La guerra química

En un revelador documento conservado en el Archivo General Militar, Negrín se había mostrado tajante sobre su política de resistencia a ultranza para impedir que Franco se saliese al final con la suya.

Su discurso fue radiado, e incluso difundido en octavillas, en enero de 1939, poco antes de que se desmoronase el frente catalán.

El jefe del Gobierno arengó entonces a su ejército para que resistiese a cualquier precio, aun a costa de alcanzar «los extremos que sean necesarios para impedir que el fascismo llegue a Barcelona, para lo cual cuenta con medios hasta ahora desconocidos».

¿Cuáles eran esos «medios desconocidos» a los que aludía Negrín, tratando de intimidar al enemigo?

Los servicios de inteligencia franquistas respondían a esa inquietante cuestión en otro relevante documento, fechado a finales de diciembre de 1939, en Irún:

Si la actual ofensiva nacional —informaba el SIPM— hace cundir el desaliento en la zona roja como en la primavera de 1938, no sería nada de extrañar, ya que se ha hablado mucho del asunto, que los rojos intentaran el empleo de gases tóxicos, principalmente cloro, pues la mayor parte de las mascarillas de que dispone el ejército rojo son de filtros de ese gas.

Negrín nada tenía que ver ya con Prieto, quien, siendo ministro de Defensa Nacional en el quinto gobierno republicano desde el estallido de la guerra, denominado pomposamente de «la Victoria», había enviado un informe de alto secreto al Consejo de Ministros, mostrándose contrario al empleo de armas químicas.

El trascendental documento decía, en parte, así:

Claro que la postura «de puertas adentro» de Indalecio Prieto no implicaba que los republicanos renunciasen al empleo de gases en algunos frentes.

De hecho, un informe del Servicio de Información de la Frontera Noreste (SIFNE), fechado el 14 de agosto de 1937 en Biarritz, aseguraba lo siguiente:

Miaja había conseguido autorización para emplear gases. Esta noticia había sido confirmada por el cónsul rojo en Perpignan, Puig Puchades, quien añadía que el Gobierno de Valencia, caso de emplear gases, simularía ignorarlo, dando a la cosa un aspecto de iniciativa particular de Miaja.

En febrero de 1938, el citado servicio de información confirmaba que «Miaja insistía en emplear gases en el frente de Madrid costara lo que costase».

En noviembre, en el cuartel general de Franco se manejaba una relación de las fábricas de abrasivos químicos enemigas, por si fuese necesario ordenar a la aviación que destruyese todos aquellos objetivos.

Sólo en Barcelona, los nacionales habían localizado, entre otras, la Fábrica de Colorantes y Explosivos, la Fábrica Elizalde, la Empresa de Industrias y Manufacturas, y los Laboratorios de la Universidad Industrial.

Consciente de la amenaza que se cernía sobre el ejército nacional en su avance imparable hacia Barcelona, Franco ordenó el 17 de enero a todas sus fuerzas de Operaciones y al Servicio de la Guerra Química que intensificasen la instrucción con caretas antigás.

El Generalísimo no era, desde luego, un lunático. Si por algo se caracterizaba el valeroso militar que estaba a punto de alzarse con la victoria final en una guerra de desgaste que duraba ya treinta meses, era por haber mantenido siempre los pies firmes sobre la tierra. La guerra química no era, pues, invención suya.

El propio fundador e inspector general de la Brigada Sanitaria Antigás, el anarquista Juan Morata Cantón, presidente del Colegio de Médicos, recordaba que en 1853 se habían empleado ya en la guerra de Crimea gases desprendidos de hogueras de alquitrán, azufre y paja húmeda, por iniciativa del mando británico. Sólo un año después, el almirante Dundonal había empleado proyectiles de gases venenosos durante el sitio de Sebastopol.

Ya en el siglo XX, como evocaba Cantón, en 1912, el Laboratorio Municipal de París preparó ampollas de éter bromoacético para utilizarlas, dado su gran poder lacrimógeno, en las algaradas promovidas por los indios apaches; los franceses recurrieron a ese mismo abrasivo en la Primera Guerra Mundial, ensayando antes el lanzamiento de treinta mil ampollas en el bosque de Argonne.

Este primer intento animó a los alemanes a continuar por el mismo camino. Siguiendo instrucciones de los profesores Nerst y Haber, el ejército alemán utilizó, en octubre de 1914, algunos proyectiles cargados con sales de diamisida, a los cuales denominó abreviadamente Ni (de Nies-Geschss, «proyectil estornutatorio»).

Un año después, los alemanes ensayaron en Verdún el lanzamiento de otros proyectiles cargados con bromuro de bencilo, xililo o bromoacetona.

Pero la hora de la verdad llegó a las seis de la tarde del 22 de abril de 1915, cuando el ejército alemán dejó que el cloro contenido en ocho mil botellas se dispersase lentamente en un frente de unos 6 kilómetros de longitud, en el sector de Iprés.

La suave brisa que soplaba en dirección de las filas aliadas favoreció la propagación del gas, que produjo quince mil bajas, cinco mil de las cuales se registraron en las mismas trincheras.

Desde entonces, Alemania intentó aprovechar toda la potencialidad de su industria química para desplazar el equilibrio existente con otras armas.

Pero Francia, que hasta aquel momento importaba cloro y bromo de Alemania, supo responder al desafío de su enemigo. Con ayuda de Inglaterra, fabricó armas tóxicas de combate, que empleó por primera vez con gran eficacia en Verdún, en febrero de 1916.

La respuesta de los alemanes a los proyectiles de fosgeno lanzados por los franceses no se hizo esperar: el 19 de marzo, arrojaron proyectiles de cruz verde, cargados con cloroformiato de metilo triclorado, conocido también como perstoff o difosgeno. Luego, los alemanes recurrieron a los proyectiles de cruz azul, que contenían sustancias irritantes sólidas, llamadas arsinas por estar compuestas de arsénico. Su poder mortífero era entonces enorme, pues, al explosionar la granada, las arsinas se fragmentaban en partículas muy pequeñas capaces de atravesar los filtros de las máscaras antigás. De ahí que se las denominase «rompemáscaras».

Pero el arma más poderosa en aquel momento fue, sin duda, el proyectil distinguido con una cruz amarilla.

Los altos mandos militares recordaron entonces que, en 1886, el químico alemán Víctor Meyer había estudiado y preparado un cuerpo líquido (sulfuro de etilo declorado), que resultó ser un instrumento bélico de gran valor, pues no sólo actuaba sobre los órganos internos del enemigo, sino que lo hacía también sobre la misma piel, aun cuando ésta se hallase protegida por uniformes y botas.

La noche del 12 de julio de 1917, las tropas alemanas lanzaron numerosos proyectiles cargados con esa sustancia en el frente de Iprés; por eso los franceses le dieron el nombre de iperita, mientras que los ingleses lo denominaron gas mostaza a causa de su fuerte olor.

Más cerca aún de la contienda civil española, durante la guerra de Etiopía, a finales de 1935, los italianos emplearon abundantes cantidades de iperita, fosgeno y arsinas.

Por lo tanto, la amenaza de un ataque con armas químicas no era una fábula al comienzo de la Guerra Civil española.

Franco recordaba, en efecto, la primera vez que el enemigo utilizó su armamento químico contra sus diezmados hombres que resistían heroicamente tras los muros del Alcázar de Toledo, el 8 de agosto de 1936. A las diez de la mañana de aquel día, un bimotor Potez arrojó varias bombas de gas, tres de las cuales penetraron en el patio de la antigua fortaleza árabe un colosal bloque de cinco pisos de piedra gris, con sus cuatro torres de vigilancia en las esquinas, que luego fue palacio real; otra cayó en unas barricadas de los sitiadores, a unos 200 metros del Alcázar.

Por fortuna, y debido también a la excelente preparación de los nacionales contra ese tipo de armas, ninguna de aquellas bombas causó efectos importantes.

Los defensores las cubrieron enseguida con tierra para evitar las emanaciones de gases y luego encendieron hogueras para favorecer la evaporación y dispersión del abrasivo que ya se había derramado.

Poco después se identificó el tipo de gas: se trataba del conocido como cloroacetofenona, el lacrimógeno más fácil de usar. Pese a ser estudiado por Gräbe en Alemania, en 1869, no fue empleado en la guerra europea. Pero, por su manejabilidad y resistencia al agua, muchos lo preferían al cianuro de bromobencilo.

El gas utilizado por los republicanos soportaba sin problemas altas temperaturas; por eso era el más indicado para cargar con él bombas aéreas y de mano, sin quemarse ni descomponerse al producirse la explosión. Tampoco alteraba el metal de los proyectiles.

En altas concentraciones irritaba la piel, provocando un intenso picor y enrojecimiento semejante al de la luz solar.

Pero lo peor de todo era que bastaba con respirar, durante sesenta segundos, una concentración de 4 gramos por metro cúbico de aquel gas para morir asfixiado.

Así pues, no resultó extraño que aquel mismo mes, Franco mandase llamar al farmacéutico mayor Celso García Varela, jefe de los Servicios Farmacéuticos de la División Orgánica de Sevilla, para que le pusiera inmediatamente al corriente de las posibilidades que tenía el enemigo de volver a utilizar armas químicas.

En su excelente trabajo sobre la guerra química y bacteriológica en España, José María Manrique y Lucas Molina recordaban que el 21 de agosto de 1936, Franco pidió a Italia que suministrase a su ejército máscaras y gases para utilizarlos sólo en caso de que el enemigo los emplease abiertamente. El Caudillo tenía noticias de la fabricación de cloro en Valencia y del nuevo uso de gases lacrimógenos en la sierra del Guadarrama.

Sólo dos días antes, el general Emilio Mola había hecho unas explosivas declaraciones al prestigioso diario británico The Times, asegurando que los nacionales poseían grandes reservas de gas, pero que no vulnerarían los convenios internacionales que prohibían su uso. Mola fijaba así, ante los ojos del mundo, la estrategia disuasoria que desplegó desde el principio el mando nacional; estrategia que corroboró, como acabamos de ver, el mismo Franco cuarenta y ocho horas después.

De hecho, si no estalló una guerra química total durante la contienda civil fue, sin duda, porque el ejército republicano no recurrió a ese tipo de ataques más que en contadas ocasiones, lo cual evitó que Franco respondiese a las agresiones, manteniéndose firme en su estrategia disuasoria, que supo consolidar como aseguraban Manrique y Molina. Sin ir más lejos, en octubre de 1936 comenzaron en el bando nacional los estudios para fabricar un gas sofocante, otro lacrimógeno y un detector de campaña en la región militar de Aragón. La sociedad elegida para este proyecto fue Energía e Industrias Aragonesas, que poseía una fábrica en la localidad oscense de Sabiñánigo, donde se instaló un taller de fosgeno, bombardeado poco después por la artillería republicana.

Entre enero y febrero de 1937, Franco recibió de sus aliados italianos 50 toneladas de iperita destilada, suficientes para cargar alrededor de cuarenta mil proyectiles de artillería, además de un pedido de veinte mil proyectiles que contenían arsina.

Poco antes, Alemania había enviado a la Península 50 toneladas de bombas de 12 kilos de iperita y otras tantas cargadas con difosgeno.

Al mismo tiempo, Franco reforzó sus medios defensivos ante la amenaza generalizada de una guerra química. En octubre de 1936 se organizó en Sevilla el primer Equipo de Neutralización de Guerra Química, encomendado al farmacéutico Raimundo Blasco; este equipo fue incorporado a la columna nacional que se dirigía hacia Talavera de la Reina en aquel momento.

En Salamanca se instaló una Academia de Guerra Química, donde se impartieron cursos para oficiales sobre aspectos relacionados con la defensa y con el peligro que entrañaba ese tipo de armas.

Incluso el jefe de la Inspección de Movilización, Instrucción y Recuperación (MIR) propuso al cuartel general del Generalísimo, en junio de 1937, la creación de alféreces provisionales del Servicio de Guerra Química.

Las medidas defensivas incluían, como era natural, la producción de medicamentos para combatir los efectos de las temidas armas químicas, razón por la cual en septiembre se habían fabricado ocho mil quinientos tubos de pomada contra la iperita en el Hospital Militar de Sevilla.

Los republicanos, sin embargo, llevaron siempre la iniciativa no sólo en la retaguardia sino, como acabamos de ver, también en algunos frentes de batalla.

Franco era puntualmente informado por sus servicios de espionaje de los principales pasos del enemigo en este sentido. Así, por ejemplo, supo que en octubre de 1936 los barcos S. S. Guincho y S. S. Capitán Segarra hicieron escala en Malta, durante su travesía hacia Rusia, para cargar allí gases tóxicos y regresar luego a España.

A primeros de noviembre, también tuvo noticia de que en Marsella había atracado el velero Carmen para cargar gas mostaza en sus bodegas.

Sus espías averiguaron igualmente que el ejército enemigo había adquirido cinco mil caretas antigás en Etablissements Luchaire, en París, por 500.000 francos. Poco después llegaron a Barcelona cuatrocientas caretas más procedentes de Toulouse. Los propios brigadistas internacionales que cruzaban la frontera de Portbou lo hacían equipados con máscaras antigás.

Todo ello desató una psicosis en los dos bandos ante una posible guerra química.

El propio servicio de información nacional daba cuenta escuetamente: «Confidencias de Roma alertan del empleo de gases los días 6 o 7 de enero para frenar las columnas que atacan Madrid».

Sea como fuere, la principal acción documentada de guerra química en España tuvo lugar poco después, en junio de 1937, tras un eficaz golpe de mano de una sección de la 6.ª Bandera de Falange para destruir un nido de ametralladoras republicanas en las proximidades del pueblo de Cilleruelo de Bricia, coincidiendo con los planes del enemigo de descongestionar el frente de Vizcaya y llegar como fuese hasta Burgos.

El entonces teniente coronel Sagardía, ascendido luego a general, estaba al frente de media brigada de hombres de la 62.ª División al mando del general Ferrer.

El propio Sagardía relataba así en sus memorias, con todo lujo de detalles, el empleo de armas químicas por parte del enemigo:

Después de terminada esa operación [la destrucción del nido de ametralladoras], que se realizó a unos ochocientos metros del pueblo de Cilleruelo, la artillería roja, que hasta entonces había estado muda, comenzó a tirar. Los primeros disparos cayeron cerca del grupo que me acompañaba, y nada se notó al principio que fuese anormal; pero a los pocos minutos algunos empezaron a sentir náuseas, vómitos y sofocaciones, pronto todos sentimos iguales sofocaciones, dándonos cuenta de que los proyectiles rojos traían gases. Como no había caretas, dispuse que la gente se esparciese por el campo lo más lejos posible de donde caían los proyectiles, pero sin abandonar del todo el terreno. Siguieron disparando proyectiles de gases, de los cuales algunos no llegaron a estallar y fueron analizados por nuestros laboratorios. Contenían iperita y fosgeno, y eran de fabricación inglesa. Se evacuaron los enfermos más graves al hospital, se tomaron las medidas convenientes de saneamiento de los lugares donde cayeron y se proveyó de caretas a las tropas. Todavía la artillería roja disparó dos días más proyectiles de gases.

El propio Sagardía, en su hoja de servicios, proporcionaba aún más detalles de las consecuencias de aquellos ataques con armas químicas:

En vista de su derrota, el enemigo cañoneó intensamente el pueblo de Cilleruelo con proyectiles de 10,5 [calibre] que contenían gases asfixiantes, a consecuencia de los cuales hubo de guardar cama como gaseado durante 48 horas [se refería, en tercera persona, al propio teniente coronel Sagardía]; en las fuerzas que guarnecían Cilleruelo sufrieron los efectos de los gases unos 200 individuos aproximadamente. El día 4 de julio, la artillería enemiga hizo 12 disparos de 10,5 con gases, quedando un proyectil sin explotar que fue recogido con precaución y llevado al Laboratorio de Burgos; varios individuos fueron hospitalizados por intoxicación de gases. El día 6 fue nuevamente bombardeado Cilleruelo con proyectiles de gases como en días anteriores. El 22 y 24 volvió nuevamente a ser bombardeado con gases.

Otro importante testimonio de la ofensiva química en el frente de Burgos-Santander trascendió muchos años después, el 21 de enero de 1991, cuando el diario ABC publicó la carta de un tal Corpus Rasero San Vicente; se trataba de un antiguo alférez provisional, a las órdenes del teniente coronel Sagardía. Corpus Rasero transcribía en su misiva el siguiente certificado que aún conservaba en su poder:

¿Eran necesarias más pruebas del empleo de gases tóxicos en la guerra por parte del ejército republicano?

El oficial e historiador Ramón Salas Larrazábal exhumaba una reveladora orden militar, según la cual los nacionales temían que el enemigo utilizase de nuevo armas químicas, coincidiendo con su ataque por sorpresa al inicio de la batalla de Brunete, en julio de 1937: como acabamos de ver, el mismo mes que ya se habían lanzado gases en el frente de Santander:

Manrique y Molina aportaban otro documento esencial sobre la situación de la industria química a finales de diciembre de 1936: un informe reservado del coronel Juan Izquierdo, al que sin duda tuvo acceso Franco.

Izquierdo hacía constar en ese documento la existencia de una fábrica de cloro electrolítico, capaz de producir 1.400 kilos de cloro líquido y otros 1.500 kilos de sosa cáustica cada veinticuatro horas.

Había sólo un inconveniente: la maquinaria de aquella planta aún no había sido estrenada. Algo parecido sucedía con los talleres de fosgeno, que llevaban ya doce años sin fabricar los 1.500 kilos de antaño de ese producto con una pureza superior al 90 por ciento.

Tampoco estaban acondicionados los talleres de iperita, por carecer de un reactor apropiado, aunque Izquierdo advertía a Franco de que las instalaciones serían capaces de producir 1.200 kilos de iperita en un plazo de dos o tres meses.

Existía además un laboratorio industrial de cloroacetofenona (el mismo gas arrojado contra los defensores del Alcázar de Toledo) en la fábrica de La Marañosa, donde se producían pequeñas cantidades de ese lacrimógeno, que podían incrementarse hasta 100 kilos diarios gracias a la instalación de unos modernos aparatos.

La infraestructura industrial se completaba con dos talleres de carga de proyectiles y bombas: uno para iperita y otro para fosgeno, en «mediano estado de conservación», según informaba Izquierdo.

Por último, los laboratorios de verificación de máscaras antigás estaban «bien dotados».

Otro informe, reproducido también por Manrique y Molina, destinado esta vez al propio coronel Izquierdo el 22 de julio de 1937, reflejaba los cambios observados en la industria química del bando nacional tras el primer año de guerra.

El jefe de la Sección Técnica, L. Blas, extraía así dos conclusiones:

Pero al margen de su propia producción, el ejército de Franco contaba con la valiosa ayuda de sus aliados alemanes e italianos. Sólo la Legión Cóndor aportaba más de cincuenta mil máscaras antigás, cerca de quinientos filtros de repuesto, otros quinientos cartuchos de gas para verificar el funcionamiento de las máscaras, y un número indeterminado de elementos para la protección contra gases.

Italia, por su parte, había llevado hasta la Península más de 300.000 máscaras antigás, 300 trajes de protección contra la iperita, otros 105 trajes de amianto, más de 500 lanzallamas, 50 toneladas de iperita, 36.000 proyectiles cargados con ese componente, y 19.500 proyectiles de arsina. Todo ello por un importe superior a los 65 millones de libras esterlinas.

Al final de la guerra, la mayor parte de los trajes y máscaras se almacenaban en Palencia, Grijota y Aranda de Duero (Burgos), debido a la proximidad de las antiguas bases logísticas italianas.

Pero, además de guerra química, en España se cernió también la amenaza de una guerra bacteriológica, de cuyo peligro se hicieron eco autores como los ya citados Manrique y Molina, o Pedro Barruso Barés, quien aludía a un revelador informe del servicio secreto italiano, enviado al general Rotta el 3 de febrero de 1937.

¿Qué se barajaba en aquel documento «reservadísimo»? Ni más ni menos que la posibilidad de bloquear la frontera francesa para evitar que el ejército republicano pudiese propagar una grave epidemia en Barcelona si recibía el material necesario para ello.

Por si fuera poco, cuatro días después, el consulado italiano en Toulouse advertía del envío a Barcelona, procedente de París, de «una caja de ampollas para cultivar bacilos de tifus para que los rojos puedan envenenar el agua». Increíble, pero cierto. Tan cierto, como que durante la Primera Guerra Mundial se habían empleado ya gases asfixiantes, mientras se ensayaba una rudimentaria guerra química y bacteriológica.

El tifus exantemático, en concreto, constituía una verdadera plaga que en tiempos de guerra causaba verdaderos estragos entre la población.

En 1900, el médico ruso Mock Zud Cewsky se había inoculado ya él mismo una muestra de la sangre de un enfermo en Odessa. Nueve años después, otro médico, Charles-Nicolle, evidenció el papel exclusivo de los piojos en la propagación de esa enfermedad.

El agente causal del tifus exantemático resultó ser el parásito descubierto por el doctor Rocha-Lima en la pared intestinal de los piojos infectados.

Años después, se pretendió propagar el temible bacilo tífico a través del agua de Barcelona.

La prueba fehaciente del maquiavélico plan para acabar con las vidas de miles de inocentes se encuentra hoy en el Archivo del Tribunal Regional Militar número 4 de El Ferrol, en La Coruña.

En concreto, en el legajo 50 del expediente 3.209 puede consultarse la causa seguida en consejo de guerra contra Louis Chabrat y Jean-Paul Bougennac, detenidos el 27 de abril de 1937 cuando intentaban cruzar la frontera francesa haciéndose pasar por corresponsales de guerra.

A mediados de junio, el Diario de Burgos y Arriba España publicaron sendos reportajes, titulados «Yo he sido un espía rojo», en los que relataban la odisea con todo lujo de detalles.

El 29 de julio, La Voz de España, de San Sebastián, se hacía eco de que los dos detenidos que intentaron burlar en vano los controles fronterizos habían sido condenados a muerte.

La noticia, sin embargo, fue desmentida el 8 de agosto.

En octubre se supo que los dos recluidos en el campo de concentración de Fuenterrabía habían sido condenados el día 13 a veinte años de prisión.

El 30 de julio, el mismo rotativo ampliaba su información con datos muy relevantes, como que el escritor de origen alemán Max Aub, amigo de Azaña y exiliado como él a Francia en 1939, había participado en el descabellado complot para extender peligrosas enfermedades en Barcelona. Si bien la información periodística aludía a la enfermedad del sueño o tripanosomiasis, propagada en África por la mosca tsetsé.

Sea como fuere, se decidió que los encargados de cruzar la frontera, los dos detenidos Bougennac y Chabrat, se vacunasen antes de ser inoculados con el bacilo que pretendían propagar en Barcelona, convirtiéndose así en letales transmisores del mismo.

Entre los acusados figuraba otro personaje ligado al mundo de la cultura, el pintor socialista Luis Quintanilla, quien, curiosamente, había participado ya en la venta de las bombas cargadas con gas que fueron arrojadas sobre el Alcázar de Toledo, al comienzo de la Guerra Civil.

También se encontraba el cónsul de Bayona, Pedro Lecuona, y el diputado francés Bossoutrot.

Intimidado por los intensos interrogatorios, Chabrat se desmoronó y acabó confesando a la policía que había cobrado 10.000 francos por ofrecerse a cruzar la frontera portando la enfermedad.

Tanto él como su cómplice Bougennac fueron minuciosamente reconocidos por varios médicos, quienes hallaron huellas de incisiones por todo su cuerpo; señales inequívocas de las inoculaciones a las que fueron sometidos.

Pero había en juego mucho dinero: nada menos que 200.000 libras esterlinas se habían invertido en el diabólico plan.

Sus verdaderos cerebros, Jean-Jacques Pavie, un millonario vendedor de coches, y su compinche Teddy Graham, habían suscrito una póliza de seguros por valor de un millón de francos, la cual harían efectiva si Bougennac y Chabrat eran finalmente detenidos por los nacionales, como esperaban.

La avaricia pudo más al final que los colores de un bando.

El juez instructor de la causa estaba convencido de ello:

El exceso de escarificaciones —consignó en su auto— que presentan los detenidos se debe a que los directores de la trama deseaban que tan pronto como se les cogiera en España fuesen fusilados, pues esto les permitiría cobrar una buena suma y poder intentar otro negocio parecido.

El jefe del espionaje español en la frontera francesa, el comandante Troncoso, tenía también su propia opinión:

El asunto —declaró— era un timo y Bougennac y Chabrat son simples comparsas, aunque el proyecto de extender una enfermedad contagiosa en España existe.

Por fortuna para los contendientes, la amenaza de una guerra bacteriológica no volvió a presentarse desde entonces; no así el peligro de un ataque químico, que permaneció latente hasta el final como parte de la cara oculta de la Guerra Civil española.