Los Gobernadores

La República corrompida

JORGE ZEPEDA PATTERSON

Los abusos

Piadosos, preciosos, nepotistas, fascistas, frívolos, bailadores, ganadores de lotería, depredadores de playas, protectores de crimen organizado. No suena mal el federalismo, pero algo no está funcionando bien y cada vez lo hace peor. Tener un país democrático integrado por un pacto federal suscrito por entidades libres y soberanas parece una espléndida idea. O lo era, salvo que los beneficiados han sido los Ulises Ruiz, los Marios Marín y una enorme lista de gobernadores que parecen competir entre sí en ocurrencias, deslices, felonías y capacidad para salirse con la suya. Como en botica hay de todo, pero lo que tienen en común, además de una fortuna galopante, es que gozan de absoluta impunidad para poner en práctica sus caprichos y, en el peor de los casos, sus infamias. Por ejemplo:

• «Chinga la tuya, Etilio» decían las calcomanías que algunos jaliscienses se atrevieron a colocar en sus autos en valiente e inútil respuesta a las mentadas de su gobernador, Emilio González Márquez. En abril 23 de 2008 el Góber Piadoso había encabezado una ceremonia para entregar un cheque de 15 millones de pesos al Banco Diocesano de Alimentos, en presencia del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Sabedor de que sería criticado por la opinión pública que cuestiona sus donaciones a la Iglesia, pero inconsciente del efecto de los tequilas que traía encima, Emilio se envalentonó: «Digan lo que quieran… Perdón señor cardenal… ¡Chinguen a su madre!». Al regresar a su lugar en la mesa, su esposa le pidió que cuidara sus palabras, a lo que el marido respondió «Pues tú también me vales madres^[152]».
• Entre 2001 y 2002 se depositaron más de 35 millones de pesos en efectivo en las cuentas de los hijos de Arturo Montiel, entonces gobernador del Estado de México, sin negocio o justificación fiscal aparente. Las investigaciones periodísticas dieron cuenta de los inmuebles millonarios adquiridos por el gobernador, con valores muy superiores a sus ingresos formales. La siguiente administración estatal lo libró de cualquier cargo.
• Ulises Ruiz llegó a la gobernación de Oaxaca con la consigna de liquidar al periódico líder de la entidad, Noticias de Oaxaca. Tenía un pleito casado con su propietario, pues se sentía agraviado por la línea editorial y por los antecedentes en la propiedad del diario sobre el cual el gobernador y su grupo creían tener derechos. El gobierno utilizó todo: líderes sindicales ajenos al diario declararon huelga, golpeadores tomaron instalaciones jueces dictaron órdenes de presentación, un cadáver fue sembrado en las rotativas, las autoridades exigieron un boicot de los anunciantes. La noticia del embate de Ulises dio la vuelta al mundo, pero nada pudo pararlo. Noticias de Oaxaca se salvó porque la crisis del magisterio y la APPO obligó al gobernador a cerrar otros frentes abiertos.
• En abril de 2006,José Luis Adame Castillo y su hijo Luis Daniel Adame Tapia fueron detenidos y llevados a la delegación, luego de que un ladrón de autos los señalara como cómplices. Unas horas más tarde fueron dejados en libertad, al conocerse el parentesco con el entonces candidato a la gobernación del estado de Morelos. Seis meses después, uno de los agentes que participó en la detención recibió una sentencia de trece años de cárcel «por abuso de autoridad», y otros ocho policías cinco años y seis meses. Para entonces Marco Adame Castillo, hermano y tío de los detenidos, ya era gobernador de la entidad.
• En julio de 2008, un convoy de patrullas rodeó a un camión que trasladaba turistas del hotel al aeropuerto de Los Cabos. Los pasajeros fueron obligados a descender a punta de pistolas y a caminar con maletas durante un largo trecho de carretera. Los policías estaban protegiendo el contrato que posee el sindicato de taxistas, que les reserva el derecho no sólo de controlar las salidas del aeropuerto sino también las llegadas, además de los tours turísticos. John Solís, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la región, aseguró que las pérdidas acumuladas por cancelaciones, alcanzaban la cifra de 246 millones de dólares. El aparente absurdo de perder esa ganancia por un pleito local ya no lo es tanto cuando nos enteramos que el gobernador perredista, y antes alcalde de Los Cabos, Narciso Agúndez, es pariente de líderes transportistas y él mismo gran propietario de flotillas de taxis^[153].
• Después de concluir su jornada docente, el doctor Manuel Salvador González Villa —catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima— se dirigió a su domicilio. Allí lo esperaban dos agentes de la Policía de Procuración de Justicia de la entidad, quienes sin dar explicaciones y sin mostrar orden de aprehensión lo subieron por la fuerza a una camioneta y lo trasladaron a una celda de la institución. Más tarde, el procurador le explicó que el gobernador de Colima de entonces, Fernando Moreno Peña, lo había demandado por difamación y calumnias: en su clase «La pobreza en México», el profesor se había atrevido a hacer comentarios críticos al mandatario. Fue liberado horas más tarde, cuando aceptó firmar una declaración que matizaba sus apreciaciones sobre Moreno Peña.
• En febrero de 2006, el candidato Felipe Calderón marchó por las calles de Puebla y remató en su zócalo con una tarjeta roja en mano para solicitar, a manera de árbitro de futbol, la renuncia de Mario Marín como gobernador de Puebla. Cinco semanas después de tomar posesión como presidente, Calderón regresó a Puebla a tomarse la foto con el «Góber Precioso». Hay pocos países del mundo occidental en que un gobernador, como es el caso de Mario Marín, seguiría en su posición luego de ser ventilada a la opinión pública la grabación de una conversación como la que sostuvo con Kamel Nacif, a propósito de dar un «coscorrón» a una periodista. Sobre todo porque «el coscorrón», como aclaró el mismo Kamel en otra conversación, consistía en una violación en la cárcel.
• Félix González, un imberbe político priista de Quintana Roo ganó la gubernatura y celebró sus treinta y siete años con una fiesta en la casa de gobierno por la que desfilaron diez mil personas para presentar «sus respetos». El agasajo al gobernador, a la usanza de los años cincuenta, requirió el sacrificio de 21 reses, oportunamente donadas por la Unión Ganadera Regional. Considerando que la población de Quintana Roo no llega a un millón y medio de personas, significa que uno de cada 150 de sus gobernados fue ese día a saludar a su soberano.

Desde luego no todos estos pasajes ostentan la misma gravedad. Entre el culto a la personalidad de un festín como el descrito en el párrafo anterior y las prácticas delincuenciales de Ulises Ruiz en Oaxaca, hay un largo trecho. Lo que tienen en común es que todos esos casos expresan los enormes márgenes discrecionales que disfrutan los gobernadores hoy en día. Que tales márgenes den lugar a un crimen o simplemente a una anécdota pintoresca en las distintas entidades federativas, depende de la personalidad y la ética de cada gobernante. Por desgracia, el balance no es muy reconfortante, hasta ahora.

Los nepotistas

Algunos han cometido faltas por el excesivo amor que les inspiran los suyos. Tal es el caso del gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, a quien el orgullo por los logros de su sobrino le llevó a colocar inserciones de felicitación en los diarios luego de que Rodrigo ganara una competencia local de autos denominada «Desafío Corona». Pecata minuta, pese a que fue pagada con dineros del erario, según la prensa nacional. Ese mismo día, otra paisana del gobernador ganó un campeonato nacional de tenis sin que mereciera mención alguna. Carecía del apellido correcto.

Una falta inocente comparada a las de Patricio Patrón Laviada, gobernador de Yucatán hasta hace poco tiempo. Patrón Laviada salvó de la cárcel una y otra vez a sus hermanos, acusados de diversos delitos y abusos. En mayo de 2006, Antonio fue sorprendido de manera flagrante en la compra de votos, horas antes de las elecciones a la gubernatura. Detenido en estado de ebriedad, Patrón Laviada chocó contra dos patrullas al intentar darse a la fuga y atropelló a varios policías, uno de ellos de gravedad. Al lugar de los hechos llegaron más de diez unidades y decenas de agentes quienes desconocían la identidad del sujeto que sólo amenazaba con cesarlos. Tras la identificación y constatar que el conductor era hermano del gobernador, los agentes procedieron a escoltarlo hasta la delegación, donde el responsable, luego de consultar con sus superiores, lo dejó en libertad.

A mediados del 2007, los diarios nacionales revelaron que la embajada de Estados Unidos en México había notificado a este mismo hermano, Francisco Antonio José Patrón Laviada, la decisión de revocarle la visa «por sus posibles vínculos» con actividades del crimen organizado^[154]. Su cuñada, hija del ex gobernador Cervera Pacheco, inicialmente también fue privada de su visa, aunque posteriormente le fue regresada.

A lo largo del sexenio de Patricio Patrón Laviada se cuestionó el vertiginoso enriquecimiento de Antonio y, sobre todo de Alejandro, conocido como «la Vaca», yerno de Cervera Pacheco. La prensa local reportó las andanzas de la Vaca, sus reiterados vínculos con intereses turbios de diversa índole y su estrecha relación con las inversiones del ex banquero Roberto Hernández en la península de Yucatán, de quien se asumía era prestanombres^[155]. Todos los intentos de investigación toparon con el blindaje fraterno desplegado por el gobernador.

A su salida de Yucatán, luego del triunfo de la priista Ivonne Ortega, el ex gobernador fue designado Procurador Federal del Medio Ambiente por Felipe Calderón. Un nombramiento severamente cuestionado toda vez que Patrón Laviada había sido impugnado por grupos ambientalistas yucatecos por la entrega al capital privado de diversos recursos naturales. Para ese nombramiento no fue obstáculo que su prima, Cecilia Laviada, fuese la coordinadora de delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pero si Patrón Laviada se limitó a extender su brazo protector, el gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo fue mucho más allá. No sólo una jueza metió a la cárcel a los policías que investigaban a un hermano por el presunto delito de robo de autos, sino que Marco Adame se ha dado a la tarea de sacar de problemas a sus hijos. En enero de 2007, la prensa local reportaba que por tercera ocasión en menos de un año el poder del gobernador se había impuesto a la ley, ahora para evitar que sus hijos Juan Pablo y Mayela fueran sancionados por agredir a otros jóvenes en una discoteca de esta ciudad. La riña había comenzado al calor de las copas, pero a los golpes le entraron tanto amigos como guaruras de los hijos del gobernador, dejando malheridos a sus contrincantes^[156].

Un caso curioso de tráfico de influencias, aunque no necesariamente de enriquecimiento, al menos inmediato, es el del gobernador de Tabasco, Andrés Granier, y su hijo. Fabián Granier, licenciado en Comercio Internacional, de veintisiete años quien tramita desde la residencia oficial del gobernador apoyos para despensas, empleos en la burocracia, materiales de construcción, becas. El joven recibe súplicas y solicitudes y, con la ayuda de un par de empleados públicos, tramita resoluciones con los distintos secretarios del gabinete de su papá. «No es nepotismo, porque no estoy en nómina del gobierno», afirma el joven con candor, simplemente «agilizo trámites, pues si me llega una petición sé adónde mandarla para que se la tome en cuenta^[157]». En marzo de 2008, el PRD local exhibió fotografías s del vástago del gobernador mientras utilizaba el avión del Ejecutivo para viajar a Cancún con sus amigos.

El nepotismo no es un atributo que monopolicen el PRI o el PAN. La familia de Leonel Cota, ex gobernador y ex presidente del PRD, muestra que estas viejas prácticas no reconocen colores ni ideologías. Aunque se ha retirado de las principales candilejas, sigue siendo la cabeza de un clan que domina la política de Baja California Sur. Su primo, Narciso Agúndez Montaña es el gobernador; su hermana, Rosa Delia Cota Montaña, es la presidenta municipal de La Paz; el cuñado de ésta es el Procurador del Estado; Y otro hermano, Juvenil Cota Montaña, es el jefe de asesores del gobernador^[158]. El poder de esta familia quedó demostrado en 1999, cuando el CEN del PRI rechazó a Leonel Cota como su candidato a la gubernatura, justamente para evitar la concentración del poder en este grupo. Leonel, quien terminaba su periodo como presidente municipal priista de La Paz, simplemente cambió de partido, ganó las elecciones e inauguró la dinastía Cota.

No hay gobernador en el país con mayor capacidad para convertir a su entidad en un coto personal y familiar que Héctor Ortiz Ortiz, mandatario panista de Tlaxcala desde 2005. Su hermano Rodolfo fue designado director del Hospital Infantil; otro hermano, Serafín, se convirtió en rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la cual el gobernador había sido titular durante dos periodos. Para desocuparle la plaza a Serafín, el mandatario recurrió a una propuesta que el rector vigente no pudo rechazar: fue designado Subsecretario de Educación del Estado. Efraín, también hermano, es el secretario de Extensión Universitaria. Conservan su plaza universitaria de tiempo completo el hermano Rodolfo, el propio gobernador, su esposa actual y su ex esposa. Por lo demás, Serafín, el rector, es propietario de la Escuela de Argumentación Jurídica y el gobernador es fundador de la Facultad Libre de Derecho en Apizaco; ambas escuelas privadas tienen reconocimiento por parte de la Universidad pública, controlada por los hermanos^[159].

El nepotismo de los Ortiz es, además, de tres bandas. Pese a su afiliación panista, el gobernador es amigo y compadre del priista Mario Marín, el Góber Precioso de Puebla, al grado de intercambiarse favores: «el hermano y el cuñado del gobernador de Tlaxcala encontraron acomodo en la administración de Puebla, el primero fue delegado del ISSSTE y el segundo fue subprocurador de Justicia. Ortiz correspondió con el gobernador de Puebla: el hermano de Mario Marín Torres, Miguel Ángel, es director del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada de la Salud^[160]».

En honor a la verdad, habría que atribuirle al PRI «el mérito» de fabricar a este verdadero virrey tlaxcalteca: con la bandera del tricolor, cercano a Beatriz Paredes ex gobernadora del estado en los ochenta, Ortiz ha sido, además de rector, dirigente juvenil de la CNOP, presidente estatal del PRI, asesor de la CNC, secretario estatal de Educación. Como alcalde de Tlaxcala por el PRI, buscó infructuosamente la candidatura de su partido para competir por la gubernatura; el PAN se la ofreció y se convirtió en el gobernador panista más priista de México.

En materia de amor filial, estos seis gobernadores parecerían ingratos frente a la extrovertida pasión que el priista Humberto Moreira, gobernador de Coahuila, expresa por los suyos. El15 de enero de 2008, el centro para la atención de ancianos de Progreso, pequeño municipio al norte de la entidad, abrió sus puertas con el nombre de «Vanesa Guerrero». Nada relacionaba a los ancianos con esta joven de veintiocho años de edad, ganadora de un concurso de belleza estatal, salvo por un hecho: se trata de la flamante esposa —en segundas nupcias— de Humberto Moreira. El gobernador, romántico él, simplemente le ofreció un regalo de amor. Días más tarde se reportaba que una escuela primaria de Piedras Negras sería fundada con el importe de los regalos de bodas de la pareja y también llevaría el nombre de su esposa^[161].

Con la facilidad con la que otras personas regalan libros y suéteres en las reuniones familiares, Moreira obsequia a los suyos obras públicas. Bajo la consigna de que ya hay demasiadas escuelas con nombres de próceres, a un jardín de niños de Saltillo le fue impuesto el nombre de Evangelina Valdés Dávila, madre del gobernador. Una obra de remodelación en un orfanato de Monclova fue bautizado con el nombre de Alba Elena Moreira Guerrero, hija del mandatario.

Los arranques amorosos de Moreira no pasarían de la anécdota si se hubiesen restringido a esta peculiar manera de etiquetar su obra pública. El problema es que también han afectado al erario y la gestión política. El gobernador ha decidido erradicar el desempleo comenzando por sus familiares cercanos. Su hermano mayor, Rubén, fue designado subsecretario de Gobierno en el arranque de la administración. Alertado de que el parentesco era demasiado cercano para un puesto tan encumbrado, el funcionario fue designado presidente estatal del PRI y asunto resuelto. La colocación de otro hermano, Álvaro, no le representó mayor conflicto toda vez que trabaja en el ayuntamiento de Saltillo, donde Moreira fungía como presidente municipal, antes de lanzarse a la candidatura por el gobierno del estado.

En diciembre de 2007, otro de sus hermanos, Carlos, fue elegido Secretario General de la sección 38 del SNTE que aglutina a 15 mil maestros del Centro y del Este de la entidad. Hasta unos días antes había sido el líder de la sección 5 del mismo sindicato con presencia en otra zona de Coahuila. Las crónicas relatan que el mismo día de la asamblea, Carlos Moreira debió registrarse en la sección, a la que no pertenecía, para poder convertirse en su líder. La votación fue por demás sintomática: 217 delegados votaron por él, los 117 votos restantes fueron registrados como nulos^[162]. Vale la pena señalar que esta sección fue la única del sindicato nacional que organizó actos de resistencia en contra del examen para la adjudicación de plazas en agosto de 2008.

Palabra, periódico de Saltillo, filial del grupo Reforma, señaló que una empresa propiedad de un tío paterno de Moreira Valdés, con escaso capital, había ganado los concursos para hacer los planos de todos los puentes de Coahuila que se encuentran en construcción.

El caso de Humberto Moreira es peculiar, porque pese a que todos estos hechos han sido ampliamente difundidos, no hay gobernador en todo el país más legitimado y apreciado que el de Coahuila, según la Encuesta Nacional 2008 del Gabinete de Comunicación Estratégica, que mide los niveles de aprobación de políticos e instituciones (Tabla 1).

«Piense en un gobernador honesto, con liderazgo, carisma y tolerante a las distintas ideas que existen en cada Estado. En escala del cero al diez, ¿qué tanto se parece el gobernador de su Estado a su gobernador ideal?».

Las razones probablemente están asociadas al carisma, al manejo político y a un plan de medios de comunicación más que generoso. Lo cierto es que los coahuilenses parecen disfrutar de la personalidad dicharachera y populista de su mandatario. Igual se enfrenta a Vicente Fox y a su secretario del Trabajo con motivo de la tragedia de Pasta de Conchos, que acusa de vínculos con el narco a diputados panistas locales que lo molestaron en su informe de gobierno. Ni le importó bailar banda en una fiesta (se afirma que de joven perteneció al Ballet folclórico de Amalia Hernández) o proponerle matrimonio en un acto público a una guapa funcionaria a la que cortejaba, once meses antes de su reciente boda: «Aquí está la maestra Eréndira Loza que el próximo año será Eréndira Loza de Moreira, si ella quiere…»^[163]. Como apenas hacía seis meses antes el gobernador se había divorciado de su primera esposa, el Congreso del Estado decidió modificar el Código Civil de Coahuila para reducir de dos años a uno el tiempo que debe transcurrir para que una persona divorciada vuelva a casarse.

Humberto Moreira, saltillense de cuarenta y dos años, es un profesor normalista, hijo y hermano de profesores, que llegó a la política de mano del magisterio. No es un peón de Elba Esther Gordillo pero, sin duda, «la Maestra» fue decisiva para poder encumbrarse en la gubernatura. Fue funcionario medio de la SEP en el Distrito Federal, hasta que logró convertirse en secretario particular de Gilberto Guevara Niebla cuando éste fungió como Subsecretario de Educación en el periodo de Salinas. Al terminar el sexenio, a mediados de los noventa, regresó a su entidad dispuesto a incursionar en la política local. En 1999 fue designado Secretario de Educación Pública del Estado y de allí saltó a la alcaldía de Saltillo.

Síntoma del peso político nacional que ha adquirido fue la lista de invitados presentes en su boda, sin duda el acontecimiento social más importante del priismo en 2007: Carlos Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, los gobernadores José Natividad González y Enrique Peña, entre muchos otros. Pese a las celebridades presentes y la pompa que caracterizó a la ceremonia, Moreira no tuvo empacho en darle un toque personal a su promesa de boda: «Vanessa, te entrego estas arras que son el símbolo de que siempre estaré trabajando para entregarte el producto de mi esfuerzo, de que sé que lo vas a cuidar, de entregarte mi salario cada quincena, de no esconderte el bono y darte el aguinaldo también^[164]».

El enriquecimiento explicable

Mario Villanueva solía decir que todo aquel que no se hiciera millonario en Cancún era un pendejo. «El Profesor» Hank González puso en circulación la famosa frase de «político pobre es un pobre político». Ambos sabían de lo que hablaban, ambos fueron gobernadores: el primero de Quintana Roo, el segundo del Estado de México. En realidad, actualmente se requiere de muchísimo talento para llegar a ser gobernador y no terminar como millonario. Un talento que, desde luego, Roberto Madrazo y Arturo Montiel no poseen.

Según información publicada por Jaime Avilés, la cual nunca fue desmentida por Roberto Madrazo, al abandonar el gobierno de Tabasco el ex candidato presidencial transfirió 46 millones de dólares a los bancos Dresdner Bank, en Alemania, y Prudencial Securities, en Estados Unidos. Según el periodista, en la primera entidad bancaria se depositaron cerca de treinta millones de dólares a nombre del propio Madrazo, mientras que el resto se hizo en el segundo banco, a nombre de su esposa Isabel de la Parra^[165]. Y desde luego, no hay caso más célebre de enriquecimiento inexplicable reciente que el de Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México. Nunca sabremos si realmente pudo haber llegado a la presidencia nacional en la campaña de 2006, pero sin duda las probabilidades que tenía quedaron sentenciadas cuando Roberto Madrazo, su competidor dentro del PRI, divulgó las cuentas bancarias clandestinas y el valor de los inmuebles de reciente adquisición. Durante semanas la opinión pública se solazó con imágenes de sus espectaculares propiedades en Francia, en la Costa Alegre de Jalisco y en varias ciudades del centro del país.

¿A cuánto asciende la fortuna de Montiel? En 1999, al comenzar su sexenio declaró un patrimonio personal de 140 millones de pesos, al terminar reportó apenas 110 millones, lo cual supuso una pérdida de treinta millones. Según sus propias cuentas, Montiel habría sido el primer político mexicano que «pagó» por ser gobernador, a razón de cinco millones por año. Raro en alguien que había profitado de la política a lo largo de toda una vida: presidente municipal de Naucalpan, presidente del PRI en el Estado de México, diputado federal, director de Protección Civil en Gobernación, director de los Talleres Gráficos de la Nación, secretario de desarrollo económico en su estado.

Las fotos y las notas periodísticas arrojaban una versión distinta sobre la fortuna del político. El PAN del Estado de México denunció reiteradamente que el patrimonio total del ex gobernador ascendía a cincuenta millones de dólares, es decir, alrededor de 550 millones de pesos.

La verdadera dimensión de su fortuna pudo conocerse cuando Maude Versini, su esposa en segundas nupcias, casi treinta años más joven, planteó una demanda de divorcio en 2007, por casi 300 millones de pesos (veinte millones de euros^[166]). Seguramente la francesa estaba enterada de los recursos que ni Hacienda ni las autoridades estatales «pudieron encontrar». Por suerte para el ex gobernador, aunque resultó traicionado en el amor, no ocurrió lo mismo en la política. Su delfín, protegido y sucesor, Enrique Peña Nieto, revolvió viento y marea para que las autoridades del Estado, jueces y congreso local, exoneraran al gobernador enamoradizo.

Una de las vías más usuales que siguen los gobernadores para bregar con todos los interesados en enriquecerlos, es apoyarse en su propia familia para minimizar riesgos y maximizar beneficios y control sobre las ganancias extraordinarias. Pese a lo socorrido del recurso, el apoyo de un hermano o hijo de absoluta confianza, sigue siendo el mecanismo más seguro, aunque no el más ingenioso.

Apoyarse en prestanombres ajenos a la familia conlleva enormes riesgos una vez que el gobernador ha salido de sus posiciones de poder. Por lo demás, la escasa moralidad de un presta nombre es susceptible de volverse en contra de los intereses de su mecenas, sea por traición o simplemente por la tendencia a involucrarse en negocios turbios. Succar Kuri, el pederasta de Cancún, gozaba del apoyo de una considerable red de políticos y no porque todos estos hombres de poder fuesen aficionados al abuso de menores (algunos, no todos), sino porque fungía como lavador de dinero de muchos de ellos. La condición de hotelero de medio pelo y administrador de comercios en el aeropuerto, le permitía al libanés hacer negocios de blanqueo. Lo cierto es que con motivo de su juicio le fueron confiscados más de veinte millones de dólares registrados en sus cuentas, una cifra muy superior a la que sus negocios podrían aspirar. Varios políticos perdieron fuerte, y de manera irreversible, con la confiscación de esos fondos.

Confiar en un pariente cercano también es más seguro que apoyarse en un subordinado. La malversación de fondos o el fraude es mucho más fácil de demostrar que el tráfico de influencias. Un hermano que no pertenezca a la administración pública es prácticamente invulnerable. Quizá por ello es tan frecuente el enriquecimiento vertiginoso de los parientes cercanos al gobernador. Una docena de entidades federativas cuentan con «hermanos incómodos» y no sólo por los desmanes o arbitrariedades que puedan cometer en una cantina. Una vez más, los Patrón Laviada, en Yucatán se hicieron legendarios a este respecto. A mediados del sexenio de Patricio, se reportó que al menos cinco ayuntamientos panistas habían sido «obligados a adquirir vehículos para servicio público en los establecimientos de los hermanos del gobernador^[167]».

Sin embargo, la venta de automóviles parecería un juego de niños comparado con el atractivo que ofrecen los grandes desarrollos inmobiliarios y los enormes márgenes que reporta «la gestoría extraoficial» de parte de un pariente del gobernador. Ya se ha mencionado los señalamientos reiterados que se hicieron en la prensa local respecto al enriquecimiento de los Patrón Laviada como intermediarios para facilitar al capital inmobiliario la adquisición de extensas superficies de terrenos públicos en la península de Yucatán.

En Nuevo León, Luis González Parás, hermano del gobernador priista, se ha hecho famoso por operar como el broker de un controvertido y ambicioso desarrollo en la Huasteca Nuevoleonesa. En mayo de 2008 Felipe Díaz Garza, uno de los articulistas de cabecera de El Norte de Monterrey, abandonó el tono moderado y circunspecto para señalar al mandatario:

… es inaceptable la participación, documental y expresamente comprobada, de Luis González Parás, hermano del Gobernador José Natividad, en la operación de negocios privados que, de muchas maneras, han entrado en conflicto con el Estado en sus diversas instancias, la principal de ellas, la más frágil, que es la municipal de Santa Catarina.

El gobernador y su hermano no pueden excusarse con la cantaleta de que no es funcionario público el abogado Luis, empleado de la inmobiliaria que patrocina el polémico, antiecológico y antisocial proyecto de fraccionar La Huasteca^[168].

El ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks decidió asegurar el patrimonio fraterno de una manera mucho más directa: dos de sus hermanos recibieron cientos de hectáreas de terrenos nacionales en la Riviera Maya, de acuerdo a un informe de la Secretaría de la Reforma Agraria. Tres predios, de 100, de 626 y de 279 hectáreas en zonas, «casualmente», catalogadas como de proyección de crecimiento de Playa de Carmen^[169]. El valor actual de los terrenos es inestimable.

Algo similar ha sucedido con Eduardo Bours en Sonora, sólo que en versión sofisticada. En febrero de 2005, el gobernador fundó el Fideicomiso Impulsor, en el marco de los llamados «proyectos públicos privados» para hacerse cargo de la detonación de los más grandes programas de su gobierno: Puerto Peñasco, la carretera costera, el proyecto Guaymas (dos nuevas marinas), entre otras, con inversiones que podrían alcanzar hasta los 124 mil millones de pesos. A cargo del fideicomiso colocó su hermano con carácter de vicepresidente ejecutivo, y un consejo en el que participa su cuñado y su directivo de Bachoco, la empresa familiar^[170].

Desde sus inicios la operación del Fideicomiso causó polémicas por su participación en la compra y enajenación de tierras que eventualmente han ido a parar a manos de la iniciativa privada, y una parte de ellas a la propia familia Bours. «Sólo en Puerto Peñasco, al amparo del poder, los Bours Castelo han invertido cerca de tres mil millones de dólares en la adquisición de tierras y la construcción de grandes firmas hoteleras», afirma una nota periodística^[171].

Un diputado local se quejaba de Bours en Sonora casi en los mismos términos que el analista antes citado se quejaba de González Parás en Nuevo León: «La excusa de Eduardo Bours es que su hermano no está en la nómina y que por lo tanto no es empleado del gobierno. Lo que es cierto es que Ricardo tiene en sus manos todos los proyectos detonadores del Estado […] la creación de ese fideicomiso contraviene las leyes locales que prohíben la participación de familiares del gobernador —hasta en cuarto grado consanguíneo— en proyectos de la administración pública^[172]».

El caso de Eduardo Bours es sui generis porque su grupo económico se ha convertido en el más poderoso de la economía regional. Además de Bachoco, el gigante productor de huevo en México, son propietarios de Ocean Carden, adquirida de manos del sector público, y convertida en la empresa comercializadora de mariscos más grande del mundo. Poseen también la fertilizadora Tepeyac y son inversionistas de la línea aérea Alma, constructoras, desarrollos inmobiliarios y hotelería, entre otras.

Es tal la amplitud de los intereses de los Bours, que con cierta razón el mandatario podría argumentar la imposibilidad de gobernar sin toparse con la actividad de su propia familia. Sin embargo, los críticos señalan que una cosa es no toparse y otra favorecer el crecimiento vertiginoso de los intereses del clan. Para referirlo, se cita una de sus primeras acciones: «Apenas tomó posesión como gobernador, el 13 de septiembre de 2003, Eduardo Bours decidió cambiar todo el parque vehicular del gobierno estatal: convirtió a las concesionarias Ford de la entidad en prósperos negocios que son controlados por su familia».

Desde entonces, todas las patrullas que circulan en Sonora tienen esa firma automotriz Eduardo Bours es un gobernador priista atípico, llegado a la política desde la élite empresarial del país. Originario de Ciudad Obregón (1956) y miembro de la familia propietaria de Bachoco, estudió ingeniería en el TEC de Monterrey y trabajó en distintos puestos directivos en la empresa familiar desde 1980 hasta 1992.

En este año fue elegido presidente de Consejo Nacional Agropecuario, pero en 1994 recibió el encargo de organizar la licitación de la empresa Del Monte Fresh, que el gobierno había rescatado de otra licitación cuestionable a Carlos Cabal Peniche.

En 1995 Bours se hizo cargo de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE), el llamado «Barzón de los ricos», creado por los empresarios deudores para gestionar la liquidación de sus adeudos con el Fobaproa. Es una responsabilidad estratégica que le permitiría a Bours cosechar el agradecimiento de una gran cantidad de empresarios clave del país. Consecuentemente, en 1997 lo eligieron presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el organismo que está en la cúpula de la iniciativa privada nacional.

En 1999, Francisco Labastida Ochoa lo invitó a convertirse en el coordinador de financiamiento de su campaña presidencial y le ofreció^[173] a cambio una candidatura al Senado, por Sonora. Pese a la derrota de su candidato, Bours consiguió una senaduría en el 2000, aunque tres años más tarde solicitó licencia para poder presentarse como candidato a la gubernatura de su Estado.

Con esta currícula nadie podría decir que Eduardo Bours se haya hecho rico en el gobierno, pero, del otro lado, al gobernador le costaría mucho trabajo demostrar que los intereses económicos de la familia, y los propios, no se hayan visto beneficiados. Quizá por ello, en julio de 2008, luego de tres años de cuestionamientos, decidió remover a su hermano Ricardo del poderoso Fideicomiso y anunciar la conformación de un consejo mucho más plural e inclusivo.

Otros gobernadores no gozan del patrimonio acumulado ni los puentes con la iniciativa privada que posee el gobernador de Sonora. Algunos han tenido que buscárselas por vías mucho más tortuosas. En Tamaulipas fue llevado a la cárcel el propietario de un terreno de playa de varias hectáreas, por atreverse a denunciar el proyecto de un socio del gobernador Eugenio Hernández Flores, que intentaba despojarlo ilegalmente, según el abogado defensor^[174].

En Chiapas, el ex gobernador Pablo Salazar fue acusado de facilitar las trampas de Kamel Nacif en la instalación de maquiladoras en aquella entidad, mediante las cuales se fundaban empresas que gozaban de distintos incentivos de manera fraudulenta. En abril del 2002, el gobierno entregó en comodato bodegas compradas a Gigante por diez millones de pesos a Kamel Nacif(es decir, sin pago de renta), además de ofrecer cubrir los salarios de sus trabajadoras durante seis meses. Una vez cumplido el plazo, Nacif simplemente quitó la instalación y volvió a mudarla a otro lado^[175]. Todo haría pensar que luego de estos abusos, el gobierno de Chiapas estaría indignado en contra del llamado «Zar de la Mezclilla». Pero curiosamente, cuatro años más tarde, el gobernador se mostraba agradecido: en febrero de 2006, las grabaciones telefónicas de diversas conversaciones realizadas por Kamel, reproducían un diálogo entre el empresario y el todavía gobernador chiapaneco, Pablo Salazar, en el que el mandatario asumía explícitamente un rol como gestor de negocios convenientes para el libanés.

Otros gobernadores han recurrido a vías menos expuestas para terminar con su pobreza: el presupuesto del gobierno del estado. Los casos más inocuos serían los mandatarios que han incrementado su salario exponencialmente. Por ejemplo, el de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, que se asignó un sueldo de 236 mil pesos al mes gracias a una partida adicional de 132 mil pesos «por riesgo laboral^[176]».

Resultan mucho menos inocentes las partidas ocultas que pueden llegar a alcanzar niveles millonarios. En mayo de 2008, una investigación periodística dio cuenta de las enormes ganancias del Montepío en Oaxaca, que Ulises Ruiz maneja discrecionalmente. En tres años de su administración el gobierno estatal habría recibido 608 millones de pesos de esta institución, sin que hubiese reportado algún destino^[177]. Un seguimiento de esta nota reveló que los ingresos por renta de edificios históricos en Oaxaca para eventos especiales, también representaba una fuente de ingresos adicionales nada despreciables y no reportados al Congreso local^[178]. Es decir, otra caja chica del gobernador. Un boletín de prensa del gobernador argumentó posteriormente que la cifra referida al Montepío no era 608 millones sino 6 millones.

En Guanajuato, el gobernador Juan Manuel Oliva decidió incrementar los rubros destinados a su oficina para no tener que andar batallando por centavos. En 2007 pasó al Congreso local un proyecto de presupuesto que ampliaba la partida de su oficina 64 millones más que el año anterior, lo cual representaba un incremento del 34 por ciento. Adicionalmente dedicaba a la secretaría particular 84 millones de pesos (contra cincuenta millones en el ejercicio anterior). Para «ayudas sociales y culturales», asignada al gobernador, se solicitaban otros 28 millones y para asesores 13 millones^[179]. Nada mal considerando que se trataba de un solo ejercicio de los seis que presidiría el mandatario.

Futbol y el jugador número 12

Una decena de mandatarios ha descubierto cuán redituable resulta convertirse en el aficionado número uno de un equipo de futbol local. La pasión futbolera suele ser mucho más intensa e indiscriminada que la pasión política. No hay autoridad estatal que no sea perdonada a cambio de «ofrecer» un campeonato a su pueblo. Nadie lo sabe mejor que el gobernador Félix González, de Quintana Roo, quien «se llevó» a los Potros del Atlante a Cancún, que en su primer año logró el torneo de liga. Pese a las sospechas de que el arreglo con el dueño del equipo, encabezado por Alejandro, el Güero, Burillo, podía estarle costando al erario mucho más que la remodelación y ampliación del estadio, la popularidad del gobernador ascendió como la espuma. Antes de cumplir dos años de su administración, el joven mandatario era uno de los titulares con mayor legitimidad en el país (Tabla 1).

Los éxitos del equipo Santos de Torreón podrían explicar en parte la popularidad de la que goza el ya mencionado Humberto Moreira, de Coahuila (Tabla 1). Con una de las mejores trayectorias en el futbol mexicano de los últimos años, el Santos ha generado una de las aficiones más intensas y apasionadas en el país, un verdadero activo para un político profesional como Moreira. El gobernador se ha convertido en el aficionado número uno y ha puesto la cartera pública al servicio de su pasión. En abril de 2008 se anunció que la tesorería del Estado ampliaría su donación a 170 millones de pesos —originalmente eran veinte millones— para la construcción del nuevo estadio Corona, propiedad de la cervecera Grupo Modelo. El estadio, con aforo de 26 mil personas, incluye un complejo deportivo y comercial ultramoderno denominado Territorio Santos Modelo.

La medida fue criticada tanto por la magnitud de la operación, superior al presupuesto anual de varias dependencias y la mayoría de los municipios del Estado, como por el destino final de los recursos. La partida no fue una inversión a cambio de acciones, sino una donación a beneficio de una de las empresas más poderosas y rentables de la economía mexicana. Una transferencia neta de recursos públicos a un cuasi monopolio privado, según distintos críticos locales. El gobernador se defendió desde la primera transferencia, asegurando que no había sido una donación sino una especie de «trueque» mediante el cual se recibirían boletos gratis en los partidos del Santos, para ser distribuidos —por él— entre la población^[180].

Unas semanas después del anuncio de los 150 millones adicionales, en mayo de 2008, el Santos venció al Cruz Azul en la final de la liguilla para conquistar su tercer campeonato del futbol mexicano. El gobernador desfiló con el equipo por tierras coahuilenses, festejando el título deportivo como un triunfo personal y de su gobierno. Tenía razones.

Igual que las tenía Pablo Salazar Mendiguchia, gobernador de Chiapas (2000-2006), que convirtió la causa de los Jaguares en alma y motor de su administración. Nunca se sabrá cuántos recursos públicos fueron canalizados para la adquisición de la franquicia y el mantenimiento del equipo, desde 2002 cuando se supo que Grupo Pegaso lo llevaría a Tuxtla Gutiérrez, con una inversión calculada en cerca de 20 millones de dólares^[181]. «Según los críticos del ex gobernador, la nómina de los jugadores, los gastos de transporte, hospedaje y alimentación, además de las visitas a Chiapas del conocido árbitro Arturo Brizio y sus acompañantes […] corrieron por cuenta del erario^[182]». En 2004, con la intervención de Salazar, Burillo vendió el equipo a un empresario local, Antonio Leonardo Castañón, propietario de la cadena nacional de Farmacias del Ahorro. Si bien es cierto que Jaguares no recompensó al gobernador con un campeonato en estos años, la euforia que despertó el equipo y el apoyo masivo en Tuxtla ayudaron a paliar los malos momentos de su gestión.

Tampoco los ex gobernadores Jesús Murillo Karam y Manuel Ángel Núñez Soto han visto mal recompensados sus esfuerzos y desvelos a favor de los Tuzos del Pachuca, el equipo de mejor palmarés del futbol mexicano en los últimos años. Terrenos millonarios para instalaciones y premios cuantiosos para los jugadores representan un costo menor si se considera los beneficios políticos que estos mandatarios han obtenido de la tuzomanía que siguen experimentando los hidalguenses.

Con menos éxito, pero no menos enjundia, otros gobernadores como Fidel Herrera en Veracruz y Armando Reynoso en Aguascalientes han imitado a Moreira y Félix González.

En Veracruz, la estrategia del gobierno ha sido más protagónica, pero los resultados, más pobres. Recién iniciado su sexenio, en 2005, Fidel Herrera compró las acciones de los Tiburones Rojos, de primera división, en manos del controvertido empresario deportivo y taurino, Rafael Herrerías Olea. La operación se dio en medio de un escándalo divulgado por Miguel Ángel Yunes, hijo del político veracruzano del mismo nombre, quien aseguró que Herrerías había malversado cerca de 300 millones de pesos que el gobierno del entonces gobernador Miguel Alemán, había entregado como apoyo para el funcionamiento del equipo^[183].

El gobierno de Fidel Herrera tomó el control del equipo y volcó recursos importantes con el propósito de dar una gran campanazo. Estuvieron a punto de lograrlo con la inclusión de Cuauhtémoc Blanco, en 2006, pero el equipo declinó en los siguientes torneos.

Al inicio de la temporada 2008, un Fidel Herrera que acababa de ganar el premio «gordo» de la lotería nacional fue al primer entrenamiento a desearles suerte y asegurarles que ese año serían campeones. Unos meses más tarde, el 27 de abril, los Tiburones perdían ante los Pumas el último partido de una desastrosa temporada y descendían a la segunda división. Ni «la suerte» del gobernador ni la enorme inversión pérdida con cargo al erario habían funcionado. El gobierno también es propietario de los equipos de beisbol Águilas de Veracruz y los Petroleros de Minatitlán, sin mejores resultados.

A fines de julio de 2008, Fidel Herrera solicitó al Congreso local autorización para vender los Tiburones a un particular. Las notas periodísticas presumían que, en realidad, el equipo ya había sido vendido por treinta millones de pesos a Eduardo Césarman y su socio, Guillermo Lara. Según cálculos conservadores, añadían, al gobierno de Veracruz la operación de los Tiburones le había costado 300 millones de pesos sólo la temporada anterior^[184].

Un caso similar al del Necaxa y los ingentes apoyos que ha tenido de parte del gobernador de Aguascalientes, Armando Reynoso. Aunque al menos en este caso la falta de éxitos deportivos del equipo no ha impedido al mandatario congraciarse con Televisa, propietario del equipo.

En el año 2003, cuando fungía como presidente municipal de Aguascalientes, el ahora gobernador fue el artífice para convencer a la televisora de trasladar al equipo a la capital hidro cálida y abandonar el páramo solitario que les significaba el estadio Azteca. Para ello ofreció los terrenos en los que se construyeron el estadio y la casa del club^[185]. Ya como mandatario, su interés en el equipo ha continuado de distintas formas. Una nota del diario deportivo Récord, señalaba que empleados del gobierno se quejaban de las presiones de las autoridades para obligarles a comprar palcos y bonos de temporada para rentabilizar al Necaxa. El gobierno desmintió la información^[186]. Pese a los magros resultados deportivos y económicos en el paso del Necaxa por Aguascalientes, los cuadros cercanos al gobernador confían en que la alianza estratégica con Televisa les continúe otorgando un tratamiento benigno por parte de la línea editorial e informativa de este medio de comunicación.

Televisión

Los Diablos y las Chivas constituyen poco menos que una religión en Toluca y Guadalajara, respectivamente, pero han tenido la fortuna de mantenerse al margen de los intereses políticos de los gobernadores correspondientes. Una desgracia para Enrique Peña Nieto y Emilio González Márquez, porque la injerencia en tales equipos les habría dado una enorme ventaja para negociar con las televisoras (el futbol sigue siendo el género más rentable en la televisión y estos dos clubes son dos de las franquicias más apetecibles). A falta de argumentos futbolísticos, ambos han echado mano a la cartera.

En el caso de Peña Nieto, gobernador del Estado de México, la magnitud de los recursos destinados a los medios electrónicos sólo puede especularse, pero se asume que se trata de cantidades ingentes toda vez que es el único gobernador cuyas actividades cotidianas son transmitidas como «información» en los noticieros televisivos. La enorme cobertura mediática que Peña Nieto recibe lo ha encumbrado como el precandidato más mencionado de cara a las elecciones presidenciales de 2012.

El análisis de las cuentas públicas de las tesorerías estatales es muy opaco para registrar la transferencia de recursos a los medios de comunicación que las entidades realizan para favorecer la imagen de los gobernadores. Páginas más adelante se describe la manera en que los mandatarios hacen uso discrecional de importantes partidas presupuestales. La promoción personal es uno de los principales destinos de estas cajas chicas.

El caso de Lydia Cacho, de manera indirecta, permitió conocer parte de la dinámica que se establece en estos arreglos ocultos. Un diario nacional dejó de publicar información sobre el caso de la periodista, luego de que en diciembre de 2006 el gobierno de Puebla firmara un convenio «de publicidad» por varios millones de pesos^[187]. La propia Cacho fue notificada informalmente por empleados de las televisoras que su tema estaba vetado hasta nuevo aviso. Programas y entrevistas que ya habían sido grabados quedaron enlatados. Meses más tarde, cuando tales «contratos» habían vencido, los noticieros volvieron a denunciar las infamias del Góber Precioso de manera intensa y contigua… hasta la firma del siguiente contrato.

Por lo que respecta a Emilio González Márquez, de Jalisco, no hubo necesidad de especular sobre las cifras entregadas a la televisión. En junio de 2007, el gobernador extrajo 67 millones de pesos del «fondo de imprevistos», destinados a emergencias sociales, para subsidiar a Televisa en la realización de un evento de la empresa dedicado a los jóvenes llamado Espacio 2007.

En diciembre de ese mismo año, el gobernador canalizó otros 38 millones de pesos a la empresa de Emilio Azcárraga para financiar la telenovela Las tontas no van al cielo, con el pretexto de difundir imágenes de Jalisco. Lo relevante de esta decisión es que constituyó una especie de desafío a la opinión pública que lo había criticado meses antes por desfondar el fondo para desastres para beneficiar a Televisa. En sólo dos transacciones el llamado Góber Piadoso había encontrado la manera de transferir 105 millones de pesos en menos de un año a la mayor fábrica de imágenes y reputaciones del país.

Entre los costos incluidos en la producción de la telenovela, el gobierno de Jalisco se comprometió a pagar noventa boletos redondos de avión entre México y Guadalajara, el costo de cuarenta habitaciones dobles y quince sencillas, así como comidas y cenas para cien personas. Televisa solicitó un helicóptero para realizar tomas aéreas, tres camionetas, un microbús y un autobús turístico. Pidió seguridad pública, apoyo vial, permisos de grabación y asistencia médica. Un diputado local priista, con cierta ironía, señaló que con la promoción del estado que se logrará con esta telenovela, ya no será necesario que los funcionarios de turismo o de otra secretaría viajen al extranjero^[188].

Para asegurar que todos estos apoyos no lo fuesen a malquistar con la otra cadena televisora, González Márquez canalizó 3.5 millones al Juguetón de TV Azteca, 4.1 millones a su concurso Trece maravillas de México y donó 102 mil pesos a la telenovela Tengo todo excepto a ti^[189].

La iglesia es mi partido

Cubierto el flanco de la televisión, González Márquez también ha buscado ganarse el Cielo gracias al erario. Con Dios y con Televisa de su lado, el gobernador parece estar convencido de que puede mandar al diablo al resto de los mortales. O a la chingada, como lo señaló en su momento.

El Góber Piadoso ha llevado más lejos que nadie la devoción a la política o, mejor dicho, a las finanzas públicas. En marzo de 2008, un recuento periodístico de las transferencias y apoyos con finalidades religiosas anunciadas o en proceso arrojaba un total de 226 millones de pesos. La nota señalaba que González Márquez había confundido al gobierno del estado con una sociedad de obras pías (en millones de pesos)^[190]:

• 90 para la construcción del Santuario de los Mártires.
• 30 para la ruta del peregrino en Los Altos de Jalisco
• 1 para la remodelación de la parroquia de Yahualica.
• 800 mil para las figuras navideñas donadas a El Vaticano.
• 15 para los bancos diocesanos de alimentos Cáritas.
• 90 para la ruta cristera en Los Altos de Jalisco.

Meses más tarde, la oficina del cardenal Sandoval Íñiguez informaría su decisión de rechazar la aportación del gobierno del estado a la construcción del polémico Santuario de los Mártires. El asunto se había convertido en un escándalo nacional y le había ganado el mote de Góber Piadoso al mecenas con chequera ajena. El cardenal, guía moral del mandatario, quería disminuir la presión que estaba recibiendo el panista. El resto de las donaciones piadosas no fue mencionado. Emilio González Márquez bien podría disputarle a Humberto Moreira el título de gobernador con más escándalos políticos en su haber en el actual sexenio. Con una diferencia sustancial: mientras que las ocurrencias y «salidas» de Moreira terminan siendo aplaudidas por la tribuna y mejoran sus índices de aprobación, las de González Márquez invariablemente generan irritación y disminuyen el apoyo a su gobierno. En la Encuesta Nacional antes mencionada que mide los niveles de aprobación de los gobiernos estatales (Tabla 1), es uno de los mandatarios peor calificados por parte de sus gobernados. En una encuesta local, publicada por el diario Mural, trascendió que luego del escándalo de la megalimosna el gobernador había perdido diez puntos porcentuales en sus niveles de aprobación, pasando del 52 por ciento en febrero al42 por ciento en agosto de 2008^[191].

Podría parecer paradójico que en una región de acendrado catolicismo, los excesos confesionales de su gobernador hayan irritado a tal punto a sus coterráneos. Desde luego hay otros temas de ineficiencia administrativa y pobre manejo político que ayudan a explicar el rechazo, pero incluso sus cruzadas a favor de la iglesia han molestado a algunos sectores conservadores por el desparpajo y la incongruencia que evidencian. La inclinación del funcionario a insultar a los que piensan diferente, el lenguaje de carretonero y su triunfalismo insultante han llevado a algunos católicos a considerar que sus acciones están haciendo un flaco favor a la iglesia.

Hay sectores conservadores tapatíos que consideran un error que el gobernador mantenga en su posición al procurador del estado, a quien se denunció como participante en una orgía con niñas y que además tolerara la hostilidad oficial a los denunciantes de estos hechos. No fue un comportamiento muy moral de un mandatario que, por otro lado, organizó en Casa Jalisco lecturas de la Biblia todos los miércoles durante un semestre.

Por lo demás, sus ataques a los contenidos «liberales» de los libros de texto o las medidas tomadas en contra de las campañas de educación sexual y de salud han provocado el descontento de muchos jóvenes. Para argumentar su oposición al reparto de preservativos por parte de la Secretaría de Salud advirtió: «¿Por qué nada más condones? Vamos repartiendo un six de cerveza y vamos dando vales para el motel, de modo que el gobierno pague la diversión de los jóvenes^[192]».

Vale la pena detenerse en la biografía política de este gobernador, porque de alguna forma su trayectoria y circunstancias ayudan a explicar el arribo al poder de toda una generación de políticos conservadores: la versión nacional de los neocons (según el término acuñado en Estados Unidos para designar a las corrientes políticas de inspiración fundamentalista que tomaron el control del Partido Republicano en los años noventa). Contra lo que podría pensarse, ésta es una nueva tendencia entre las cúpulas panistas y ha dado lugar a una diferente generación de gobernadores blanquiazules.

La involución: de empresarios a cruzados

Desde fines de los ochenta, con Ernesto Ruffo en Baja California, el PAN comenzó a conquistar un número creciente de gubernaturas, gracias al arribo de candidatos de origen empresarial. El mismo Ruffo, Francisco Barrio en Chihuahua, o Carlos Medina Plascencia en Guanajuato, carecían de una militancia panista antigua y su actividad pública había transcurrido en organismos de la iniciativa privada. La candidatura presidencial de Manuel Clouthier en 1988, líder de agricultores en Sinaloa, no hizo sino confirmar la nueva tendencia bautizada como «neopanismo». Se caracterizaba por la participación de prósperos empresarios que «dejaban en segundo plano los aspectos doctrinales y poseían la tendencia a recurrir al lenguaje empresarial y a la publicidad comercial como ejes de la práctica política^[193]».

Los primeros gobiernos estatales panistas tuvieron en realidad muy poco de panistas en términos doctrinales y mucho de empresariales; una caracterización que bien podría extenderse al sexenio de Fox. Estos gobernadores, «empresarios de origen con pocos vínculos con el partido, han constituido gabinetes en los que predominan ejecutivos de empresas, acostumbrados a una racionalidad administrativa que busca la eficiencia y eliminar o disminuir la corrupción. […] El PAN incorporó ejecutivos y se concentró en lo administrativo porque carecía de experiencia en las responsabilidades de gobierno y porque suponía que, al hacer eficiente la administración pública, mejorar la atención de los ciudadanos y contener la corrupción, se convencería a los electores de votar por el PAN. […] El conjunto de estos factores le provocó serios problemas políticos al panismo, que en ocasiones no pudo retener los puestos ni mantener sus niveles de votación […] en más de una ocasión la inexperiencia les ha hecho incurrir en errores administrativos, lo que el priismo explota con cierta fortuna^[194]». La Tabla 1, que describe el nivel de aprobación que gozan o padecen los gobernadores por parte de los ciudadanos, muestra que son los priistas los que obtienen los mejores puntajes. Salvo los casos de Mario Marín y de Ulises Ruiz en Puebla y Oaxaca, respectivamente, que ocupan las últimas posiciones, los peor calificados suelen ser panistas y perredistas.

Sin embargo, a mediados de los años noventa, el panismo tradicional comenzó a recuperar algunas posiciones frente al vendaval de la corriente neopanista. En 1996, Felipe Calderón derrotó a Ernesto Ruffo en reñida competencia por la presidencia del partido: las viejas familias panistas y los líderes nacionales enviaron el mensaje de que no estaban dispuestos a dejar el PAN en manos de aquellos que, a pesar de haberse convertido en gobernantes, en el interior del Partido eran vistos como advenedizos^[195]. Para asegurar este triunfo, el panismo tradicional tuvo que hacer acuerdos con grupos conservadores con los cuales compartían identidades doctrinales. Fue un caso de necesidad mutua. Poco a poco, distintos movimientos relacionados con el clero encontraron en el PAN las vías políticas para defender sus posiciones en materia de moral pública, educación y salud. Los panistas de siempre vieron con agrado las efectos electorales que tales movimientos reflejaban en las urnas.

El problema para el PAN es que además de las bases llegaron nuevos líderes: desde fines de los noventa los grupos de derecha vinculados al Clero comenzaron a tomar las dirigencias regionales en Puebla, en Jalisco, en Guanajuato y en otras entidades del Bajío. Esto daría lugar a la nueva camada de gobernadores piadosos con tendencias confesionales.

No es que se deslinden totalmente de los criterios empresariales de los gobernadores panistas del norte del país. Comparten su desconfianza hacia el intervencionismo estatal y su fe en las virtudes de la iniciativa privada, pero han impuesto otros énfasis: los distingue su apego a los valores cristianos, su desafecto a toda expresión procedente de la sociedad que no tenga su origen en la familia, su desconfianza a lo intelectual, a lo desconocido o a lo diferente. Militan en su catolicismo no sólo como un derecho de su vida privada, sino con un exhibicionismo producto de la absoluta convicción de que están reorientando a la comunidad descarriada para que tome el camino correcto. Estos nuevos funcionarios son católicos antes que panistas y redentores antes que políticos. Como dijo alguno de ellos, «entre la verdad y mi obispo, me quedo con mi obispo». Están convencidos de lo que es bueno para ellos es lo mejor para todos, sin importar la opinión de sus gobernados. O como lo planteó el propio mandatario de Jalisco, al entregar un donativo de 15 millones de pesos a una organización religiosa, en presencia del cardenal Juan Sandoval Íñiguez: «éste es dinero del pueblo, pero el dinero del pueblo me ha sido confiado».

Es una concepción de la democracia electoral que termina transformando los comicios en una especie de investidura monárquica. Por el hecho de haber sido elegido por el voto del pueblo, el soberano se siente por encima de las leyes, de la rendición de cuentas o incluso de la voluntad del pueblo. Sólo así puede entenderse la famosa expresión del ex gobernador, también de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, cuando señaló que no iba permitir que las leyes de transparencia le impidieran gobernar y que para eso era gobernador. En el caso de estos mandatarios de religiosidad acendrada, su noción de soberanía absoluta está legitimada por el hecho de representar a Dios y a su Iglesia. Su líder moral, el cardenal Sandoval Íñiguez, lo dejó en claro al referirse a las 6,500 denuncias presentadas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a propósito de la «megalimosna»: «cuando vayan unas tres millones de quejas que se empiecen a preocupar, pues somos seis millones de católicos…»^[196]. Es decir, el catolicismo como principio legitimador y superior a la noción de democracia o de ciudadanía. En agosto de 2008, luego del escándalo nacional sobre las «megalimosnas», González Márquez dejó en claro que su catolicismo militante está por encima de cualquier otra consideración: de manera retadora envió de regalo a diputados federales de distintos partidos, un libro sobre los cristeros publicado por su gobierno, con introducción del propio mandatario. Allí se establece que la lucha cristera es tan importante como la de Francisco I. Madero^[197].

La trayectoria de Emilio González Márquez ilustra esa transición fundamentalista del panismo regional. Es el noveno hijo de Bernardo González Gómez Portugal y Ofelia Márquez quienes, se asegura, militaron en el movimiento sinarquista^[198]. Nació el día del cartero, el 12 de noviembre de 1960 en Lagos de Moreno, Jalisco, en donde vivió hasta los siete años de edad, cuando su familia se trasladó a Guadalajara. En la capital de Jalisco cursó la secundaria en el Colegio Anáhuac y la preparatoria en la Prepa 5 de la Universidad de Guadalajara. Por esa época, cuando Emilio tenía quince años, su tío Carlos González, delegado del Registro Federal de Electores, le dio empleo como empadronador, aunque al joven no pareció interesarle mayormente la administración pública. Se licenció en Contaduría en la misma UDG y posteriormente hizo una maestría en desarrollo organizacional y humano en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, vinculada al arzobispado.

Cuando tenía veintitrés años, el PDM ganó la alcaldía en su natal Lagos de Moreno en la figura de Víctor Atilano Gómez, cercano a su familia. El flamante presidente municipal se convirtió en tutor político del joven universitario y lo metió de lleno en la vida partidaria. En aquel momento parecía una causa prometedora: el PDM ganó una docena de diputaciones federales a mediados de los ochenta y varias presidencias municipales.

Emilio tenía todas las credenciales de origen para destacar en un partido con arrastre popular y escasez de cuadros profesionales. En 1988, a los veintiocho años de edad, ya era presidente nacional interino, impulsado por Atilano. Para su mala fortuna, el Partido había comenzado a decaer y perdió el registro en 1991. El PAN había ganado la partida en la disputa por el voto conservador.

Este hecho modificaría la vida de Emilio, aunque no la ruta. Simplemente fueron otros los compañeros de viaje. El joven dirigente había llegado a la política para encumbrarse, no para padecer: renunció al PDM en cuanto éste perdió su registro y un año más tarde, en 1992, ingresó al PAN, invitado por Herbert Taylor y Tarcisio Rodríguez. Tenía treinta y dos años.

En el PAN de Jalisco, Emilio recobró su buena estrella, aunque al principio no lo parecía. Pese la presencia de un catolicismo acendrado en la región, el panismo jalisciense había sido liderado por una de sus versiones más humanistas e ilustradas, heredera de los fundadores de 1938. Para los líderes del partido, encabezado por Gabriel Jiménez Remus a principios de los noventa, conocido por su cultura y bohemia, los jóvenes provenientes del sinarquismo constituían una perspectiva trasnochada de la derecha.

Pero un acontecimiento trastocó la correlación de fuerzas y cambió la historia del panismo local: el asesinato del cardenal Posadas en 1993. La tragedia ofreció a algunos dirigentes de grupos parareligiosos la oportunidad de saltar a la política y hacer carrera a partir de la bandera que representó la denuncia e indignación que dejó la muerte del prelado. El actual secretario de gobierno de Emilio, Fernando Guzmán Pérez Peláez, hizo, literalmente, una carrera política a partir del rechazo de las tesis oficiales sobre la muerte del prelado.

No sólo fue un movimiento de personajes sino también de opinión pública. Muchos católicos albergaron la sensación de que la Iglesia estaba siendo agredida y, por ende, sintieron el impulso de salir a la escena pública para defenderla. El asesinato de Posadas fusionó esta inconformidad en un resentimiento contra el gobierno y el PRI que la nueva derecha fue capaz de aprovechar en su beneficio.

En 1995, un personaje desconocido, Alberto Cárdenas Jiménez, de Ciudad Guzmán, arrebató sorpresivamente la candidatura interna para gobernador al dirigente tradicional del PAN, Gabriel Jiménez Remus, y barrió en las elecciones estatales. Habían nacido los nuevos conservadores o neocons.

En beneficio de «Bebeto» Cárdenas habría que decir que pese a su conservadurismo religioso, este primer gobernador se caracterizó por su buen talante y por un gabinete relativamente heterogéneo, aunque con muestras inequívocas de militar en un nuevo panismo: empresarios conservadores vinculados al clero, desconfianza hacia la política profesional, vínculos abiertos e institucionales con la Iglesia.

La carrera de Emilio González Márquez floreció en la primavera panista que vivía Jalisco. En 1995 formó parte del cabildo de Guadalajara que encabezó César Coll, un empresario católico vinculado a los Caballeros de Colón. En 1997 fue elegido diputado federal para la Legislatura 1997-2000, aunque antes de terminar su periodo, en 1999, fue designado presidente del PAN en Jalisco. En sólo siete años se había convertido en el líder de un partido de vieja raigambre en la región, impulsado por los sectores conservadores que habían tomado el control y desalojado a cuadros de mayor experiencia. Emilio tenía a su favor la confianza del clero, en particular del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, un personaje crecientemente protagónico en la sociedad tapatía de esos años. El estilo chabacano y carismático, el rostro aniñado y su afición a las largas comidas de confraternidad con miembros de la élite local, hicieron de González Márquez una figura idónea para los afiches de cualquier campaña electoral. En 2004 alcanzó la alcaldía de Guadalajara para una corta y controvertida gestión, pues en diciembre de 2006 se hizo a un lado para lanzar su candidatura al gobierno estatal. En ninguno de sus tres puestos de elección popular (regidor, diputado y alcalde) terminó el periodo correspondiente.

En algún momento estuvo abajo en las encuestas de intención de voto ante su rival priista, pero Emilio se vio beneficiado por el hecho de que la votación coincidía con las elecciones presidenciales de 2006. El gobernador, Francisco Ramírez Acuña, quien había prometido un triunfo contundente para Felipe Calderón, hizo lo necesario para que venciera Emilio, pese al desafecto que le profesa. Manuel Espino, presidente del PAN, interpuso una denuncia en la PGR en contra del candidato priista Arturo Zamora, por presunto fraude al IMSS, además de afirmar que estaba vinculado al narcotráfico. En realidad se trataba de una acusación antigua que en su momento había sido investigada y rechazada, pero la PGR esperó varios días a que la noticia impactara en la opinión pública, antes de hacer la aclaración correspondiente. Pese a todo, el PAN no estuvo lejos de perder la gubernatura: su candidato ganó al priista apenas por el 3.8 por ciento de los votos. Y todavía más significativo, obtuvo el 45.2 por ciento de la votación, frente al 49.3 de Felipe Calderón en Jalisco.

El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, no tiene la cartera para disputarle el mote de piadoso a su colega de Jalisco, pero ha mostrado que puede ser mejor monaguillo. En agosto de 2007, Oliva encabezó la conmemoración de los 450 años de la llegada de la Virgen de Nuestra Señora de Guanajuato, dando la primera lectura de la misa, llevando ofrendas y comulgando ante tres obispos y cincuenta sacerdotes. Además de la intervención de este inesperado acólito, la misa fue presidida por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez.

No era la primera vez que este funcionario católico anteponía su militancia religiosa a sus tareas de gobernador. En junio de 2007, Oliva dejó a un lado las tareas políticas y viajó con su familia al Vaticano para acompañar al obispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, que iba a recibir de manos del Papa su nombramiento como arzobispo.

Meses más tarde generó otra nota de color cuando se supo que el Canal TV 4, propiedad del gobierno del estado, transmitió por espacio de seis meses un programa llamado Vida mía, producido por «Guadalupe Comunicaciones», empresa dedicada al trabajo evangelizador en varias televisoras católicas en el Perú. Círculos políticos y culturales de la región y del país criticaron la intención del gobernador de realizar activismo religioso con recursos públicos^[199].

Quizá lo único que está haciendo Oliva es reconocer públicamente la ayuda que ha recibido de la religión para llegar adonde se encuentra y es que salvo por factores religiosos, resulta imposible explicar su vertiginoso ascenso. Reportero de varios medios locales y militante de medio pelo del PAN hasta los años noventa, fue convertido en senador en el año 2000 por las corrientes conservadoras agrupadas en torno al entonces gobernador, Juan Carlos Romero Hicks. En el 2003 fue designado secretario general de Gobierno. Gracias al apoyo de las cúpulas clericales, Oliva logró derrotar al precandidato de Vicente Fox a la gubernatura, el poderoso Javier Usabiaga, secretario de Agricultura, millonario y considerado «el rey del ajo» en México. El hecho de que en este pulso entre un presidente del país y ex gobernador por un lado y los obispos conservadores por el otro, resultaran vencedores estos últimos, constituye una muestra inequívoca de la correlación de fuerzas en Guanajuato. Un estado en el que varios gobernadores panistas (Medina Plascencia, Fox, y el propio Romero Hicks), han dotado a la Iglesia de un protagonismo impensable en otras regiones.

Control de la prensa

La apertura política que el país ha experimentado en los últimos años ha producido un impacto mayúsculo en la prensa del país. Hoy se puede criticar o caricaturizar al presidente o al ejército de maneras que hace quince años eran impensables; pero hoy, también hay más periodistas muertos, desaparecidos y amenazados que nunca antes en la historia de México. La apertura ha aterrizado de manera diametralmente opuesta entre la capital y el resto de la República. Mientras que en la ciudad de México los grandes medios de comunicación están viviendo un periodo de oro en cuanto a influencia, autonomía y poder, en buena parte del territorio los periodistas están padeciendo en carne propia los efectos del «empoderamiento» de los gobernadores (además, claro, de la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico, tema que escapa a los límites de este trabajo).

No se trata sólo de agresiones físicas o desapariciones, que las hay, sino de un rosario largo de actos de intolerancia y hostilidad que reflejan en el fondo algo mucho más preocupante. Los gobernadores consideran a la administración pública como un patrimonio propio y, en esa medida, los periodistas son actores de una intromisión ilegítima.

El caso del diario El Imparcial, líder en Sonora, y el gobernador Eduardo Bours es un buen ejemplo de lo anterior. Amparándose en la nueva ley de transparencia, en agosto de 2006 el periódico solicitó información sobre los recursos que el gobierno del estado canaliza a las ONG. Éste respondió que de hacerse pública tal información «podría alterarse la paz social, la estabilidad económica y la gobernabilidad de Sonora». Días más tarde, una columna editorial del diario cuestionó las razones de Bours para negarse a transparentar la información: ¿Por qué el empeño del gobierno del Estado por ocultar esa información? ¿Será acaso que hay datos que comprometen a gente poderosa o a funcionarios cercanos a Eduardo Bours Castelo? ¿O hasta a familiares de funcionarios o del propio gobernador? Cuando no hay transparencia, el «sospechosismo» no tiene límites, así que usted puede echar a volar su imaginación hasta donde le sea posible. ¿Algún día tendrán derecho los sonorenses de saber cuánto dinero de los impuestos destina a las ONG el gobierno del estado? Eso sólo el tiempo y la voluntad lo dirán^[200].

En respuesta a este editorial y a otras notas que —consideró— formaban parte de una campaña en su contra, el gobernador demandó al diario «por difamación», denuncia penal incluida (y luego desistida). La áspera e indignada reacción de Bours dejaba en claro que los usos de los recursos públicos era algo que sólo le atañe al gobernante y no a los medios de comunicación y por extensión, tampoco a los sonorenses. Una reacción aún más enfática ya había mostrado contra el periódico Cambio, en 2005, cuando el cotidiano publicó un reportaje que revelaba la existencia de un centro de espionaje gubernamental denominado «C-4». Doce auditorías más tarde el diario fue vendido a la Organización Editorial Mexicana^[201].

En diciembre de ese mismo año la revista Contralínea de Sonora publicó un reportaje sobre dicho centro de espionaje, haciendo referencia a la nota de Cambio y añadiendo la entrevista de un secretario técnico del gobernador quien describía a Bours como «soberbio y altanero». El12 de enero, Mauricio Capdevielle, responsable de distribución de la publicación y hermano del director, fue detenido con el tiro completo de la revista, bajo el pretexto de que el automóvil en el que circulaba «parecía» robado. Capdevielle afirma que durante la inspección, los policías le «sembraron» una bolsa de droga, por lo cual fue apresado y la carga de revistas incautada. El reportaje central de esa edición llevaba como título «Bours se apropia de Isla Tiburón». Luego de ser puesto en libertad con las reservas de ley, Capdevielle decidió «exiliarse» en la ciudad de México^[202].

En Tlaxcala, feudo del gobernador Héctor Ortiz Ortiz, practican métodos mucho más explícitos. En octubre de 2007, las reporteras Leticia Alamilla y Diana Muñoz, de los periódicos Online e-consulta y Comunícate, fueron golpeadas por el subsecretario de Seguridad Pública y sus guardias cuando intentaron entrevistar al funcionario. En respuesta ellas interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En enero de ese mismo año, Leticia Alamilla fue atacada cuando viajaba en su vehículo acompañada por su hijo de nueve meses de edad. Los agresores golpearon con bates de beisbol el automóvil de la reportera. Uno de ellos la amenazó de muerte con pistola en mano: «me gritó que me iba a romper la madre, que ya sabía que era una periodista y que me iba a cargar la chingada. Me dijo que sabía donde vivía y que tenía hijos, que me iba a morir si no le paraba a mis pendejadas^[203]».

Héctor Ortiz Ortiz de Tlaxcala, Mario Marín de Puebla o Ulises Ruiz de Oaxaca, son mandatarios formados en las tradiciones de la vieja clase política. Lo suyo son los coscorrones de escarmiento a los periodistas que se entrometen en sus asuntos. El caso de Lydia Cacho y la manera en que el gobernador poblano se prestó gozoso a satisfacer el deseo de venganza de su amigo Kamel Nacif son ampliamente conocidos. El hecho de que haya salido impune pese a la repulsa unánime de la opinión pública y la documentación puntual de los delitos cometidos, es quizá el hecho individual que mejor ilustra el grado de impunidad que han adquirido los nuevos señores feudales.

Después de eso, pocas posibilidades tiene el diputado local por el PT, José Pérez Vega, crítico de Mario Marín, de llevar ante la justicia a los policías que lo golpearon con saña y lo desbarrancaron, enjulio de 2008. Conocido como Pepe Momoxpan, el diputado señaló que había sido interceptado y machacado brutalmente entre amenazas de muerte^[204].

No son mucho mejores las posibilidades de que en Oaxaca los asesinos del estadounidense Brad Will, de la agencia Indymedia, sean llevados ante un juez. Como el de Lydia Cacho, esto es un caso que también ha recibido enorme difusión, aunque con resultados igualmente desalentadores. Pese a los innumerables testimonios, los videos disponibles y la enorme presión internacional, no hay manera de obligar al aparato de «justicia» de Ulises Ruiz a ceder en ese punto. Peor aún, es tal el control sobre los procesos judiciales que, aunque con poca verosimilitud, diversos funcionarios se dieron el lujo de construir una versión según la cual la propia APPO habría asesinado al periodista.

Sin el barbarismo de estos poderes salvajes, hay gobernadores de nuevo cuño, panistas y perredistas, igualmente refractarios a la prensa independiente. El guanajuatense Juan Manuel Oliva ha protagonizado uno de los pasajes más ilustrativos de la excesiva piel delgada que muestran estos políticos ciudadanos frente a los medios «incómodos». Gerardo Mosqueda, secretario general de Gobierno, arremetió el 11 de mayo del 2007 en contra de Enrique Gómez Orozco y Arnoldo Cuéllar, directores del A. M. de León y de Correo de Guanajuato, respectivamente. Molesto por algunas notas publicadas en dichos medios, durante un acto público los acusó de «escribir pendejada tras pendejada», de «explotar a sus trabajadores y extorsionar a sus interlocutores» y de «faunos rastreros». Al director del A. M., periódico líder del estado, lo calificó de «hebefrénico» (una especie de esquizofrenia de mal pronóstico). Días más tarde, el A. M. publicó un suplemento de ocho páginas sobre el peso del Yunque en la administración pública estatal, a lo cual el gobierno respondió cancelando la publicidad oficial y presionando a las presidencias municipales para que hicieran lo mismo. La Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros organismos internacionales, exigió una investigación del caso. La Comisión Nacional de DerechosHumanos lo atrajo y «falló» en contra del gobernador, exhortándolo a ofrecer disculpas. Oliva ignoró los exhortos nacionales e internacionales, mantuvo el boicot publicitario y mandó a la basura la recomendación de la CNDH^[205]. El gobierno ordenó a todos los funcionarios de primer nivel negar entrevistas y abstenerse de hablar con cualquier reportero del A. M. A partir de este incidente el estado clasifica como «reservada» la información sobre el costo de obras y otros temas relativos a la administración pública.

Aunque de diferente signo político, el gobernador perredista de Guerrero no ha resultado más tolerante ante la crítica. Zeferino Torreblanca ha conducido durante varios años una campaña de hostigamiento en contra del periódico El Sur, que se edita en Acapulco y circula en varias regiones del estado. Molesto por notas y artículos de opinión sobre la conformación de su gabinete, el gobernador ordenó un boicot publicitario contra el periódico desde el inicio de su administración. A tres meses de la llegada de Torreblanca al gobierno, la Secretaría de Finanzas estatal aplicó una auditoría completa y exhaustiva a los estados financieros de la empresa editora del periódico, pese a que la única relación de las empresas con el fisco local es el pago del dos por ciento sobre la nómina. Del mismo modo, demandas laborales que llevaban un curso lento o favorable para El Sur, fueron agilizadas por las autoridades laborales que acordaron fallos contrarios al periódico.

La campaña de hostilidad arreció luego de que el diario publicara, basado en documentos oficiales, que la Secretaría de Educación del estado había entregado contratos sin licitación a quince empresas constructoras, por un total de cien millones de pesos para labores menores de rehabilitación de escuelas. El hermano del gobernador, Alberto Torreblanca, aparecía como socio de la constructora Anilú, la empresa que más recursos había recibido: dieciocho millones de pesos. Desde entonces el diario vive amenazado por denuncias legales de distinta índole, que transcurren en tribunales claramente distorsionados a favor del gobernador.

Con todo, la mayoría de las agresiones a la prensa de parte de las autoridades locales no está documentada. La presión que el ejecutivo ejerce sobre los concesionarios de la radio, la televisión y los dueños de impresos en las entidades constituye la mejor forma de silenciar a la crítica. A lo largo de todo el territorio se cancelan programas, se sustituyen conductores incómodos, se compra o disuade a columnistas osados. Resulta poco menos que suicida, física y empresarialmente, oponerse frontalmente a un gobernador que no tiene a quién rendirle cuentas. Los casos relatados aquí de medios de comunicación que persisten en cuestionar los abusos del ejecutivo estatal (El Imparcial, Noticias de Oaxaca, El Sur, el A. M. de León) no son los únicos, pero ciertamente no abundan. El control que los mandatarios ejercen en los tribunales y en el congreso local y los ingentes recursos de uso discrecional con que cuentan para cooptar clase política y negociar con el empresariado, termina por aislar y arrinconar estos arrojados esfuerzos de libre expresión y de derecho de la ciudadanía a la información fidedigna.

Derechos Humanos estatizados

Resulta ocioso documentar la violación sistemática a los derechos humanos que suelen cometer los gobiernos estatales, prácticamente bajo absoluta impunidad. Incluso en casos expuestos a los reflectores de la opinión pública internacional, como el de la APPO en Oaxaca, o el de Atenco en México, no se ha logrado impedir la reiteración de las irregularidades en la secuela de estos conflictos. El caso de Oaxaca es ilustrativo. A lo largo de meses las dos fuerzas en conflicto cometieron delitos de diversa índole, pero sin duda los crímenes de mayor gravedad —desapariciones y asesinatos— fueron cometidos por las fuerzas de seguridad. Pese al hecho de que observadores nacionales y extranjeros documentaron las detenciones irregulares entre los disidentes, las comisiones de derechos humanos se estrellaron contra la impunidad del gobierno o, de plano, operaron en complicidad.

Y es que los gobernadores están en condiciones de utilizar las procuradurías locales, los ministerios públicos y los jueces como una extensión del ejercicio político. Las comisiones estatales de derechos humanos han terminado por convertirse en dependencias del ejecutivo estatal. Lejos de constituir un recurso a favor de la ciudadanía, con frecuencia han sido utilizadas para defender a los propios funcionarios.

El caso de Lydia Cacho es también emblemático en este sentido. El representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla actuó como un polizonte a favor de Marín en las horas de encarcelamiento de la periodista y en su momento fungió como testigo de cargo en su contra. La única intervención efectiva de la Comisión a lo largo del proceso fue para asumir la defensa de los judiciales que la arrestaron y torturaron, cuyos «derechos humanos» habían sido afectados por las acusaciones de Cacho.

Por otro lado, las escasas intervenciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Asuntos Regionales, y las aún más escasas recomendaciones a los gobiernos estatales, han sido más motivo de mofa que de preocupación para los gobernadores. Ramírez Acuña todavía sonríe cuando se acuerda de la manera en que ignoró el fallo de la CNDH luego de la represión de los altermundistas, durante la Cumbre Internacional en Guadalajara, en mayo de 2004. Su sucesor en el gobierno de Jalisco, Emilio González Márquez, alertado de que ya había más de tres mil denuncias en la comisión estatal de derechos humanos en su contra para protestar por la macrolimosna —llegarían a seis mil—, simplemente los mandó a la chingada.

No es sólo que las recomendaciones no sean «vinculantes», es decir que no obligan. El problema de fondo es que para los gobernadores el resto de las leyes parece ser no vinculante.

La explicación

México nació federado, pero sólo en el papel. A lo largo de nuestros doscientos años de vida independiente, los gobiernos centrales se han dado mañas para mantener un relativo control de los poderes regionales, de los hombres fuertes que dominan los distintos pedazos de la geografía nacional.

En cierta forma los grandes vuelcos en la historia de México, las rupturas, se han dado en el momento en que las regiones irrumpieron en la historia nacional: la Independencia, las luchas liberales del siglo XIX, la Revolución Mexicana. Tras esos momentos disruptivos, el centro político ha reconstituido la estabilidad de muchas diferentes formas.

La fundación del PRI se origina en esta necesidad. El partido nació como una confederación de hombres fuertes regionales que se habían cansado de matarse entre sí. A partir de 1917 y hasta fines de los años veinte, el país experimentó una buena cantidad de alzamientos que tenían muy poco de movimientos sociales y mucho de rivalidad entre caciques y generales en disputa por el poder. El surgimiento del primer PRI (el PNR) en 1929, constituyó un esquema ingenioso para asegurar que el mandatario en funciones pudiese ser un árbitro entre las fuerzas y tuviera el ejercicio de botón expulsor de sillas de gobernadores.

Poco a poco, los gobernadores comenzaron a convertirse en los representantes del «centro» en cada territorio. Constituían el eslabón que vinculaba las fuerzas locales con las nacionales, el responsable de coordinar y sujetar los poderes de una región. Para ello, los gobernadores recibieron un poder muy similar al que gozaba el presidente a escala nacional: el control de su congreso local, del poder judicial estatal y los tribunales, de las presidencias municipales y del PRI estatal. La única condición era que se asumieran como soldados del presidente. De hecho, el nombramiento de los candidatos para ocupar las gubernaturas pasaba esencialmente por un criterio de lealtad a la dirección nacional.

En las entidades federativas poderosas como Jalisco y Nuevo León, la condición para llegar a ser gobernador pasaba por hacer carrera política en la ciudad de México: el gobierno central no tenía interés en colocar al mando de estas entidades a políticos con liderazgo regional, extraídos de los círculos de poder locales; prefería administradores de los intereses nacionales. Un analista extranjero encontró que, de 1940 a 1964, el 59 por ciento de los gobernadores había tenido trayectorias nacionales, contra el 41 por ciento de carreras estatales^[206].

En los casos en que la excesiva autonomía de un gobernador, sus excesos o mala administración ponían en riesgo la estabilidad del sistema, los presidentes simple y llanamente los evacuaban.

Los historiadores políticos han puesto de relevancia que estos dos privilegios: la capacidad para designar a los gobernadores y el botón expulsor para eliminarlos cuando resultaban inconvenientes, eran dos de los tres mecanismos de sujeción más importantes con que contaban los presidentes. El tercero, desde luego, era el control de los recursos económicos federales^[207].

Fin del dedazo

Los poderes del centro, ya sea el presidente del país o la dirección nacional del partido han perdido el monopolio para designar al sucesor de un gobierno estatal. Influyen, desde luego, pero han dejado de ser decisivos. Esto ha provocado cambios drásticos en «la cadena alimenticia» del poder político, porque los gobernadores actuales saben que no le deben el puesto ni lealtades a algún actor nacional, sino a las fuerzas locales y a sus propios grupos. Desde luego, el espaldarazo de la cúpula nacional de un partido es imprescindible para llegar a ser candidato a una gubernatura, trátese del PRI, del PAN o del PRD. Pero una y otra vez, los partidos nacionales han aprendido una dolorosa lección: cada vez que se empeñan en designar a un candidato contrario a los intereses locales, terminan perdiendo la elección estatal. Peor aún, con frecuencia, a manos del precandidato que rechazaron.

Ricardo Monreal en Zacatecas, Leonel Cota Montaña en Baja California, Juan Sabines en Chiapas, habían sido poderosos candidatos priistas que la élite nacional del PRI vetó en su momento. Todos ellos derrotaron a su partido con la casaca del PRD. Tradicionalmente el PAN se ha caracterizado por una mayor participación de las bases regionales en la definición de candidatos. Con todo, también ha aprendido que un excesivo intervencionismo del centro puede dar lugar a una derrota. Tal sería el caso de Yucatán cuando el PRI recuperó la gubernatura en 2007 mediante el triunfo de Ivonne Ortega sobre Xavier Abreu, el candidato de Felipe Calderón. Quizá por ello se dio la victoria aparentemente inexplicable en las elecciones internas en el PAN de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, al vencer al delfín del presidente Fox, Javier Usabiaga.

De esta forma, a la constelación de recursos que originalmente controlaban los gobernadores —congreso local, poder judicial, partido político local— ahora se suma el hecho de que en muchos casos ya no se trata de virreyes enviados por la Federación, sino verdaderos representantes de las élites de poder local. De allí, en parte, la nuevas dosis de impunidad y el esbozo de un nuevo caudillismo que han surgido en algunas entidades.

El botón expulsor

La posibilidad de remover gobernadores fue la otra parte de la mancuerna política del control presidencial. Durante décadas esto permitió cohesionar un centro político e impidió la emergencia de poderes regionales capaces de amenazar el monopolio del poder central. Al mismo tiempo, proporcionó al sistema político un mecanismo eficaz para deshacerse de mandatarios estatales cuya incompetencia o descrédito pusieran en riesgo la estabilidad o la legitimidad de las instituciones.

Sexenio tras sexenio, los presidentes usaron este «botón expulsor» para deshacerse de potenciales enemigos políticos y de gobernadores impresentables. Lázaro Cárdenas (1934-1940) redujo a los caciques a fuerza de deposiciones, 17 en total. Manuel Ávila Camacho (1940-1946) destituyó apenas a cinco. Miguel Alemán (1946-1952) tuvo que descabezar nueve entidades, debido en parte a la transición de generales a licenciados. Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) tumbó a cinco, Adolfo López Mateos (1958-1964) a tres y Díaz Ordaz (1964-1970) sólo a uno. El inquieto Luis Echeverría (1970-1976) depuso a seis, incluyendo el sonado caso de Armando Biebrich en Sonora; mientras que López Portillo (1986-1982) descabezó a dos, incluyendo a su odiado «Diablo», Óscar Flores Tapia, de Coahuila. Miguel de la Madrid (1982-1986) se deshizo de cuatro gobernadores que le hacían ruido a sus políticas de austeridad^[208].

Carlos Salinas (1988-1994) se cuece aparte. Fueron 17 los gobernadores que abandonaron el cargo durante su administración, en promedio más de la mitad de las entidades federativas. El dedo más rápido para ajustar cuentas con los poderes locales. Es significativo que el primer presidente propiamente priista, Lázaro Cárdenas, y el último que ejerció como tal, Carlos Salinas, hayan provocado tanta conmoción en el territorio nacional comparados con los mandatarios restantes. En sus doce años combinados tumbaron a más gobernadores (34) que la suma de mandatarios estatales removidos por los presidentes que gobernaron entre los cincuenta años que los separan. Un síntoma de que ambos hombres, por razones distintas, arrasaron estructuras vigentes para fundar el principio de un nuevo ciclo.

Hiperactivo y dominador, el impulsor del TLC centralizó el poder para facilitar la apertura económica y política, pero sin perder el control de los procesos de cambio. Casi lo logra. Las razones que Salinas tuvo para deshacerse de los gobernadores fueron tan disímbolas como distintos los procedimientos: para evitar un escándalo postelectoral (Ramón Aguirre, en Guanajuato, por el presunto fraude en contra de Fox); para eliminar a un enemigo político (Cosío Vidáurri, en Jalisco, aprovechando la explosión de los colectores de Guadalajara). Salinas fue el último presidente que operó en una cabina de mando presidencial con todos los botones activados. Ernesto Zedillo (1994-2000) fue más un presidente transicional que un mandatario propiamente priista (si consideramos como tal al jefe de un sistema político Estado-Partido). Entre otras razones porque la segunda mitad de su trienio habría de cogobernar con una Cámara de Diputados controlada por la oposición.

El mejor indicador de que el presidencialismo priista estaba en agonía es justamente el recurso de deposición de mandatarios estatales. Zedillo lo intentó un par de veces, pero el recurso había dejado de ser efectivo. Le resultó a medias con un amigo personal, Rubén Figueroa, a quien se le concedió licencia luego del escándalo de Aguas Blancas, Guerrero. La tragedia y sobre todo la filmación y difusión de la matanza a sangre fría de docenas de campesinos conmocionó a todo el país y le dio la vuelta al mundo. Sin embargo, no fue la presión presidencial sino el cansancio frente al permanente cuestionamiento de la opinión pública, lo que a la postre llevó a Figueroa a tomar la decisión de hacerse a un lado muchos meses después de los hechos relatados.

Un caso similar al del gobernador Jorge Carrillo Olea. Cuando se supo que el grupo antisecuestros de Morelos se había dedicado al secuestro a gran escala, el gobierno federal ordenó una investigación que puso al descubierto la complicidad del director de la policía judicial y del procurador del estado, además del probable encubrimiento o negligencia del gobernador. Aunque renunció meses más tarde gracias a la repulsa universal, Carrillo Olea logró enfrentar la presión del sistema institucional y político, «en circunstancias que en el pasado habrían sido resueltas por el Ejecutivo Federal^[209]».

Nada ilustra mejor esta nueva impotencia presidencial que el fracaso de Zedillo para expulsar a Roberto Madrazo de Tabasco. Vale la pena detenerse en este hecho, porque el desenlace de esta frustrada intentona revela, como pocas cosas, el fin del absolutismo presidencial y el tibio nacimiento de un nuevo federalismo y su efecto colateral, la nueva impunidad.

En su libro El despertar de México, Julia Preston y Samuel Dillon, ex corresponsales de The New York Times en México, describen detalladamente la tensión creciente entre Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo durante enero de 1995^[210]. El presidente quiso inaugurar su sexenio con una nota democrática y presionó al tabasqueño para que renunciase a lo que consideraba un triunfo desaseado. Madrazo recibió a cambio la promesa de convertirse en Secretario de Educación Federal y regresó a Villahermosa a comunicar su renuncia. Zedillo simplemente estaba haciendo lo que cuatro años antes había realizado Salinas en Guanajuato: exigirle al gobernador electo que renunciara antes de tomar posesión (aunque Salinas ni siquiera tuvo que ofrecer la SEP a cambio). Pero la élite priista tabasqueña y una charla con Carlos Hank disuadieron a Madrazo y lo convencieron de desafiar al presidente. «No te puedes rajar […] si tu padre te viera se avergonzaría», le dijeron. Para presionar a Madrazo los priistas locales tomaron carreteras y amenazaron al gobierno federal. Para disgusto de Los Pinos, y en franca rebeldía, Madrazo tomó posesión como gobernador el 19 de enero de 1995^[211].

El gobierno federal desencadenaría una ofensiva legal que culminaría en la Suprema Corte, gracias a un fundamentado expediente que daba cuenta de las irregularidades y los excesos de campaña de Madrazo. Pero la falta de experiencia del nuevo secretario de Gobernación (Esteban Moctezuma), la animadversión de la vieja guardia priista en contra de los técnicos neoliberales y la crisis económica recién estallada hicieron recular a Zedillo. En mayo de 1995, el presidente hizo una gira en Tabasco para levantar la mano del gobernador y asegurarle que gobernarían juntos hasta el año 2000. Por vez primera en la historia reciente el presidente había sido derrotado por un gobernador; con el resto de los mandatarios tomando nota. Una de las piedras angulares del régimen político se había derrumbado.

El arribo a Los Pinos de un presidente del PAN a partir del 2000 canceló definitivamente el «botón expulsor». En las décadas anteriores los gobernadores obedecían al presidente porque éste era el «priista número uno». Sabían que oponerse al soberano equivalía a la muerte de su carrera política, por no hablar de la amenaza de los tribunales federales que, subordinados al presidente del país, podría conducirlos a la cárcel.

Ya no es así. La mayoría de los gobernadores ni siquiera pertenece al mismo partido político que el presidente. Durante las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón casi tres cuartas partes de las entidades federativas han estado gobernadas por la oposición. El partido en el poder, el PAN, ha gobernado sólo en ocho o nueve entidades, mientras que el PRI ha controlado el doble (entre 17 y 18), por cinco del PRD. Es decir, actualmente 24 de los 32 gobernadores son de oposición.

La posibilidad de que el presidente deponga a un gobernador de otro partido, constituye una confrontación de fuerzas políticas que pone en riesgo los equilibrios precarios en el Congreso y, en general, en el sistema.

El caso más reciente lo ejemplifica. El intento por parte de Vicente Fox de desaforar a Andrés Manuel López Obrador buscaba inhabilitarlo como candidato presidencial y no tanto derrocarlo de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. El tabasqueño reaccionó hábilmente al mezclar e implicar ambas consecuencias. Al pedir licencia provisional cuando el Congreso dio entrada a la controversia del desafuero, López Obrador llevó la confrontación hasta sus últimas consecuencias y exprimió al máximo el beneficio mediático que le aportó la embestida presidencial.

No deja de ser paradójico que los tres protagonistas claves del sexenio anterior —Fox, Madraza y López Obrador— fueran gobernadores envueltos en deposiciones presidenciales: Fox a favor, Madrazo y López Obrador en contra. Los tres saldrían convertidos en figuras nacionales luego de cada uno de estos embates presidenciales. Ellos tres, y Labastida, son también los únicos gobernadores que se han convertido en candidatos oficiales y con opciones reales de llegar a la Presidencia. Antes que ellos sólo existía el antecedente de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y antes de eso habría que remontarse hasta Adolfo Ruiz Cortines en 1952 (había sido gobernador de Veracruz). Hoy, media docena de gobernadores aspira a la silla presidencial en el 2012, una muestra reveladora del peso que han adquirido.

Economía o el nuevo federalismo

Los gobernadores son hoy los actores políticos con la mayor plataforma de recursos propios, económicos y políticos. Nunca en el pasado los mandatarios estatales habían gozado de una chequera tan considerable, susceptible en buena parte de ser girada para usos discrecionales.

Con alguna razón podría decirse que los grandes jerarcas del sindicalismo corporativo podrían disputarle a los gobernadores esa posición envidiable. Ciertamente, figuras como Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, Carlos Romero Dechamps Joaquín Gamboa Pascoe y varios otros, poseen una considerable base de poder personal, por no hablar de los recursos económicos ingentes que controlan. Pero aunque muy lentamente, la apertura económica y política de la sociedad mexicana comienza a minar las bases del poder sindical. Un efecto contrario al que produce en relación a los gobernadores, a los que la modernización ha fortalecido.

Lo cierto es que los juicios —frustrados, pero juicios al fin— en contra de Romero Deschamps, del sindicato petrolero o del exilio político de Napoleón Gómez Urrutia, del sindicato minero, o de la presión creciente ejercida en contra del cacicazgo de Gordillo, dejan en claro que se trata de un poder que se encuentra a la defensiva. No es el caso de los gobernadores.

La era dorada de los ejecutivos estatales deriva en gran medida del denominado «nuevo federalismo», que arrancó, aunque tibiamente al principio, en los procesos de descentralización hace poco más de veinte años. En 1990 alrededor del 70 por ciento de todo el gasto público estaba bajo control del gobierno federal, asegura el investigador Juan Pardinas. En 2007 casi se ha invertido la proporción: 61 por ciento está en manos de los gobiernos estatales o municipales. Y se pregunta: ¿Por qué razón los presidentes renunciaron a ese masivo monto de recursos que durante tanto tiempo constituyeron un instrumento clave del control y la manipulación política^[212]?

Los presidentes mexicanos concedieron en el papel importantes autonomías a los gobiernos locales, sabedores de que lo importante para el ejercicio del poder no estaba en el papel sino en la correlación de fuerzas. Durante décadas mantuvieron el control para designar gobernadores, deshacerse de ellos y monopolizar la cartera de recursos económicos. Es comprensible que la apertura política destruyera los dos primeros mecanismos de sujeción (designar y quitar gobernadores), pero es menos claro por qué razón renunciaron a los recursos económicos. La respuesta sin duda es compleja, pues obedece a un proceso que abreva de distintas fuentes. Pero en última instancia responde a las necesidades de apertura de la economía y del sistema político mexicano, que luego de los regímenes de Luis Echeverría y López Portillo (que abarcan el periodo 1970-1982) parecía haber agotado sus posibilidades. No deja de ser paradójico que Carlos Salinas, el presidente más controlador de gobernadores de la historia reciente, fuese quien arrancase estos esfuerzos de descentralización, impulsados luego por su sucesor, Ernesto Zedillo.

Este hecho, como pocos, refleja la contradicción básica del sueño salinista. Buscaba la modernización y la apertura del Estado mexicano, lo que implicaba mayores dosis de descentralización del poder administrativo y electoral, pero con un ejercicio altamente centralizado del poder.

El nuevo federalismo se explica en parte por la formación economicista de estos presidentes, por su empeño en convertir a México en un país abierto a las tendencias internacionales, por sus identidades con el llamado «Consenso de Washington», y por las propias exigencias de la sociedad mexicana. Algunos autores afirman que la descentralización no es un gesto gratuito o voluntario por parte de los presidentes, sino una concesión forzada para mantener la estabilidad política frente a la presión de las fuerzas sociales, políticas y del mercado. Lo cierto es que si bien estos impulsos fueron activados desde la propia cabina de mandos presidencial, muy pronto comenzaron a ser jaloneados y acelerados por las fuerzas políticas y sociales. Como se verá más adelante, los gobernadores han adquirido un protagonismo creciente y una enorme habilidad para explotar sus ventajas políticas con el fin de acrecentar la transferencia de recursos del centro a la periferia. Pero antes, dimensionemos de qué y cuánto estamos hablando al referirnos a estos recursos.

El poder del dinero

Las partidas que reciben los gobernadores de parte de la Federación representan el 87 por ciento de sus ingresos. Pero casi la mitad de estos ingresos no están etiquetados, ni pueden ser auditados por los poderes federales o el Congreso de la Unión. En otras palabras esto significa una cartera cercana a 326 mil millones de pesos en 2006, disponibles para ser gastados de la manera en que cada gobierno estatal lo negocie con sus congresos locales, al margen de cualquier rendición de cuentas de carácter federal. Constituyen el famoso ramo 28, «las participaciones», o conjunto de impuestos recabados por la Federación pero «perteneciente» a las entidades: el gobierno central lo recauda y lo entrega a las tesorerías estatales, sin derecho a auditarlo. Si consideramos, además, que la mitad de los gobernadores goza de mayoría en sus congresos locales, podremos entender la enorme reserva de recursos económicos y políticos que poseen (ver Tabla 2). Ni siquiera el presidente del país posee el acceso «discrecional» a los recursos de que gozan los gobernadores en estas 16 entidades.

Esto no significa, obviamente, que Emilio González Márquez en Jalisco utilice a su absoluto arbitrio 25 mil millones de pesos, o que Humberto Moreira en Coahuila haga lo propio con casi lo mil millones. La mayor parte de ese recurso debe ser gastado en la administración y en la obra pública estatal. Pero el simple hecho de asignarlo de acuerdo a criterios emanados de la oficina del gobernador, confiere a éste un poder inmenso en el interior de sus regiones. Particularmente en el caso de esa mitad de entidades en que el mandatario controla a los congresos estatales.

Por lo demás, que los gobernadores no cuenten con mayoría absoluta en la otra mitad de las entidades federativas (las no incluidas en la Tabla 2), no significa que estén inermes frente a sus diputados. En casi todas estas entidades el partido en el poder suele ser primera mayoría en el congreso local. Esto significa que no están lejos del 50 por ciento y suelen obtenerlo negociando con los legisladores de los partidos pequeños e incluso con diputados aislados de los partidos grandes de oposición. En su libro, Señal de alerta, Manuel Espino, ex presidente del PAN y ex presidente de ese partido en Sonora, relata detalladamente la manera en que el entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones intentó comprar —yal final convenció— a varios diputados locales del PAN, para lograr que el congreso estatal aprobara el ejercicio de su cuenta pública, que arrastraba irregularidades mayores^[213].

La forma en que Peña Nieto, gobernador del Estado de México, consiguió que su congreso local aprobara el ejercicio de su antecesor, pese a que el PRI se encuentra en posición minoritaria, revela los grandes recursos políticos con los que cuenta un mandatario para ejercer su voluntad en materia de fianzas públicas estatales.

Un ejemplo de esto se observa en el reparto económico a los cabildos. La ley establece que el veinte por ciento de los recursos estatales que se reciben deben ser entregados a los gobiernos municipales. Sin embargo, los gobernadores utilizan diversas triquiñuelas para alentar a determinados municipios, en detrimento de otros, en función de consideraciones políticas.

TABLA 2: GOBIERNOS ESTATALES CUYO PARTIDO CONTROLA EL CONGRESO LOCAL EN 2008

Ingresos correspondientes a 2006, (no incluye aportaciones federales, ni participaciones) millones de pesos.

Los 32 mil millones de dólares que en conjunto obtienen los gobernadores del país por concepto de participaciones, representan menos de la mitad de los ingresos estatales. Reciben el equivalente a otros 43 mil millones de dólares por concepto de aportaciones para el gasto público, o ramo 33, aunque se trata de partidas etiquetadas (cifras del 2006). Aunque dos tercios de esta cantidad están dedicados al pago de nóminas del magisterio, entre otras restricciones, también es cierto que los mandatarios estatales se las ingenian para operar algunas desviaciones y reasignaciones. El5 de agosto de 2008 el diario El Universal describía la manera en que Mario Marín, de Puebla, rompía un pacto fiscal federal al no aplicar o desviar un monto de 40 millones de pesos que el SAT (Servicio de Administración Tributaria) le había asignado para mejorar la recaudación en la entidad.

Para la Auditoría Superior de la Federación, institución responsable de monitorear y sancionar desvíos y distorsiones de los recursos federales, resulta un dolor de cabeza todo lo concerniente al ramo 33 destinado a los estados. En 2004, incluso, el gobernador y el Congreso de Oaxaca rechazaron formalmente el derecho del gobierno central para auditar tales recursos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que arbitrar la controversia y fallar a favor de la Federación dos años más tarde. A pesar de esa decisión, muchas entidades le siguen regateando al gobierno central la facultad de supervisar los fondos. El auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, señaló que tan sólo en 2006 la excesiva discrecionalidad en el manejo de los recursos, la falta de rendición de cuentas y la debilidad de reglas de operación hicieron que se registraran «observaciones» por 635 millones de pesos de los recursos ejercidos por los estados^[214].

La importancia del ramo 33 quizá no reside en el poder discrecional que otorgue a los gobernadores (puesto que en teoría está etiquetado), sino en el hecho de que ese poder ya no lo tiene el presidente del país para utilizarlo en contra de ellos. Antes de la creación del ramo 33, casi el 80 por ciento del presupuesto federal estaba abierto a consideraciones discrecionales de parte del gobierno central. Es decir, no se trata necesariamente de un poder ganado, pero sí de un poder quitado.

Por lo demás, un poder quitado sin ceder nada a cambio. Diversos analistas han señalado que el dichoso nuevo federalismo no es sino una manera pomposa de designar un proceso de modernización administrativa en lo aparente, pero regresiva en la práctica. Primero, porque los recursos fueron entregados a las entidades federativas haciendo abstracción y tabla rasa de la capacidad administrativa y financiera de las entidades. Mientras que algunos estados, pocos, poseen estructuras relativamente eficaces de presupuestación y ejercicio de gasto público, otras tienen aparatos burocráticos anquilosados o simplemente carecen de la infraestructura mínima. Entre Nuevo León y Quintana Roo hay diferencias abismales en eficiencia y capacidad en el ejercicio de las finanzas públicas y segundo, porque la federalización no fue una concesión otorgada a cambio de un compromiso que asegurasen la rendición de cuentas y la transparencia. La legislación de Aguascalientes establece 104 artículos que detallan puntualmente la información financiera de cada secretaría de gobierno, especificando montos de programas y subsidios. En el otro extremo, la de Baja California Sur dedica un solo artículo para establecer el monto total de los recursos estatales sin ningún desagregado que explique la distribución del gasto^[215]. El efecto sumado de estos inconvenientes (la opacidad en el manejo de recursos y la distribución indiferenciada entre estados con estructuras administrativas ineficaces) supone que el saldo final de la «federalización» ha significado un retroceso en el manejo de los dineros públicos en México.

Lógica regional de la partidocracia

Los vacíos de poder que ha dejado el debilitamiento del presidencialismo han sido llenados de distintas formas por los poderes de facto: los gobernadores en el territorio, los partidos en el poder legislativo, la cúpula empresarial y los monopolios en la economía. En efecto, los multimillonarios de México han subido como la espuma en las listas de Forbes entre los hombres y mujeres más ricos del planeta^[216]. Yen las cámaras legislativas los partidos se han convertido en los actores decisivos de los procesos políticos de los últimos años. Con frecuencia se dice que hemos pasado de un presidencialismo a una partidocracia.

Yen lo que toca a la geografía, no hay duda de que los gobernadores han logrado feudalizar sus territorios. Pero no sólo eso. También han obtenido ventajas de la partidocracia en el poder legislativo. Si bien es cierto que los beneficiarios inmediatos son las cúpulas partidistas y los coordinadores de las fracciones parlamentarias (y no hay mejor ejemplo que el protagonismo de Manlio Fabio Beltrones y de Emilio Gamboa, coordinadores priistas de senadores y diputados, respectivamente), también es cierto que los gobernadores se han convertido en beneficiarios del fortalecimiento de los partidos.

Primero, por la gran influencia que poseen en la definición de los dirigentes nacionales de los partidos. Esto es particularmente notorio en el caso de los 18 gobernadores priistas. A partir de información periodística, Juan Pardinas demostró que en la disputada elección interna del PRI en 2002, entre Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, el resultado dependió en gran medida del número de gobernadores que cada candidato pudo atraer a su causa. Los resultados revelan claramente que los votos en muchas entidades favorecieron al candidato escogido por el gobernador correspondiente (Tabla 3).

Pese a la animadversión de lo que luego sería el TUCOM (Todos Unidos Contra Madrazo) por parte de los gobernadores aspirantes a la presidencia en el 2006, Madrazo fue capaz de concitar el interés de muchos otros mandatarios y terminó venciendo a Beatriz Paredes. Pero la ex gobernadora tlaxcalteca aprendería la lección. En el 2007 alcanzó la presidencia del partido en una elección simbólica, luego de que la mayor parte de los gobernadores se inclinara por su candidatura.

Los acuerdos y concesiones que adquieren los gobernadores a cambio de este apoyo a una u otra fracción de las dirigencias nacionales, podría ser materia de especulación interminable. En cierta forma podría decirse que, al menos en el PRI, la presidencia actual es resultado de los consensos entre un puñado de hombres y mujeres de poder, dentro de los cuales los gobernadores son el grupo más numeroso y poderoso.

Este protagonismo en la definición de las cúpulas también se traduce en un peso decisivo en la configuración del Congreso de la Unión. Pese a que se trata de distritos electorales federales, los gobernadores ejercen toda su influencia para intentar controlar la designación de diputados y senadores correspondientes a su entidad. En muchas ocasiones lo consiguen.

*Margen de diferencia en la votación entre los dos candidatos

*Formalmente perredista, de pasado priista

FUENTE: Juan Pardinas, tesis de doctorado, op. cit.

En los dos últimos procesos internos para la selección de candidatos a diputados y senadores, la dirigencia nacional del PRI lanzó una intensa y costosa votación abierta para que «las bases determinaran quiénes eran los mejores hombres y mujeres». Pero en ambas ocasiones el proceso debió ser interrumpido por la presión de los gobernadores, empeñados en colocar a sus cuadros de confianza. La capacidad para influir en la designación de los diputados y senadores se traduce en un peso significativo en las actividades del propio poder legislativo. No es de extrañar que determinadas decisiones en las cámaras deban pasar por la anuencia de algunos mandatarios: la elección de coordinadores o las votaciones muy competidas sobre temas sensibles, por ejemplo. Gobernadores de entidades densamente pobladas y con base priista destacada «poseen» un número de votos nada despreciable. La elección del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para sustituir a Ruth Zavaleta a partir de septiembre de 2008, que tocaba al PRI, lo muestra con claridad. El coordinador Emilio Gamboa debió pactar con Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, para colocar a César Duarte en lugar del otro aspirante, César Camacho. El primer César era el candidato de gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; el segundo César era el de los mexiquenses^[217]. Al final, la designación del presidente de los diputados para el tercer y último periodo de esa legislatura fue una disputa entre gobernadores.

Nada refleja mejor el peso creciente de los gobernadores en el Congreso que su capacidad para aprovechar en su favor la facultad de la Cámara de Diputados para reasignar el gasto federal. Las mayores batallas de los legisladores en contra de Hacienda han sido para ampliar las partidas destinadas a las entidades federativas. Pardinas demuestra que en 2005 los diputados lograron incrementar los gastos de infraestructura carretera en un 231 por ciento en Estados gobernados por el PRI, 162 por ciento en estados perredistas y 82 por ciento en los de signo panista^[218].

Llama la atención el hecho de que en todas estas reasignaciones no son los panistas, que detentan la primera mayoría entre los diputados, los que obtienen la mejor partida. De hecho los estados panistas son los peor compensados por los incrementos (ver Tabla 4). Un dato que revela la magnitud de las concesiones políticas que las administraciones de Fox y Calderón han tenido que otorgar a la oposición en el Congreso, para obtener mínimos de gobernabilidad. Pero también un cuadro que revela el peso de los gobernadores del PRI (17 mandatarios pertenecían al PRI en el 2005, año de referencia de la tabla).

El tesorito de los excedentes petroleros

Mención aparte merece el enorme cheque en blanco que ha representado la partida de ingresos petroleros distribuidos entre las entidades federativas.

TABLA 4: DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS INCREMENTADOS EN EL PRESUPUESTO FEDERAL DE 2005

FUENTE: Juan Pardinas, tesis de doctorado, a partir de Presidencia de la República [2005] y Presupuesto Federal 2005.

Particularmente la que deriva de los excedentes petroleros, sobre los cuales los gobernadores no están obligados a dar cuenta ni a la Federación ni a su congreso estatal. En julio de 2008, la diputada panista Alma Alcaraz Hernández indicó que hay «sospechas» de que una gran cantidad de los recursos de excedentes petroleros fue usada por gobiernos estatales en campañas publicitarias, electorales y gastos innecesarios. La legisladora detalló que de 2000 a 2007 Pemex generó excedentes por 470 mil millones de pesos, de los cuales 116 mil millones fueron para las entidades federativas^[219]. Unos días más tarde, el auditor de la Federación precisó que sólo de 2003 a 2007 se habían entregado a las entidades 95 mil millones de pesos y se quejó del destino cuestionable de esos fondos: «Es urgente una acción decidida del Congreso de la Unión en esta materia, no podemos seguir perdiendo todos los días y a cada instante el patrimonio público que pertenece a todos los mexicanos^[220]». No es casual que, presionados por los gobernadores, los diputados hayan convertido el tema de los excedentes petroleros en uno de los botines de mayor disputa con la Federación, durante la negociación anual del gasto público.

El líder de los diputados panistas en Puebla, José Antonio Díaz, afirmó que durante 2008 el gobierno estatal recibiría cerca de 6 mil millones de pesos por concepto de excedentes petroleros sin que existiesen indicaciones de cómo y cuándo serían gastados. La diputada Leonor Popócatl acusó al gobernador de haber introducido una cláusula de discrecionalidad para ejercer estos fondos: una ley que «faculta a Marín para que destine los recursos excedentes del petróleo a donde considere mejor, no existe candado que etiquete las partidas a obra pública ni a acciones prioritarias^[221]».

La Conago

Para coronar esta creciente capacidad de cabildeo, los gobernadores decidieron configurar su propio cártel político. Si bien nació originalmente como una asociación de gobernadores del PRD en 1999 (Anago), la adhesión de los mandatarios priistas en 2002 la convirtió en un poderoso sindicato formado por veinte gobernadores. Originalmente, los ejecutivos estatales del PAN rehusaron participar en ella, pues consideraban que era un grupo de presión en contra del gobierno federal^[222] pero en agosto de 2003 se integraron oficialmente a la organización bajo la consideración de que la lucha por los recursos no aceptaba banderas.

Aunque la influencia de la Conago ha sido desigual a lo largo de estos años, toda vez que carece de un reconocimiento formal en la estructura jurídico política, constituye una fuerza difícil de ignorar, sobre todo para el gobierno federal. Son constantes sus pronunciamientos sobre financiamiento público, agua, puertos o agricultura, además, claro, del tema de excedentes petroleros.

En los últimos dos años, las exigencias de la Conago han ido subiendo de tono en forma y fondo. A las tradicionales peticiones parao obtener mayores recursos, han añadido demandas que plantean una redefinición de las facultades en el ámbito federal. Por ejemplo, al exigir el manejo del Fondo Estatal para Desastres o la desaparición de las delegaciones federales en los estados. Los dos últimos presidentes de la Conago, Humberto Moreira y Eduardo Bours, son justamente los gobernadores que se han caracterizado por sus continuas confrontaciones con el gobierno central.

Resumen: descentralización del poder o feudalización

Los gobernadores gozan de una impunidad poco menos que absoluta, gracias al desequilibrio entre el régimen que se fue y el que todavía no llega. Son los grandes beneficiarios de la accidentada transición, el pliegue oscuro de una democracia simulada. Formaban parte de la cadena alimenticia política que súbitamente se rompió: un pez muy grande que, a su vez, era controlado por un pez aún mayor. Pero el eslabón superior desapareció, dejando intactos los eslabones inferiores. El gobernador reproducía a nivel local el poder casi monárquico del presidente del país. Su única contención era, justamente, ese poder presidencial. Al ser retirada la contención, su posición es ahora inmune a toda sujeción.

La clave de la impunidad de la que hoy gozan los gobernadores se basa en la ausencia de controles o de instancias capaces de compensar su poder absoluto.

¿El poder judicial? Imposible, los mandatarios controlan los mecanismos que definen los presupuestos del aparato de justicia en cada estado. Una revisión de los perfiles de los presidentes de los tribunales superiores de justicia en las entidades, revela casi todos ellos son funcionarios políticos, personal de confianza del Ejecutivo. En varias entidades, como Guerrero y Puebla, las oficinas de los jueces son presididas por el retrato del gobernador y en sus conversaciones habituales los magistrados, incluido el presidente del Tribunal Superior de Justicia, se refieren al Ejecutivo como «el jefe», afirma un destacado periodista de Guerrero. En agosto de 2008, el grupo parlamentario del PRI en el Senado preparaba una reforma constitucional para blindar a sus gobernadores e impedir que sus abusos llegaran hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como fue el caso de Mario Marín y Ulises Ruiz^[223]. Si bien en ambos casos el PRI obtuvo resoluciones favorables, dejaba en claro que prefería evitar el riesgo mediante el simple expediente de quitarle esas atribuciones a la Corte, e impedir así que exista una instancia capaz de acotar el poder de los mandatarios.

¿El Congreso del Estado? Difícilmente es la respuesta, si el partido del gobernador controla la Cámara de Diputados locales en la mayoría de los casos. Pretender que el Congreso de Puebla, dominado por priistas, desautorice a Marín, ya no digamos hacerle juicio político, resulta inconcebible. De entrada, la mayor parte de los diputados locales está allí gracias a que fue palomeada por el propio gobernador.

La oposición tampoco puede hacer gran cosa.

En noviembre de 2001, los diputados locales del PAN en Campeche fueron amenazados en lo personal y en lo familiar por el gobernador Antonio González Curi, cuando promovieron una queja ante la entonces Secodam, por las irregularidades en el manejo de más de mil millones de pesos que Petróleos Mexicanos (Pemex) aportó al gobierno estatal. González Curi consideró una afrenta personal que los diputados pidiesen aclarar el destino del dinero^[224].

¿El gobierno federal? Los casos de Mario Marín y Ulises Ruiz en Puebla y Oaxaca muestran la impotencia de Los Pinos para resolver situaciones límite de ineficiencia, inestabilidad o desprestigio político y no sólo se trata de casos, como éstos, en los que se involucraba una delicada negociación con un partido de oposición (el PRI). El Ejecutivo Federal tampoco ha sido muy exigente con estados gobernados por su propio partido. En abril de 2008 el comandante de la segunda región militar, con sede en Mexicali, el general Sergio Aponte, criticó la corrupción de la Procuraduría de Baja California y sus vínculos con el crimen organizado. El gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán, acudió a la Sedena e hizo un reporte. Durante las siguientes semanas se desató en la entidad una campaña de críticas sistemáticas en contra del general. Fue removido en agosto de ese año^[225].

¿La sociedad local y la opinión pública? Primero habría que dar cuenta del deplorable estado de esa opinión pública en la mayor parte del territorio. Como se ha visto, el control sobre la radio y la prensa locales suelen ser infinitamente mayores que en la capital del país sea por la cooptación económica descarada o la represión velada o explícita. Si bien existen notables excepciones, terminan siendo resistencias heroicas sujetas a una presión política continua y a un boicot publicitario crónico.

¿Los empresarios y las élites locales? Pese a los esporádicos actos de resistencia o repulsa, el empresariado termina por negociar dada la destacada constelación de recursos que posee el ejecutivo estatal. Una vez más, el caso del Góber Precioso es ilustrativo. A partir del escándalo de las grabaciones gran parte del empresariado poblano exigió la renuncia de Marín, algunos incluso con exigencias explícitas al gobierno federal. «La rebelión» duró poco tiempo. Unos meses más tarde, un empresario lo explicaba con lógica impecable: «Marín terminó dándonos lo que no habíamos conseguido en mucho tiempo; nunca habíamos estado mejor». Nunca como ahora los gobernadores habían recibido recursos económicos ingentes, gracias a las partidas federales que el nuevo «equilibrio de poderes» les garantiza. Ello les permite otorgar dádivas a empresarios locales y a los grupos de interés regional y contar con chequeras importantes para obras públicas. Han comprado la impunidad y si no por otra cosa, el peso de un mandatario puede ser aquilatado cuando caemos en cuenta de que se trata del principal «empleador» de su región. El siete por ciento de la población en edad de trabajar está empleada por las estructuras de gobierno estatales (incluye maestros). En entidades como Baja California Sur, Tabasco y Zacatecas el promedio supera un diez por ciento. Es decir, uno de cada diez habitantes trabaja para «el gobernador^[226]».

¿El electorado y el castigo de las urnas? Esa posibilidad queda neutralizada cuando advertimos que Ulises Ruiz en Oaxaca o Mario Marín en Puebla, en medio de la repulsa de sus propias comunidades lograron triunfos aplastantes en las elecciones intermedias (ver Tabla 1 sobre Índices de aprobación). Luego de sus respectivos escándalos, ambos se las ingeniaron para conseguir cuasi carros completos en los comicios de 2007 (octubre en Oaxaca, noviembre en Puebla). La explicación se debe a una cultura política atrasada y a otros factores estructurales, pero refleja también el control casi absoluto que los gobernadores han logrado sobre el aparato político regional. Han penetrado y subordinado a los comités electorales y a las comisiones estatales de derechos humanos en muchas entidades. En algunas han dado marcha atrás a las incipientes leyes de transparencia; en otras han introducido mayores rigideces en los códigos electorales del estado. Un ejemplo: en las elecciones intermedias en Quintana Roo en 2008, el Instituto Electoral, controlado totalmente por el gobernador en turno, Félix González Canto, obligó a las estaciones del sistema estatal a un, acuerdo electoral bastante peculiar. Los noticieros y espacios de análisis sólo pudieron transmitir las entrevistas y piezas proporcionadas por los propios partidos y las autoridades electorales. La difusión de cualquier otra información periodística sobre las elecciones quedó prohibida. O sea, los ciudadanos podían votar, pero otros derechos políticos con respecto a los comicios les estaba vedado, incluido el derecho a informarse.

¿Los partidos nacionales y el Congreso de la Unión? Menos aún. Constituyen uno de los blindajes clave de la autonomía de los gobernadores. Como se ha señalado antes, el peso que los mandatarios han adquirido en el interior de los partidos asegura que las dirigencias nacionales habrán de apoyarlos contra amenazas externas.

En resumen, los gobernadores viven en lo mejor de los dos mundos. Hacia adentro ejercen el control de las fuerzas políticas locales con el absolutismo característico del viejo presidencialismo. Controlan los escasos mecanismos de rendición de cuentas, el poder judicial estatal, los comités electorales, las comisiones estatales de derechos humanos, buena parte de las presidencias municipales y hacia afuera, confrontan a un gobierno federal incapaz de tocarlos con el pétalo de una rosa. Los gobernadores pueden hacer con su estado lo que los presidentes ya no pueden hacer con el país.

Contra lo que se piensa, no son «bolsones» en la geografía nacional que sobreviven como vestigios anacrónicos del antiguo régimen. No son remanentes en lento y doloroso proceso de extinción. Por el contrario, su impunidad goza de cabal salud. Se trata más bien de una anomalía impulsada por las distorsiones de la modernización compleja y contradictoria que experimenta el país. Los crecientes vacíos de poder y las inercias que se han instalado, aseguran que el poder de los gobernadores seguirá ampliándose, convirtiéndolos en los verdaderos intocables de la sociedad mexicana.

JORGE ZEPEDA PATTERSON es director de la revista Día Siete. Su columna dominical se publica en 22 diarios del país. Analista en radio y televisión. Fue director fundador de los diarios Siglo 21 y Público en Guadalajara y subdirector de El Universal en México. Codirige el sitio www.unafuente.com y la empresa consultora de diarios Versalitas. Autor o coautor de media docena de libros, los más recientes: Los amos de México (2007), Presidente electo. Instructivo para sobrevivir a Calderón y su gobierno (2007), Los suspirantes (2005), todos ellos de Editorial Planeta. En 1999 obtuvo el premio María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia.