5. EL ENGAÑO DEL PACTO DE GÉNOVA
En la mesa redonda que organicé hace ya algunos años en el CSIC de Barcelona, uno de mis invitados fue el historiador Ernest Lluch, que pocos días después fue asesinado por ETA en uno de aquellos crímenes absolutamente absurdos que han marcado la sanguinaria historia de la banda nacionalista. A lo largo de las sesiones Lluch habló de un episodio concreto de la historia de Cataluña. «Amigo Kamen», me dijo, «Inglaterra todavía tiene una deuda pendiente con Cataluña». Se refería, claro, al episodio en el que los británicos abandonaron a su suerte a sus aliados catalanes durante la Guerra de Sucesión, un acontecimiento que provocó la inevitable caída de Barcelona en manos de las tropas hispanofrancesas tras el asedio de 1714. Ya desde aquel mismo año de 1714 los escritores nacionalistas catalanes comenzaron a reprochar continuamente el comportamiento de los británicos, en un esfuerzo por echar la culpa de la resolución de la crisis a cualquiera… salvo a los propios catalanes. Tal vez el primer autor en hacerlo sistemáticamente fue Sanpere i Miquel, a cuya obra haremos referencia con más amplitud más adelante. En el primer párrafo de su libro, Sanpere atribuyó el fracaso de la rebelión catalana a «la traición de Inglaterra» y, por consiguiente, eximía de cualquier responsabilidad a los rebeldes.
El énfasis que se ha puesto en el asunto de la traición es frecuente y suele encontrarse en casi todos los libros o artículos que tratan el asunto de Cataluña. Un contemporáneo de los acontecimientos de 1714, Francesc de Castellví, afirmaba en sus memorias manuscritas: «El designio del ministerio inglés era el de sacrificar la Nación Cathalana a sus caprichos». Todas y cada una de las palabras de esa frase («designio», «sacrificar», «capricho») reflejan la amargura del hombre que la escribió. Los catalanes no han escrito nada relevante sobre el papel de los británicos en su tierra[3], pero la insistencia en la cuestión de la traición puede encontrarse por todas partes. Dos autores catalanes han redactado un pequeño estudio con el título La traïció anglesa, en el que explican bastante correctamente que los británicos solo estaban interesados en promover su comercio[4]. La cuestión del interés comercial británico en Barcelona es una tesis que siempre ha sido bien conocida, y no añade nada a lo que ya sabemos. La contribución específicamente catalana es la palabra «traición» (o traïció). Una revista de historia, nacionalista y muy popular, dedicó a este tema su número de mayo de 2013, con un enorme titular en su portada: «La traïció anglesa», pero no aportaba nada sustancial sobre el asunto. Muy curiosamente, ni un solo autor catalán moderno critica a los austríacos por abandonar a su suerte a los catalanes y el fracaso a la hora de apoyar su causa en las negociaciones de Utrecht. Los austríacos, como sabemos, abandonaron Barcelona durante el asedio, retiraron sus tropas de la ciudad y durante las negociaciones de paz no hicieron nada para apoyar a sus aliados asediados. Sin embargo, los escritores catalanes no consideran que los austriacos fueran unos «traidores». Por supuesto, no fueron únicamente los catalanes quienes denunciaron la traición inglesa. Tal y como veremos más adelante, las negociaciones en Utrecht coincidieron con un virulento conflicto entre los dos principales partidos políticos británicos, whigs y tories, dentro y fuera del Parlamento británico, un conflicto en el que los catalanes fueron citados más de una vez.
¿Traicionaron los británicos a los catalanes?
La página web oficial que el Gobern de Catalunya dedica a la conmemoración del Tricentenari del 1714 dice: «Catalunya es va mantenir lleial a Felip V fins al 1705, quan va causar el malestar del poble i les autoritats del Principat. Una representació de prohoms catalans va signar a Gènova un pacte amb Anglaterra pel qual, a canvi del respecte cap a les nostres lleis, es comprometien a facilitar el desembarcament de tropes de la Gran Aliança a la costa catalana». ¿Cómo pudieron meterse los británicos en esta historia? (De paso, hay que decir que la voz correcta es «británicos» y no «ingleses» en este caso, ya que el Acta de asociación y unificación de Inglaterra y Escocia en un solo país es de 1707).
Podemos ofrecer un breve resumen de la situación. El Pacto de Génova fue un acuerdo firmado en esa ciudad mediterránea el 20 de junio de 1705, y en el que participaron Mitford Crowe, el enviado británico a la República de Génova, y dos catalanes (Antoni Peguera y Domènec Perera). ¿Quién era ese Mitford Crowe[5]? Era un rico mercader británico con empresas en Londres y Barbados, que había llegado a ser miembro del Parlamento y durante algún tiempo también fue gobernador de las Barbados. Desde 1697 y durante un breve período de tiempo fue residente en Barcelona, donde también tenía negocios[6]. En marzo de 1705 fue comisionado como enviado diplomático a Cataluña para incrementar en la ciudad el apoyo de los Habsburgo en su reclamación del trono de España; se asegura que esa comisión se debió únicamente a que «conocía bien el comercio español, el favor que le merecía Su Majestad [Carlos III], y el conocimiento que tenía de las gentes y el país». Al mismo tiempo, también se le encomendó asistir como delegado a la reunión de Génova. Entre sus exclusivos contactos se encontraba el príncipe de Hesse-Darmstadt, a quien en cierta ocasión citó como «mi querido amigo». Crowe llegó a Génova el 20 de mayo de 1705 y estaba en Barcelona el 2 de noviembre. Una de sus primeras actividades en Génova fue llegar a un acuerdo con los disidentes catalanes. Crowe regresó de nuevo a Génova en mayo de 1706 para recaudar dinero para «Carlos III». Posteriormente fue designado como enviado extraordinario para llegar a un acuerdo comercial con la España de los Habsburgo, pero ya no regresó a España.
¿En qué consistía exactamente el acuerdo que se firmó en Génova? Una página web catalana ofrece el siguiente sumario de lo que su autor cree que se firmó allí: «En aquest pacte, Anglaterra es comprometia a lliurar 12 000 fusells, desembarcar 8000 soldats d’infanteria i 2000 de cavalleria, si Catalunya reconeixia l’arxiduc i aixecava un exèrcit de 6000 homes. Però la clau d’aquell pacte no era només la collaboració que els anglesos oferien als catalans, sinó la protecció dels seus privilegis i constitucions. Anglaterra es comprometia a salvar les llibertats catalanes en cas de derrota». Como veremos, este resumen es a un tiempo correcto e incorrecto. La expectativa de un apoyo militar es cierta. Sin embargo, «la clau del pacte» no aparece en dicho pacto, porque «Anglaterra» no se comprometió con ninguna obligación, y ni mucho menos prometió «salvar les llibertats catalanes».
Los británicos obviamente esperaban bastante de dicho pacto. Un decreto emitido por la reina Ana el 7 de abril de 1705 decía explícitamente: «Hemos dado poderes plenipotenciarios a nuestro fiel y querido caballero Mitford Crowe, que conoce bien esos países, para que haga alianza entre nosotros y el dicho principado o cualquier otra provincia de España: y hemos ordenado que mantenga relaciones, acuerde y concluya cualquier causa con los responsables de dicho principado o cualquier otra provincia, que pueda llevar a buen término la tarea. Y prometemos que cualquier trato y acuerdo que haga el dicho Mitford Crowe en nuestros nombre en el dicho tratado de alianza entre nosotros y el dicho principado o cualquier otra provincia, lo aceptaremos y lo ratificaremos sin falta». Este decreto se hizo acompañar de las credenciales que se dirigieron a «los señores, magistrados y gobernadores del principado de Cataluña, o cualquier otra provincia de España», informándoles de que estaba informada de que se encontraban luchando para liberarse de la esclavitud francesa «y que vuestro deseo, como corresponde a hombres valerosos, es deshaceros de ellas», y por eso «hemos dado [a Crowe] poderes plenipotenciarios para tratar con vosotros[7]».
Sin embargo, Crowe se encontró con el problema de que Peguera y su amigo no tenían credencial alguna y, en realidad, no podían representar a nadie. Crowe, al parecer, insistió en que procuraran conseguir credenciales de algún tipo, o, como mínimo, una recomendación por escrito de seis personas de importancia de Cataluña. Peguera fue incapaz de conseguir recomendaciones por escrito de nadie importante y al final solo recibió el apoyo de un grupo de conspiradores de la zona de Vic que se encontraban envueltos en ciertas disputas locales (que se remontaban, obviamente a la época de las revueltas de las barretines) y eran hostiles a las autoridades de Barcelona[8]. Cuando Crowe al final llegó a un acuerdo con los dos catalanes, estos aseguraron que tenían credenciales «en nombre propio y de los Ilustres Señores», aunque no pudieron nombrar a ninguno de dichos «ilustres señores»; pero también se atrevieron a esgrimir una comisión completamente falsa, diciendo que representaban al «Principado de Cataluña». La gente que según ellos los respaldaba no se identificaba con ningún nombre, sino simplemente se hablaba de «una amplia comisión de personas de séquito y representación en aquel Principado». ¿Quiénes eran esas personas? La Diputació tampoco mencionó explícitamente el asunto, sin duda por razones de seguridad, y no hubo ninguna identificación específica entre los «ilustres señores» y los miembros de la Diputació.
El tema central, naturalmente, es que la representación de Cataluña era completamente ficticia. El propio Crowe debía de saberlo; sin embargo, también sabía que eran gentes rebeldes del Principado, y no deseaba perder la oportunidad. En cualquier caso, los británicos nunca estuvieron especialmente interesados en validar dicho pacto; solo querían encontrar una excusa para enviar sus tropas al Mediterráneo con el fin de establecer una base militar. Las instrucciones que se dieron simultáneamente a los mandos militares británicos eran bien sencillas: si los catalanes no aceptan las propuestas británicas, serán ocupados por la fuerza. La idea puede sonar extravagante, pero esa era la verdad. Por esa razón la comisión de la reina no se limitaba exclusivamente a Cataluña, sino que apuntaba, y en tres ocasiones, a «cualquier otra provincia de España». Cualquier excusa, no importaba lo falsa que fuese, serviría a los propósitos de la armada británica, cuya intención después de la ocupación de Gibraltar era establecer otras bases en la costa mediterránea de España.
Así fue como se firmó el Pacto de Génova, un acuerdo basado casi enteramente en informaciones falsas. Teniendo esto en cuenta, la reina Ana estaba convencida de que había sancionado un tratado con una gente oprimida que luchaba por su libertad frente a los franceses. Eso también era ficción, naturalmente, y la reina fue deliberadamente engañada por aquellos catalanes que habían organizado el pacto. A la luz de cualquier normativa legal, el pacto estaba basado en un engaño y por lo tanto carecía por completo de validez. Los británicos no traicionaron a nadie, sino a sí mismos, y ellos mismos fueron víctimas de un engaño del cual solo ellos tuvieron la culpa, porque estaban buscando desesperadamente una ficción legal para justificar su intervención en Cataluña. Mitford Crowe fue recompensado generosamente por su gobierno, y tras el pacto, pasó los siguientes cuatro años al sol en las Barbados, un territorio del cual fue nombrado gobernador.
¿Podría deducirse de dicho pacto que los catalanes y los británicos eran aliados? En absoluto. En 1705, los británicos entraron en Cataluña únicamente como invasores y conquistadores. Como nadie en Barcelona apoyaba o podía respaldar políticamente el pacto, los británicos solo tuvieron una opción: ocupar Barcelona. En su relato de los hechos, Lord Mahon (Philip Stanhope, quinto conde de Stanhope, History of the War of Succession in Spain, 1832) escribe: «Al llegar a las puertas de Barcelona el día 16 de agosto, Lord Peterborough se topó con más dificultades de las que había sospechado. Las fortificaciones eran muy sólidas. La guarnición era igual en número, si no superior, a las tropas que iban a asediarla» (Mahon, p. 139). Cuando los británicos llegaron, esperaban que el pueblo los recibiría con regocijo. En realidad, según apuntó un oficial, «llegamos a Cataluña con la promesa de que seríamos bien recibidos; pero nos encontramos, cuando llegamos allí, con que no había nadie que nos apoyara, a no ser que les pagáramos» (Mahon, p. 141). En tres semanas no hubo ningún ataque contra la ciudad; durante ese tiempo los aliados mantuvieron contactos regulares con sus amigos en Cataluña. Hasta que el 13 de septiembre de aquel 1705 por la noche una pequeña fuerza de 1000 hombres hizo un ataque por sorpresa, escalando los muros de Montjuic. La guarnición se rindió. Fue entonces cuando los aliados fortificaron Montjuic y lo utilizaron como base para disparar contra Barcelona. La enérgica resistencia de la ciudad a los ataques aliados demostraba que los catalanes no estaban bajo ningún concepto a favor de la rebelión. El 9 de octubre capitulaba Barcelona ante su nuevo rey, Carlos III, que entró en ella el 23 de octubre de 1705[9]. Algunos voluntarios catalanes se acercaron al campo británico poco después, pero la verdadera razón de la rendición de Barcelona cuatro días más tarde fue la incapacidad del virrey para mantener la lealtad de sus oficiales y resistir a los sublevados en las calles. El mando británico tuvo que entrar en la ciudad, apaciguar a los rebeldes y rescatar al virrey, que fue puesto a salvo a bordo de un barco.
En este punto habría que hacer una consideración importante. ¿Le hizo la reina británica la promesa formal a las autoridades catalanas de proteger sus libertades? Desde luego es cierto que afirmaba en el texto del pacto que protegería sus privilegios, pero eso evidentemente dependía del curso de la guerra. La defensa de los privilegios de los catalanes era una obligación exclusiva del nuevo rey gobernante en Barcelona, que juró proteger las constituciones de la región. Habría sido absurdo que dos monarcas —uno alemán y otra británica— juraran las constituciones de Cataluña. El tratado británico de intervención con tropas se había firmado con personas privadas, ninguna de las cuales era miembro de la Diputació. La reina les prometió, como personas privadas, proteger a los catalanes; la reina no les hizo ninguna promesa a las autoridades catalanas, ni siquiera aunque estuviera ciertamente preocupada por su causa. Este argumento se ve apoyado por un artículo aparecido en el periódico La Vanguardia en septiembre de 2013, en el que el autor afirma: «En 1705, una comisión de ciudadanos catalanes pactó en Génova el alineamiento de Cataluña con la Gran Alianza a cambio de que Inglaterra se comprometiera a proveer de armas y soldados al Principado». Esta afirmación es indiscutiblemente exacta: el tratado se firmó solo entre ciudadanos privados, y no con la Diputació ni con ninguna otra autoridad de la región. La confirmación de la naturaleza privada del acuerdo de Génova también aparece en la página web del Tricentenari de 1714, que prescinde de la insinuación de que dicho acuerdo se firmó con la Diputació y afirma únicamente que la parte contratante catalana era «una representació de prohoms catalans». El problema es: ¿a quién representaban esos ciudadanos?
Muchos años después del Pacto de Génova, las autoridades de Barcelona purgaron para siempre la naturaleza privada del acuerdo y lo interpretaron, por el contrario, como un pacto oficial, lo cual era completamente falso. Una carta escrita por el Consell de Cent en julio de 1714 decía: «El compromiso de Cataluña entera en recibir como su rey a Carlos III se fundaba en la protección de poderosos aliados, pero muy especialmente de Inglaterra, sin la cual no seríamos capaces de llevar a cabo tan alta empresa. Ese acuerdo duró siete años, y durante ese tiempo siempre vimos a las más valientes tropas inglesas distinguirse no solo en los asedios sino también en la defensa, particularmente en la de Cardona. Durante todo este tiempo Cataluña procuró servir a la nación inglesa en todo lo que estuvo en su mano, contribuyendo con tropas y considerables sumas de dinero[10]». La descripción, que continúa comentando el estado de desesperación de la ciudad durante el verano de 1714, era un claro reconocimiento del engaño que se había producido: un acuerdo firmado por individuos particulares, a espaldas de sus reyes y sus gobiernos, y en el que ninguna institución oficial había participado formalmente, estaba siendo esgrimido ahora como si se tratara de un tratado abierto y oficial entre dos instituciones soberanas. Los prebostes catalanes habían intentado engañar a los ingleses igual que los británicos a los catalanes; ahora ambos estaban atrapados en las consecuencias de aquella mentira.
¿Qué sucedió para que los británicos renegaran de las condiciones del pacto?
Se conjugaron tres factores principales para que los británicos renegaran de su compromiso con los rebeldes de Cataluña. En primer lugar, el foco central de los acontecimientos había cambiado. Desde al menos el año 1712, es decir, mucho antes de que la Diputació de Barcelona decidiera declarar la guerra al rey de España, Cataluña ya no era un asunto de importancia, la guerra había concluido de hecho y ya se estaban perfilando los tratados de paz. En segundo término, todas las monarquías de Europa estaban cambiando y los recién llegados al poder tenían distintos planes: los británicos aceptaron que podían ser gobernados por un alemán, el archiduque se contentó con cambiar España por su Viena imperial, y los franceses estaban preparando para decir adiós a su antiguo y avejentado rey. En tercer lugar, en las Islas Británicas el gobierno estaba cambiando, y con él, las ansias bélicas; en Londres había más presiones a favor de la paz y el final de tantas matanzas. Recientemente el historiador Joaquim Albareda ha proporcionado un compendio del contexto general de la época[11]. Cataluña había sido el centro de atención, pero ahora el resto de Europa había perdido interés en la región. Se estaba diseñando un escenario completamente nuevo. En todo caso, los autores procatalanistas han insistido en que los británicos deberían haber ignorado los tratados de paz, deberían haber ignorado el cambio de gobierno en su país, y deberían haber ignorado el cambio de la monarquía. Uno no puede dejar de asombrarse ante semejante perspectiva, y tanto más si uno considera que la caída de Barcelona era de todos modos inevitable.
¿Qué opciones les quedaban a los británicos? ¿Proseguir con una guerra contra el resto de Europa solo para contentar a una ciudad indefendible que tozudamente se negaba a aceptar todas las condiciones de paz que se le ofrecían? En su famoso panfleto, The Conduct of the Allies (1711), el escritor Jonathan Swift atacaba al ministerio whig que en aquel entonces estaba en el poder:
Tras diez años de guerra con continuos éxitos, decirnos que aún es imposible gozar de una paz duradera resulta muy sorprendente, y parece tan diferente de lo que ha ocurrido en el mundo desde siempre que un hombre de cualquier partido tendría derecho a sospechar que estamos siendo engatusados, o que no hemos tenido las victorias de las que se nos habla, y por tanto podría querer saber dónde reside el problema. Así pues, es completamente normal preguntar en qué situación nos hallamos, y durante cuánto tiempo podremos continuar a este ritmo, y qué consecuencias pueden derivarse del presente de cara al futuro, y si una paz, sin el impracticable punto en el que alguna gente insiste tanto, sería ruinosa en sí misma, o lo sería igualmente si continuara la guerra.
Swift, naturalmente, es más conocido hoy como el autor de Los viajes de Gulliver. Su brillante panfleto The Conduct…, en el que pone sobre la mesa las muertes innecesarias de la guerra y el aprovechamiento de los comerciantes whig que consideraban que la guerra serviría a sus intereses comerciales, debe tenerse en cuenta cuando se considere por qué la paz parecía una idea muy deseable tras diez años de guerra. El éxito del tratadito de Swift demuestra claramente que tres años antes del asedio de Barcelona la opinión británica ya estaba virando claramente hacia la paz.
La otra opción que tenían los británicos era obtener las mejores condiciones posibles para Barcelona en la capitulación. Eso fue algo que la reina, directamente responsable del tratado de Génova, nunca dejó de intentar. En octubre de 1712, el embajador británico Lord Lexington le hizo saber al rey Felipe V en Madrid que «la reina de Gran Bretaña ruega a Vuestra Majestad que garantice una amnistía general para todos los españoles que se han adherido a la causa de la Casa de Austria, y especialmente a los catalanes». En enero de 1713 la reina continuaba insistiendo en una amnistía «que permitiera disfrutar a esta región de los mismos privilegios que tenía a la muerte del último rey de España, Carlos II», y consideraba que eso era «un tema en el cual el honor de la reina se veía sumamente comprometido, y al cual ella se creía obligada por razones de conciencia que no podía descuidar[12]». También tenía una preocupación «doméstica»: defenderse en el Parlamento contra aquellos que estaban dispuestos a criticarla por su conducta durante la guerra. El problema surgió cuando algunos miembros de la Cámara de los Lores, que en aquellas fechas contaba con mayoría whig, airearon las críticas y estaban deseando atacar a la reina y a su ministerio tory. Con esta idea, utilizaron cualquier tema que les pudiera servir, sobre todo la cuestión de los jacobitas (a los que apoyaban muchos tories) y (en menor medida) la de los catalanes. El día 31 de marzo de 1713 Lord Cowper dirigió un escrito a la reina recordándole «que su deseo de preservar la plena vigencia de las viejas libertades de los catalanes había resultado poco efectivo, y que por tanto sus Señorías humildemente le rogaban que continuara con su intercesión del modo más apremiante que pudiera, en su nombre». Cowper contaba con el apoyo de los lores Sunderland y Halifax. Aquella operación tuvo que hacer frente a la oposición de un ministro del gobierno, Lord Bolingbroke, pero sin mucho éxito, porque la Cámara de los Lores consiguió la aprobación sin oposición[13].
En su respuesta a dicha requisitoria, la reina agradecía con ironía a los lores el reconocimiento de sus esfuerzos, «y decidió continuar con su intercesión en todas y cada una de las ocasiones que se presentaran, y prevenir, si era posible, las desgracias a las que aquel pueblo estaba expuesto por la conducta de aquellos que deberían estar precisamente más interesados en evitarlas[14]». En agosto de 1713 la monarca también le dejó muy claro a Lord Lexington que aún tenía intención de proteger los privilegios de los catalanes. La contienda entre whigs y tories en el Parlamento continuó, y los whigs utilizaron los temas de los jacobitas y los catalanes como armas arrojadizas para derrocar al primer ministro, el conde de Oxford. Aunque los whigs habían metido a Gran Bretaña en la guerra de Cataluña, utilizaron el asunto para atacar al conde de Oxford, con la acusación de que «el Honor de la Nación Británica se ha prostituido del modo más infame, y un pueblo libre y generoso, y los fieles y esforzados aliados de este Reino, han sido traicionados, de un modo como no se ha visto jamás, y condenados a la más infame esclavitud», una acusación exagerada y completamente ficticia[15].
En el convenio para la evacuación de Cataluña, acordado por todas las partes el 14 de marzo de 1713, la reina aceptó «la amnistía general y el perdón» que se pactó con Madrid, pero continuó presionando para que «los habitantes de Cataluña, Mallorca e Ibiza pudieran seguir disfrutando de sus privilegios», y al final consiguió el acuerdo de Luis XIV y del emperador para que cumplieran esa petición. La posición de la reina Ana no se vio favorecida por el hecho de que el emperador no hizo ningún amago de interceder por los catalanes sobre los que había gobernado muy pocos meses antes. Su decisión de abandonar la causa catalana fue, si acaso, mucho más llamativa que la actitud de los británicos, pero ni entonces ni después los escritores catalanes se quejaron por ello, en parte porque su contribución militar efectiva había sido mínima y su contribución naval, nula, y en parte porque muchos nobles exiliados catalanes, como apuntaremos más adelante, habían buscado refugio en Austria.
Tal y como resultó todo al final, los catalanes fueron sus peores enemigos, porque insistieron en que continuara el estado de guerra generalizado y se negaron a aceptar ninguna de las condiciones de paz que se les sugerían. En noviembre de 1713, el embajador británico, Lord Lexington, escribió a la Diputació para apremiarlos a reconsiderar su rechazo a la amnistía general propuesta. «No puedo daros mejor consejo», les decía, «sino que aceptéis la amnistía tal y como se os ha ofrecido». En marzo de 1714 la rebelión en Cataluña ya era un hecho, haciendo imposible que la reina Ana pudiera apoyar a los rebeldes, pero aun así dio instrucciones para que su gente intecerdiera por los catalanes[16]: les rogaba que «hicieran todo lo que estuviera en su mano para obtener para el pueblo de Cataluña toda la seguridad y los favores que fueran posibles», y «para inducir al gobierno del principado a aceptar las condiciones que se lograran, para no continuar una guerra que tarde o temprano resultará fatal para ellos». Sin embargo, las relaciones entre los británicos y la Diputació se habían deteriorado hasta tal extremo que los británicos llegaron a protestar ante la Diputació en julio de 1714 porque se habían producido ataques contra sus barcos.
Pero el verano de 1714 todo el asunto catalán en Londres había dado un vuelco. La reina Ana murió el día 1 de agosto y por ley el nuevo rey era el elector de Hanover, que se convertiría en rey con el nombre de Jorge I. Ni él, ni nadie, estaba interesado en la situación que se presentaba en esos momentos en Cataluña. Los portavoces catalanes en Londres, además, ignoraron tanto las opiniones como los consejos y las actuaciones políticas. Curiosamente, creían que dirigirse directamente al nuevo rey sería suficiente. Eso demostraba una completa ignorancia de la naturaleza de la política británica. Los que detentaban el poder creían que ya habían hecho todo lo que estaba en su mano. La cuestión del honor era, naturalmente, relevante. Un día después de la firma de los preliminares de Utrecht, Jonathan Swift estaba cenando con algunos diplomáticos en Windsor; «Ya hemos arreglado todas las cosas con Francia», afirmó, «y con todo el honor y muchas ventajas para Inglaterra». Los whigs, naturalmente, no estarían de acuerdo.
En algunos textos de la Cataluña actual uno puede encontrar afirmaciones sobre una supuesta preocupación por la causa catalana en Londres durante aquellos años. En septiembre de 2013, un periodista de La Vanguardia afirmó, sin ninguna prueba más que su propia imaginación, que «la polémica sobre el caso de los catalanes duró años en Europa. Durante buena parte del siglo XVIII, y aún en el XIX, algunos historiadores recuerdan la mala conciencia inglesa». Todo esto no es más que pura ficción. Otro periodista del mismo rotativo publicó un artículo, ese mismo mes, asegurando que «la cuestión catalana suscitó un gran debate político en Inglaterra durante el siglo XVIII». Aparte de ser completamente incierto, esta opinión es demasiado optimista: no hubo ningún «gran debate» en la Inglaterra del siglo XVIII sobre ese tema, ni ninguna mala conciencia. Los británicos habían obtenido sustanciosos beneficios gracias a la Guerra de Sucesión, y nadie, ni entre los whigs ni entre los tories, tenía ninguna intención de volver a ella. Si hubo algún debate, este fue solo respecto a las condiciones del Tratado de Utrecht. Es verdad que contamos con la publicación en Londres (en 1714) de dos tratados: Deplorable History of the Catalans y The Case of the Catalans considered. Los dos panfletos realmente guardaban muy poca relación con la cuestión catalana, y sería ingenuo pensar de otro modo. En realidad, eran obras propagandísticas distribuidas por los whigs y su único propósito era denunciar a los políticos tories entonces en el poder. El Case preguntaba con firmeza: «¿La palabra “catalanes” no será sinónimo de nuestra deshonra?». A lo que realmente se refería era al supuesto deshonor de los tories. Era el partido whig que —naturalmente— intentaba derrocar al gobierno tory refiriéndose a una traición. Detrás de esas publicaciones estaban los escritores whig, y utilizaban el tema de los catalanes como uno de los muchos argumentos con los que presionaban a la enferma reina Ana y a la posible sucesión jacobita al trono. La reina Ana murió en agosto de 1714, lo cual alivió a los whigs, que anhelaban una sucesión en manos de los Hanover. Y el sucesor fue Jorge I, que devolvió el poder a los whigs. Los whigs por tanto no mostraron ningún interés en rescatar o favorecer a los catalanes, sino que estuvieron interesados en utilizar ese tema como arma arrojadiza con la que desbancar a los tories.
El tema de la traición en Inglaterra estaba relacionado íntimamente no con los catalanes, sino con la carrera de uno de los principales ministros tories, Henry St John. En septiembre de 1710, St John se convirtió en el secretario de Estado en el gobierno de Robert Harley, más tarde conde de Oxford. En las elecciones que se celebraron semanas después, ese mismo año, los tories obtuvieron el doble de representantes que los whigs, y St John fue elegido como líder de los tories en la Cámara de los Comunes. Fue en este período cuando la mayoría whig en los Lores intentó atacar al gobierno (tal y como hemos visto) votando la proposición «no peace without Spain» (no habrá paz si no conseguimos nuestros propósitos en España). En otras palabras, intentaron alargar la guerra utilizando la excusa de los catalanes. El proyecto fracasó, y el nuevo gobierno tory, bajo el liderazgo de St John, que en esos momentos ya ostentaba el título de Lord Bolingbroke, se hizo cargo de las negociaciones de paz que concluyeron en Utrecht.
En toda esta historia de supuestas traiciones, el nombre de Bolingbroke aparece constantemente y por lo tanto merece algún análisis. Henry St John, Lord Bolingbroke, fue uno de los hombres más notables de su época y uno de los intelectuales más leídos por los padres fundadores de la democracia americana. Con solo veintiséis años fue nombrado ministro de la Guerra en el gobierno británico e inmediatamente comprendió que el país no tenía ni hombres ni dinero para llevar a buen término una guerra en la Península Ibérica. Apoyó la campaña de Swift a favor de la paz y tomó parte activa en las negociaciones con Francia. Sin embargo, los whigs recobraron el poder con la nueva dinastía de Jorge I, y atacaron despiadadamente a los principales ministros tories, incluido Oxford. Bolingbroke, temiéndose lo peor, huyó a Francia en marzo de 1715, donde publicó un tratado en el que justificaba sus políticas en diversas materias, incluida la Paz de Utrecht. Tenía algunas cuestiones importantes que decir a propósito de la intervención británica en Cataluña[17].
El hecho de que Su Majestad se ocupara de la guerra fue consecuencia de las requisitorias de los catalanes y otros españoles afectos a la Casa de los Austrias, y todos los compromisos que adquirió respecto a esas gentes no tenían otro objeto que obtener del rey Carlos III una confirmación de sus derechos y privilegios; y aunque Su Majestad ofreció en su momento garantizar los mismos y firmar algún pacto con ese pueblo, sin embargo no parece que se acabara formalizando dicha garantía jamás, ni que se firmara ningún tratado, pacto o acuerdo con ellos.
El testimonio de Bolingbroke, ignorado por los autores catalanes porque no concuerda con lo que desean contar, es decisivo: la reina nunca firmó ningún documento ni tratado garantizando los privilegios de los catalanes. Sus acciones se limitaron a obtener del archiduque una promesa del mantenimiento de las constituciones catalanas. No se firmó jamás ningún tratado formal entre la Diputació y Gran Bretaña. No hubo compromiso alguno, y por tanto tampoco hubo traición alguna, ninguna traició británica.
¿Obtuvieron los rebeldes ayuda o apoyo de alguna otra nación?
Las quejas contra los británicos por abandonarlos deberían equilibrarse con la evidente satisfacción que los catalanes recibieron por la presencia de la fuerza naval británica. Durante algunos años llegó a parecer que Cataluña era el centro de una monarquía mundial, porque infinidad de barcos y soldados de toda Europa visitaron el territorio con el fin de presentar sus respetos al rey. Un historiador actual nos recuerda, por ejemplo, cómo era la situación en 1710[18]: «En sucessives expedicions fetes entre els mesos de març i juny 1710, havien atracat a Barcelona més de dues-centes naus, entre vaixells de guerra i transports de queviures, que arribaren a sumar quaranta batallons i sis mil cavalls, és a dir, en total, uns vint-i-cinc mil soldats de diferents nacionalitats: anglesos, austríacs, portuguesos, holandesos i mercenearis de procedències diverses. Com assenyalava Castellví, “estas facilidades restablecieron la abundancia en Cataluña y facilitaron salir los aliados en campaña”».
La situación cambió muy pronto. Aunque los catalanes no fueran conscientes de ello, había ya movimientos de paz en Europa, puesto que la guerra en la península era solo una parte de un conflicto global de mucha mayor entidad. El mismo historiador expresa su propio disgusto por el modo en que los pacificadores de Utrecht fueron responsables de la retirada de los austríacos de Cataluña, así como de la de los alemanes, holandeses, portugueses y todas las demás fuerzas militares que habían participado en las campañas peninsulares. «Efectivamente, per a Catalunya, més que per a cap altre de les parts implicades en el conflicte, el simbolisme d’aquesta evacuació anglesa seguida gairebé inmediatamente per la defecció igualment vergonyant de les tropes expedicionàries holandeses i portugueses, significava de manera irrevocable el seu sacrifici als interessos dels aliats, i l’incompliment flagrant de les clàusules solemnes del “Pacte de Gènova” signat l’any 1705, per mitjà del qual els catalans […] havían concebido que todas las ventajas pendían de las seguridades que les havían dado los ingleses […], por haver sido esta nación la que les había empeñado a tomar con todo su poder el partido de los Aliados». De ser el centro de atención mundial, los dirigentes catalanes fueron relegados a un segundo término, abandonados por todos, e incluso por sus propios ciudadanos, que no confiaban en la «amnistía» prometida por el rey, y se fueron a vivir a otros países.
Una década después de concluida la guerra, que finalizó formalmente en 1714 con la paz de Rastatt, había docenas de nobles españoles viviendo en el exilio en Viena, capital de la dinastía de los Habsburgo. El total de nobles, oficiales y soldados que huyeron de España a Italia y a Austria con la esperanza de mantener sus relaciones con la dinastía que los había sustentado y les había proporcionado cargos, se ha situado en torno a las treinta mil personas[19]. Aunque esta cifra fuera exagerada, el número de exiliados fue de todos modos muy considerable y en la década de 1730 hubo un plan —que nunca se llevó a cabo— de construir en Austria una nueva ciudad para los exiliados, que se llamaría Nueva Barcelona. En esa misma época, uno de dichos exiliados, el conde Juan Amor de Soria, dejó constancia de que «desde el año 1701 hasta hoy el número de aquellos que fueron víctimas de la violencia de la guerra, o forzados al exilio, o cayeron en prisión y fueron perseguidos, asciende a más de 25 000 personas de aquellos reinos. La paz no abrió sus puertas para el regreso de los muchos españoles que vivían exiliados en lejanos países[20]». Religiosos de todos los estamentos, incluidos obispos, también huyeron del régimen francés. Desde Roma se llegó a decir en 1713 que más de tres mil exiliados españoles, la mayoría religiosos, se habían refugiado en la Ciudad Eterna[21]. Junto a los exiliados voluntarios hubo otros que fueron expulsados del país, y se pergeñaron planes incluso para deportar a algunos a América.
La incontenible sangría de deserciones, y la consecuente división de la opinión pública en el seno de la propia sociedad española, apenas ha recibido atención alguna por parte de los especialistas. Más allá de toda duda, fue un momento crucial para la historia del país. Los reinos orientales, que habían perdido algunos de sus privilegios al final de la guerra y ya estaban integrados en una «España unida», y en condiciones no elegidas, continuaron reclamando sus derechos. La guerra no había traído más que miseria a la mayoría de los españoles, y no solo a los catalanes, pero curiosamente fueron solo los líderes catalanes los que insistieron en que la guerra debía continuar. No fue la última vez en la historia que perdieron la perspectiva, porque se miraron solo a sí mismos e ignoraron los intereses del resto de Europa.
¿Qué consiguió Cataluña con el Tratado de Utrecht?
En este punto me remito textualmente a un artículo que publiqué en el diario El Mundo de Madrid en abril de 2013.
«El Tratado de Utrecht y Cataluña»
Hace trescientos años, en abril de 1713, se acordaba la Paz de Utrecht. Hubo alegría en la mayor parte de Europa, después de diez años de guerra y decenas de miles de muertes. Para celebrar la ocasión, en Londres el compositor británico Händel compuso un resonante Utrecht Te Deum. Entre los españoles fue uno de los tratados más odiados de todos los tiempos, porque desmanteló el Imperio Español y redujo el país a ser un actor menor en el concierto de las potencias europeas. Se sigue recordando el Tratado por una razón principal: porque privó a España para siempre de Gibraltar. Hoy vale la pena atender a otro aspecto del tratado: el llamado «caso de los catalanes». Gibraltar tal vez siempre sea británico, pero ¿será Cataluña siempre española? Tal fue una de las cuestiones que los diplomáticos de Utrecht pensaban que habían resuelto, pero lamentablemente todavía es un tema sometido a debate, trescientos años después.
La conmemoración de Utrecht en 2013 ya provocó una distorsión sistemática de la historia, a manos de aquellos que tienen interés en distorsionarla. Decenas de páginas web se han dedicado a reescribir los hechos con el fin de engañar a un público que no sabe historia. ¿Cuál es el propósito de toda esta actividad? Para empezar, nada mejor que retroceder diez años. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, propuso entonces, en 2002, que «si España reclama la recuperación de Gibraltar, Cataluña reclama la recuperación de la cosoberanía o soberanía compartida» que se daba antes del Tratado de Utrecht de 1713: «Si se dice que hay que revisar lo de Gibraltar, nosotros también podemos pedir que se revise más a fondo lo de Cataluña».
Por supuesto, no podemos participar en el juego absurdo de abrogar antiguos tratados internacionales. Los británicos, en 1713, intentaban proteger a sus aliados catalanes exigiendo que el rey de España respetara la soberanía de la Cataluña rebelde. Recordemos que ninguna teoría de absolutismo inspiró al monarca, y que tanto el duque de Berwick (que conquistó Barcelona) como Luis XIV de Francia (que pagó las tropas de Berwick) favorecieron la opción de la soberanía de Cataluña. En 1707 Berwick ya había criticado la imprudencia de abolir los fueros, y siempre se opuso (lo dice en sus Memorias) a las duras condiciones que Madrid pretendía imponer en Cataluña, calificándolas como peu chrétien («poco cristianas»). También Luis XIV aconsejó al rey Borbón que tratara a los catalanes con clemencia, que consiguiera unas condiciones aceptables en la capitulación y conservara las leyes municipales y las instituciones de Cataluña.
Pero el rey y algunos de sus consejeros creyeron que la rebelión tenía un precio. Aragón y Valencia ya lo habían pagado, y a los catalanes no les podía sorprender el castigo que se les impondría por incumplir su juramento de lealtad a Felipe V. Los británicos sabían cuál iba a ser el final de la historia en España, pero el nuevo gobierno de Londres no vio más alternativa que abandonar a los catalanes, ya que quería poner fin a aquella sangrienta guerra. Los catalanes continúan considerando esa decisión como una traición. Es así, pero la traición no la cometió el nuevo gobierno británico, que no había hecho ninguna promesa formal y en firme de apoyar la rebelión.
La promesa, de hecho, era únicamente del partido whig, cuyos banqueros eran los más beneficiados por la guerra y apoyaban la causa catalana como excusa para continuarla. La explicación la puso en claro el escritor Jonathan Swift en su famoso panfleto «La conducta de los aliados» (1711), en el que denunciaba a los aprovechados que salían ganando con la guerra, «los adinerados hombres cuya cosecha perpetua es la guerra, y cuyo negocio verán descender en mucho con una paz». También exponía la carga intolerable que representaba apoyar a los rebeldes en Cataluña, donde el reclutamiento y costes navales eran sufragados exclusivamente por los británicos. Lord Bolingbroke, uno de los líderes del nuevo gobierno tory, declaró específicamente al ministro francés de la Guerra que la paz debería haber sido posible ya en 1706, y que desde 1711 «nosotros [en Gran Bretaña] queremos la paz, y el sentir de la nación está a favor de ella, cualquiera que sea el ruido que hagan aquellos que encuentran su ganancia privada en la calamidad universal». La búsqueda de la paz, en otras palabras, no tenía nada que ver con «la causa de los catalanes» y se había decidido años antes del asedio a Barcelona. Los británicos no tenían ninguna «deuda pendiente».
De hecho, el artículo 13 del Tratado de Utrecht dejaba claro que al rey de España se le pedía tratar a los rebeldes con clemencia. Era lo mínimo que podían pedir los negociadores británicos. Obviamente, no había manera de imponer tal demanda al hostil gobierno español, al que mediante el mismo tratado se le acababa de privar de una buena parte de su territorio imperial. Había la posibilidad de una rendición negociada, como Berwick esperaba; pero Rafael Casanova y el grupo de Barcelona que lo apoyaba se habían negado a negociar, lo cual obligó al general Villarroel a dimitir de su mando militar. La decisión de Casanova fue un acto deplorable: no solo provocó miles de muertes innecesarias, sino que también enfureció a Berwick hasta el punto que decidió exigir una rendición incondicional. El resto de la historia debería ser conocida por los que la han estudiado, aunque la verdad es que parece haber un deseo continuo de deformar cada aspecto de lo que ocurrió. Tal vez esto sea inevitable cuando existen intereses políticos de por medio. El Tratado de Utrecht, en definitiva, lo han lamentado siempre tanto castellanos como catalanes. Sus razones para el lamento, sin embargo, eran completamente diferentes, y por eso el razonamiento de Jordi Pujol, mencionado anteriormente, solo es parcialmente aceptable. Gibraltar se perdió porque los castellanos no pudieron defenderlo, tanto entonces como más tarde; fue tomado por la fuerza, y el tratado sancionó esa fuerza. España tenía buenas razones políticas e históricas para reclamarlo (no voy a entrar aquí en si esas razones siguen siendo válidas hoy).
Por el contrario, en Cataluña ningún territorio estaba en cuestión. Los catalanes libre y felizmente aceptaron a Felipe V como rey. En octubre de 1701 las Cortes de Cataluña presididas por el rey se reunieron en el monasterio de San Francisco. En su discurso el rey expresó la esperanza de que las Cortes atendieran a «todo lo que pueda ser más útil, conveniente y de justicia para su mejor gobierno, conservación y beneficio, mirando por ellos con el grande cuydado particular y cordialísimo amor que les tengo». En una atmósfera de cuidada moderación el rey accedió a buena parte de las peticiones de las Cortes y concedió varios privilegios de nobleza para varios miembros de la élite catalana. Fue con seguridad una de las reuniones de Cortes en Barcelona con más éxito.
Cataluña, en suma, era un territorio libre y semisoberano de España. Esa soberanía solo fue perturbada cuando un grupo de catalanes hizo una alianza con el gobierno británico y maquinó entregar Barcelona a la marina británica. Cataluña en 1701 y 1713 era ya una parte de España, como lo reconocieron los catalanes en diversas publicaciones que divulgaron durante la guerra, de modo que resulta claramente ingenuo que cualquiera hoy en día sugiera que no fue así, y que si el Tratado de Utrecht fuese rescindido ahora, Cataluña automáticamente sería «libre». Eso no solo es una fantasía: también es mala historia. El Tratado de Utrecht fue muy negativo para la España imperial, pero de ninguna manera afectó al estatus jurídico de Cataluña.