A todas las funcionarias y todos los funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional que desde 1988 trabajaron conmigo con denuedo y entrega al servicio de la sociedad española en la difícil tarea de hacer posible el funcionamiento de la justicia; a aquellos miembros —mujeres y hombres— del Ministerio Fiscal que en el mismo juzgado se ocuparon sin reservas, e incluso perdieron su vida, en el mismo esfuerzo y siguen haciéndolo, confrontando el reto del terrorismo yihadista, el crimen organizado y la corrupción; a funcionarios y funcionarias de policía y guardia civil, vigilancia aduanera y policías autonómicas que han trabajado en el empeño común de hacer más segura la convivencia, combatiendo eficazmente, y con respeto al Estado de derecho, aquellos crímenes; a las juezas, los jueces, las letradas y letrados de la Administración de Justicia que, día a día, hacen frente a las lacras del delito y sus consecuencias, la mayoría de las veces en condiciones adversas; a todos los abogados, abogadas, procuradores y procuradoras, periodistas y a la ciudadanía que ha participado y colaborado con la Justicia en la persecución del delito, en beneficio de la sociedad y de las víctimas; a mi familia, que, sin fisuras, siempre me ha apoyado en los difíciles momentos que me ha tocado vivir por ser fiel a mis convicciones; a los amigos que permanecieron conmigo en los tiempos difíciles, y, por último, a quienes han discrepado de la interpretación y aplicación de la ley que he realizado, siempre con la mejor voluntad y al servicio de la sociedad.

A los médicos forenses, por su trabajo abnegado, y especialmente a quienes como Francisco Etxeberria y otros antropólogos nos demuestran que la memoria de las víctimas es presente y futuro para mantener la dignidad de un pueblo.

A los demás, incluso a mis enemigos, que para mí no lo son, mi respeto y consideración.