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LA VENGANZA DE LOS POLICÍAS DEL 11-M Y VARIOS DESQUITES JUDICIALES

El 25 de febrero de 2011 estaba yo en la sala de espera de los Juzgados de lo Penal en la calle Julián Camarillo, esperando a que nos llamaran para el juicio que había conseguido imponerme, de forma legalmente discutible, el comisario Ruiz, descubridor de la «mochila de Vallecas» del 11-M. La mochila había o se le había aparecido en su comisaría pese a varias circunstancias de lo más sorprendente: no había aparecido en los trenes, no estaba en el bolsón en que se guardaron las pruebas recogidas, estaba llena de metralla (no se encontró en las bolsas que estallaron y no apareció en ninguna de las autopsias de las víctimas) y además estaba diseñada para no estallar, porque los cables estaban deliberadamente sueltos. Y, por si acaso, si se conectaban, el móvil no tenía potencia para hacer funcionar el temporizador. Sin embargo, esa mochila fue clave para las detenciones de los supuestos islamistas y para establecer la versión oficial del 11-M, el himalaya de mentiras y trolas que urdió o aprovechó el gobierno del PSOE para no investigar la masacre que le llevó al poder.

Así que recordaba el «extravagante periplo» —como la sentencia del 11-M define al de la mochila de Vallecas— que me había llevado hasta ese juzgado cuando vi que una chica de unos veinte años me miraba a través de los cristales con expresión de fervorosa intensidad, no muy amorosa. Salvo que bizqueara, diríase que el sentimiento que animaba su obstinación visual era de odio. A mi izquierda, estaban mi abogada Dolores Márquez de Prado y uno de nuestros testigos, Luis del Pino, el más tenaz investigador de las mentiras, manipulaciones y tergiversaciones de la versión oficial sobre el 11-M.

—¿Conocéis a esa chica que me mira tan fijamente detrás de los cristales?

—Naturalmente —dijo Luis del Pino—. Esos son los chicos de Pilar Manjón, que vendrán a hacer de claque de Fuster-Fabra y Ruiz. Hoy sólo saca la noticia de este juicio El País, pero, recibida la convocatoria, acuden a amedrentar.

—¿Seguro? ¿No será una de esas piradas obsesionadas por los famosos?

—Puede ser, pero no creo. Estos son los de Pilar Manjón que vienen a lo que vienen. Así que yo, por si acaso, voy a activar el iPhone para grabarlos.

—Nunca he sabido bien cómo funciona este trasto. Y supongo que debería.

—Deberías, deberías.

Y mientras la veinteañera seguía mirando con ardor a través de los cristales de diseño —no muy adecuados para un juzgado—, pensé en el comisario que nos había traído hasta allí en aquella mañana soleada de viernes, privándome a mí de la hora de mi programa en esRadio dedicada a los libros y privando a la muchacha de leerlos, estudiar, trabajar o hacer algo más útil. Rodolfo Ruiz era uno de los policías que, con el izquierdista —y entonces mayoritario— Sindicato Unificado de Policía y Sánchez Manzano, jefe de los Tedax el 11-M, habían utilizado los medios y la Administración de justicia contra los pocos periodistas empeñados en que se investigara de verdad la masacre. Y «de verdad» significaba desmontar las mentiras y pruebas falsas sembradas por algunos agentes que vulneraron abiertamente la legalidad.

El ejemplo más claro es el de los Tedax, que legalmente no podían analizar los restos de los trenes, competencia exclusiva de la Policía Científica en actos de terrorismo, pero lo hicieron; y que con esta ilegalidad y otras trapacerías favorecieron decisivamente el lío y el extravío del juez instructor Del Olmo y la bochornosa deriva del caso. La ofensiva de los policías del 11-M, llamémoslos así para entendernos, se produjo —como he contado en un capítulo anterior— inmediatamente después de la caótica sentencia de Gómez Bermúdez sobre la masacre. Entonces, los policías implicados en esas irregularidades pensaron haber ganado la guerra de la desinformación y se lanzaron de cabeza a la venganza.

Ruiz tenía de abogado, como casi todos ellos, a Fuster-Fabra, un abogado que proviene de la extrema derecha catalana y al que, por haber defendido ya al general Galindo, condenado por torturas y asesinato en uno de los crímenes más atroces del GAL, se considera, sin duda injustamente, el abogado de «las cloacas de Interior». Pero, Fuster mediante, el comisario Ruiz no había logrado infligirme la «pena de banquillo» por aquella mochila que, como se decía en medios críticos, «se le apareció» en Vallecas, sino por un hecho derivado de otra actuación suya no más grave pero casi igual de escandalosa: la detención ilegal de dos militantes del PP después de una supuesta agresión a Bono en la primera de las grandes manifestaciones de la AVT. En realidad, la agresión nunca existió, pero Ruiz y sus agentes dijeron que sí, que había sido una «situación de extrema violencia», con «intentos de agresión» mediante «objetos contundentes». Antes, el entonces delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, había anunciado que habría detenciones; y se atribuyó a los policías la frase: «El ministro quiere detenciones y las habrá». Y así fue. Ruiz mandó detener a dos militantes del PP de avanzada edad, basándose en una foto de ABC que nada demostraba, por la agresión fantasma al hoy frondoso calvo.

Tras la denuncia del PP de Madrid en mayo de 2006, Ruiz acabó siendo condenado a dos años de cárcel por detención ilegal, tres años más por falsear el atestado, 1080 euros de multa por coaccionar a sus subordinados y diez años de inhabilitación. También fueron condenados sus subordinados, el inspector Javier Fernández —al que cayeron cinco años de cárcel y diez de inhabilitación por falsear el atestado «para abultar los hechos»— y el también inspector José Luis González, secretario del atestado desde el primer día, por haberlo «reconfeccionado», y al que condenaron en total a otros cinco años de cárcel.

Pero Fuster-Fabra, o sea, el comisario Ruiz, no consiguió sentarme en el banquillo, de forma clamorosamente irregular, por denunciar —como era mi obligación— la invención de la mochila vallecana o ese atropello deliberado a los derechos cívicos fundamentales de los militantes del PP, sino por otra cosa, que, al parecer, servía mejor a su afán de venganza: haber criticado la prejubilación de Ruiz que salvó su pensión del efecto de su condena de forma rocambolesca. Una de tantas decisiones del Ministerio del Interior ya totalmente en manos de Rubalcaba que supuso escándalo sobre escándalo.

Y es que, tras ser apartado del servicio por la Dirección General de la Policía junto a los otros dos policías condenados, Ruiz pidió la baja laboral por «alteración psicofísica» que, según publicó El Mundo, atribuyó a «la polémica mediática y a la propia sentencia». Atención al detalle: no a los gravísimos actos cometidos y por los que fue condenado, sino a las denuncias de la prensa y a la actuación de los jueces. Ruiz podía haber pedido el pase a «segunda actividad» con el 80 por ciento del sueldo, pero estaba pendiente la confirmación o denegación de la sentencia de la Audiencia de Madrid por el Supremo, y de ser negativa, perdería todo el sueldo, amén de ser inhabilitado y expulsado de la policía.

Como todos daban por hecha la ratificación de la condena en el Supremo —aunque luego, sorprendentemente, la anuló por supuesta animosidad del juez, un antiguo policía que seguramente sintió que se estaba deshonrando el uniforme—, Ruiz prefirió precaverse y pidió la prejubilación. Y el Ministerio de Rubalcaba lo ayudó con insólita celeridad. Cuando aún estaba pendiente la resolución sobre los otros dos inspectores, Ruiz fue oficial y raudamente prejubilado. El escándalo fue mayúsculo, dentro y fuera de la policía, por el trato de favor a un agente al que se suponía que Rubalcaba devolvía otro favor y porque el atropello a los militantes del PP aún estaba fresco. El Mundo, amén de una detalladísima información, publicó el 17 de abril de 2007 este editorial:

¿Por qué recompensa Interior al comisario Rodolfo Ruiz?

En cualquier país del mundo, sería impensable que un comisario condenado por detener ilegalmente a dos ciudadanos y falsificar un atestado policial recibiera cualquier trato de favor. Bien al contrario, el gobierno trataría de marcar distancias con él y sumar a la condena judicial el ostracismo absoluto dentro del cuerpo.

Lo que Interior ha hecho con Rodolfo Ruiz es justo lo contrario: concederle la jubilación anticipada. El tribunal médico del ministerio hizo la vista gorda y dio por buenos los informes presentados por el comisario, que alegaba una «alteración psicofísica» como consecuencia de la polémica mediática y del juicio por el caso Bono.

Todo apunta, sin embargo, a que los verdaderos motivos de Ruiz son bien distintos. Condenado a cinco años de cárcel y diez de inhabilitación por detención ilegal y falsedad, actualmente se encuentra a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre la sentencia. La prejubilación le permitirá seguir cobrando del erario público sea cual sea la decisión del tribunal, algo que no podría hacer si formara parte del cuerpo.

Interior podría haber aplazado su decisión hasta que se resolviera el recurso de casación, pero no lo ha hecho, dejando un inquietante rastro de connivencia con quien ha sido condenado por utilizar el aparato del Estado con fines espurios contra los adversarios políticos del Ejecutivo.

La prejubilación es aún más sospechosa por la trayectoria reciente de este comisario, ascendido a jefe de la Brigada Provincial de Información tras la victoria electoral del PSOE. No hay que olvidar que el fatídico 11 de marzo de 2004 Rodolfo Ruiz era el jefe de la comisaría donde apareció de madrugada la llamada mochila de Vallecas, sin que nadie la hubiera visto antes ni en Ifema ni en los andenes de El Pozo.

Siempre nos ha llamado la atención que entonces fuera ascendido el hombre en cuyo negociado se encontró la bolsa que orientó en el momento clave de la investigación hacia la detención de Zougham y la pista islamista. El hecho de que Interior le haya recompensado ahora con una prejubilación que dejará sin efecto la inhabilitación a la que ha sido condenado da pie para pensar que alguien dentro del ministerio intenta comprar el silencio de Rodolfo Ruiz en torno al caso Bono y al extraño hallazgo de la mochila de Vallecas.

El ministro Rubalcaba debe responder por esta decisión ante el Parlamento. Si no lo hace, alimentará las sospechas en torno a un comisario que se ha visto envuelto en muy poco tiempo en dos de los episodios policiales más turbios de la democracia.

Yo no recordaba textualmente, casi cuatro años después, la peripecia político-laboral de Ruiz, pero llevaba en el bolsillo y leía con atención toda la información en El Mundo de Fernando Lázaro —nuestro segundo testigo ese día— y este duro editorial, que, curiosamente, no suscitaron en Ruiz inquietud moral alguna ni activaron, Fuster-Fabra mediante, los movimientos judiciales que la suceden. Ni Fernando Lázaro, ni El Mundo, ni su director Pedro J. Ramírez, que el día en que se publicó la información y el editorial citados participaba en mi tertulia de la COPE, fueron denunciados por Ruiz. Sólo yo tuve ese dudoso privilegio.

¿Era lógico denunciarme a mí por comentar la noticia y el editorial que, en mi programa, había comentado también, en términos muy severos, el director de El Mundo? Lógico, no; pero coherente, sí. Del mismo modo que Gallardón, Zarzalejos y Cebrián actuaron conjuntamente contra mí a partir, cómo no, de la discutidísima valoración sobre el 11-M, lo hicieron luego algunos policías implicados en muchas de las gravísimas irregularidades en la investigación de la masacre.

Pero mientras releía el editorial nos llamaron al juicio. Entre la salita de espera con su cristalería transparente y la sala había un amplio espacio ocupado por los elementos que Luis del Pino había identificado como «los de Pilar Manjón». Teníamos que atravesarlos para pasar a la sala y de pronto me encontré a pocos centímetros de la cara con la misma joven que había estado mirándome a través de los cristales. Y que, ahora sí, con inequívoca expresión de odio, me espetó:

—¡Cobarde! ¡Asesino!

Y se me quedó mirando, retadora. Llevaba brackets, lo que confería a la agresión un toque absurdo que, paradójicamente, la convertía en más violenta. Ni «cobarde» ni «asesino» resultaban pertinentes a las puertas de aquella sala, que enjuiciaba mi crítica a la prejubilación de un comisario ligado a las turbias investigaciones del 11-M y condenado por detención ilegal de militantes del PP. No sabía por qué me llamaba «cobarde», pero aunque yo no he matado a nadie, sí veía que al llamarme «asesino» expresaba una predisposición criminosa que su mirada feroz atestiguaba, aunque el lugar y la ocasión fueran absurdos. Pero como es sabido que para animarse a matar a un inocente, ayuda mucho llamarlo asesino, y como era extraño que una muchacha tan joven lo hiciera, me volví:

—¿Qué has dicho?

—¡Cobarde! —repitió, con un lenguaje corporal que hubieran envidiado las tricoteuses de la Revolución Francesa que hacían punto al pie de la guillotina mientras caían al cesto las cabezas de los enemigos de Robespierre.

—Ustedes lo han oído —dije mirando a los de alrededor.

—No. Nosotros no hemos oído nada —dijo uno, curiosamente parecido a Fernández Toxo, líder de CCOO, de donde viene políticamente Pilar Manjón.

—¿Ah, no? ¿Así que no has oído nada? —dije yo, sintiéndome más que nunca en Alabama.

—Vamos, Federico; lo denunciaremos ante el juez —dijo mi abogada.

Y entramos. Al denunciar mi abogada que su defendido había sido objeto de una agresión en la puerta misma de la sala, el juez, algo nervioso y bastante molesto, dijo que aquel no era el lugar pertinente para denunciar el suceso, que había otros. Pero, a su lado, la secretaria judicial abría unos ojos espantados. En la sala había una gran tensión, que no afectaba al fiscal ni a Fuster-Fabra, empeñado en darle la razón a Luis del Pino en cuanto a la etiología del suceso.

Y el juicio empezó.

Y en empezar se quedó. Mi abogada, a quien acompañaba Villar, el abogado de la COPE, pidió como cuestión previa que se declarase nulo el juicio por manifiesta indefensión de su defendido, ya que había prescrito claramente el supuesto delito cuando fue denunciado, más de un año después de cometido. Y citó hasta cinco sentencias del Supremo y la jurisprudencia del Constitucional. Lo hizo con minuciosidad, en el tono profesional serio y sin estridencias que siempre usa y que, al parecer, es el que menos disgusta a los jueces. A mí me parecía evidente y no sabía qué pintaba en el banquillo, pero esa misma sensación he tenido en casi todos los juicios padecidos durante este interminable linchamiento judicial, así que mi juicio no siempre coincide con lo que me pasa.

El fiscal se opuso recurriendo a unos cuantos folios preparados, que acreditaban que le preocupaba seriamente la prescripción. Fuster-Fabra se limitó a decir, despectivamente, que ya sabía que mi abogada se refería a la sentencia de los Albertos. Era mentira: se había referido a varias y no a una; pero acaso el abogado estaba ya pensando en otra cosa: en lo sucedido en la puerta de la sala y cómo debían presentarlo los medios afines, desde El País a la extrema izquierda: Público, El Plural, El Siglo y otros órganos unidos por su defensa de la versión oficial del 11-M. Siempre volvíamos a lo mismo: el 11-M. Como que el abogado era el que era y el piquete amenazador era el de Pilar Manjón.

Pero tras la desabrida intervención de Fuster-Fabra le tocaba intervenir a Villar, hijo del político democristiano Villar Arregui y abogado de la COPE. No exhibía la misma técnica que Márquez de Prado, profesional y minuciosa, pero no le había visto yo vehemencia tan bien fundamentada. Además de abundar en los argumentos de María Dolores, añadió unos cuantos más y lo hizo en un tono de tal perentoriedad, de tan necesaria e inmediata actuación del juez para anular el acto por evidente prescripción del delito, que se hizo el silencio en la sala. ¡Qué bien decía «atinente»! Y apenas concluyó, el juez dijo que, tras los testimonios oídos, suspendía el «acto judicial» hasta resolver si debía o no debía celebrarse.

A continuación, alguien del juzgado dijo que no podía repetirse la agresión de «la muchedumbre» acarreada hasta el juzgado; y nos sacaron por la puerta reservada a los jueces, con un policía abriéndonos paso y vigilando si debíamos replegarnos. No hizo falta y no se hubiera quedado quieto el policía. Sin embargo, en el paseo apergolado que lleva de la puerta del juzgado a la calle, aguardaba una mujer de mediana edad que, descompuesta, se me vino encima mirando hacia atrás —supongo que se le había perdido alguien— mientras vociferaba y, de paso, confirmaba la etiología manjonita de los incidentes:

¡Canalla! ¡Lo vas a pagar! ¡Pagarás lo que les has hecho a las madres del 11-M!

—Vámonos, Federico, ni caso —dijo mi abogada, y seguimos adelante.

A diferencia de la chica de los brackets, esta mujer me dio pena. Pero hace tiempo que no confío en la dialéctica para «convencer a los que no se quieren convencer», como bien dijo Julián Marías. La gran mayoría de madres y víctimas en general del 11-M me han manifestado su agradecimiento a lo largo de estos años, porque, en la medida de mis posibilidades, he ayudado a que no se olvide su causa a manos del gobierno, gran beneficiado de la masacre. Pero al margen de mi caso, ¿cómo puede hablar en nombre de «las madres del 11-M» una persona de una asociación que representa sólo a una minoría de ellas? ¿Y cómo puede creerlo? Pregunta tonta, porque ese es el modelo de la izquierda desde tiempos de Lenin, cuando sus bolcheviques, que eran los minoritarios, se proclamaron mayoritarios y mediante una violencia salvaje acabaron siéndolo. No sé yo si esa mujer conocía la historia del Partido Social Demócrata Ruso y sus escisiones o, como el personaje de Moliére, hablaba en leninista sin saberlo.

Pero en estos años de Zapatero se ha relegitimado tanto el espíritu de la Cheka y la nostalgia de la Lubianka que en partidos, sindicatos y, sobre todo, en los medios de comunicación de la izquierda —que son la mayoría— se ha llegado a un extremo de violencia contra las personas designadas políticamente enemigas, que ni sorprende que rija la ley de lo que, en la prensa, suele llamarse «Polonia-invade-Alemania», es decir, la excusa de los nazis al invadir Polonia. Así contó el acto judicial que acabo de relatar El Plural, que, con Público, borda esa técnica totalitaria:

Losantos da el espectáculo y consigue aplazar otra vez su juicio por calumnias

José María Garrido

Este viernes, Federico Jiménez Losantos ha montado un espectáculo en los juzgados de Madrid similar a los que el locutor organizaba cuando dirigía La mañana de la cadena COPE. Tal y como adelantó este periódico, hoy se debía haber celebrado el juicio contra Federico Jiménez Losantos por las supuestas calumnias que en su día vertió contra Rodolfo Ruiz —excomisario de la Comisaría de Vallecas (Madrid) que sufrió una brutal campaña de acoso y derribo por parte de la caverna mediática—. Sin embargo, el presidente de Libertad Digital se apoyó en la doctrina de los Albertos para posponerlo.

Jiménez Losantos llegó a los juzgados de lo Penal de Madrid alrededor de las 12 de la mañana. El locutor esperó junto a su abogada y su testigo principal, el también periodista y uno de los principales promotores de la teoría de la conspiración, Luis del Pino, en una sala acristalada. A unos metros se encontraban Pilar Manjón —que acudía al juicio como testigo de la acusación— y los familiares más cercanos de Rodolfo Ruiz, policía —ya retirado en la actualidad— al que los medios de la caverna acusaron de colocar la mochila repleta de explosivos hallada en uno de los trenes que explotó el 11 de marzo de 2004.

El infierno del comisario

Especialmente duras eran las críticas que Federico Jiménez Losantos vertía contra él casi todas las mañanas desde la cadena COPE. «Habéis sembrado de pruebas falsas el sumario, habéis colaborado con una masacre criminal, y lo pagaréis, vosotros, lo pagarás tú, Ruiz…», llegó a afirmar Losantos el 26 de abril en el programa que presentaba y dirigía en la COPE. A raíz de estas acusaciones, Rodolfo Ruiz cayó en una profunda depresión y en 2007 se prejubiló por padecer una «alteración psicofísica».

Ruiz acusa al periodista de provocar la muerte de su mujer, quien supuestamente se suicidó al no poder soportar esta campaña de acoso y derribo

Minutos antes del juicio, cuando el juicio iba comenzar, Losantos abandonó junto a su abogada y Luis del Pino la sala acristalada. En el camino se cruzó con Pilar Manjón, Rodolfo Ruiz y sus dos hijos. En ese instante, Losantos empezó a gritar que le estaban «amenazando» y llamando «asesino». Nadie, excepto sus testigos, escucharon los insultos.

La doctrina de los Albertos

Ya en la sala, Losantos exigió la preinscripción del caso alegando la doctrina de los Albertos. Cabe recordar que en 2008 Alberto Alcocer y Alberto Cortina, los Albertos, fueron absueltos por el Tribunal Constitucional no porque no hubieran estafado a sus socios minoritarios en la compra de los terrenos de las Torres KIO, en Madrid, sino por una cuestión formal: porque dejaran o no de ser denunciados a su debido tiempo. Desde entonces, a esta doctrina, que abre la puerta a la impunidad, se le denomina «la de los Albertos». Por tanto, tendrá que ser ahora la justicia quien decida si el caso ha prescrito o no y si Losantos debe ser juzgado.

«Era previsible»

En declaraciones a ELPLURAL.COM, los abogados de Ruiz calificaron de «previsible» que Losantos alegará la prescripción del caso. «Era previsible, pero yo ya quería acabar con esto. Ya pasó en diciembre, cuando se suspendió el juicio porque Losantos alegó estar enfermo. Ahora, se vuelve a suspender, pero yo sigo confiando en la Justicia», reconoció el excomisario.

Por la puerta de atrás

Por su parte, Federico Jiménez Losantos pidió salir por la puerta de atrás del juzgado y acompañado por su escolta, esgrimiendo su temor a ser agredido.

La descripción del acto judicial es, sin duda, emotiva. Tiene el pequeño problema de que es falsa de cabo a rabo. Desconozco si Fuster-Fabra añade a sus cualidades como defensor de lo que defiende la de monitor periodístico de El Plural —recientemente condenado por calumniar a Francisco José Alcaraz tras imputarle un hecho rigurosamente falso: cobrar cuantiosos fondos de la AVT, cuando nunca cobró nada y perdió casi todo su patrimonio—. El garrido de Sopena repite lo que dijeron Fuster-Fabra, Manzano y Ruiz e insiste en que mi defensa se basaba en el caso de los Albertos, como si no hubiera asistido a la exposición de mis abogados Márquez y Villar en el prólogo del juicio, que adujeron abundante jurisprudencia al respecto. Pero lo esencial es que la ley considera prescrito el delito si el procedimiento judicial comienza después de pasado un año de la comisión del mismo. De eso, que era lo esencial y que ponía en evidencia lo tardío de la denuncia del comisario Ruiz, no dice nada. El Plural no lo presenta como el agente implacable que detuvo ilegalmente a dos personas mayores del PP y que salvó su pensión prejubilándose con la ayuda de Rubalcaba, sino como un pobrecito deprimido por tantísima falsedad. Cuando lo que falsea la información es no contar la condena de Ruiz por los delitos cometidos en la detención ilegal de militantes del PP.

Tal vez si Fuster-Fabra hubiera preparado más el juicio y menos la versión propagandística, el escriba sopenita no habría dicho que yo había «vuelto a dilatar el juicio», cuando prescripción significa que no puede haber juicio y aplazamiento significa eso: que se aplaza. Un par de meses antes, un problema de salud —acreditado con el correspondiente certificado médico— me impidió acudir a la cita y haber liquidado esa absurda pesadilla judicial, con piquete linchador incluido. Pero El Plural desprecia al juez, que, tras haber oído a mis abogados, al fiscal y a Fuster-Fabra suspendió, no aplazó, el acto judicial. Tampoco solicité salir por otra puerta que la custodiada por los linchadores, aunque pude hacerlo, sino que fueron el propio juez y la secretaria judicial los que quisieron evitar otro bochornoso acto de violencia. Yo hubiera preferido que los disolviera la policía judicial o que el juez ordenara a Fuster-Fabra que disolviera sus falanges, pero entiendo que la solución hallada fue la más eficaz.

Pero me asombra el uso sistemático de la mentira. Dice el garrido sopenil que «di el espectáculo», cuando sus héroes me lo montaron a mí; que «me puse a gritar», cuando no levanté la voz; o que «sólo mis testigos oyeron los insultos», cuando no hubo denuncia ni testigos y lo que pasó es lo que he contado. Pero lo que excede en vileza a cualquiera de las hazañas de la checa soviéticocatalana es que Sopena respalde la disparatada teoría exculpatoria de Ruiz achacando el suicidio de su esposa a las críticas que le hicieron algunos medios, muy pocos, a los que bastaba no oír y que fueron muchos menos de los que lo defendieron.

Yo podría decir que la suicida, antes de la depresión final, celebraría el ascenso de Ruiz por los méritos contraídos con el gobierno tras el 11-M; pero no lo sé. Podría asegurar que se suicidó por vivir con quien vivía después de lo que había hecho, pero como bastaba con dejar de leer un periódico de papel, otro en Internet y dejar de oír una radio, ni lo creería ni, sobre todo, podría probarlo. También podría decir que mis problemas de salud —por ejemplo el que motivó el único aplazamiento del juicio— son culpa de Fuster-Fabra, Manzano, el SUP y Ruiz, mis linchadores policiales en defensa de la versión oficial y falsa del 11-M, pero no puedo probar una relación causal entre el linchamiento y mis achaques.

También podría recordar que uno de los militantes del PP detenidos ilegalmente por Ruiz necesitó atención médica y ambos atención psicológica. Pero aunque en ese caso la relación causa-efecto parezca obvia, no se me ocurriría acusar a Ruiz de los males de los detenidos sin conocer su historial médico; e incluso conociéndolo. ¿Quién sabe realmente lo que lleva a una persona al suicidio?

Sin embargo, tras releer la escoriácea prosa de El Plural y al escribir estas líneas, pienso que a lo mejor la chica de los brackets que me llamó «asesino» es hija de Ruiz. Si lo es, que no lo sé, lamento que para llevar su cruz, necesite creer esos cuentos o que se los cuenten en casa. Resulta triste ver que incluso en los que te linchan hay gente que sufre. O que sólo pueden paliar su sufrimiento infligiéndole a otro el trato reservado al chivo expiatorio.

Sánchez Manzano al banquillo: la venganza se vuelve contra sus autores

El 30 de enero de 2008, Sánchez Manzano presentó una demanda contra Pedro J. Ramírez, Casimiro García Abadillo, Fernando Múgica y yo, por lo de siempre: vulneración de su derecho al honor y propia imagen e intromisión ilegítima en su intimidad. La demanda se basaba en las informaciones de El Mundo sobre la actuación irregular del jefe de los Tedax en la investigación del 11-M y en los artículos de opinión que acompañaban esa información. Año y medio después, los días 7 y 20 de julio de 2009, tuvo lugar el juicio. Y desde ese momento la «operación venganza» empezó a volverse contra sus autores.

Pero en sentencia hecha pública el 11 de septiembre de 2009, el juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid desestimó la demanda. En lo que a mí respecta, acerca de la supuesta vulneración del honor de Sánchez Manzano en diversas columnas de los años 2006 y 2007 («El zapatedax», «Las armas del 11-M», «Confirmar las dudas», «Los explosivos del 11-M», «La cuarta trama»), la jueza desestimaba la demanda porque entendía que la libertad de información y de expresión debía prevalecer: «Hay que destacar el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (…). La libertad de expresión, que comporta el derecho a la crítica, es un derecho constitucional, esencial en un sistema de libertades democráticas, que consagra el derecho a opinar, que es libre (…). Es preciso tener en cuenta que una cosa es el insulto (que no está amparado en la Constitución) —aclara la jueza, tal vez corrigiendo la argumentación de casos anteriores— y otra la utilización de expresiones zafias, groseras y desprovistas del más mínimo atisbo de elegancia (…). Para la valoración es determinante el contexto en que se produjeron las expresiones hasta tal punto que no puede llegarse a una conclusión partiendo sólo de las expresiones, examinando en todo caso el elemento intencional de la noticia».

Respecto a mis columnas de opinión, dice:

Resulta indiscutido el carácter noticiable de los hechos objeto de la información contenida en los artículos periodísticos enjuiciados por su relevancia pública, en cuanto relacionados con el mayor atentado terrorista de la historia de España, de extraordinaria gravedad, que causó una gran conmoción en la ciudadanía española y gran repercusión en los diferentes medios de comunicación (…). En el caso presente, es lo cierto que la información contenida en los artículos enjuiciados es veraz en lo sustancial y no está basada en rumores ni en meras conjeturas. En esencia, ha quedado probada la sustancial conformidad con la realidad de los hechos expuestos o divulgados en ellos, los cuales están tomados de las diligencias policiales y actuaciones judiciales practicadas a fin de determinar la autoría, y las causas y motivos del atentado, y también de las declaraciones prestadas ante la comisión parlamentaria del y ello como resulta de la prueba aquí practicada.

En lo que respecta a las expresiones y frases resaltadas por el demandante y contenidas en los artículos enjuiciados, una lectura completa y desapasionada de los textos sin extrapolaciones interesadas, y con independencia de la mayor o menor fortuna de aquellas, lleva a concluir que las mismas no traspasan el límite de lo permitido dentro de las libertades de opinión y de expresión porque su razón de ser tiene su antecedente en los hechos, los cuales dentro del contexto explicitado no son asépticamente considerados atentatorios contra el honor sino, fruto de la crítica periodística admisible ante una serie concatenada de hechos que revelaban anomalías y disfunciones de diverso signo y que ineludiblemente alcanzaban al demandante por el protagonismo que ostentó en su desarrollo.

El concepto a la libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor. Este derecho comprende la crítica de la conducta de otro; aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige (…). No cabe apreciar que los artículos denunciados constituyan una campaña de prensa contra la persona y el prestigio del demandante, ni de ellos se desvela una intención torticera contra él mismo ni un propósito de humillarle ni menospreciarle. Ello impide considerarlas como una intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor.

(…).

Por último, en cuanto a los epítetos o calificativos que se le dirigen al demandante en los artículos enjuiciados, tales como «presunto sinvergüenza», «inepto», «probado incompetente», «actuación inquietante», «confusa y negligente», «comportamientos turbios», «turbio policía», «pepe gotera manzano», «manzano y sus manzanitas», «vendedores de humo», «trileros desvergonzados», «engañabobos al por mayor» y «morlacos resabiados» aunque, entrañan, en su conjunto, un juicio ciertamente desfavorable de la persona del demandante, es de ponderar, y no de obviar, la relevancia e interés general del asunto y el carácter de personaje público del afectado, lo que supone, ya de por sí, un debilitamiento en la concesión de cierta primacía a los derechos de libertad de expresión e información, siendo de admitir que tales expresiones, aunque hirientes, desabridas, de mal gusto y desafortunadas algunas, se encuentran claramente en el ámbito de la crítica de actuación profesional del demandante y apreciadas tanto en su contexto como en relación con las circunstancias del momento en que se redactan los artículos no cabe considerar que sean lesivas del honor del actor, y sólo sirven de apoyo para criticar o censurar ante los lectores, ya con dureza, ya con ironía, jocosidad, mordacidad, o metafóricamente el comportamiento de quien, por el cargo público que ostentaba y la actividad que en base al mismo desarrollaba, estaba sujeto a un riguroso control por parte de la opinión pública.

Pero siendo decisiva esta parte de la sentencia desestimando la demanda del jefe de los Tedax en el 11-M, ya que considera indiscutiblemente veraces los datos de la investigación y legítima la opinión en ellos fundada, lo era aún más su explicación de la motivación periodística y el sentido moral que, incluso si se equivocan, debería guiar a los medios de comunicación en una sociedad libre: la «rabia periodística» viendo que la verdad de los hechos se escapa. En mi blog de Libertad Digital lo expliqué —o me expliqué— así en vísperas de Navidad:

Toda la información y, en mucha mayor medida, toda la opinión tiene que estar llena de esa «rabia periodística», que traduce la rabia ciudadana ante un despotismo que borra huellas de sus crímenes y confunde el juicio moral sobre los criminales. A esa rabia ética del individuo ante el poder debe sumarse siempre el columnista, el opinador, y si lo hace honradamente, acierte o se equivoque, hará bien. Y si no, hará muy mal. Hay que saber indignarse, hay que tener rabia periodística a los perros rabiosos de la impunidad, a los policías y jueces que no cumplen con su obligación, a los medios de comunicación que, por malicia, cálculo o pereza, tampoco hacen lo que deben, cuando no hacen directamente de perros rabiosos de los que en vez de perseguir delitos los cometen. O incluso se querellan contra los que los denuncian, en una reiteración delictiva y delictuosa de sus fechorías.

Pero, en fin, hay sentencias como esta en las que hasta el carbón resulta dulce. Es Navidad. Felices Pascuas.

Al día siguiente de que la jueza desestimara en la Audiencia Provincial la demanda de Sánchez Manzano contra los cuatro de El Mundo, entre ellos yo, se desestimó la presentada contra Dignidad y justicia y los Peones Negros. Otra vez, la excusa había sido el «honor» del jefe de los Tedax en el 11-M. El honor de alguien que deberá sentarse en el banquillo y debería ser condenado por su comportamiento inmediatamente después del 11-M, y mediatamente, también por esas querellas y demandas que sólo buscaban amedrentar a los medios que criticamos su comportamiento. Una forma liberticida de proteger la ilegalidad.

Las diversas sentencias contra Manzano, además de liquidar técnicamente su máquina de presentar querellas para asustar, lo dejan en situación de extrema debilidad ante el juicio por la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. No es en absoluto descartable una condena, bien al contrario; y con ella se reactivaría la actividad judicial para esclarecer el 11-M. A lo mejor tenía razón Gómez Bermúdez cuando, para tapar su sentencia sobre la masacre, dijo que el suyo sólo había sido «el primero de muchos juicios sobre el 11-M».

Diez días después del «acto judicial» provocado por el comisario Ruiz y con el que empezaba este capítulo, llegó la decisión del juez. Era inequívoca: como habían defendido mis abogados, la querella había sido presentada fuera de plazo y no había lugar siquiera a juicio, porque los delitos, de haber existido, habrían prescrito. Era inexplicable que, ante ilegalidad tan flagrante, me hubieran arrastrado al área de linchamiento de los policías del 11-M, pero si pensaba en el cambio producido desde el juicio de Gallardón, era esperanzador. Todo apuntaba al fin del linchamiento judicial. O, al menos, al principio del fin. Pero seguíamos sin saber qué pasó el 11-M.

Preguntas con y sin respuesta sobre el 11-M

El 11 de marzo de 2011 se cumplía el séptimo aniversario de la matanza impune del 11-M y del encubrimiento policial de los autores, bien mediante la destrucción de pruebas de los trenes siniestrados y la creación de pruebas falsas, bien por el silencio cómplice de miembros de la policía y el CNI que supieron y no denunciaron esos delitos por acción u omisión. Ese día hicimos Es la mañana en el Teatro Olimpia de Valencia. Se dieron 1500 invitaciones y el lleno fue total. Las casi mil butacas fueron cambiando de huéspedes, pero no se quedaron vacías durante las cuatro horas que duró. Era la salida más exitosa y concurrida en el año y medio de esRadio, todavía mejor que la de Zaragoza en febrero, que ya había superado nuestras previsiones más optimistas.

Al empezar la tertulia, pedí un minuto de silencio por las víctimas del 11-M, que guardamos religiosamente en pie, tanto en el escenario como en el patio de butacas y el anfiteatro. En ese minuto pensé en lo que había cambiado, si algo lo había hecho, en la investigación del 11-M y en las operaciones judiciales y policiales contra los medios que refutamos la versión oficial sobre la masacre. Y sí, algo estaba cambiando. En el aniversario anterior, el sexto, sabíamos lo que nos habían mentido, que era mucho. En el séptimo, la justicia empezaba a perseguir a los perseguidores, tanto más significados cuanto más sospechosos eran de graves delitos relacionados con la investigación. Pero ¿qué sabíamos del 11-M? ¿Y qué sabíamos que nos habían ocultado? Luis del Pino publicó ese día un formidable resumen en Libertad Digital. Y al leerlo recordé las veces que habíamos comentado estos enigmas en nuestras tertulias de la COPE, en Libertad Digital, el periódico y la televisión.

Como he hecho con Somalo al contar los orígenes de esRadio, creo que Luis del Pino, vilmente perseguido por los que se sentían descubiertos y señalados en sus delitos, merece, con sus peones negros, de antes o después, y con los investigadores independientes, policías, guardias civiles y agentes del CNI que anónimamente contribuyeron a esclarecer lo que se sabía y, sobre todo, a desmentir las falsedades de la versión oficial, el homenaje de la literalidad. ¿Cuántas veces le habré hecho yo a Luis del Pino estas preguntas? ¿Y cómo no se ha cansado de contestarlas? Ese invierno tuve el honor de recoger, con César, el premio «Españoles ejemplares» de la Asociación para la defensa de la nación Española (DENAES) al grupo Libertad Digital. Y cuando dije en el discurso de agradecimiento que volvería a fundarlo sólo por ayudar a las víctimas del 11-M, me sorprendió que se me saltasen las lágrimas. Era y es verdad. No hemos hecho nada mejor ni más honroso en nuestra vida periodística y, por tanto, en nuestra tarea cívica. Estas son las 21 preguntas que ojalá algún día ya no haya que hacer, pero que, por los vivos y los muertos, seguiremos haciéndonos hasta que haya respuestas:

1. ¿En qué estado se encuentran, oficialmente, las investigaciones del 11-M?

Se ha celebrado un primer juicio en la Audiencia Nacional, cuya sentencia fue posteriormente revisada por el Supremo. En teoría, las investigaciones siguen abiertas en la Audiencia Nacional, pero en la práctica no se está haciendo nada. De hecho, las solicitudes de investigación que las víctimas del atentado han presentado en la Audiencia Nacional han sido sistemáticamente ignoradas.

2. ¿Hay algún otro tipo de investigación abierta?

Sí. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que agrupa a más de 600 víctimas de la masacre, presentó una querella contra el que fuera jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, y su jefa de laboratorio, acusándoles de manipulación de pruebas y falso testimonio. La querella fue aceptada por un juzgado ordinario y ambos mandos policiales se encuentran procesados por ese motivo. A través de esa vía, las víctimas del 11-M han podido conseguir que les entreguen, por ejemplo, los vídeos de la pericial de explosivos y solicitar otras diligencias.

3. ¿Cuántas personas han sido condenadas por el 11-M?

A lo largo de la instrucción del sumario, fueron detenidas 116 personas, pero sólo 29 fueron finalmente acusadas. En el juicio de la Audiencia Nacional, finalmente, sólo se condenó a tres personas por su relación con el 11-M. Es decir, sólo tres personas tendrán que indemnizar a las víctimas del atentado. Esos tres condenados son los marroquíes Jamal Zougham y Otman El Gnaoui y el español Emilio Suárez Trashorras. A Jamal Zougham se lo condenó como autor material (es decir, por poner una de las bombas), mientras que a los otros dos se los condenó por participar en el suministro de la dinamita Goma 2-ECO que, según la versión oficial, se utilizó para confeccionar las bombas.

4. ¿Tenemos pruebas sólidas de la participación de esos tres condenados en el 11-M?

No. A Jamal Zougham lo identificaron en los trenes hasta ocho testigos distintos. Si todos ellos hubieran dicho la verdad, ese marroquí tendría que haber estado a la vez en los cuatro trenes que explotaron el 11-M, cosa que es imposible. En consecuencia, el tribunal desestimó varios testimonios y se quedó con sólo tres, que presentan, de todos modos, contradicciones insalvables. Además, hemos sabido posteriormente que la policía ocultó datos que demostraban que la noche anterior al atentado Jamal Zougham no estaba montando ninguna bomba, sino haciendo deporte en un gimnasio de la Plaza Elíptica.

En cuanto a los otros dos condenados, aumentan día a día las evidencias de que en la masacre no se utilizó Goma 2-ECO, con lo cual las acusaciones contra ambos (basadas en que traficaban con Goma 2-ECO) quedarían sin contenido.

5. ¿Entonces no sabemos quién puso las bombas?

No. Como estallaron doce artefactos explosivos, tuvo que haber al menos doce colocadores de bombas. La Audiencia Nacional dictaminó que los que colocaron las bombas fueron Jamal Zougham y los siete muertos de Leganés, lo que nos dejaría a falta de cuatro colocadores. Pero el Tribunal Supremo le enmendó la plana a la Audiencia Nacional, dictaminando que no se podía afirmar que los muertos de Leganés hubieran puesto ninguna bomba, con lo que la versión oficial se quedó con un único «autor material». Para colmo, y como ya hemos visto, las pruebas existentes contra ese único autor material no tienen ninguna solidez.

6. ¿Se sabe qué explosivo estalló en los trenes?

No. La instrucción del sumario acabó sin que se hubieran aportado a la causa los informes originales de análisis de los explosivos. El juez Gómez Bermúdez ordenó realizar una nueva prueba pericial durante el juicio, pero esa prueba acabó en un auténtico fiasco. Recientemente, el periódico El Mundo y Veo7 han desvelado las pruebas videográficas de que los peritos designados por el Ministerio del Interior para la realización de esas pruebas mintieron durante el juicio.

7. ¿Cómo es posible que no se realizaran análisis adecuados del explosivo inmediatamente después del atentado?

Pues porque el 11-M, contraviniendo todos los protocolos (como ha quedado acreditado durante el propio juicio), las muestras recogidas por los Tedax no se enviaron al laboratorio de la Policía Científica. En lugar de ello, las muestras fueron analizadas por los propios Tedax en un laboratorio carente de medios técnicos adecuados. Para colmo, ni siquiera se aportaron al sumario esos análisis originales realizados por los Tedax.

8. ¿Y no se podrían realizar nuevos análisis con las muestras que en su día se recogieran?

Es que ni siquiera se han conservado (al menos oficialmente) las muestras recogidas. No se adjuntaron al sumario las actas de las muestras que se recogieron en cada foco de explosión y no se sabe qué sucedió con esas muestras. Y los propios trenes atacados fueron comenzados a desguazar cuarenta y ocho horas después de la masacre, en lugar de conservarlos como manda la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desaparecieron toneladas de restos de los trenes. De alguno de los focos de explosión, los centenares de kilos de muestras recogidas quedaron reducidos a un único clavo, que fue lo que se aportó para la prueba pericial del juicio. De otros focos de explosión, ni siquiera quedó un clavo.

9. ¿Cómo es posible que se destruyeran los trenes?

No se sabe. Aunque no hace falta ser muy mal pensado para deducir que aquella destrucción fue deliberada.

10. ¿Quién dio la orden de destruir los trenes?

Tampoco se sabe. Nadie se atrevió a dejar constancia escrita de la orden de destrucción. Pero lo que sí existe es una orden del juez Del Olmo autorizando que se destruyeran todos los efectos no reclamados por las víctimas, efectos que hubieran permitido hacer ulteriores análisis. Aquellos efectos de las víctimas del 11-M fueron quemados en el vertedero de Valdemingómez.

11. ¿Los trenes se conservan en otros casos?

Se conservan siempre, porque así lo marca la ley. En el accidente del metro de Valencia, por ejemplo, el tren se conservó durante años bajo una lona, para que las compañías de seguros pudieran realizar cuantas peritaciones desearan.

12. Si se destruyeron los escenarios del crimen, ¿cómo se pudo realizar ninguna investigación?

Pues porque, al mismo tiempo que se destruían los trenes, comenzaron a aparecer pruebas fuera de los trenes (concretamente en dependencias policiales), lo que invita a sospechar que se produjo no sólo una destrucción deliberada de pruebas, sino una sustitución de las pruebas originales por otras.

13. ¿Con qué pruebas se construyó entonces la versión oficial?

Con los objetos encontrados en una furgoneta que apareció en Alcalá de Henares y con una mochila-bomba que apareció sin estallar dieciocho horas después de la masacre. La furgoneta de Alcalá fue inspeccionada en la mañana del 11-M por dos perros distintos, sin que detectaran ningún rastro de explosivo. Sin embargo, al ser llevada a dependencias policiales, apareció en la furgoneta un resto de dinamita Goma 2-ECO. La mochila-bomba apareció también en dependencias policiales, concretamente en la comisaría de Puente de Vallecas. Es decir, las dos pruebas fundamentales del caso no aparecieron en los escenarios del crimen, sino en sendas comisarías, sin que exista ninguna evidencia de que procedían de los trenes o estaban relacionadas con lo que estalló en los trenes.

14. ¿Por qué sabemos que la furgoneta de Alcalá es una prueba falsa?

Pues porque el resto de dinamita que apareció dentro de ella al llevarla a comisaría no había sido detectado por los perros entrenados en detección de explosivos cuando la inspeccionaron horas antes. Y porque las investigaciones periodísticas han demostrado que se falsificó la hora oficial de entrada de esa furgoneta en el complejo policial de Canillas, de modo que la furgoneta estuvo una hora «desaparecida» a efectos oficiales, tiempo suficiente para colocar en su interior cualquier cosa.

15. ¿Por qué sabemos que la mochila-bomba de Vallecas es falsa? Por múltiples motivos. Entre otros: 1) Porque no apareció en ningún tren, sino en una comisaría, sin que nadie la haya visto durante el trayecto desde las estaciones. 2) Porque se trata de una bomba que estaba preparada para no explotar, ya que tenía dos cables sueltos y utilizaba como iniciador un modelo de teléfono móvil que no daba ni la mitad de la corriente que necesita para estallar el modelo concreto de detonador utilizado. 3) Porque en esa mochila había clavos y tornillos como metralla, y en ninguna de las autopsias de las 193 víctimas mortales del 11-M aparecieron clavos ni tornillos, así que es imposible que los artefactos de los trenes fueran como la mochila de Vallecas.

16. ¿Entonces qué pruebas nos quedan de que la versión oficial es cierta?

Ninguna.

17. Si el 11-M no fue un atentado islamista, ¿cómo se explica que siete magrebíes se suicidaran en Leganés?

Es que no está demostrado que en Leganés se suicidara nadie. Para empezar, nadie hizo la autopsia a los cadáveres recogidos en Leganés, a pesar de que la ley obliga a hacer esas autopsias. En segundo lugar, ni siquiera está clara la identidad de los cadáveres que aparecieron en ese piso. En tercer lugar, las investigaciones periodísticas han demostrado que alguien (no se sabe quién) se tomó muchas molestias en tratar de «demostrar» que en Leganés hubo un suicidio. Así, por ejemplo, alguien hizo una serie de supuestas «llamadas de despedida» de esos suicidas, pero uno de los teléfonos utilizados para hacer esas llamadas seguía operativo un mes después de estallar aquel piso. Asimismo, alguien elaboró un supuesto «testamento» de uno de esos «suicidas», pero la firma de ese documento está burdamente falsificada.

18. ¿Pero no nos dijeron que los habitantes de ese piso entablaron un tiroteo con la policía?

Sí, eso dijeron. La versión oficial afirma que los ocupantes de aquel piso dispararon con subfusiles a los policías que rodeaban el piso durante muchos minutos. Sin embargo, en el piso sólo se encontraron cinco casquillos de bala, ninguno de ellos de subfusil.

19. ¿Existe algún tipo de corroboración judicial a todas estas dudas sobre la masacre?

Sí. La propia Audiencia Nacional tuvo que eliminar otra de las pruebas fundamentales del caso (un coche de la marca Skoda Fabia que apareció en Alcalá de Henares tres meses después del atentado, cargado con más pruebas que apuntaban a los «islamistas») después de que las investigaciones periodísticas de El Mundo y Libertad Digital pusieran de manifiesto que se trataba de una prueba falsificada.

Asimismo, después de que el comisario de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, interpusiera una demanda contra varios periodistas del periódico El Mundo, un juzgado de Madrid dictaminó que las informaciones de este diario habían sido rigurosas y veraces. Finalmente, el propio hecho de que sólo tres de los 116 detenidos por la masacre hayan sido condenados demuestra que la mayor parte de la instrucción del sumario (por no decir su totalidad) es un auténtico bluf.

20. Entonces, si no fue Al Qaeda, ¿fue ETA la que atentó el 11-M? No existe tampoco ninguna prueba de que fuera ETA. Y, de hecho, existen otras alternativas mucho más verosímiles, como la de que el 11-M fuera una operación de servicios de inteligencia nacionales o extranjeros. Ni ETA ni Al Qaeda pudieron llevar a cabo las falsificaciones de pruebas que las investigaciones periodísticas han demostrado. Por ejemplo, ni ETA ni Al Qaeda depositaron en Alcalá de Henares el coche Skoda Fabia que apareció tres meses después del atentado. Tampoco ETA o Al Qaeda pudieron hacer aparecer pruebas falsas en dependencias policiales ni simular las falsas llamadas de despedida de los falsos suicidas de Leganés.

21. ¿Por qué ningún partido político hace nada porque se investigue la masacre?

Ese es, precisamente, el indicio más sólido de que el 11-M no lo cometieron ni ETA ni Al Qaeda. Si hubiera sido realmente un atentado de Al Qaeda, el PSOE no habría perdido ninguna oportunidad de restregarle el atentado al PP de manera continua a lo largo de estos seis años. Y si hubiera sido ETA, es el PP el que habría hecho lo posible por abanderar las investigaciones.

Sin embargo, ambos partidos han hecho todo lo posible por evitar que se hable del 11-M o se remueva el 11-M. Lo que apunta a que lo que se está intentando encubrir con la insostenible versión oficial es algo de mucho más calado que un simple atentado terrorista.

De nuevo la «rebelión cívica», de nuevo en la calle

La sentencia contra Sánchez Manzano cambió totalmente el panorama sobre las preguntas sin respuesta del 11-M. En muy pocos días, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, dirigida por Ángeles Domínguez, que había luchado dos años casi en solitario, solamente con el apoyo de los tres medios empeñados en averiguar la verdad sobre la masacre —El Mundo, Libertad Digital y esRadio, antes la COPE— vio cómo se le sumaban tres socios cuya colaboración nunca esperó, porque nada o nada bueno habían hecho: el SUP, la Asociación de Oficiales de la Guardia Civil y la AVT.

Lo de la AOGC era algo que nadie preveía pero no sorprendía. Nunca se interesaron públicamente por el gigantesco «agujero negro» del 11-M pero sin duda seguían el esfuerzo de los tres medios que combatían la versión oficial y el de la asociación de Ángeles Domínguez. A diferencia del SUP y la policía identificada con el PSOE, nunca nos atacaron y eso, aunque no muy heroico, era de agradecer en el linchamiento que, a cuenta del 11-M, padecimos. Su personación como acusadores contra Sánchez Manzano era muy importante.

Lo de la AVT, asociación a la que pertenezco, era más llamativo. Cierto que su nueva presidenta, Ángeles Pedraza, había perdido a una hija el 11-M y supongo que algo debió pesar esa circunstancia en su ruptura con la línea de Casquero, el sucesor de Alcaraz. Desde que este llegó a la presidencia, durante la segunda legislatura de Zapatero, destrozó la estructura de la asociación, se unció al yugo de Interior y, sobre todo, rompió con lo que más odiaba el PSOE y parte del PP: la tradición de movilizaciones en la calle contra la negociación del gobierno y la ETA. Con Alcaraz de presidente, la AVT había convocado once manifestaciones, algunas gigantescas. Después de Alcaraz, hasta el 9 de abril de 2011, ninguna. Desactiva dos la AVT y el PP, Rubalcaba y Gallardón o lo que ellos significan política y mediáticamente habían triunfado por completo.

Pero no del todo. Voces Contra el Terrorismo, la nueva organización de Alcaraz, había convocado ya una concentración en Colón y una manifestación en Serrano, la de «el cinco a las cinco», con el lema «contra la presencia de ETA en las instituciones». A ellos no se sumó la AVT, en línea con el silencio o el ataque de PP y PSOE y medios anejos, incluida la COPE de Villa. Sólo esRadio y LDTV las retransmitimos, pero casi todos los asociados de AVT asistieron a ambas. La rebelión cívica —fuera lo que fuese— se había puesto de nuevo en marcha.

Al anunciar su personación en la querella contra Manzano y al convocar a la manifestación del 9 de abril, Pedraza aludió a las «presiones muy fuertes» del Ministerio del Interior contra AVT para que no lo hicieran. La convocatoria del 9 de abril parecía, incluso, una maniobra del PP y el PSOE para desactivar el movimiento creciente e incontrolado de apoyo a Alcaraz y al margen de los partidos. Así lo explicó Basagoiti al decir que a diferencia de la de «el cinco a las cinco», a esta iría, porque «no era contra el gobierno». Pero pocos días después el PP le desmintió diciendo que, por supuesto, claro que era contra el gobierno.

Rajoy permaneció emboscado, sin aclarar si iba o no iba. En la SER, a la que concedió su primera entrevista tras la renuncia de Zapatero a ser candidato, dijo que tenía que «mirar su agenda» para ver si podía ir, pero que «su corazón estaba con las víctimas». Estaría en la lista de trasplantes, porque una semana antes había ido Pedraza a pedir ayuda al PP para que las Nuevas Generaciones le echaran una mano en la organización del acto y la respuesta de Génova 13 fue que tenían algún acto que atender, pero que podía llamar a los sindicatos —UGT y CCOO— que tenían práctica en esas cosas. Hace falta ser miserables.

La verdad es que solamente ayudaron a la AVT el PP de la Comunidad de Madrid y la UPyD; también se ofrecieron los falangistas del SNT, supongo que para demostrar que son más que las NNGG. Pero es que hasta en el Inserso hay gente infinitamente más activa que en las añejas juventudes del PP. Y, además, a diferencia de su líder histórico Nacho Uriarte, si beben, no conducen.

La manifestación, consensuada pero con cada grupo por su parte, reunió menos gente que las anteriores, convocadas por Alcaraz, aunque, según denuncia de Villa y los nuevos sochantres de la COPE, lo hacía realmente esRadio. Era casi cierto. Pero más cierto aún era que, después del papel jugado por la COPE en los años anteriores, era de sabandijas denunciar lo que habían presumido de hacer antaño y cuya continuidad, sus valores y tal, habían anunciado. A la hora de la verdad, los de la SER tomaron la programación, que para eso era suya. Sin embargo, la tenacidad de una gente que seguía viendo al enemigo en el mismo sitio y en las mismas siglas había ido venciendo la desmoralización y la inercia. Jugamos de nuevo un papel importante en esas movilizaciones, aunque pudimos comprobar que había cosas que nunca podrían repetirse. La COPE, por ejemplo.

Pero la más chocante de todas las novedades en el caso de Sánchez Manzano y la investigación del 11-M fue el cambio en el SUP, que pasó de defenderlo a personarse contra él. Como no era lógico ni creíble que se querellaran contra Sánchez Manzano mientras seguían querellados junto a Manzano y contra mí, el nuevo portavoz del SUP, entrevistado por Dieter Brandau, ofreció dialogar conmigo para retirar la querella. Yo contesté que si tenían que retirarla, porque era una fechoría infame, que lo hicieran, y si no, que no lo hicieran. Total, por un juicio más o menos, daba igual. Y menos mal que me negué a dialogar o negociar nada, porque una semana después de la oferta, la revista del SUP, dirigida y redactada por el incomparable Sánchez Fornet, volvía a las andadas y producía esta obra maestra de la literatura:

Hacía mucho tiempo que no sabíamos nada del locutor rabioso de Ruanda, pero a mediados del pasado mes de marzo volvió a reaparecer. Luis del Pino, su explorador de cloacas, escribió en el medio de los aventadores de odio que hacía unos días la juez que instruye la causa contra el comisario Sánchez Manzano había aceptado la personación como acusación del SUP. El hecho que daban como noticia reciente se había producido meses atrás, pero si lo databan en la fecha cierta la noticia desaparecía. Del Pino mezclaba las cosas, como siempre, y concluía que nuestra personación ahora era cambiar de criterio respecto a la teoría de la conspiración.

Tras la noticia, una periodista llama al portavoz del SUP (que tuvo uno de sus peores días, por desafortunado), y si además de equivocarse el portavoz del SUP se suma la manipulación, ya tenemos a las garrapatas otra vez buscando una herida que supure para disfrutarla. Se difunde y publica que el SUP quiere hablar con Losantos y retirar la querella contra él, que hemos hecho acto de contrición y poco menos que pedimos disculpas. El rabioso se sube al carro y dice que si el SUP quiere salir de las cloacas bien, que se alegra de que hayan echado al Fornet y que hemos sido el sindicato que defendió a Sánchez Manzano con Fuster-Fabra como abogado, en su línea habitual de ignorancia, prepotencia, insulto y mentira. Vamos a aclarar las cosas para que se conozca la verdad, por más que moleste al locutor rabioso de Ruanda y sus acólitos.

1°. Los que defienden la teoría de la conspiración son unos manipuladores que chapotean en la sangre de sus víctimas. Usan a los muertos para hacerse ricos y conseguir más poder inventando historias. Entiéndase por teoría de la conspiración esa que defiende el locutor rabioso y algún/a eurodiputado/a, consistente en que miembros de ETA, políticos, policías, jueces, fiscales e islamistas se pusieron de acuerdo para cometer el atentado, encubrirlo y dictar una sentencia injusta. Estos se confunden con quienes defienden lo mismo pero diciendo que «quieren saber la verdad». Entre los que pregonan ese «queremos saber la verdad», los hay que creen que el atentado fue de ETA, o que hay otros culpables, pero no señalan a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

2°. Desde el SUP siempre hemos apoyado agotar todas las vías de investigación. Y eso seguimos diciendo. Queremos saber la verdad, que estamos seguros desmontará la «teoría de la conspiración». Creemos que la sentencia hizo justicia, que no hubo esa conspiración y que sí hubo errores y negligencias por incapacidad profesional, que es lo que pretendemos demostrar con nuestra personación. Estamos seguros que Sánchez Manzano no es cómplice de los terroristas del 11-M y sí que no estaba capacitado para ese puesto, y no en balde solicitamos hasta en cinco ocasiones su cese antes del 11-M por decisiones adoptadas respecto a los Tedax. Y creemos que algún servicio secreto de algún país cercano pudo conocer los preparativos del atentado y no se dio por enterado, como venganza por el asalto a la isla de Perejil, pero esto son creencias no fundadas en ninguna prueba, opiniones, no hechos, y la justicia se imparte con hechos.

3°. No retiramos la denuncia contra Luis del Pino. Es cierto que no comparecimos en una diligencia y que se acabó archivando, pero dado que el Ministerio Fiscal estaba de vacaciones y la instrucción no era lo rigurosa que creíamos necesario, decidimos dirigir los recursos jurídicos a asuntos más importantes para el colectivo. No obstante, reiteramos que Luis del Pino es un mentiroso manipulador, y que todo cuanto contó del 11-M, sus agujeros negros y lo ocurrido en Leganés es fruto de su imaginación, habiendo contado mentiras para conseguir notoriedad y dinero.

4°. La única posibilidad de que se retire la denuncia contra el locutor rabioso de Ruanda es que pida disculpas públicas y reconozca que cuanto dijo, cuantas falsas acusaciones vertió contra policías, eran falsas y fruto de su imaginación.

5°. Está acostumbrado este personaje a infundir miedo, pero a nosotros no nos da ninguno porque no nos dan miedo ni los terroristas que nos pueden matar físicamente ni quienes pueden intentar matarte civilmente, atentando contra tu honor con la complicidad de la justicia, también temerosa de su lengua venenosa.

6°. Nunca hemos tenido los servicios del abogado Fuster-Fabra ni tampoco ha sido relevado en la secretaría general Sánchez Fornet (como afirma mintiendo el locutor, bien informado él).

7°. El actual portavoz del SUP ha sido quizás algo ingenuo, bienintencionado, pero ha sido víctima de la misma manipulación que el anterior, Maximiliano Correal, un demócrata que podía dar lecciones de ello a Losantos, Del Pino y la caterva de presuntos periodistas dedicados a organizar montajes con mentiras en su propio beneficio pecuniario.

8°. En 2005, estando en unidad de acción con ellos, la CEP nos propone formar parte de un proyecto que consistía en avalar desde los sindicatos policiales las denuncias que hiciera Losantos en la COPE. Dijimos que nosotros ratificaríamos, o no, dependiendo de que lo que dijera fuera verdad o no. La CEP rompió la unidad de acción y se convirtió en vocero de este locutor. Al mismo tiempo que el locutor recibía concesiones de emisoras del gobierno de Esperanza Aguirre, el sindicato policial recibía subvención de la Comunidad de Madrid para organizar una oficina de atención a la mujer en su sede; se atacaba brutalmente al director del diario ABC (Zarzalejos), como él mismo ha denunciado en un libro exponiendo las presiones de Esperanza Aguirre para que lo cesaran, se atacaba al alcalde de Madrid Ruiz-Gallardón, al SUP, a Rajoy, Basagoiti, Duran i Lleida… todo aquel que no le reía la gracia a las barbaridades que decía el manipulador de Ruanda, en la estrategia de conseguir desbancar a Rajoy para llevar a Esperanza Aguirre al poder, eran hostigados. La CEP jugó a hacer política, se puso de rodillas, aceptó prebendas, privilegios y subvenciones pero nosotros ni nos arrastramos, ni nos ponemos de rodillas, ni hacemos política.

El esparcidor de odios ya ha sido condenado varias veces (tras denuncias de los periodistas Juan Antonio Zarzalejos, Ton Martín Benítez, del acalde de Madrid Ruiz-Gallardón…) y seguramente no serán las últimas. Tiempo al tiempo.

Yo no perderé más el mío glosando las trolas y patanerías de este semianalfabeto. Alude a unos periodistas inexistentes llamados Juan Antonio (no José Antonio) y Ton (no Tom, como «Tío Tom», sino Ton, como «ton-ton macoute»). Y cree elogiar y no insultar a unos Tedax hablando de «la catadura profesional y personal que atesoran». Sin embargo este sujeto acaudilló uno de los más activos grupos linchadores en los últimos años de la COPE y el nacimiento de esRadio. Siempre me asombra la ferocidad con que me insultan los que me acusan de insultar, pero este prodigio de urbanidad llamado Fornet, más que hiriente por liberticida resulta humillante por su catadura intelectual. ¿Cómo es posible que miles de policías, muchos con estudios, estén o hayan sido representados por él? Por desgracia, también retrata a un sector policial y a una facción judicial capaces de un linchamiento propio del Ku-Klux-Klan.

Pero las cosas estaban cambiando. Y así lo demostró el caso de Alberto Alcocer.

Alberto Alcocer o el cazado cazador

El mismo día en que yo salí de la COPE entró un paquete del juzgado que no pesaría menos de media arroba. Era un adoquín gigante que, por esas picardías del destino, devolvía al origen del linchamiento su exitoso final, porque provenía del mejor amigo del rey, que como ya he contado fue el que dio el pistoletazo o la perdigonada de salida a los linchadores. El mamotreto llevaba como remitente, vía juzgado, a Alberto Alcocer, uno de los famosos Albertos, que gracias a la intermediación real y a la delicada sensibilidad de los jueces del Tribunal Constitucional había eludido la cárcel, pese a una condena en firme del Tribunal Supremo por la estafa del «caso Urbanor».

El caso Urbanor no tiene desperdicio: cuatro mil quinientos millones de pesetas birlaron los Albertos a sus socios tras una operación que incluyó cena en La Moncloa con González y su hombre de confianza Sarasola. Era el típico truco de la recalificación política pero a lo grande: recalificación de los terrenos donde se alzaron las Torres KIO y compra de acciones del Banco Central bajo el elocuentísimo nombre de Cartera Central. La estrategia debía culminar con la entronización de Miguel Boyer al frente del banco, con las bendiciones de González. Yo entiendo a los Albertos: habían conseguido, bien que de forma no muy legal, un incremento sustancioso del valor de la empresa y pagaron a sus socios de Urbanor el precio anterior al enjuague, unto o sensibilización, eso que algunos medios, sin el menor sentido del Estado, se atreverían a denominar corrupción.

Ya digo que los comprendo. Eran los Albertos los que lograron el chollo visible y el invisible, que era el aumento del pago kuwaití por los terrenos tras la recalificación y quisieron quedarse con el sobreprecio. Pero los socios se enteraron del valor real de sus acciones, mucho mayor del que les habían pagado, llevaron a juicio a los Albertos por negarse a abonarles la diferencia, pasaron por todos los escalones judiciales, siempre perdiendo los Albertos, y al final el Supremo dictó pena de cárcel para los primos, que lo eran por parentesco, no por ingenuidad. Pero pasaba el tiempo y no se cumplía la sentencia. Y tras una maniobra del rey usando al arzobispo castrense ante Rouco, una mañana decidí rendir homenaje a Antonio Herrero reeditando su fórmula: «Es lunes día tal, del mes de cual, y los Albertos siguen sin entrar en la cárcel». En De la noche a la mañana. El milagro de la COPE cuento algún episodio del caso, como la mediación de la joven y bellísima esposa de Alcocer —antes esposo de la joven, bellísima y riquísima Esther Koplowitz— en la boda de los príncipes de Asturias.

A mí me daba casi igual que en el caso Urbanor hubieran asfaltado los accesos de Moncloa y recalificado Cartera Central para todos los socios o sólo los Albertos. Lo que no me daba igual era que un pequeño empresario en apuros, por deber unos millones de pesetas a Hacienda, fuera ineluctablemente a la cárcel; y que los amigos del poder —del rey, del PSOE o de ambos— estafaran miles de millones y, pese a la condena del Supremo, nunca entraran. Tanto tardaron en entrar que el Constitucional declaró prescrito el delito, supongo que por incumplimiento de la sentencia.

Pues bien, Alcocer, que había anunciado venganza contra mí después el juicio de Urbanor, y que profirió su amenaza en un lujoso restaurante de Madrid de cuyas sobremesas —para eso se hacen— se entera todo el mundo, se dolía de lo mismo que Gallardón, Zarzalejos, Cebrián y los policías del 11-M: «Vulneración de su derecho al honor». ¡Cuán frágil es el honor de los poderosos!

La frase que desencadenó el cólico de honor del condenado por tan majestuosa estafa —un prodigio de honorabilidad— era esta: «Uno de los grandes cazadores en España es Alberto Alcocer… tendría que estar en la cárcel y no está. ¿Por qué? Porque caza donde tiene que cazar y con quien tiene que cazar, ni más ni menos que Su Majestad».

¿Qué pedía Alcocer? La reparación de su honor, y, cosa rara en él, dinero. Según su abogado, acudía ante la justicia porque «lanzar a la opinión pública un trato de favor por parte del demandante porque este caza con el rey es una insidia brutal e injusta». Era «radicalmente falso» cualquier «trato de favor de los tribunales». Concedía: «Naturalmente el demandado puede tener del demandante una opinión negativa y está en su derecho de exponerla a sus oyentes, pero lo que no puede hacer es faltar a la verdad y transmitir como hecho lo que no son más que insinuaciones insidiosas, cuando no injurias y además totalmente innecesarias para la idea que quería trasmitir en un asunto en el que mi demandante no tiene la más mínima relación». ¿Qué asunto? ¿La estafa, La Zarzuela, la caza, González, la condena del Supremo o la prescripción decretada por el Constitucional, tan escandalosa que fue recurrida por el Supremo?

Como siempre, el virus de la filología afectaba a mis linchadores y les llevaba a decidir lo necesario o innecesario en un medio de comunicación para denunciar a los delincuentes. Aunque lo declaraba prescrito, el Constitucional no negaba el birloteo, al contrario, pero contaba como tiempo de prescripción los años de enjuiciamiento. Por eso bramaba el Supremo. ¿Leguleyeces? No. Lo de Urbanor era un rascacielos de la estafa, tan torcido como las Torres KIO, y su recalificación judicial —incluida la llamada del rey a la Audiencia revelada en la COPE por nuestra experta en tribunales, Maite Cunchillos, y jamás objeto de mentís o querella— había cosechado hasta editoriales de reprobación, en papel y en Internet.

No obstante, acaso como modesta contribución a la minuta de sus abogados, Alberto Alcocer alegaba el «desprestigio personal y profesional que debe ser corregido reparando el dallo moral que conscientemente y de manera tan gratuita como innecesaria se le está infligiendo». El precio material de lo moral era de 300 000 euros, amén de difundir la sentencia condenatoria en La mañana de COPE y, en lo sucesivo, abstenerme de nombrar a su persona. Columbro que, de paso, también a la Augusta Persona que con él caza.

Todo estaba claro: el delito, la denuncia y la venganza del poderoso denunciado. Era raro que el honor de Alberto Cortina, dicen que menos simpático pero más listo que su primo, no se sintiera vulnerado cuando yo había dicho lo mismo de los dos, por las mismas razones y acerca de las mismas sentencias judiciales. Pero como Cortina, a diferencia de su primo, no cazaba a todas horas con el rey, deduje que la venganza no venía de lo de Urbanor sino de La Zarzuela. ¿Me equivoqué?

Mi respuesta a la demanda de Alcocer fue la habitual: ni yo había dañado el patrimonio y el honor del demandante ni había cobrado por ello ni había sido el único en comentar el caso en el mismo sentido. Eso, sin mencionar la guerra entre el Supremo y el Constitucional a cuenta de la prescripción. Además, decía mi abogada, «dada la copiosa información publicada en todos los ámbitos y medios de comunicación sobre Alberto Alcocer y su amistad con el jefe del Estado —comentarios que se tornaron en acerbas críticas cuando se conoció el sentido de la resolución dictada por el Tribunal Constitucional— la demanda constituye un manifiesto abuso de derecho».

Según nuestro recurso yo no había utilizado expresiones insultantes contra Alcocer, como este decía. Y además, seguía vigente esta sana doctrina constitucional:

Los pensamientos, ideas, opiniones y juicios de valor, a diferencia de lo que ocurre con los hechos, no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de exactitud y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación y, por tanto, respecto del ejercicio de la libertad de expresión no opera el límite interno de la veracidad.

Confieso que este último argumento no lo entendía yo muy bien, así que alguno pensará que por eso gané. Yo creo que la razón de fondo era que, liquidada mi presencia y la de César y liquidada la COPE que tanta guerra había dado en esos años, el ensañamiento judicial era, sobre injusto, innecesario. Hasta me llegaron mensajes de Zarzuela sobre la incomodidad del rey por la iniciativa de su amigo. Regio detalle.

Pero la titular del juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid desestimó de forma íntegra la demanda interpuesta por Alcocer en sentencia del 28 de abril de 2010. Por supuesto, partía de la jurisprudencia vigente en lo que se refiere al honor y a la libertad de expresión, más aún cuando la discrepancia entre el Supremo y el Constitucional habían saltado a la luz pública: «La jurisprudencia ha destacado la debilidad de la protección del derecho al honor en los supuestos de crítica política que se considera amparada por el legítimo ejercicio de las libertades de expresión y comunicación». Y «resulta incuestionable el interés del público y relevancia general de la temática determinante de la crítica». Lo que yo dije eran «declaraciones emitidas con la espontaneidad que tienen los debates radiofónicos» y «no vejatorias para el señor Alcocer». En el conflicto entre el honor y la libertad de expresión, «ha de estarse al contexto en que se producen las expresiones, a la proyección pública de la persona a la que se dirigen las expresiones y a la gravedad de las mismas». Y «es un hecho notorio que Su Majestad el Rey y Alberto Alcocer han participado juntos en diversas cacerías y así han dado cuenta los medios de comunicación».

Total, que me absolvía con todos los pronunciamientos favorables y condenaba al pago de las costas a Alcocer. Claro que para entonces ya llevaba meses emitiendo esRadio. De esperar para emitir a que me diera la razón la justicia, el augusto matador habría paseado mis orejas por el ruedo —lo hizo la cuadrilla— y hecho disecar mi cabeza para alguna finca de caza. Pero como cierre del círculo toricida, el puntillero ponía broche de oro al linchamiento por la parte institucional. Como era de prever, Alcocer recurrió, rechazaron su recurso y seguirá recurriendo. ¡Será por dinero!