1. El cura y el falangista

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El cura y el falangista.

Hinojos y Rociana, dos historias del 36

En recuerdo de Joaquín Soto Pichardo

PARA MUCHOS DE LOS QUE SUPERAMOS cierta edad mezclar alcaldes y curas nos trae inmediatamente a la cabeza el recuerdo del alcalde comunista Pepone y del cura Don Camilo, dos personajes simbólicos de la posguerra italiana creados por el novelista Giovanni Guareschi y que el cine popularizaría. Leíamos a Guareschi en los años sesenta y por más que nos esforzábamos no había manera de imaginar modelos reales en nuestro entorno. Los comunistas —porque todos, aunque tuvieran otras ideologías, eran comunistas— aún olían a azufre y tenían rabo; los curas vivían todavía los últimos coletazos de su edad dorada. Así que ni Pepones ni Don Camilos. El fascismo español, aunque lo peor ya había pasado, gozaba de buena salud.

Ésta es una historia de curas y falangistas de los del 36. Sólo hay un protagonista claro, el párroco de Rociana, Eduardo Martínez Laorden, pero hay otros muchos personajes. Ésta es la historia de esos personajes en el momento crucial de la sublevación de julio, historia que lo es también, al menos en la parte que les corresponde, de Falange y de la Iglesia. Y fundamentalmente será la historia de todos ellos en relación con el ambiente de extrema violencia que se desató a consecuencia del golpe militar. Quiere resaltar este trabajo que la violencia no se impone por sí sola, sino que se elige, se prepara y se alimenta para que dé sus frutos. Hinojos y Rociana, pueblos pertenecientes al mismo entorno y a sólo unos kilómetros uno de otro, son dos casos extremos. En realidad la rareza radica en Hinojos, ya que en este pueblo no fue asesinado ningún izquierdista^[1]. Rociana, por el contrario, pertenece al grupo mayoritario, al de los pueblos diezmados. Es también una historia de papeles invertidos, de falangistas que protegen vidas y de un cura que perdió los papeles. Si hubieran estado en el mismo pueblo se hubiera creado un problema considerable. Normalmente ambas instancias, Iglesia y Falange, estuvieron de acuerdo. Ejemplo de ello sería Rociana. Pero unos aquí y otro allí marcaron las diferencias en ambos lugares.

Esta historia ocurrió entre julio de 1936 y diciembre de 1937, pero tiene su núcleo en agosto y septiembre de aquel año fatal. Rociana, con cerca de seis mil habitantes, duplicaba entonces en población a Hinojos. Al contrario que Almonte, a medio camino entre ambos pueblos y que vio su ambiente enrarecido desde comienzos de 1932, la tranquilidad fue la norma en nuestros dos pueblos a lo largo de la República. Todo eso acabó el día que la radio comenzó a emitir cosas raras y llegaron rumores de que en Sevilla pasaba algo grave.

EL CASO DEL CURA DE ROCIANA: EDUARDO MARTÍNEZ LAORDEN

La primera noticia que tenemos de este personaje, nacido en El Pedroso (Sevilla) en 1866, data de octubre de 1932, cuando envió al Arzobispado de Sevilla su informe quinquenal sobre el «estado de las almas» de su feligresía. Veamos, de manera resumida, algunos apartados:

Estado de Moralidad y vida cristiana:	Regular nada más.
Misa dominical:	Asiste el 7% de los feligreses.
El descanso:	Se observa bastante poco.
Descuidan este precepto:	El 93%.
Cumplimiento pascual:	Lo abandonan el 95%.
Últimos sacramentos:	Casi todos se niegan o los descuidan.
Matrimonios civiles:	Se han registrado ya dos.
Concubinatos:	Seis u ocho.
Enseñanza cristiana:	Regular.

Al final añadía que existía una Casa del Pueblo «con pocos socios; en total unos doscientos. Propagan ideas contra la religión, principalmente contra el matrimonio católico»^[2]. Quizá influyera en el desánimo que impregna el informe el fracaso de la sublevación del general Sanjurjo varias semanas antes. Y si así estaba en 1932, bien podemos imaginar cómo andaría cuatro años después y tras la victoria del Frente Popular. De pronto en julio surgió la esperanza para los que como él añoraban un retorno al pasado. Todo fue muy rápido: las noticias de lo ocurrido en Marruecos, lo de Sevilla, la declaración de huelga general, la formación del Comité Circunstancial… y los obreros armados por las calles. Los sucesos que marcarían su vida tuvieron lugar en las primeras horas de la noche del 21 de julio. La ira popular se dirigió contra los objetos, contra los símbolos de todo lo que aborrecían^[3]. Prendieron fuego a la iglesia y a casi todo lo que contenía, amontonándolo en la plaza. El fuego también se llevó por delante la casa rectoral, donde vivía nuestro protagonista; luego tocó el turno a los dos casinos, el principal, propiedad de Francisco Vallejo, y el que llamaban Centro Republicano Obrero de Artes Varias (Almirante Pinzón, 10), en realidad lugar de reunión de Falange y propiedad de José María Jiménez Molina. Finalmente destruyeron la sede de la Asociación Patronal (General Varela, 16). La escena tuvo incluso música, pues mientras todo esto ocurría alguien tocaba un viejo piano sacado a la calle desde el casino. Sólo dos hechos hay que añadir a los ya mencionados: la bomba que el día 26 colocaron en una ventana de la casa de Francisco Ferraro Vallejo y la apropiación de unas veinticinco ovejas de una finca de José María Jiménez Molina por orden del Comité de Bollullos^[4]. El 27 llegó la columna al mando de Ramón Carranza, a quien acompañaba Javier Medina Garvey. En el pueblo, unos habían huido y otros estaban en sus casas^[5].

Martínez Laorden, un hombre de sesenta años acompañado por una sobrina con una hija, vivió aterrorizado aquellos sucesos. Vio cómo desaparecían entre llamas la iglesia y su casa, pero cuando veía cercana su última hora recibió la ayuda conveniente de los propios izquierdistas —el alcalde socialista entre ellos—, que se encargaron de sacarlo de allí, protegerlo y ponerlo a buen recaudo.

Curiosamente, prueba de que la normalidad jurídica seguía vigente, el expediente sobre los sucesos de la noche del 21 en Rociana, luego titulado «Incendios, destrozos y saqueos ocurridos en la Villa de Rociana de esta Provincia durante la denominación marxista», se inició unas horas después de ocurrir. En principio fue el juez de Rociana, Gregorio Rodríguez Mendaño, el que se encargó de la instrucción del caso, empezando por realizar una inspección ocular y tomando declaraciones de rutina en los días siguientes 22 y 23 a Manuel Riquel Pérez (presidente del Casino Republicano), a Marcelino Acosta Muñoz (presidente del Casino principal), a Manuel Gómez Riquel (presidente de la Asociación Patronal) y al párroco Eduardo Martínez Laorden.

La única declaración llamativa fue la del cura. Narró el asalto a su casa: cómo lanzaron piedras contra la puerta diciendo que eran disparos que partían del interior, cómo los escopeteros destrozaron la fachada y cómo cuando empezó el fuego hubo quien quiso parar aquello y quien gritaba que había que acabar con todos. Fue en ese oportuno momento cuando Ceferino Chaparro sacó de allí al cura y a las dos mujeres y los llevó a la casa del conserje del Casino Efraín Muñoz Sánchez. Pero ante la posibilidad de que el ataque se repitiera pasaron a casa del alcalde socialista Antonio Hernández Muñoz, «el cual les ofreció hospitalidad y seguridad», decía el cura a las pocas horas del suceso. Ya de día se trasladaron definitivamente a casa de Isabel Ruiz García. En su declaración mencionó a José Cruces González, a su mujer, Remedios Iglesias del Valle y a un hijo como participantes activos en los desmanes. Unos días después, posiblemente el 27 o 28 de julio, en un acto público celebrado en la plaza, muchos vecinos de Rociana quedaron petrificados cuando su párroco, don Eduardo, desde el balcón del Ayuntamiento, soltó: «Ustedes creerán que por mi calidad de sacerdote voy a decir palabras de perdón y de arrepentimiento. Pues NO: ¡Guerra contra ellos hasta que no quede ni la última raíz!»^[6].

PRIMERA ETAPA REPRESIVA (JULIO-DICIEMBRE DEL 36)

Desde el mismo día 27 se estaban efectuando docenas de detenciones y ya desde los últimos días de julio se empezó a rumorear que habría fusilamientos. De hecho «el de Celedonio» y alguno más fueron llevados el día 30 a Huelva en un camión procedente de Bollullos y no se supo más de ellos. El sermón del cura había hecho efecto. La cárcel se quedó chica y hubo que habilitar otro local; las mujeres fueron encerradas aparte en el colegio de la plaza. En esto llegó el día 4 la noticia del fusilamiento en el parque público de El Conquero, en Huelva, del gobernador civil Jiménez Castellano y de los tenientes coroneles de Asalto y Guardia Civil, Alfonso López Vicencio y Julio Orts Flor. Los detenidos, mientras tanto, eran obligados a retirar escombros de la iglesia, entre ellos precisamente Ceferino Chaparro, el que salvó al cura. Esta extraña situación saltó por los aires el día 7 de agosto con el asesinato de tres de los detenidos en el término de Almonte. Dentro de Falange hubo tensiones y reajustes en ese momento crucial. Dos días después, el 9, fue detenido en su casa otro de los protectores cura, el alcalde Antonio Hernández Muñoz, más conocido como Antonio «María Gómez», quien ni siquiera había huido. La escalada tuvo su cénit entre los días 10 y 13, cuando raparon a todas las detenidas, que se rebelaron inútilmente, y tuvo lugar el asesinato de Remedios Iglesias del Valle, más conocida por «la de Cruces» o «la Maestra Herrera», por la profesión del marido, y que había osado pasear por los alrededores de la iglesia cubierta con una capa o túnica quita da a una imagen.

Esta mujer, que fue la que denunció el cura, fue rapada. Luego e pusieron una túnica, la ataron a un burro y la pasearon por el pueblo entre la mofa y el escarnio. Sobre el animal iba uno dando avisos con una corneta; junto a la mujer, otros dos. Unas veces iba andancio y otras era arrastrada. Al día siguiente fue asesinada. Su marido, José Cruces González, que se encontraba huido, fue finalmente localiza o en Huelva unos meses después e igualmente hecho desaparecer. Este espectáculo salvaje, avalado por denuncias previas, consentido cuando no inducido por las nuevas autoridades, y perpetrado a la luz del día para que todos captaran el Nuevo Amanecer desgarró la pequeña comunidad y destruyó vínculos familiares, amistosos y sociales establecidos a lo largo de décadas. A partir de aquello todo estaba permitido.

La gran matanza tuvo lugar en Rociana entre mediados de y los primeros días de octubre. ¿Qué fue del expediente iniciado e de julio? Coincidiendo con los primeros fusilamientos del 7 de agosto quedó en suspenso por orden del comandante Haro Lumbreras, gobernador civil y militar de la provincia, que sin duda asombrado de tanto legalismo pasó las diligencias al auditor de la II División. Un mes después, el 8 de septiembre, el general Queipo ordenó de nuevo su reapertura por la Comandancia Militar de Rociana, pero este paso apenas generó algún trámite. El verdadero reinicio tuvo lugar en los primeros días de octubre. Por lo pronto el brigada de la Guardia Civil Rodo o Ruiz García, en funciones de comandante militar, envió al juez instructor, el teniente Guillermo Gomila Cantalejo, un interesante informe sobre «individuos desaparecidos». Era un listado con 55 nombres. Los tres primeros, Manuel Barciela Vilaboa, Antonio Hernández Muñoz y Nicolás Pichardo Bejarano, eran supuestamente los responsables de todo^[7]; a continuación, 49 más acusados de todo lo ocurrido, y finalmente tres nombres: Francisco Pérez Orihuela, considerado comunista y al que se achacaba la colocación de la bomba en la casa de Ferraro Vallejo; Luciano Falcó, comunista también, al que se acusó de tomar parte en la voladura del puente de Niebla, y Virgilio Borrero Velasco, secretario de las Juventudes Socialistas considerado «ajitador (sic) y propagandista».

El auto de procesamiento, que consideraba incursos a todos en el delito de rebelión, se dictó el 10 de diciembre. A los 55 anteriores se añadieron varios más, José Cruces, Andrés Cervera y Diego Dancauce Pérez. Ésta fue la lista incluida en la requisitoria aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia el día 16 de diciembre. Como veremos, todos sabían cuando se hizo público que casi la totalidad había desaparecido. El decreto también se expuso en el juzgado de Rociana.

El siguiente informe, del Servicio de Investigación y Vigilancia de la Delegación de Orden Público de Huelva, llegó al juez instructor el 18 de diciembre:

Faltan en la lista varias personas más relacionadas con el asunto de las ovejas. Se trata de José Camacho Pichardo «el Campanero», Manuel Francisco Álvarez «Mijita» y Leonardo Gómez Mora «Potaje». Éstos, que se encontraban detenidos en Sevilla, en el barco-prisión Carvoeiro, fueron eliminados el 28 de septiembre. La noticia llegó a Rociana. Otros relacionados con este asunto aunque naturales de Bollullos fueron «el Costado», «el Bolero», «el Márgalo», Francisco «el de la Zurra», el guardia municipal «la Siguapa» y el «Cojo de la Fernandina» (concejal frentepopulista), cuyos nombres se desconocen y a los que según la Comandancia Militar de Bollullos «se les aplicó el Bando de Guerra». En conclusión, las 25 ovejas y los daños en el mobiliario causados en las fincas La Regolla y Vaqueriza, propiedad de Jiménez Molina, acarrearon la muerte de nueve personas. Otro de la lista, Andrés Cervera, cuyo nombre era realmente Andrés Camacho García, fue detenido en enero del 37 e ingresado en la prisión provincial de Huelva.

El Sumario 318/36, o como quiera llamarse al extraño expediente iniciado en julio del 36 y cerrado en marzo del 37, concluyó en el consejo de guerra que se celebró en Huelva el 20 de mayo de 1937, presidido por el comandante Francisco Santizo Solís, natural precisamente de Hinojos. Se juzgó a cinco personas de Bollullos implicadas en la incautación de ovejas. Se les acusó de «auxilio a la rebelión», reconociéndose que no ejercieron violencia alguna. Cuatro de ellas fueron absueltas pero Andrés Camacho García «Cervera» fue condenado a doce años y un día de reclusión temporal, «toda vez que con la requisa de ganado destinado a la subsistencia de los sublevados, prestó una valiosa ayuda a la causa marxista». Las consideraciones finales del auditor de la División, Francisco Bohórquez Vecina, son broche final apropiado a tan surrealista proceso: aprueba la sentencia, constata la aplicación del bando de guerra a los vecinos de Rociana y declara el sobreseimiento definitivo de las actuaciones. Era el día 22 de mayo de 1937.

Naturalmente el cura no era el único inquisidor. Siempre estuvo acompañado de manera oficial por el jefe local de Falange y el comandante de puesto de la Guardia Civil. Además, como se lee en algún expediente^[8], la lista de colaboradores de primera hora era larga: Jaime Muñoz Aguilar (jefe de milicias), Ángel Ruiz Acevedo (propietario), Antonio María Sánchez Acosta (propietario), Manuel Hermoso Sánchez (falangista «Camisa Vieja»), Diego Contreras (falangista «Camisa Vieja»), Antonio Ramírez Torres (amigo del brigada y chófer de Benito Ferraro), José María Domínguez Muñoz (que actuaba como secretario del Ayuntamiento), Manuel Naranjo Bort (jefe local de Falange que «intervino en detenciones y búsquedas en los primeros días del Movimiento»), Eloy Picón Contreras (tesorero de Falange) y José María Martín Pérez (conserje del Centro Republicano Obrero y falangista). Otros falangistas citados eran Eloy Borrego Solano, Jerónimo Pulido Martín, Ángel Díaz Bracero, José María Gutiérrez Calero (encargado de la Casa de la Viuda de Francisco Riquel), Francisco Jiménez Romero (encargado de la Casa de José Romero) y Antonio López Salinas. Y del Ayuntamiento, el oficial Antonio Salguero Coronel.

EL CURA REAPARECE DE NUEVO

Después del asesinato de Manuel Barciela Vilaboa y de seis más, ocurridos los días 2 y 18 de octubre respectivamente, la furia represora se calmó. La captura de Barciela, otro de los alcaldes del Frente Popular; su traslado entre falangistas y guardias civiles desde Higuera de la Sierra, y su asesinato en el término de Bonares, constituyeron todo un espectáculo necrofílico acorde con el terror instalado en Rociana desde julio. Los documentos oficiales tapan la realidad. No es cierto que se aplicara el bando a varias docenas de vecinos. Los documentos omiten que se les interrogó, que se les torturó y que se les asesinó de la manera más brutal.

Luego la vida siguió, monótona y aburrida, con la interminable guerra de fondo. El autor del Diario de Rociana sólo anotó la inauguración del cuartel de la Guardia Cívica en la calle Almonte (27 de noviembre) y la salida de 38 vecinos para el frente de Córdoba (14 de diciembre).

Pero el día 17 de enero de 1937 ocurrió algo inesperado. Ese día el párroco Eduardo Martínez Laorden envió dos escritos nada menos que al delegado de Orden Público de Sevilla, el comandante de la Guardia Civil Santiago Garrigós Bernabeu, que acababa de sustituir en el cargo al terrorífico capitán Manuel Díaz Criado. El primero, de fecha 13, era una denuncia (véase Anexo I^[A1]); el segundo, de fecha 17, una recomendación. Garrigós los pasó a la División y de allí al gobernador militar de Huelva Miguel Barón Agea, quien a su vez los dirigió a la Guardia Civil de Rociana. En resumen la denuncia insistía en los puntos siguientes:

—la impunidad de muchos responsables: «casi todos»,

—la insuficiencia de los registros y pesquisas practicadas: en Rociana no han «conocido el temor»,

—«el espíritu jocoso y como de broma» de las declaraciones tomadas a los detenidos,

—la existencia de testigos presenciales a los que no se ha pedido declaración,

—la sensación de que «no hubiera empeño en descubrir la verdad»,

—la necesidad de confiscar bienes «a muchos del Frente Popular, culpables evidentemente, pues alguno ha sido fusilado»,

—concluía apreciando «condescendencia injustificada y una falta de celo», ofreciéndose para acabar con «tanta lenidad».

Además de la denuncia aprovechó para recomendar que su cuñado, portero del Hospital Central de Sevilla destituido por orden de Queipo en agosto del 36, fuera readmitido. Martínez Laorden culpó de ello a la superiora, a la que acusó de colocar al hermano de una monja. Luego se declaraba «enemigo de las recomendaciones» y recordaba sus méritos: tres sobrinos asesinados, la destrucción de su casa, cinco familiares a su cargo… «El brigada Rebollo conoce el caso…», concluía, refiriéndose al temido brigada del barrio de La Macarena.

La denuncia debió de sentar como una bomba entre los poderosos de Rociana, pues nada menos que desde el mismísimo Estado Mayor de la División se les pidieron cuentas acerca de si habían cumplido eficazmente su misión. La respuesta del comandante militar de Rociana, el brigada Rodolfo Ruiz García, fue inmediata. El mismo 23 de enero, y tras contar una vez más lo ocurrido en la noche del 21 de julio, contestó que a «todos los individuos que tomaron parte activa en los hechos anteriormente expuestos en número de sesenta, después de tomarles declaraciones y carearles entre ellos y ante una comisión que el que suscribe formó de personas de solvencia y reconocida honradez, le fue aplicado el Bando de Guerra». Llego el brigada Ruiz García defendía el haber liberado a otros que simplemente actuaron por coacción de los dirigentes y apoyaba la actuación de la Comisión depuradora. Enumeraba también todos los objetos devueltos al párroco, resaltaba las tareas de búsqueda para la captura de los ocho fugados de Rociana y comunicaba la instrucción de siete expedientes de confiscación de bienes. Finalmente se preguntaba dónde habrían sido asesinados dichos sobrinos, pues «en esta villa no se han cometido asesinatos», y soltaba que si tan poco amigo era el cura de recomendaciones que por qué entonces intercedió en favor de dos dirigentes. De esta forma, acusándole de recomendar a izquierdistas, la autoridad militar respondió a la sospecha planteada de no haber eliminado a suficiente número de ellos. Tal importancia se dio al caso en el Gobierno Militar de Huelva y en el Estado Mayor de la División en Sevilla que en los últimos días de enero se abrió un sumario y se nombró juez instructor.

Martínez Laorden declaró en Rociana el 1 de marzo, pero ya era otro. Aseguró que «sólo le guiaba el interés por la necesidad de recuperar los objetos que constituían el ajuar de una familia de cinco personas», y no «el deseo de castigo contra los autores». El tono había variado y las respuestas eran deprimentes. Hasta el jefe de Falange Manuel Naranjo Bort y los testigos presenciales citados mantuvieron que dirigentes y ejecutores habían desaparecido ya al aplicárseles el bando de guerra. La denuncia quedó descalificada punto por punto. Una vez más hubo de reconocer que Ceferino Chaparro Acosta «le echó el brazo al cuello animándolo y mandando a los escopeteros que lo respetasen como a él mismo» y que el alcalde Antonio Hernández Muñoz lo acogió y protegió en su casa. Pero por primera vez mencionó a otro que le acompañó a casa del conserje y que le dio agua (aunque no dijo en ese momento su nombre, se trataba de José Expósito). Reconoció que había intercedido por los dos ante el alcalde y el brigada «por si podría servirles de atenuante». Reconocía además la dificultad de encontrar los objetos y perdonaba a todos entonces y ahora. Ésa sería su buena obra, tal como prescribía su religión. Era evidente el profundo cambio producido en mes y medio. Hay dos posibilidades de explicarlo: o había puesto freno a su cruzada particular o, más probablemente, había tenido un encuentro con el brigada, el alcalde e incluso los testigos que citaba en favor de sus aseveraciones. El expediente fue cerrado tras el informe del juez instructor Juan Pérez Basilio, quien destacaba la incapacidad del denunciante para justificar los cargos y mencionaba el deber cumplido del comandante militar y el jefe de Falange. Ésta fue la particularidad de Rociana: un guardia civil, un falangista y un representante de la justicia militar calmando a un cura que considera insuficiente la represión efectuada^[9]. Lo cierto es que la semilla de la violencia había sido esparcida de nuevo.

LOS CONSEJOS DE GUERRA DEL 37

Finalizada la represión salvaje, representada por la figura del comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras al frente de los Gobiernos Civil y Militar de la provincia, los sublevados decidieron adornar la represión con apariencia legal. La maquinaria se puso en marcha a comienzos de marzo. Fueron juzgados, pueblo a pueblo, los huidos que se entregaron durante el invierno, la gente que les apoyaba y cualquiera que se saliese un poco de la norma. En Rociana, dada la escabechina del año anterior, debieron observar que ellos poco podían aportar a los espectaculares consejos de guerra sumarísimos de Urgencia. Así que se propusieron llevar algo. El innombrable 14 de abril detuvieron a varias personas con pretextos tan peregrinos como hablar contra Franco, la Falange… El primer consejo de guerra tuvo lugar en Moguer el 14 de junio de 1937. El principal encausado fue Francisco Orihuela Huelva «el Niño Chacha». Un día de abril del 37 se reunió con Gregorio Cano González «Ángel» en una choza para tomar unos vinos y no tuvo mejor ocurrencia que decir cosas como que «ya le quedaba poco a la canalla fascista» o que «Franco era un ladrón». Sus comentarios fueron escuchados por dos policías municipales y Francisco Parra, agente de arbitrios. La broma le costó doce años de prisión mayor. «Sus palabras tienden a levantar los ánimos de las personas que en la retaguardia simpatizan con la causa roja revolucionaria, contra la que lucha actualmente el Ejército del Nuevo Estado Español».

Unos días después se celebraron en Huelva dos nuevos consejos de guerra contra los hijos de Remedios Iglesias, localizados en Huelva y detenidos por gente de Rociana a mediados de febrero. En el primero, el 30 de junio, se juzgó a Ignacio Peguero Iglesias, que declaró conocer el final de su madre y su padrastro, ambos ya desaparecidos. El cura Martínez Laorden, que declaró el 18 de junio, afirmó que «le dijo su sobrina que le pareció que por la parte de la puerta falsa estaba el hijo del maestro Cruces con una pistola»; el sacristán, Rafael Santana Betanzos, añadió en su testimonio que éste fue el que desde una de las entradas de la iglesia le dijo: «Despídete, porque para lo que va a quedar de esto…». El otro hijo, José Peguero Iglesias, pasó por la justicia militar el 7 de julio por su intervención, genérica y difusa, en los sucesos de Rociana. El primero fue condenado a 20 años; el segundo a 15.

Otro de los detenidos en febrero en Huelva fue Diego Pérez López. Era militante socialista y había huido con el grupo de Cruces hacia Niebla el día que llegó la columna Carranza. Pasó por el Tribunal Militar el día 9 de agosto, siendo condenado a quince años de reclusión temporal.

A medida que avanzaba el año todo se fue complicando hasta tal punto que en agosto media provincia fue declarada zona de guerra, y se produjo una nueva matanza que se llevó por delante a muchos de los que se habían librado de la anterior. Rociana no fue una excepción. Sólo que como las represalias no podían justificarse en relación con el problema de los huidos se recurrió a lo de siempre. El martes 31 de agosto un testigo presencial de los sucesos del 21 de julio de 1936 se presentó a declarar ante la Guardia Civil. Este testigo, mero instrumento del sector más reaccionario y violento de Rociana, dijo al cabo de la Guardia Civil Gonzalo Carrasco Cobos que había presenciado todo desde la casa de su patrón. Se realizaron detenciones en la misma noche del 31 y el 15 de septiembre, e ingresaron en prisión:

El cura se puso de nuevo en acción. Debía pensar que la realidad le daba la razón. Por fin veía entre rejas a los que había denunciado en enero. Porque según rumores… entre ellos estaba el que arrojó al fuego a la Virgen de los Dolores; el que cogió al Niño Jesús y le amenazó por tres veces y mirándolo fijamente con que si no decía «¡Viva Azaña!», iría al fuego, o quien tocaba el piano en medio del desastre; también quien enterró a su esposa en una ceremonia civil. Muchos de los acusados negaron toda participación en los hechos. Curiosamente entre ellos se encontraban varios miembros fundadores del Partido Socialista de Rociana, como Baiceo Cano, Narciso Pichardo, Diego Rodríguez Iglesias y Juan Gómez Martín. Además todos salvo Cano y Gómez Martín habían sido detenidos y puestos en libertad al poco tiempo de la ocupación del pueblo. Las diligencias se eternizaron.

El párroco declaró a comienzos de noviembre. Empezó diciendo que no pudo ver a nadie pero que agradecía a José Expósito haberle dado agua cuando lo llevaban a casa del conserje. A continuación añadió haber reconocido la voz de Concepción Muñoz pidiendo que lo echaran en la hoguera. Había reconocido la voz porque «esa mujer había ido muchas veces a su casa para pedir socorro durante cuatro años». Otros testigos, propietarios, recuperaron casualmente la memoria y recordaron la intervención de varios de los encausados. Este proceso, fraguado en Rociana, estuvo repleto de irregularidades, de testimonios equívocos, de coacciones… Todo, desde el inesperado y memorioso testigo inicial, olía a fraude, a encerrona. Para nada servían las coartadas o los testimonios favorables. Bastaba con pedir informes de tal o cual individuo para que llegasen al juez instructor una serie de tremendos informes elaborados en la propia localidad por la alcaldía, la Falange, la Guardia Civil o la parroquia, es decir, por los mismos que estaban moviendo los hilos de la trama represora. Los informes se elaboraban basándose en «los rumores». Al final de la cadena el general Bohórquez, el auditor, decía que «la prueba ha sido racional y debidamente apreciada, siendo congruente con ella la calificación legal y justas las penas impuestas tanto las capitales como las temporales y sin que se advierta por otra parte vicios de nulidad en el procedimiento». Así se cerraba el círculo.

Se celebraron dos consejos de guerra, uno el 1 de octubre y otro el 19 de noviembre. El primero dictó ocho penas de muerte consumadas el 14 de octubre en Huelva:

Otras tres personas, Sebastián Vaz Gómez, José Gómez González y Manuel Ramírez Gómez, fueron condenadas respectivamente a cuatro meses de prisión el primero y a 500 pesetas los otros dos.

El 19 de noviembre se celebró el segundo consejo de guerra, con un resultado de siete penas de muerte, siete condenas a reclusión perpetua y una de 20 años. El 29 de diciembre, por haber cometido un delito de «Rebelión Militar», fueron fusilados en el cementerio de La Soledad de Huelva:

La reclusión perpetua, la máxima pena después de la de muerte, afectó a Baiceo Cano González, Manuel Romero Pichardo, Francisco Conde Escobar, José Expósito Expósito, Antonio Hernández Iglesias, Antonio Cano Sánchez y Concepción Muñoz Domínguez. En documentos donde se calculaba el tiempo de prisión cumplida y el que restaba se podía leer que debían permanecer en prisión hasta el año 1967… Maximino Contreras Ruiz, que aún no tenía los dieciocho años, fue condenado a veinte años. Debería salir de la cárcel en 1957.

A los pocos días, en enero del 38, fue juzgado en consejo de guerra Secundino López Cabrera, concejal socialista del Frente Popular. El informe del alcalde Rafael Vallejo es interesante:

Se trata de un pequeño propietario y por lo tanto con obreros a su cargo, por lo que era un contrasentido que figurara en el Partido Socialista, lo cual se explica en cuanto que en esta localidad dicho partido se formó al venir la República con elementos procedentes de la Dictadura (Unión Patriótica), por lo que en un principio se dio el absurdo de pertenecer al mismo varios propietarios, los que al ver la realidad se fueron dando de baja poco a poco, quedando éste por ser amigo de los que quedaron por dirigentes.

El consejo de guerra tuvo lugar el 18 de febrero. López Cabrera fue considerado persona de buena conducta, sin participación alguna en los meses del Frente Popular y uno de los que consiguió que la ermita no corriera la misma suerte que la iglesia. Por todo ello fue absuelto.

Parece ser que con los fusilamientos de la Navidad del 37 se dio fin al ciclo de muerte en Rociana. En el 38 se redujo considerablemente el número de consejos de guerra en toda la provincia. Era de esperar dada la campaña desatada desde mediados del 37 y la carnicería de huidos, enlaces y familiares. Así se llegó al 1 de abril de 1939. Para muchos parecía imposible que aquella pesadilla hubiese acabado. Pero la paz no llegó.

LOS CONSEJOS DE POSGUERRA: NICOLÁS PICHARDO BEJARANO

Nicolás Pichardo fue localizado en Madrid, en la prisión de Conde de Toreno. Había solicitado pasaporte a las autoridades republicanas y constaba en registros comprometedores. Era un hombre de largo historial político que había militado antes de la República en el Partido Liberal y en la Unión Patriótica. Después, en 1931, ingresó en el Partido Socialista llegando a secretario de la Casa del Pueblo y al Ayuntamiento, donde era teniente de alcalde en el 36. El consejo de guerra, celebrado el 4 de junio de 1940 en Huelva, lo consideró persona «de malos antecedentes políticos y sociales» y lo acusó de tomar armas, tener mando y ordenar desmanes, de huir, de enrolarse «en el Ejército marxista» y llegar a sargento, de servir en el SIM y practicar detenciones e incluso… ¡de pertenecer a la CNT! En conclusión: REBELIÓN MILITAR.

Por suerte eran otros tiempos. Aunque decían que su actuación contra el Movimiento había sido destacada, actuaron de eximente numerosos informes, todos ellos breves y rutinarios. Pasaba también, como se leía en un informe, que «resulta difícil señalar personas que aseveren su situación personal toda vez que quienes obedecían al tal Nicolás la mayor parte de ellos les fue aplicado el Bando de Guerra por su actuación en aquellos días». Lo mejor, según la Guardia Civil, era acudir a los que en aquel entonces formaron la «Comisión que tomaba declaraciones»: el brigada Rodolfo García, Manuel Hermoso, Manuel Naranjo, Antonio Ramírez Torres, Horacio Acevedo, Jaime Muñoz, Manuel Riquel y el secretario José María Domínguez. Declaró mucha gente y ninguno pudo asegurar que interviniese en los sucesos. Parece que nadie quería volver a las andadas, excepto el cura Martínez Laorden:

que conoce al encartado, que sabe que era de izquierdas, que sobre el incendio de la Iglesia que se supone que sería uno de los que tomase parte en ella puesto que alardeaba de ello antes del movimiento, que presencialmente no puedo decir nada puesto que el declarante dado su cargo de Cura Párroco tuvo que estar durante todo el tiempo de período rojo en esta localidad en casa del Alcalde.

Uno de los considerandos de la sentencia debió helar la sangre a más de uno:

que (como) en el pueblo de Rociana no se cometieron delitos de sangre que difundieran la alarma social ni otros de carácter grave, procede imponerle la menos grave de las dos penas señaladas.

Nos quedamos sin saber qué pensarían los sectores instalados en el poder desde el 36, los que habían participado de una u otra manera en la represión, sobre dicho considerando o sobre la sentencia. Nicolás Pichardo Bejarano fue condenado a reclusión perpetua (30 años). La terrible conclusión es que la justicia de los vencedores variaba según los tiempos y según sus necesidades. Primero se sirvieron del bando de guerra, ilegal desde todo punto de vista^[10], y luego del código de justicia militar, que permitía acusar de rebelión militar y auxilio a la rebelión a las víctimas de la rebelión. Si a Pichardo lo hubieran cogido en el 36 es más que probable que «le hubieran aplicado el Bando», es decir, asesinado; si hubiera caído en el 37 y hubiera pasado por alguno de aquellos consejos de guerra donde se juzgaba cada vez a diez o quince personas es igualmente probable que hubiera acabado en los muros de La Soledad; por suerte para él, caso de tantos onubenses que lograron pasar a zona republicana, fue capturado muy lejos de su tierra y juzgado cuatro años después del inicio del conflicto^[11].

El último documento que conocemos del párroco Eduardo Martínez Laorden se trata de un informe de agosto de 1955, a sus setenta y nueve años, dirigido al Archivo Diocesano. Como probablemente en esa época y casi a veinte años de los hechos las cosas se iban viendo de otra manera, el cura introdujo por primera vez una historia: «El día 27 fue liberado el pueblo; hecho que sorprendió tanto a los marxistas, quienes no pudieron realizar el crimen que tenían proyectado de encerrar en una bodega, llena de explosivos, a unas ochenta familias para aniquilarlas allí». ¡De modo que los rojos iban a aniquilar nada menos que a ochenta familias! Recordaba a la historia utilizada por el alcalde Rafael Vallejo en el informe que envió en octubre de 1940 al juez instructor de la Causa General, el gran proceso inconcluso y nunca publicado contra la izquierda española. Sólo que Vallejo se limitó a decir que «se decía» tal cosa, y por supuesto nunca mencionó a las ochenta familias.

Una vez más don Eduardo, el párroco de Rociana, se ponía al lado del diablo. ¿Quién se acordaba ya de Ceferino Chaparro y de Antonio «María Gómez», que le salvaron la vida?, ¿quién de tantos desaparecidos? Con su propia muerte ya cercana el cura Martínez Laorden ya sólo recordaba a las ochenta familias que no murieron. Probablemente para tapar y ocultar a las otras ochenta familias destrozadas por la violencia fascista.

EL EXTRAÑO CASO DE HINOJOS

El sábado 18 de julio, cuando llegó la noticia de que en Sevilla pasaba algo importante y empezó a emitirse por la radio el bando de guerra, los únicos que se movilizaron en Hinojos fueron la Falange, el personal «de orden» y la Guardia Civil, que armados patrullaron por diferentes puntos de la población. A partir de ese momento todo se volvió extraño.

El domingo, representantes de Izquierda Republicana, el Sindicato de Agricultores y de la Agrupación y la Juventud Socialista enviaron al alcalde un escrito en que se ofrecían para defender el Frente Popular. Mientras tanto la vida seguía como si nada. El único motivo de preocupación eran unos cuantos vecinos a los que cogió el mediodía del sábado en Sevilla y tuvieron que pasarse tres o cuatro días ocultos unos en comercios y otros en casas particulares. Mientras tanto en Hinojos hasta la misa seguía tan concurrida como siempre. El día 22 se supo que la columna enviada desde Sevilla al mando de Ramón Carranza había llegado a Pilas (Sevilla), a siete kilómetros. Entonces por decisión de la propia corporación se telefoneó a dicho pueblo para comunicar que todo estaba en orden y que vinieran cuando quisieran. Carranza llegó con sus amigos y las fuerzas militares el mediodía del 24, encontrándose un recibimiento con banda incluida en que se codeaban la Guardia Civil y la Corporación republicana con sus atributos de mando. Entonces,

el repetido Jefe, al apreciar el orden que reinaba, dejó nombrada la Gestora, quedando constituida por el mismo Ayuntamiento, en el que figuraban individuos de Unión Republicana, Izquierda Republicana, Socialistas e independientes (…)^[12].

Conociendo las relaciones existentes entre el grupo que encabezaba Ramón Carranza y el republicanismo en general y los republicanos en particular, la escena anterior resulta totalmente incomprensible. Se hace pues necesario, antes de llegar a nuestros personajes, recordar un poco las peculiaridades del republicanismo de Hinojos. Sus particularidades comenzaron en 1931. El 14 de abril, como no había representación política ni de republicanos ni de socialistas, el Gobierno Civil nombró gestores de la Corporación a Francisco Medina Bejarano, alcalde desde octubre de 1930, Antonio Luis Bejarano García (presidente del Sindicato de Agricultores) y Eusebio Gil Medina. Unos días después, el 22, el nuevo gobernador civil, Victoriano Maesso, según propuesta del Comité Provincial Republicano-Socialista, acordó nombrar de manera interina a Bejarano García y a Gil Medina, ocupando el primero de ellos el sillón presidencial. Los problemas comenzaron el 27 de ese mes de abril. El nuevo telegrama del gobernador decía: «Sírvase sin pretexto ni excusa de ninguna clase a dar posesión tan pronto le sea presentado este oficio a los Concejales electos de ese Ayuntamiento. Viva usted muchos años». Dichos concejales eran Juan Rodríguez de Vayas, Francisco Morales de Vayas, Tomás Rubio Díaz, Tomás García Pérez, Antonio Rodríguez Díaz, Juan Santizo Solís, Francisco García Zambrano y Pedro Mateos Solís, todos ellos de derechas. Antonio Luis Bejarano García se negó a acatar esta orden y abandonó la sala. El primer alcalde «republicano» electo fue Juan Rodríguez de Vayas.

Este alcalde fue sustituido por Tomás García Pérez en enero de 1933, y en octubre de 1934, cuando de manera masiva se producen destituciones fulminantes por toda la provincia, Hinojos mantiene a su Corporación con el visto bueno del gobernador Jerónimo Fernaud. Así que este viejo concejal del 31 llegará como alcalde hasta ya entrado el 35, en que lo sustituye otro «republicano» de primera hora, Pedro Santizo Díaz, alcalde de Hinojos en 1922 y 1930. Otras órdenes gubernativas llevarían en enero del 36 a la alcaldía a Gregorio Martín Rodríguez y a Pedro Mateos Solís.

El 20 de febrero del 36 el gobernador interino cesa a la Corporación y nombra alcalde a José María López Pichardo y como gestores a Antonio Luis Bejarano García y Francisco Moreno Camacho, todos pertenecientes al grupo socialista. En la primera sesión del 22 se dedicaron a la delicada cuestión de los ceses y nombramientos, «si bien por motivo de delicadeza se ausentaron del salón en cada uno de estos nombramientos los hermanos respectivos de los interesados», dice el acta. El 28 de febrero, como no estaba muy claro qué composición habría de tener la nueva Corporación, se decidió incorporar a Felipe Camacho Muñoz, socialista, y a Manuel Hidalgo Morales y Andrés Benjumea Ruiz, ambos de Izquierda Republicana. Quedaban aún vacantes cuatro concejalías. La composición definitiva del Ayuntamiento se llevaría a cabo el día 23 de marzo, ocupando la alcaldía Antonio García Leal, y los demás cargos Joaquín Bejarano Pichardo, Juan B. Morales de la Rosa, Antonio Moreno Díaz, Joaquín Rodríguez Cano, Luis Bejarano Mateos, José María López Pichardo, Antonio L. Bejarano García y Manuel Hidalgo Morales. Cinco eran republicanos de derechas y cuatro del PSOE o de Izquierda Republicana. Por primera vez desde 1931 se celebró en Hinojos el quinto aniversario de la República, pero por problemas existentes desde la recomposición municipal a dichos actos no asistieron ni los socialistas ni Izquierda Republicana.

El 23 de julio de 1936, con todo el país en plena convulsión y rodeados de pueblos donde los comités o frentes circunstanciales intentan controlar la situación, en Hinojos se reúnen en sesión extraordinaria para tratar sobre el cese y reposición del interventor anterior. Luego aprobaron la construcción de un estante para la secretaría y la compra de sellos de caucho, dando cuenta del arreglo de varios callejones y del de la cañería de la fuente. Y «no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión de orden de la Presidencia a la hora de las veinte menos diez de que certifico». Y así llegamos al punto de partida. Al poco tiempo de cerrar la sesión, el 24 al mediodía, llegaba Carranza, sus amigos propietarios y las fuerzas militares. Según contó Rafael Medina en sus memorias, tituladas Tiempo pasado, fueron recibidos por aquellos extraños republicanos con gritos de «¡Viva España!» y «¡Vivan nuestros salvadores!». La Casa del Pueblo fue asaltada haciendo una pira en la calle con todo lo que encontraron. Esa misma tarde los representantes de la izquierda en la Corporación fueron invitados a dimitir, cosa que hicieron efectiva al día siguiente Antonio L. Bejarano, José María López, Manuel Hidalgo y Andrés Benjumea. De esto se trató en la sesión del 30 de julio así como de los consabidos ceses y nombramientos. Ya ese día, casi con la misma Corporación anterior, la de febrero y la que había celebrado en abril el aniversario de la República, se habían eliminado los nombres de algunas calles.

El gran giro, sin duda, llegó el día 1 de agosto. Una orden del gobernador civil y militar Gregorio Haro Lumbreras cesaba a toda la Corporación y exigía la formación de «una gestora compuesta de tres individuos pertenecientes a Falange Española». Inmediatamente, y por decisión del jefe de Falange Cristóbal Monge Cordero, ésta quedó compuesta por Antonio Rodríguez Díaz como presidente, y Servando Millán de Vayas y Domingo García Zambrano como gestores. El presidente, que había sido miembro de la primera Corporación republicana de abril de 1931, ocuparía la alcaldía hasta finales de octubre de 1936, ejerciendo luego de gestor. Francisco Benítez Pérez, en su libro sobre Hinojos, dice de él:

Nació el 20 de enero de 1899 y murió el 7 de agosto de 1979. Organista y sochantre de la parroquia de toda la vida. Fue monaguillo en los tiempos de Muñoz y Pabón, quien le dispensó un gran cariño como si de un hijo se tratara. Fue alma de la Iglesia e imprescindible para la organización de los cultos que en su tiempo brindaban una exuberante parafernalia. Hasta su muerte fue mano derecha de todos los párrocos (…)^[13].

Es evidente que estamos ante un falangista peculiar, tan peculiar al menos como la política local hinojera.

Puede que la clave de este proceso esté en la pervivencia del mundo prerrepublicano, la vieja estructura caciquil tan característica de todo el condado desde la Restauración. Ese mundo de Santizos y Bejaranos, esquema repetido en todos los pueblos, penetra incólume en la República. La derecha gana en Hinojos todas las elecciones, las del 31, las del 33 y las del 36; la izquierda carece de entidad alguna, obteniendo en febrero del 36 unos cincuenta votos frente a los más de mil de la derecha. Sin embargo en otros pueblos del condado, como Rociana, republicanos y socialistas obtienen mejores resultados en abril del 31, posibilitando así su permanencia hasta octubre del 34 y su retorno en febrero del 36. Esta dinámica de cese fulminante y nombramiento por decreto, a la que habría que añadir la crisis y división de os republicanos radicales, dañó profundamente la vida local. Si la derecha aprovechó octubre del 34 para adueñarse de poder municipal, la izquierda utilizó febrero del 36 para reponer e incluso imponer unas corporaciones que no se ajustaban a la realidad política. Faltaron unas elecciones municipales, elecciones que probablemente habrían tenido lugar si los grupos que perdieron el poder político en las elecciones de febrero no hubieran decidido que la política ya no les valía para defender sus intereses.

Sin embargo las tremendas tensiones que se dan en la mayoría de os pueblos españoles no tienen lugar en Hinojos, un pequeño pueblo le menos de tres mil habitantes. Todo ello propiciará que cuando llega la sublevación de julio del 36 la actitud de la oligarquía local se acerque más al espíritu paternalista y caciquil de la dictadura de Primo de Rivera que a la desaforada reacción de unas derechas que se ven sí mismas en peligro de extinción desde su fracaso electoral. Sólo desde esta perspectiva es posible entender lo ocurrido en Hinojos en las segunda mitad del 36.

LOS DÍAS DEL TERROR EN EL CONDADO

Desde que los Ayuntamientos pasaron a manos de Falange en los primeros días de agosto todo adquirió una nueva perspectiva. La gente no fue consciente de ello hasta el primer acto de violencia. Todos los pueblos de la zona, Bollullos, La Palma, Almonte, Palos, Moguer, Rociana… fueron escenario de terribles matanzas. Todos menos Hinojos, donde se hizo casi de todo menos matar, pues en el pueblo «donde no pasó nada» se cometieron irregularidades desde el mismo 18 de julio, de forma que en cierto momento, con la cárcel repleta de detenidos, todos los pueblos estaban iguales. El problema surgió cuando se decidió pasar a la fase siguiente. Con Haro Lumbreras al frente de la provincia y con la Falange en los pueblos, todo estaba permitido. El pacto de sangre exigía la colaboración de todos: la Patria exigía el sacrificio de algunos de sus hijos. Desde este punto de vista, si los sectores favorables a la sublevación se prestaron a formar parte del engranaje represivo, unos desde el despacho y otros desde el paredón, con todo tipo de escalas intermedias, ¿quiénes eran los de Hinojos para no colaborar?

Si tenemos en cuenta que la Falange surge en Hinojos en marzo de 1934, unas semanas después que en la pionera Beas, todo se complica. Su iniciador fue el maestro Cristóbal Monge Cordero (1912-1992). Antes de febrero del 36 se incorporan a Falange, entre otros, Antonio Rodríguez Díaz, Manuel García Barrera, Domingo García Zambrano y Antonio Naranjo Pascual. De ellos sólo Cristóbal Monge Cordero se aproxima al prototipo de falangista.

Su padre, Ceferino Monge, era capataz de los Rodríguez Vila, propietarios de Carrión de los Céspedes. Monge, hijo único, comenzó en la escuela pública y concluyó los estudios de magisterio en las Escuelas del Sagrado Corazón, dirigidas por Manuel Siurot, en 1932. Hasta sacar las oposiciones ejerció la enseñanza en colegios privados católicos de Sevilla y Huelva. En octubre de 1933 asiste en Madrid al mitin de José Antonio Primo de Rivera en el Teatro de la Comedia. Desde ese momento, y sin abandonar sus viejos ideales monárquicos y católicos, encuentra su camino político, afiliándose en La Palma del Condado el 17 de marzo de 1934. Poco después conoce en Sevilla a quien sería su mentor, Joaquín Miranda González, extorero y alto cargo de la patronal, que llegaría en poco tiempo a jefe provincial de Falange en Sevilla y en el 38 a gobernador civil de Huelva. Entre marzo del 34 y julio del 36, y siempre estrechamente ligado a la Falange sevillana, de la que dependía el condado, participó activamente en las tareas habituales de su partido, desde el reparto de propaganda hasta aventuras de alto riesgo propio y ajeno. Estando como director de las Escuelas del Rocío de Triana estuvo a punto de sufrir un grave atentado. Su nombramiento interno como jefe local de Falange en junio del 36, no confirmado oficialmente hasta febrero del 37, y su ausencia de la gestora inicial, no ocultan su influencia y poder. Miranda lo elevaría a la alcaldía en dos ocasiones, entre julio del 38 y octubre del 39, y entre diciembre del 42 y enero del 45. También ocupó otros cargos de responsabilidad a escala provincial.

A lo largo de agosto y septiembre del 36 se llevó a cabo el cerco sobre Hinojos. Fascistas de Almonte, Bollullos y Rociana realizaron dos tipos de acciones: presentarse en el pueblo para llevarse a izquierdistas detenidos, cosa que nunca consiguieron, y fusilar a personas de sus propios pueblos en el término de Hinojos. En más de una ocasión los hinojeros hubieron de recoger los cadáveres abandonados en su término y darles sepultura en el cementerio.

Seguir el hilo de quienes maniobran para que una persona acabe asesinada en un paredón es tan complicado, al cabo de más de sesenta años, como reconstruir el que permitió a otros salvar la vida. Hubo un grupo de personas en Hinojos que actuaron en tal sentido^[14]. Protegieron a los detenidos, negándose a entregarlos a una muerte segura, y expusieron incluso sus propias vidas hasta que a finales de septiembre o principios de octubre los pasaron a manos de la Guardia Civil de La Palma en la seguridad de que ya no les ocurriría nada^[15]. Allí, y en venganza por el trato privilegiado que hasta entonces habían recibido, sufrieron palizas e incluso pasaron por bárbaros simulacros de fusilamiento, pero dado el nulo valor que la vida de cualquier persona contraria o no adicta al golpe militar tenía entonces, sólo cabe decir que a pesar de todo y contra todo pronóstico salvaron la vida.

No habrían de pasar muchos años para que aquella rareza del 36 de ser uno de los pocos pueblos de la provincia donde la derecha no eliminó a nadie, se convirtiese en un valor seguro y todos quisieran hacerla suya. Es evidente que esto debió marcar a esa pequeña comunidad positivamente. En otros sitios la sima abierta por la violencia destruyó toda posibilidad de convivencia durante décadas. Algunas familias abandonaron los pueblos; otras vivieron como en guetos. La emigración iniciada en los años cincuenta, que alejó de los pueblos a miles de jornaleros, diluyó una tensa situación que amenazaba con enquistarse. De todo eso se libró Hinojos gracias a su particularidad.

REFLEXIONES FINALES

Hemos visto el escaso valor que la vida adquiere en ciertas circunstancias históricas. No pensemos que fue fruto del momento. La idea de sofocar roda idea avanzada se nos aparece en diferentes momentos de nuestra historia contemporánea desde la guerra de la Independencia. Lo grave es cuando a ella aparece unida la decisión de exterminar físicamente al otro, al que tiene otras ideas, al que defiende bien sea el legado de la Ilustración, bien el de las grandes corrientes asociadas a la expansión de la burguesía progresista o de la clase obrera. Es la violencia, la desaparición del otro, la vigencia del legado reaccionario, las que unen épocas tan distantes de nuestra historia como los años finales de Fernando VII (1823-1834) con los de la implantación y apogeo del fascismo en España (1936-1945). Es evidente por otra parte que el respeto a la vida y la abolición de la pena de muerte han estado siempre más cerca del pensamiento progresista y que instituciones de carácter permanente como el Ejército y la Iglesia, u otras pasajeras como la Falange fueron firmes partidarias del mantenimiento de dicha pena^[16].

La represión efectuada en Rociana, símbolo de tantas otras, nos muestra la tremenda desproporción que los vencedores establecieron entre delitos y penas, es decir, que el incendio y destrozo de varios edificios y diversos enseres se convirtió en el pretexto para eliminar a muchas personas, unas culpables, y que por ello hubieran pagado multas o pasado un tiempo en la cárcel, y otras, la mayoría, inocentes. Todo se hizo a la sombra del bando de guerra, bando de carácter excepcional que no desaparece con el final de la guerra sino que continúa vigente hasta abril de 1948. Cuatro décadas de fascismo relegaron al olvido y a la ignorancia aquel acto de barbarie, aquella brutal desproporción, aquel pacto de sangre. La restauración democrática, por su propia génesis, rehuyó cualquier aclaración histórica acerca de los orígenes del franquismo, limitándose a repartir «pensiones de guerra» entre los familiares de los fusilados y desaparecidos, o entre los que sufrieron prisión. Así se intentó apagar el lamento callado de un pasado oculto y molesto al que no se le dio oportunidad ni de existir como tal. La desaparición física de las personas supuso en la mayoría de los casos su desaparición legal. Esas personas, inscritas en los registros de nacimientos pero no en los de defunciones, no han muerto legalmente. Después del gesto de las pensiones se convirtieron en asunto incómodo. No cabe duda que ahora sería la oportunidad de completar las entradas del Registro Civil de Defunciones de Rociana. Se cerraría el ciclo.

Hinojos, mientras tanto, seguirá siendo una honrosa excepción digna de análisis, estudio y ejemplo: una pequeña comunidad donde la cohesión social y la voluntad de unos cuantos se impusieron a la falla producida por la sublevación de julio. Es importante resaltar, dado que quizá todo dependió de una primera decisión, de un primer no, el papel jugado por esas personas que actuaron con firmeza en sentido contrario a la violencia. Y más todavía siendo como eran de partidos de derecha y extrema derecha, como Falange. No se trata del pueblo donde no pasó nada sino del pueblo donde a pesar de lo que pasó todos pudieron contarlo, o más concretamente, del pueblo donde ninguna persona fue eliminada por la derecha o, también, del pueblo donde la derecha se preocupó de que sus vecinos izquierdistas conservasen la vida. Todo es lo mismo.

Anexos

I. LA REPRESIÓN EN ROCIANA (1936-1937)

De este listado fueron inscritas en el juzgado, tal como la ley prescribía, unas cincuenta personas, 35 desaparecidas en 1936 y las restantes en los consejos de Guerra del 1937. Durante 1936, en Rociana, no se inscribió a ni uno solo de los represaliados. Todas las inscripciones, de manera totalmente ilegal e irregular, fueron realizadas fuera de plazo:

Aparte de esas 35 inscripciones de Rociana y de las de Huelva de 1937 hay siete procedentes del Archivo Municipal y alguna, cuando sólo es el apodo, del Diario de Rociana. Las restantes proceden de archivos militares recientemente investigados. Uno de los casos dudosos de personas buscadas, el de Luciano Falcón Conde, ha quedado sin resolver.

Creo de todas formas que, consultadas todas las fuentes que luego se mencionan, habría que establecer que la represión en Rociana, como fue corriente en otros pueblos del condado como Almonte, Bollullos o Manzanilla, afectó a unas cien personas, número que vendría a ser como una especie de mínimo establecido por las derechas de la zona. <<

II. LA DENUNCIA DEL CURA

Como verdadero español, debiendo en tal momento anteponer el interés de la Patria a toda consideración de índole particular, y aun valorando anticipadamente el perjuicio que pudiera seguirse a los que resultasen culpables por su actuación directa e indirecta, comisión u omisión; dolido de inmenso, irreparable daño causado a España querida, me creo en el deber de consignar los siguientes hechos.

Desde el 19 de julio al 27 en que entró en este pueblo el Ejército Salvador fueron realizados por el personal del Frente Popular todo género de atropellos. Registros y saqueos, incendios y destrucción de edificios, sacrilegios y profanación de imágenes y objetos de culto en pleno día y a vista de todos, persecución de personas de orden y sacerdotes, agresión por tiroteo durante una hora por 300 escopeteros y pistoleros, sin que ninguna autoridad y fuerza hiciera acto de presencia para contenerlo.

Y viendo pasear a casi todos los autores de tales desmanes y crímenes sin haber mostrado un signo de arrepentimiento, más bien complaciéndose públicamente en el triunfo, próximo según ellos, del ejército rojo; saludándose en algún tajo con el puño cerrado en alto, amenazando con horribles represalias para el día que gane la guerra el malvado Frente Popular, todo lo cual es público y está en el ambiente y no lo ignora la autoridad.

Y dándose el caso peregrino de que habiendo desvalijado algunos edificios, dos casinos, la Parroquia y casa del Párroco, no haya aparecido nada de lo robado, al contrario que en otros pueblos próximos en los que ha aparecido todo o casi todo, pues se han practicado los registros convenientes en los cuales han conocido el temor.

Y sabiéndose de público que uno de los comunistas más exaltados, huido desde el principio, merodea por el término y hasta se dice que pernocta en su casa algunas veces, teniendo un arma de fuego que robó al Sr. Cumbreño de Huelva, lo que constituye un peligro para quien pudiera encontrarse con él, como ya ha sucedido a alguien, cuyo caso denunció en el casino al alcalde y Comandante del Puesto, sin que se sepa que se le haya buscado.

Y presumiendo, por datos concretos, que en las declaraciones de los incendiarios se procedió con espíritu jocoso y como de broma, resultando de las mismas como es natural todos inocentes.

Y conociendo el que suscribe a algunos individuos que presenciaron los hechos, los cuales pudieran, si se les interroga en forma conveniente, aportar mucha luz, a ninguno de los cuales se les ha pedido declaración, que parece como si no hubiera empeño en descubrir la verdad.

Y constándome que muchos del frente popular, culpables evidentemente pues alguno ha sido fusilado, poseen bienes de fortuna sobre los que no ha recaído la confiscación decretada por el Gobierno Nacional.

Apreciando en todos estos datos una condescendencia injustificada y una falta de celo por el bienestar público, puede peligrar con tanta lenidad, es por lo que hago todas estas advertencias respetuosas presentándome si se requiere a ofrecer la explicación necesaria para el esclarecimiento de todo lo consignado.

Rociana a 13 de enero de 1937.

EDUARDO MARTÍNEZ LA ORDEN

III. EL BANDO DE GUERRA

Se ha creído hasta ahora que el bando de guerra proclamado por Queipo es el reproducido por Manuel Barrios en su conocido trabajo El último Virrey. El error ha llegado hasta la actualidad. El bando que reproducía Barrios fue el que se emitió por Unión Radio. Era una especie de bando comprimido en el que las anotaciones manuales del final se deben a la mano de Cuesta Monereo. El verdadero bando no se emitió por la radio ni se editó por extenso en la prensa, pero fue el referente legal a partir de su hora de proclamación. Este bando al que me refiero, firmado por Queipo, tuvo aplicación en la II División y creo que es la primera vez que sale a la luz. Ocurre sin embargo que el bando de Tetuán, firmado por Franco, es prácticamente igual salvando las referencias al protectorado, por lo que hemos de pensar que existía un bando general que se aplicó en distintos lugares. El definitivo parece ser el de 28 de julio del 36, de ámbito nacional y vigente hasta 1948. He aquí el bando de guerra aplicado en la zona controlada por Queipo:

Artículo 1.º = Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de la División y, como primera consecuencia, militarizadas todas las fuerzas armadas, sea cual fuera la autoridad de quien dependían anteriormente, con los haberes y atribuciones que competan a las del Ejército y sujetas igualmente al Código de Justicia Militar.

Artículo 2.º = No precisará intimación ni aviso para repeler las agresiones a las fuerzas indicadas anteriormente, ni a los locales o edificios que sean custodiados por aquéllas, así como a los atentados o «sabotajes», a vías y a medios de comunicación y transportes de todas clases, y a los servicios de agua, gas y electricidad y artículos de primera necesidad. Se tendrá en cuenta la misma norma para impedir los intentos de fuga de los detenidos.

Artículo 3.º = Quedan sometidos a la jurisdicción de Guerra y tramitados por procedimientos sumarísimos:

(a) = Los hechos comprendidos en el artículo anterior.

(b) = Los delitos de rebelión, sedición y los conexos de ambos; los de atentado o resistencia a los Agentes de la autoridad; los de desacato, injurias, calumnias, amenazas y menosprecio a los anteriores o a personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal, cualquiera que sea el medio empleado, así como los mismos delitos cometidos contra el personal civil que desempeña funciones de servicio público.

(c) = Los de tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión utilizado o utilizable por las fuerzas armadas con fines de lucha o destrucción. A los efectos de este apartado quedan caducadas todas las licencias de aso de armas concedidas con anterioridad a esta fecha. Las nuevas serán tramitadas y despachadas en la forma que oportunamente se señalará.

Artículo 4.º = Se considerarán también como autores de los delitos anteriores, los incitadores, agentes de enlaces, repartidores de hojas y proclamas clandestinas o subversivas; los dirigentes de las entidades que patrocinen, fomenten o aconsejen tales delitos, así como todos los que directa o indirectamente contribuyan a su preparación o ejecución, y también los que directa o indirectamente tomen parte en atracos o robos a mano armada o empleen para cometerlos cualquier otra coacción o violencia.

Artículo 5.º = Quedan totalmente prohibidos los lockouts y huelgas. Se considerará como sedición el abandono de trabajo, y serán principalmente responsables los dirigentes de las Asociaciones o Sindicatos a que pertenezcan os huelguistas, aun cuando simplemente adopten la actitud de brazos caídos.

Artículo 6.º = Queda prohibido el uso de banderas, insignias, uniformes, distintivos, etc., que sean contrarios a este Bando, y al espíritu que lo inspira, así como el canto de himnos de análoga significación.

Artículo 7.º = Se prohíbe igualmente las reuniones de cualquier clase que sean, aun cuando tengan lugar en sitios públicos, como restaurantes, cafés, así como las manifestaciones públicas.

Artículo 8.º = Serán depuestas las autoridades principales o subordinadas que no ofrezcan confianza y no presten el auxilio debido, y sustituidas por las que se designen.

Artículo 9.º = Quedan en suspenso todas las leyes o disposiciones que no tengan fuerza de tales, en todo el territorio nacional, excepto aquellas que por su antigüedad sean ya tradicionales. Las consultas resolverán los casos dudosos.

Artículo 10.º = A.- Todos los individuos procedentes del Capítulo XVII (cuotas), cualesquiera que sea su situación en relación con el servicio militar y distinción de empleo ni categorías, siempre que a la promulgación de este Bando no se hayan cumplido treinta años de edad, quedan sujetos al servicio de las armas y llamados a filas, a las que se incorporarán rápidamente y en un plazo máximo de 6 horas a partir de la publicación de este Bando.

B.- La incorporación la efectuarán a los Cuerpos y Dependencias que tengan su residencia dentro de la provincia y en los cuales hubieran servido. Caso de inexistencia en alguno de los mismos por virtud de traslados, reformas o disolución, la incorporación tendrá lugar a los similares existentes en la provincia, y en todo caso y siempre, a la autoridad militar del lugar en que se hallen los afectados.

C.- Los individuos que se encuentren en la provincia, aunque hubieren prestado sus servicios en ella, quedarán obligados a cumplir lo que se dispone en el párrafo segundo del apartado anterior.

D.- Las AUTORIDADES MILITARES que se hayan hecho cargo del MANDO LOCAL por virtud de la declaración del Bando de Guerra, FACILITARÁN LOS MEDIOS RÁPIDOS DE TRANSPORTE A LOS INDIVIDUOS QUE LO NECESITEN PARA LOS EFECTOS DE SU INCORPORACIÓN. Aquellas que por circunstancias especiales de escasez de vías de comunicación o faltas de vehículos no pudieran proporcionarlos a los referidos anteriormente, LOS RETENDRÁN A SUS ÓRDENES Y SERÁN EMPLEADOS EN SU AUXILIO Y OBEDIENCIA, SIEMPRE QUE FUEREN DE INFERIOR GRADUACIÓN.

Artículo 11.º = Los reclutas en Caja y los soldados de primera y segunda situación del servicio activo y los de reserva, que sean acusados de delitos comprendidos en este Bando o en el Código de Justicia Militar, quedan sometidos a la jurisdicción de Guerra.

Artículo 12.º = Los Jefes más caracterizados o más antiguos de la Guardia Civil, Carabineros, Seguridad y Asalto, con mando, y a falta de ellos los Cuerpos forales, Mozos de Escuadra, etc. etc., donde existan, se harán cargo del mando civil en los territorios de su demarcación, siempre que en ellos no haya fuerzas del Ejército a quienes compete en primer lugar.

Artículo 13.º = Quedan sometidas a CENSURA MILITAR todas las publicaciones impresas de cualquier clase que sean. Para la difusión de noticias se utilizará la radiodifusión y los periódicos, los cuales tienen la obligación de reservar en el lugar que se les indique, espacio suficiente para la inserción de las noticias oficiales, únicas que sobre orden público y política podrán insertarse; también quedan sometidas a la censura todas las comunicaciones eléctricas, urbanas e interurbanas.

Artículo 14.º. = Queda prohibido, por el momento, el funcionamiento de todas las estaciones RADIOEMISORAS PARTICULARES de onda corta o extracorta, incurriendo los infractores en los delitos indicados en los artículos 3.º y 4.º.

Artículo 15.º = Ante el bien supremo de la PATRIA, quedan en suspenso todas las garantías individuales establecidas en la Constitución, aun cuando no se hayan consignado especialmente en este Bando.

Artículo 16.º = A los efectos legales, este Bando surtirá efecto inmediatamente después de su publicación.

POR ÚLTIMO: Espero la colaboración activa de todas las personas patrióticas amantes del orden y de la paz que suspiraban por este movimiento, sin necesidad de que sean requeridas especialmente para ello ya que siendo, sin duda, estas personas la mayoría, por comodidad, falta de valor cívico o por carencia de un aglutinante que aunara los esfuerzos de todos, hemos sido dominados hasta ahora por unas minorías audaces sujetas a órdenes internacionales de índole varia, pero todas igualmente antiespañolas. Por esto termino con un solo clamor que deseo sea sentido por todos los corazones y repetido por todas las voluntades:

¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!

IV. FUENTES DOCUMENTALES

—Archivo Histórico Nacional (Causa General).

—Archivo Municipal de Hinojos.

—Archivo Municipal de Rociana.

—Archivo Privado de Diego Monge Ruiz.

—Auditoría del Tribunal Militar Territorial Segundo (Legajos 5/23, 8/1, 18/18,45/3, 74/1, 108/3080).

—Diario anónimo de Rociana (1936-1939). Inédito.

—Recuerdos de Rociana (Escritos inéditos de Manuel Rodríguez del Castillo).

—Registro Civil de Defunciones del Juzgado de Rociana.

—Servicio Histórico Militar («Papeles del General Cuesta» y Documentación Nacional).