^[1] El gobierno provisional quedó constituido así: Niceto Alcalá Zamora (DLR), presidente; Miguel Maura (DLR), ministro de Gobernación; Alejandro Lerroux (PRR), ministro de Estado; Diego Martínez Barrio (PRR), ministro de Comunicaciones; Manuel Azaña (AR), ministro de la Guerra; Santiago Casares Quiroga (FRG), ministro de Marina; Lluís Nicolau d’Olwer (PCR), ministro de Economía; Álvaro de Albornoz (PRRS), ministro de Fomento; Marcelino Domingo (PRRS), ministro de Instrucción Pública; Fernando de los Ríos (PSOE), ministro de Justicia; Indalecio Prieto (PSOE), ministro de Hacienda; Francisco Largo Caballero (PSOE), ministro de Trabajo y Previsión Social. <<

^[2] Tanto las exportaciones como la inversión se redujeron a la mitad entre 1930 y 1933, y la producción industrial fue en 1933 un 17 por 100 menor que tres años antes. El PIB per capita, sin embargo, sólo disminuyó a razón del 0,1 por 100 anual. Carreras y Tafunell, Historia económica de la España contemporánea, pp. 251-252. <<

^[3] Por ejemplo en Italia, Portugal, Austria, Hungría, Yugoslavia y, muy pronto, en Alemania. <<

^[4] Entre el 1 de abril y el 30 de junio de 1931 se retiraron de los bancos el 13 por 100 de los depósitos totales. La cotización internacional de la peseta bajó de golpe un 20 por 100. <<

^[5] Prieto fiscalizó las transacciones en divisas, persiguió la fuga de capitales e hizo importar petróleo barato de la Unión Soviética, contrariando a los cárteles norteamericanos. Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil, Crítica, Barcelona, 1976, p. 54. <<

^[6] Se acogieron a la «ley Azaña» 84 generales y 8738 jefes y oficiales. La idea era que el nuevo ejército consistiera en 7600 oficiales con 105 000 hombres en la Península y 1700 oficiales y 42 000 soldados en África. Michael Alpert, La reforma militar de Azaña, 1931-1933, Siglo XXI, Madrid, 1982. <<

^[7] Fueron Marcelino Domingo, Lluís Nicolau d’Olwer y Fernando de los Ríos. <<

^[8] La Iglesia había declarado propiedades por valor de 244 millones de pesetas, pero sus propiedades reales eran muy superiores porque utilizaba testaferros y sociedades de paja. Tenía una estructura bien organizada de instituciones culturales, medios de comunicación, obras benéficas, sindicatos y centros de enseñanza. Controlaba la enseñanza primaria, parte de la secundaria y parte de la superior a través de sus escuelas técnicas y universidades. <<

^[9] Véase Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII, pp. 293 y ss. <<

^[10] Entre 1909 y 1931, bajo la Monarquía, se habían construido 11 128 escuelas primarias. En su primer año, la República hizo 9600. Jackson, La República española…, p. 74. <<

^[11] Para la tarea educativa y cultural de la República, y específicamente sobre las Misiones Pedagógicas, véase Sandie Holguín, República de ciudadanos, Crítica, Barcelona, 2003. <<

^[12] Manuel Azaña, Diarios completos, Crítica, Barcelona, 2000, p. 151. <<

^[13] Los socialistas obtuvieron 117 escaños; los radicales, 94; los radical-socialistas, 58; Esquerra Republicana de Catalunya, 26; la ORGA, 21, etc. En total, las izquierdas ocupaban 400 de los 470 escaños de las Cortes. Nigel Townson, The crisis of Democracy in Spain, Sussex, Brighton, 2000, p. 57. <<

^[14] La Compañía de Jesús, que contaba con unos 2500 miembros en España, era propietaria de bienes raíces y tenía acciones en diversas empresas, como la Telefónica o las compañías de tranvías de las grandes ciudades, aunque siempre a nombre de testaferros: «Nadie, excepto sus abogados, uno de los cuales era el eminente y joven diputado católico Gil Robles, sabía qué es lo que exactamente poseían los jesuitas en acciones o fincas». Jackson, La República española…, pp. 71-72. <<

^[15] Lo cierto es que, entonces, no iba a misa más que el 20 por 100 de la población total de España y en el sur no llegaba al 5 por 100. La asistencia a los actos religiosos era en España la más baja de toda la cristiandad, por mucho que el cardenal Segura declarara que en España o se era católico o no se era nada. <<

^[16] «La reacción de la opinión clerical y laica al aprobarse en las Cortes la ley de confesiones y congregaciones religiosas colocó a la Iglesia más cerca que nunca de una ruptura con la República… Para el arzobispo Gomá… la ley era ni más ni menos que una persecución declarada, e instó a los fieles a la resistencia pasiva. El 3 de junio, Pío XI publicó la encíclica Dilectissima nobis, que comparaba la situación en España con la persecución que la Iglesia padecía en México y la Rusia soviética». Callaban, La Iglesia católica en España, 1875-2002, Crítica, Barcelona, 2002, p. 239. <<

^[17] Para los proyectos de reforma agraria y su aplicación, la obra de referencia es Pascual Camón, La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española, Ariel, Barcelona, 1973. <<

^[18] Aún hoy se critica a la Constitución republicana «por incluir en su articulado y con minuciosa redacción algo que nunca debió estar en su seno si de verdad se pretendía integrar: las medidas de su nefasta política religiosa». Manuel Ramírez, «Aquella ansiada República», El País, Madrid, 14 de abril de 2005. <<

^[19] Lo formaban Manuel Azaña (AR), en Presidencia y Guerra; José Giral (AR), en Marina; Luis Zulueta (indep.), en Estado; Jaume Carner (AC), en Hacienda; Santiago Casares Quiroga (ORGA), en Gobernación; Álvaro de Albornoz (PRRS), en Justicia; Marcelino Domingo (PRRS), en Agricultura, Industria y Comercio; Fernando de los Ríos (PSOE), en Instrucción Pública; Indalecio Prieto (PSOE), en Obras Públicas y Francisco Largo Caballero (PSOE), en Trabajo. <<

^[20] José Ortega y Gasset pronunció el 6 de diciembre una conferencia que, con el significativo título de «Rectificación de la República», era un ataque abierto al reformismo de republicanos de izquierda y socialistas. <<

^[21] La conjura de los primeros días se había ido conformando y definiendo en una tenaza conspiratoria compuesta, de un lado, por los generales Barrera, Ponte, Orgaz, Villegas y Cavalcanti, a quienes apoyaban monárquicos como Calvo Sotelo, Aunós o La Cierva y que contaban con la financiación de aristócratas y exiliados como el conde de Vallellano o Luis Oriol. La otra pinza la manejaba el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Manuel Goded, con el apoyo de republicanos de derecha y viejos liberales, como Melquíades Álvarez, Burgos Mazo o el conde de Romanones. <<

^[22] Ni que decir tiene que Sanjurjo, que se había negado a defender la Corona en abril, se sintió vejado. Para sustituirle al frente de la Guardia Civil, Azaña nombró ingenuamente al general Miguel Cabanellas. <<

^[23] En ella estaban Melquíades Álvarez y el conde de Romanones, que, al parecer, contaba con el visto bueno de Lerroux, a quien se le habría prometido la presidencia del nuevo Consejo de ministros. <<

^[24] Emilio Esteban Infantes, General Sanjurjo, AHR, Barcelona, 1957, p. 235. <<

^[25] La Ley de reforma agraria era sólo aplicable a Salamanca, Extremadura, La Mancha y Andalucía, donde las fincas mayores de 250 hectáreas, como sucedía en Cádiz o Sevilla, ocupaban casi el 50 por 100 de la tierra. El estudio de la Comisión Técnica Agrícola había revelado que, en el conjunto del Estado, había unos dos millones de hectáreas de secano y unas 88 000 de regadío que podían ser objeto de expropiación, pero una cosa era aprobar la Ley de reforma agraria en un parlamento conmocionado por el golpe militar y otra muy distinta aplicarla. La lentitud del proceso, hostigado sin cesar por los terratenientes, irritó a los jornaleros del campo y les llevó a la desesperación que producen las grandes expectativas frustradas cuando han estado al alcance de la mano. Lo cierto es que a finales de 1934 no se habían expropiado más que 117 000 hectáreas y sólo se habían asentado 12 000 familias de las 200 000 que se habían previsto en el programa. Véase Carrión, La reforma agraria…, p. 129. <<

^[26] El Estatuto de Cataluña no se había empezado a discutir en las Cortes hasta el mes de mayo de 1932, en mitad de una campaña anticatalanista y del obstruccionismo de los parlamentarios de la derecha, pero un razonado y emotivo discurso de Azaña —uno de los mejores de su vida— desbloqueó la situación. Fue el fallido golpe de estado del general Sanjurjo, sin embargo, el que dio alas a las Cortes, que aprobaron el Estatuto —eso sí, muy recortado respecto de las pretensiones catalanas— el 9 de septiembre. El 20 de noviembre siguiente tuvieron lugar las elecciones al parlamento catalán, que ganó por mayoría Esquerra Republicana de Catalunya. <<

^[27] La obra de referencia es Jerome R. Mintz, Los anarquistas de Casas Viejas, Diputación Provincial, Cádiz, 1994. <<

^[28] La CEDA obtuvo el 24,4 por 100 de los votos y el Partido Republicano Radical, el 22. En total, la derecha obtuvo 204 diputados; el centro, 170 y la izquierda, 93. Julio Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República Española (1931-1936), Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, p. 179. <<

^[29] Citado por Stanley G. Payne, Unión Soviética, comunismo y revolución en España (1931-1939), Plaza y Janes, Barcelona, 2003, p. 67. <<

^[30] Los socialistas, y no sólo ellos, veían en lo que había pasado en Austria una premonición de lo que iba a ocurrir en España. El canciller Dollfuss, que había llegado al poder por la vía parlamentaria, había suprimido a los socialistas, tenía una coalición llamada Frente Patriótico muy parecida a la CEDA y había modificado la Constitución para llevarla hacia un corporativismo de raíz católica y de inspiración fascista. La táctica de la CEDA no sólo era idéntica, sino que Gil Robles se hacía aclamar a los gritos de «¡jefe, jefe, jefe!», convocaba radunata en lugares simbólicos como el Escorial o Covadonga y su organización juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP), desfilaban y actuaban al estilo nazi. <<

^[31] Andrés Saborit, Julián Besteiro, Losada, Buenos Aires, 1967, p. 240. <<

^[32] Estos campesinos disponían de un contrato que les cedía el dominio útil de los viñedos que habían plantado hasta que las cepas se agotaran a cambio de entregar al propietario de la tierra entre un cuarto y un tercio de la cosecha. El contrato sólo cubría el tiempo de vida de las cepas (en catalán, rabassa y de ahí rabassa morta. Sus cultivadores se llamaban rabassaires). Estos arrendatarios se habían unido en un sindicato que había fundado Lluís Companys en 1922, la Unió de Rabassaires, y desde hacía tiempo reivindicaban un contrato que no expirara con la muerte de la cepa. <<

^[33] Hugh Thomas, La guerra civil española, Grijalbo, Barcelona, 1976,1, p. 156. <<

^[34] Santos Juliá, «Fracaso de una insurrección y derrota de una huelga: los hechos de octubre en Madrid», en Estudios de historia social, 1984, p. 40. <<

^[35] Companys había sustituido en la presidencia de la Generalitat a Francesc Maciá, que había muerto en diciembre del año anterior. <<

^[36] Franco escribió en 1956: «La revolución de Asturias fue el primer paso para la implantación del comunismo en nuestra nación… La revolución había sido concienzudamente preparada por los agentes de Moscú». Jesús Palacios, La España totalitaria, Planeta, Barcelona, 1999, p. 29. <<

^[37] Prieto compró una partida de armas embargadas a antisalazaristas que estaba depositada en Cádiz. Para transportarlas compró también el yate Turquesa, que zarpó con el cargamento para Asturias y desembarcó en Pravia sólo una parte de las armas, por temor a que se descubriera el alijo. Poco después Prieto huyó a Francia. Jackson, La República española…, p. 141. <<

^[38] Pudieron certificarla una comisión parlamentaria española encabezada por Fernando de los Ríos, que redactó un informe, y otra británica. De aquella brutal represión, de los asesinatos y torturas en el cuartel de Pelayo, de la matanza de Carbayín, de los 1000 presos hacinados en Oviedo o en Astorga, ha quedado cristalizada en la historiografía la siniestra figura del comandante Lisardo Doval y el asesinato del periodista Luis de Sirval. <<

^[39] Dos hombres de negocios holandeses, Strauss y Perl (con sus apellidos se creó el vocablo «estraperlo») patentaron un juego de ruleta no enteramente azaroso que pensaron introducir en España. Como el juego estaba prohibido desde la dictadura de Primo de Rivera, trataron de conseguir la autorización por medio del cohecho. En el asunto se implicaron radicales corruptos como Pich y Pon, Sigfrido Blasco Ibáñez (hijo del escritor) y también el hijo adoptivo de Lerroux, Aurelio. La ruleta llegó a instalarse en San Sebastián, pero el gobernador la prohibió. Strauss, despechado, exigió que le devolvieran el dinero de los sobornos y la prensa empezó a destapar el escándalo. Chapaprieta y Gil Robles quisieron echar tierra sobre el asunto, pero ante la firmeza de Alcalá Zamora y el miedo a que Azaña lo hiciera público, le dieron estatus parlamentario. <<

^[40] Este escándalo estaba relacionado con la indemnización que debía pagarse al empresario Antonio Tayá, que había conseguido un contrato del gobierno que éste no había respetado. La cifra de la indemnización decidida era tan desproporcionada que el inspector general de colonias, Antonio Nombela, denunció el affaire, tras el que estaban, también, Alejandro Lerroux y otros dirigentes radicales. <<