron en exceso. En aquel foro se acordó finalmente dar libertad de decisión y, cuando se votó el suplicatorio en el pleno del Congreso, la mayoría de los diputados socialistas lo hizo a favor.

Recuerdo también que otra diputada socialista, Dolores García Hierro, por su postura de firmeza en defensa de la legalidad y contra los GAL y su exigencia de justicia y respeto a la acción judicial, sufrió graves quebrantos por parte de ciertos miembros del partido de los más próximos a Barrionuevo y que habían tenido altas responsabilidades en la Comunidad de Madrid.

A partir de ahí se completó la instrucción en el Supremo y los cruces de acusaciones fueron constantes entre unos y otros. Recuerdo el careo, el 12 de junio de 1996, entre el exministro del Interior y el exdirector de la Guardia Civil. Roldán atribuyó a Barrionuevo el haber ordenado personalmente el secuestro de Segundo Marey. El exministro lo negó. Roldán declaró que, el 4 de diciembre de 1983, cuando se produjo el secuestro siendo él delegado del Gobierno en Navarra, fue advertido por el jefe superior de policía de Pamplona, Eduardo Couto, de que en el paso fronterizo de Dantzarinea se encontraba el policía José Amedo con tres personas —una de ellas era Segundo Marey— que pretendían pasar la frontera. Roldán telefoneó al entonces director general de Seguridad del Estado, Rafael Vera, quien le dijo que haría averiguaciones y que ya se pondría en contacto con él. Según Roldán, el entonces ministro Barrionuevo fue quien le llamó por teléfono para decirle que dejase pasar el coche en el que iba Segundo Marey, ya que era una operación que había ordenado él personalmente, y que se olvidara del asunto.

En el juicio celebrado en octubre de 1997 ocurrió algo similar, pero quiero destacar que, durante su comparecencia, Felipe González mintió, al menos al referirse a mí y afirmar que habíamos hablado de los GAL y que yo le había pedido el indulto para Amedo y Domínguez. Como quedó muy claro en unas declaraciones mías en el Senado, siempre fui contrario al indulto y jamás le hablé al presidente González de algo diferente a la necesidad de combatir la corrupción, cosa que no hizo, y de cesar a Barrionuevo por sus responsabilidades políticas en el caso Roldán, a lo que me contestó: «No puedo, Baltasar». En ese «no puedo» debe de estar la razón por la cual se vio compelido a prestar servicio de apoyo, unas veces a modo de prólogo o epílogo de un libro y otras declarando en el Supremo. Pasó mucho tiempo sin que conversáramos en aquella época, creo que hasta 2003, pero incluso entonces no hablamos de aquello. En 2005, en cambio, González me dijo algo llamativo: «Tenías razón, Baltasar; te debí hacer caso cuando me advertiste sobre Belloch, me equivoqué». Reconocerlo tantos años después no está mal, pero sirve de poco.

La sentencia

La sentencia se dictó el 29 de julio de 1998 y el TS condenó por el secuestro de Segundo Marey a Barrionuevo, Vera y Sancristóbal a diez años de cárcel; a Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo a nueve años y seis meses; a Ricardo García Damborenea a siete años; a los expolicías Julio Hierro y Francisco Saiz Ojeda a cinco años y seis meses; a los exagentes Juan Ramón Corujo y Luis Hens a cinco años, y a Michel Domínguez a dos años y cuatro meses.

En uno de los votos particulares de la sentencia, firmado por José Jiménez Villarejo y Gregorio García Ancos, se pone en duda el uso de la prisión provisional y se sugiere que podría haberse utilizado para hacer que los procesados cambiaran de actitud procesal. Solo el desconocimiento y no haberse leído la causa puede justificar tal afirmación, que para nada se compadece con la realidad. En efecto, los policías Amedo y Domínguez estaban en tercer grado penitenciario cuando decidieron hablar; cuando comparecieron no cambié su situación de prisión porque no dependían de mí; la juez de vigilancia penitenciaria y la Audiencia Provincial de Madrid los excarcelaron por motivos de seguridad, con mi aprobación; García Damborenea estaba en libertad desde hacía meses cuando cambió sus declaraciones en julio; a Miguel Planchuelo y Julián Sancristóbal no les modifiqué la situación de prisión, sino que fue la Sala de lo Penal estimando un recurso en el que yo había mantenido la privación de libertad; los demás policías estaban libres. Entonces, ¿por qué dijeron lo contrario esos dos magistrados? No lo sé, lo cierto es que esta es la única realidad reflejada en la causa.

En igual sentido, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuestionó en parte mi imparcialidad objetiva, no tuvo en cuenta —porque nadie los alegó, pues el Estado español no me dejó hacerlo— varios hechos que desvelaban que la situación era exactamente la contraria.

El 14 de junio de 1996, el magistrado Gómez de Liaño rechazó la recusación presentada por Rafael Vera contra mí como instructor del sumario en el que le imputaba por el asesinato de Juan Carlos García Goena, el último de los ejecutados por los GAL. Además, Gómez de Liaño condenó a Vera a pagar las costas y una multa de cien mil pesetas (seiscientos euros) al estimar que actuó con mala fe. Recuperé así la instrucción del caso, si bien lo tendría que elevar al TS al haber indicios de delito de José Barrionuevo, exministro del Interior.

Los motivos aducidos por Vera los recogió, en un auto de veintiocho folios, Gómez de Liaño:

Aunque la recusación sea un derecho, por ser derecho, pero nada más, en este caso se declara expresamente que se ha ejercitado por el recusante con mala fe, como sinónima de abuso procesal. […] No ha consistido en causas específicas en la correcta relación procesal entre juez e imputado […] y, en lugar de desenvolverse en términos estrictamente legales, las tres [causas de la recusación], pese al disfraz con ropaje de legalidad, han formado parte de una estrategia de ruptura que además de dilatar y quebrar el ritmo del sumario, sin perder el sentido de acoso, lo que ha intentado es convertir al Magistrado Juez Instructor en enemigo de la causa y de alguno de los causantes.

Indica Gómez de Liaño que no excluye que el incidente de recusación, «al que se unen determinadas campañas de desprestigio contra el propio juez recusado, azuzadas en más de una y de dos ocasiones por personas sometidas al propio proceso», pretenda ocultar lo que de verdad debe preocupar: si mi quehacer era o no el correcto. Y especifica:

Si alguna apariencia trasciende [en el proceder de Garzón] esa es la de una firme voluntad judicial de no separarse del deber público de hacer imparcial justicia en un asunto en el que aquella [la justicia] requiere entrega, competencia y deseo de materializarse.

Vera había planteado la recusación por tres motivos: tener presentada una querella contra mí, enemistad manifiesta e interés en el proceso, lo que, a su entender, me impedía ser imparcial. Gómez de Liaño advertía que el caso García Goena se inició mucho antes de que Vera presentase la querella, que ni siquiera se admitió a trámite.

En cuanto a la acusación de que durante mi paso por la política obtuve información extraprocesal, subrayaba el colega:

La llamada del señor Vera a este sumario es consecuencia de las implicaciones que resultan en su contra a raíz de la declaración que Luis Roldán prestó ante el juez del TS Eduardo Móner el pasado 29 de mayo. […] Lo único que por ahora cabe pensar, según el auto, es que no es imaginable que durante su corta etapa en política el magistrado Baltasar Garzón hubiera podido recibir informaciones de contenido inculpatorio contra el recusante u otros imputados en la causa. Y no solo porque al parecer no las han encontrado personas con responsabilidades semejantes a las que tuvo el señor Vera, sino porque él mismo y personas próximas a él descartan que la perpetración de los hechos investigados y sus circunstancias obren en algún soporte documental.

Así, pues, concluía la resolución judicial, «tampoco esas argumentaciones del recusante son razones, ni en abstracto ni en concreto, para abrigar dudas acerca de la imparcialidad de la actuación de Baltasar Garzón en el proceso». Recojo estas palabras de Gómez de Liaño como especialmente significativas por todo cuanto aconteció después, cuando ocurrió el caso Sogecable y ya nada volvió a ser igual.

Tampoco el TEDH conoció toda la secuencia de ataques, descalificaciones, persecuciones, coacciones, entre las que destacó la interceptación de mis comunicaciones telefónicas durante todo el tiempo de instrucción de la última fase —es decir, entre diciembre de 1994 y julio del año siguiente—, hasta el punto de que el director general del Cesid me dirigió una carta asegurándome que los servicios de inteligencia no habían sido. Tampoco se dio entrada al testimonio de Antonio Asunción, quien, como ministro del Interior cuando fui secretario de Estado, afirmó paladinamente que yo no tuve ningún acceso a los fondos reservados.

La voluntad manipuladora continuó después de julio de 1995 en las diferentes causas de los GAL hasta la finalización de estas. Vendrían los papeles del Cesid, el conflicto de jurisdicción con el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, la dureza del CGPJ bajo la batuta de Pascual Sala, la falta de energía a la hora de amparar a los que estábamos investigando los GAL y que sufrimos un verdadero calvario en el que se concitaron muchos intereses cruzados del mundo de la política, de la inteligencia, de la banca, de los aparatos policiales frente a quienes solo estábamos cumpliendo con nuestro deber.

Añado la desclasificación de los llamados papeles del Cesid, la ausencia de importancia que el Supremo les dio en 1999 al rechazar la investigación de los mismos. Los GAL ya estaban amortizados y tan solo siguieron adelante las causas por los fondos reservados hasta la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2011. En ella se avaló la condena. El Constitucional recordaba en su sentencia que Vera también fue condenado a siete años de cárcel por apropiación de fondos reservados y señalaba la responsabilidad civil de devolver a la Administración del Estado la cantidad de 847.427,07 euros por el dinero que sustrajo para sí, y un total de 3.029.101,01 euros, en concepto de responsabilidad solidaria por el enriquecimiento de otros, acordando el comiso de dos fincas. Asimismo, los fondos sustraídos al erario público para Amedo y Domínguez, intervenidos por mí en Suiza, volvieron a las arcas del Tesoro público. No haber continuado, superando todas las dificultades, habría sido facilitar el silencio y la impunidad de quienes habían violentado severamente el Estado de derecho y, como decía el magistrado Siro García Pérez en el auto en el que se le fijó fianza a Rafael Vera en 1995, consentir un severo ataque al sistema constitucional.

Por su parte, el 26 de febrero de 1998 Roldán fue condenado por la AN a veintisiete años por los delitos de malversación, cohecho, estafa y falsificación contra la Hacienda pública. El TS elevó la pena a treinta y un años en diciembre de 1999. Once años después, en marzo de 2010, Roldán saldría de la prisión zaragozana de Zuera tras cumplir quince años de confinamiento.

Reflexión final

La seguridad del Estado no se consigue quebrantando la de los ciudadanos y ciudadanas ni transgrediendo la legalidad en aquellas zonas sensibles del mismo. El aprovechamiento de los fondos reservados y su desvío de la verdadera finalidad que la ley les asigna es no solo uno de los ejemplos más flagrantes de corrupción en el sector público, sino una de las evidencias más graves de que el concepto de Estado que defiendían estos ex altos responsables, y los que como ellos piensan, constituye un riesgo para la democracia y deben ser apartados de la función pública.

Debo reconocer que, en el ámbito penal, no hemos sido capaces de despejar la X de los GAL. Pero esto solo es verdad en apariencia, porque sí se ha logrado, con todas las dificultades y superando todos los obstáculos, que aquellas prácticas desaparecieran, de modo que una forma de actuar ilegalmente como aquella nunca más pueda asumirse como una posibilidad en la democracia española. La razón de Estado no puede amparar la comisión de hechos delictivos porque entonces actúa contra la esencia del mismo Estado, formada por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que lo integran.