Capítulo 8
Los últimos días de diciembre y primeros de enero los pasé en Francia. A los que teníamos antecedentes penales se nos negaba siempre el pasaporte, pero yo lo conseguí alegando que la familia de Josefina residía en Toulouse y Marsella. Después de muchos años era yo el que iba a visitarlos y no ellos a mí a través de las rejas de Carabanchel. Pero aquel viaje tenía otro motivo oculto que era la reunión que iba a celebrarse en París de la Junta Democrática, la primera reunión de este organismo a la que podíamos asistir todos sus miembros. Yo fui miembro de la Junta desde su creación representando a Comisiones Obreras pero, naturalmente, como estaba en la cárcel no había podido asistir a ninguna de sus reuniones. Debatimos la situación creada en el país, que sin duda era muy interesante y esperanzadora, sin embargo no estaba exenta de peligros. Estudiamos cómo desarrollar la presión de masas y la unidad necesaria para impedir, como pretendían los ultras, aquel «después de Franco, el franquismo». En ese momento, el Gobierno de Arias y sus ministros, entre ellos el de Gobernación, Manuel Fraga, y los sectores del régimen autodenominados «evolucionistas» querían impedir un proceso constituyente. También algunos «demócratas» intentaban dejar, como en la República Federal Alemana, a los comunistas fuera de la ley, en una especie de «libertad vigilada». Hubo coincidencias entre la derecha y la izquierda moderada en no facilitar las cosas a los comunistas, que era la fuerza más consolidada frente a la dictadura. Esos sectores de la socialdemocracia no veían mal que hubiera un período en el que ellos pudieran recuperar el tiempo perdido que les había reducido a los recuerdos de la República. En el movimiento sindical también se producía una situación parecida, tenían miedo a que el vacío que dejaba el sindicato vertical lo llenara Comisiones, que tenía mayor presencia y, en muchos lugares, era la única fuerza sindical. Pero la razón de fondo era que el gran capital prefería que se instalara la división sindical y dominaran aquellas fuerzas que por su carácter reformista eran menos peligrosas. Los que en los últimos quince años de la dictadura habían practicado el attentismo, es decir, mantenerse a la espera, y habían estado ausentes, salvo en Vizcaya y Asturias, de las grandes luchas y procesos represivos, ellos con los «evolucionistas» gozaban de tolerancia. Pero los que habíamos pagado con la cárcel, seguíamos siendo los «feroces comunistas» a los que para una «convivencia pacífica» había que dejar fuera. ¿Cabía una desfachatez mayor?
Solo la movilización de los trabajadores y demócratas, lo más unitaria y amplia posible, podría hacer fracasar estas oscuras operaciones de unos y otros.
Ya desde la prisión, como desde la calle, nos habíamos preparado frente a cierto subjetivismo de la dirección del PCE en la emigración, que hablaba de «ocupar locales» y otras cosas fuera de la realidad. En los patios de la cárcel coincidíamos en que la ruptura democrática pacífica con el régimen de Franco, con las leyes y aparatos del Estado, dependía de cómo cayera la dictadura, del equilibrio de las fuerzas partidarias y contrarias al cambio y, sobre todo, del papel de la clase obrera y de la izquierda. De la «ruptura democrática», inicialmente planteada por la dirección, se pasó a la ruptura pactada, como sucedáneo. Después resultó ser una «ruptura astillada», con un período constituyente y una Constitución, pero de la que se quedaron fuera muchos derechos de los trabajadores.
Esas fueron las preocupaciones que se debatieron en la reunión de la Junta Democrática en París. Allí se decidió también alcanzar por todos los medios la unidad con el resto de fuerzas democráticas, si queríamos impedir, como primer paso, la continuidad del franquismo sin Franco. Había que lograr que se abriera, al menos, un período constituyente. Lo primero, por tanto, era alcanzar un acuerdo con la Plataforma de Convergencia, que reunía a algunos sectores liberales, al Partido Socialista y a algún grupo de la ultraizquierda.
De París fuimos a Toulouse y mantuvimos uno de los encuentros familiares más gratos que recuerdo. Desde Orán no nos habíamos podido reunir la familia que allí habíamos vivido tan unidos. De aquello hacía casi veinte años y entonces pudimos comprobar el paso del tiempo, cómo los hijos de aquellos con los que íbamos a bailar juntos eran mayores, y cómo algunos de nosotros, en nuestra cartera, llevábamos ya la foto de un nieto. Volvimos, como entonces, a pescar en los rompeolas aunque ahora no era en las costas argelinas sino en las proximidades del puerto de Marsella.
La Junta y la Plataforma avanzaban en sus conversaciones y además iniciaron una serie de contactos internacionales para afianzar una alternativa democrática. Visitamos Inglaterra, Italia y Bélgica y en todos los países tenían un gran interés en conocer las posibilidades de una transición a la democracia. Comisiones Obreras, conocida hasta entonces por su dura lucha en la clandestinidad, siempre atrajo el interés de los demócratas del mundo, y su prestigio era enorme.
La Junta y la Plataforma alcanzaron un acuerdo de fusión, creándose Coordinación Democrática, que también se conoció por la Platajunta. Hubo no pocas maniobras de algunos sectores, entre ellos el PSOE, contra la participación de personalidades independientes de la Junta, como Antonio García Trevijano, que habían jugado un importante papel antes y después de que se creara la Plataforma. Los «negocios de Guinea» sirvieron para debilitar el papel directo de Trevijano e indirecto de estos grupos y personalidades independientes que, con la Junta Democrática, eran los más firmes partidarios de la presión social. Coordinación Democrática se inclinó ya por buscar una ruptura pactada que en el fondo era un camino «por arriba», alejado de los movimientos de masas, aislado de los de abajo, pero un camino que daba mayor protagonismo al PSOE, cuya dirección buscaba desesperadamente restar peso a los comunistas.
Coordinación Democrática, de todas formas, sirvió para galvanizar y desarrollar las luchas de los trabajadores, de los estudiantes y de los intelectuales, lo que ayudó seriamente a evitar el «después de Franco, el franquismo», como pretendía no poca gente del pasado, entre ellos alguno de los que después pasarían al presente democrático.
En la reunión del 26 de marzo de 1976 llegamos a un acuerdo final y aprobamos un comunicado dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública. Un grupo representativo fuimos encargados de la presentación a la prensa de Coordinación Democrática, para lo que nos citamos en el despacho de Antonio García Trevijano. Me dirigía allí, sobre las ocho de la tarde del 29 de marzo, cuando cruzando el paseo de la Castellana, a unos quince metros del despacho que estaba en el número 100, me encontré con el profesor Raúl Morodo, miembro de Coordinación Democrática, secretario general del Partido Socialista del Interior (PSI) de Tierno; no podía cruzarme con él sin saludarle. No presté atención al policía de paisano que le acompañaba; en realidad le llevaba detenido. Inmediatamente el policía aprovechó para detenerme a mí también, y nos llevaron a la Dirección General de Seguridad. De nuevo me encontré frente a Yagüe, comisario jefe, y Delso, comisario encargado de la represión de Comisiones. Me negué a declarar salvo mi identidad y me amenazaron con «darme una hostia»; entonces me negué a firmar bajo amenazas.
Nos detuvieron a trece, pusieron en libertad a nueve y nos llevaron a la prisión de Carabanchel a Javier Álvarez Dorronsoro, del Movimiento Comunista, a Nazario Aguado, del Partido del Trabajo, a Antonio García Trevijano, independiente, y a mí. Los trece representábamos a los quince grupos, partidos y organizaciones de Coordinación Democrática, pero ¿por qué habían encarcelado solo a tres de entre los comunistas, y a un independiente al que trataban de desacreditar? ¿Por qué, después, dejaron a García Trevijano unos días más que a nosotros en prisión? Son preguntas a las que Manuel Fraga podría responder. Pero el mensaje estaba claro: en aquella transición no querían que estuvieran ni comunistas, ni García Trevijano, ni independientes. Dividir, enfrentar, agudizar las maniobras y contradicciones en el seno de Coordinación Democrática, eran los objetivos de esta maniobra típicamente franquista. Manuel Fraga, que era entonces ministro de la Gobernación, declaraba públicamente que éramos sus prisioneros y para ello contaba con la colaboración del Juzgado número 1 del TOP, cuyo titular, Chaparro, «el mismo de ayer», nos procesó con el Sumario 721/76. Tres días estuvimos en las celdas de los sótanos de la Dirección General de Seguridad, el día 1 de abril a las nueve de la mañana nos llevaron ante el juez y a las cuatro de la tarde estábamos ya en Carabanchel. Allí nos llevaron a la sexta galería, a mí me metieron solo en una celda y a los otros tres compañeros juntos en otra. Repitiendo la famosa frase «decíamos ayer…» escribía a mi familia el 7 de abril de 1976: «Después de la salida en libertad de 1972 estuve en la calle ciento cinco días, ahora, después de la salida del 10 de diciembre de las Salesas, ciento nueve jornadas he visto salir el sol sin rejas».
«Hasta aquí llegó la libertad de Camacho», decía Ónega, «que era como un símbolo que se paseaba por el país como el mejor emblema de la tolerancia en tanto no cambiaban las leyes…». Se ponía fin a la tolerancia, y cuando se cumplían cien días de la proclamación de Juan Carlos I, éramos encarcelados y procesados cuatro destacados militantes de Coordinación Democrática. Mientras, en la calle, la tolerancia seguía vigente para el resto de los grupos de la oposición.
El juez Chaparro confirmó el auto de procesamiento en los últimos días de abril y en su informe señalaba: «Han venido realizando una intensa campaña destinada al derrocamiento del Gobierno, de forma que últimamente han propugnado la constitución de una entidad llamada “Coordinación Democrática” […] los procesados son acusados de un delito contra la forma de gobierno castigado en el artículo 163 del Código Penal». En mi caso con todos los agravantes, con penas de treinta años. Un día antes de esta decisión del juez, se había reunido el Gobierno y Manuel Fraga respondía así a periodistas de Le Monde y otros diarios europeos:
«Mencionaré un caso individual porque causa mala impresión en el extranjero. Se trata del Sr. Camacho, que había sido liberado, pero que ha sido detenido una vez más. Cumplía una pena que era de larga duración, la del 1001, fue agraciado en virtud de la amnistía general decretada por el Rey cuando accedió al trono. Pero entonces se puso a hacer provocación y a mezclarse con todas las formas de agitación, a hacer todo lo posible para que las huelgas tomen un carácter de delito político. Llegó a tal punto que se le detuvo».
Además de llamar amnistía a lo que no fue más que un indulto, Fraga seguía siendo franquista.
Mientras esto decía de nosotros, en la primera quincena de mayo, en un chalé de la colonia El Viso, Fraga se entrevistó con Felipe González. Fue una cena en la que acompañaron al ministro el director general de Política Interior y el jefe del Gabinete Técnico, y al secretario general del PSOE el secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, y otros dirigentes socialistas. Una cena que, según los medios de comunicación, transcurrió con toda normalidad, dentro de un ambiente de serenidad y distensión entre ambos políticos. La democracia entendida según Fraga dejaba fuera a Comisiones Obreras y al PCE; pero eso no era tan fácil como pretendían porque nuestra presencia e influencia era real.
El ABC del 5 de mayo de 1976 recogía los resultados de la encuesta que había hecho Actualidad Económica días antes, y destacó el caso curioso de que entre los «25 políticos para el futuro» aparecieran empatados el ministro Secretario General del Movimiento, Adolfo Suárez, y el líder de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho. De mí se dijo que se había excusado la asistencia al acto por razones obvias. «Está en la cárcel. Hubo risas y miradas a Fraga Iribarne».
Todos veían que el tándem Arias-Fraga y sus inmovilistas se agotaban por días. La presión en los centros de trabajo y especialmente entre los metalúrgicos era cada vez mayor. Cinco mil enlaces de Madrid pidieron nuestra libertad. El Gobierno sabía que no podía sostener mucho tiempo aquella situación y, a pesar de Fraga, Coordinación Democrática se abría paso y forzaba el proceso de transición.
El 27 de mayo salimos en libertad provisional Nazario Aguado, Álvarez Dorronsoro y yo, pero no Antonio García Trevijano. Le dejaron en prisión precisamente porque representaba a sectores progresistas no vinculados con la izquierda, y porque con él trataban de demostrar que la derecha solo tenía un lugar y era del lado de Fraga. Al salir mantuvimos una rueda de prensa en la que denunciamos la discriminación que se cometía con García Trevijano. Señalé lo alarmante que era la situación de Luis Lucio Lobato, Romero Marín, Simón Sánchez Montero, José Unánue, y otros que aún seguían en la cárcel y la urgencia de liberarlos. Al día siguiente celebramos una nueva reunión de Coordinación Democrática y aprobamos un comunicado en el que reiteramos nuestra disposición a pactar la ruptura, a lo que llamaríamos a partir de entonces Ruptura Pactada. Se trataba de llegar a un pacto con aquellos sectores o instituciones de poder que aceptaran primero el restablecimiento de las libertades democráticas, y después la convocatoria de unas elecciones a Cortes constituyentes.
Se avanzaba en un proceso no exento de dificultades y de maniobras en las que se insinuaban los intentos de dejar a CCOO y al PCE sin legalizar, y la Comisión Permanente de la Plataforma de Organismos Democráticos, reunida en Las Palmas el 4 de noviembre, dio un buen paso hacia la superación de esos peligros con el apoyo a la jornada de huelgas y manifestaciones del 12 de noviembre de 1976 preparadas por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), reafirmando su disposición a negociar con los poderes públicos en el marco de sus planteamientos, que consideramos previos, centrados en los siete puntos siguientes:
1.—Legalización de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales sin exclusión. 2.—Amnistía total para los presos políticos y libre retorno de todos los exiliados. 3.—Reconocimiento efectivo del pleno ejercicio de las libertades de expresión, reunión, asociación y manifestación. 4.—Derogación del decreto-ley sobre terrorismo y demás leyes represivas y supresión del Tribunal de Orden Público. 5.—Igualdad de oportunidades para todos los partidos y organizaciones sindicales en el acceso a la radio y televisión estatales. 6.—Supresión del aparato político-administrativo del Movimiento para impedir su empleo como medio de presión. 7.—Participación de los partidos políticos democráticos en el control de la consulta popular.
Por tanto, todo referéndum que se convoque sin que se cumplan las anteriores condiciones será rechazado por la Plataforma de Organizaciones Democráticas (POD) que en este caso iniciará una campaña de abstención masiva a nivel del Estado.
Por su importancia guardé y conservo las notas que tomé en las reuniones de Coordinación Democrática, de su Comisión Permanente, en sus reuniones decisivas del 23 y 27 de noviembre de 1976, 1 de diciembre y 12 de enero de 1977. Puede comprobarse los claros intentos de marginar la cuestión sindical y especialmente a CCOO. Enrique Tierno Galván propuso crear una comisión reducida para abordar la negociación con el Gobierno de Suárez. Fue la conocida como Comisión de los Diez. En la Coordinadora de Organizaciones Sindicales estimamos que era vital nuestra presencia, sobre todo cuando se discutieran los asuntos sociales y económicos. Igualmente pensamos que era la COS la que debería elaborar el proyecto sobre el patrimonio sindical a someter al Gobierno cuando la Comisión discutiera este asunto con Suárez.
Había todo tipo de propuestas y maniobras, incluso Felipe González y Antón Cañellas partían de que habría un veto de los sectores ultras y del Gobierno a la legalización del PCE. La ley que se preparaba hacía prácticamente imposible la legalización de los comunistas, algo que el presidente Suárez no desmintió cuando dijo que si la ley tuviera esas características, el Ejecutivo no tendría nada que hacer, y serían los Tribunales de Justicia los que en última instancia interpretarían quién podría ser legal o no. En la reunión que mantuvimos la dirección del PCE el 13 de enero de 1977, se confirmaron estos temores, que afortunadamente pudimos evitar.
El 4 de septiembre, noventa y seis personas acudimos al hotel Eurobuilding, donde se celebró la reunión plenaria de la Platajunta y de las instancias unitarias regionales. Sacamos un comunicado informando de lo que se llamó Cumbre de la Oposición. Sus conclusiones fueron idénticas a las de Coordinación Democrática y se decidió crear una comisión de enlace entre las diferentes organizaciones: la Comisión Permanente de la Plataforma de Organizaciones Democráticas.
Como de costumbre llegué de los primeros y como anécdota de esos minutos antes del comienzo, ABC del 5 de septiembre de 1976 recoge una frase de Zaguirre (USO), que dice: «Hemos pasado de las catacumbas al plató». García Trevijano, cuando me vio me saludó diciendo en voz alta: «Qué sorpresa, Marcelino, tú por aquí. Esperaba encontrarte en Carabanchel, pero no aquí». Después de la reunión del Comité Central del PCE en Roma, mi visita a Yugoslavia y sobre todo a la URSS, había hablado de que por ello podrían detenerme de nuevo. «Acabo de encontrarme ahí fuera», continuó Trevijano, «con cuatro inspectores de policía. “Estamos aquí para protegerles”, me han dicho. Yo, claro, me he sonreído y no he dicho nada».
El 27 de noviembre celebramos otra reunión que presidió Tierno Galván. Eran las cinco de la tarde y estábamos en el despacho de Raúl Morodo. En las notas que conservo se puede leer que Tierno propuso dos puntos como orden del día: discusión de las condiciones de negociación del proceso electoral y formación de la comisión negociadora. Según mis notas la reunión discurrió como sigue:
Simón, Satrústegui y Cortezo intervienen contra la asistencia del PP al que califican de gubernamental en lo que coincidimos casi todos. Zulueta dice que referéndum y elecciones a Cortes son un solo acto y que no se puede oponer a uno y participar en otro. Satrústegui: las condiciones para el referéndum deben ser las mismas que para las elecciones y que hay que disolver el Movimiento. Gil-Robles dice que quién había invitado a las centrales sindicales, porque Marcelino Camacho ha hablado en nombre de CCOO. Satrústegui: el mundo laboral es independiente de los partidos políticos.
Simón Sánchez Montero explica: porque hemos venido a conseguir la libertad, acto primero, y acto segundo que dada la situación económica y social, la presencia de los trabajadores es vital.
Múgica: Están aquí porque están todos, incluidas las organizaciones sindicales y las nacionalidades.
Ruiz-Giménez: No es una reunión en la que se vaya a votar, no creemos una situación difícil. Si alguien pensó solo en acuerdos compulsivos, no es bueno. Asamblea abierta.
M. Camacho: Insisto en que es precisa la legalización de todos, partidos y organizaciones sindicales sin exclusión, y por tanto su reconocimiento. Desaparición del Movimiento y los sindicatos verticales, como primeras medidas, y después abrir un proceso constituyente. No debe haber ninguna discriminación. Argumento sobre la importancia de la reunión por ser la primera vez que nos reunimos toda la oposición democrática. Por las decisiones antisociales del Gobierno sobre el despido. Por las grandes movilizaciones obreras, huelga 12 de noviembre, por los setenta mil metalúrgicos en lucha en Euskadi y Navarra, que piden mejores condiciones de vida, libertad sindical y libertades democráticas. Porque desde el Episcopado (Secretariado Apostolado Social) hasta la prensa, denuncia la crisis; y somos todos conscientes de que es preciso una reconversión y reactivación económica, lo que no es contradictorio. Señalo que CCOO, consciente de su responsabilidad está dispuesta, no a un Pacto Social, pero sí a llegar a acuerdos que sobre la base de la libertad para todos, aborde los problemas generales del país.
Rojas Marcos, Roca: las autonomías, regiones y nacionalidades. Dorronsoro y Nazario Aguado: No al referéndum si no se aprueban propuestas. Camuñas: Cómo se va a elegir la Comisión que ha de negociar. Ruiz-Giménez: No poner condiciones previas a la negociación. Coincide plenamente con la POD en todo lo demás. Gil-Robles: No hablar de las nacionalidades.
Después de muchas intervenciones en esa línea, resume Tierno Galván y se aprueba: 1.—Que los partidos se legalicen sin otra cosa que registrarse. 2.—Abolición del Movimiento. 3.—Libertades sindicales y políticas. 4.—Que los medios de comunicación de masas estén al servicio de todos. 5.—Neutralidad de los órganos del Estado y control democrático del proceso electoral. 6.—Amnistía y cese de la represión. 7.—Institucionalizar todos los países y regiones del Estado.
El día 1 de diciembre celebramos una nueva reunión. He aquí mis notas:
Preside Enrique Tierno: El orden del día que propone es el siguiente: Elección de la comisión negociadora. Dice que la prensa y la opinión pública están pendientes de nosotros. Sería grave para nuestra causa el que no saliera esa delegación. Una nueva comisión de quince o veinte personas difícilmente se recibiría. Número reducido, imagen clara, modo operativo, eficiencia, señala. Satrústegui: La elección de la comisión debe partir de cuatro grupos: sector marxista, sector socialdemócrata, sector democristiano y sector liberal (seis personas por grupo y luego se reduciría a dos). Simón, Pujol: otros piensan que faltan las nacionalidades. Lasuén: la izquierda está poco representada.
Los sindicatos: Pedimos que la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) esté representada con uno en la Comisión de los Diez, aunque hay matices de que lo esencial para nosotros es lo económico y social además de la libertad.
Cañellas: Defiende dos comisiones. Nazario: No dar carta blanca.
Como en la reunión anterior, hubo numerosas intervenciones de entre las setenta personas que asistimos en representación de cuarenta y dos partidos, sindicatos, organizaciones o grupos:
Satrústegui: Insistió en que solo negociaran los partidos políticos y que todo el mundo se clasificara políticamente y dentro de estas familias las nacionalidades. Que las fuerzas obreras dejemos a los partidos negociar. La comisión debería tener ocho miembros según él. M. Camacho: La negociación y la presión es vital. Los sindicatos no pueden ser excluidos tampoco, queremos dar un respaldo popular a las libertades, así como un contenido social y por supuesto estar en lo que nos concierne. Debemos estar todos en esa negociación. Tierno Galván hizo una propuesta de diez nombres: Simón, Múgica, Satrústegui, Pujol, Trías, Fernández Ordóñez, Cañellas, Camacho, Tierno, Ruiz-Giménez.
Se aprobó el siguiente comunicado:
Reunidos en sesión, autoconvocadas las fuerzas políticas y sindicales que abajo se relacionan han llegado al consenso mayoritario de que la comisión que realice las necesarias negociaciones con el Gobierno acerca de las condiciones en que deben de celebrarse el referéndum y las elecciones generales para que tengan legitimidad democrática, definidas en su declaración del día 27, esté integrada por un representante de los grupos liberales, uno del FSD, uno de la DC, dos de los grupos socialistas, uno del PCE, uno de Cataluña, uno de Euskadi, uno de Galicia y uno de las organizaciones sindicales (COS).
Las gestiones que realice la comisión negociadora se comunicarán a todos los hoy reunidos cuantas veces se autoconvoquen para su examen y ulterior decisión por cada uno de ellos. Los nombres de las personas que constituirán la comisión serán comunicados por los respectivos sectores antes del próximo domingo día cinco.
Nota: Han reservado su decisión final hasta el día cuatro los grupos liberales de la FPD, la Liga Catalana, Partido Popular Canario, Unión Democrática del País Valenciano, la Taula del País Valenciano y el Movimiento Comunista de España.
El día 12 nos reunimos de nuevo con este orden del día: 1.º Información de la reunión de ayer con Suárez. 2.º Amnistía y ley de asociaciones por cuestión sindical. 3.º Ponencia y articulación electoral. 4.º Nacionalidades.
La comisión informa que pidió al Presidente para comenzar que se hiciera una comunicación al finalizar la entrevista, planteó la importancia excepcional de la amnistía y le preguntó si se iba a conceder. Suárez contestó que no habría otra amnistía aunque pensaba dar nuevas instrucciones a los tribunales con las que el 80 por ciento de los presos saldrían a la calle y quedarían un 20 por ciento que a través de otras medidas también quedarían en libertad antes del Aberri Eguna, el 11 de abril. Todos ellos serían presos políticos incluyendo a los militares de la UMD. Suárez pensaba que la actual Ley de Asociaciones no permitía la legalización de los partidos y esperaba que en un plazo de dos semanas tal vez se pondría en marcha un decreto ley y bastaría con un nuevo registro. «¿Os inscribiríais?», le preguntó a Felipe, y este le respondió que sí. Sobre el PCE señaló que el Ejecutivo no tenía otra cosa que hacer que aplicar la Ley y serían los tribunales los que decidieran. Pensaba que esto se resolvería satisfactoriamente. Tenía un proyecto de ley electoral aún sin terminar. Se argumentó que ni el Presidente del Gobierno ni el Ministerio de la Gobernación podía excluir a ningún partido. «Si los tribunales deciden que un partido es ilegal, el Gobierno no entra», reafirmó Suárez. Sobre el problema sindical no se habló nada. La formulación se refirió solo al registro de los partidos políticos. Satrústegui seguía estando en desacuerdo con la negociación por parte de los sindicatos o de ellos en la comisión negociadora. Ordóñez señala que al aceptar los sindicatos hoy la comisión negociadora ha quedado completa. Pujol: difiere de Satrústegui.
La COS decidió participar en la Comisión de los Diez, en lo sindical y en lo socio-económico. Nuestra sorpresa fue que los restantes miembros de la Comisión de los Diez separaron en la negociación la exigencia de libertad sindical de las libertades políticas. Habría legalización de los partidos pero no de los sindicatos, en contra de los acuerdos previos de los siete puntos.
Las reuniones que siguieron, las más decisivas, se hicieron con un grupo reducido, que ya no sería ni de los diez, ni los nueve sin sindicatos, ni siquiera los cinco. Entre algunos «demócratas» primaban sus intereses de clase y su objetivo en la nueva etapa era que la democracia no entrara en los centros de trabajo y que la expresión política de los trabajadores, el PCE y la izquierda, aunque moderada, no tuvieran un papel importante en la transición. Desde entonces los trabajadores asalariados y sus sindicatos empezamos a ser los parientes pobres de la transición.
Finalmente «la comisión negociadora» interpretó que la fórmula de registro de partidos políticos establecida por el Gobierno significaba la voluntad de reconocimiento de todas las fuerzas políticas que hoy están dentro de la legalidad en los países democráticos y reiteró que este supuesto era fundamental para la plena validez del proceso electoral. Santiago Carrillo informó a la Comisión de los Diez de que el PCE renunciaba a su participación en la subcomisión que trataría con el Gobierno el problema de las nacionalidades y las regiones para superar cualquier impedimento a la negociación de tan importante tema. La comisión reconoció el valor de la posición responsable del PCE y decidió expresar su protesta frente a la injustificada discriminación impuesta por el Gobierno que marginaba al PCE de este asunto.