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Cuando se quedó sólo se dedicó a leer el sumario del caso de corrupción en el que se había visto envuelto el empresario. El archivo era extenso, pero en su mayor parte se dedicaba a describir a los imputados. En él aparecían políticos, funcionarios y empresarios, todos ellos con un mismo nexo de unión, un abogado que a la postre fue el único condenado.

La trama se inició durante los años de la burbuja inmobiliaria. De lo que dedujo del sumario, el abogado dirigía un bufete que se dedicaba a asesorar sobre concursos públicos a diversos ayuntamientos y diputaciones.

El abogado recibía unos emolumentos bastante bajos por las labores que realizaba, mucho más baratos que los que cobraban otras asesorías y bufetes que se dedicaban a ese tipo de labor.

Su trabajo consistía en preparar toda la documentación necesaria para las licitaciones de obras públicas que sacaban a concurso las diversas instituciones implicadas.

Al parecer antes de trabajar en los documentos de los concursos contactaba con las empresas, facilitándoles los proyectos de las obras a licitar. A la empresa a la que le interesaba la obra le pedía un soborno y en cuanto lo recibía preparaba el pliego de la licitación a la medida de esa constructora.

El sumario se dividía en dos partes. La primera se basaba en la investigación que realizó la UDEF sobre el asunto. Al leer las conclusiones de la investigación policial se podía pensar que todos los implicados estaban confabulados para cometer un delito de malversación de caudales públicos.

Los funcionarios implicados no eran de carrera, sino que se trataba de altos cargos puestos a dedo por los diferentes partidos políticos. Y es que eran diferentes partidos, de todos los colores, los mezclados en la trama. Los políticos imputados eran precisamente los que habían puesto a esos cargos públicos en sus puestos.

Entre los testigos aparecían varios funcionarios, esos sí de carrera, que afirmaban en sus declaraciones a la policía que habían recibido presiones desde arriba para emitir informes positivos que favorecieran a las empresas que a la postre resultaban adjudicatarias de las contrataciones públicas.

Sin embargo, ninguno de estos funcionarios acudió como testigo al juicio, ni se tomaron en cuenta sus declaraciones previas a la policía. Eso le resultó a Goikolea sospechoso. Pero el sumario lo justificaba por el hecho de que se había encontrado un culpable que había asumido por completo su responsabilidad única en la imputación.

Otra cosa que le resultó sorprendente fue el hecho de que se descubriera una cuenta en Suiza a nombre del que a la postre resultó condenado, procedente de los sobornos que había cobrado a los empresarios.

Uno de los testigos en el juicio fue el propio Garaikoetxea. En su declaración pudo leer cómo se había sentido presionado por el abogado para tener que aceptar el pago del soborno con el fin de dar trabajo a la empresa que representaba.

Leyéndola se imaginó una lacrimógena actuación por parte del empresario, que llegó a afirmar que el pan de los trabajadores de sus empresas y el de sus hijos dependía de esas licitaciones, y que de no haber aceptado pagar aquel pago fraudulento hubiera tenido que despedir a decenas de empleados que se hubieran visto abocados al paro.

La sentencia obligaba a reintegrar el capital encontrado en las cuentas de Suiza a las empresas que habían pagado aquellos sobornos. Se justificaba porque quedaba demostrado que dichas empresas eran inocentes y que se habían visto obligadas a pagar al condenado para que sus asalariados pudieran ganarse su jornal.

Goikolea se echó hacia atrás en la silla. Estaba completamente alucinado.

—¡Han blanqueado con un par de narices un pastizal que tenían en Suiza, y de manera totalmente legal!

El sumario era delirante. El dinero de las empresas había sido blanqueado. No así el de los políticos, pero éste no se había investigado ya que el juez no autorizó a la UDEF a indagar en sus cuentas. No en vano, como le había contado Gutiérrez, el juez estaba ocupando su puesto gracias a los políticos que habían sido imputados en el caso.

Ese caso había pasado desapercibido para la opinión pública. Había saltado en plena burbuja inmobiliaria y la gente aún no estaba preparada para el tema de la corrupción. Es más, la ciudadanía todavía creía en aquella época en la honradez de la clase política.

Goikolea recordaba los tiempos en los que saltó por los aires la corrupción en Marbella, con partidos políticos populistas creados expresamente para cometer estos delitos. Aquel caso había resultado grotesco. La manera en la que se había desarrollado la trama era propia de una película de Berlanga. Ahora aquella España de pandereta se había generalizado.

En un anexo al archivo que le había mandado Gutiérrez se indicaba que en cuanto llegó la sentencia a la UDEF se había retomado la investigación, y que ésta llevaba ya 6 años acumulando un volumen bastante importante de información.

Sin embargo, no se había cerrado aún el caso, ya que la trama se había extendido por varias comunidades autónomas e implicaba a un buen número de compañías, pero con la particularidad de que todas ellas estaban en realidad controladas por media docena de empresarios, muy vinculadas con los políticos implicados en la corruptela.

Los dos principales testaferros de la trama eran Garaikoetxea y Madinabeitia. Era previsible que Garaikoetxea conociera lo suficiente sobre la trama como para que pudiera desmontar toda la red de corrupción. Estaba convencido de que la orden de secuestro provenía de la empresa.

La otra cabeza visible de la trama era Madinabeitia. Sin duda conocía la trama de corrupción tanto como su compañero. Y también conocía a Garaikoetxea lo suficiente como para haber dado las pistas para que los sicarios dieran con él.

En un principio no conseguía encajar el hecho de que el mismo Madinabeitia les hubiera puesto sobre la pista del paradero de Garaikoetxea. Y de repente cayó en la cuenta.

—¡Si es que soy gilipollas!

Cuando Madinabeitia les puso sobre la pista de Garaikoetxea, lo hizo sin temor a desbaratar sus planes, ya que para entonces ya había sido secuestrado. Y el ponerles sobre la pista de Garaikoetxea le exculpaba.

Entró en el archivo de análisis forense de Kortajarena. Aún no era oficial, pero en él se señalaba como fecha de la muerte un día antes de la reunión con Madinabeitia.

Llamó al juez y le contó que estaba completamente seguro de que el compañero del empresario estaba implicado y que necesitaba una orden para poder detenerlo. El juez le aseguró que esa misma tarde cursaría la orden de detención, y que le permitiría tenerlo incomunicado 72 horas.

Goikolea se lo agradeció, y llamó inmediatamente a Martín.

—Cógete una patrulla uniformada. Quiero que detengáis a Jorge Madinabeitia. Pero quiero que se haga de forma discreta, cuando haya salido de la oficina, o cuando se dirija a su casa. No quiero testigos de la detención. Ni sus compañeros ni su familia deben saber nada.

—¿Tienes ya la orden?

—No te preocupes por ella. Nos la mandan esta tarde. Le tendremos tres días incomunicados, deseo presionarle, pero no quiero que me manden un abogado a dar la lata.

—¿Qué hago con Marta?

—Mándamela con los datos que hayáis obtenido directamente a la comisaría. No quiero que le digas que vas a detener a Madinabeitia.