José Luis Soberanes

Cancerbero del poder

LYDIA CACHO

Era un niño rechoncho, blanco de las burlas y las agresiones típicas de la crueldad infantil. Nació en Santiago de Querétaro el 10 de enero de 1950, pero la familia se mudó a la ciudad de México, luego de que su padre, un militar de alto rango fuera requerido en la capital. El general Manuel Soberanes había sido senador por Baja California. En la primaria el «Chuby» hubo de someterse a los designios de la crueldad de los más poderosos. Incluso algunos profesores del Instituto México se aliaban a estos maltratos y cuando un niño cometía una falta, ante la pregunta expresa de quién era el culpable, los chavales, aunque instruidos sobre la pecaminosidad de la mentira, señalaban a coro al Chuby^[65].

Él no reclamaba. A veces lloraba y se escondía en el dulce consuelo de los alimentos. Rezaba mucho, dice un colega de la universidad; desde niño estableció una relación profunda y casi secreta con Dios. El lema del instituto era el suyo propio: formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos y por eso entró de manera natural al Opus Dei, una organización religiosa fundada el 30 de septiembre de 1928 por José maría Escrivá de Balaguer. En un retiro con los misioneros de San Vicente de Paul, Escrivá recibió la iluminación para crear una obra misionera, en la que cada persona que perteneciera a ella sería un apóstol de la Iglesia para servir a Dios.

El joven José Luis encontró su verdadera misión leyendo las memorias de la fundación de la obra que dicen: «A lo largo de 1930 y 1931, José María Escrivá fue recibiendo nuevas “luces” divinas que completaban o perfilaban aspectos esenciales del espíritu del Opus Dei. Más en concreto: el7 de agosto de 1931 recibió una nueva luz que recalcaba el alcance que el trabajo profesional tiene dentro del espíritu del Opus Dei, como fuente de santificación y apostolado; durante los meses de septiembre y octubre de 1931, tuvieron lugar unas experiencias espirituales de gran intensidad que lo llevaron a profundizar en la conciencia de la filiación divina, es decir, de su condición de hijo de Dios^[66]».

Nadie más lastimaría al Chuby, su misión estaba por encima de todo. La ley del hombre y la ley de Dios estaban en su destino y, como buen estudiante que era, se convirtió en un jurista de renombre. Llegó a ser nombrado investigador titular c, de tiempo completo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y se recibió de Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia en España.

José Luis Soberanes Fernández ha sido académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y profesor visitante de la Université des Sciences Sociales de Tolouse, Francia. Más tarde el gobierno de España lo condecoró con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, reconocimiento que se otorga a las personas que se distinguen en la actividad jurídica. De enero de 1985 a septiembre de 1990, fue secretario general de la Unión de Universidades de América Latina. Integrado al poderoso grupo que controla el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (encabezado por Jorge Carpizo Mac Gregor y Diego Valadés, entre otros), ocupó la dirección de esta institución de julio de 1990 a agosto de 1998. Durante alias fue protegido y amigo del primer presidente de la CNDH y también ex director del Instituto, el doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, aunque años después serían enemigos irreconciliables.

El16 de noviembre de 1999, el Chuby logró su mayor anhelo, ejercer su lealtad a la Obra de Dios desde la más noble de las instituciones; fue nombrado Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Era inexperto en el tema, pero tenía buenos padrinos políticos. Además, la coyuntura era perfecta. Mireille Roccati había encabezado la Comisión de 1997 a 1999, pero enfrentaba enormes nubarrones. Los panistas estaban irritados por una recomendación sobre las muertas de Ciudad Juárez que, según algunos de ellos, había estado motivada por razones electorales. Los priistas, por su parte, traían agravios por las recomendaciones dirigidas por el caso Morelos y estaban dispuestos a negociar con el PAN, siempre y cuando la CNDH siguiera ignorando la generalizada violación a los derechos laborales. Unos y otros impulsaban la necesidad de deshacerse de Rocatti y de buscar a un candidato más cercano a los intereses del poder, pero la atención de la opinión pública impedía dar un manotazo evidente.

El investigador Sergio Aguayo, especialista en derechos humanos, asegura que «la situación era tan absurda que después de muchas protestas nacionales e internacionales, los senadores recibieron la encomienda de nombrar al titular y al Consejo de la CNDH y de supervisar su funcionamiento. El Senado plural se encargó de enlodar a la criatura. En 1999, el Partido Acción Nacional se alió con el PIU para cambiar la ley y, dándole retroactividad, correr a la entonces presidenta Mireille Rocatti (que, por cierto, había sido puesta por el PIU). Eso vulneró la inamovilidad, principio clave del ombudsman». Y consiguieron un candidato perfecto: un académico conservador, sin cercanía con la sociedad civil, sin carisma y sin conocimiento de Derechos Humanos, un jurista orondo, llamado José Luis Soberanes.

Durante el proceso que se llevó a cabo para elegir por primera vez al ombudsman, publicado en el Diario de los Debates del 11 de noviembre de 1999, los senadores Carlos Payán, Adolfo Aguilar Zínser y Mario Sauceda, protestaron porque la terna nunca fue revisada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Las deliberaciones jamás se transparentaron, la sociedad civil fue ignorada una vez más y el único candidato que habló en el Senado fue Soberanes, quien, como todo indica, fue hijo del dedazo oficial.

Al respecto, Sergio Aguayo escribió: «Deprime, indigna y ofende la forma en que el Senado ha manoseado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Han causado daños enormes al estado de derecho. ¿Corregirán el rumbo en la elección del nuevo titular de la CNDH? Siendo justos, el Senado recibió del ejecutivo a una CNDH ajada. En los países serios, el ombudsman o defensor(a) de los derechos del pueblo es una persona independiente, comprometida con el bien común y dispuesta a ofrendar por la causa una carrera política. Los nombra el legislativo para que se transformen en muro de contención de los abusos del ejecutivo. En México, fue Carlos Salinas quien entregó al país una CNDH castrada y maniatada. Él nombraba a su titular y al Consejo Ciudadano, él controlaba su presupuesto y él le quitó competencia sobre derechos laborales, electorales y sobre asuntos jurisdiccionales. Afortunadamente él [Salinas] ya no está». Después, dice Aguayo: «escenificaron la chabacana elección de José Luis Soberanes. La Comisión de Derechos Humanos del Senado organizó ceremoniosas comparecencias para una lista de candidatos espléndida y plural. La sociedad se involucró y 306 cartas llegaron al Senado. Fue un festival de participación ciudadana y de simulación legislativa, porque llegado el momento la Junta de Coordinación Política tomó el asunto en sus manos. Al amparo de la noche, los senadores Eduardo Andrade y María de los Ángeles Moreno del PRI, Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro, del PAN, urdieron una terna en la que José Luis Soberanes llevaba en la frente el hierro del dedazo bipartidista^[67]».

Gracias a esos apoyos, Soberanes obtuvo la reelección para totalizar nueve años en el control de la CNDH; los tres titulares anteriores habían durado solamente un trienio. El senador priista Sadot Sánchez Carreño (presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado) consideró innecesario fundamentar su respaldo a la reelección de Soberanes, quien fue replicado por la poderosa fracción priista en la Cámara Alta. Soberanes prometió pagarle el favor al senador y lo hizo. Al terminar su tarea como legislador, Sánchez Carreña fue nombrado por Soberanes director del programa contra la trata de personas de la CNDH, con sueldo y prestaciones de alto nivel.

En su reelección, dos candidatos impugnarían, sin resultado, el proceso ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Uno fue Raymundo Gil Rendón, profesor del Posgrado de la UNAM y el otro Bernardo Romero, incómodo ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro. A pesar de las violaciones procesales del Senado, ninguna demanda tendría eco en el Poder Judicial.

¿Para qué quería México una Comisión Defensora de Derechos Humanos? Durante una charla de la autora con doscientos quince estudiantes universitarios, al preguntarles quiénes conocían los orígenes y finalidad de la CNDH solamente cuatro asintieron, dos de los cuales aseguraron que es un organismo que sirve para proteger a los delincuentes. Un grupo de la élite política anticipó desde entonces la importancia que podrían adquirir la CNDH y Soberanes. A nueve años después, lo sabemos: con una guerra abierta contra el narcotráfico, un sistema de justicia penal colapsado, acompañados por una connatural inestabilidad política, el presidente de la CNDH se ha convertido en el guardián de la puerta que impide que organismos internacionales que vigilan la situación de los derechos humanos en México y la sociedad civil nacional, que padece abusos de parte de las autoridades, se conviertan en protagonistas incómodos para el poder central. Soberanes es una pieza clave. Él trae su propia agenda, que en nada coincide con la agenda social de las organizaciones civiles laicas mexicanas.

El funcionario leal a su grupo, que ascendió en el poder gracias a la proyección de una imagen modesta y respetuosa de los territorios de otros, sufrió una gran transformación una vez que se instaló en la cabina de mando de la CNDH. Sus modos ampulosos y sus ambiciones pronto le acarrearían enemistades. La más notable fue la ruptura de Soberanes con el grupo «de jurídicas» de la UNAM, cuando a los seis meses de haber asumido la presidencia, despidió a la doctora Patricia Galeana Herrera, historiadora, feminista y maestra en asuntos de Seguridad Nacional. Galeana había entrado como Secretaria Técnica de la CNDH y es esposa de Diego Valadés, quien al lado de Carpizo y Héctor Fix-Zamudio, había sido padrino y tutor de Soberanes.

Dicen quienes lo conocieron en la infancia, que en la mirada del ombudsman más cuestionado de la historia mexicana, permanece algo del Chuby que era en la niñez. Ahora es un hombre de grandes dimensiones corporales, con un serio problema de diabetes, que tiembla de enojo ante los artículos de la prensa escrita. Trepidan sus carnes y la frente y el cuello exudan algo que se parece mucho al miedo. Su voz se agudiza, manotea como pintando mariposas en el aire y con los ojos pequeños como almendras pregunta a sus más cercanos colaboradores: «¿Por qué me maltrata tanto la prensa, por qué? ¿Qué les he hecho para que me odien?». Y es que, en efecto, una buena parte de la sociedad se pregunta a qué intereses sirven José Luis Soberanes y la CNDH.

La defensoría del pueblo: teoría y realidad

Luego de la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa se reconstruía, las sociedades del viejo continente, politizadas y urgidas de paz, después de haber llevado la muerte en la piel, el hambre en las entrañas y el miedo en los huesos, exigieron que sus gobiernos tuvieran contrapesos que permitieran a la ciudadanía participar en las decisiones sobre su desarrollo social y político. No podemos olvidar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es producto de la posguerra, al igual que la noción —extraña para aquellos tiempos— de que todas las personas tenían una serie de derechos más allá de las prerrogativas políticas: los Derechos Humanos. El primer modelo rudimentario fue el escandinavo y el nórdico, de allí la voz sueca justitie ombudsmam, que en castellano se traduce como defensor del pueblo. En sus orígenes suecos, el ombudsman era elegido por el rey y fueron los países anglosajones quienes transformaron el modelo para que fuera el Parlamento el que decidiera la identidad de su ombudsman, ya que la finalidad de una Comisión de Derechos Humanos consiste en evidenciar el efecto que las malas administraciones del poder tienen en la sociedad civil. Para los Comisarios Parlamentarios anglosajones, la vigilancia de la «mala administración» constituye la esencia del defensor del pueblo. La idea central es que la sociedad tiene derecho a evidenciar los abusos de poder en su contra y los comisarios de derechos humanos tienen la obligación de investigar y transparentar las acciones del Estado. La definición de M. Crossman acerca del término es: «el ombudsman abarca la prevención, la negligencia, la inatención, la lentitud, la incompetencia, la ineptitud, la obstinación en el error, la arbitrariedad y similares [perpetrados por el poder del Estado]». Ése es el papel de los defensores del pueblo^[68]. Aunque según Per-Erik Nilsson, ombudsman Jefe del Parlamento sueco, el vocabulario literalmente traducido significa «persona que da trámite» y describe a una persona que actúa por cuenta de otra, sin tener un interés personal propio en el asunto en el que interviene.

A pesar de la importancia que tuvo la creación de organismos controlados por la sociedad civil para asegurar que los gobiernos no incurrieran en actos de autoritarismo, xenofobia, tortura y otros abusos de poder, no fue sino hasta que España y Portugal crearon sus defensoría del pueblo, que México, Perú y Guatemala, entre otros países latinoamericanos, admitieron la urgencia de crear un organismo vigilante de los derechos humanos, con rango constitucional como el del Defensor del Pueblo españolo el Proveedor de Justicia portugués.

Este modelo además de llevar implícito un control de la administración del poder, cuenta con otro medio para el cumplimiento de su función en defensa de los derechos: la legitimación activa para interponer acciones de garantías. Por lo tanto, el ombudsman pasa a ser un defensor de la Constitución y de la legalidad. Según la investigadora Susana Castañeda Otsu, el intento peruano en 1979 fue fallido, pues el propio Fiscal de la Nación era el defensor del pueblo. En 1985 la sociedad guatemalteca tuvo un logro sin precedentes; nombró al primer ombudsman como un Comisionado del Congreso, bajo el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. Colombia, Paraguay, El Salvador y otros países del continente americano cuentan con esta figura de defensor del Pueblo. Sin embargo, en Colombia ha sido muy criticado pues aunque quien lo elige es la Cámara de Representantes, debe hacerlo sobre una terna designada por el propio presidente del país. El de México es, teóricamente al menos, el modelo de ombudsman más parecido al de Suecia y muy diferente a los de Latinoamérica.

La adaptación del modelo europeo a nuestros sistemas jurídicos respondió a la realidad social regional; golpes de estado, guerrilla, represión, violencia militar y desapariciones forzadas. Es decir, un ramillete multicolor de violaciones a todos los derechos humanos y constitucionales. La novedad consistía en la creación de un consejo consultivo plural y representativo de toda la sociedad, organismo al que Soberanes iría desestimando con los años, hasta despreciarlo del todo en 2008.

México había vivido la masacre de la noche de Tlatelolco y las desapariciones forzadas de los años setenta; los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis EcheverrÍa descalificaron y amedrentaron a los movimientos sociales y buscaron desaparecerlos sistemáticamente, asegurando la impunidad de los autores materiales e intelectuales de esos delitos. Los mandatarios sucesivos, José López Portillo y Miguel de la Madrid, capotearon la deuda social de la justicia respecto a estas violaciones de los derechos humanos. El 5 de junio de 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari, presionado por los movimientos sociales e intelectuales —que exigían la creación de un organismo de vigilancia de derechos humanos—, presentó el decreto de creación de la CNDH, el cual entonces dependía de la Secretaría de Gobernación. Jorge Carpizo Mac Gregor, su primer presidente, recuerda como comenzó la CNDH: en dos cuartos, con dos escritorios, seis sillas y un teléfono.

En 1992, luego de un importante diálogo con intelectuales y grupos defensores de los Derechos Humanos, con la adición de Artículo 102 apartado B, la CNDH elevó su poder como Órgano no Jurisdiccional del Estado, regido desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 1999, otra reforma le daría autonomía financiera de gestión. Una regla fue que el Senado aprobara a su titular, que comenzó a adoptar la figura de ombudsman. Argumentando la necesidad de su autonomía, se le asignó al presidente de la CNDH un salario más alto que el de un Secretario de Estado. Han presidido la CNDH: Jorge Carpizo Mac Gregor (1990-1993),Jorge Madraza Cuéllar (1993-1996), Mireille Roccatti (1997-1999) y José Luis Soberanes (1999 al presente).

Según Jorge Carpizo, «a diferencia de los conflictos surgidos entre particulares por actos jurídicos, las relaciones entre un servidor público y un particular no se dan en un plano de igualdad y la norma jurídica obliga al agente del poder público a sujetar su actuación al principio de legalidad, a fin de preservar los derechos del particular. Luego, los derechos humanos se precisaron y garantizaron frente a la autoridad. Por ello es que, para que exista violación a un derecho humano, es necesaria la intervención de un funcionario público». Es decir, el ombudsman tiene como principal tarea proteger a la sociedad de los abusos del poder, es por ello que en su mandato el reglamento estipula que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede, ni debe, opinar sobre asuntos relacionados con sus posturas personales, [religiosas] o políticas.

El ombudsman militante

Las primeras veces que sus colaboradores le preguntaron, recién integrado a la Comisión, qué postura tomaría ante el aborto, Soberanes suavizó la voz y aseguró que su mandato al frente de la Comisión de Derechos Humanos le impedía opinar al respecto. De hecho, presumió ante la mirada inquisidora e incrédula de uno de los presentes: «cuando yo era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas publiqué dos libros en defensa del aborto, yo mismo firmé la autorización de puño y letra», pero omitió admitir que, paralelamente, había publicado varios más —bajo su personal vigilancia— en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

«Mi relación con Dios es íntima, por eso no permito que nadie hable de mi vida privada», dijo. «¿Tan íntima como la relación de amor entre dos seres?», le preguntó un amigo cercano. «¡Así de íntima!», respondió con énfasis el soldado de Cristo.

Cada mañana en punto de las siete, José Luis entra a la iglesia de Coyoacán, cercana a su casa; sale luego a trabajar con la conciencia tranquila. Cuentan sus colaboradores que cada vez que regresa de algún viaje en avión, pasa a la iglesia a rezar un poco y a agradecer haber vuelto con vida. Tal vez su miedo a las aeronaves se desprende de la extraña muerte de Martín Huerta, Secretario de Seguridad Pública Federal, luego de que, tras la amenaza del narcotraficante Osiel Cárdenas al tercer visitador de la CNDH, José Antonio Bernal Guerrero, éstos fallecieran juntas el 21 de septiembre del 2005 en el accidente aéreo en el que perdieron la vida nueve personas.

Cuenta el vigilante de las afueras de la iglesia que una mañana, cuando salía del templo, con las prisas Soberanes chocó el automóvil que estaba estacionado delante del suyo en la fila y al romperle el faro, el cuidador le increpó para que resarciera el daño al dueño del carro averiado, ausente en ese momento. «El señor estaba enojadísimo y no quiso pagar un faro que hubiera costado menos de cinco mil pesos». Fue entonces que el cuidador lo reconoció «¡es usted el que sale en las noticias!». La respuesta fue un rápido gruñido antes de huir del lugar.

El ombudsman, como dijimos, recibe un salario superior al de cualquier secretario de estado. Sus colaboradores de segunda línea, como el jefe de prensa, ganan en la práctica 130 mil pesos mensuales, asegura un ex empleado. Está claro que la CNDH necesita ser autónoma para poder vigilar los abusos del poder del Estado; sin embargo, uno de los grandes cuestionamientos de las organizaciones no gubernamentales ha sido la discrecionalidad del gasto del presupuesto de la CNDH. Del año 1999 al 2008 hubo un incremento del 200 por ciento en la partida oficial. Hay quienes aseguran que la protección con que cuenta Soberanes para esta discrecionalidad sólo puede surgir de sus alianzas con el Senado y el Poder Ejecutivo. Cada vez que se le ha cuestionado la falta de transparencia efectiva, tanto en el gasto específico como en su actuación, Soberanes se muestra indignado y expresa su sospecha de que las organizaciones de la sociedad civil intentan destruirlo. En países europeos, los ombudsman son típicamente atacados por el poder formal al que vigilan y protegidos por la sociedad civil que los considera un aliado de ellas; en México, el caso es inverso. A Soberanes, las críticas le parecen una afrenta personal y tiende a descalificar a sus detractores como si a éstos los movieran motivos ulteriores inconfesables, en lugar del derecho legítimo a exigir transparencia de un servidor público.

La Human Righ Watch (HRW) organización creada en 1978 y que defiende los derechos humanos en setenta países del mundo, calificó a la CNDH como un organismo poco transparente y que no rinde cuentas a la sociedad. Su titular, José Luis Soberanes, reaccionó al veredicto con un arrebato de ira. Tenía motivos: el informe internacional presentado en febrero del 2008, afirmaba que ni los cuantiosos recursos económicos calculados en 866 millones de pesos, ni el numeroso personal que está a su cargo han sido suficientes para consolidar a este organismo como un garante de los derechos humanos de los mexicanos. Es un organismo muy costoso que rinde pocos resultados, aseguró la HRW.

En su respuesta a este cuestionamiento, Soberanes aseguró que la CNDH a su cargo es auditada anualmente, pero tales argumentos fueron refutados por parte de José Miguel Vivanco, director de la División Américas de Human Rights Watch (HRW): «Según Soberanes, la CNDH es auditada de manera exhaustiva por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por un despacho… de contadores… [y por] la Contraloría Interna de la CNDH. Si bien la Contraloría Interna realiza auditorías, está estructuralmente subordinada al presidente de la CNDH y es la oficina que solicita a los despachos privados que realicen auditorías cuando las considera necesarias. La ASF sólo auditó a la CNDH en contadas ocasiones y, cuando lo hizo, evaluó una fracción de su presupuesto^[69]». Ante las precisiones de Vivanco, el ombudsman guardó silencio.

Defensor del pueblo, de lujo

Una vecina de Coyoacán que lo ve a las afueras de su casa un domingo cualquiera, lo describe: Soberanes porta una gigantesca camiseta de algodón gris con una mancha en la parte alta del vientre, unos shorts de algodón a cuadros dejan ver sus piernas anchas arriba y delgadas en la pantorrilla. Calcetines blancos y huaraches complementan su atuendo y una gorra con algún logo deportivo le cubre la cabeza. Rara imagen para un hombre que invierte un presupuesto notable en su vestuario.

PRESUPUESTO OTORGADO A LA CNDH

Pesos mexicanos, base 100 = 20(6)

Nota: El presupuesto contemplado para 2009, es de 952 millones de pesos.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disponible en Internet:

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuestos/index.html

Al ombudsman le fabrican especialmente sus trajes y camisas. Las corbatas de seda Hermes y los tirantes son su fascinación, asegura una ex colaboradora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entre los habanos de su afición, siempre los mejores. Tiene una gran colección de mancuernillas de oro blanco y oro amarillo, algunas con sus iniciales y con piedras preciosas; sus lentes son de armazón finísimo de marca, de colores combinados y los calcetines de seda hacen juego con las mascadas que porta alrededor del cuello. Los pañuelos, también de seda, se asoman coquetos por el bolsillo del traje, del lado de su corazón. «La piel fina lo enloquece, ama las carteras Cartier, los portafolios y las bolsas que llaman vulgarmente mariconeras», explica la investigadora. Gusta comprar zapatos de piel fina de fabricación italiana, viaja en primera clase, come en los mejores restaurantes y es sumamente «maniático» con la higiene y los buenos modales cuando está en actos públicos, asegura un ex colaborador del ombudsman. Pero ¿cómo puede pagar el defensor del pueblo trajes Hugo Boss y zapatos Bally? Porque su salario se lo permite. En una ocasión, justo un día después de hacer una declaración a los medios sobre la importancia de que el gobierno federal respetara la austeridad, se le fotografió viajando en primera clase a Europa mediante el pago de un boleto por casi 60 mil pesos. Esta suma es el equivalente a la nómina semanal de una organización que atiende a menores abusados en México.

José Luis Soberanes recibe una compensación salarial que representa siete veces su sueldo básico. Según el último dato conocido, el Defensor del Pueblo ganaba lo siguiente: sueldo base: 20 mil diez; compensación garantizada: 137 mil 404. Es decir, un sueldo real neto de 157 mil 415 pesos después de descontar impuestos y otras deducciones. A esto se deben sumar los viáticos, prestaciones y gastos de viajes que no se incluyen en su salario. Tal es el caso de un bono trimestral de fondo de ahorro (él aporta 15 mil y la CNDH un tanto igual), gastos por comidas en restaurantes 30 mil pesos mensuales, viáticos aproximadamente tres viajes por mes, a razón de 15 mil pesos por viaje, hoteles de cinco estrellas para él y su acompañante, boletos de avión nacionales y al extranjero en primera clase. El gasto mensual del Defensor del Pueblo rebasa los trescientos mil pesos, con cargo al erario^[70].

Dejad que los jóvenes vengan a mí

El ombudsman logra equilibrar su vida personal y de trabajo con gran maestría. Casado con Marilí Diez de Soberanes y con siete hijos, ha mantenido en secreto a su familia y en particular a su esposa, a quien jamás se la ve junto a él. Mantiene una cultura familiar profundamente tradicional. Su esposa es una mujer respetuosa, amable y por demás silenciosa, dicen sus allegados. Una mujer ideal para un hombre público al que siempre se le ve rodeado de hombres.

Las reuniones del Opus Dei, a las que Soberanes asiste cada semana, se llevan a cabo en una casa en la colonia La Florida, en la calle Margaritas 382, en el Distrito Federal. Allí él es uno de los hombres más prominentes de esta agrupación político-religiosa. El abogado constitucionalista es el gran asesor jurídico. Lo ha sido en ocasiones del Arzobispado de México para los temas de libertad religiosa. Pero se da tiempo para hacer un poco de ejercicio.

Diaria y religiosamente acude al gimnasio Sport City de Loreto, aunque cuando no le es posible llegar hasta allá, visita el de Miguel Ángel de Quevedo, pues entre sus prestaciones tiene la posibilidad de pagar la membrecía más cara. En Sport City ha forjado amistades entrañables y cercanas con jóvenes amantes del fisicoculturismo. Dos empleadas del gimnasio de Loreto aseguran que difícilmente habla con las mujeres y recuerdan algún escandaloso incidente con un ex coordinador de ese gimnasio, pero declinan profundizar sobre el tema.

El ombudsman ha dejado huella en el club deportivo al que asiste por órdenes médicas siempre que está en la ciudad. Algunos de estos jóvenes, de pieles tersas, pechos depilados, cuerpos esculturales y rostros envidiables por su belleza casi núbil, trabajan a su lado; a ellos les busca puestos en el área de prensa o simplemente como asesores. Durante horas se encierra en sus oficinas a charlar con «los efebos». Dos visitadores de la CNDH aseguran que nadie sabe bien a bien quién creó ese mote de «los efebos», pero pude escucharlo más de una decena de veces como producto de lo que los burócratas de los derechos humanos llaman el radio-pasillo de la Comisión.

Esta costumbre de rodearse de jovencitos no es nueva, aseguran dos abogados que hace doce años fueron sus colaboradores y que piden omitir sus nombres por motivos personales. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas estableció, desde principios de los años noventa, programas para convocar a estudiantes de provincia muy jóvenes para venir al Distrito Federal a hacer estancias de verano y para trabajar como sus asistentes. En general, jóvenes de provincia o de la ciudad de México que trabajaban con él duraban poco tiempo en el Instituto. Se comenta que uno de ellos terminó en Irlanda lavando platos en un restaurante. «Nos llevaba a todas partes, siempre tenía un consentido y aseguraba que nos reprendía porque era nuestro vigía moral y espiritual».

Como en otros aspectos, José Luis Soberanes muestra contrastes más que evidentes. Su religiosidad ortodoxa le impide admitir públicamente su cercanía con jóvenes homosexuales, aunque no todos los Efebos lo son. Su laxitud para admitir las relaciones erótico-sexuales entre varones no es ningún secreto. Algunos defensores de la diversidad sexual revelan que el ombudsman es un aliado de esa causa de derechos humanos. Esta opinión contrasta con la de defensoras de los derechos de las mujeres que lo han calificado como «misógino» y «machista».

El 20 de abril del 2002, ante la exigencia de la sociedad civil de dar seguimiento a las denuncias de pederastia clerical hechas por víctimas del padre Marcial Maciel, ante las preguntas expresas de reporteros, la CNDH, a través de Soberanes, informó que estaba «fuera de su competencia» la investigación relacionada con los infantes que fueron violados por religiosos y aseguró que tendrían que ser las procuradurías de justicia de cada estado quienes indagaran las denuncias respectivas. Sin embargo, el 26 de abril —seis días después— durante un acto en Cuernavaca, Morelos, el presidente de la CNDH, asesorado por su jefe de prensa, ante las ya públicas sospechas de que el ombudsman pudiera estar solapando a pederastas, condenó a los abusadores sexuales y propuso que se aplicara la ley en contra de aquellos sacerdotes que violaran sexualmente a menores. Se sabía entonces que todos los acusados pertenecían a la orden religiosa del Regnum Christi o Legionarios de Cristo, una organización con serias diferencias con el Opus Dei.

Sus valores se ponen a prueba cuando de sus amigos se trata. Carpizo Mac Gregor asegura que «algunos de los contratos que se han firmado.

Para la redacción de libros de la CNDH son millonarios; hasta casi dieciséis veces lo que percibe anualmente como salario un investigador titular C de tiempo completo. Increíble, realmente increíble», dice moviendo la cabeza el jurista. «Los contratos se han otorgado por razones de amistad o para granjearse simpatías políticas». Carpizo no se queda allí: asegura que en varias comisiones los encuentros académicos que organizan están lejanos al tema de los derechos humanos y en cambio se utilizan para invitar a amigos y para promociones personales de amigos entrañables.

En febrero de 2000, la reportera Silvia Magally de Comunicación e Información de la Mujer (ClMAC), publicó una nota en la que describía una muestra de la vinculación del ombudsman con la iglesia católica: «Organizaciones no Gubernamentales (ONG), reprobaron la participación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, dentro del Congreso “Jesucristo, Encarnación de Dios, jubileo de la Sacralidad de la Vida Humana” —convocado por la Iglesia Católica—, ya que con su sola presencia, respalda la política que esta institución eclesiástica, tiene respecto a los derechos reproductivos y la planificación familiar. José Luis Soberanes participó con su ponencia: “El derecho a la vida en los Estados Constitucionales Modernos”. En tanto, María Consuelo Mejía, dirigente de “Católicas por el Derecho a Decidir”, cuestionó la participación del presidente de la CNDH en un acto donde no se respetaban los derechos humanos de las mujeres^[71]».

En noviembre de 2003 y en septiembre del 2004, como preámbulo a su reelección, Soberanes organizó dos grandes congresos nacionales en dos de los sitios turísticos más caros del país: Puerto Vallarta y Playa del Carmen. En hoteles de lujo y pagando todos los gastos de los cientos de invitados, la CNDH erogó 5 millones 716 mil 475 pesos en Vallarta y casi lo millones en Quintana Roo. Entre sus invitados había organizaciones que firmaron cartas para solicitar su reelección ante el Senado de la República, entre ellas muchas que nada tienen que ver con los derechos humanos y mucho con el tráfico de influencias y amistades; como la Organización de Productores del Maguey y el club de futbol «Pumitas», de Baja California.

Los vínculos del titular de CNDH con políticos de alto vuelo son públicamente reconocidos. Pablo Escudero Morales, su consentido y Oficial Mayor de la CNDH, es un joven al que conoció en el gimnasio e invitó a trabajar a su lado. Recientemente, Pablo se casó con Sylvana Beltrones Sánchez, la hija del polémico priista Manlio Fabio Beltrones.

El 15 de febrero del 2006, un día después de que salieron al aire las llamadas telefónicas entre Kamel Nacif, Mario Marín y otros colaboradores del empresario libanés, los medios entrevistaron al ombudsman, pues Kamel Nacif asegura en una de ellas que podría parar el impacto del caso pidiendo ayuda a su «amigo Soberanes de la CNDH». Ante la pregunta expresa del reportero Héctor Guerrero de Noticieros Televisa, Soberanes, en tono nervioso, respondió: «¿Quién hizo las intervenciones telefónicas? Hay que ver si no fue un organismo responsable del Estado. Me preocuparía que fuera un organismo de seguridad del Estado mexicano, que son los que tienen la tecnología para hacer este tipo de intervenciones telefónicas». Y se deslindó de cualquier responsabilidad. «Bueno, soy amigo de Kamel Nacif, pero conmigo no hablaron en lo más mínimo y si me hubieran hablado, yo les hubiera dicho lo mismo que a ustedes: que no podemos nosotros intervenir porque tenemos una queja abierta de Lydia Cacho» (www.esmas.com).

Soberanes informó al reportero que la CNDH integraría al expediente que ya tenía abierto, las grabaciones telefónicas que se hicieron públicas e hizo un recuento de los casos de agresión contra reporteros y dijo que éstos se han incrementado en un 60 por ciento al pasar de 43 en el año 2004, a 72 en el 2005. «El 2004 y el 2005 han sido los años negros para la actividad y labor de los periodistas, reporteros, directivos y miembros de los medios de comunicación», aseguró Soberanes.

Zongolica y el CSI de Soberanes

La intervención de Soberanes en los casos de mayor trascendencia política de los últimos años: Oaxaca, Atenco y Zongolica, parecería confirmar los temores de aquellos que consideran que su presidencia ha servido para proteger los intereses de la clase política. Y eso a pesar de que en estas coyunturas estuvo asesorado por el periodista Guillermo Ibarra, un liberal que le cuidó las espaldas con estrategias dignas del mejor politólogo.

Por lo que toca a la crisis de Oaxaca y el consiguiente enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del gobernador Ulises Ruiz, es frecuente encontrar declaraciones impecables de Soberanes, que lo presentan como un defensor férreo de la legalidad. Sin embargo, fue señalado por las diputadas Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género y los legisladores Javier González Garza y Aleida Alavés Ruiz, quienes denunciaron al ombudsman porque éste entregó ilegalmente a la Secretaría de Gobernación el contenido del informe especial sobre Oaxaca. Por debajo de la mesa, acordó con el titular Francisco Ramírez Acuña que éste le hiciera llegar sus observaciones al texto en un plazo máximo de 72 horas. Soberanes no solamente violó el artículo cuarto del reglamento de la CNDH, que establece que ese organismo «no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno», sino que además utilizó ilícitamente la información que se encontraba bajo su custodia y con ello se alió con el Secretario de Gobernación y con el titular de Seguridad Pública Federal, «para tomar medidas contrarias a la ley, lo que afecta las garantías ciudadanas». El Defensor del Pueblo que debía velar por los derechos de los detenidos y asesinados por el gobierno de Ulises Ruiz y había declarado sobre ello, tendió una trampa a quienes confiaron en sus visitadores al narrarle los hechos de abuso de la autoridad policial oaxaqueña. La Segob pasó una copia de este informe al propio Ulises Ruiz.

Hubo 21 personas asesinadas, alrededor de 370 lesionadas, 306 detenidas, unas 300 perseguidas y más de 100 desaparecidas. De los 306 presos, 214 fueron capturados el 25 de noviembre —entre ellos cuatro extranjeros— a raíz de los enfrentamientos entre miembros de la APPO y fuerzas del «orden» (incluyendo a los provocadores), que ocasionaron daños materiales calculados en más de 60 millones de pesos. Unos 170 detenidos fueron llevados a centros penitenciarios de Nayarit, Tamaulipas y Jalisco. En el penal de San José del Rincón —a 15 kilómetros de Tepic, Nayarit— fueron recluidas 141 personas (106 hombres y 35 mujeres), entre las cuales había algunas menores de edad. Tras pagar una fianza de 108 mil pesos cada una, fueron liberadas tres de ellas y luego se sumó una más, por lo que 139 seguían presas. Más de cien personas eran transeúntes que no participaron en la manifestación de aquel día y fueron detenidas arbitrariamente y torturadas antes, durante y después de su traslado; las 139 estaban acusadas de rebelión, sedición, delincuencia organizada, asociación delictuosa y daños por incendio. Éste era un caso para demostrar si el ombudsman protegía o no a la sociedad civil, inocente hasta probarse lo contrario, pero el dirigente eligió aliarse con el poder al que su consigna exigía supervisar y señalar.

En el caso Atenco, las contradicciones se hicieron presentes de igual manera. Eduardo Medina Mora quien durante las aprehensiones fuera secretario de Seguridad Pública y luego procurador general, aseguró que no había nada que investigar en la Fiscalía Especial de Delitos contra Mujeres porque él mismo estuvo presente en esos operativos de la PFP y «no se violaron ningunos derechos». En respuesta, Soberanes afirmó: «En México se corre el riesgo de que la justicia se pierda cuando un funcionario, acusado de la comisión de un delito, se convierte en juez y parte». Sin embargo, él mismo colaboró en el fortalecimiento de ese esquema.

Lo cierto es que fueron las organizaciones internacionales de derechos humanos las que presionaron a la opinión pública, luego de las declaraciones de las jóvenes españolas, detenidas y violadas en el operativo, que describieron los abusos de los que fueron objeto por parte de los efectivos de la PFP. La respuesta de la CNDH fue tibia y tardía y sólo como resultado de la repulsa internacional.

Más preocupante fue su actuación en el caso de la indígena Ernestina Ascensio, en Zongolica, Veracruz. Uno de los asesores de prensa de la CNDH me describió en detalle, durante una entrevista personal, el ambiente que primaba en las oficinas de la dependencia durante este caso. José Luis Soberanes había dicho que se sentía muy presionado por las autoridades y que culpabilizar al Ejército por la violación y asesinato de una anciana indígena sería un golpe para la presidencia. Su asesor le recomendó que no dijera nada «no opine, deje que concluyan las investigaciones de los peritos de Veracruz y simplemente presentamos el dictamen», pero el ombudsman ya había tomado una decisión.

La agencia de noticias CIMAC narra un informe del caso. El 25 de febrero de 2007, la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario murió víctima de una violación múltiple, cometida por cuatro elementos del Ejército Mexicano. El informe del médico forense detalla que la mujer murió por fractura de cráneo, hemorragias internas y sangrado anal propiciado por una penetración múltiple. Por ello se inició la investigación, asentada en las averiguaciones previas 140/07 y 471/07, en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y en la Agencia del Ministerio Público Investigador, respectivamente. Posteriormente y ante las «omisiones» halladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el informe forense practicado a la mujer náhuatl, afirmó la dependencia, el 9 de marzo de 2007, el cuerpo de la víctima fue exhumado por personal de la misma y de la Procuraduría del Estado.

Días más tarde y antes de que la CNDH presentara los resultados dela exhumación, los diarios publicaron una declaración de Felipe Calderón que conmocionaría a la opinión pública: la señora «falleció de gastritis crónica no atendida», dijo el presidente, deslindando veladamente de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena^[72]). El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, dijo tres días después que la muerte se debía a causas naturales y que no se podía asegurar que hubiera existido violación. A través de un comunicado, el organismo especificó que había muerto a causa de «úlceras gástricas» que le provocaron una «anemia aguda». De esta manera, avaló la versión de Calderón.

El 29 de marzo del 2008, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV) indicó que los médicos legistas que participaron en la necrocirugía y la exhumación del cadáver de la señora, después de la cual afirmaron que fue violada, fueron puestos bajo investigación con el expediente 61/207 y serían sancionados si se comprobaba que incurrieron en omisiones o alteraron datos en el reporte de la autopsia. Los profesionales suspendidos y puestos bajo investigación fueron María Catalina Rodríguez, Ignacio Gutiérrez Vázquez y Juan Pablo Mendizábal, peritos veracruzanos.

Esta acción en contra de los forenses se desprendió de lo dicho por la CNDH: que la mujer originaria de Tetlazinga, municipio de Soledad Atzompa, de la sierra de Zongolica, no murió por lesiones derivadas de abuso sexual, sino por muerte natural. Sin embargo, a pesar de la denuncia interpuesta por el propio presidente de la CNDH en su contra, el médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez defendió su dictamen inicial, en el que certifica que Ernestina Ascencio sufrió traumatismo craneo encefálico, luxación de vértebras cervicales y que le fueron encontrados en el recto residuos de fosfata ácida y p30, sustancias propias del semen. Además, reiteró que el personal de la CNDH que participó en la exhumación del cuerpo de la indígena en ningún momento solicitó tejidos de la piel de la anciana para practicar algún tipo de estudio, limitándose únicamente a la observación del trabajo del personal de la PGJEV de Veracruz y de especialistas forenses, quienes reafirmaron el dictamen inicial de Mendizábal Pérez. El Defensor del Pueblo nunca pudo aclarar qué le llevó a invertir tantos recursos y energías en un pleito penal contra la Procuraduría de Veracruz.

La ONU y otras molestias

Según diversas notas periodísticas, en 2008 Soberanes se alió al presidente Felipe Calderón para expulsar del país al representante de los Derechos Humanos de la ONU en México, Amérigo Incalcaterra, luego de las críticas de esa organización al trabajo de la CNDH. «La política del gobierno mexicano es esquizofrénica», dijo Irene Zubaida Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional, al concluir su visita de trabajo a México. Luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, él través de Florentín Meléndez, determinó que la impunidad persiste en temas como la tortura, los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, los crímenes contra periodistas y las desapariciones forzadas.

Soberanes arremetió contra sus críticos. Lo mismo hizo con el amplio informe de Human Rights Watch (HRW), que incluso evaluó al propio ombudsman. Las respuestas de José Luis Soberanes fueron lapidarias, casi tanto como las del presidente Calderón o las del secretario de Gobernación, Camilo Mourinho, quienes salieron en su defensa. La réplica por parte del titular de la CNDH descalificó el informe de HRW y resaltó los logros y el papel constructivo de su institución, dando ejemplos de algunas acciones del organismo, como el haber documentado la matanza de Aguas Blancas en 1995 o las denuncias sobre detenciones ilegales, tortura y ejecuciones extrajudiciales. El ombudsman se refugió en el argumento de que la CNDH cuenta con un mandato limitado, que edita muchas publicaciones y que se le exige más de lo que su mandato le permite hacer. Este argumento fue cuestionado por HRW, por el Proyecto Atalaya, por FUNDAR y una veintena de ONGS especializadas.

El informe de HRW concluía: «la CNDH no cumple bien con su labor». Personal del equipo de HRW me dijo: «El ombudsman debe trabajar para proteger los derechos y la dignidad de los gobernados del abuso de los gobernantes, pero Soberanes parece que fue contratado para proteger a quienes gobiernan».

A principios de 2008, Amérigo Incalcaterra fue retirado de México como representante de la oficina de Derechos Humanos de la ONU. Aunque la versión oficial argumentó razones burocráticas, el círculo cercano al funcionario confirmó que se trataba de una concesión que el gobierno mexicano había conseguido luego de presionar a sus más altas esferas del propio organismo. Algunos analistas no dejaron de advertir los favores que habían intercambiado, en menos de un año Calderón y Soberanes: Zongolica VS representante de la ONU.

Ex colegas de Soberanes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explican que hay una veta xenófoba en el ideario del ombudsman. El dirigente suele mostrar un desprecio especial hacia quienes militan en la izquierda o, paradójicamente, hacia defensores de los derechos humanos o sobrevivientes de dictaduras. «Son varios los casos que se dieron entre 1990 y 1998, cuando un grupo de eminentes investigadores refugiados de Chile y Argentina entró al Instituto», cuenta María de la Luz Mijangos, ex investigadora de la institución. «Soberanes se quejaba de ellos despectivamente, tanto por su calidad de extranjeros como por su militancia progresista, al grado de que saboteó junto con un joven del Opus Dei para “sacarlos a la mala”. Muchas fueron las ocasiones en que Soberanes se indignaba ante la opinión de extranjeros sobre cualquier asunto mexicano», afirma la académica.

Las mujeres y el aborto

Dueño de una amplia cultura y un lenguaje típico de jurista ilustrado, Soberanes rara vez se descompone al expresarse, pero dos temas suelen romper su compostura y sacarlo de quicio: las críticas de su ineficacia y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En tales ocasiones, su rostro suele enrojecerse, las carnes que le cubren el cuello y las mejillas, tiemblan, su respiración se entrecorta, sus pequeñas manos se empuñan como las de un niño rabioso, la saliva le enmarca las comisuras de los labios. Ante la exigencia de los grupos feministas que exigen su renuncia por contravenir los derechos humanos de las mujeres, responde: «que se sienten para que no se cansen de esperar, porque no vaya renunciar. El derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo en la concepción es un machismo al revés. Lo dice la Constitución: Lo que es plano no es chipotudo». Las feministas afirman que no encuentran ese artículo chipotudo de la Constitución, por más que lo buscaron.

Más que titular de la CNDH, Soberanes ha sido un militante implacable en materia de prohibición del aborto. Los legisladores Ricardo Ruiz, Víctor Hugo Círigo y Nancy Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Díaz Cuervo, del Partido Alternativa; Tonatiuh González, del Partido Revolucionario Institucional y la diputada federal Aleida Alavéz Ruiz, entregaron a la Contraloría Interna del organismo un documento en el que solicitan investigar la actuación de José Luis Soberanes por no defender los derechos humanos de las mujeres y exigieron, además, que sea sometido a un juicio político y con ello se proceda a la destitución de su cargo. Díaz Cuervo aseguró que Soberanes es el único ombudsman en el mundo que se ha opuesto a la despenalización del aborto, pues en los cincuenta y cuatro países donde ya se despenalizó, dirigentes de su rango y responsabilidad han estado del lado de las mujeres. «Por eso es tan indignante, pues le da la espalda a las mujeres y pretende imponer su moral religiosa. No es un defensor de los derechos humanos sino de su religión yeso no se hace al frente de una institución tan importante como la CNDH^[73]».

En 1977, luego de la segunda Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto, convocada por la Coalición de Mujeres Feministas (CMF), las feministas presentaron a la Gran Comisión de la Cámara de Diputados el texto final de los trabajos, en el que rechazan el aborto como un medio de control natal y defienden la maternidad voluntaria.

En respuesta, en 1978 nació como asociación civil el Comité Nacional Provida, que enarbola «la defensa de la vida». En 1979, las feministas marcharon vestidas de negro en memoria de todas las mujeres muertas al practicarse abortos clandestinos. Ello de mayo de dicho año se instituyó el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria. En 1980, las diputadas María Luisa Oteysa y Adriana Luna Parra enviaron una carta al presidente José López Portillo, en la que solicitaban que «el aborto, aun como último recurso, constituye una solución a la que toda mujer tiene derecho y que requiere de atención médica reconocida y capacitada… La penalización del aborto viola a todas luces el espíritu de nuestra Constitución». Como candidato a la Presidencia de la República, Miguel de la Madrid Hurtado se refirió a la despenalización del aborto. Ya como presidente, en la Reunión Nacional sobre la Mujer, efectuada en 1982 en Colima, autorizó al Conapo a promover leyes más severas contra los violadores, así como la creación de un organismo que defendiera los derechos de las mujeres. En 1989 apareció un anteproyecto de Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, sobre la despenalización del aborto, sin que prosperara.

En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del DF que permiten a las mujeres decidir la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.

En mayo del 2007, se interpuso un recurso de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovido por el ombudsman nacional José Luis Soberanes y por Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República. Al interponer el recurso ante la Suprema Corte, Soberanes ignoró a su Consejo Consultivo, que le había cuestionado tal activismo, sin recibir una respuesta verosímil. El Consejo de la CNDH es un órgano colegiado; Jorge Carpizo asegura que las razones para la creación del Consejo al fundar la CNDH fueron las siguientes:

a) existía, y con razón, desconfianza de la sociedad hacia cualquier órgano creado por el poder ejecutivo;

b) el presidente de la CNDH iba a enfrentarse a los grandes violadores de derechos humanos, principalmente miembros de procuradurías y corporaciones policiacas y se quería que tuviera el respaldo de personalidades nacionales con prestigio y credibilidad;

c) para que desempeñara funciones parecidas a las de un órgano legislativo interno, que discutiera y aprobara los aspectos generales e importantes de la Comisión;

d) para que fuera una especie de contralor de la misma. Soberanes sabía que su Consejo nunca aprobaría el proyecto de inconstitucionalidad del aborto, por eso los ignoró premeditadamente.

El proyecto de sentencia de la Suprema Corte fue elaborado en tan sólo tres días por el ministro Salvador Aguirre Anguiano —quien votó en 2007 a favor de la protección de Mario Marín y las redes de pederastas—. En él afirma la inconstitucionalidad de la ley que permite la interrupción del embarazo.

Una de las visitadoras que aún trabaja en la CNDH, me aseguró que durante la primera batalla mediática sobre el aborto, el ombudsman dijo a uno de sus jóvenes asistentes: «ahora siento que renové el propósito de dirigir mi vida entera al cumplimiento de la voluntad divina: a la Obra de Dios». La abogada no sabía que Soberanes parafraseaba a Monseñor Escrivá de Balaguer. Se encontraba emocionado hasta las lágrimas con la posibilidad de ser él mismo quien derrocara al movimiento feminista y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en un tema por demás importante para él y para el movimiento religioso al que pertenece.

Marcela Lagarde, antropóloga y una de las expertas con mayor reconocimiento en el tema, señaló sobre los planteamientos de la corriente que representa Soberanes que: «la ideología que subyace en el supuesto debate de los últimos días, que carece de pruebas, es misógina y de ninguna manera es un intercambio de puntos de vista». Esta ideología se niega a aceptar a las mujeres como sujetos de derechos, ciudadanas dueñas de sus cuerpos, toda vez que confiere a los cigotos, embriones y/o fetos una condición humana, de la cual carecen, por encima de la de las mujeres. «Las mujeres son colocadas en posición de inferioridad y tratadas como delincuentes, mientras que los hombres se han colocado a un lado del producto», por lo que preguntó: «¿Del lado de las mujeres quién se coloca?». Aunado a ello, los mismos hombres misóginos que alardean sobre conceptos como el derecho a la vida y no al aborto, han sido capaces de «achicar el proceso de gestación. Mientras que para las mujeres un ser humano se forma a lo largo de nueve meses, para ellos el feto, el embrión, una célula o un cigoto es equivalente a un niño».

En resumen, señaló la etnóloga feminista, éstos son hombres fascirudos con usurpar autoritariamente el derecho de las mujeres sobre su sexualidad, porque el aborto y el embarazo son sustento fundamental de sus derechos como humanas que han tenido que construir a lo largo de por lo menos los últimos treinta años.

El 25 de agosto, la Suprema Corte de la Nación (SCJN) inició la discusión para que el pleno de ministros decidiera si la ley seguiría permitiendo a las mujeres ejercer su derecho a decidir en el Distrito Federal. Soberanes se mostraba orgulloso de su intervención para penalizar el aborto nuevamente, los grupos de las coaliciones religiosas esperaban celebrar al ombudsman como el verdadero héroe de los derechos de los no nacidos. Sin embargo, de manera unánime y en un revés al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora y al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, el 28 de agosto del 2008, el pleno de la SCJN determinó lo contrario. De los once ministros, ocho dictaminaron que es facultad y competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) legislar en materia penal y de salud, definir conceptos de embarazo, aborto y cuestiones materno-infantiles, así como establecer sanciones. La primera batalla se había perdido, pero Soberanes, luego de consultas con su grupo del Opus Dei y más tarde en un comunicado con miembros del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, ha replanteado su estrategia. Con ímpetus renovados, los grupos de Provida se han ido insertando en los partidos con vistas a las próximas elecciones intermedias del Distrito Federal en 2009.

Educación de buenos cristianos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos exige entre otros derechos mínimos, el acceso a la educación gratuita y de calidad. José Luis Soberanes ha hecho de la demanda por la educación una de sus banderas. Ha sabido unificar sus criterios personales con aquellos de los grupos conservadores que consideran que la salvación del país está en la familia tradicional, en la cercanía de Dios y el pueblo. En nombre de esa pasión, el ombudsman trabajó afanosamente en la elaboración de un libro para la reforma del Artículo 130 Constitucional, que da reconocimiento jurídico a la Iglesia. El defensor del pueblo está abiertamente en contra del laicismo en México.

Es por ello que Soberanes pertenece y trabaja activamente con el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, fundado en Lima, Perú, en el año 2000. El consorcio cuenta con un sitio web (www.libertadreligiosa.net) alimentado con información proveniente de agencias católicas como ACI y Noticias Eclesiales, manejadas por los grupos peruanos denominados Sodalicio de Vida Cristiana y Zenit. Esta fuerte red internacional no solamente defiende a los jerarcas católicos, además promueven el ecumenismo tendiente a fortalecer los vínculos de los gobiernos de diferentes países con los valores religiosos.

Entre los miembros del Consorcio encontramos, además del ombudsman mexicano, al peruano José Antonio Calvi del Risco, quien en los años noventa fue abogado del episcopado de ese país; al argentino Norberto Padilla, quien además de participar en organizaciones y proyectos del clero ha sido subsecretario y secretario de culto en su país. Entre otros mexicanos se encuentra Raúl González Schmal, militante panista que en 1975 presidió ese Partido y que colabora también con organizaciones como el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), creado por el empresario Lorenzo Servitje. A él pertenecen también Álvaro Castro Estrada, quien durante el sexenio foxista fue director general de Asociaciones Religiosas, en la Segob; así como Horacio Aguilar, quien ha sido apoderado legal de la Arquidiócesis de México, al igual que comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y fue hace unos años el candidato de Norberto Rivera para ocupar la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Una de las bases del consorcio es abatir los principios del estado laico; es por ello que en noviembre de 2005, la CNDH y la Secretaría de Gobernación promovieron el Coloquio de la CLLR, dedicado al «Derecho Eclesiástico del Estado en Latinoamérica». En él se juzgó con enardecimiento la idea de implantar la enseñanza religiosa y se desestimó al laicismo en México.

Será melón, será sandía

Cuando la misión es clara, los caminos son diversos. Eso le resulta evidente al presidente de la CNDH. Cuando José Luis Soberanes estaba seguro, como millones de personas en México, que los diez puntos de ventaja que Andrés Manuel López Obrador llevaba en las encuestas de la carrera presidencial eran irrebatibles, se acercó a AMLO e hizo declaraciones puntuales sobre la inconstitucionalidad del desafuero.

El jueves 17 de febrero de 2005, Roberto Garduño y Enrique Méndez, reporteros de La Jornada, entrevistaron a Soberanes al respecto. Muy afable se explayó sobre el tema:

—¿Como defensor de los derechos humanos, usted considera que procede el desafuero contra el jefe de Gobierno?

—Yo, como presidente de la CNDH, no puedo opinar porque no es parte de mi competencia. Me voy a permitir hacerlo a título personal, como profesional del derecho. Creo que el desafuero del jefe de Gobierno no es procedente. Mire, no sé si él quebrantó la suspensión o no, no le podría decir, pero suponiendo que lo haya hecho, no tiene pena. Hay un principio jurídico que dice que no hay delito sin pena: lo dice así una forma latina: nullum crimesina poena[…]. Recordemos que la materia penal es de estricto derecho; aquí no se puede aplicar la analogía, sino como les digo, el estricto derecho. Creo que un juez federal no le podría iniciar proceso, porque no hay una pena contra esta situación. Entonces no procede, lo tiene que dejar en libertad por falta de méritos, punto.

—¿Entonces se impone el carácter político en el tema?

—Sí, claro. No es una cosa jurídica si no entrevemos una especie política; y además se revertiría a favor del jefe de Gobierno, porque no siendo procedente se lo desaforó y entonces el beneficio político sería para él.

—En caso de proceder el desafuero, ¿qué pasaría con los derechos de López Obrador?

—Por eso les digo, no procede; ahora, si a pesar de que no procede y lo quieren desaforar o lo hacen, a pesar de no proceder, pues un juez de distrito no lo puede sujetar a proceso, porque no hay supuesto legal.

Un juez lo tendría que declarar en libertad absoluta, porque no hay de otra.

—El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, insiste en que el proceso de desafuero se originó por un conflicto entre particulares…

—No, imagínese si va a ser entre particulares […] Lo que se pretende es quitarle esta inmunidad que tiene para someterlo a proceso; entonces, no es un asunto entre particulares, simple y sencillamente es algo del régimen constitucional, de las instituciones fundamentales de este país.

—¿En qué momento intervendría la CNDH?

—¿Qué es lo que ha sucedido en otros casos? Es muy interesante. ¿La Procuraduría General de la República, qué ha hecho? No ha ejercido la acción penal. Hay el precedente reiterado que la PGR se ha negado a ejercitar la acción penal por violación a la suspensión. Entonces lo que no puede hacer la Procuraduría es que en todos los casos mande el asunto al archivo y no ejercitar la acción… y en este caso, sí ejercitarla. Sería verdaderamente incorrecto. La dependencia debe actuar siempre con el mismo criterio.

—¿La CNDH actuaría una vez iniciado el proceso penal?

—En el momento de ejercitar la acción penal, porque estaríamos precisamente en una situación de discriminación. ¿Por qué? Porque en otros casos no lo han ejercitado y ahora sí, pues entonces, ¿dónde está el principio de igualdad que proclama el artículo primero de nuestra Constitución? Nunca se ha metido a la cárcel a ningún servidor público por violar una suspensión. Por lo tanto, no tiene por qué hacerse ahora.

La extraña observación de Soberanes sobre la impunidad sistematizada por la PGR para someter a proceso a servidores públicos es de llamar la atención. En primer lugar nunca dice «impunidad», sino que habla de que la PGR no ha ejercido acción penal y por eso en el caso de Andrés Manuel López Obrador, si se le aplicara la ley, habría discriminación. Unos días después el Senado de la República llamó la atención de Soberanes y el periódico El Universal consignó declaraciones de legisladores sobre la posible salida de Soberanes si se «inmiscuía en asuntos políticos que no le competen». El ombudsman jamás volvió a referirse al desafuero.

Cuando, bajo fuertes acusaciones de fraude electoral, Felipe Calderón, tomó protesta como Presidente de la República, Soberanes sabía que tendría que resarcir su imagen con el nuevo mandatario. El caso de Ernestina Ascensio, revelado por La Jornada, según sus colaboradores más cercanos, fue la moneda de cambio.

Soberanes estaba en su oficina, luego de hablar con algunos de sus asesores explicando la petición que le había llegado de Los Pinos, su jefe de prensa, Guillermo Ibarra, le insistió que no declarara nada. «Espere a que los peritos especialistas entreguen sus reportes», le insistió Ibarra, pero la necesidad perenne de ser aceptado por los dueños del poder, llevó a Soberanes a declarar que Ernestina Ascensio había fallecido de gastritis crónica. Al día siguiente, el Chuby había renacido en su oficina, todos los medios, por casi todos los flancos cuestionaban la declaración de Soberanes. Ricardo Rocha dijo en su editorial de Detrás de la Noticia: «[El ombudsman] chilloteaba desesperado, preguntando casi al borde del llanto, como un niño al que le arrebataron su pelota. ¿Por qué ese encono de los medios? Por los pasillos de la CNDH esa semana, corría un chiste de mal gusto “¿Saben de qué murió Ernestina?: De lo que diga el presidente. ¿De la CNDH? ¡No hombre, de la República!”.

A José Luis Soberanes se lo ama o se lo odia, aseguran activistas sociales, feministas, políticos y defensores de Derechos Humanos. Lo cierto que este polémico personaje ha sido capaz de mantenerse durante nueve años al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos haciendo una carrera política y tejiendo redes de amistades poderosas, tanto entre funcionarios, dirigentes de Partidos, como entre empresarios e incluso con algunos millonarios sospechosos de estar vinculados con el crimen organizado y la trata de menores (como es el caso de su amistad con Kamel Nacif).

¿Y la inseguridad?

Jorge Carpizo Mac Gregor se ha convertido en un crítico de la pasividad de Soberanes con respecto al aumento de la inseguridad pública y el flagelo que representa para los ciudadanos. En los últimos años, a partir de la primera manifestación (la marcha ciudadana contra la inseguridad de 1997), la CNDH debió hacer recomendaciones y señalamientos sobre este problema —afirma el ex Procurador—. La CNDH tendría que haber hecho estudios y estadísticas sobre la corrupción e ineptitud de los funcionarios públicos, sobre la impunidad galopante, sobre la preparación técnica y práctica de los agentes del ministerio público y de la policía, sobre la administración de justicia; delinear proyectos de ley y trabajos serios sobre la seguridad pública. ¿Es que en estos once años no se ha percatado de esta terrible problemática?, ¿tas quejas que recibe no se refieren a ella?»^[74].

Carpizo se pregunta: «¿Es que la CNDH no siente que tiene cuando menos un granito de responsabilidad en la situación de inseguridad en la cual México se encuentra horriblemente sumergido? Si su finalidad es la defensa y protección de los derechos humanos, ¿qué ha hecho en estos once años? Solicitar más y más presupuesto (y gastarlo superfluamente, no en las funciones sustantivas) e intentar crearse buena imagen derrochando recursos en medios de comunicación». En esta situación, asegura Carpizo, tiene también responsabilidad la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que no le ha solicitado a la Comisión Nacional explicación alguna. Al contrario, varios de los miembros de esa comisión de la anterior legislatura, al quedarse sin trabajo, recogieron los frutos de su connivencia, cuando menos uno el más importante, se convirtió en funcionario de la CNDH, con una remuneración envidiable. «Por eso estamos como estamos», concluye Carpizo.

Pero él no es el único con preguntas para Soberanes y para el Senado: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, Red por los Derechos de la Infancia, Fundar, y otras noventa organizaciones civiles han estudiado, analizado y cuestionado a Soberanes, sin más respuesta que una rabieta del ombudsman, quien se percibe blindado por el poder. En cuatro ocasiones, el programa Atalaya —conformado por especialistas y estudiosos surgidos del ITAM y FLACSO—, ha reprobado la actuación de la CNDH en materia de acceso a la información, en especial por no facilitar el acceso a las averiguaciones que no terminan en recomendación. Ante estos señalamientos, Soberanes ha reclamado un «complot en su contra» o «una falta de comprensión de los especialistas sobre lo que significa transparencia». El titular de la CNDH ha dicho que «les he mostrado los expedientes en la oficina cuando me lo han pedido», aludiendo a alguna forma de favoritismo malentendido. El reclamo de Atalaya ha sido que el acceso a la información no puede ser diferenciado y dosificado personalmente por Soberanes. Él ha ignorado estos llamados.

Ni las víctimas, ni los quejosos pueden tener fácil acceso a sus propios expedientes y no existe claridad sobre los métodos de conciliación entre las víctimas y las autoridades. El burocratismo y la discrecionalidad predominan en la institución pese a un presupuesto de 79 millones de dólares para 2008 y un contingente de más de mil empleados. Para 2009 se contempla un presupuesto de 952 millones de pesos.

La CNDH asegura que el 90 por ciento de sus quejas se resuelve a través de la conciliación; sin embargo, se niega a explicar qué sucede y en qué estado se encuentran aquellas quejas en las que no se medió con el agente del estado violador de garantías, sino por el contrario, las violaciones se acrecentaron y las amenazas también. El argumento de que esos expedientes son clasificados, es la salida fácil para Soberanes. Hay gran opacidad en el acceso de ciertos servidores públicos y sus representantes legales a expedientes de quejas, particularmente de periodistas. Aunque está claro que dentro de la CNDH, como «en cualquier institución hay personas éticas y responsables, con una convicción sobre la importancia de la protección de los Derechos Humanos en un México colapsado por la violencia, también es cierto que el maestro instruye bien a sus pupilos. La visitadora adjunta Ingrid Herrera ha dicho sobre el informe de HRW que “no se vale que los extranjeros vengan a criticarnos”, como si de una fiesta privada se tratase. Varios colegas reporteros de diferentes medios coinciden en haber escuchado a algunos visitadores quejarse, al igual que Soberanes, sobre “lo criticones y malintencionados que son los medios mexicanos con la CNDH” o lo “exagerados que son los de Amnistía Internacional”. Olvidan que a la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, Soberanes declaró que Fox le dejaba a su sucesor una “herencia maldita en materia de derechos humanos, que quedaban pendientes muy graves como el aumento de la tortura y de la impunidad^[75]”».

¿Un ministro de Dios en la Suprema Corte? Se han documentado intervenciones de Soberanes con los gobernadores de Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa, Distrito Federal, Guerrero, Chiapas y Querétaro para que los ombudsman locales no fueran re elegidos, porque los consideraba personas liberales o de izquierda. Logró imponer a sus propios candidatos en varios estados, proponiendo alianzas en temas que personalmente le interesan. Se ha documentado su intervención para premiar y castigar a representantes del Estado de México, Durango, Campeche y Aguascalientes. Al hacer un Pacto de Unidad con todas las comisiones del país, dejó fuera a tres a quienes considera sus enemigos, entre ellos a Emilio Álvarez Icaza, ombudsman del Distrito Federal. En ocasiones, como con Bernardo Romero, su oposición al activismo del ombudsman queretano llegó al extremo de avalar la creación, en el gobierno del Estado, de áreas especializadas de protección de derechos humanos que sirvieran de contrapeso a la Comisión Estatal y de bloquearle el acceso a financiamiento de organismos internacionales. En lugar de apoyar a la Comisión Estatal, Soberanes decidió apoyar al ex gobernador Ignacio Loyola, famoso, entre otras frases, por declarar que sus guaruras no habían torturado a un ciudadano, sino sólo lo habían «madreado».

Con frecuencia ha sustituido con declaraciones la pasividad de la CNDH. En los primeros días de su mandato llegó a declarar que ni el presidente ni el Ejército serían intocables para él; más tarde los defendería. Luego propuso crear escuelas especiales para niños evangélicos, a fin de evitar más conflictos a consecuencias de la intolerancia religiosa de que son víctimas en los Altos de Chiapas. Dijo que no había presos de conciencia en México, pero sí desapariciones forzadas; mientras sus visitadores declaraban que los presos de conciencia habían aumentado. En 2001 aseguró que «la CNDH podrá cumplir con la deuda que tiene con la sociedad y esclarecer los casos de desapariciones forzadas» a lo que Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité Eureka, respondió que la CNDH «actuó de manera dolosa y malintencionada al ocultar datos y testimonios» sobre la desaparición de personas en las que estuvieron implicadas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.

María Guadalupe Morfín Otero, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, acusó a José Luis Soberanes de graves actos de omisión y de presionar a un grupo de custodios del penal de Puente Grande, para que desistiera de sus denuncias sobre corrupción que perfilaban, desde enero de 2000, la fuga de Joaquín, el Chapo, Guzmán^[76].

Un día, Soberanes llama «genocidas modernos» a George W. Bush y a Tony Blair y al otro se indigna ante el «intervencionismo del gobierno norteamericano al criticar a México».

En octubre de 2002, Soberanes expresó su apoyo a una reforma de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que se aceptara en el sistema jurídico mexicano «el derecho de objeción de conciencia» que permite a una persona (incluido él) exentar de cumplir las norma, (jurídicas) que vayan en contra de sus convicciones.

Un día, Soberanes, hijo de un militar de alto rango, declaró que los militares deberían volver a sus barracas por las violaciones a los derechos humanos ya la semana siguiente defendió la necesidad de militarizar algunas zonas del país para mejorar la seguridad. Organizó más de una veintena de foros sobre los derechos humanos de las mujeres y el combate a la violencia de género y en el documento en que argumenta ante la SCJN contra el aborto en el Distrito Federal escribe: «… la libertad absoluta que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo termina en cuatro se embaraza». El ombudsman y el Procurador General de la República, solicitan a la Corte «que privilegie la vida del embrión a la de la mujer». El diario El Universal aseguró que tiene en su poder copla ele dicho documento^[77].

El 27 de febrero de 2004, la CNDH y organismos civiles manifestaron que Estados Unidos no tenía calidad moral para juzgar a nuestro país en materia de derechos humanos. El3 de marzo de 2004, el ombudsman calificó de «chismes», exagerado y amarillista, el informe del gobierno de Estado Unidos que plantea una visión negativa de los derechos humanos en México. Y el 2 de marzo del 2005 declaró que los señalamientos que hizo el gobierno de Estados Unidos, al ubicar a México entre las naciones donde más se violan los derechos humanos, «desgraciadamente son ciertos». Un día dijo que no hablaría de la pederastia clerical y seis días después exigió todo el peso de la ley para sacerdotes pedófilos. Durante el Seminario Metodista de México, criticó la educación laica. En el caso de Mario Marín, el mandatario de Puebla, se enfocó en la defensa del gobernador porque fue grabada una conversación privada. En el caso Atenco primero guardó silencio, después dijo que las violaciones eran graves y luego fue tibio. De Oaxaca entregó la recomendación a Gobernación para que se la revisaran antes de que la publicara; mientras tanto, declaraba la gravedad de las violaciones de Ulises Ruiz y la PFP a los derechos humanos. No apoya la presencia de relatores especiales, como el de educación, el de venta, trata y explotación, el de indígenas, el de migrantes, el de tortura y el de libertad de expresión. A veces apela a la jurisprudencia y asegura que «se precisa comprobar plenamente la verdad histórica» y otra vez declara como juez las causas de muerte en un caso no resuelto.

Quizá el protagonismo y el rosario de contradicciones y posturas encontradas que exhibe el ombudsman a lo largo de estos años obedecen al empeño de conquistar simpatías y voluntades, para alcanzar la mayor de sus aspiraciones: en círculos del poder judicial se asegura que la ambición de Soberanes es convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 30 de noviembre del 2006 se abrió una vacante en la Suprema Corte pues el ministro Juan Díaz Romero dejaría su función después de casi doce años de servicio. En consecuencia, el Presidente de la República enviaría a consideración del Senado una lista con tres nombres para iniciar el procedimiento para designar a un nuevo ministro para el periodo 2006-2021. Durante una entrevista de la autora con el subprocurador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, ante los rumores de su interés por aparecer en dicha terna, el ex zar antidrogas aseguró que le interesaba, pero no era un buen momento para él; «sin embargo creo que José Luis Soberanes ya ha pedido el puesto» aseguró. Meses después, Franco González Salas sería designado para ese cargo, pero, los planes de Soberanes para su futuro inmediato ya se habían dado a conocer.

En el verano de 2008, los diarios documentaron el hecho de que los tres ministros más conservadores Sergio Aguirre Anguiano, Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuelaparecían votar en bloque, a juzgar por el historial de resoluciones de los últimos años. La inclusión de un cuarto voto, el de José Luis Soberanes, ofrecería enormes posibilidades de asegurar la agenda ideológica de un hombre que se ha propuesto traer el «reino de Dios a la tierra», como reza la consigna del Opus Dei.

En resumen, José Luis Soberanes es un hombre que se ha caracterizado por su ambigüedad y la opacidad de sus acciones como ombudsman. En nueve años ha tenido logros, es cierto, pero éstos han quedado disminuidos por sus contradicciones, escándalos y prácticas personales. Él ha probado que está aquí para servir ante todo a Dios y en segundo lugar al poder. Para devolverle a Dios, acompañado de jóvenes varones, lo que el hombre ha arrebatado del Derecho Natural.

LYDIA CACHO es periodista y activista social, dirige el Centro Integral de Atención a las Mujeres. Ha sido directora de la revista Esta boca es mía y reportera o columnista de los diarios Novedades, Voz del Caribe, Crónica de Cancún, entre otros. Actualmente su artículo semanal se publica en El Universal, y otra decena de diarios. Autora de los libros: Los demonios del Edén (Grijalbo, 2005), Muérdele el corazón (Plaza y Janés, 2006), Esta boca es mía (Planeta, 2007) y Memorias de una infamia (Grijalbo, 2007). Recibió el premio de periodismo UNESCO-Guillermo Cano en 2008 y el Ginetta Sagan de Amnistía Internacional USA en 2006.