Capítulo 13

El mismo día en que el papa Francisco se sacaba la foto con la remera de Pino Solanas, Sapag instaba a las empresas a redoblar sus esfuerzos de propaganda profracking. Ante los ejecutivos, ingenieros y geólogos del Club del Petróleo, el gobernador elogiaba las iniciativas del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) para ahuyentar los temores de la sociedad respecto de la nueva técnica. A la vez, y sin querer, revelaba que había usado dinero público para ayudar a las compañías en esa tarea de lobby.

—El IAPG sacó un muy buen libro. Nosotros nos tomamos la libertad de publicar 10.000 de esos ejemplares y distribuirlos en las escuelas, pero no alcanza. Esto tiene que ser una tarea de todos los días, porque enfrente hay intereses creados muy importantes para que esto no se haga o no se desarrolle —dijo, aquel mediodía.

—El lobby sobre la opinión pública es constante. Todo el tiempo se habla de lo que va a venir. Las empresas también se llevaron a los periodistas más especializados en el tema energético a trabajar con ellas como agentes de relaciones públicas —lamenta Cipo, el periodista que milita en la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén. La incorporación de periodistas como agentes de prensa por parte de las petroleras no es exclusivo del mercado argentino, donde las empresas dueñas de los medios de comunicación precarizaron severamente las condiciones de trabajo en los últimos 20 años y redujeron al mínimo los salarios de sus empleados, lo que degradó a su vez el oficio. Según un estudio del prestigioso Centro de Investigación Pew estadounidense, en 2013 el país del Watergate tenía 4,6 agentes de relaciones públicas por cada periodista en actividad. 10 años antes, la relación era de 3,2 a uno.

La tendencia tiene sus explicaciones: según el mismo informe, en 2004 un periodista ganaba 71 centavos por cada dólar que cobraba un agente de relaciones públicas, mientras que en 2013 la relación era de 65 centavos por cada dólar. No casualmente, en ese lapso, la cantidad de cronistas empleados a tiempo completo cayó de 52.550 a 43.630, mientras que la de agentes de prensa aumentó de 166.210 a 202.530.

A la hora de hacer propaganda los petroleros no ahorran creatividad. También en noviembre de 2013 se emitió por Telefé una serie de capítulos de la serie Vecinos en Guerra, que la productora Underground, de Sebastián Ortega, acordó grabar en Añelo con YPF. Julián, uno de los personajes de la saga, era petrolero, y se llevaba a Añelo a Paloma, otra de las protagonistas. Luego aparecía Lucas, que competía con él por el corazón de Paloma, y lo desafiaba a Julián a pelear en el pozo mismo. El equipo de grabación, de 25 personas, revolucionó el pueblito a tal punto que los chicos le preguntaban a cualquier cara nueva que veían por allí si también venía «de la tele».

La gran manifestación contra Chevron en la Legislatura neuquina había unido a los anti-fracking y a la izquierda contraria a las multinacionales. Pero a partir de aquel día el gobierno neuquino y las petroleras desplegaron una propaganda para contrarrestar esa prédica. Y la protesta fue amainando y diluyéndose, según reconocen quienes la mantienen viva. La socióloga y militante anti-fracking Maristella Svampa considera que la represión de aquella marcha supuso un «parteaguas».

—Desde ahí se inició un discurso único, una intensa campaña mediática que rememora al nacionalismo petrolero. En Pinamar, en el verano de 2014 instalaron un simulador de un pozo de fracking. En Vecinos en guerra aparece Vaca Muerta. Invitan a periodistas a visitarla, hacen una embestida en las universidades, se consolida el consenso del fracking, la idea de una discusión saldada —razona la rionegrina Svampa.

En realidad, la idea de incluir a Añelo en Vecinos en guerra no surgió de una conspiración de las oficinas de Doris Capurro, la vicepresidenta de comunicación de YPF. Se le ocurrió a uno de los colaboradores autorales de esa telecomedia de Telefé, el reconocido guionista Martín Méndez, cuando se enteró de la génesis de este libro. A Méndez le atrajo lo que ocurría en aquel pueblo neuquino y propuso que la historia transcurriera por allí. Después sí apareció YPF, que aceptó con gusto la iniciativa de la productora y puso toda la logística a su disposición.

El gobierno y Repsol fumaron la pipa de la paz un 26 de noviembre de 2013. No solo se trataba de un preacuerdo para indemnizar a una petrolera por el 51% de YPF. Se procuraba cerrar la herida diplomática entre Argentina y uno de los dos principales países de origen de la inversión extranjera directa —compra de empresas e instalación de equipos productivos— en las pampas. El otro es Estados Unidos. Claro que la relación con España va más allá de lo económico. Argentina es uno de los países menos antiespañoles de Latinoamérica en parte porque tras los tres siglos de conquista y sometimiento, a inicios del siglo XX inmigraron los pobres «gallegos» trabajadores. En Argentina vive la colectividad española más grande del mundo, que duplica a la de Francia, la segunda, y es superior en población a la octava ciudad de España, Palma de Mallorca. Son 400.000 españoles, aunque la mayoría son argentinos descendientes de europeos. Pero pese a todos esos lazos, la expropiación de YPF provocó una ola antiargentina en España, que no solo incluyó al gobierno de Rajoy sino también al opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Izquierda Unida fue una de las excepciones en el ámbito político.

En septiembre de 2013, Galucció viajó a Londres en uno de esos fines de semana en que visita a su hijo, que se quedó en su casona de allá estudiando ingeniería. Y después hizo escala en Madrid. Allí mantuvo una reunión que supuestamente debía ser secreta con Soria, el ministro de Industria español. Pero ambos acordaron que Galuccio ofreciera una rueda de prensa para intentar un cambio de imagen argentina en la opinión pública española. El que lo ayudó a convocar a los periodistas fue otro de los mediadores en la reconciliación: el zaragozano Luis Blasco, presidente de Telefónica Argentina. Blasco fue uno de los que convenció al vicepresidente global de su grupo, Fainé, de que apostara por una solución. No solo lo movían los frondosos negocios de su filial, que controla además medios como Telefé y pronto incluirá la provisión de televisión por cable. También lo embargaba un deseo íntimo de que se acabaran las peleas entre ambos países, según reconocen en YPF.

Rajoy quería un acuerdo y restablecer relaciones más estrechas. Por eso le dio todo el poder de negociación a Soria. Peña Nieto también militó por ese pacto. Mantuvo una cita realmente secreta con Galuccio y el presidente de Pemex en algún rincón latinoamericano. Allí terminó de destrabarse todo. A esa altura, Brufau había dejado de operar contra Galuccio y quería encontrarse con él. Pero el presidente de YPF temía que el de Repsol lo engañara y dejó el final de la negociación en manos políticas.

Cristina Kirchner anhelaba un pacto como parte de las medidas con las que buscaba atraer inversión y financiamiento extranjeros, y contrarrestar así la creciente escasez de divisas que derivó en la devaluación de enero de 2014. Además del pacto con Repsol, abonó cinco juicios en el Ciadi y renegoció la deuda con el Club de París, grupo de países ricos al que Argentina había dejado de pagar en la crisis de 2001. Todo era parte de una estrategia que se detuvo por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de los fondos buitre en junio de 2014.

Soria, Fainé y Fernández Cuesta, el hombre de confianza de Brufau, viajaron a fines de noviembre a Buenos Aires para finalizar la discusión. El presidente de Repsol no volvió a pisar tierra argentina después de la expropiación. El que sí aterrizó acá para el acuerdo fue Arturo Henríquez, director corporativo de Pemex. Del lado argentino estaban Zannini, Galuccio y también Kicillof, que estaba estrenando por aquellos días el cargo de ministro de Economía.

Aquel 26 de noviembre no se oficializó la cifra de la indemnización, pero se dejó transcender que serían 5.000 millones de dólares y, en bonos. Kicillof fue quien propuso la solución del pago con títulos públicos con valor de mercado garantizado. Es decir, que Repsol recibiese bonos por un valor tal que los pudiese canjear a otros inversores por 5.000 kilos —como les llaman los españoles a los millones— en efectivo. El máximo que le garantizó Argentina fueron 6.000 millones en títulos. En mayo de 2014, el grupo de Brufau terminó recibiendo 5.317 millones de dólares en diversos papeles con vencimiento entre 2017 y 2033 y con un interés de entre el 7% y el 8,75%.

El pago con bonos resultó más atractivo para Repsol que un pedazo de Vaca Muerta. Los liquidó apenas los recibió. En el equipo de Kicillof sostienen que era previsible que el grupo español rechazara volver a quedarse con parte de la roca neuquina. Le hubiese implicado un gran riesgo por las dudas que aún existen sobre el desarrollo del shale en Argentina. Solo si Vaca Muerta termina siendo un verdadero boom como el de Eagle Ford o Barnett, Repsol habrá perdido con la opción de los títulos públicos. Con la indemnización en bonos, fue el Estado argentino el que tomó el riesgo Vaca Muerta.

Fue un jueves a las 20.38, 2 días después del preacuerdo entre el gobierno de Cristina Kirchner y Repsol, en un aula de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue cuando se reunieron 12 personas, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, representantes de las diversas organizaciones que componen la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén. Mucha remera y zapatillas entre pancartas, pintadas, pósters y carteleras. Ya quedaban pocos estudiantes por los pasillos.

Cipo, periodista que en aquel tiempo trabajaba también en la panadería de la Cooperativa Cae Babylon, abría la asamblea comentando que por aquellos días un tribunal de Nueva York dirimiría si el fallo de la justicia ecuatoriana contra Chevron había sido por fraude. Finalmente sentenció que lo era.

—Y nosotros les abrimos la puerta… —se quejó Cipo del acuerdo con Chevron—. Van a venir unos abogados ecuatorianos para contarnos del caso.

—Los chinos ya andan por ahí con un proyecto de exploración —advirtió la geógrafa Silvia Leanza, una de las veteranas del grupo, integrante de la Fundación Ecosur y del Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén. Detrás suyo un cartel colgado en el aula proclamaba «Viva la rebelión».

—Junto con el Observatorio Petrolero Sur estuvimos trabajando el tema de una moratoria al fracking —contó Cipo, que poco después se incorporó a esa ONG—. Vemos ahora que negocian con Repsol, pero no mencionan el pasivo que dejó. Se decía que no iban a pagar a Repsol por el desbarajuste y el pasivo… Fueron bravuconadas y ahora está todo bien. Por eso la idea es intentar una moratoria. Hay que interpelar a la sociedad. Sapag dio un discurso en el Club del Petróleo en el que dijo que van a dar la batalla comunicacional, que había que cambiar lo que se les dice a los docentes y alumnos. El trabajo territorial que hacemos con alumnos y trabajadores les jode. Proponemos una moratoria en los ejidos urbanos, cerca de los recursos hídricos, en áreas protegidas.

—Hay que pensar la moratoria en tres niveles: nacional, provincial y municipal —propuso Leanza—. Que no vuelva a pasar como en Allen. Hay acuerdos de rango internacional contra el cambio climático, con artículos que plantean el concepto de moratoria —mencionó Leanza.

Los militantes escuchaban a la geógrafa en ronda, sentados en pupitres. Una se acomodaba bien con una pierna encima del banco. Otros dos miraban sus celulares. De pronto llegó otro asambleísta. Dos anotaban todo en sus notebooks.

—Yo veo más derrotas que triunfos. Discúlpenme el pesimismo —se quejó Leanza.

—Si no hay proceso de movilización que acompañe, la presentación de recursos (ante la Justicia) no tiene fuerza —alertó Cipo, sin arengas, sereno pero firme.

—¿Qué visión estamos teniendo de lo que se está haciendo en Vaca Muerta? —interrumpió Mario Cambio, dirigente del PCR—. Podemos hablar del tema ambiental, pero nadie va a poner los 15.000 millones de dólares necesarios para desarrollar Vaca Muerta. La gente no va a poner plata con el dólar oficial. Están sentándose arriba de las áreas esperando condiciones más favorables. Tanto Bulgheroni como (Oscar) Vicente pusieron paños fríos. Creo que el pago a Repsol anunciado por el gobierno es más una demostración de fracaso que una señal de que están avanzando. Salvo El Trapial, no hay ningún yacimiento en Argentina que no haya sido descubrimiento de YPF —elogió a la antigua empresa 100% estatal—. Hay una crisis energética enorme y el gobierno ve que la producción sigue cayendo.

Es cierto: pese a la recuperación productiva que logró YPF en 2013 y 2014, la extracción nacional de petróleo y gas en Argentina continúa bajando. En noviembre de 2014, la producción de crudo del país caía respecto del acumulado de los últimos 12 meses un 1,4%, según el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. En el caso del gas, la extracción del total de empresas bajaba el 0,8%. No alcanzó solo con el esfuerzo de la petrolera estatal, que en todo 2014 elevó su producción el 8,7% en petróleo y el 12,5% en gas.

—Coincido en que el saqueo tiene que ser el tema central —acotó Cipo en aquella asamblea de noviembre de 2013—. Tengo miedo de que la inversión se destrabe con este acuerdo con Repsol.

—Necesitamos a la masa de trabajadores petroleros de nuestro lado —opinó Cambio—. A veces ellos hacen las denuncias ambientales. Si queremos saber qué pasa, ellos son los que saben. Estamos quedados porque no es fácil llegar a la gente. Pero tuvieron que votar a escondidas el acuerdo con Chevron, sí, los progresistas del Frente para la Victoria…

—Ellos saben los errores que cometemos. Hoy en una escuela un ingeniero de Apache fue a hablar sobre el fracking —comentó un militante—. Acá vino gente de relaciones institucionales de YPF a hablar con el decano de Ingeniería. Tenemos que meter (el mensaje de) que la contaminación ya está, no decir que va a venir.

—Hay que ver cómo decirlo —metía cuchara por primera vez Carolina García, la ingeniera de áreas protegidas de Neuquén.

—Ellos tienen el negocio armado. Vienen con las máquinas descontaminadoras y las bacterias y la gente se queda contenta. Pero no se habla del cambio climático —se quejó Leanza.

—Por eso es importante mantener el equilibro entre el mensaje del saqueo y el de la contaminación, perdón, la degradación —incorporaba Alejandro Garay, militante de Proyecto Sur, el lenguaje sugerido por la geógrafa.

—Sea una empresa estatal o privada, la fractura hidráulica no es viable como la conocemos hasta hoy —comentó Sole, una militante de La Brecha.

—Tenemos que resolver algo concreto —pidió Sol, del Frente Popular Darío Santillán.

—Cerremos el año de la Multi con una campaña mientras buscamos abogado —pensaba Cipo en el pedido de moratoria—. Ellos dicen que no tenemos una matriz energética alternativa, pero son ellos los que no la tienen.

—La moratoria tiene que ser para todo el territorio —propuso García—. Después se harán los estudios en cada lado. Pero no podemos pedir solo una moratoria para las áreas protegidas y los territorios indígenas. Si nosotros elegimos ciertos territorios y después contaminan un montón de acuíferos, la moratoria no sirve para nada. Ya hay contaminación en los territorios degradados.

—Estoy de acuerdo —dijo Leanza—. Hay que meter esto por los diputados aliados.

—Hace 2 semanas les mandamos un punteo y nada de nada… —se quejó Garay.

Alguien aclaró que había una lista de oradores que se debía respetar. En el pizarrón estaba escrita la palabra «insurgentes».

—Es más fácil echar a Total de Auca Mahuida que hacer una moratoria de golpe —planteó Cipo—. Llevamos un año anunciando esta campaña, con actividades. Quedemos para hacer algo el viernes 13 de diciembre, que es el Día del Petróleo.

—¿Qué actividad? —preguntó García.

—Un recital donde haya diversos actores sociales. Si está la voz de la Iglesia y se puede hablar con el obispo, mejor. Que no nos saque la gorra porque Pechi (Quiroga) es medio gorra —advirtió Cipo, un mes antes de que la vicegobernadora Pechén los acusara de «terrorismo ambiental»—. Que vengan bandas del palo, como Naturaleza Reina. Lo más complicado es el sonido.

—Podemos conseguir la plata —prometió Garay, seguro de la caja de Proyecto Sur.

—Hay que hablar con los diputados —propuso un asesor del legislador provincial Dobrusin.

—La diputada Alcira Argumedo nos pasó un donativo para Gelay Kó —destacó Garay la acción de la legisladora nacional de Proyecto Sur por la ciudad de Buenos Aires.

—Alejandro está dulce —bromeó Cipo.

Finalmente se hizo el festival anti-fracking en el céntrico monumento a San Martín y tocaron Naturaleza Reina, Krakatoa, Alto Bardo y Murga Lo Vecino. De la moratoria en Neuquén no hubo ni noticias.

Al día siguiente de la asamblea, la Facultad de Humanidades del Comahue volvía a servir como caja de resonancia para la protesta anti-fracking. Germán Zúñiga, mapuche de Zapala y abogado del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), había viajado a la capital neuquina para ofrecer allí una rueda de prensa sobre un conflicto que afectaba a la comunidad Cheuquel, a 30 kilómetros de su pequeña ciudad, la de los Sapag. Aquel lof no es tan antiguo como el del cacique Casimiro Cayulef, aquel que partió en 1905 de Junín de los Andes hasta Buenos Aires a caballo, a pesar de que le faltaba una pierna, y que 3 años después logró el reconocimiento territorial de la Nación. El 70% de aquellas tierras ahora son estancias. Tampoco los Cheuquel conservan planos originales en tela de sus propiedades de 1902, como los Millain Currical. Pero su comunidad es casi centenaria.

Muchos winkas (blancos) de Neuquén suelen atacar a los mapuches diciendo que no son originarios de Argentina sino de Chile y que se instalaron recientemente en tierras petroleras para cobrar la servidumbre. No solo petroleros sino también abogados y defensores de puesteros criollos. «La discusión de si los mapuches son de acá ya fue sellada por los historiadores», responde Zúñiga. «En Neuquén y Río Negro están más o menos desde 1860, hay documentos de los monjes jesuitas que lo avalan. Los indígenas se movían de un lado al otro de la frontera porque eran nómades. Con la división política entre Argentina y Chile, llegó gente de Buenos Aires y empezaron los conflictos», explica brevemente el abogado de Endepa.

En agosto de aquel 2013, el gobernador Sapag decretó que se le concedería a los Cheuquel el título de propiedad de 2.350 hectáreas de las 12.000 que reivindican como propias, pero con la condición de que permitiesen el libre acceso a Pluspetrol y GyP, concesionarias del área. «La entrega de tierras a favor de las comunidades es una obligación del Estado, contemplada en las constituciones nacional y provincial. No hay posibilidad de que el Estado ponga condicionamientos», se quejaba el abogado, que ahora tiene 29 años, y 2 de recibido. Su abuela materna vivía en una comunidad. Su padre había sido puestero. Germán estudió derecho en General Roca y es uno de los siete abogados de Endepa, el único en Neuquén. Un día antes de la rueda de prensa, presentó un recurso administrativo en la Casa de Gobierno provincial.

«Nos dicen: “O dejás ingresar a las petroleras o no tenés títulos”», planteaba Zúñiga en la sala Obispo Jaime de Nevares de la Facultad. Llevaba un traje gris y una camisa con estampado indígena, al mejor estilo Rafael Correa. La compró justamente en Ecuador, adonde viajó para hacer el toxitour donde contaminó Texaco, la empresa absorbida por Chevron.

«Detrás de esto está el fracking», se refería Zúñiga al decreto sobre Cheuquel. «Las comunidades están sobre Vaca Muerta. La comunidad vive en una meseta con no mucha agua. La gente se abastece de esa agua, pero las empresas necesitan millones de litros», advirtió el letrado. Una mujer de la comunidad, Genoveva Grigos, agregaba: «Teniendo en cuenta la falta de agua, tenemos que sacar a los animales a la veranada». Es usual que indígenas y puesteros de Neuquén lleven en verano a sus cabritos a las zonas altas de la precordillera para que se alimenten de pastos nuevos. Unos y otros argumentan que esas tierras de veranada también son suyas y suelen temer que las petroleras entren en sus territorios de invernada cuando se van para allá.

«Buscan tener un muerto para reconocer que es contaminante, o tener el río contaminado», se quejaba el abogado. «Son zonas donde supuestamente no hay población ni explotación ganadera. Pero Neuquén está habitada en todas partes. No queremos que nos extorsionen trayendo litros de agua. Cuando una comunidad para el avance del petróleo o la minería, también hay beneficios para toda la ciudadanía, porque no habrá contaminación. Nos dicen que estamos contra el progreso, contra el bienestar de la provincia. En el fracking se usan más de 600 productos químicos, pero no nos dicen las contraindicaciones, como en los remedios. Tampoco hay una apuesta a recursos alternativos de energía. Zapala vive con viento. Tampoco se aprovecha el sol.»

Zúñiga y Endepa trabajan por un lado y la Confederación Mapuche del Neuquén, que lidera Nahuel, por el otro. «El objetivo es el mismo, con ideologías distintas», explicaba el abogado. Compartía con Nahuel su crítica al kirchnerismo: «Este es el Gobierno que más ha avasallado el derecho de los indígenas, pese al discurso de los derechos humanos». Pero admitía que no todos opinaban como él: «En el mundo indígena hay gran diversidad social, política, económica, religiosa. Incluso dentro de las comunidades hay diferencias. Algunas son más o menos permeables al clientelismo».

El abogado de Endepa teme que el decreto sobre Cheuquel sea un punto de partida para medidas similares en otras comunidades. «Las tierras de las comunidades son fiscales, pero ocupadas por ellas. Son tierras comunitarias indígenas. Como estamos en una provincia donde el petróleo y el gas van a salvar la economía del país, ¿qué le espera a las comunidades?», planteaba el joven mapuche.

Un año después de aquella rueda de prensa reinaba el statu quo sobre la comunidad Cheuquel. En la Millain Currical solo se habían aparecido algunas camionetas de petroleras, pero de visita, no para iniciar operaciones. El abogado de Endepa considera que el argumento de la utilidad pública resulta insuficiente para que las compañías avancen sobre el territorio ajeno. Cita como ejemplo el referéndum contra la minería en Loncopué.

Pero el joven letrado mapuche ve con inquietud a los de su generación: «En los de 20 años está la tentación de hacerse petroleros. Los mayores tienen más conciencia y elementos para decir “no”. Pero los jóvenes, ante la necesidad de costearse la vida, ven en el petróleo su posible progreso. Eso a veces dificulta mucho la lucha».

No quedaron más mamelucos Pampero ni de ninguna marca. Ni botas Kamet ni de sus competidores. No había más cascos, gafas, tapones para los oídos ni guantes. Los elementos de protección de personal —los EPP, como los llaman en la jerga— se habían agotado en los locales de Neuquén y Río Negro allá por noviembre de 2013. El acuerdo YPF-Chevron había elevado la demanda desde septiembre. Así es que en Contreras Hermanos, una de las constructoras más activas en Añelo, hicieron la vista gorda para que algunos de sus obreros trabajasen sin la ropa adecuada, mientras conseguían de urgencia los materiales en Buenos Aires. Al menos los fabricantes de los EPP no se aprovecharon de la ascendente demanda para remarcar los precios.

—Los que sí especularon fueron los centros médicos —denuncia la coordinadora de recursos humanos de Contreras Hermanos Neuquén, Carolina Tonelotto.

Diversas compañías estaban contratando personal y requerían someter a los candidatos a los análisis médicos preocupacionales. Las clínicas se saturaron. Entre ellas están Cemelar, CMIT y Sermedo en la ciudad de Neuquén y Clínica Cutral Có en la localidad homónima.

Las puertas de vidrio de la sede de Contreras Hermanos en el parque industrial neuquino están rajadas. No fueron piedras de los desocupados que de vez en cuando protestan en las sedes en Añelo de esta y otras firmas pidiendo empleo. Fueron las del ripio que levantan los camiones. La recepción tiene las paredes descascaradas. No es la ostentación de la de TSB, por ejemplo. El salón blanco de reuniones donde Tonelotto y el jefe de compras y abasto de la filial neuquina, Carlos Barbeito, relatan la historia de la empresa sí está impecable.

Contreras Hermanos se dedica a la construcción de ductos y plantas, como compresoras de gas. Se formó como desprendimiento de la ahora competidora Víctor Contreras en 1965 en Comodoro Rivadavia. Es propiedad de las tres hijas del fundador, Rogelio Contreras, alias Jali, aunque la gestionan sus maridos. Hace décadas que la empresa llegó a Neuquén. Su casa central se mudó a Buenos Aires y también actúa en Brasil, Bolivia y Chile.

En la actualidad está construyendo un acueducto de acero de 16 pulgadas de ancho y 29 kilómetros de largo entre el río Neuquén y el yacimiento Loma Campana. Así YPF dejará de usar tantos camiones para trasladar el agua para la fractura. Contreras Hermanos también está levantando las piletas en el campo, los cargaderos de los vehículos que llevarán el agua desde allí hasta los pozos y la pavimentación de caminos. La obra total estaba valuada en 2014 en $ 280 millones (u$s 32 millones). Estaba previsto que finalizara en febrero de 2015.

Antes en Neuquén, a la constructora le surgían más trabajos relacionados con la reparación y reemplazo de ductos. Había llegado a contar en la provincia con 320 empleados, incluidos los jornaleros. En 2012, con la paralización de obras que provocó la incertidumbre inicial por la nacionalización de YPF, pasó a tener solo 160. Con la construcción del acueducto y otra obra más relacionada a Loma Campana el plantel iba a ascender a 450.

—Yo busco gente. Están haciendo las cosas bien por las elecciones —comenta Tonelotto.

En 2014 hubo dos comicios internos en el siempre gobernante MPN, uno para definir su presidente y otro para elegir al candidato a gobernador de 2015. YPF es el que más licitaciones de obras convoca. No siempre Contreras Hermanos es invitada a ellas y si lo es, analiza si le conviene o no participar. A muchas proveedoras a veces no les da la capacidad financiera para afrontar un contrato desmesurado. Otras competidoras de Contreras Hermanos consiguieron negocios en Loma Campana: Skanska, Astra Evangelista —propiedad de YPF—, OPS y Víctor Contreras.

—No hemos visto que Oil (la de Cristóbal López) ganara una sola obra ahí —comenta Barbeito.

Una de las complejidades del negocio radica en conseguir que el gobierno de Cristina Kirchner apruebe el ingreso de productos importados para las obras, según reconoce el jefe de compras de Contreras Hermanos. Se retrasa a veces hasta 60 días el ingreso de válvulas y bridas que necesita de inmediato, pero YPF suele interceder enviando notas al secretario de Comercio, Augusto Costa, dependiente de Kicillof, para explicarle que se trata de un contrato suyo. Esos materiales llegan desde China, Estados Unidos o Reino Unido.

—No creo que tengamos la tecnología para recuperar la producción nacional de eso —opina Barbeito.

A Tonelotto se le complica conseguir obreros de la construcción calificados, como amoladores y soldadores, en la zona e incluso también en el resto del país. Se demora hasta 45 días en una búsqueda.

—YPF exige cierta calidad —explica la ejecutiva—. Te robás recursos humanos de otras empresas.

En 2014, un empleado raso bajo el convenio petrolero de la UOCRA ganaba por mes $ 8.600 (u$s 1.010) y un ayudante ya cobraba $ 9.700 (u$s 1.140).

Los obreros pueden venir capacitados de las escuelas secundarias técnicas o pueden formarse en los institutos que el gremio y la Fundación Perez Companc abrieron en 2008 y 2009, respectivamente. La UOCRA Neuquén, al igual que el sindicato petrolero de Pereyra, tiene su bolsa de trabajo a la que suelen recurrir las empresas y además defiende que se contrate primero al personal local. Las constructoras, a su vez, les toman pruebas y si son principiantes, los hacen trabajar junto con algún ayudante. El municipio de Añelo también cuenta con su bolsa de trabajo.

Contreras Hermanos a veces recurre a avisos en la prensa, en los diarios de Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia para anunciar sus búsquedas de empleo. Una vez se les armó una cola de 65 personas en la sede del parque industrial de Neuquén. Por eso, desde entonces, publica los llamados avisos ciegos, en los que no se menciona el nombre de la compañía sino que se dice que una «importante empresa de la construcción busca para obras en el país, con disponibilidad para radicarse» y se deja una dirección de correo electrónico de fantasía. Así es que se presentan obreros de los competidores.

—Hoy hay una timba. El obrero dice: «Vengan a buscarme» —describe Tonelotto.

Algunos llegan recomendados por obreros de Contreras Hermanos. Todos los días la filial neuquina de la constructora recibe seis o siete CV.

—Las empresas no hacen escuelas porque si los capacitás, se los lleva otra. Invertís para otra. Pero aún no empezó la batalla campal por los recursos humanos —aclara Tonelotto.

—Ojo que a mí se me fueron tres a OPS y Schlumberger —la interrumpe Barbeito.

—Es que nuestro sector no da los beneficios de los petroleros y hay gente que me renuncia con 10 años de antigüedad para irse con ellos —le responde la ejecutiva.

Uno de los asuntos críticos en toda la industria petrolera son los accidentes laborales. Se toman muchos resguardos, en unas empresas más que en otras, pero a veces ocurren. Tonelotto reconoce que tres operarios de diversas compañías que trabajan en Loma Campana murieron en accidentes laborales en 2014: dos en choques en la ruta y otro en un pozo. Este operario había bajado a soldar a una pileta en plena perforación justo cuando un compañero, por error, puso a girar los agitadores del recipiente. Trabajaba en la perforadora Estrella en un contrato con YPF.