Capítulo 15

. . . . . . . . . . . .

Un trono en manos de una niña

. . . . . . . . . . . .

En este capítulo

• Ver la convulsa sucesión de Fernando VII en su hija Isabel

• Valorar los intentos de construir un Estado nacional

• Apreciar el imparable ascenso de una nueva clase, la burguesía

. . . . . . . . . . . .

Con la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, la Corona española quedaba en manos de una niña de apenas tres años y de una reina madre extranjera, la italiana María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. El rey, con la promulgación de la Pragmática Sanción, lo había arreglado todo para que la pequeña Isabel heredara el trono en detrimento del infante Carlos María Isidro. Pero no todo iba a ser tan fácil. Mientras los exiliados liberales retornaban a España, los numerosos partidarios del hermano del monarca fallecido estaban dispuestos a hacer valer sus derechos. Y con las armas si era necesario…

Primera guerra carlista

Una guerra se gestaba en los aislados conventos de Castilla la Vieja, las montañas de las provincias vascas y las mil y una trincheras que los seguidores del absolutismo tenían desperdigadas por la Península.

“¡Viva la religión! ¡Viva el rey! ¡Abajo la nación!”, gritaban los curas asilvestrados que consideraban demoníaco el proyecto nacional del liberalismo. Todo el silencio artificial que había atravesado el reinado de Fernando VII, en el que cualquier conato de idea propia era susceptible de recibir un castigo ejemplar, estalló en 1833 en una guerra civil particularmente virulenta y cruel: la primera guerra carlista.

Dos visiones irreconciliables de España

El conflicto sucesorio entre la pequeña Isabel y su tío Carlos era sólo una excusa (para más información véase la sección “El imprevisto desenlace de un reinado” en el capítulo 14 y en este capítulo el recuadro “Carlos María Isidro se manifiesta”). En el campo de batalla se enfrentaban dos formas de ver y entender España, el Estado, el gobierno e incluso la sociedad:

• El absolutismo monárquico del infante Carlos, respaldado por las guarniciones realistas, el fervor religioso de la Iglesia, las partidas de guerrilleros y labradores de Cataluña, Valencia y Aragón, y las masas de aventureros y campesinos del País Vasco, ganados a la causa del pretendiente una vez éste hizo suya la defensa de los fueros frente a los intentos centralizadores del gobierno de Madrid.

• La España liberal, heredera de la Ilustración y del credo de las Cortes de Cádiz de 1812, que contaba con el aparato burocrático del Estado, el apoyo del ejército regular, la nobleza y la burguesía.

En el fondo, esta primera guerra carlista no fue sino la reacción del campo contra el progreso político y cultural que encarnaba la ciudad.

La causa del perdedor

Don Carlos pudo sentirse rey en un territorio comprendido entre el Ebro y el Cantábrico, pero no consiguió vencer a la burguesía vasca ni tomar las capitales del norte. Bilbao, Vitoria y San Sebastián resistieron las duras acometidas de unos batallones carlistas inflamados por predicadores que les urgían a combatir por Dios, don Carlos y los Fueros.

En 1836, el general liberal Baldomero Espartero consiguió levantar el asedio carlista de Bilbao en una acción que dio un vuelco trascendental al curso de la guerra. El derrumbe total del carlismo tendría lugar sólo un año más tarde, cuando la expedición del pretendiente, tras aterrorizar Cataluña y Valencia, se presentó a las puertas de Madrid, sin conseguir tomarla.

El convenio de Vergara

El fracaso de la expedición, la crisis interna del carlismo, la desmoralización de la tropa, la fatiga de los civiles, el cansancio del ejército liberal… Todo llamaba a una pronta paz. Ésta se escenificó en el convenio de Vergara, firmado a finales de agosto de 1839 y por el cual Espartero se comprometía a interceder en Madrid a favor de los Fueros, a cambio de que los militares carlistas reconocieran a Isabel II como reina. El abrazo entre Espartero y el jefe supremo del ejército carlista, Rafael Maroto, dio el toque teatral a esa reconciliación entre las dos Españas que el tiempo iba a demostrar efímera (para más información sobre el tema véase el recuadro “La gran traición de Vergara”).

El pacto de la Corona con la burguesía

Dado lo convulso de la situación, con el trono en disputa en el campo de batalla, la regente María Cristina no dudó en pactar con los liberales para defender la corona de su hija. Y a la burguesía le interesaba igualmente pactar para así asegurarse su porvenir, asaltar el poder de forma pacífica y construir un Estado a su medida, inspirado en el modelo francés.

La nación se hace carne

Varias serían las medidas que la burguesía, una vez instalada en el gobierno de Madrid, llevaría a cabo para construir un Estado centralizado y eficiente:

• La ordenación del territorio español, configurado a partir de 1833 en 49 provincias, desde entonces el soporte ideal para organizar la vida civil y militar del nuevo Estado nacional.

• La creación de una capital moderna, para lo cual Madrid se llena de edificios que albergan los centros rectores del Estado (ministerios, Congreso de los Diputados, Senado…) y de la creación cultural e intelectual (Universidad Central, Museo Arqueológico, Biblioteca Nacional…), a través de los cuales la burocracia pasa a fiscalizar la vida de las regiones españolas.

• La constitución de un cuerpo uniforme de leyes, un auténtico orden jurídico nacional, que tomó forma en un primer momento en el Código Penal y el de Comercio, y más tarde, en 1889, en el Código Civil. El País Vasco y Navarra quedaron un tanto al margen de este proceso al conservar gran parte de su vieja autonomía.

• La consolidación de un sistema educativo que filtrase a toda la sociedad un mismo conjunto de valores y conocimientos de común aceptación, los propios de la burguesía triunfante. El modelo llegaría a su cima en 1857 con la ley de Claudio Moyano que concede al Estado la elección de programas y libros, y garantiza la educación primaria hasta los nueve años.

Dinero, siempre dinero…

Pero hacía falta dinero para llevar a cabo todos esos proyectos. Y de eso no había. Como herencia envenenada de Fernando VII, los problemas económicos del Estado golpearon la revolución liberal, demasiado débil como para enderezar el rumbo de una economía sumergida en la pesadilla de la guerra carlista. La libreta nacional sólo empezó a ver la luz cuando en 1836 el ministro Juan de Dios Álvarez Mendizábal se aventuró a llevar por fin a la práctica un proyecto desamortizador adelantado ya por la Constitución de 1812 y el trienio liberal, pero que siempre había acabado fracasando por la cerrada, y lógica, resistencia de la Iglesia.

La Iglesia pierde sus tierras

Dispuestos a ganarse estómagos agradecidos para combatir el carlismo, los liberales se decidieron a sacudir la pereza que atenazaba el campo agrario español sacando a la venta los bienes de la Iglesia. No en cambio los de la aristocracia, con la que la burguesía no quería problemas que hicieran peligrar su ascenso social y enriquecimiento.

Como medida preparatoria para su trabajo desamortizador, Mendizábal ordenó la exclaustración de los 24.000 miembros que componían el censo de las congregaciones religiosas españolas, lo que desató las lógicas iras de Roma, que llegó incluso a romper relaciones diplomáticas con la corte. Monasterios y conventos quedaron así en manos del Estado, que dividió sus tierras en lotes y las sacó a pública subasta (para más información sobre el ministro Mendizábal véase el recuadro “Mendizábal escribe a la reina”).

Consecuencias de la desamortización

A pesar de sus defectos, la desamortización de Mendizábal alcanzó muchos de sus objetivos:

• Salvar las arcas del Estado y la revolución liberal.

• Reducir la deuda estatal a límites soportables.

• Incentivar el desarrollo productivo y dar un empujón a la expansión del ferrocarril.

Sin embargo, también tuvo sus carencias:

• Las ventas no lograron cambiar la geografía humana de la desigualdad y las tierras siguieron en manos de la nobleza o cayeron en las de la burguesía.

• El campo permaneció ajeno a las innovaciones tecnológicas que invadían Europa, debido tanto a la abundancia de mano de obra como a la falta de iniciativa de los nuevos propietarios, a veces simples especuladores.

• Los campesinos, en vez de mejorar su situación, se vieron convertidos en vasallos de la modernidad sin acceso a los derechos civiles predicados por la burguesía en sus salones.

• La Iglesia quedó económicamente desmantelada y pasó a depender del Estado, impedida de prodigar limosnas o sostener los gastos de enseñanza.

• El incalculable expolio artístico, con miles de edificios medievales y barrocos que se desmoronaron víctimas del abandono y la piqueta, perdiéndose para siempre sus tesoros, sus esculturas, sus retablos o sus libros en museos extranjeros o colecciones privadas.

El nuevo papel de la burguesía

El siglo XIX asiste al despegue de la burguesía, una clase que enterrará la sociedad tradicional. En tal labor contará con la inestimable ayuda de los partidos políticos, la prensa y el ejército. Todos ellos son los actores de la revolución liberal que llevará a cabo la renovación del país, primero bajo la mirada desconfiada de María Cristina y luego bajo la vigilancia de Isabel II, cuyo afán por participar en la arena política hará tambalear los cimientos de la propia institución monárquica.

Dos partidos en liza

En plena guerra carlista, las discordias internas entre los liberales provocaron su escisión en dos grandes grupos: los moderados y los progresistas, que poco a poco fueron derivando en los partidos políticos que regirían el juego de la política española hasta 1868.

• Moderados: Este grupo estaba integrado por los terratenientes y grandes comerciantes, a los que se unieron la vieja nobleza, el alto clero y los mandos del ejército. Entre sus principios estaba la defensa de los intereses económicos de la burguesía latifundista.

• Progresistas: Aquí confluían la pequeña burguesía y los intelectuales, atraídos por la versión igualitaria de su programa y su defensa de las libertades, los sectores urbanos, la reforma agraria, el fin de la influencia de la Iglesia y la ampliación del cuerpo electoral.

Dos ideas de Estado nacional

Prácticamente, ambos grupos sólo compartían la necesidad de construir un Estado nacional fuerte, pero su incapacidad de ir más allá y la progresiva radicalización de sus posturas llevaron a que el marco jurídico estatal no fuera en ningún momento fruto del consenso. Lo que le interesaba a cada partido era redactar la Constitución y poder así fijar su excluyente forma de entender España.

Un gobierno, una Constitución

Esa situación de precariedad gubernamental se tradujo nada menos que en seis constituciones, varias reformas a la deriva y algunos proyectos frustrados. Con todo ello, la burguesía demostraba una incapacidad total para dirigir la revolución liberal, de lo que resultaba un Estado indefenso ante los golpes de mano de los partidos y los caprichos del ejército.

La burguesía, además, tenía una desconfianza total hacia las muchedumbres, de ahí un sistema electoral que reservaba la plenitud de los derechos políticos a la minoría propietaria e ilustrada. Progresistas y moderados bajarían y subirían el nivel económico exigido para votar, pero siempre dentro de unos márgenes estrechos. Cuando en 1868 Isabel II se vio obligada a abandonar el trono, sólo 100.000 ciudadanos tenían derecho a voto en España de una población que alcanzaba los 16 millones de habitantes.

El siglo de los pronunciamientos

Lo que no cambió durante ese siglo XIX fue la tradición de los pronunciamientos o levantamientos militares inaugurada por Rafael del Riego en 1820. Visto que burgueses y políticos no se ponían de acuerdo y que el Estado se construía a sacudidas, sin ideas claras, los generales convirtieron en costumbre el irrumpir en la escena política.

Los espadones quieren gobernar

Entre 1840 y 1874, los jefes militares conquistaron los salones de la corte y se impusieron como cabezas de las agrupaciones liberales, a la vez que hacían valer su poder para subvertir las decisiones del gobierno o unas elecciones desfavorables a los suyos o incluso los deseos de la reina. Los pronunciamientos se sucedieron así sin pausa. Unas veces triunfaban sin oposición, otras silbaban las balas… Y a todo ello la burguesía asistía como mera espectadora. Con todo, el peligro del militarismo pudo ser erradicado, pues tanto el general Baldomero Espartero, como los también generales Ramón María Narváez, Juan Prim, Leopoldo O’Donnell o Francisco Serrano actuaron como mero brazo ejecutor de la conspiración política y, tras llegar al poder a golpe de bayoneta, gobernaron siempre mediante civiles de su partido.

La reina madre se exilia

En 1840, la regente María Cristina abandonó España rumbo a París, después de fracasar en su intento de que progresistas y moderados llegaran a unos acuerdos mínimos. Los intentos de los segundos para restringir la libertad de prensa y la rebelión de los primeros en Barcelona, pronto extendida al resto del país, acabaron por costarle la regencia a la viuda de Fernando VII. Espartero, el militar de más prestigio de su tiempo, tomó entonces su lugar.

La regencia de Espartero

Baldomero Espartero, el héroe de la primera guerra carlista, el duque de la Victoria, se alzó como nuevo regente. Y con él, su partido, el progresista, se hizo con el poder por vez primera. Uno y otro duraron poco, apenas tres años. El tratado librecambista con Inglaterra, que excluía cualquier intervención estatal en el comercio internacional, sublevó a los patronos y obreros catalanes, a los que Espartero redujo a base de bombas contra Barcelona. “A Barcelona hay que bombardearla al menos una vez cada cincuenta años”, parece ser que dijo entonces…

El desprestigio de tal acción, unido a las conspiraciones y golpes militares auspiciados por moderados y progresistas radicales, hartos de los desplantes autoritarios del general, acabaron costando a éste todos sus apoyos y llevándole en 1843 al exilio. Mientras, las Cortes acordaban adelantar la mayoría de edad de Isabel II, entonces de 13 años…