7. La investigación del pasado reciente: un combate por la historia

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La investigación del pasado reciente:

un combate por la historia

NORMALMENTE LOS INVESTIGADORES no encuentran otros problemas que los propios de su tarea. Esto suele ocurrir si la investigación gira sobre algo comprendido entre los primeros testimonios escritos y la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo todo se complica si el objeto de estudio es el período comprendido entre la proclamación de la República y el final de los sueños imperiales con el derrumbe del fascismo en Europa. Hablamos de 15 o 20 años. De pronto la documentación, la que queda, se vuelve delicada. Yo tuve la primera evidencia de este hecho, por otra parte previsible, cuando a mediados de los ochenta pretendí consultar el archivo del cementerio de San Fernando para conocer las dimensiones de la represión efectuada por Queipo^[1].

Observé que de poco me valía difuminar mis intenciones diciendo, por ejemplo, que investigaba la mortalidad no natural en el siglo XX. Mencionaba la gripe del 18, la guerra de África, la otra, los años del hambre… El funcionario se concentraba inmediatamente por su cuenta en el verdadero objeto de estudio y cortaba cualquier posibilidad de acceso diciendo que de eso no había nada, o pidiendo todo tipo de permisos o simplemente con una abierta negativa. Luego pude comprobar que todos los funcionarios sabían perfectamente lo que ocultaban. Costó mucho dar con la clave para acceder a los libros del cementerio, casi tanto como descifrarlos. Esto no es historia antigua. Incluso hoy día coexisten ayuntamientos que financian investigaciones sobre esa época con otros que en cuanto oyen la palabra guerra exigen para empezar un informe jurídico interno sobre la viabilidad de la consulta^[2]. Sin embargo es cierto que con el tiempo los modos han variado. Ya es raro encontrarse con responsables de archivo que muestren abiertamente su rechazo a la consulta de ciertos documentos. Se utilizan otros procedimientos como decir con toda amabilidad al usuario que la documentación que busca se encuentra en proceso de catalogación. Sé de documentos que llevan así quince años.

Me he referido a un tiempo en que la primera dificultad radicaba en descubrir las vías de acceso y en el que la única institución que hubiera abierto puertas, la universidad, se protegía tras el viejo axioma reaccionario de que la historia reciente no debía investigarse. Qué menos que dejar, como mínimo, dos o tres siglos de perspectiva. Curiosamente las investigaciones sobre la guerra realizadas en los ochenta se hacen a partir de medidas tomadas por la UCD. Puede que influyera la mala conciencia sobre sus orígenes, pero al fin y al cabo fueron los primeros que abrieron a la investigación algunos reductos. Poco a poco nos fuimos enterando de que para accederá los lugares apropiados necesitábamos los permisos de las más altas instancias del Estado. Imponía un poco que para ver documentos de carácter público hubiera que pedir permiso al fiscal general del Estado o al máximo responsable de los registros nacionales pero así era. La titulación y el carnet de investigador servían de poco. Su utilidad no era sino filtrar a quienes no los tenían.

Ya metidos en la vía de los permisos, pensábamos ingenuamente que con ellos en la mano desaparecerían los problemas, pero esto sólo ocurría en ocasiones. Para empezar había quien incluso con el permiso delante seguía negando el acceso a los documentos. Los fondos de la Cruz Roja, por ejemplo, estaban en perpetua catalogación y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias basaba su negativa en la salvaguarda del honor y la intimidad de las personas. Era el círculo perfecto: primero se actúa a capricho durante cuatro décadas y luego, cuando ya se puede conocer en qué consistió dicha actuación, se impide con la excusa de que pueda dañarse el honor y la intimidad de los que la padecieron. Los 50 años prescritos por la Ley para la consulta de documentos no importaban. Y cuando por fin la Dirección General concedió permiso para obtener datos sobre la prisión de Huelva, su director me comunicó que él «se inhibía».

En algunos casos en los que contaba con permiso superior surgió un grave problema: la actitud obstruccionista, de claro rechazo, por parte de los funcionarios en todos sus grados, desde los simples auxiliares hasta arriba. El malestar era evidente. Hablo del Archivo Histórico Nacional de Madrid y de uno de los más misteriosos fondos documentales del franquismo: la Causa General. Primero había que pasar por la dirección, cuya responsable miraba y remiraba el permiso de la Fiscalía General como admirada de que existiese y comentando que aunque no constara fecha tope desde luego sólo serviría para esa ocasión. Luego se pasaba por otro personaje con aspecto sacerdotal que controlaba a quienes íbamos a consultar aquellos sagrados papeles, haciendo todo tipo de preguntas. El colofón lo ponía finalmente alguno de los auxiliares de sala, que al entregar los legajos te decía que si por él fuera no veríamos ni un papel. Lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que entre el personal auxiliar quedaban todavía guardias civiles retirados.

Esto que cuento ocurría en los últimos años ochenta y en torno a ese fondo clave para la guerra civil llamado Causa General. La última vez que he estado en el Archivo, hace menos de un año, todo fue bien hasta que al pasar por el encargado de sala para que diera el visto bueno a las solicitudes de fotocopias, medida que no recordaba de otras ocasiones, me dijo que la posibilidad de fotocopiar esa documentación estaba restringida y requería aprobación superior. El encargado ignoraba las razones y yo preferí no indagar. La experiencia me decía que era preferible probar con otro encargado. Efectivamente en otro turno pude comprobar que lo que un encargado niega otro puede permitirlo, es decir, que la normativa legal o las reglas internas son irrelevantes, lo que importa es quién las interprete.

Antes de seguir quiero aclarar algo. Ya en aquel entonces, ante esta carrera de obstáculos, hubo quienes me aconsejaron que dejara el método directo que yo seguía habitualmente y optara por preparar el terreno y acudir en cada caso a la puerta conveniente. Tenía ejemplos a mi alrededor y sabía de la efectividad del viejo sistema hispano del contacto oportuno. Lo cierto es que resultaba penoso comprobar el arraigo y persistencia de los hábitos predemocráticos, de la resistencia al derecho a la información, pero así era. Yo opinaba entonces que había que actuar como si se fuera un ciudadano libre en un estado de derecho. Quizá fuera eso lo que más desconcertaba a los responsables de los archivos.

A medida que se bajaba de nivel la lucha se tornaba más barriobajera. Recuerdo los combates verbales, porque de combates hay que hablar, que hube de librar con secretarios de juzgado que negaban toda consulto. «No es usted el primero que lo intenta», me dijo uno de ellos. Y esto ocurría después de mostrar el permiso de la Dirección General de Registros. Había además otro problema: en dicho permiso se aludía claramente al tema de estudio, la guerra, y se matizaba que la consulta se haría en las mejores condiciones para el juzgado y siempre en presencia de un funcionario. Esto, que podía cumplirse en los más importantes, resultaba un problema irresoluble en la mayoría de los casos. De esta forma, todo acababa dependiendo del talante de cada encargado: unos te dejaban ver los libros en su casa y te llevaban un café, y otros no te permitían ni ocupar una mesa en el juzgado. De este modo lo que empezaba por un derecho constitucional, el derecho a la información, acababa en un favor personal.

Esta situación beneficiaba a los funcionarios contrarios al acceso, pues les permitía complicarlo todo. Así, en más de una ocasión tuve que ver los libros mientras al lado el encargado atendía al público. Y esto después de tremendas escenas de violencia verbal ante la mirada atónita de la gente. Recordarles que una partida de defunción es documento público no hacía sino empeorar las cosas. Fueron tales los problemas que encontré en los juzgados que además del permiso superior y del de cada juzgado de primera instancia tuve que ampliar éste para cada uno de los pueblos de cada partido. Pese a todo hubo quien de entrada se opuso a que viera nada. Al final, el funcionario se contentaba con imponer sus normas pero la documentación era consultada. En este contexto todo lo que fuera exigir condiciones dignas para la consulta pasaba a un segundo plano. Lo primero era recoger los datos cuanto antes. Al final la venganza imaginada se reducía siempre a dejar constancia escrita del atropello junto a los datos tomados. Para que la memoria no lo olvidara.

Otro tanto habría que decir de los archivos municipales. El primer problema con el que uno se encontraba era la criba a que habían sido sometidos. La República y la guerra habían desaparecido. De algunos pueblos faltaban incluso los libros de actas de años completos. El daño era irreparable. Un caso que puede dar idea de los problemas que podían surgir fue el que me ocurrió en el Ayuntamiento de Huelva. Cuando llegó el momento de ver los libros de actas de 1936 en adelante se me comunicó que dichos libros no estaban en el archivo municipal sino que los tenía el secretario en su propio despacho. Cuando se los pedí, me señaló un armario metálico a su espalda y con la normativa andaluza en la mano me dijo que esos libros que yo quería ver no saldrían de allí hasta el año 2036: 100 años a partir de la fecha del documento. Costó cierto tiempo convencerle de que había otra ley de mayor rango que permitía reducir el plazo a la mitad. Poco tiempo después de mi visita me enteré de que los libros habían pasado por fin al archivo municipal.

Es interesante detenerse en la razón de fondo que daba el secretario de Huelva para denegar la consulta. Decía que podía sufrir daño el honor de las personas, pero no supo aclararme por qué en vez de guardar en el armario los libros desde 1890, que era lo que correspondía según su teoría, los guardaba desde 1936. Cuestión aparte digna de estudio sería saber la razón por la que los políticos andaluces establecieron un siglo para acceder a nuestra propia historia. Aunque quizá lo raro es que no establecieran dos.

Capítulo especial merecen los archivos militares. Hasta hace poco tiempo para acceder a ellos no se requería titulación o carnet sino un aval de persona idónea^[3]. Como no tenía a mano entonces ni militar ni catedrático a quien recurrir tuve la suerte de encontrar a Milagro Martínez, quien rápidamente me envió un aval de su marido, Pedro Laín. Aún recuerdo —hablo de finales de los ochenta y de los primeros noventa— la actitud seca del oficial encargado del Servicio Histórico Militar diciéndome que no hacía falta que viese los catálogos, que él se encargaba de decirme lo que yo tenía que ver. Así, sólo pude hacerme una idea de conjunto de lo que allí había a costa de otro disgusto, pues mi petición equivalía a dudar de la competencia del encargado. En el fondo aquel hombre pensaba como el auxiliar antes citado. Con todo, lo peor que recuerdo es que no se me informara de que ciertos documentos catalogados pero que no aparecían microfilmados podían ser consultados en sus originales. Pero claro, hubiera supuesto mucho trabajo para las cuatro horas que abrían al público. La sensación que se tenía en aquel archivo de la calle Mártires de Alcalá, archivo llamado de la Guerra de Liberación y en el que la documentación se dividía en Nacional, Roja y Cuartel General del Generalísimo era la de ser un intruso en archivo ajeno.

También debo decir que otra visita reciente ya en Ávila fue mejor. Sin embargo mi última experiencia en un archivo militar, el año pasado en el Archivo General de Segovia, supuso un paso atrás. Ante mi solicitud de consulta de varios expedientes personales, lo primero que me dijo el brigada encargado, con objeto de aclararme lo que podría ver, o más bien lo que no podría ver, fue que de no poder probar la fecha de fallecimiento de los militares debía sumar 125 años a la de nacimiento que aparecía en cada expediente. Cuando pregunté que de dónde salía aquel siglo y cuarto me dijo: «Muy simple, 100 de esperanza de vida y 25 post mórtem». Al esgrimir yo los 50 años marcados por la Ley me aclaró el brigada que ese tope era «criterio insuficiente» y que no perdiera de vista que un expediente personal era tan privado «como un historial clínico». Ante esta actitud, y dado que la consulta era amplia, planteé posteriormente el problema al coronel-director, quien reconoció que efectivamente eran 50 años los prescritos por la Ley de Patrimonio, pero no «a partir de la fecha de los documentos», como se leía en el artículo 57.c e ingenuamente yo creía, sino a partir de la fecha del último documento. Mi intento de diferenciar entre expediente y documento al objeto de poder consultar todos los anteriores a 50 años fracasó: allí la unidad era el expediente y su fecha la del último documento.

La Ley plantea tres condiciones para acceder a los fondos que contengan datos personales: contar con permiso del afectado, que hayan transcurrido 25 años de su muerte o, «en otro caso, cincuenta años a partir de la fecha de los documentos». La clave parece estar en cómo se interprete ese «en otro caso», donde bien se cuidó el listo de turno de no poner «en cualquier caso». Hay que decir que si se aplicara lo de la fecha del último documento en un archivo como el de Segovia no podría verse casi nada relacionado con la guerra civil, ya que raro es el expediente que no contiene algún trámite burocrático más o menos reciente. Y en todo caso si esto fallara bastaría con aplicar el método de los 125 años. Tanto es así que de haberse seguido estas normas yo no hubiera podido ver ni los expedientes que me permitieron consultar. O sea que incumplieron sus propias reglas, siendo en última instancia el capricho del brigada el que separó lo que podía de lo que no podía ver. Así, una vez más, el derecho del ciudadano acababa en favor al súbdito.

Antes de terminar con estos casos sería injusto no mencionar mi experiencia más placentera en un archivo, que tuvo lugar aquí en Sevilla, en el Archivo del Tribunal Militar, un archivo parcialmente ordenado que se encontraba en lamentables condiciones. Es difícil de creer pero doy fe de que allí se hizo realidad el sueño de cualquier investigador: tener todo un archivo a entera disposición. Sin duda alguna, y puesto que cuando digo a entera disposición no hago literatura, será un hecho irrepetible. Aun así, yo no dejo de preguntarme cómo es posible que el brigada de Segovia y el teniente de Sevilla actuasen desde un mismo marco legal. Una vez más estábamos en lo de siempre: lo importante no era la ley sino sus intérpretes.

Finalmente y para acabar con estos casos quisiera mencionar también los archivos a los que aún no me he animado a ir, caso del de la Policía. Me echó para atrás la experiencia de un amigo que me escribió lo siguiente:

Te llevan a una sala muy espaciosa en la que trabajan 4 o 5 policías de paisano. Son muy amables pero te preguntarán que para qué quieres ver aquello, que qué escribes, etc. y más de una vez se pondrán detrás de ti para saber qué miras con más interés. Sólo podrás sacar fotocopia de documentos muy puntuales que antes leen ellos, los demás tendrás que copiarlos a mano.

Decidí no ir. Sobre todo teniendo en cuenta que quien eso me contaba había recibido trato preferente. Un caso interesante sería el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, al que menciono como archivo modélico hasta hace poco y que, sin que quede muy clara la razón, dejó de serlo. La prensa nos dio a conocer el caso de un investigador alemán afincado en España al que se le denegó en 1997 la consulta de expedientes de nazis protegidos por Franco^[4]. Como además de alemán era abogado recurrió y dos años después la Audiencia Nacional le permitió acceder a los documentos. No sabemos qué habría pasado si en vez de ser alemán hubiera sido español. Y tampoco sabemos si luego le aplicarían lo de contar los 50 años a partir del último documento de cada expediente. El caso es que la prensa —mal síntoma— se hizo eco de la hazaña del alemán.

Creo que los ejemplos anteriores servirán de muestra de lo que ha sido mi experiencia de usuario. Debo decir no obstante que ni todos los archivos ni todo el personal que los atiende responden al cuadro trazado. Es más, normalmente uno se encuentra con gente amable e interesada en hacer leve el trabajo del investigador. Y así ha sido mi experiencia en archivos como los de Salamanca, Alcalá o el ya mencionado de Sevilla, lugares donde tuve la suerte de encontrar funcionarios favorables al derecho a la información. No obstante la normativa, base del problema, sigue ahí. Y no soy yo sino precisamente un archivero, Daniel de Ocaña, en un interesante análisis de los problemas de acceso desde la perspectiva interna, quien ha escrito que si el espíritu de las normas de acceso a los archivos se diese en el resto de las materias reguladas por el Derecho, volveríamos al estado primitivo^[5].

He comentado hasta ahora el anecdotario, pero creo que este relato quedaría incompleto sin intentar ir más allá de estas pequeñas historias^[6].

Existe una versión predominante, casi oficial, para la que la transición fue una experiencia histórica modélica. No obstante, aunque nadie niega las dificultades de aquel proceso, con el tiempo ha ido tomando cuerpo la idea de que una de las bases de esa transición política fue el olvido de nuestra historia reciente. Con esta idea de fondo, ya admitida por la pura evidencia, existen actualmente dos interpretaciones sobre aquel período histórico:

—una mantiene que fueron el peso de la memoria traumática^[7] y el temor a un nuevo enfrentamiento civil los elementos que, junto con la propia evolución social, condujeron a un modelo de transición marcado por el olvido absoluto del ciclo República-guerra-dictadura.

—otra línea opina que fue la derecha, que controló el proceso, la que con el concurso de la izquierda impuso un verdadero pacto del olvido, cuyos resultados, al cabo de los años, se han convertido en rémora para el propio sistema democrático^[8].

Frente a la primera teoría, la que considera que el olvido fue necesario, teoría que con diversos matices tiene influyentes seguidores, pueden presentarse dos argumentos. Tratar el pacto del olvido como un esfuerzo mutuo en pro del bien común es una falacia que presenta como logro de dos lo que no fue sino beneficio para uno. Después de cuatro décadas de dictadura, ¿a quién podía interesar más que prevaleciera el olvido? En segundo lugar esta teoría elude que la verdadera amenaza del quinquenio 1976-1981 no fue una nueva guerra civil de todo punto imposible, sino precisamente una constante amenaza golpista que no cesó hasta que por fin se nos vino encima en febrero de 1981. Entonces el miedo paralizó a la sociedad española, que tuvo que esperar callada y sumisa la resolución del conflicto en los mismos niveles donde se había fraguado la transición. Este golpe fallido, esta representación esperpéntica retransmitida por televisión, marcó un antes y un después en el proceso político. La memoria traumática había desempeñado su papel, pero no porque el recuerdo de la guerra favoreciera el entendimiento de ambos bandos, sino porque la memoria del terror conducía a la sumisión y a que la izquierda asumiera de una vez los límites del proceso reformista^[9]. Fue en este ambiente de crisis y descomposición en el que el Partido Socialista obtuvo en 1982 diez millones de votos y empezó una larga experiencia de poder de catorce años.

Y no fue precisamente hasta 1996^[10], coincidiendo con el final de ese ciclo, cuando los medios de comunicación comenzaron a reflejar opiniones y propuestas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica reciente. Esta tarea, salvo excepciones, había constituido hasta entonces una lucha callada y solitaria que raramente había transcendido a la opinión pública^[11]. Pareció como si el cambio de Gobierno abriera para algunos un repentino interés por una memoria histórica antes inexistente. Muchas personas, algunas cercanas o integrantes del partido hasta entonces gobernante, sintieron la necesidad de ofrecer su opinión sobre el debate de la memoria, sobre la necesidad de recuperarla^[12]. Parece que de pronto, se tomó conciencia de que la desmemoria comprometía el futuro de la cultura democrática^[13]. La realidad vino poco después a reforzar estas propuestas con hechos como los actos de homenaje a las Brigadas Internacionales (de fines de 1996), la creación del Archivo de la Guerra y del Exilio (AGE) y, ya en 1999, las propuestas de condena del «golpe fascista militar contra la legalidad republicana» y las primeras ayudas a los presos del franquismo en diversas comunidades^[14]. Esta tendencia culmina sólo hace unos meses cuando el Partido Socialista proponía en el Congreso rehabilitar y homenajear a los masones y, en general, a las víctimas del franquismo (mayo-junio 2001). Pero hay un problema en el que los autores de estas propuestas parecen no haber caído: ¿cómo se puede homenajear a esas víctimas si ni siquiera sabemos quiénes ni cuántas fueron? Evidentemente es más fácil, vistoso y rentable lanzar propuestas parlamentarias u organizar homenajes que poner los medios para que se investigue un hecho histórico.

Hoy día la versión oficial, la que cree que gran parte del éxito de la transición radica precisamente en el olvido, está puesta en duda. El debate público sobre la lucha entre la memoria y el olvido ha ido dando fuerza, cada vez más, a las voces críticas de quienes reflexionan sobre las consecuencias negativas de la negación de la memoria^[15]. Esas voces nos recuerdan cosas evidentes como que una sociedad sin memoria carece de identidad y es fácilmente manipulable, o que el poder tiende a reescribir constantemente el pasado en beneficio propio, o que la única arma de que disponemos frente a esto es precisamente la memoria. A ello han venido a sumarse las abiertas maniobras políticas de ciertas instituciones relacionadas con el mundo de la historia e incluso el propio Estado, que no ha tenido problema alguno en servirse de unos y otros para fines particulares o en dedicar considerables fondos y energías a mejorar la imagen de ciertas personas e instituciones^[16].

Las dos interpretaciones sobre el olvido antes referidas albergan a su vez dos teorías sobre nuestra historia reciente, teorías que representan tesis diametralmente opuestas. Para unos la guerra fue un hecho inevitable que vino a acabar con el desorden republicano y a encauzar finalmente al país; y para otros un corte brutal e injustificado de un proceso positivo. A 25 años del inicio de la transición aún no hemos decidido qué cariz debe tener nuestra memoria histórica^[17]. Tal fragilidad deriva de la ausencia de raíces históricas que legitimen el actual sistema democrático (José Vidal-Beneyto). Como no podemos celebrar el 14 de abril y tampoco era cuestión de seguir celebrando el 18 de julio, celebramos el 12 de octubre: Religión e Imperio. Siguiendo la vieja máxima de que «el recuerdo sólo es deseable si es útil», la memoria republicana ha sido silenciada desde un primer momento, pues el retorno a la democracia no debía enlazar en modo alguno con la anterior experiencia democrática. Es más, si lo que se pretendía era unir indisolublemente democracia y monarquía, y puesto que ésta fue repuesta por el dictador (1969), la experiencia republicana quedaba relegada a la categoría de deformación histórica que fue necesario abortar.

Prohibida la memoria democrática y sin que nadie prácticamente (salvo Fraga) asumiera el llamado «régimen anterior» como período de gobierno de la derecha, el camino quedaba expedito para la pervivencia de la propaganda franquista: ¿queda acaso alguien que no sepa que la República fue un desastre, que la guerra fue inevitable, que los dos bandos fueron iguales o que Franco nos libró de la segunda guerra mundial y modernizó el país, sentando así las bases del actual sistema democrático? ¿Hay todavía quien ignore que Queipo de Llano fue un bravo general que al mando de dos o tres soldados, como mucho, salvó a Sevilla de convertirse en una nueva república soviética? Aquí es impensable que la justicia condene a nuestros «David Irving» particulares por falsear y mentir sobre el pasado por la sencilla razón de que carecemos de una realidad histórica establecida que proteger^[18].

«Nosotros decidimos no hablar del pasado», escribió Felipe González hace poco tiempo^[19]. Otros han preferido hablar de una necesaria «suspensión de la memoria»^[20]. Pero el problema no era ése. Dado el modelo de transición es comprensible que existiera un acuerdo de carácter político que evitara trasladar al Parlamento el marasmo ideológico de cuatro décadas de dictadura. Lo que no se entiende es que dicha actitud se impusiera también a la sociedad civil^[21]. Fue así como las instituciones encargadas de la transmisión de la memoria, salvo excepciones, aprovecharon la ocasión para librarse del compromiso de recuperar 5O años de historia antes de que desaparecieran sus protagonistas. Al mismo tiempo a la investigación libre se le hizo la vida imposible. De esta forma, suspendida la memoria, actos de pura protección o connivencia hacia la dictadura y su obra pudieron presentarse como elevadas contribuciones al espíritu de consenso, y siniestros personajes, hijos y nietos del todopoderoso padre Albareda, el secretario general del Consejo Superior, pudieron pasar por lo que nunca fueron^[22]. Fue en este clima de carnaval en el que se perpetró uno de los mayores atentados contra el patrimonio documental español: la destrucción de fondos documentales de toda clase, a plena luz del día y sin que haya quedado constancia de queja pública alguna. La propia directora del AGA a mediados de los noventa explicó que para intentar salvar ciertos fondos hubo que esperar a que se perdiera el miedo entre los funcionarios, pues de otro modo hubieran desaparecido^[23].

«GARANTIZAMOS LA DESTRUCCIÓN DE SUS ARCHIVOS», Se leía en el camión de la empresa Ramos que se encargó en 1982 de hacer desaparecer el archivo de la Audiencia Provincial de Salamanca^[24]. Como ya había pasado antes con los fondos de primera instancia (comunicaciones de sentencia, incautación de bienes, responsabilidades políticas), nadie denunció aquel expurgo. Igual suerte corrieron otros fondos judiciales, los archivos del Movimiento, archivos militares como el de Capitanía General de Sevilla, o los archivos de las prisiones provinciales (Sevilla, por ejemplo). En algunos casos, como el del archivo del Gobierno Militar de Logroño contamos incluso con fotografías de los documentos tirados por los suelos. Todo desapareció. «Olían insoportablemente a pasado», dijo un gobernador civil recordando la destrucción de los archivos del Movimiento de Barcelona en 1977. Y añadió: «Fiemos pagado algún precio por la transición que hicimos. Y está claro que hemos pagado algún precio respecto a nuestra memoria»^[25]. El que así hablaba al cabo de los años era Salvador Sánchez Terán, de UCD.

Pero volvamos, antes de concluir, a la idea anterior. Es comprensible el pacto político por el que se evitó convertir la guerra en arma arrojadiza. Más difícil resulta sin embargo comprender cómo se permitió que continuara el expurgo y mucho menos se entiende cómo no se acordó proteger la documentación y ponerla al servicio de la historia. ¿Cómo es posible que periódicamente aparezcan manuscritos de Franco en subastas públicas^[26]? ¿Cómo se permite que el archivo del dictador pertenezca a una institución privada? ¿Aparecerán alguna vez los informes parroquiales del archivo episcopal que el canónigo Ordóñez Márquez tuvo el privilegio de utilizar para su investigación sobre «los apóstatas onubenses»^[27]? ¿Forman parte los archivos eclesiásticos del patrimonio documental del Estado? Lo que en realidad se hizo viene a confirmar la idea del historiador Álvarez Junco de que la historia, lejos de su uso para el estudio del pasado, es fundamentalmente un arma al servicio de los intereses políticos. Lo decía en plena fiebre conmemorativa y aludía claramente a esos intereses refiriéndose al fomento de la «autoestima colectiva» y a la «glorificación de ciertas instituciones como la monarquía española»^[28]. Y es que donde hay un pasado reciente que olvidar no hay nada como disponer de un pasado imperial^[29].

Destruir documentos no sólo supone impedir el conocimiento del pasado sino arrasar las bases de nuestra propia existencia, las fuentes de la memoria. Con ocasión de lo ocurrido en Sarajevo se habló de culturicidio y de memoricidio. Aquí la criba documental fue parcial y selectiva. La memoria de los vencidos fue destruida y a esto se sumó lo que algunos dieron en llamar suspensión temporal de la memoria, que acabó en amnesia total^[30]. Podremos hacer otras lecturas o buscar nuevas fuentes pero lo que está claro es que no será fácil recuperar la memoria de la República y de la dictadura si los cauces de que disponemos son el Archivo para la Represión de la Masonería y el Comunismo, la Causa General y los expedientes de Responsabilidades Políticas. Su finalidad represiva vicia y condiciona su investigación. Estamos ante una documentación seleccionada y organizada con un solo objetivo y que nos dice más de los vencedores que de los vencidos; una documentación que tal como está constituye ya «un arma al servicio de intereses políticos», de la historia oficial. ¿Cómo hemos de considerar que hoy se denieguen las revisiones de sentencias franquistas «por ajustarse al derecho de la época»^[31]? Un ejemplo: aún estamos a la espera de saber qué se hará con la revisión del proceso y rehabilitación solicitada hace poco por la Universidad de Valencia sobre la figura del rector Juan Bautista Peset^[32], asesinado en 1941. De fondo, un asunto mal resuelto: el de la legitimidad histórica. ¿Tendremos que asumir finalmente que los crímenes cometidos por la dictadura fueron legales? ¿Se impondrá el discurso jurídico del olvido^[33]? A nosotros sólo nos cabe imaginar lo que supondría para la investigación histórica la revisión global de las sentencias dictadas por los tribunales militares franquistas.

Y si los historiadores pueden dedicarse a ajustar el pasado a las necesidades políticas del presente, ¿qué papel desempeñan los archiveros? ¿Forman parte de un Estado moderno y democrático al servicio del ciudadano, conscientes de su función social, o por el contrario protegen al Estado, al Poder, y a sus servidores de la intrusión de los súbditos? ¿Convendría, tal como mantiene Antonio González Quintana, que los archiveros a cargo de documentos delicados asuman un código deontológico^[34]? Hay que decir, no obstante, que la primera responsabilidad debe recaer sobre los que hicieron las leyes y las dotaron de suficiente ambigüedad como para que en última instancia sea el archivero el que decida si debe prevalecer el derecho a la información o el derecho al honor. Y pensando precisamente en los defensores del honor, en esa línea que va del legislador taimado al archivero fiel al poder, me he referido en otro lugar a los amos de la memoria, a los gestores del olvido. Evidentemente si la ley fuera clara ni el archivero ni el investigador tendrían que entrar en discusión. Pero la ambigüedad no es casual: los investigadores de nuestro «pasado oculto» hemos tenido problemas porque desde la transición ha existido el propósito deliberado de que todo lo referente a la destrucción de la República y a la implantación de la dictadura nunca sobrepasase el ámbito privado, que muriese con sus protagonistas. A ese propósito sirvieron el expurgo documental que tuvo lugar en los años setenta y ochenta, ciertos puntos clave de leyes como la de Patrimonio (16/85) o la de Régimen Jurídico (30/92) y los funcionarios que bien por su ideología o por extraños temores frenan la investigación.

Ésta es la situación actual y aquí debería terminar mi intervención. Sin embargo no me resigno a añadir lo que sería deseable. Frente a lo dicho es necesario que por fin podamos acceder a todos los fondos documentales, incluidos los militares y los eclesiásticos. Hay que proteger los documentos en peligro y sacar a la luz todo lo que nos permita acercarnos al pasado, por reciente que sea. Hay que denunciar el abandono y la destrucción que amenazan aún nuestro patrimonio documental. También hay que recuperar los documentos públicos que permanecen todavía en manos particulares y exigir a todas las instituciones privadas que funcionan con fondos del Estado que abran sus archivos a la investigación. Por otra parte necesitamos al igual que otros países crear una geografía de la memoria (P. Nora) y contar para ello con una historia al servicio de la sociedad, donde tengan cabida todas las voces, incluso las de quienes nunca la tuvieron, a quienes debemos evitar la peor de las muertes: la del olvido. La memoria de uno de los momentos clave de nuestra historia no puede quedar relegada a un programa de televisión sobre desaparecidos, burla cruel que mezcló en un mismo saco las dos acepciones de la palabra. Ya sabemos que el Poder y sus medios actúan incesantemente para imponer sin traba alguna su interpretación de la historia. Y también sabemos que, al contrario que ellos, apenas contamos con medio alguno. Pero, en conclusión, debe quedar claro que nada podremos conseguir sin asumir la existencia previa del problema, sin la ayuda de quienes promueven y hacen las leyes, y sin la colaboración de los archiveros. Así pues, siendo realistas, pondremos nuestras esperanzas en que alguna vez exista una normativa europea que sitúe a la española al mismo nivel que ésta colocó a la andaluza.

Concluiré con un recuerdo a Francisco Tomás y Valiente, firme defensor del derecho de todo ciudadano a la información y que no en vano fue a la vez jurista e investigador. Terminaré con sus propias palabras:

Nadie tiene mentalidad de revancha, nadie tiene mentalidad de venganza, pero no nos engañemos, nadie tiene mentalidad de olvido^[35].