EPÍLOGO

Acontecimientos recientes que afectan a los presos políticos cubanos

Jorge Valls fue liberado en 1984, pero dejó tras de sí cientos de presos políticos cuyo futuro aún no se ha resuelto. Desde 1977 se han producido importantes cambios en la situación de los presos políticos de Cuba. Los más significativos fueron los relativos al programa de liberación a gran escala, de 1978, y los acuerdos entre los servicios cubano y americano de inmigración para expresos políticos. La situación de éstos en Cuba no se puede tratar fuera del contexto de la política de inmigración de los Estados Unidos, ya que muchos presos políticos cubanos ven la emigración a los Estados Unidos como un componente necesario para su libertad, tanto para evitar las discriminaciones en la vida cotidiana como para reunirse con sus familias.

En septiembre de 1978 Fidel Castro anunció que la mayoría de los presos políticos podían esperar su puesta en libertad en un futuro próximo. En aquel momento el gobierno cubano admitió que tenía aproximadamente 4.500. Se cree que unos 400 o 500 de ellos eran «plantados», encarcelados a principios de los 60 por haber cometido «delitos contra la Revolución». Muchos de ellos viven en condiciones deplorables; desnudos e incomunicados en sus celdas, privados de las necesidades básicas, de las visitas de sus familias y de los derechos humanos.

El mayor avance respecto a los presos políticos se consiguió en 1979 cuando Castro puso en libertad a unos 4.000, entre ellos centenares de «plantados». El acuerdo para un programa de liberación a gran escala fue alcanzado entre los gobiernos cubano y americano a finales de 1978, en un período de ligeros avances en las relaciones bilaterales. Según el plan de liberación, el Gobierno de Castro y la Administración Carter llegaron a un acuerdo por medio del cual Estados Unidos facilitaría la inmigración de aquellos presos políticos liberados después de agosto de 1978. Esta era la primera política de inmigración que se desarrollaba entre los dos gobiernos y que marcaba un avance significativo en la aplicación de los derechos humanos.

Castro emprendió el programa de liberación a condición de que se permitiera a los presos emigrar a los Estados Unidos. De acuerdo con el mismo se animaba a la emigración tanto a presos políticos de condena reciente como antigua; el Gobierno cubano ansioso por acelerar los trámites de emigración, se dispuso a poner en libertad a algunos presos antes de que terminaran sus condenas. Unos 250 «plantados» rechazaron el acuerdo cubanoamericano basándose en que su liberación tenía que ser «incondicional». Aunque los Estados Unidos prometieron admitir 400 expresos al mes, solo se tramitaban los casos de 50 por mes. El programa de liberación solo era una vertiente dentro de la serie de acuerdos alcanzados entre el régimen cubano y la Administración Carter en un período de relativa distensión; otros aspectos eran la apertura de Delegaciones de Representaciones Oficiosas en La Habana y Washington D.C., ampliación de las oportunidades de viaje para ciudadanos cubanos y exiliados cubanos que vivían en los Estados Unidos, y el desarrollo de una política de prevención de los secuestros aéreos.

En 1980 todos los acuerdos se tambalearon debido a la emigración masiva desde Mariel. La llegada sin precedentes de 125.000 cubanos a los Estados Unidos, entre los que se encontraban delincuentes comunes y enfermos mentales, supuso, finalmente, un revés devastador para los antiguos presos políticos que querían entrar en los Estados Unidos.

El 2 de mayo de 1980 unos 400 presos políticos pidieron asilo en la Delegación de Representaciones Oficiosas de los Estados Unidos en La Habana, exigiendo el visado americano. Poco después se les garantizó la expedición de visados de entrada en los Estados Unidos y se les prometió el derecho a inmigrar. Para evitar más entradas se cerró la Delegación de Representaciones Oficiosas y se pospuso la concesión de visados. Pronto los Estados Unidos rompieron la promesa de abrir sus puertas a la emigración de aquellos antiguos presos políticos que esperaban desesperadamente reunirse con sus familias.

Posteriormente, aún en mayo de 1980, el gobierno de Estados Unidos se negó a continuar los trámites de inmigración para ciudadanos cubanos hasta que Castro aceptara que se le devolvieran los delincuentes comunes y enfermos mentales de Mariel que no eran considerados aptos para permanecer allí. La negativa de Castro a aceptar a estos «locos desechables» impulsó a la Administración Carter a suspender todos los trámites de inmigración normal. Esta encerrona dejó a cientos de presos políticos, que habían pedido visado americano con anterioridad, varados en Cuba, y a unos 1.800 «locos desechables» en las cárceles americanas. Todas las esperanzas de emigración y reunificación familiar se frustraron.

Desde el asunto de Mariel, tales presos políticos, obligados a quedarse en Cuba, se encontraron en condiciones terribles. Muchos de ellos tuvieron que enfrentarse a la discriminación, como consecuencia de haber sido una vez presos políticos. Según los informes del Departamento de Estado y los testimonios de antiguos presos, a menudo se negaba a muchos de estos expresos un trabajo decente, la cartilla de racionamiento y un lugar donde vivir. En consecuencia, su subsistencia dependía de sus amigos y de su familia. Lo más descorazonador es el hecho de que aquellos que fueron una vez presos políticos están estigmatizados, se les niegan sus derechos y, en cualquier momento, pueden volver a la cárcel bajo la ley de «peligrosidad» por la mera sospecha de que sean conflictivos para la seguridad del Estado. Claramente el gobierno cubano no ha hecho ningún esfuerzo por reintegrarles en la sociedad.

Más aún, con las relaciones cubanoamericanas más tirantes que nunca, los oficiales cubanos se negaron a estudiar el asunto de los «plantados» hasta que el gobierno americano aceptara acoger a antiguos presos políticos. Dadas estas circunstancias, los presos políticos cubanos se encontraron en un callejón sin salida. Al perder la esperanza en nuevas concesiones de fuerzas políticas extranjeras se sintieron obligados a tomarse la justicia por su mano. Como grupo político, algunos «plantados» se negaron a llevar los mismos uniformes que los presos que participaban en el plan de rehabilitación. Las condiciones de la prisión se fueron haciendo cada vez más duras. Durante 1982 y de nuevo en 1983 algunos iniciaron huelgas de hambre para exigir que sus condiciones de vida mejoraran y para protestar por ser retenidos ilegalmente una vez que habían cumplido sus condenas. Gracias a estos esfuerzos se logró la liberación de unas treinta personas y una mejora temporal de la situación de los demás. Sin embargo, los presos políticos solo obtuvieron unas pocas concesiones a costa de un gran esfuerzo.

En diciembre de 1984 la Administración Reagan empezó a buscar un diálogo con el gobierno cubano que tendría importantes consecuencias para los antiguos presos políticos. Según el primer acuerdo de inmigración de 1978, los Estados Unidos aceptaron unos 3.000 antiguos presos políticos cubanos y sus familias, y se preveía la inmigración de 20.000 cubanos al año. En contrapartida, el Gobierno cubano aceptó la vuelta de 2.700 refugiados de Mariel. El acuerdo bilateral logró la repatriación de 201 «locos desechables» de la penitenciaría de Atlanta y la emigración de más de 1.000 antiguos presos políticos a Estados Unidos.

Sin embargo, el acuerdo de inmigración se detuvo de repente tras un programa de Radio Martí en marzo de 1985. El Gobierno cubano, enfurecido contra la Administración Reagan por la emisión de propaganda anticastrista, consideró la iniciativa como una actividad hostil de Estados Unidos y reaccionó suspendiendo el cumplimiento de sus obligaciones en el acuerdo bilateral. Por su parte, los Estados Unidos se negaron a tramitar los visados de los antiguos presos políticos.

La suspensión del acuerdo de inmigración ha tenido consecuencias directas tanto en los 1.500 o más antiguos presos políticos de Cuba como en los 1.500 cubanos detenidos en la penitenciaría de Atlanta que están pendientes de deportación. La información recibida de antiguos presos o familiares de presos indica que muchos de los excarcelados que anteriormente habían pedido visado han sido discriminados por haber expresado su intención de abandonar el país. Esta discriminación hace que les sea difícil conseguir empleo o ayuda del Estado.

Dado que las relaciones entre los gobiernos cubano y norteamericano están muy tensas, los únicos progresos recientes que se han realizado en favor de los presos políticos de Cuba se han debido a iniciativas no gubernamentales. La negociación más reciente tuvo lugar en febrero de 1985, con la visita de una delegación de obispos católicos estadounidenses a Cuba. Los obispos presentaron a Castro una lista con 145 presos políticos. El Gobierno cubano les facilitó su propia lista con 75, entre los que estaban algunos de la lista de los obispos. Fidel Castro estuvo de acuerdo en permitir que los que estaban en las dos emigraran. Hasta ahora se han producido algunas liberaciones (el Departamento de Estado calcula que siete), pero el número exacto no se ha confirmado.

Los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos se han ralentizado, pero puede que no estén paralizados. Recientemente los Estados Unidos hicieron todo lo posible para averiguar si los 75 presos políticos de la lista entregada a los obispos eran aptos para inmigrar.

Oficiales americanos han pedido al gobierno cubano que les facilite los documentos del juicio de estas setenta y cinco personas para investigar sus cargos. Cuando se reciban las actas de los juicios, los Estados Unidos podrán discernir si estos presos están comprometidos en torturas o violencia para averiguar si pueden permitirles su entrada.

Hoy en día los «plantados» siguen cumpliendo largas condenas en las peores condiciones mientras miles de antiguos presos políticos viven como parias socia les. La promesa que Castro hizo en 1978 de liberar a casi todos los presos políticos de Cuba no se ha hecho realidad. En su lugar Fidel Castro se ha empeñado aún más en que los presos políticos que siguen en clara oposición contra el régimen cubano cumplan largas condenas.

En 1986 se calculaba que 126 «plantados» seguían retenidos, la mayor parte en las prisiones de Combinado del Este y Boniato, muchos después de haber pasado más de veinte años encarcelados.

Es difícil determinar el número exacto de «plantados» dado que en Cuba no se permite a las organizaciones que defienden los derechos humanos realizar allí sus investigaciones, y debido a la escasa documentación sobre los presos puestos en libertad o muertos. Fuentes del Gobierno norteamericano, incluyendo la Delegación de Representaciones Oficiosas del Estado, suponen que hay «entre 1.000 y 15.000» presos políticos. El Gobierno cubano admite la existencia de cientos de «contrarrevolucionarios».

El número exacto de presos no es el problema más urgente; el punto crítico es que las condiciones de prisión que describe Valls en sus memorias todavía están en vigor. En represalia por negarse a aceptar la ideología del régimen y sus programas de rehabilitación, los «plantados» siguen soportando unas condiciones de prisión muy duras. A menudo les mantienen por largos períodos en confinamiento solitario, privados de la luz del sol, del aire puro y del ejercicio. Sufren malnutrición y con frecuencia les niegan la asistencia médica. Por temporadas les privan de las visitas de sus familiares, la correspondencia o la lectura. Según presos recientemente liberados o que aún cumplen condena, estas condiciones varían en su dureza al antojo de las autoridades cubanas.

Testimonios de antiguos presos e información sacada de contrabando de las prisiones cubanas indican que los arrestos políticos y la retención en las prisiones no es algo del pasado. Estas fuentes afirman que las detenciones prolongadas y las segundas condenas basadas en la prisión preventiva contra la «peligrosidad», por ejemplo, son muy frecuentes y, a menudo, son resultado de decisiones arbitrarias de las autoridades más que la sentencia de un tribunal tras un juicio justo. En consecuencia, a menudo se informa verbalmente a los presos políticos de que no se les pondrá en libertad. Todas las pruebas disponibles apuntan también a que la mayor parte de los presos cumplen al menos la totalidad de su condena (de veinte a treinta años). Desde la liberación de Jorge Valls otros presos han conseguido la libertad, destacando los veintiséis «plantados» liberados en junio de 1984 como resultado de la visita de Jesse Jackson a Cuba. La mayoría de estos presos cumplieron condenas de veinte años y algunos fueron retenidos en prisión al acabar su condena. Aunque en los últimos meses se ha puesto en libertad a algunos presos a punto de acabar sus condenas o muy poco después, no hay suficiente información para afirmar que esto vaya a continuar. Más aún, muchos de los presos que han liberado estaban en la lista de los obispos. Su liberación se puede atribuir fácilmente al interés de Castro en hacer gestos públicos de reconciliación.

Hay un pequeño número de presos políticos cubanos mundialmente famosos. Son poetas, escritores o intelectuales que han podido publicar obras en el extranjero, o aquellos antiguos funcionarios del Gobierno conocidos antes de entrar en prisión. Sin embargo, la mayoría aplastante de los presos políticos detenidos actualmente son desconocidos y siguen sufriendo los efectos del esfuerzo que este régimen ha realizado durante veintisiete años para silenciar su voz.

No se puede negar la importancia que tiene el conseguir la libertad de presos que han llegado a ser casos famosos, como el de Jorge Valls. Pero es aún más importante buscar los caminos que conduzcan a la liberación de todos los presos políticos de Cuba, conocidos o desconocidos.