^[1] Existían dos precedentes: la conocida investigación de Ian Gibson en Granada, que como él mismo ha reconocido hace poco —véase El Mundo, 19/08/01— acarreó la desaparición de varios libros, y la de Francisco Moreno Gómez, investigación realizada ya sin traba alguna en la Córdoba de fines de los setenta y en la que también se comprobó la desaparición de documentos. En Sevilla no hacía falta eliminar nada: ya habían sido manipulados los libros. <<

^[2] Esto fue lo que me exigió el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Badajoz cuando en 1999 solicité consultar los libros de enterramientos del cementerio municipal. La espera duró varios meses tras los cuales los servicios jurídicos municipales informaron que no había problema para la consulta. <<

^[3] El funcionamiento de los archivos militares fue regulado por el Real Decreto 2598/1998 (BOE 19/12/98), que ha venido a sustituir al reglamento de ¡1898! Puede consultarse en: http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2S98-1998.html <<

^[4] Caso Rainer Zorn, véase El País, 11/07/99. <<

^[5] Daniel de Ocaña Lacal, «Ignorancia, ilegalidad y otros males: panorámica del derecho de acceso a los archivos públicos en España», en Actas del VII Congreso Nacional de ANABAD sobre Información y derechos de los ciudadanos. Teoría y realidad en el XX Aniversario de la Constitución, Salamanca, 1999, pp. 173-211. <<

^[6] Evidentemente no soy el único. Como escribió la historiadora británica Sheelagh Ellwood, investigadora de la Falange, «no hay espacio para detallar cada una de las trabas oficiosas y colectivas contra las que el investigador ha de batallar», en La Gaceta del Libro, 15/05/84. <<

^[7] Manuel Pérez Ledesma, «Memoria de la guerra, olvido del franquismo», en Letra Internacional, verano de 2000, pp. 34-39. <<

^[8] Puede verse una exposición clara de este problema en el prólogo de Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, La memoria insumisa, Espasa, 1999, pp. 13-30. Un momento álgido en este sentido se produjo cuando se indemnizó a la familia del policía Melitón Manzanas como víctima del terrorismo, véase El País, 20/01/01. <<

^[9] ¿No es sintomático que nuestro país, a pesar de haber firmado el Estatuto de Roma en octubre de 2000, no haya incorporado todavía al Código Penal la figura de crimen contra la humanidad y su carácter imprescriptible? <<

^[10] Ese año apareció Paloma Fernández Aguilar, Memoria y olvido de la guerra civil, Alianza, 1996. Aunque ya existían desde los ochenta diversos estudios sobre la transición hay que decir que fue en 1991, con la publicación de El precio de la transición (Planeta), del periodista (Gregorio Morán, cuando se planteó por primera vez y de manera abierta la cuestión de la transición en clave crítica). <<

^[11] Recordemos cómo fueron silenciadas todas la ceremonias funerarias en recuerdo de las víctimas de la represión que tuvieron lugar en numerosos puntos de la geografía española entre 1977 y 1980. Sólo la prensa regional y la revista Interviú recogieron, cada uno a su manera, parte de esta realidad. <<

^[12] Entre otros Carlos Gurméndez, «Los recuerdos y la memoria», El País, 11/05/96; Antonio Elorza, «El regreso de la memoria», El País, 04/01/97; Josep Ramoneda, «Memoria, amnesia, perdón», El País, 07/11/97; Antonio Muñoz Molina, «La historia y el olvido», El País, 09/11/97; Rosa Regás, «¿Para qué olvidar?», El País 15/11/97, y Luis Yáñez, «Habla, memoria, habla», El País, 03/12/97. Más recientemente también se ha sumado a esta tendencia un historiador como Gabriel Jackson, quien declaró que «la transición implicó un pacto contra la memoria histórica», véase El País, 22/06/01. Un antecedente aislado de altura sería Mario Benedetti, «Variaciones sobre el olvido», El País, 06/09/87; otro, Justo Fernández, «Mantener la memoria histórica», El Mundo, 27/05/94, éste motivado por la aparición del cadáver del último alcalde republicano de Los Llanos de Ariadne y de cuatro personas más. <<

^[13] Véase Carlos Castresana, «Transición, memoria y justicia», El País, 01/05/01. <<

^[14] Sobre la desmemoria española frente a la actitud francesa pueden verse las cartas enviadas a El País (06/10/96 y 14/09/99) por la historiadora Fernanda Romeu Alfaro comentando diversos actos de homenaje a los exiliados españoles celebrados en Nimes y Argelés. <<

^[15] Véase Vicenç Navarro, «Reconciliación, sí; olvido, no», El País, 12/01/00; «La transición no fue modélica», El País, 17/10/00; «La democracia incompleta», El País, 19/12/00 y «Los costes de la desmemoria histórica», El País, 16/06/01; y José Vidal-Beneyto, «El modelo de una transición modélica», El País, 22/02/01. Sobre la reescritura de la historia por parte de la derecha franquista, véase Josep Fontana, «Epílogo», en Por favor. Una historia de la transición, Crítica, 2000, pp. 171-182. En sentido contrario, véase Javier Tusell Gómez, «Por una política de la memoria», El País, 17/07/00, «¿Fue modélica la transición a la democracia?», El País, 02/11/00 y «Por una historia revisionista de la transición», en Claves, n.º 115, 2001, pp. 11-21. <<

^[16] Bastará decir que entre los últimos premios nacionales de historia se encuentran las obras colectivas Reflexiones sobre el ser de España (1998) y Símbolos de España (2000), ambas coordinados por la historiadora Carmen Iglesias, tutora de una de las infantas y profesora del príncipe, que inauguró en noviembre el último ciclo sobre «25 Años de Monarquía». Ha habido una intención evidente de no unir dos hechos que tuvieron lugar al mismo tiempo como fueron la muerte de Franco y la coronación de Juan Carlos de Borbón, llegándose a prohibir un programa de TVE sobre los vestigios del franquismo y a posponer y rebautizar lo que era un soso debate titulado España tras la muerte de Franco en otro igual de soso llamado España en Europa. El objetivo sigue siendo el mismo de siempre: silenciar la historia reciente y ver hasta dónde se puede llegar con las actitudes revisionistas. Ya anteriormente en TVE se había prohibido un documental sobre el caso de dos anarquistas ejecutados en 1963 por un atentado que no cometieron (caso Granado y Gata, véase El País, 06/12/96). <<

^[17] Sobre las vicisitudes de la memoria histórica, véase Juan S. Pérez Garzón, Eduardo Manzano, Ramón López Facal y Aurora Rivière, La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder, Crítica, 2000; Boyd, Carolyn P., Historia patria. Política, historia e identidad nacional en España, Pomares, 2000, y Álvarez Junco, José, Mater Dolorosa, Taurus, 2001. <<

^[18] El País, 12/04/2000. No contentos con ignorar nuestra historia o consentir su falseamiento nos dedicamos a premiar y promocionar absurdas historias como la de que García Lorca, cuya vida ha costado mucho esfuerzo reconstruir (Brenan, Penón, Gibson), sobrevivió a su fusilamiento (Fernando Marías). <<

^[19] El País, 22/04/01. <<

^[20] Véase Luis Yáñez, «Habla, memoria, habla», El País, 03/12/97. Ante la llegada del PP al gobierno consideraba necesario un debate sobre Franco y la dictadura «para fortalecer la cultura democrática entre los españoles». <<

^[21] En este sentido es paradigmático la forma en que el PSOE solucionó el problema de las lápidas en recuerdo de las víctimas del golpe militar en zonas de fuerte arraigo como Extremadura y Andalucía. Se eliminaron las lápidas franquistas con los listados de «¡presentes!» y se colocaron otras «en memoria de todos los caídos en las guerras de España». Muy pocos pueblos, y sólo por la voluntad de algunas personas a título individual, recogieron los nombres de las víctimas. <<

^[22] Un curioso artículo escrito este mismo año sobre el hostigamiento sufrido por los «españoles liberales» tanto en la dictadura como después puede verse en José Manuel Cuenca Toribio, «1939-1975: de nuevo proscritos», Diario de Sevilla, 06/01/01. <<

^[23] Véase Gabriele Enetsch, «La memoria de España duerme en Alcalá de Henares», El País, 29/05/94. <<

^[24] Soledad Arribas González, «Fondos documentales de la Justicia Ordinaria en la España Nacional», en Justicia en Guerra, Ministerio de Cultura, Madrid, 1990, p. 579. <<

^[25] El País, 01/1 1/92, «Memoria que quema», artículo de Jaume Boix y Arcadi Espada. <<

^[26] Véase El País, 15/12/99. <<

^[27] Véase Lanon, Frances, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en España, 1875-1975, Alianza Universidad, 1987, pp. 30-33. Fue esta historiadora la que denunció que los informes tan profusamente utilizados por Ordóñez Márquez en su obra La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva (Madrid, 1968) no se encontraban ya en el Archivo del Palacio Episcopal de Sevilla cuando ella quiso verlos. <<

^[28] José Álvarez Junco y Eduard Baker, «Casi el día de los difuntos: centenarios, recuerdos y olvidos», El País, 01/1 1/00. <<

^[29] Véase Santos Julia, «Rastros del pasado», El País, 25/07/99: «El problema no estriba tanto en rememorar el pasado sino en cómo hacerlo». <<

^[30] Josep Ramoneda, «Memoria, amnesia, perdón», El País, 07/11/97. Ramoneda plantea que esa suspensión favorecía a la reacción y también a la ciudadanía en general, sabedora de la endeble resistencia civil opuesta al franquismo. Ramoneda olvida que no conocemos todavía la magnitud de dicha resistencia. <<

^[31] Véase El País, 21/06/01. Poco antes, el 26/09/00, pudimos asistir a un espectáculo único: la destrucción pública del expediente abierto en 1976 al valenciano Antonio Ruiz Sáiz al amparo de la Ley de Peligrosidad Social por su condición de homosexual. Ante el comentario jocoso por parte de la Policía en un control realizado en 1995 el afectado solicitó la destrucción del expediente, lo que finalmente fue aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. El caso fue considerado por Daniel de Ocaña Lacal —véase http://www.bibliotecologia.cl/daniel.html— como asesinato de patrimonio histórico, pues en vez de actuarse contra quienes hacían un uso perverso de la información se actuó contra la propia información. Puede imaginarse lo que ocurriría si este procedimiento se extendiese a otros casos en el que como en éste el derecho a la intimidad se considerase por encima del interés histórico. Sobre el mantenimiento de los ficheros político-sociales franquistas hubo también otro caso ese mismo año, cuando un policía de Aduanas echó en cara a un ciudadano su detención en el año 1980 por pertenecer a la ORT (véase El País, 18/02/00). <<

^[32] El homenaje a J. B. Peset véase Levante, 25/05/01. Un mes antes había tenido lugar en la Universidad Pompeu Fabra otro acto de homenaje a los 120 profesores excluidos de la universidad catalana en 1939, La Vanguardia, 03/04/01. También Granada —véase Ideal, 16/10/01— dará su nombre a un aula y homenajeará al rector Salvador Vila, asesinado el 22 de octubre de 1936. <<

^[33] Véase Roberto Bergalli, «El discurso jurídico del olvido», El País, 30/01/88. <<

^[34] Un esbozo de dicho código puede verse en www.unesco.org/webworld/ramp/secret_spanish.htm. Para una versión reducida de este trabajo véase Antonio González Quintana, «Archivos y derechos humanos», en Actas del VII Congreso Nacional de ANABAD sobre Información y derechos de los ciudadanos. Teoría y realidad en el XX Aniversario de la Constitución, Salamanca, 1999, pp. 371-389. Algunos de los puntos de dicho código invitan al archivero a que, en su papel de intérprete de la ley ante el usuario, no se convierta en censor sino en mero ejecutor de la voluntad popular (pp. 388-389). Véase la nota 36. <<

^[35] Véase discurso de clausura en Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de Justicia durante la guerra civil española: instituciones y fuentes documentales (Salamanca, 1987). Ministerio de Cultura, Madrid, 1990. <<