Diego Fernández de Cevallos

Abogado del diablo

ROBERTO ROCK

Habitante durante largos años de los palacios y las alcantarillas de poder en México, Diego Fernández de Cevallos es el único político —quizá con la excepción de Carlos Salinas de Gortari— capaz de estar al centro de cuatro escenas que revelan la capacidad de usar sus recursos para torcer la voluntad de un presidente de la República:

«Pues yo no soy intelectual, pero aquí estoy para defender a Carlos, levántate», grita Felipe Calderón, al tiempo que se quita los lentes. El ahora presidente de México retaba así a golpes a Fernández de Cevallos, luego de un comentario de éste en una reunión privada que expresaban dudas sobre la hombría de los intelectuales, entre quienes incluyó a Carlos Castillo Peraza, tutor político del actual mandatario nacional. La escena transcurrió a finales de 1996. Las discrepancias entre Calderón y Fernández de Cevallos tenían ya larga data y se habían agudizado cuando ambos fueron diputados (1993).

«Margarita, no puedo ir a la comida que ofreces para la campaña de Felipe, pues el propio candidato ha expresado varias veces en reuniones cerradas que yo represento a la corrupción que él quiere combatir y si es así, ¿para qué me invitan?», alerta y reconviene Diego a Margarita Zavala de Calderón, quien lo había convocado a un encuentro a inicios de 2006. Antecedente adicional del tema era la insistencia mostrada por Luisa María Calderón, hermana de Felipe, quien como legisladora impulsó la llamada «Ley Anti-Diego», que condenaba el conflicto de intereses que suponía el litigar asuntos particulares mientras la persona fuera miembro del Congreso. En el verano de 2006, Fernández de Cevallos se reunió con representantes del presidente Vicente Fox y del presidente electo Felipe Calderón. Le pidieron interponer sus buenos oficios con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes entonces analizaban si declaraban legal o no la elección presidencial de ese año. Se consideraba que una mayoría de los integrantes del tribunal le debía el cargo total o parcialmente al entonces todavía poderoso senador panista. Al final, el tribunal resolvió a favor de Calderón.

En septiembre de 2008, con motivo de su segundo informe de gobierno, que entregó por escrito al Congreso, el mismo Felipe Calderón ofreció una amplía ronda de entrevistas a medios electrónicos. El día 2 de ese mes, en conversación radiofónica con el periodista Carlos Puig, Calderón refirió: «Como dice un buen amigo… que no menciono porque su solo nombre es polémico; bueno, sí lo digo, como dice Diego Fernández de Cevallos: “las heridas que se reciben en campaña, antes dan honra que la quitan”».

Pocos políticos mexicanos han recibido y, quizá merecido, tantos señalamientos y adjetivos como Diego Fernández de Cevallos: polémico, controvertido, contradictorio, hombre de doble moral, de pactos secretos, manipulador, intrigante, mercader del derecho, defensor de criminales, propietario de una riqueza ofensiva y sospechosa, símbolo de la corrupción en el PAN. También, polemista feroz, de vehemencia volcánica, dueño de un lenguaje que azora e intimida…

Ésa son sólo algunas de las facetas de quien, al menos en los últimos veinte años ha logrado ser uno de los referentes de nuestra vida pública, siempre en la cresta de la ola, en el filo de la navaja. Lo mismo aspirante a la Presidencia de la República que litigante en contra del Estado; igual en recepción de homenajes de dignatarios eclesiásticos que rozando los intereses del narcotráfico. Señor de puro y levita y merodeador de los sótanos de la política y los negocios oscuros en México. Con ningún personaje acumuló Fernández de Cevallos tantas discrepancias como con el ex presidente Vicente Fox. La historia de desencuentros tiene larga data y se tornó abierta durante las elecciones en Guanajuato de 1991, en la que contendieron el panista Vicente Fox y el priista Ramón Aguirre. Testimonios recogidos para este trabajo aseguran que la noche de los comicios, Fox advirtió a sus cercanos que Diego negociaba su triunfo en la ciudad de México para anular el proceso y dar paso al priista Salvador Rocha Díaz. Fox aseguró que no lo iba a permitir, por lo que al día siguiente denunciaría en público la «traición del PAN».

Esa madrugada, Fox y Fernández de Cevallos conversaron en privado. De ahí el ex presidente salió aceptando la anulación de los comicios, pero la designación como interino recayó en Carlos Medina Plascencia.

Este evento develó el rol de operador central que empezaba a distinguir a Fernández de Cevallos, quien según diversos testimonios, acordaba con el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y con José Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia, la forma en que se negociarían diversos conflictos.

No resultaba extraño que en materia de elecciones, se cedieran al PAN plazas donde no había ganado, para reservar para el PRI aquellas que consideraba estratégicas. Uno de los primeros casos ocurrió en Sinaloa, donde en las elecciones locales para alcaldes hubo resultados muy justos en Culiacán y Mazatlán, con indicios de que Acción Nacional había logrado un virtual empate en la capital, mientras que en el puerto los resultados daban el triunfo al tricolor.

El entonces presidente del PRI, Juan S. Millán, recuerda que tuvo un mal presagio cuando recién concluidos los comicios, y en medio de protestas públicas de los panistas, se encontró en el aeropuerto de Culiacán a Fernández de Cevallos. «Ya sé a lo que usted viene —le dijo—, ojalá no resulte en algo ilegal». A lo que Diego habría respondido: «Lo que necesitamos hacer es lo políticamente adecuado…».

Millán asegura que el entonces dirigente nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio, se quejó ante él porque el gobernador Francisco Labastida Ochoa, le había ofrecido al presidente Salinas de Gortari «disponer» de los resultados en Culiacán y Mazatlán. Al final de la historia, oficialmente el candidato del PAN a la alcaldía de Mazatlán, Humberto Rice, fue declarado triunfador. Millán renunció a su cargo en el PRI y selló una enemistad con Labastida —actualmente senador— que aún perdura.

En 1993, durante la gestión de Fernández de Cevallos como diputado federal, muchos habrán pensado en Vicente Fox cuando fue reformado el Artículo 82 constitucional que impedía a hijos de extranjeros —como era su caso— ser presidentes de la República. La enmienda incluyó un transitorio que estableció que la nueva disposición cobraría vigencia no en los comicios inmediatos de 1994, sino hasta los del 2000, lo que dejó al propio Diego el camino libre para ocupar la candidatura panista. La cólera de Fox lo llevó a considerar su apoyo para el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, lo que finalmente no se concretó.

Cuando Fox no cumplía su primer año de gobierno y ya sostenía una tensa relación con el entonces jefe de la bancada panista en el Senado, Diego Fernández de Cevallos fue el primero que en círculos cada vez más públicos hablaba despectivamente del presidente. Ignorante era lo menos que decía de él y se burlaba de lo que ya era un secreto a voces: su relación con Martha Sahagún, la mujer con la que poco después se casaría. A lo largo del sexenio, el abogado panista negó tener una amistad con Fox, sugiriendo que todos los amigos del mandatario acababan traicionándolo.

«Yo hubiera querido tener a Diego como un aliado político, siendo de mi partido, como lo fue de Carlos Salinas, que era de otro partido», dijo Fox Quesada al autor de este trabajo durante una conversación hacia el final de su gobierno.

Pese a todo, Fernández de Cevallos y Fox se reencontraron en los últimos meses del sexenio, al calor del proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Aún más, en sus últimos días en Los Pinos, el presidente le aseguró que enfrentaba una crisis económica personal y aceptó del abogado un préstamo por «varios millones de pesos», según versiones de personas cercanas a ambos. Consultas hechas al respecto revelaron que posteriormente Fox obtuvo un crédito bancario con el cual saldó su deuda.

Visto en perspectiva, Fernández de Cevallos encarna el rostro público de la transfiguración del Partido Acción Nacional, consumada a finales de los años ochenta. De ser la «oposición leal», el PAN viró en su estrategia para volverse el núcleo de los reclamos democráticos en el país. De una agrupación que rayaba en lo confesional, donde las encíclicas papales inspiraban su plan de acción, se convirtió en eficaz ariete de diversos sectores en contra del autoritarismo y del poder unipersonal depositado en el presidente.

Acercarse a la historia personal de Fernández de Cevallos es asomarse a ese PAN en transformación. Es tomar contacto de un Diego niño formado en una disciplina familiar panista, de carácter feudal, con un entorno de hombres barbados y cristianos; de un Diego joven educado bajo la tutoría de los dos artífices del PAN, Efraín González Luna y Manuel Gómez Morín, quienes lo cautivaron y lo hicieron militante desde muy joven: su primer discurso lo pronunció a los once años.

Pero cuando el Diego hombre rebasaba los treinta años, se esfumó virtualmente de su partido, para reaparecer más de diez años después, sólo cuando el PAN ya era opción de poder y —como se documenta en este mismo trabajo—, había encontrado su principal fuerza motriz en una clase empresarial al mismo tiempo indignada por la expropiación bancaria de 1982 que, harta de ser comparsa del poder, había decidido intentar conquistarlo por sí misma.

Carlos Salinas de Gortari llegó a Los Pinos en 1988, bajo acusaciones de fraude electoral en contra del principal candidato opositor, Cuauhtémoc Cárdenas. Fernández de Cevallos había reaparecido apenas meses antes en la vida del PAN y, no obstante ello, fue designado, en su primer cargo de importancia nacional, representante de Acción Nacional ante la Comisión Federal Electoral, el brazo administrativo que permitía al gobierno controlar los comicios. Impugnada su legitimidad desde el origen mismo —en las urnas—, la administración de Salinas de Gortari recibió como maná caído del cielo un documento elaborado por el PAN que le ofreció adhesión a cambio de que se legitimara «en los hechos». En esas páginas están las palabras y las ideas de Luis H. Álvarez, de Carlos Castillo Peraza y de Fernández de Cevallos.

A dos décadas de iniciado, el gobierno de Salinas fue objeto de análisis y exorcismos. Existe, sin embargo, un amplio consenso en el sentido de que las Reformas impulsadas en su periodo fueron las más importantes en al menos los treinta años previos.

No se precisa ser un politólogo experto para descubrir que muchas de esas Reformas constituían reclamos del PAN desde su fundación, medio siglo antes. No en balde en el despacho del polémico abogado panista cuelga, enmarcada, una copia del registro oficial —el 001— otorgado por la Secretaría de Gobernación a la «Iglesia Apostólica Romana de México». Esa copia tiene una dedicatoria firmada: «Para Diego Fernández de Cevallos. Con gratitud y cariño. G. Prigione», el también controvertido ex delegado del Vaticano en México.

Al cierre del gobierno salinista, el personaje central de este trabajo, que ya enfrentaba, entre propios y extraños, acusaciones de manipulador y adicto a los contubernios con el gobierno, podría haber hecho un balance luminoso de su labor. Sí —pudo haber dicho Diego—, pactamos una alianza con el gobierno, pero en la misma no traicionamos ningún principio ni demanda del PAN. Antes bien, traemos en las alforjas una singular pieza de caza, pues logramos que el gobierno concretara viejos reclamos del panismo, olvidando la historia y los programa~ del Partido oficial, su Partido, el PRI. Sin ser gobierno, el PAN ha ejercido el poder en los hechos. Porque, ciertamente, el salinismo sirvió al PAN. Lo que muchos dudan es si con ello haya servido también a la democracia.

El polémico líder panista pudo también haber sellado su legado al término de su campaña por la presidencia en 1994, cuando conquistó lo millones de votos, casi el triple de los captados por Manuel J. Clouthier en 1988.

Sin embargo, a la sombra de esta historia que pudo ser, empezó a emerger otro Fernández de Cevallos: el hombre que mientras contendía por la presidencia, en 1994, recibía en condiciones turbias terrenos en Punta Diamante valuados en varios millones de dólares; el abogado que usa a sus contactos en la política para defender incluso intereses ligados al crimen organizado; el senador que desde su representación de la República, medraba contra ésta con demandas de montos impresionantes. El litigante que impulsó desde el poder al Fobaproa y luego tomó como clientes a los beneficiarios de ese programa. El católico de doble moral que se separó de su esposa, con quien nunca se casó por el civil, para unirse a una bella joven «porque soy hombre».

De naturaleza grandilocuente, Fernández de Cevallos no ha explicado estas etapas oscuras de su historia personal ni los efectos que acarrearon para el país. Diestro en el arte de la esgrima verbal elude siempre los cuestionamientos de fondo. Durante meses le fue solicitada una entrevista que sin duda, hubiera enriquecido este perfil sobre su personalidad y su trayectoria. En diversas conversaciones telefónicas aceptó conceder la charla, luego ofreció contestar un cuestionario por escrito. No hizo ninguna de las dos cosas. Hoy, activo aún como abogado pero en el virtual retiro político, los cuestionamientos acompañan su imagen pública. Quizá le sobrevivan.

De vocación, hacendado

Diego Fernández de Cevallos nació el16 de marzo de 1941 en el barrio de Coyoacán de la ciudad de México. Fue uno de los quince hijos de José Fernández de Cevallos y de Beatriz Ramos. Existen testimonios diversos acerca de la vida en familia de los primeros años, lo que incluye la referencia a un padre españolizado, con vocación de hacendado eternamente barbado. «Era como un señor feudal, muy rígido, con él mismo y con toda su familia, a la que sometía a una rigurosa disciplina», recuerda Jesús Gonzalez Schmal, quien coincidió en la época con Diego como militante Juvenil del PAN.

Don José, se sabía entonces, tuvo siempre problemas financieros para pagar las letras de su rancho en San Juan del Río, Querétaro, que ahora se conoce como la hacienda de San Germán, una propiedad de cien hectáreas que según reportes disponibles sigue bajo control de la familia y es habitada por las hermanas de Diego, Ema y María Fernández de Cevallos.

El propio abogado panista ha declarado que su abuelo Javier Fernández de Cevallos nació en Santander, España, donde vivió hasta los diecisiete años, para luego emigrar a América, a finales del siglo XIX. «Mis orígenes son muy claros», declaró Diego en enero de 2001, al rechazar tener nexos con el personaje Diego Fernández de Zevallos (con «z»), un supuesto censor de la Inquisición para temas de teatro, que habría vivido en la Nueva España durante el siglo XVII y que inspiró una obra al dramaturgo Jaime Chabaud, quien lo llevó a escena en marzo de aquel año.

El propio Diego ha referido que cursó la primaria en la propia hacienda, «porque no teníamos en qué irnos a la escuela». Hizo la secundaria y el bachillerato en el Instituto de Ciencias de Guadalajara, donde vivió bajo la tutela de Efraín González Luna, uno de los arquitectos históricos del PAN. Se inscribió en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México, pero aparentemente no tuvo los recursos para cubrir las colegiaturas, y terminó la licenciatura en Derecho en la UNAM.

Los registros disponibles ubican al año 1952 como el que marcó el primer acto político de Diego, quien cuando era un niño de once años intervino en un mitin a favor del candidato para alcalde de San Juan del Río, el mismo lugar en donde veinte años atrás su padre había pronunciado un discurso; el mismo donde su hijo, Diego, también dio un mensaje cuando acababa de cumplir doce años. En plena juventud, Fernández de Cevallos fue nombrado secretario de organización del ala juvenil panista.

En el ámbito familiar se subraya que el padre de Diego, don José, firmó el acta constitutiva del Partido Acción Nacional, en 1939. Está documentada la amistad de aquél con uno de los fundadores del panismo, Manuel Gómez Morín, quien en una de sus visitas a Querétaro aceptó constituirse en mentor del entonces joven Diego. Supervisaría su formación como abogado, en la capital del país, al grado de emplearlo posteriormente en su despacho durante casi diez años. El padre de Diego solía acudir en la ciudad de México a ciertos actos del PAN y aprovechaba para visitar a su hijo.

Don Manuel, quien tenía su despacho en las instalaciones del Banco de Londres y México, atendía asuntos legales de empresas y corporativos y Diego al parecer se aburría. Al graduarse, el nuevo abogado se fue a trabajar con Fernando Gómez Mont y lo hizo también con otro litigante cercano al PAN, Hiram Escudero. Con ambos descubre la adicción por los temas del derecho penal.

En la biografía extraoficial de Fernández de Cevallos destaca un enfrentamiento con el escritor y poeta Hugo Gutiérrez Vega, en 1963. Ambos habían coincidido en la ciudad de México cuando se acercaban a los veinte años de edad, militando ya en las filas juveniles del PAN, con una amistad cercana, nutrida por la vena católica, que también compartían. En ese año, el entonces rector de la Universidad de Querétaro escribió un poema sobre el padre de Diego, del que entre otras cosas, dijo: «Caballero de Cristo y castellano / de estirpe de cruzados montañeses/hidalgo fue sin otros intereses / que los que juzga eternos el cristiano». Para Diego el texto fue una afrenta hacia su progenitor y decidió cobrarse el real o presunto agravio. Los reportes disponibles indican que tomó su fuete —una prenda de la que difícilmente se separaba— y fue en busca de Gutiérrez Vega, agrediéndolo en público. El escándalo acabó sacando al escritor de la rectoría universitaria.

Se dijo entonces que en la familia Fernández de Cevallos el fuete era una herramienta indispensable en la educación de los hijos y que el propio Diego echaba mano de él para corregir a sus hermanas. Los rumores indican que lo había hecho en al menos dos ocasiones, cuando le pareció que una de ellas usaba un vestido ligeramente por arriba del tobillo o en otro momento, cuando la joven se refirió al padre de ambos como «papi», lo que le pareció impropio al hermano irascible. Años después, Fernández de Cevallos aceptó que en esos años tuvo un «incidente» con Hugo Gutiérrez Vega, pero aseguró que d asunto se hallaba «totalmente superado». Así lo describió: «Tuve, sí, una desavenencia con Hugo Gutiérrez Vega y está totalmente saldada. Fue una desavenencia fuerte, frontal, directa. Ahora somos amigos». Jesús González Schmal, entrevistado para este trabajo, recuerda que durante su juventud coincidía con Diego —mayor que él por varios años— en mítines a favor de la campaña presidencial de Jesús Hernández Torres (1964). «Todos veníamos de discutir largas horas sobre la Revolución Cubana (1959) y de criticar al gobierno del PRI. Escuchábamos a Gómez Morín decir que había una “tercera vía”, lo que nos subyugaba a muchos».

Iniciaban los tumultuosos años de finales de los sesenta. El presidente del PAN era Adolfo Christlieb Ibarrola. El conflicto estudiantil de 1968 encontraba a Diego Fernández de Cevallos lanzando insultos a los diputados del PRI en la vieja Cámara de Donceles. Reportes periodísticos de la época, entre ellos uno de la revista Tiempo, dan cuenta de que la policía había expulsado del recinto a varios panistas, «entre ellos al joven Diego Fernández de Cevallos», quien según se asegura, en al menos una ocasión exasperó tanto a los priistas que el líder azucarero José María Martínez lo amenazó con su pistola, en plena sesión.

El comité de huelga de los estudiantes convocó en algún momento a la dirigencia del PAN a asistir a uno de sus mítines en Ciudad Universitaria. Christlieb Ibarrola designó en su lugar a Diego, quien pronunció un discurso en nombre de las juventudes panistas, recordando el rectorado de Gómez Morín en la UNAM en los años treinta. «Fue una memorable pieza oratoria», concede González Schmal, quien participó también en el acto.

Tras estas jornadas la pista política y partidista de Diego Fernández de Cevallos casi se extravía. El régimen autoritario de Díaz Ordaz dio paso al de Echeverría, que abrió una larga etapa de poder unipersonal. En el PAN, donde la iglesia católica había tenido una ascendencia fundamental, hizo crisis un dilatado enfrentamiento surgido desde finales de los cincuenta, entre quienes buscaban alinear al partido en la corriente de la democracia cristiana y aquellos que lo resistían. Entre los últimos se hallaba Rafael Preciado, reconocido ideólogo panista y profesor de Diego en la UNAM.

«Meones de agua bendita», llamó Gómez Morín al grupo que comandaba Jesús González Torres, Jiménez deseaban mantener al partido bajo la égida clerical, que imaginaba al partido como valladar contra el estado priista, animado aún por la ideología del nacionalismo revolucionario, al que le atribuía un gen comunista. En el debate empezaban a pesar las opiniones y las ambiciones del sector empresarial. La confrontación culminó en enero de 1976, cuando Acción Nacional no logró el consenso para lanzar candidato a la presidencia y se generó una fractura interna.

En una entrega de su autorizada columna «Plaza Pública» de noviembre de 1993, dieciocho años después, Miguel Ángel Granados Chapa rememoró lo que ocurría en aquellas jornadas de mediados de los setenta y retrató así una de las últimas apariciones de Fernández de Cevallos en esa etapa de su Vida pública: «En octubre de 1975 Acción Nacional se propuso elegir a su quinto candidato presidencial. Para enfrentarlo a José López Portillo, destapado por Echeverría un mes atrás. Se presentaron como precandidatos el ingeniero Pablo Emilio Madero, que notoriamente concitaba el apoyo de la mayoría de los 840 delegados de entonces; Salvador Rosas Magallón y David Alarcón, por quien nadie votó en la primera ronda, pese a la enjundia con que fue presentada su candidatura por el joven, de treinta y cuatro años, Diego Fernández de Cevallos…». Pero Fernández de Cevallos ya casi no estaba ahí para ver todo esto. Según González Schmal se había ausentado de la vida partidista desde muchos meses antes, sin más motivo aparente que el de dedicarse a su profesión como abogado. «Lo buscaban, lo invitaban a reuniones y no asistía», refiere. No volvería a ser visible sino hasta 1987, más de diez años después, cuando regresó al partido de la mano de Luis H. Álvarez.

El amor se atraviesa

Otro hecho, no ligado a la política, se sumaría después a los motivos que, al menos temporalmente pudieron haber incluido en la ausencia de Fernández de Cevallos: tenía treinta y seis años de edad y trabajaba en un despacho de la calle Mame, en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de México, cuando se topó con una vecina, Claudia Gutiérrez Navarrete, entonces de dieciséis años. Un semestre antes la chica había terminado la secundaria y había empezado a estudiar Comercio Internacional. También trabajaba para ayudar en la economía familiar, pues su padre sufría males que le cortarían la vida menos de un año después.

Diego se transportaba en una carcacha Ford y para acercarse a la joven que paseaba a sus hermanos y les compraba helados. Ella recuerda que la primera vez que él le habló «me pareció guapísimo, pero muy lanzado… me cohibió». Fueron novios durante nueve meses y se casaron en el templo de Nuestra Señora del Rayo, en Coyoacán. No hubo fiesta ni viaje de bodas. Tampoco hubo matrimonio civil, pues Diego argumentó que quería tener algo «muy especial. Sólo de ellos dos». El abogado Fernández de Cevallos le dijo a su esposa que el enlace religioso era algo «mucho más importante que un contrato civil». Ella aceptó. Para efectos legales, Diego conservó su carácter de soltero, lo que le permitía entre muchos otros efectos, eludir compromisos con su esposa en materia de bienes. Y cuando era necesario, bien se cuidaba de subrayar tal condición, como ocurrió con el notable caso de sus propiedades en Punta Diamante, Acapulco. En las escrituras mediante las cuales acepta en dación de pago valiosos terrenos, firmadas en abril de 1993, se asienta que se identifica como «soltero, abogado, con domicilio en Virreyes 810, Lomas de Chapultepec…».

Luego de cuatro embarazos fallidos, Claudia y Diego tuvieron tres hijos: Diego, David y Claudia, que en 2008 tenían veintinueve, veintiocho y veintiséis años, respectivamente. En 1992, la pareja estaba cumpliendo dieciséis años de casados y Fernández de Cevallos era ya una personalidad encumbrada que se encaminaba a la coordinación de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados y a la candidatura presidencial, que conquistaría en 1994. De pronto, un viernes por la tarde un joven de dieciocho años llamó al despacho del abogado y le dijo dos cosas. La primera, que se llamaba Rodrigo; la segunda, que quería conocerlo, pues según entendía, Diego era su padre. Se citaron para el lunes siguiente.

Ésa es la versión oficial acerca de Rodrigo. Se añade que ambos se sometieron a pruebas de laboratorio que confirmaron la paternidad y que Diego reconoció al joven. Fernández de Cevallos rechazó entonces versiones periodísticas según las cuales había mantenido oculta durante todo ese tiempo la existencia de otro hijo.

Este misterio resulta abonado con el hecho de que Rodrigo ostenta los apellidos paterno y materno: Fernández de Cevallos Medina, sin que se conozca si cambió el registro correspondiente para corregir su nombre o si es posible que haya sido reconocido años antes, en una fecha no determinada.

La esposa de Diego, Claudia, sustentó la versión oficial: «Ese fin de semana —declaró en entrevista, en 2004—, Diego me lo dijo, platicamos; yo sabía que él había sido muy noviero y por eso cuando nos casamos le pregunté si tenía hijos y me contestó: “Que yo sepa, no”. El día que lo vi, supe que Rodrigo era hijo de Diego. Él vive con su madre, pero pasa algunas temporadas con nosotros…».

Esta historia de familia bien avenida encontró su quiebre público en septiembre de 2004, cuando la revista de sociales Quién publicó un reportaje que revelaba la relación sentimental del entonces poderoso senador panista con la joven Liliana León Maldonado, de veintisiete años. Fernández de Cevallos acumulaba ya sesenta y tres años de edad. Luego se sabría que el político de orígenes queretanos había facilitado maquinaria para ayudar a construir una carretera que comunicaría la zona de Arandas, Jalisco, donde nació Liliana, que desde entonces fue bautizada como «la carretera del amor».

Entrevistado en ese entonces por la periodista Denisse Maerker, Diego declaró que «no he contribuido ni voy a contribuir para que lo público sea privado», lo que iba a contrapelo con las fotos publicadas en Quién, las que desde luego contaban con su consentimiento. Sin embargo, en la referida entrevista se pronunció en contra de ventilar el tema en público «pues es andar en un sendero muy delicado». E invitó a la periodista a cambiar de tema, «para que si no se entra en mi vida, no se entre en la tuya».

Neopanismo: su plataforma

Luis H. Álvarez fue presidente del PAN de 1987 a 1993. Relevó en esa posición a Pablo Emilio Madero, que lo había sido desde 1984, tras contender por la Presidencia de la República en 1982. La gestión del carismático político chihuahuense representaría un quiebre histórico entre el PAN doctrinario y el pragmático. Ahí estaba ya Carlos Salinas de Gortari para impulsar este proceso y Diego, para operarlo tras bambalinas.

En 1993 fue elegido diputado federal y coordinó a la fracción panista. Fue un periodo de intensas reformas, entre ellas una de carácter electoral. Es la época en la que surgió el mote del «Jefe Diego», acuñado inicialmente por los priistas, quienes mostraban recelo ante la influencia del legislador panista sobre el curso de las negociaciones en el Congreso. Analizado en perspectiva, existe un momento en el desarrollo de Acción Nacional que debe ser considerado referente obligado en su historia moderna. Se trata de la etapa en la que dejó ser una «oposición leal» —como lo bautizó en los años ochenta la politóloga Soledad Loaeza— y se convirtió, por primera vez en décadas, en una entidad política con el proyecto, la voluntad y los recursos para disputar el poder real.

Este punto de quiebre en el PAN está marcado por una renovación de sus cuadros dirigentes en todo el país, que desplazaron —en muchos casos, hasta echarlos de sus filas— a dirigentes tradicionalistas influidos por la doctrina cristiana. Surgieron en su lugar personajes pragmáticos, alentados desde las principales agrupaciones de la iniciativa privada, notablemente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Sin esta transmutación de rostros y de visión política, en Acción Nacional hubiera sido impensable el encumbramiento de un hombre como Diego Fernández de Cevallos. Este auge de una nueva clase política, de ideología conservadora y con claro arraigo en la visión empresarial, ha sido estudiado desde diversas ópticas. Profundizar en el mismo excedería el propósito y los alcances de este trabajo. Cabe sin embargo, exponer someramente algunos tratamientos alusivos.

El primero de ellos, el de Porfirio Muñoz Ledo, personaje clave del priismo tradicional testigo y actor de la transición mexicana. Así lo refirió, en entrevista para este trabajo: «La iniciativa privada empieza a presionar desde inicios de los años sesenta, con reclamos políticos. Su activismo llevó a Gustavo Díaz Ordaz (presidente de 1964 a 1970) a pensar en la posibilidad de crear un sector para ellos dentro del partido. Desde que tomó posesión, inició un acercamiento con empresarios de provincia. Le dio esa encomienda a Alfonso Martínez Domínguez, quien la desarrolló en el PRJ y, luego, desde Nacional Financiera. La idea de fondo era preservarle al PRI el carro completo».

Durante el gobierno de Luis Echeverría —en el que participó como subsecretario de la Presidencia y Secretario del Trabajo—, dijo Muñoz Ledo, se produjo un crecimiento en los reclamos empresariales.

«Se expresaban con varios pretextos. Contra los libros de texto gratuito, por ejemplo. El entonces secretario de Educación, Víctor Bravo Ahúja, recibió instrucciones de reunirse con ellos, para apaciguarlos, pero no pudo. El papel empresarial empezaba a modificarse. Era evidente su interés por entrar a la política. Echeverría los animaba a ingresar al PRI; le preocupaba desde entonces su participación en el PAN. Muchos aceptaron y participaron en procesos internos. Cuando dirigí el PRI (1975), alguna vez Manuel Clouthier acudió a mi oficina con gestiones ligadas a candidaturas. Estuvo adentro y luego salió».

Muñoz Ledo refirió otro suceso como un punto de no retorno en la participación de los empresarios en política, que de hecho frustró los intentos echeverristas de asimilación por parte del PRl: el asesinato, en septiembre de 1973, del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

«Esto confirmó una ruta que ya se marcaba cada día más con una visión diferente de los empresarios, que tradicionalmente habían apostado al PRI y al gobierno como garantía de estabilidad y como árbitros que permitían el florecimiento de sus negocios. Las cosas sin embargo, cambiaron. Influyó también que los hijos de los empresarios se formaban en el extranjero y regresaban con nuevas ideas».

«Ya no querían un papel subordinado. Siempre hubo voces leales al sistema, como las de Azcárraga y Alarcón, a quienes les iba bien con el gobierno, pero resurgió la influencia de Juan Sánchez Navarro, que ya había creado en esa línea el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, cuyo protagonismo creció». Después de la muerte de Garza Sada, refirió Muñoz Ledo, Echeverría se enteró de que los empresarios de Monterrey habían convocado a una reunión en las instalaciones de la fundidora.

«Me ordenó asistir en nombre del gobierno. Me tocó tomar la palabra después de don Daniel Cosío Villegas, al que habían invitado para que se burlara del gobierno… acababa de publicar su libro sobre el estilo personal de gobernar, escribía en Excélsior. Cuando yo hablé hubo debate fuerte…».

Esta polémica en ámbitos reservados entre empresarios y el gobierno fue creciendo, aseguró, hacia finales de la administración Echeverría. Muñoz Ledo citó otro encuentro, en una hacienda de Chihuahua, al que entre otros, asistió el hijo de Garza Sada, Eugenio Garza Lagüera (muerto en mayo de 2008).

«Hubo voces de alianza con el gobierno, pero los de Monterrey caminaban ya por otro lado. En algún momento, Garza Lagüera tomó la palabra para decir: “Nosotros queremos el poder”…».

Para concluir, refirió que en medio de esa confrontación, Echeverría cerró su gobierno con un gesto «de izquierda, fuerte», con la expropiación de predios en el sur de Sonora. Vendría luego José López Portillo, «quien desde el principio hizo un pacto con los empresarios, que duró hasta la ruptura de la expropiación bancaria».

El citado Granados Chapa escribió sobre las circunstancias que rodearon la crisis interna del PAN en 1976, cuando no encuentra el consenso para designar candidato:

«En octubre [de 1975], [Efraín] González Morfín renunció a la presidencia panista. Al hacerlo, evidenció el fondo de la crisis al denunciar la creación y mantenimiento, incluso mantenimiento financiero, de otro Partido Acción Nacional, con ideología, organización, jerarquía, lealtades y comunicaciones al margen yen contra del Partido Acción Nacional legítimo y estatutario». Otro PAN había nacido.

El impacto del 82

Otros analistas coinciden acerca de la creciente participación empresarial y la manera en que encontró cabida en el Partido de Acción Nacional. Se trató de un proceso que, en la percepción pública, fue caracterizado por la incorporación de personajes provenientes del norte del país, casi todos ellos ligados al sector privado. Habían llegado al PAN, se decía, los «bárbaros del norte», término con el que se denominaba lo mismo a Francisco Barrio, de Chihuahua, a Ernesto Ruffo, de Baja California, a Manuel Maquío Clouthier, de Sinaloa, que incluso a Vicente Fox, de Guanajuato.

Una visión un poco más sofisticada del momento acuñó el término «neopanismo», para distinguir entre el Partido sustentado por una visión provinciana y católica y una fuerza política que —por impulso interno o inducida por factores externos— encarnaría los reclamos de millones de mexicanos en contra del régimen priista y del poder presidencial absoluto.

Soledad Loaeza sin duda la más reconocida estudiosa del PAN identifica a la expropiación de la banca por parte de José López Portillo, el 10 de septiembre de 1982, como el detonador para lo que llama el surgimiento de la derecha moderna, agrupada en Acción Nacional.

En el libro Las consecuencias políticas de la expropiación bancaria, publicado en 2008 por El Colegio de México, la analista advierte que en 1982 «pocos vieron que los cambios en la cultura política que galvanizó la expropiación bancaria, sobre todo entre las clases medias, propiciarían el ascenso de Acción Nacional».

Otra visión sobre este momento la tiene el citado Jesús González Schmal, quien refiere que ante el crecimiento de los intereses políticos empresariales, el PAN no era visto como una alternativa para canalizar sus ambiciones. «Recuerdo que Luis Felipe Bravo Mena, quien operó estos acercamientos desde la Coparmex, donde trabajaba, nos criticaba que Acción Nacional se sustentaba en encíclicas de la iglesia sobre justicia social y reclamaba la cogestión de las empresas con la participación de los trabajadores. No nos veían suficientemente a la derecha…».

Añade que Guillermo Velasco Arzac y otros personajes cercanos a los empresarios buscaron por ello crear su propio partido. «Formaron Desarrollo Humano Integral, A. C., el DHIAC, que sí recogía sus tesis. Pero no les dieron el registro de partido. Y voltearon a ver nuevamente al PAN. Surgió esa historia en la que durante un paseo en yate, Manuel J. Clouthier convenció a varios empresarios de participar en política». En ese momento, el PAN era un partido minoritario, si bien constituía mayoría dentro del resto de los partidos, al grado de controlar seis de cada diez curules en manos de la oposición en la Cámara de Diputados.

Según Loaeza, las bases del PAN fueron tradicionalmente alentadas por sectores conservadores, sobre todo el clero, con el eje de la batalla contra el comunismo. No obstante, refiere, «todos esos elementos pasaron a un segundo plano frente al discurso democrático que se instaló en el corazón de la movilización antiautoritaria […] característico de la ola democratizadora de finales del siglo XX». Dice González Schmal: «Con Luis H. Álvarez llegan los neopanistas, los aventureros, los “dhiacos”. Con dinero de los empresarios, muchos de ellos de Monterrey, compran a los comités estatales, imponen a nuevos dirigentes pagados por ellos. Y don Luis, pese a las resistencias, logra el apoyo para que el PAN acepte las prerrogativas que otorgaba el gobierno a los partidos políticos». El nuevo rostro del PAN, como defensor ya no de tesis clericales sino de los intereses empresariales, más su capacidad de incorporar las tesis democráticas, hizo del partido «el franco vehículo de protesta de las élites locales contra el centralismo», subraya Loaeza. En 1983, diversos liderazgos se encumbraron políticamente gracias a las urnas: Luis H. Álvarez ganó la alcaldía de Chihuahua, Francisco Barrio la de Ciudad Juárez y Rodolfo Elizondo la de Durango. Acción Nacional se había transformado. Representaba ya —dice Loaeza— «mucho más que el viejo conflicto entre la Iglesia y el Estado de la Revolución. Se había convertido en el pivote de la democratización. Entonces se inició el avance del partido desde la periferia al centro, hasta que en 2000 conquistó la Presidencia de la República».

El ascenso de Diego

Fernández de Cevallos cobró imagen pública nacional en 1988, cuando por gestiones de José González Torres, que ocupaba ese cargo, fue designado representante del Partido ante la Comisión Federal Electoral, entidad que organizaba las elecciones, entonces bajo control gubernamental.

En noviembre de 1993 se presentó a la Convención en la que fue elegido candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República. Lo hizo rodeado de un consenso construido por su éxito en la conducción de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, a lo que se había sumado un intenso trabajo en los comités estatales del partido. Sus adversarios eran el sonorense Adalberto Rosas Magallón y el regiomontano Javier Livas. Una figura de amplio peso dentro de Acción Nacional, Carlos Castillo Peraza, que en marzo anterior había arribado a la presidencia del organismo, decidió no oponerse a sus aspiraciones, lo que daba cuenta ya de los apoyos que Fernández de Cevallos acumulaba, dentro y fuera del partido. En este último ámbito no eran menores los indicios de satisfacción del gobierno de Carlos Salinas de Gortari ante el encumbramiento de Fernández de Cevallos. Con su postulación estaba a prueba también la línea de negociación con el gobierno —claudicación, la calificaban no pocos—, a partir de la cual un sector del partido consideraba que se irían construyendo las condiciones para que el PAN negara al poder. Sus críticos afirmaban que la línea por él impulsada resultaba riesgosa para la integridad del partido, pues la creciente coincidencia con el gobierno lo lesionaba y prostituía sus principios.

Así lo analizaba Granados Chapa: «El trato frecuente del PAN con este gobierno los ha mimetizado y aún simbiotizado, pero ha sido mayor la influencia de Acción Nacional sobre el régimen. Éste se ha panificado, es decir, puesto en práctica la política de Acción Nacional en algunos de los puntos cruciales de su actuación. La reforma del Estado que es honra y prez del salinismo, es una reforma preconizada por el PAN desde su nacimiento, puesto que surgió como una agrupación anti estatista y anti cardenista, atributos de la actual administración».

«El gobierno priista y su partido han girado hacia donde está el PAN, hasta confundirse con él en varios sentidos. Acción Nacional no ha permanecido, ciertamente, inmutable en este intercambio. No es el mismo de 1939, ni el de 1975. Ni siquiera el de 1988. Aunque en el último decenio no ha sido dirigido por abogados, el partido ha practicado en ese periodo el típico negocio jurídico: do ut es (doy para que des). Ha obtenido logros, pero ha pagado costos. La mayor parte de sus miembros parece juzgar que ese canje se ha hecho sin daño para la misión del partido. Desde afuera de él se aprecia mejor el peligro de que esa adecuación de los principios a la realidad conduzca al PAN a la paradoja de servirse a sí mismo con eficacia, en medida semejante en que sirve menos a la democracia».

(Las heridas en campaña…)

Polemista nato, temible, con una agudeza verbal forjada como tribuno y abogado litigante, la retórica de Fernández de Cevallos ha cautivado a millones durante años. De ella se sirvió desde muy joven, cuando encabezó a un piquete de militantes panistas que hacían breves mítines en favor de algún candidato.

El propio Diego ha hecho declaraciones en las que habla de sí mismo durante su maduración como político, sea rompiendo mítines priistas, provocando a sus adversarios en reuniones de colegio electoral o en sesiones del Congreso. Incluso respondiendo con rispidez a correligionarios panistas que le reprochaban su comportamiento. Sostiene que tiene un fraude que le impidió llegar antes a la Cámara de Diputados, pero pondera que eso haya evitado que se convirtiera en legislador «un joven desbordado, cuya pasión ante nada se detenía y que difícilmente hubiera podido sujetarse, siquiera, a la disciplina interna de su propio partido». Sin duda alguna, su momento de gloria en este campo lo alcanzó el 13 de mayo de 1994, cuando sorprendió a todo el país como aspirante a la Presidencia de la República por el PAN, al enfrentarse en un debate televisado con el priista Ernesto Zedillo y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, en el primer evento de esta naturaleza en la historia de la política mexicana. A la mañana siguiente, diversos medios, especialmente los periódicos, dieron cuenta de sondeos entre el público, que presentaban a Fernández de Cevallos como ganador del debate. El pasmo del oficialismo fue evidente. La prensa extranjera, ávida de novedades dentro de la predecible política mexicana, habló de una «Diegomanía» en el país. «¿Presidente Fernández?», preguntaba un artículo de la revista Newsweek en junio de ese año, según el cual de ser el tercero en la lista de preferencias, el aspirante panista había llegado a encabezar las preferencias ciudadanas después del debate. Desde Londres, el periódico The Sunday Times dijo: «Fernández de Cevallos ha devuelto a México el gusto por la democracia». Y agregaba, «cuando las instituciones políticas mexicanas se tambalean bajo las presiones del interior y de Estados Unidos, Fernández de Cevallos ha surgido de repente como figura a considerar. Un carismático conservador con la posibilidad de llegar a la presidencia». En su libro de memorias, Carlos Salinas de Gortari obsequia varios elogios a Fernández de Cevallos. Yal aludir al citado debate, refiere que esa misma noche dio instrucciones para que su gobierno saliera al rescate del candidato priista Ernesto Zedillo. En las semanas siguientes, sin embargo, la presencia pública de Diego se desdibujó y se presentó a la jornada electoral con una imagen de guerrero en retirada, lo que despertó múltiples suspicacias que abundan hasta la fecha.

«Se enfermó», advirtieron algunos, según los cuales Fernández de Cevallos sufría un mal incurable, un cáncer voraz, que lo había obligado a recluirse en un hospital de Houston. No lo podía revelar, se decía, porque supondría su muerte política anticipada, por el mero hecho de que legalmente estaba limitado a salir del país durante varios meses antes de la elección.

Otras versiones, menos generosas, atribuyeron su debilitamiento a una componenda con el gobierno y a la existencia de un «expediente negro» con el que lo habían logrado recluir en su casa o cuartel de campaña. La duda estalló en un libro de Vicente Fox, publicado tras ganar la presidencia en el 2000, donde lamentaba que tras su éxito en el debate del 94, Diego hubiera rendido las armas. Esto, desde luego, añadió un capítulo al ya antiguo distanciamiento entre ambos y fue el argumento para que la mayor parte del sexenio foxista existiera una rispidez mutua.

José Luis Durán Reveles, coordinador de la campaña de Fernández de Cevallos en 1994, tiene otro registro de los hechos. Consultado al respecto, sostiene que el triunfo en el debate obligó a que el equipo revisara las estrategias para aprovechar esa nueva circunstancia. «Nos recluimos tres días para revisar el programa y buscar que los siguientes eventos tuvieran la mayor repercusión posible, convencidos de que el país estaría más pendiente de nosotros». Sin embargo, aseguró que desde la noche misma del debate, los medios electrónicos iniciaron un aislamiento contra Fernández de Cevallos.

«En apenas unos días estábamos totalmente fuera de la pantalla. Mientras Zedillo lograba amplias coberturas, nuestros actos eran ignorados o disminuidos. En lugar de difundir una concentración masiva en Guadalajara o en Monterrey, presentaban a Diego cuando bajaba de su automóvil, en actitud distraída. Así fue durante semanas. Los medios electrónicos nos sabotearon hasta el final».

Según Durán Reveles, esta situación desató la furia de Diego, al grado de que en algún momento se reunió con los reporteros acreditados en su campaña por las televisoras para reclamarles y pedirles trasmitir su queja ante los directivos de Televisa y Televisión Azteca, «pero de nada sirvió».

En la recta final de su campaña, Fernández de Cevallos protagonizó un mitin en Ciudad Universitaria, que congregó a miles de jóvenes. Ello representó un quiebre en la presencia históricamente débil del PAN en la UNAM. Bajo la mirada de la prensa, sin embargo, el acto fue dominado por un grupo de activistas simpatizantes de Cuauhtémoc Cárdenas, que llegaron al acto armados de huevos podridos y capuchas negras.

En pleno discurso del candidato panista, los proyectiles ovalados empezaron a volar con dirección al templete. Diego echó manos de frases que años antes, en 1968, le habían ayudado en ese mismo lugar: los orígenes del PAN, el rectorado de Gómez Morín. Fue inútil. Él y su comitiva —entre ellos Luis H. Álvarez, Gonzalo Altamirano, Ricardo García Cervantes— acabaron bañados en clara de huevo y cáscaras.

El candidato hubo de interrumpir su discurso luego de improvisar al decir que «más allá de huevos podridos, más allá de esas acusaciones, más allá de esas calumnias, más allá de esa pobre roña moral, hemos de insistir que la esperanza de Acción Nacional está soportada en las mujeres y en los jóvenes de México». Todavía antes de ser sacado casi a empujones del templete por parte de su equipo, citó nuevamente una de sus frases predilectas, atribuida al Quijote: «Las heridas que se reciben en campaña, antes dan honra que la quitan».

Punta Diamante: se asoma otro rostro

Un tema poco tratado en la polémica sobre Fernández de Cevallos es su fortuna personal, su patrimonio, que se sabe vasto. Como ocurre con amplios aspectos de su vida familiar y sentimental, ha logrado conservar esta faceta bajo una plena opacidad, presentándola como parte de su entorno reservado, para lo cual usa un lenguaje que apela a la honra y a la privacidad.

Una ruidosa excepción a esto fue el escándalo por los terrenos de Punta Diamante, un tema que es desde hace más de una década, referente obligado cuando se polemiza sobre el abogado panista.

La historia empezó a trascender durante la campaña presidencial de Fernández de Cevallos en 1994. Incluso, se le atribuyó el potencial explosivo suficiente para frenar lo que se consideraba una marcha ascendente del panista en la contienda que libraba esencialmente contra Ernesto Zedillo, del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD.

El nombre de Punta Diamante cimbró al país cuando, el18 de marzo de 1997 —año de elecciones federales—, Fernández de Cevallos tomó el teléfono para llamar a Jacobo Zabludovsky, el conductor del influyente noticiario de Televisa 24 Horas, para decirle que había políticos que tenían propiedades ilegales en esa zona turística, donde, dijo, se valen de su poder para no pagar siquiera el impuesto predial. Cuando el periodista le pidió nombres, Diego contestó: «Me refiero, Jacobo, a Zedillo Ponce de León, Ernesto. El presidente de la República…». «¡Ah, caray!», contestó Zabludovsky, soldado de mil batallas y por ello, consciente de que nunca en la historia del país se había trasmitido algo similar en el horario estelar de la televisión.

A la noche siguiente, los mexicanos vimos al mismo Jacobo en la residencia oficial de Los Pinos, muy serio frente a un Ernesto Zedillo más serio todavía, quien replicó a Diego: «No soy ni he sido nunca dueño de propiedad alguna en dicho desarrollo. Tengo entendido que ésa es una zona de Acapulco de altísimo valor. Con toda franqueza afirmo que sólo con dinero mal habido, es decir, con dinero robado, hubiese yo podido adquirir, en algún momento de mi vida, una propiedad en Punta Diamante…».

Zedillo añadiría que compró mediante un crédito bancario un condominio en un fraccionamiento cercano, en una zona más modesta, pero conocido como Villas Diamante.

Desde ese momento el priismo cerró filas en torno a Zedillo y lanzó una serie de señalamientos contra Fernández de Cevallos, lo que añadió elementos para entender la lectura que el gobierno y su partido estaban haciendo sobre los motivos del ataque del abogado panista.

Rosario Guerra, quien había formado parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acusó a Fernández de Cevallos de haber recibido los terrenos de Punta Diamante, «en pago por su gestión para quemar las urnas del proceso electoral de 1988, en perjuicio del entonces Frente Democrático Nacional, base de las posteriores “concerta cesiones” del sexenio salinista». En el ambiente quedó la sensación de que la mano oculta en el acto de Diego podía ser la del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien sostenía un crecientemente público diferendo con su sucesor.

Lo que nunca quedó claro, lo que no reveló ninguna encuesta que haya sido publicada, fue el daño real causado por su denuncia ni los motivos reales de la misma. El PRI ganó por estrecho margen las elecciones de 1997, pero el ascenso de la oposición le hizo perder por primera vez en su historia, el control de la Cámara de Diputados, lo que impuso desde entonces una nueva correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Incluso la parte legal de la historia de Punta Diamante ha quedado dominada por la sospecha. Porque esta historia soporta diversas lecturas e interpretaciones. Desde aquellos que la presentan como un simple pago en especie mediante terrenos a cambio de los servicios profesionales de Fernández de Cevallos, hasta los que ven con claridad una línea que comunica esta operación con el otorgamiento de privilegios al más alto nivel del gobierno federal, encabezado entonces por Carlos Salinas de Gortari. Pago, sí, sostienen estas versiones, pero no por servicios profesionales, sino políticos, en la discreción de los pasillos del poder.

En términos formales, el tema puede explicarse con relativa rapidez: en junio de 1992, el entonces gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu —ex cuñado del presidente en funciones, Carlos Salinas de Gortari— decretó la expropiación de una enorme superficie de terrenos de pequeños propietarios y ejidales, en las afueras de la bahía de Acapulco, para impulsar un nuevo polo de desarrollo turístico e inmobiliario que sería conocido como Punta Diamante.

La superficie expropiada fue entregada para su administración al organismo estatal descentralizado Promotora Turística de Guerrero (Protur), que había sido creado en agosto de 1987 «para promover el fomento y el desarrollo de la actividad turística en la entidad». El director de Protur en esa época era Adrián Cordero García, a quien en 2002 se le atribuirían ligas con el narcotráfico y fuera incorporado por la Procuraduría General de la República como testigo protegido.

Fernández de Cevallos habría participado en los trámites legales que implicó este proceso, si bien no existen detalles amplios de cuál fue precisamente su intervención y sobre qué base se determinó pagarle mediante terrenos. Lo que sí se conoce es que recibió dos predios, denominados C-4, de 53 mil 418 metros cuadrados, y el C-8, de dos mil metros cuadrados. Al momento de formalizar la cesión, cuando en esa zona surgía ya un impresionante desarrollo hotelero y de condominios de lujo, ese tipo de terrenos comenzaba a ser comercializado a razón de mil dólares por metro cuadrado. Es decir, el pago a Fernández de Cevallos representaba en ese momento 55 millones de dólares.

Al valor de los predios en sí mismos debe añadirse que en el convenio de dación de pago por parte de Protur, se agregó que ese organismo cubriría «los honorarios, gastos y todo tipo de impuestos, derechos o cooperaciones que resulten directa o indirectamente por el otorgamiento de la escritura y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como los que resulten de la subdivisión que conforme al Plan de Desarrollo urbano realice el adquiriente o sus derechohabientes».

Asimismo, Protur se comprometió «frente al adquiriente a obtener del H. Ayuntamiento de Acapulco una exención del impuesto predial respecto de los inmuebles a partir de esta fecha y hasta que hayan transcurrido dos años de la conclusión y puesta en operación de todos los servicios e infraestructura del fraccionamiento en que se ubican los predios». En ese momento el alcalde de Acapulco era René Juárez Cisneros, quien luego fue gobernador del estado.

No hay registros disponibles sobre el destino que Diego dio a esas propiedades; si las vendió o desarrolló ahí algún inmueble. Lo que sí puede asegurarse es que ya no son más terrenos baldíos, pues en esa zona, que dio cabida al Acapulco de los ricos, no existe ya un solo metro sin construir.

El apetito por los ranchos

Y si el tema de las propiedades del político panista es desde hace por lo menos tres lustros, materia de conversación frecuente en diversos ámbitos de la política mexicana, en Querétaro, su estado adoptivo roza el campo de la leyenda.

En febrero de 2003, la periodista María Scherer Ibarra documentó en la revista Proceso una lista de propiedades de Fernández de Cevallos, que se extiende por múltiples ranchos en Querétaro. Varias de esas propiedades figuran a nombre de integrantes de su familia. Así, a nombre de su hijo David Fernández de Cevallos Gutiérrez figura la finca La Asturiana, de noventa hectáreas, un rancho agrícola y ganadero con bodegas, planta lechera, tres casas, sala de ordeñe, taller para maquinaria, dos pozos, corrales, chiqueros y parideros para ganado. Su valor ascendió a 4.5 millones de pesos. Diego hijo figura como propietario de otro rancho, La Escondida.

En 2002, le compró a su hijo Rodrigo Fernández de Cevallos Medina dos predios de veintitrés y cincuenta hectáreas que fueron parte de la hacienda Guadalupe, en Pedro Escobedo, en el mismo estado. El precio de compra por ambos fue de casi cuatro millones de pesos. En abril de ese mismo 2002, una notaría local registró la compra a nombre de Claudia Fernández de Cevallos Gutiérrez, hija de Diego entonces de veintiún años la finca rústica La Palma, valuada en casi siete millones de pesos. Otro registro notarial da cuenta de que en 1995 Diego y su hijo compraron también La Llave, de cien hectáreas, pagando por ello más de seis millones y medio de pesos. El orgullo del abogado panista parece ser el rancho El Estanco, donde le gusta recibir a sus invitados especiales, lo que en el verano de 2008 incluyó a un nutrido grupo de legisladores de su partido, a los que agasajó en el lugar. Esta propiedad tiene un origen oscuro: en 1994, mismo año en que Diego fue candidato presidencial presentándose como hombre de honestidad intachable, el abogado Jorge Ugalde, representante de Mario Moreno, Cantinflas, lo acusó de haberse apropiado del rancho de 220 hectáreas, mediante una maniobra de despojo.

El Estanco se halla situado a ocho kilómetros del citado municipio de Pedro Escobedo. Tiene una barda de ladrillos de un kilómetro de perímetro. Se estima que el valor total de la finca es de 20 millones de dólares.

La dimensión de los casos que ha atendido Fernández de Cevallos como abogado y la aparente inclinación a cobrar en especie, mediante terrenos u otros inmuebles, como ocurrió con el caso de los predios en Punta Diamante, en Acapulco, permiten suponer que sus ranchos en Querétaro no forman la parte esencial de su patrimonio. De ahí que Diego sea considerado por muchos uno de los hombres más ricos del país.

Batallas sin honra

En el singular registro público que suma hechos concretos con anécdotas y percepciones, Fernández de Cevallos mantuvo otro debate televisivo, pero esta vez con resultados adversos. Se trata del encuentro sostenido en marzo del 2000 con Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato del PRD a la jefatura de gobierno de Distrito Federal. El lugar: el espacio noticioso, entonces matutino, de Joaquín López Dóriga, en Televisa. Si bien la agenda de la discusión fue reducida a los enconos de cada parte, lo que ha trascendido en el ánimo general es que López Obrador logró contener y humillar al afamado polemista, al que imputó ser un falso opositor, un «alcahuete del régimen» y un «corrupto que se ha enriquecido a costa del sufrimiento de los demás».

Otro de los adversarios con el que Diego se ha engarzado en múltiples debates, aunque de carácter mediático, ha sido Porfirio Muñoz Ledo, especialmente cuando éste se desempeñó como presidente del PRD. A partir de mayo de 1994, en plena campaña presidencial en la que Fernández de Cevallos contendía por el PAN, Muñoz Ledo dirigió acusaciones, señalamientos y burlas incesantes que se extendieron hasta diciembre de 1995.

Entre otras críticas, el perredista atribuyó al abogado panista ser defensor de narcotraficantes y lo retó a un debate en el que, aseguraba, «lo haría talco». Al final del ciclo, Diego envió una carta a las oficinas del PRD en la que entre otras cosas, afirmaba: «Mis actividades profesionales, que no mezclo ni confundo con mi trabajo político, están a la vista, son legales y públicas, y en ellas aparece mi nombre y firma…

Perdone si lo lastimo, pero yo soy un hombre de trabajo y no un vividor de la política…».

En ese periodo, Muñoz Ledo aseguró en más de una ocasión que Fernández de Cevallos había defendido a médicos abortistas, lo que lo evidenciaba como un hombre de doble moral. Colaboradores cercanos del perredista aseguran que la primera ocasión en que Muñoz Ledo habló de los abortistas, recibió una llamada de Fernández de Cevallos, quien le solicitó reunirse, acordando encontrarse en un discreto restaurante de la colonia Roma, cerca del edificio sede del PRD. En la conversación, Diego habría explicado que cuando un abogado se inicia, en el despacho al que está asignado se reciben encomiendas que pueden no ser de su agrado y que en su caso aceptaba que una de ellas en aquella época podría haber sido defender a médicos acusados de practicar abortos, pero también explicó su opinión de que un abogado no siempre defiende a gente inocente, sino también a culpables, siempre y cuando se haga con apego a la ley.

Para entonces ya se acumulaban muchas versiones de que efectivamente, personajes de comportamiento sospechoso se beneficiaban de los servicios del «afamado y notable abogado». Personas incluso de su entorno aseguran que en algún momento extendió sus servicios al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en la época en la que éste residía entre Cuba e Irlanda. No fue posible confirmar esto ni en qué habrían consistido estos servicios.

En marzo de 2000, bajo una fuerte presión en contra proveniente del equipo foxista que entraba al gobierno, Fernández de Cevallos fue designado por la directiva del PAN coordinador de la bancada en el Senado. Su principal contendiente para ocupar esa posición fue Carlos Medina Plascencia.

Las fricciones entre Diego y su bancada siempre fueron ríspidas y se dieron varios intentos para removerlo. A mediados de 2002, 26 de los 46 senadores firmaron una carta donde pedían un cambio en la coordinación. Entre los inconformes se hallaban Javier Corral y César Jáuregui. En agosto de 2003, la fracción fue citada a deliberar durante una reunión fuera de la ciudad de México, donde se esperaba el golpe final. Sorpresivamente, hasta ese lugar llegó el presidente Fox acompañado por el secretario de Gobernación, Santiago Creel, lo que derivó en un respaldo a favor de Fernández de Cevallos.

La lectura fue que Creel había intercedido a favor de Diego como parte de una alianza rumbo al 2006, que al final quedaría frustrada. En el momento en que Creel más lo necesitó —en la contienda interna por la candidatura— y a pesar de reclamos para que se manifestara a su favor, Fernández de Cevallos eludió asumir un compromiso público de apoyo a Creel y luego, en corto, tuvo juicios lapidatorios contra quien se asumía su aliado.

Finalmente, hacia 2004, Fernández de Cevallos dejó en forma discreta la coordinación de la bancada panista. Todavía tuvo tiempo de protagonizar dos escándalos: la compra de un edificio para albergar oficinas de legisladores panistas, en Paseo de la Reforma 136 —la llamada desde entonces Torre Azul—, aprovechando los recursos que entrega el Senado a las fracciones, pero en un esquema tan irregular que varios senadores se negaron a mudarse a las nuevas oficinas. El otro tema, en la primavera del 2006, fue su abierto apoyo a la llamada «Ley Televisa», promovida por los consorcios televisivos para garantizarse canonjías adicionales. Eso nevó a que el 29 de marzo de 2006, Diego fuera agredido por una multitud que protestaba en las afueras del Senado. Fue jaloneado y su saco destrozado. Durante varias horas se mantuvo así, con el saco sin una manga, para dar cuenta del ataque en su contra.

La nueva normatividad de la también llamada ley de medios fue impugnada posteriormente por un grupo sustantivo de senadores, entre los que se hallaban el panista Javier Corral y el priista Manuel Bartlett. La Corte les dio la razón, causando un revés sin precedentes al poder de la televisión.

En contraste. En febrero de 2003 Televisión Azteca lanzó una campaña contra el entonces senador, con diversos señalamientos, aunque fue del común conocimiento que el motivo real era la posición de Fernández de Cevallos contraria a la embestida de la empresa de Ricardo Salinas Pliego en contra de Rafael Moreno Valle, propietario de Canal 40, lo que incluyó un asalto a las instalaciones de la televisora en el cerro del Chiquihuite, encabezado por el ahora senador Jorge Mendoza.

El desafuero de AMLO

El caso de Carlos Ahumada escaló la tensión entre Fernández de Cevallos y el PRD hasta niveles nunca vistos. En marzo de 2004, luego de que el abogado panista sostuviera una entrevista con Joaquín López Dóriga, en el noticiario nocturno de Televisa, el conductor aceptó una llamada telefónica de un alto funcionario de gobierno de la ciudad de México, Martí Batres, subsecretario de Gobierno de la capital.

Éste dijo al aire que entre diciembre de 1996 y abril de 1997, Jorge Bastida Gallardo, considerado «cerebro financiero» del Cártel de Juárez y del capo Amado Carrillo Fuentes, pagó a Fernández de Cevallos cheques por un total cercano a cinco millones de pesos. Batres describió al entonces coordinador del PAN en el Senado como «empleado de la mafia», «coyote de angora» que es, dijo, «el corrupto número uno de México, impune… nace atrocidad y media, pillería y media; parece un pandillero de saco y corbata».

El tono de los señalamientos contra un senador, desde la posición de un funcionario del gobierno de la ciudad capital, sólo podía comprenderse por el hecho de que semanas antes se había dado a conocer en Televisa una serie de videos donde se mostraban escenas en las que el empresario contratista de origen argentino Carlos Ahumada, entregaba fajos de billetes a René Bejarano, ex secretario particular del jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador y en ese momento líder de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Días después de los hechos, el gobierno de la ciudad acusó a diversos personajes, ente ellos a Fernández de Cevallos, de estar atrás de la presentación de estos videos.

El16 de marzo de 2006, en un nuevo video trasmitido en el noticiero de Carmen Aristegui, el mismo Carlos Ahumada reveló que las imágenes dadas a conocer en 2004 fueron entregadas a Fernández de Cevallos y dijo creer que se conocieron antes de su difusión por Carlos Salinas de Gortari, el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel; el procurador general de la República en ese lapso, Rafael Macedo, e incluso por el presidente Vicente Fox. Esto marcó el inicio de lo que López Obrador y sus seguidores llamarían un «complot» en su contra para impedirle contender por la presidencia en las elecciones de 2006. El conflicto incluyó una demanda de desafuero en contra del entonces Jefe de Gobierno, acusado de desacatar un amparo concedido por la Corte a los propietarios de un terreno en Santa Fe, donde la autoridad local había autorizado la construcción de una calle para dar acceso a un hospital.

El juicio por desafuero llegó a la Cámara de Diputados, donde con el aval del PRI y del PAN, López Obrador fue destituido para enfrentar el proceso judicial en su contra. Semanas después, ante indicios de que este proceso fortalecía la imagen política del perredista antes que deteriorarla, el gobierno de Fox bloqueó la denuncia a través de la PGR, lo que generó un efecto en cascada: López Obrador regresó a su puesto, el entonces procurador, Rafael Macedo de la Concha, presentó su renuncia; el PRI montó en cólera al decirse utilizado. El asunto llevó a que sus tres principales operadores sellaran una nueva relación: Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos y Santiago Creel.

Los jugosos litigios

Durante décadas, la actividad profesional de Fernández de Cevallos ha estado entreverada con la política, al grado de que en ocasiones es difícil distinguir dónde acaba una y empieza otra. Fuentes de la Corte, por ejemplo, refieren que durante varios años, antes y después de ser senador, Diego ha sostenido encuentros con ministros, para promover asuntos, muchos de los cuales estaban ligados con clientes suyos.

La lista de clientes incómodos de Fernández de Cevallos fue creciendo con el paso del tiempo. Los casos más notables han sido aquellos que por su connotación política o por los montos económicos que encerraron, colocaban a Diego como un abogado carente de escrúpulos, ajeno al hecho de que sus defendidos estuvieran señalados por ligas con el crimen, o que el litigio supusiera golpear al Estado en sus recursos.

No obstante, casos de otra naturaleza tuvieron gran resonancia en la trayectoria profesional del abogado panista, como lo fue su defensa de Gerardo de Prevoisin, pionero de los programas de privatización en el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al asumir en 1988 el control de Aeroméxico. Tras una etapa donde se lo presentó como salvador de la aerolínea y su guía visionario, renunció a su cargo en el Consejo de Administración de la misma en septiembre de 1994. Al día siguiente se le fincaron cargos por desfalco que lo hicieron huir del país y defenderse durante años, hasta que fue extraditado, juzgado, encontrado culpable y, por fin, recientemente condenado.

Uno los casos con implicaciones políticas más importantes de Fernández de Cevallos se derivó de la constitución del organismo denominado Fobaproa, una entidad pública constituida para sanear el quebranto impuesto por los bancos a raíz de la devaluación de 1994-1995, a lo que sumaron excesos y abusos de muchos banqueros y empresarios que obtuvieron créditos sin las garantías necesarias. En las postrimerías del sexenio de Ernesto Zedillo, la Cámara de Diputados deliberó si aprobaba que el Estado asumiera una enorme deuda con cargo al erario, que entonces superaba los 202 mil millones de pesos, liberando a los bancos de esa carga, que pasaría a ser administrada por el citado Fobaproa.

Existe una historia no publicada de cómo personajes diversos, entre ellos panistas encumbrados, como Vicente Fox —algunas de cuyas empresas estuvieron en el Fobaproa— y Fernández de Cevallos, realizaron gestiones con diputados para sacar adelante la votación favorable correspondiente.

No pasó mucho tiempo para que los despachos de los abogados panistas Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdan tomaran en sus manos la redituable defensa de algunos actores ligados al tema. Debe subrayarse que Hamdan fue, como Diego, senador, ocupando la posición clave de presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Entre los casos que desahogaron figuran el del Banco Bital, que desde diciembre de 2007 adquirió el Banco Atlántico, pero el proceso de fusión se prolongó excesivamente, en espera de que las gestiones de Hamdan y Fernández de Cevallos lograran que Fobaproa entregara pagarés por 13 mil millones de pesos al Atlántico, que fueron a parar a las arcas de Bital.

Profundizar en la clientela seleccionada por Diego y sus abogados cercanos, así como en los detalles de cada juicio, excedería las posibilidades de este trabajo, pero es preciso destacar que el abogado panista siempre se ha escudado en diversas interpretaciones legales para justificar su proceder desde el punto de vista político.

En los momentos en que las impugnaciones en su contra alcanzaron mayor vuelo e incluso legisladores de su partido impulsaban una legislación para poner coto a este tipo de conductas, Fernández de Cevallos dio declaraciones alegando que el tráfico de influencias, por ejemplo, era una un delito tipificado y que si alguien consideraba que incurría en él, que lo llevara a tribunales, lo que nunca ha ocurrido. Las condenas en su contra, por lo tanto, acaso por la ausencia de una ley específica, se han concentrado en subrayar que su accionar puede ser legal, pero cae en el campo de la inmoralidad.

Un asunto literalmente jugoso litigado por Fernández de Cevallos fue la demanda ganada por la empresa Jugos del Valle para lograr la devolución de 1,800 millones de pesos a raíz de un amparo contra un impuesto especial establecido por la Secretaría de Hacienda. El caso provenía desde 1996, y diversos bufetes habían fracasado en sus gestiones para obtener la devolución del dinero. Al tomar el asunto en los primeros días del gobierno de Vicente Fox, Diego precisó sólo algunas semanas para lograr que el flamante Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, autorizara el pago en forma casi inmediata.

En el año 2000, su despacho, con la participación de Antonio Lozano Gracia, quien se había desempeñado como Procurador General de la República durante el gobierno de Ernesto Zedillo, asumió la defensa del empresario de Quintana Roo Fernando García Zalvidea, preso desde 1998 por acusaciones de lavado de dinero proveniente del Cártel de Juárez, de acuerdo con las acusaciones hechas por la PGR. El delito se habría configurado mediante la compra del hotel Gran Caribe Real. García Zalvidea fue liberado y, en declaraciones dadas a la radio, agradeció públicamente las gestiones de Fernández de Cevallos y de Lozano Gracia.

Meses después, la prensa publicó la transcripción de varias conversaciones telefónicas, al menos una de ellas sostenida entre Diego y Lozano Gracia, según las cuales sus gestiones abarcaron el campo político e incluyeron presionar a la PGR para que cesaran las investigaciones. Quizás el caso más escandaloso y significativo haya sido el promovido por Fernández de Cevallos y Lozano Gracia a favor de la familia Ramos Millán. Ello, desde finales del 2000 hasta muy avanzado el 2003, justo el periodo en el que Diego se desempeñaba a plenitud como coordinador de la bancada del PAN en el Senado.

Los herederos de los Ramos Millán solicitaron los servicios de Fernández de Cevallos y Lozano Gracia para revivir una demanda que dio comienzo en 1985 en reclamo de 33 hectáreas del ejido Santa Úrsula Coapa, que habían sido expropiadas para regularizar la tenencia de la tierra a quienes vivían en esos terrenos desde décadas anteriores. En marzo del 2002, tras escaso año y medio de gestiones, la dupla Diego-Lozano logró que un juzgado ordenara a la Secretaría de la Reforma Agraria pagar a los herederos de Ramos Millán poco más de 1,214 millones de pesos. La dependencia recurrió a un amparo, pero el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa ratificó la resolución y requirió tanto a la Reforma Agraria como a la Secretaría de Hacienda pagar el enorme adeudo.

El gobierno acordó cubrir esa cifra en cuarenta entregas anuales, pero en julio del 2003 Fernández de Cevallos y Lozano regresaron a tribunales para demandar a la entonces ex secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello —quien era ya consejera en la Judicatura Federal—, a su sucesor, Florencio Salazar y a la Federación misma, por daños y perjuicios, exigiendo un pago adicional de 118 millones de pesos por concepto de intereses de la cantidad adeudada.

Existe registro de un serio malestar en el gobierno de Vicente Fox por este problema. Testigos cercanos al entonces mandatario aseguran que él mismo expresaba juicios «durísimos» contra Fernández de Cevallos por usar su influencia en los tribunales para litigar en contra del Estado.

El asunto concluye con un juicio paralelo emprendido por la autoridad ante la Corte, donde se determinó que el criterio utilizado para calcular el monto de la deuda estaba equivocado. Antes de que ello ocurriera, Diego realizó gestiones urgentes entre los ministros para frenar esa resolución. La presión más fuerte se concentró en los nuevos integrantes del alto tribunal, elegidos por la votación del Senado, como José Ramón Cosío. Éste sin embargo, votó en favor de reducir drásticamente el monto del pago que debía cubrirse a los herederos de los Ramos Millán. Ello marcaba una señal de que el poder de Fernández de Cevallos frente a los órganos administradores de la justicia en México había empezado a disminuir. La época del Jefe Diego iniciaba su ocaso.

ROBERTO ROCK es periodista y autor de la columna política «Expedientes abiertos» en El Universal, diario del que fue vicepresidente y director general editorial. Es egresado de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, becario de las fundaciones Ford y Miguel Alemán en Washington. Ha realizado coberturas periodísticas en diversos continentes y es coautor de varios libros, además de ser vicepresidente de la Comisión contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y miembro del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). En 2001 integró el Grupo Oaxaca, que promovió la Ley de Acceso en 2001.