1. UN SOLO PUEBLO

Mucho antes de que fronteras, dinastías y naciones-Estado generaran escisiones, separaciones y diferencias, los pueblos de la Europa occidental disfrutaban conjuntamente de lo que todos ellos tenían en común, y buscaban unos en otros, o en sus vecinos, aquello de lo que carecían. Aquella productiva mezcolanza, basada en el trueque y el comercio, sentó las bases para el establecimiento de las diferentes sociedades y sus culturas. Resulta interesante comprobar cómo en Alemania, en los Países Bajos, o en Italia, las ciudades y los pueblos organizaban asambleas generales que les permitían gobernarse y, al tiempo, defenderse. Aunque los diferentes grupos tenían lenguas distintas y propias, en el período medieval el sistema social general llamado Cristiandad comenzó a evolucionar, y la clerecía y los universitarios comenzaron a utilizar una lengua común, el latín, y a desarrollar nuevos sistemas políticos y un cuerpo de normas legales.

Como todos los seres humanos, estaban sujetos al error y al fracaso, de modo que las disputas y las guerras —los inevitables juegos de las sociedades regidas por hombres— fueron salpicando el curso de la historia. Pero, aun siendo esto cierto, los grupos humanos seguían manteniendo estrechos lazos entre sí, y ni siquiera las divisiones naturales, como los mares, los ríos, las montañas o las distancias, conseguían separarlos. La Península Ibérica, por ejemplo, albergaba a distintos pueblos que mantenían estrechos vínculos entre ellos, pero también cultivaban sus relaciones con los reinos francos de Carlomagno, por el norte, y con los reinos musulmanes de Al-Andalus y de África en el sur. Con frecuencia intercambiaban costumbres, ropas, alimentos y moneda. Y siempre que se consideraba necesario, unos pueblos acudían en auxilio de los otros o decidían participar en los problemas y conflictos de los vecinos.

Aparte de su pertenencia a esas pequeñas comunidades, los pueblos eran conscientes de formar parte de entidades territoriales mayores que, en el caso de los europeos, a menudo tenían un nombre que le habían otorgado los romanos: Britania y Germania eran términos que los romanos utilizaron para designar determinadas zonas del norte de Europa; en el sur se refirieron a la Galia y a Italia. Sin embargo, esos nombres nunca fueron más que realidades geográficas, porque dichos territorios con frecuencia no estaban ocupados por pueblos uniformes y disponían de distintos gobiernos, lenguas, costumbres e incluso religiones. Las entidades «nacionales» como Francia, Alemania o Italia no adquirieron verdadera existencia política hasta el siglo XIX. A los pueblos de la antigua Iberia (un nombre ideado por los griegos y luego adoptado por los romanos, que también utilizaron «Hispania») les ocurrió algo parecido: vivieron durante siglos unos junto a otros, colaborando con sus vecinos en numerosos ámbitos, pero tardaron siglos en aceptar una existencia en común. Pero aun así, siempre que explicaban en territorios lejanos de dónde procedían, habitualmente decían «de España», el territorio que todos sabían que quedaba al sur de los Pirineos. En la práctica, la mayoría de los españoles procedían de los reinos del centro, conocidos generalmente como Castilla; y la mayor parte de la gente que decía que procedía de España generalmente era originaria de Castilla. El resto de los habitantes de Iberia tampoco se sentía agraviado ante esa identificación de Castilla y España: de hecho, la mayor parte de los pueblos colindantes con Castilla también tendían a hablar castellano y utilizaban la moneda castellana en sus transacciones. Incluso en las regiones costeras como Portugal y Cataluña el término España o «las Españas» era comúnmente aceptado.

En cualquier caso, las lealtades más firmes de los individuos y los clanes se vinculaban a su vecindad inmediata, no a las grandes estructuras políticas conocidas como región o país. «El hombre», escribió Bartolomé de las Casas en el siglo XVI, «pertenece por nacimiento a su ciudad o patria, como miembro de una especie, pero el reino o la provincia solo genéricamente». «Patria», naturalmente, significa solo el lugar de origen; es el lugar al que muchos se refieren como «la tierra» de la que proceden; con precisión: el pueblo o la ciudad. No existe conciencia de una lealtad más allá de eso. Se trataba de la «tierra» de su familia, de su gente, con su estilo de vida, su lengua, sus santos, lo que constituía la comunidad básica y esencial. Aunque los distintos acontecimientos políticos y militares pusieron en contacto a las distintas comunidades, y sus vínculos y lealtades se ampliaron, la «patria» siempre permaneció ahí, en clave emocional o sentimental. Incluso cuando la realidad política se resolvía de modo que la provincia adquiría más atribuciones e importancia, la gente insistía en que sus sentimientos locales eran más importantes y tenían más relevancia frente al centralismo, y en realidad generaban más estabilidad. «Todas estas provincias», apuntaba un escritor castellano a finales del siglo XVIII, «son diferentes en leyes políticas, usos y costumbres, y lo que [a] algunos les parece que sea causa de discordia, otros juzgan que sean más estables».

Esos fuertes sentimientos respecto a la patria «chica» (el localismo), ya en tiempos modernos, resultaron ser un obstáculo para la cooperación plena entre distintas regiones. La aparición de la monarquía conjunta de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón a finales del siglo XV generó abundantes tensiones, algunas de ellas de carácter feudal, otras, de carácter regional. Cuando la reina Isabel murió, muchos castellanos no quisieron que Fernando siguiera siendo su rey: «[…] bastante tiempo han sufrido los castellanos estar mandados por los aragoneses», se decía que protestaban. La reacción contra Aragón (y, en realidad, también contra Portugal) contribuyó a estimular entre los castellanos un sentimiento más fuerte respecto a una «Castilla unida». En cualquier caso, los conflictos civiles, como la revuelta de los comuneros en 1520, contribuyeron a intensificar los sentimientos localistas por un lado o el patriotismo general por otro en direcciones opuestas. Un historiador moderno ha explicado que el movimiento comunero «no era solamente antiflamenco o antiimperialista; sino también antiespañol, castellanista y separatista».

De tanto en tanto los autores seguían refiriéndose a Castilla como si fuera la principal realidad política, o como si fuera la única que percibían. Pero entonces, si era así, si solo existía Castilla, ¿dónde quedaba España? Esta cuestión no presentaba excesivos problemas para la mayoría. Desde el siglo XVI muchos autores castellanos comenzaron a utilizar la voz «Castilla» como un equivalente exacto de «España». Se trata de una identificación que puede encontrarse en casi cualquier libro de la época. «Cuánto me extraña», comentaba un viajero italiano en un diálogo de aquellos años, «al oír llamar vulgarmente castellanos a los españoles y a la España, Castilla». Con el tiempo, esta práctica se resolvió en otro modo de identificar los territorios. Ya a finales del siglo XVI, como saben todos los historiadores, los escritores castellanos utilizaban las palabras «España» y «Castilla» indistintamente, de modo que en la práctica muchos castellanos sentían que ellos eran España. Esta identificación inevitablemente afectó al modo en que los castellanos percibían otras comunidades de la península. Y no se trataba de una evolución mental extraña, porque en otros países europeos los regentes políticos del centro territorial, económico o político tendían a despreciar a las provincias periféricas y a sus líderes locales. Las gentes de París y su entorno, por ejemplo, percibían que solo ellos eran Francia, y que su lengua era el verdadero francés; a los que vivían en el sur se les consideraba provincianos y se referían a sus lenguas como dialectos.

El hecho es que en distintas zonas de Europa existían entidades llamadas «provincias» o «regiones» que efectivamente y en realidad eran países distintos. Cataluña era una de esas regiones. En la Edad Media había tenido unas fronteras razonablemente estables, una importante economía y una cultura unificada basada en su lengua. Posteriormente se convirtió en parte de la Corona de Aragón, que en cierta manera cambió sus perspectivas aunque no su cohesión interna. Lo mismo podría decirse de otras regiones peninsulares. Mucho más adelante, a principios del siglo XVIII, el comentarista catalán Francesc de Castellví, en su manuscrito Narraciones históricas desde el año 1700 al 1725, insistía en este carácter múltiple y variopinto de los pueblos que vivían en «España»:

¿Qué cosa es la España? He advertido con el trato de diferentes naciones que muchos que son considerados instruidos en la historia, reciben notorias equivocaciones respeto a la España y no pocos crehen que los reynos y provincias que contiene la España tienen un mismo idioma, las mismas leyes, exempsiones, costumbres y los mismos trajes. Para apagar semejantes equivocaciones, me valdré de algunas similitudes o comparaciones […]. Eran estas naciones, en el continente de la España, distinctas en leyes, costumbres, trajes e idiomas. En leyes como es de ver en sus particulares estatutos; en costumbres y trajes, lo advertirá el que viajare; en idiomas, son 4 distinctos, esto es portugues, viscaino, cathalan i castellano o aragonés […]. Desto se ve claro que, aunque todo el continente de la España se nombran sus naturales en comun españoles, eran y son distinctos.

Castellví estaba absolutamente en lo cierto en lo que tocaba a la cultura, pero la existencia de diferencias internas en España no debería exagerarse hasta el extremo de imaginar que cada región española era completamente autónoma. Por el contrario, había muchísimas cosas que unían a los distintos pueblos de la península aunque sus vidas estuvieran políticamente separadas. Desde el siglo XVI el interior del país se mantuvo en paz, y el hecho de tener gobernantes comunes facilitó el movimiento regular y habitual de personas dedicadas al comercio, o en busca de trabajo, e incluso en busca de esposa. La existencia de puestos de aduanas en las fronteras entre Castilla y otras regiones, como Portugal, el País Vasco, Francia o Valencia y Aragón, no es más que un testimonio de una importante actividad comercial. El movimiento demográfico y económico entre todas las regiones peninsulares era habitualmente estacional, pero también constante. Allí donde iba la gente, iba también su lengua, sus indumentarias y su dinero. La lengua común para toda la península era el castellano, la moneda común (que compartía el mercado con las monedas locales) era castellana, y los libros —para los pocos que sabían leer— se publicaban mayoritariamente en castellano. Esta situación no era más que el resultado lógico del tamaño geográfico de Castilla, que ocupaba prácticamente tres cuartas partes del territorio peninsular y albergaba el 80 por ciento de su población. En cualquier caso, el simple hecho de vivir juntos en una sociedad diversa naturalmente generaba tensiones y disensiones, como veremos a lo largo de este libro.

Debido a los sucesos y acontecimientos que se dieron en la historia a partir de 1492, muchos escritores e incluso historiadores solían referirse a Castilla como una gran nación marítima. Era un error bastante común que deberíamos evitar y subsanar. Castilla había sido siempre un territorio sin acceso al mar, pero aprovechó las posibilidades marítimas derivadas de su relación con pueblos costeros como los andaluces, los gallegos, los vascos y los portugueses. Hasta que los Reyes Católicos no consiguieron el control de Cádiz y Cartagena, por ejemplo, no pudieron contar con puertos seguros en el Atlántico y el Mediterráneo respectivamente. Cataluña y Valencia gozaban de una situación especialmente privilegiada, porque le proporcionaban a Castilla acceso al Mediterráneo y, a través de él, al resto de Europa. Así fue como Cataluña desempeñó un papel crucial en la evolución política de Castilla. El puerto de Barcelona se convirtió desde el siglo XVI en el puerto preferido de los viajeros que partían hacia Italia y Alemania.

Cataluña era una entidad distinta de Castilla, pero compartía completamente la vida peninsular, aunque hubiera aduanas comerciales y puestos fronterizos entre las dos comunidades hasta el siglo XVIII. Según un viajero italiano en 1526, Barcelona era «la ciudad más hermosa de España y de Francia». La misma opinión tenía el médico suizo Thomas Platter, que en 1599 pensaba que Barcelona era «una de las ciudades más ricas y más hermosas de España e incluso de toda la Cristiandad». No es sorprendente, pues, que Barcelona fuera la ciudad española más querida por Felipe II, que hizo varias visitas largas a la ciudad, sobre todo en fiestas. Uno de sus consejeros, el soldado flamenco Henry Cock, comentaba que la ciudad tenía «más inclinación a las fiestas, los bailes y las diversiones que cualquier otra población española». En 1612 un viajero francés pensaba que la ciudad era «amable con los extranjeros y especialmente con los franceses», y pocos años después un inglés apuntaba que «si los catalanes dicen que son tus amigos, lo son realmente». Recordemos que era exactamente la década en que don Quijote visitó la ciudad y comentó su «cortesanía».

Cataluña también tenía vecinos por el norte y con ellos también las relaciones fueron en términos generales y habitualmente amistosas. Los franceses siempre ocuparon un lugar muy destacado en la historia catalana. Desde la Edad Media los señores y las gentes de la Provenza habían tenido más en común con el Mediterráneo que con el norte de Francia: compartían su visión del mundo, su comida, sus idiomas, e incluso —en el caso de los cátaros— sus herejías. El sur de Francia, fundamentalmente catalán por su cultura, al final pasó a estar bajo control de la Corona de Aragón durante el reinado de Fernando el Católico, y así permaneció durante casi dos siglos antes de volver a Francia en virtud del Tratado de los Pirineos en 1659. Los condados más importantes, conocidos hoy como Cerdaña y Rosellón, tenían más en común con el sur catalán, pero como veremos no les agradaban en exceso las pretensiones políticas de la ciudad de Barcelona.

La cooperación entre Castilla y Cataluña

Los historiadores parecen de acuerdo a la hora de afirmar que Castilla y Cataluña se unieron por vez primera y definitivamente tras la alianza de las coronas de los Reyes Católicos. El matrimonio de los soberanos en 1469 obligó a establecer una serie de medidas —fijadas en 1475— que definían las relaciones entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. El matrimonio no creó —no podía— una nueva España unida. En el siglo XV la palabra «España» se refería, como durante toda la Edad Media, a una asociación geográfica de todos los pueblos de la península, y no tenía ningún significado político específico, igual que las palabras «Alemania» o «Italia» no lo tenían para los distintos pueblos que ocupaban esos territorios. El escritor Diego de Valera, en una obra dedicada a Isabel en 1481, escribió que «Nuestro Señor vos ha dado la monarchia de todas las Españas», con lo cual también se refería a Cataluña y Portugal. Por culpa de estas imprecisiones geográfico-políticas los Reyes Católicos nunca utilizaron la palabra «España» en su título oficial, y en cambio se hicieron llamar «Rey y reina de Castilla, León, Aragón, Sicilia […], condes de Barcelona […]», etcétera. Cuando los cronistas tenían que describir el territorio en el que vivían, a menudo utilizaban la palabra «España». A un historiador catalán no le costó mucho escribir, en 1547, una historia de Cataluña con el título Chroniques de Espanya, aunque Cataluña era en aquel momento una entidad políticamente autónoma respecto al resto de España. La existencia de «España» no implicaba unidad política de ningún tipo, pero eso no era obstáculo para que los historiadores y cronistas escribieran al respecto. La primera historia moderna de España fue probablemente la que escribió Esteban de Garibay. Garibay dedicó a Felipe II su obra Los XL libros d’el compendio de las chronicas y universal historia de todos los reynos de España, publicada en Amberes en 1571. Describió su trabajo como «una historia superior de nuestra propia nación española y de nuestros naturales reyes». La primera mitad del libro estaba dedicada a Castilla, pero el resto de la obra trataba de Navarra, la Corona de Aragón y la España islámica, de modo que así se ocupaba de todos los reinos importantes que formaban «España», y curiosa y significativamente incluyó a los musulmanes como una nación en el seno de España.

Más allá de la unión personal de la reina Isabel y del rey Fernando, no parece que hubiera ningún deseo de alterar la absoluta autonomía de las dos coronas, Castilla y Aragón; por otra parte, la idea de implantar una España unida nunca fue un objetivo de los Reyes Católicos. Bastaron unas leves reformas económicas para favorecer el intercambio comercial, pero todas las fronteras y aduanas entre ambos reinos se mantuvieron plenamente vigentes y sus instituciones siguieron completamente separadas. Desde luego había diferencias fundamentales entre las dos coronas. En contraste con una Castilla que había abandonado esencialmente su sistema feudal, en el este de Cataluña permanecía muy vivo un vigoroso feudalismo, debido a su legado como marca del imperio carolingio en el siglo IX. Una consecuencia del sistema de obligaciones feudales era que los representantes políticos, cuando se reunían en Cortes, insistían en los deberes contractuales del príncipe, al que obligaban a «proteger» las leyes locales. Al mismo tiempo, en las tierras de Cataluña y Aragón fue haciéndose cada vez más apremiante el deseo de una «constitución», lo cual significaba en su momento la implantación de privilegios para la nobleza gobernante.

Las coronas de Castilla y Aragón evolucionaron de distinto modo, tenían diferentes perspectivas de futuro y distintas instituciones. La Corona de Aragón era una federación formada por los reinos independientes de Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca y Cerdeña. Cada reino se gobernaba de modo independiente, con sus propias leyes o fueros, sus propias Cortes (compuestas por los tres estados: iglesia, nobleza y burgueses; aunque Aragón también contaba con un cuarto estado, la nobleza rural), su propia lengua (el catalán era la lengua mayoritaria en Cataluña, Valencia y Mallorca) y su propia moneda. A la unión de esta confederación de reinos Aragón aportó su larga tradición imperialista y comercial. En el siglo XIV, el imperio de Aragón, que había alcanzado su mayor extensión durante el reinado de Alfonso el Magnánimo († 1458), se lanzó a la conquista del Mediterráneo y sus posesiones alcanzaban hasta Grecia. Barcelona, donde se redactó el primer código marítimo de Cataluña, el famoso Llibre del Consolat de Mar, se convirtió en el centro de una estructura comercial con delegaciones en Oriente y en el norte de África. Durante ese siglo, una drástica caída en la población de Cataluña, debida sobre todo a distintas epidemias, desató una crisis en el seno de la Corona de Aragón, que algunos historiadores han interpretado como un declive generalizado, aunque las pruebas que se han aportado para justificar esa teoría también se han puesto seriamente en entredicho. Es cierto que Barcelona afrontó dificultades económicas y que el número de sus habitantes descendió radicalmente, pero esa contracción tuvo lugar principalmente durante las guerras civiles (1462-1472), cuando la ciudad de Valencia alcanzó un mayor desarrollo y superó comercialmente a Barcelona, al tiempo que los mercaderes genoveses abandonaron la ciudad y se lanzaron al control de sectores comerciales relativamente infradesarrollados del sur de Castilla.

Las diferencias esenciales entre Aragón y Castilla pueden establecerse en cinco puntos principales. 1) Castilla era mucho más grande: su territorio era casi cuatro veces el territorio continental de la Corona de Aragón, con su correspondiente superioridad en recursos naturales y riquezas. 2) Castilla tenía prácticamente el ochenta por ciento de la población de la España peninsular; con una población española total estimada en cerca de siete millones alrededor de 1530, Castilla tenía seguramente más de cinco millones, mientras que la Corona de Aragón tenía poco más de un millón, distribuido de un modo bastante regular por los tres reinos peninsulares (Aragón, Cataluña y Valencia). 3) Castilla era en términos generales un Estado unido, con un único gobierno: tenía unas Cortes únicas, una sola estructura impositiva, una lengua, una moneda, una administración, y no tenía barreras aduaneras internas. Todo ello, unido a su tamaño y su población, le proporcionaba una mayor iniciativa política en la península frente a Aragón. Naturalmente, la unidad de Castilla era en muchos sentidos meramente superficial. Las tres provincias vascas de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava reconocían la soberanía de los reyes de Castilla, pero en realidad eran independientes: contaban con sus propias leyes e instituciones, y tenían además portazgos y aduanas que las separaban de Castilla. Los reinos del norte, como Asturias y, desde principios del siglo XVI, también Galicia, tenían gobiernos regionales conocidos como Juntas Generales. Por otra parte, los privilegios locales de algunas zonas de Castilla y las influencias aristocráticas a menudo reducían la autoridad estatal a la nada. 4) Castilla gozaba de una estructura comercial más potente, que manejaba el grueso del comercio exterior de España y garantizaba la preeminencia de Castilla en cualquier relación económica con Aragón. 5) Existía cierto contraste entre los dos sistemas políticos. En la Corona de Aragón las tres Cortes a menudo se reunían simultáneamente en la misma ciudad (en lo que se denominaba Cortes Generales), pero en sesiones separadas; con más frecuencia, se reunían en sus territorios sin contar con los demás. Tanto en Zaragoza como en Barcelona, en 1283, la Corona aceptó que en el futuro todas las leyes tuvieran que ser aprobadas en Cortes. Los reinos de Aragón mantenían una monarquía limitada y nominal, en la que el rey, al subir al trono, juraba mantener las leyes existentes (comúnmente llamadas «fueros») y no legislar sin el acuerdo de los tres estados (llamados «brazos»). En realidad, el rey estaba sometido a la ley, tal y como lo expresaba una reivindicación posterior de 1622: «Las leyes que tenemos están pactadas entre el rey y los vasallos, y el príncipe no puede eximirse de su cumplimiento como no podría eximirse del cumplimiento de un contrato». En cada uno de los reinos de la Corona de Aragón, una comisión permanente de las Cortes, llamada «la Diputación» y compuesta por dos representantes de cada estado, supervisaban las leyes y la administración general cuando las Cortes no estaban en sesión plenaria. La Diputación catalana, conocida como Diputació o Generalitat, se convirtió en una institución especialmente importante para el gobierno de Cataluña. La capacidad del rey para subir los impuestos, para reclutar soldados o para legislar quedaba así radicalmente restringida en los reinos orientales.

En Castilla, por el contrario, Fernando se encontró con una libertad de acción impensable frente a las restricciones que se le imponían en Aragón. Esto, no menos que su promesa de residir en los reinos occidentales, explica por qué de sus treinta y siete años de reinado pasó menos de tres en Aragón, solo tres en Cataluña y apenas seis meses en Valencia. Durante la campaña contra Granada estuvo fuera de Cataluña once años seguidos, y estableció un nuevo sistema de virreyes que gobernaron los territorios de Aragón en su ausencia. Cabe inferir de todo esto que la unión de las dos coronas pudo haber sido desfavorable para Aragón. No era solo que el rey estuviera siempre ausente: nuevas conquistas, como la de Navarra, se añadieron a Castilla; los nuevos territorios, sobre todo los de América, quedaron en manos de Castilla en exclusividad; y las nuevas instituciones imperiales, como los consejos y la estructura diplomática, estaban copadas por castellanos. Los aragoneses eran conscientes de ese desequilibrio: el propio Fernando les recordó a los catalanes en las Cortes de 1495 y 1503 que habían hecho muy poco para mejorar su posición, y que las conquistas del sur de Italia que habían favorecido la expansión de la Corona de Aragón las habían pagado los castellanos.

Desde otra perspectiva, sin embargo, puede que hubiera menos desequilibrios de los que pensamos. Durante el reinado de los Reyes Católicos hubo profundos avances en la cooperación de las dos coronas en cuatro ámbitos principales: en la larga campaña de conquista de Granada, en la idea de instituir una política religiosa común a través de la Inquisición y la expulsión de los judíos, en una política militar conjunta en el exterior y fundamentalmente en Italia, y en la aceptación de un control político compartido en el seno de los territorios de la España peninsular. A pesar de las diferencias en el compromiso que unos y otros dedicaron a algunos aspectos, fue una experiencia de colaboración sin precedentes en la Europa de aquel tiempo. En otros estados, tales como Francia e Inglaterra, la «unión» habitualmente adquiría la forma de una «integración», en la cual una entidad engullía a la otra igual que una ballena engulle a un pez. Inglaterra absorbió de este modo Gales a principios del siglo XVI. En el mismo sentido, Francia absorbió en esa época algunas regiones fronterizas. Solo en España no se dio una absorción de ese tipo, sino una «colaboración» amistosa que duró siglos, sin que eso alterara la vida de las instituciones tradicionales.

Cooperación militar y comercial

La cooperación y la defensa mutua eran conceptos necesarios a la hora de enfrentarse a amenazas comunes. El enemigo común más peligroso era el poder islámico, muy palpable en las actividades de los corsarios norteafricanos y en la expansión del imperio otomano. En la Edad Media, los musulmanes de África habían ocupado dos tercios de la península, incluidas las ciudades principales tanto de Castilla como de Cataluña; no es de extrañar que los dos territorios cristianos habitualmente combinaran sus fuerzas en aquellos años para expulsar o combatir al invasor. La historia de su cooperación militar es muy significativa, y podemos extraer algunos ejemplos llamativos. El primer caso remite al asedio de la Granada musulmana, que duró diez años, hasta 1492. Cuando se estaban desarrollando ya las últimas fases de la campaña, un testigo italiano, llamado Pietro Martire d’Anghiera, expresaba su admiración en 1489 ante el sentimiento de un propósito común en el ejército cristiano.

¿Quién jamás creería que los astures, gallegos, vizcaínos, guipuzcoanos y los habitantes de los montes cántabros, en el interior de los Pirineos, más veloces que el viento, revoltosos, indómitos, porfiados, que siempre andan buscando discordias entre sí y que por la más leve causa como rabiosas fieras se matan entre sí en su propia tierra, pudieran mansamente ayuntarse en una misma formación? ¿Quién pensaría que pudieran jamás unirse los oretanos del reino de Toledo con los astutos y envidiosos andaluces? Sin embargo, unánimes, todos encerrados en un solo campamento practican la milicia y obedecen las órdenes de los jefes y oficiales de tal manera que creerías fueron todos educados en la misma lengua y disciplina.

Aunque Pietro Martire (o Pedro Mártir de Anglería, como se le conoció en la península) no lo menciona, también había voluntarios catalanes en los ejércitos cristianos. La colaboración entre españoles —y la significativa confianza en la lengua común, el castellano— sentó un importante precedente para posteriores colaboraciones en guerras, exploraciones y asentamientos. Los españoles lucharon codo con codo en la conquista de Granada, y continuarían luchando juntos en Italia y posteriormente en América.

Un ejemplo si se quiere más notable de la colaboración militar catalana se dio en la batalla de Lepanto, en 1571. Una parte de la flota estaba bajo el mando efectivo de Luis de Requesens, uno de los oficiales que servían con don Juan de Austria; y entre los numerosísimos nobles catalanes se encontraba Joan de Cardona, que había participado seis años antes en el asedio de Malta. El buque insignia de la flota cristiana se había construido en Barcelona, donde aún puede admirarse una réplica. Cuando llegó el momento de repartirse los trofeos tras la victoria, muchos se entregaron a Cataluña: la linterna de una galera turca se ofreció al monasterio de Montserrat y el mascarón de proa del Cristo de Lepanto, que decoraba la proa del galeón de don Juan, se ofreció a la catedral de Barcelona, donde todavía puede contemplarse. Una curiosa consecuencia de la victoria, que en la actualidad los católicos conmemoran dedicándole el día a la Virgen del Rosario, fue que en acción de gracias por ella, las iglesias de Cataluña fueron de las primeras en el mundo cristiano en cultivar la práctica del rosario, y construyeron altares y capillas dedicadas a la Virgen.

En todo caso, había ciertos límites a la ayuda que prestaba Cataluña en su colaboración con el resto de los reinos peninsulares. Debido a su pequeña población, Cataluña apenas contaba con los recursos humanos necesarios para destinarlos a operaciones militares. En consecuencia, desempeñó solo un pequeño papel en el reclutamiento destinado a las empresas imperiales españolas, sobre todo en las de Italia (donde se encontraban los tercios) y en Flandes. Por la misma razón no hay un número importante de catalanes en los listados de emigrantes al Nuevo Mundo. Por desgracia, los historiadores catalanes han mostrado escaso interés a la hora de estudiar el papel que desempeñó Cataluña en el imperio de los Habsburgo, y el resultado ha sido una versión completamente distorsionada de esa época histórica que ahora se vierte una y otra vez en la prensa catalana y en las escuelas. La versión ficticia de la historia es también habitual en los círculos oficiales. Algunos nacionalistas castellanos, sobre todo a principios del siglo XX, generaron una versión ficticia e ideologizada de lo que había ocurrido durante el reinado de los Reyes Católicos; del mismo modo, algunos catalanes decidieron crear su propia visión ficticia del mismo período. La página web oficial de una ciudad catalana nos informa de que «el reinado de los “Reyes Católicos” relegó a Cataluña a un papel subordinado. La Corona de Castilla impuso su propia administración así como su idioma en Cataluña». Nada de eso ocurrió jamás, pero la ficción ahora ha alcanzado un estatus de verdad en la historiografía oficial del nacionalismo regional. Cuando uno de los historiadores fundamentales de Cataluña, Jaume Vicens Vives, se dedicó en serio a la investigación formal de este período y especialmente de Fernando II, «el rey católico», fue criticado por alguno de sus colegas y calificado como un «instrumento» de los españoles.

El hecho histórico es que la unión de las dos coronas permitió que se llevara a cabo un experimento sin precedentes en la península. Sin interferir en ningún caso en los privilegios de las clases dominantes de la Corona de Aragón, Navarra o las Vascongadas, la Corona de Castilla inició un período de expansión política y económica del que disfrutaron todos los reinos asociados. La ausencia de tensiones graves entre Castilla y Cataluña queda demostrada claramente en el transcurso pacífico de casi doscientos años de asociación —desde 1469, la fecha de inicio de la cooperación entre las coronas de Castilla y Aragón—. Durante todos esos años hubo abundantes conflictos y disensiones, normales en toda actividad humana, pero ninguno serio. El rey que tuvo mayor fama de ser autoritario, Felipe II, fue precisamente el que siempre defendió los estatutos particulares de Cataluña. Podemos poner un ejemplo.

Como todos los gobernantes de España, Felipe tenía razones para quejarse de los famosos fueros y privilegios de los reinos no castellanos. Siempre que se encontraba con las manos atadas, había puntos de fricción entre los deseos del monarca y la legislación particular de aquellos, bien fuera a la hora de lidiar con los bandidos en Valencia o con los moriscos en Aragón. Siempre que le era posible, el rey cortaba por lo sano. Pero ninguno de sus arrebatos adquirió la forma de una verdadera oposición a los fueros. Nunca albergó ninguna intención de modificarlos o suprimirlos. «Bien mirados», le dijo al embajador francés en 1563, los fueros «me proporcionan más libertad de acción de lo que la gente cree. Mientras esas provincias sigan rindiendo fidelidad y obediencia, no tengo ninguna intención de modificarlos». En 1589 un fraile carmelita de Cataluña, desesperado por el caos y el bandidaje en aquella región, sugirió a Felipe II que debería abolir las leyes catalanas y sustituirlas por las de Castilla. «Quiçá esta sería buena occasión para que V. Magd. acabasse con estas leyes y pusiesse esta tierra en el estado que es razón […]. El modo V. Magd. lo sabrá mejor, y si se piensa en ello quiçá será más fácil de lo que parece». Si el rey llegó a ver alguna vez dicha carta, ni siquiera se dignó responderla. La carta, y esto es necesario recalcarlo, contaba con el apoyo de muchos barones catalanes que pensaban que la abolición de las leyes catalanas y la implantación de las leyes castellanas posibilitarían por fin el control de la plaga de bandidos.

Hubo numerosos conflictos a todos los niveles entre catalanes y no catalanes, y no fueron menores los que atañían a cuestiones religiosas, como veremos. Ninguno de esos conflictos refuta la idea del notable entendimiento entre los dos pueblos a todos los niveles durante más de dos siglos. La colaboración práctica tuvo lugar, naturalmente, sobre todo en los asuntos exteriores, como los relacionados con la guerra y el comercio. Los catalanes eran muy activos en el comercio, pero no eran relevantes desde el punto de vista bélico, y no resultaban muy eficaces ni siquiera a la hora de defender su propio territorio. La defensa en las guerras fronterizas con Francia, a principios del siglo XVI, corrió a cargo sobre todo de mercenarios procedentes de Alemania e Italia, pagados por la Corona de Castilla, y cuando el duque de Alba tuvo que defender dicha frontera, lo hizo principalmente con la ayuda de soldados alemanes, no con catalanes, para los que el duque tuvo agrias críticas. El día en que los historiadores comiencen a estudiar la historia militar de Cataluña —un asunto al que jamás se le ha prestado la menor atención— empezaremos a conocer un poco mejor por qué los catalanes nunca han tenido ninguna relevancia en el campo de las hazañas militares. En las campañas militares en Cataluña, durante los siglos xvii y xviii, el grueso de las tropas activas en combate no era catalán. Se puede afirmar que hubo muy pocos catalanes que participaran en las campañas españolas en otros países, al menos de modo oficial, porque los fueros catalanes prohibían oficialmente servir en el ejército fuera del principado. Eso no les impidió estar presentes en ciertas campañas, como en las de Granada, hasta 1492, y hay pruebas de que también hubo catalanes en las que España llevó a cabo más adelante en Flandes.

Puede que hubiera una colaboración muy escasa en el ámbito militar, pero hubo mucha más en cuestiones comerciales. Gracias a la disponibilidad de buenos puertos en la costa levantina, los mercaderes catalanes habían sido muy activos en el Mediterráneo desde épocas medievales. Era una práctica en la que obviamente colaboraban con otros comerciantes españoles. El descubrimiento de América abrió un abanico de nuevas oportunidades. Por desgracia, algunos autores modernos han dado pábulo a la idea de que a los catalanes se les prohibió comerciar con el Nuevo Mundo. Un libro de un autor inglés publicado recientemente se refiere a «la prohibición de 1518 para que los mercaderes catalanes comerciaran con América, porque los monarcas centralistas españoles temían el poder marino y mercantil catalán^[1]». Esa afirmación es completamente absurda. ¿Por qué iba a temer el rey, que también era rey de Cataluña, el poder comercial catalán? Sin embargo, aseveraciones semejantes pueden encontrarse por doquier en numerosos libros, y se repiten constantemente en los textos nacionalistas. En realidad, organizar el sistema comercial con el Nuevo Mundo le llevó varios años a la Corona de Castilla, que era la única autoridad en la materia. Hasta que pudo estabilizar el sistema, el comercio estaba totalmente abierto. En la década de 1520 muchos puertos tenían libertad de comercio con el Caribe. Semejantes libertades, motivadas por la falta de liquidez de la Corona para invertir en América, se cortaron de raíz en 1538: desde esa fecha se creó un monopolio que limitaba y controlaba el comercio a la zona de Sevilla. Aquellos que deseaban comerciar con América tenían que trasladarse a esta ciudad o utilizar sus infraestructuras. En cualquier caso no es cierto que los catalanes y otros habitantes de la Corona de Aragón fueran excluidos del comercio americano. Aunque Carlos V, en 1522, rechazó una petición de Barcelona para obtener permiso para comerciar directamente desde su puerto, los aragoneses podían emigrar a América, y tanto los catalanes como los aragoneses estuvieron en Sevilla comerciando con América libremente desde 1524 en adelante. El monopolio nunca fue excesivamente restrictivo. Desde finales de siglo se permitió el comercio directo con América a unos cuantos mercaderes extranjeros, es decir, que fueron naturalizados, sobre todo los que llevaban establecidos en Sevilla desde tiempo atrás; por otro lado, muchos otros extranjeros hacían negocios abiertamente a través de agentes españoles. En resumen, los historiadores actuales no tienen ninguna duda de que «a partir de 1524 legalmente no hay obstáculos para el comercio catalán con América».

La decadencia: Cataluña como víctima

En 1479, la ciudad de Barcelona comunicó a Sevilla, poco después de la unión de las coronas de Aragón y Castilla: «Ahora somos todos hermanos». Pero esa hermandad no estaba destinada a ser permanente, y provocó tensiones que se extendieron en el tiempo hasta la historia moderna de España. ¿Estaban las coronas de Aragón y Castilla en igualdad de condiciones? De ningún modo, pues, como hemos visto, los recursos superiores de Castilla le proporcionaban la primacía en la mayoría de las empresas.

Desde el siglo XIX los autores catalanes comenzaron a desarrollar la teoría de que la posición desfavorable de Cataluña en la iniciativa empresarial era la consecuencia de una política deliberada de los castellanos. En cierta medida, se entregaron a la fabricación de continuas teorías para explicar el desfavorable estatus de Cataluña respecto a Castilla, basándose en la idea de «declive», un concepto muy utilizado por los castellanos pero que parecía mucho más relevante y ajustado a la situación de los catalanes. Hasta la época de la Guerra Civil española, explicaban que, esencialmente, la decadencia de la nación catalana podía explicarse por razones que eran válidas para toda su historia desde el siglo XV. Al parecer, los propios catalanes no tenían ninguna culpa. En primer lugar, durante trescientos años la debilidad demográfica del país había hecho imposible que Cataluña pudiera construirse como Estado; esto era culpa de los castellanos y de los franceses. Segundo, Cataluña había perdido su propia clase gobernante, que se había castellanizado y que estaba utilizando el castellano como lengua. En tercer lugar, la lengua literaria también se había perdido en favor del español, que dominaba en todas las librerías de Barcelona. Cuarto, Cataluña no tenía permiso para comerciar con las Américas, y como no tenía puertos atlánticos, estaba condenada a un estatus inferior. Esta historia de victimización (esto es, «todo el mundo excepto nosotros es culpable de nuestras desgracias») señaló el camino que los dirigentes catalanes del siglo XIX creyeron que deberían seguir. Los siglos que los castellanos denominaban «de oro» ellos los consideraban como los de la decadencia propia, y los Reyes Católicos fueron condenados como responsables directos de la ruina de Cataluña. Para encontrar sus verdaderos días de gloria, pues, los líderes de la Renaixença catalana (a finales del xix) volvieron la mirada a la Edad Media, la única época de la que podían festejar una grandeza imaginaria.

No había historiadores de renombre en Cataluña entonces, así que con bastante frecuencia han sido los políticos quienes se han arrogado la tarea de inventar una nueva historia para su nación. En vez de idealizar el reinado de los Reyes Católicos, igual que estaban haciendo sus colegas liberales en Madrid, Prat de la Riva vio ese período como el principio del declive catalán. Todo lo que había sido halagüeño y prometedor en España en la década de 1480 —es decir, antes de la unión de las coronas de Aragón y Castilla— procedía, según él, no de Castilla, sino de la Corona de Aragón: el empuje comercial, el poder naval, el imperio mediterráneo, el dinero para financiar los viajes de Colón. La unión de ambas coronas, desgraciadamente, desequilibró la balanza a favor de la Corona de Castilla, y el resultado fue el declive de Cataluña. Buena parte de la culpa se le achacaba a Fernando, que se había aliado con Castilla y había utilizado las tropas castellanas para implantar por la fuerza sus medidas más impopulares. Castilla tomó la iniciativa, gracias a la cooperación de Fernando, y destruyó lo mejor que había en España (Cataluña, naturalmente). No es de extrañar, por tanto, que el rey de Aragón tuviera mala fama entre los catalanes, y hasta el día de hoy existe una fuerte corriente en la historiografía catalana muy hostil hacia el monarca. En opinión de muchos catalanes, Castilla monopolizó el control, estableció la Inquisición, implantó la uniformidad y el absolutismo (este concepto imaginario, que venía muy bien para culpar a Felipe V por lo que ocurrió en 1714, se remontaba de ese modo —anacrónica pero muy convenientemente— al siglo XV), y arruinó las colonias de ultramar. Castilla también arrastró a Cataluña al desastre de 1898 (cuando España perdió su imperio en beneficio de Estados Unidos), un desastre del que podrían haberse librado. Esta teoría fue muy importante en el siglo XIX catalán, tanto como la original interpretación de la Edad Dorada española, y, desde el punto de vista de los jóvenes nacionalistas que se habían inventado una historia mítica, no era de ningún modo inverosímil. Para sus propósitos, esa invención unía el siglo XVI directamente con el siglo XIX, y permitía extraer conclusiones políticas cruciales y necesarias. Siguiendo este razonamiento, la única esperanza para Cataluña era separarse de España y crear su propio Estado. Durante los siguientes cien años los políticos catalanes debatirían arduamente qué forma de «Estado» podrían adoptar.