Capítulo 11

Los camiones-cisterna blancos de la transportista en la que trabajaba Darío Díaz antes de ser intendente son de los que más transitan Añelo, igual que los vehículos azules de Schlumberger cargados de maquinarias. La antigua empleadora de Díaz es la neuquina TSB, una de las que más creció al compás de Vaca Muerta. Algunos comentan que es de Cristóbal López, pero tanto este empresario como el entorno del dueño de TSB, Claudio Urcera, lo niegan. Otros dicen que el ex ministro Coco promovía que las petroleras la contrataran, como también a la empresa de baños químicos neuquina Bacssa, de Miguel Zarzur. «Los buenos contactos son fruto del éxito, de la conveniencia en contratarnos en tareas de seguridad y medio ambiente», se defiende Guillermo Míguez, gerente de desarrollo de negocios de TSB, que no solo ganó un voluminoso contrato para proveer a YPF en Loma Campana sino que también asiste a Pluspetrol, Shell, Petrobras y Americas Petrogas.

TSB se dedica al transporte de agua y arena, al movimiento de suelos y al llamado control de sólidos, que consiste en la separación de partículas que se adhieren al lodo usado para aceitar las perforaciones. También evalúa ofrecer el traslado del flowback y ya comenzó a hacer el del cutting, que es la mezcla de líquidos y sólidos que se extraen al perforar con lodos de gasoil los pozos. Como los de shale y tight son más largos que los convencionales, generan más cutting. Este residuo, al igual que el flowback que surge de la fractura, debe ser tratado en piletas especiales cerradas, según la normativa neuquina, similar a la de Pensilvania. En Texas se admiten piletas abiertas y a veces se desbordan, como suele denunciar la hermana Elizabeth Riebschlaeger. En Neuquén, «las empresas están adaptando sus instalaciones, puede que alguna no lo haya hecho, pero hay un tiempo de adaptación», procura aclarar Esquivel, el secretario de Ambiente.

La ley provincial establece que el transporte de cutting se haga en volquetes herméticos, de modo que no se vuelque por los caminos hasta las plantas de tratamiento. Sin embargo, YPF contrata en Loma Campana los camiones con volquetes abiertos de TSB. «Son volquetes sin techo, pero no van llenos ni hacen largos trayectos», se justifica el gerente Míguez.

El secretario Esquivel confirma que están prohibidos:

—Si los detectamos, los sancionamos. Pero no hemos encontrado recipientes a cielo abierto en el transporte.

Resulta llamativo que sus inspectores no hayan visto los volquetes de TSB en Loma Campana, pues allí la Secretaría instaló en julio de 2014 dos tráilers con dormitorios, comedor y oficina en el que trabajan en forma permanente cuatro vigilantes y un supervisor.

—Nuestro crecimiento es proporcional al de Vaca Muerta —se enorgullece el gerente de TSB, que cuenta con una de las oficinas más modernas del parque industrial de Añelo, al lado de la sede de su competidora Gabino Correa y detrás de la envejecida fábrica de cerámica Zanon, recuperada por sus trabajadores en la crisis de 2001.

En 2013, TSB contaba con 1.000 empleados. Al año siguiente, 2.000.

—Es personal altamente especializado. No son camioneros de fruterías. Les damos un período de instrucción, que dura entre 1 mes y medio y 6 meses —quiere destacar Míguez. La mayoría son neuquinos, pero también llegan mendocinos y rionegrinos.

TSB también duplicó su cantidad de equipos, incluidos los camiones transportadores de agua, que pasaron de diez a 60, y los de arena, de ninguno a 40. La arena llega en tren hasta Allen y desde allí va a los yacimientos. Míguez recuerda el riesgo de comprar tantos camiones para cumplir con contratos por 3 años con las petroleras, que pueden rescindirlos sin causa con solo avisar 30 o 60 días antes. La mayoría de los vehículos que compró son nacionales, Mercedes-Benz e Iveco, y algunos importados, Scania. En el recesivo 2014, Míguez fue de compras a la planta de la automotriz alemana en González Catán.

—¿Cuántos camiones tenés en stock? —le preguntó a un empleado de Mercedes-Benz.

—Cien.

—Te llevo 70, pero con leasing —se impuso el gerente de TSB.

La empresa de Urcera también se abastece en Argentina de los tráilers para sus camiones. Se los pide a la cordobesa Torregiani o a la brasileña Randon, con fábrica cerca de Rosario, y debe esperar 3 o 4 meses para que se los entreguen.

—Si la inversión de las petroleras va muy rápido, los proveedores locales no podrán seguirles el paso porque se necesita mucho capital y entrenamiento de mano de obra —reconoce Míguez—. Si van rápido, vamos a importar maquinaria y a canibalizarnos por la mano de obra. La idea es que el valor agregado quede en Argentina.

Pero la baja del petróleo promete un desarrollo lento de Vaca Muerta y una intensa presión de las petroleras por que las proveedoras ajusten sus tarifas, lo que en última instancia perjudicará a los asalariados.

En línea con los deseos del gobierno de Cristina Kirchner de que se sustituyan importaciones, TSB pidió a Torregiani que empezara a fabricar los camiones llamados vactor, que llevan un chupador de líquidos y sólidos. También desarrolló zarandas y decantadores para el control de sólidos que encarga a una planta en General Roca, Río Negro.

Urcera fundó la exitosa TSB en 2001. Se dedicaba antes al transporte de personal petrolero y vio la oportunidad de dedicarse a mover cargas en tiempos en que sus competidores atravesaban momentos duros y Repsol buscaba reemplazarlos. Fue en 2005 cuando se asoció por unos meses con Texey hasta que se separó de ella y se quedó con su contrato para proveer a YPF en Loma La Lata.

Urcera es además quien le compró a Sobisch su casa de fin de semana en el Country Club Mari Menuco, que da sobre el lago del mismo nombre. Una quinta que había sido el epicentro de la rosca política neuquina durante todo el gobierno del fallido candidato a Presidente. En ese barrio cerrado ya no quedan chalets para alquilar desde la llegada de más ejecutivos petroleros atraídos por Vaca Muerta. Claro que las casas del Mari Menuco están lejos de parecerse a las lujosas de los countries bonaerenses. Nació en 1977 como un club de pesca en ese lago donde nadan pejerreyes. Fue el primero en instalarse por allí. Después vino el barrio del Yatch Club, cuyo acceso fue bloqueado en 2014 por la comunidad mapuche Kaxipayiñ, que reclama sus tierras como propias. Ahora están construyéndose otros: el Tenis Club, el Hidronor y La Península, que incluirá cancha de golf y grandes mansiones. En el Mari Menuco, en cambio, hay casas menos vistosas poco separadas entre sí y que guardan sus lanchas en tráilers en sus garajes. Hay pequeños veleros, kayaks, canoas, una plaza con juegos y una capilla. Allí el terreno cuesta 100.000 dólares. Muchos interesados compran chalets viejos para tirarlos abajo y levantar algo más moderno. No hay muchas casas que cuesten más de 200.000. La que era de Sobisch y ahora es de Urcera no llama demasiado la atención.

—En el directorio de TSB solo hay dos personas: Urcera y una abogada que no se llama López —contesta Míguez cuando se le pregunta si es cierto el rumor de que una hija de Cristóbal López es directora de la exitosa transportista.

Fabián de Souza, gerente y socio minoritario de Indalo, el grupo controlado por López, también niega cualquier vínculo y se explaya sobre los negocios que sí reconoce en el petróleo neuquino.

En 1978, cuando los Kirchner todavía no se dedicaban a la política sino a la abogacía y sus derivados pequeños negocios inmobiliarios, Indalo abrió en Comodoro Rivadavia su primera compañía vinculada al sector petrolero. Su nombre original era Cristóbal Manuel López S.R.L. y más tarde lo cambió a Clear SA, como se llama hasta hoy. Es una proveedora de servicios que se dedica al transporte de cargas líquidas y pesadas. Lleva el agua hasta los pozos, hace pulling y control de lodos y es la que más creció dentro del grupo de la mano del boom de Vaca Muerta. Pero no es la única: dentro del conglomerado que incluye medios de comunicación como C5N, Radio 10 y varias FM, también está Serma, una firma de saneamiento muy activa en las cuencas austral y neuquina. El dueño de los principales casinos del país, incluido el Magic de Neuquén, administra también la refinería de San Lorenzo, Santa Fe, y la red de estaciones de servicio Oil, dos activos que compró a Petrobras en 2010. Su nave insignia en el sector es Oil M&S, la empresa que opera desde 1996 el área chubutense de Cerro Negro, cerca de Cerro Dragón. También está al frente de dos áreas de la cuenca neuquina, Puesto Zúñiga, en Río Negro, y Río Diamante, en Mendoza. En la ciudad de Neuquén los colectivos llevan estampados la marca Indalo, pero en 2012 López le vendió ese servicio a Alejandro Rossi, hermano de Agustín, el ministro de Defensa de la Nación.

De Souza entró a Indalo durante los años 90 para trabajar en Almería Austral, «la única empresa que vendió Cristóbal López en su vida», según destaca la hoy mano derecha del empresario que expandió sus negocios como casi ningún otro bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Señalado por la oposición al kirchnerismo como uno de los máximos beneficiarios de licitaciones y contratos de obra pública durante los últimos 12 años, López suele responder que sus negocios no son solo con el Estado y que ya habían crecido mucho antes de la llegada al poder del matrimonio patagónico.

Almería Austral fue una perforadora de pozos petroleros que se fundó en Chubut con varios equipos que YPF licitó bajo la gestión de Estenssoro en 1993. Hacía perforación, workover y terminación de pozos. Durante todo el resto de esa década, intentó por todos los medios abrirse un lugar en ese segmento, el más concentrado de la por entonces flamante cadena de proveedores privados que se estructuró a partir del desguace de la gigante estatal. Pero las perforadoras extranjeras se lo impidieron. Según De Souza, fue debido a un intenso lobby diplomático sobre la YPF privada anterior a Repsol.

—Por esos años era imposible conseguir un contrato con YPF si uno iba en nombre de una empresa argentina. Era otro país. Parecía que estaba mal visto ser argentino. Nosotros no entendíamos por qué elegían a la competencia cuando nosotros ofrecíamos tarifas más bajas y trabajos mejor hechos. Hasta que nos dimos cuenta de que no era una competencia justa. A mí en 1998 me llegaron a decir que una embajada había pedido que Pride International siguiera siendo proveedor de YPF incluso aunque bajaran la cantidad de equipos operativos —relata el ejecutivo.

Almería inició entonces una guerra de precios contra Río Colorado, después absorbida por DLS, y Pride. Una vez consumado el daño sobre sus competidores, López logró que Pride le mejorara la oferta de compra de su empresa y entonces aceptó vendérsela. Se mantuvo en el negocio petrolero, pero se retiró para siempre de ese segmento. Corría el año 2001. Ese mismo año, fundó Oil M&S para consolidar todos los negocios petroleros del grupo.

López y De Souza depositan grandes expectativas en Vaca Muerta, sobre todo desde la nacionalización de YPF y su posterior inversión allí, pero son cautelosos a la hora de evaluar su presente. «Hoy los hidrocarburos no convencionales no son significativos. En 3 o 4 años vamos a tener mucho más. Estimo que para entonces los servicios petroleros y la producción de petróleo y gas van a representar entre el 35% y el 40% del grupo Indalo. Pero Argentina tiene todavía mucho petróleo convencional para desarrollar, que desde el punto de vista de los costos y del precio es mucho más eficiente que el no convencional», opina De Souza en sus oficinas corporativas ubicadas en un antiguo edificio de la avenida Córdoba al 600, en el centro de Buenos Aires.

En Neuquén, Oil M&S encontró dos reservorios: una estructura convencional a 900 metros de profundidad y una no convencional a 3.300 metros. «Ahí hicimos un pozo en el que gastamos 12 millones de dólares. Hicimos toda la exploración y llegamos a cerrar un acuerdo con Chevron para entregarles a ellos el crudo que sacamos», explica De Souza. Y dio una pista de la raíz de su interés:

—La complementación del upstream con nuestra refinería puede ser muy importante. Nos reduciría mucho los costos en el proceso de refinación.

En el corto y el mediano plazo, Oil M&S planea seguir invirtiendo en hidrocarburos convencionales.

—Tenemos áreas en Río Negro, como Puesto Quiroga, y algunos bloques en Mendoza, además de nuestros campos en Chubut. Todos todavía tienen mucho para dar. Y además no es una cuestión de elegir entre una cosa y otra. La propia YPF acaba de poner en valor todo el norte de Santa Cruz para sus explotaciones convencionales. El no convencional es una apuesta, pero no es todo —dice el gerente—. Yo en Vaca Muerta voy a esperar hasta que sean rentables mis bloques, hasta que bajen los costos como están esperando todas las demás operadoras. Pero hago la exploración, hago la sísmica y hago la geoquímica que me exige la concesión. No le mentimos a nadie. No somos una inmobiliaria, como dicen nuestros competidores, ni mucho menos.

—Siempre nos acusaron de operar como una inmobiliaria, pero jamás lo pudieron demostrar. Nunca tuvimos un solo socio en la industria del petróleo y el gas —se defiende De Souza. Pero la crema de su negocio en el sector son los servicios y no la operación de los campos. Con su concesionaria de Toyota, Suyoil, provee camionetas a todas las compañías desde 1999, no en Neuquén, pero sí en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Con Feadar, su concesionaria de camiones Scania, abastece la creciente demanda de vehículos para el transporte de cargas pesadas en Mendoza y la Patagonia.

—El éxito del shale en EE.UU. fue el éxito de las pymes y la clave fue el acceso al financiamiento. Acá no hay una estructura financiera para fondear este desarrollo —se queja el accionista de un grupo que dejó de ser pequeño o mediano.

Y protesta contra las prácticas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses):

—No entiendo por qué la Anses tiene en cartera el 9% de Techint o el 10% de Clarín mientras hacen falta fondos para desarrollar Vaca Muerta. Si el principal problema económico del país es su matriz energética ¿por qué no redirigir esa guita a desarrollar la matriz?

La mano derecha de Cristóbal López descree que la baja del precio del petróleo termine afectando la explotación de la formación neuquina:

—La caída del precio responde al boom del shale y a la economía mundial, pero eso puede cambiar en un par de años.

Diego Manfio, el ingeniero amigo de Ginóbili, manejó los 94 kilómetros que separan Neuquén capital de Añelo en el invierno de 2012 para ir a visitar unas tierras que quería comprar. Iba a entrevistarse con uno de los herederos de la familia de origen libanés Tanuz, dueña de más de 10.000 hectáreas en la zona, a cuyo patriarca Jorge Tanuz homenajea la calle principal del pueblo, fundado en 1915 sobre parcelas donadas por el clan.

El heredero lo acompañó a recorrer el predio, entre la barda y la ruta 7, donde había un par de chozas precarias de familias pobres. Pese a la ocupación, no tenía apuro por venderlo. Las tierras pertenecían a los Tanuz desde dos generaciones antes, cuando Adela Fuentes, casada con el inmigrante árabe Elías Tanuz, había alimentado como nodriza al fallecido gobernador Felipe Sapag de bebé, repentinamente destetado por su madre enferma. Sus títulos de propiedad fueron una postrera muestra de gratitud de la otra familia libanesa que con el correr de los años se convertiría en la más poderosa de la provincia.

Tanuz pedía por el terreno una cifra que Manfio no estaba dispuesto a pagar, ni siquiera para congraciarse con esa familia. Manfio enfiló directo de la casa de Tanuz a la de Darío Díaz. Allí se encontró con él y su inseparable Milton Morales. El intendente y el jefe del Concejo le dijeron que querían erradicar esas tomas de tierras y que le daban la bienvenida a su empresa, pero que tenían otro lote más interesante para ofrecerle. Eran 9 hectáreas bien cerca de la subida a la meseta de Loma Campana, también entre la barda y la ruta, y prometían buenos negocios de la mano del futuro desarrollo de Vaca Muerta.

Diego dudó. Su interés por el terreno no tenía que ver con el reservorio de hidrocarburos no convencionales sino con el ya maduro yacimiento de Loma La Lata, al otro lado del pueblo, donde suponía que llegarían más obreros y técnicos en los años siguientes. Conocedor del negocio, sabía que los campos petroleros emplean más personal en su fase de declive que en sus etapas más productivas.

Sin embargo, la parcela que le ofrecían Díaz y Morales tenía un atractivo: no había que pagar por ella. Si su empresa, Ingeniería Sima, aceptaba lotear 180 terrenos arriba de la barda, hacerles llegar el tendido eléctrico y el agua, construir una planta potabilizadora y trazar las calles y otra subida desde el valle, era suya por adjudicación directa.

Los añelenses no tardaron en convencer al empresario. Diego vio la oportunidad de diversificar todavía más su negocio, repartido entre la operación de pozos, la construcción de gasoductos y acueductos, los servicios uphole (arriba de pozo) en los que compite con Skanska o Contreras Hermanos, la hotelería, la construcción civil, los servicios para la minería y la medición de vientos para futuros desarrollos de energía eólica. En servicios petroleros sus principales clientes son Chevron, Entre Lomas, Shell y EOG. Desde 2009, además, Ingeniería Sima participa con un 20% del capital de INVAP Industrial, una subsidiaria de la estatal rionegrina INVAP, famosa por sus exportaciones llave en mano de centrales nucleares y satélites. INVAP Industrial controla la seguridad de los equipos de perforación. Apasionado por las nuevas tecnologías, el ingeniero Manfio tiene en su sala de reuniones uno de los prototipos de globo aerostático que empezó a lanzar al cielo Google para ver si logra proveer Internet por wifi a todo el planeta. Su empresa fue contratada por el gigante digital para que busque esos globos cuando caen en Argentina y los envíe a la sede en San Francisco, California.

Manfio dice que avanzó primero con las obras que le pedía el intendente para ahuyentar sospechas de corrupción en la adjudicación de las tierras. A fines de 2014 ya había hecho casi todo: solo faltaba la conexión de agua. En los terrenos de la Añelo baja que le dio el municipio se proyecta la instalación de dos Bancos —un Santander Río y un Galicia—, un supermercado La Anónima, un local de Frávega, un estacionamiento, un complejo de oficinas, otro de casas para petroleros, un hotel de su cadena Land, 50 lotes de viviendas residenciales, salón de eventos y cancha de fútbol cinco. Acaso el mejor y más redituable negocio inmobiliario que se haya hecho en la breve historia del pequeño pueblo.

Ingeniería Sima fue fundada en 1979 por el padre de Diego, el inmigrante italiano Siverio Manfio, quien llegó al país con su familia a los 11 años escapando de la Segunda Guerra Mundial. Siverio estudió ingeniería en petróleo en La Plata con Oscar Vicente, actual CEO de Entre Lomas. Tras un breve paso por Gas del Estado, decidió seguir a su amigo y compañero de estudios a Pecom, de los Pérez Companc. De allí se fue para armar su propia firma y proveerle servicios a la misma Pecom, donde Vicente impulsaba la tercerización de algunas tareas de operación y mantenimiento.

El hijo de Siverio, que trabajó en la General Electric antes de tomar las riendas de la empresa familiar, se esfuerza por demostrar que no es parte de la tristemente célebre patria contratista. Su grupo había dejado de hacer obras públicas en 2007, hasta que se metió en Añelo. Diego incluso muestra el video de un acto en el que Jorge Sapag se refiere al trueque de obras por terreno en el pueblo, que fue aprobado por cinco de sus siete concejales. Se opusieron dos peronistas.

—No puede haber ninguna duda de la transparencia de esta permuta —procuró defender el gobernador.

—Nos costó mucho más la obra que lo que valían las 9 hectáreas —aduce Manfio.

—El desafío es que Añelo no sea Rincón de los Sauces. Esa ciudad vio pasar el 20% del petróleo del país, tiene agua, tuvo al lado al proyecto Potasio Río Colorado, y es horrible. ¡Es para matarse que sea horrible! —sostiene Diego, que intentó sin éxito venderles a Shell y Exxon las dos áreas neuquinas que opera desde 1997, La Pendiente y Paso Aguerre—. Vaca Muerta es una bendición para Argentina, no por la riqueza que aporta sino por el laburo que genera. Se necesita mucho laburo, mucho servicio, mucha mano de obra para sacar esos hidrocarburos. Es dejar la minería para hacer industria.

En aquel 2012, cuando fundó su división shale, Ingeniería Sima tenía 400 empleados. Hoy tiene 600 petroleros y otros 150 obreros bajo convenio de la UOCRA. Su facturación crece al 15% anual. En la urbanización de Añelo trabajan 120 personas desde 2012, y Diego estima que todo estará terminado recién en 2019.

—Los locales están terminados y los módulos de estadía prolongada también. Estos módulos son piolas porque tienen kitchenette y otras comodidades que los hoteles no ofrecen. Ya los tenemos alquilados a Total y H&P —cuenta Manfio.

En esa suerte de apart hotel la habitación se pagaba en 2014 $ 500 (u$s 58) la noche, un tercio que una pieza equivalente en el mejor hotel del pueblo.

Finalizaba aquel 2012 efervescente para Vaca Muerta y Galuccio comenzaba a preocuparse por los reclamos de Repsol por la indemnización. Había terminado con éxito su plan de los 100 días para reactivar la compañía, incluida la perforación y la fractura de pozos, pero pensaba que un acuerdo con el grupo español contribuiría no solo a despejar dudas de potenciales socios en torno de la seguridad jurídica en el país de aquella roca mágica sino sobre todo a mejorar el precio de la acción de YPF, que es una de sus grandes obsesiones. Por eso, se reunió con Cristina Kirchner y Carlos Zannini para convencerlos de pactar con las huestes del demonizado Brufau. Todo era por aquella piedra que prometía dólares de inversiones ya y dólares de la balanza comercial a futuro. La Presidenta no se demoró en darle autorización al Mago para que iniciara conversaciones. Zannini también lo apoyó desde el primer minuto. Kicillof no participó de aquel encuentro, pero, a pesar de su retórica agresiva contra Repsol, también creía desde un principio que el pago de la indemnización resultaba «esencial para la viabilidad de la YPF estatal y para atraer inversiones a gran escala», según uno de sus colaboradores. Eso sí, ninguno de todos ellos soñaba con que después de la expropiación vendría un aluvión de inversores extranjeros a la Argentina. Galuccio es de los que opinaban que la liberación del cepo cambiario sería más útil que el acuerdo con Repsol para conseguir más socios.

Muy lejos del radar de YPF y Repsol comenzaba un 2013 de mala suerte para los pocos habitantes de Nordheim, un pueblo de 307 habitantes en el sur de Texas. Para llegar allí se puede tomar la US Highway 87. Desde la autopista se puede ver un pozo en plena fase de perforación y preparación para la fractura en medio de un bosquecito y una pradera de flores silvestres violetas, rojas, amarillas y azules. Por ahí anda la monja Elizabeth Riebschlaeger, que va a visitar el proyecto que empezó en 2013 para instalar piletas de tratamiento de flowback. Luego toma por una ruta de un carril de ida y otro de vuelta, pero en plena ampliación. Allí hay una planta de separación de gas y petróleo de BHP Billiton con 72 tanques inmensos y ocho chimeneas altísimas. Son 3 hectáreas tapizadas por un laberinto de cañerías y válvulas. También se huele el químico en los alrededores, hasta a 100 metros de distancia. Desde ahí se manda gas a una planta de producción de plástico. Cerca hay piletas de residuos.

—Cuando comprimen gas, aparecen fugas. Un perro de mi hermana se enfermó por fugas de plantas de compresión. Los estudios están viendo si lo que respiran las vacas termina metiéndose en su carne. Algunos dicen que sí —relata la religiosa.

Cerca del pueblo, en el condado de DeWitt, el bien asfaltado camino rural 2.542 conduce hacia una planta de separación de la petrolera Marathon, una de las grandes norteamericanas que probó suerte sin éxito en Polonia. Su flare está quemando petróleo y sale humo negro. «Marathon es de las peores», comenta la monja.

—Acá no se pueden sacar fotos —dice un empleado que baja rápido de una camioneta— A ver, déme una tarjeta de negocios.

El hombre apura de mala manera. Después llama por teléfono a sus agentes de seguridad. La monja se retira, no sin antes sacar todas las fotos que quiere.

—Ya no me dan miedo —resopla. Uno de los primeros problemas que le trajo el fracking a la gente fue la destrucción de caminos que pagan con los impuestos los agricultores para su trabajo y usan para llevar a sus hijos a la escuela.

Elizabeth sigue manejando por los caminos de DeWitt.

—El Estado debería mandar dinero a los condados para hacer caminos… Allí hay otra llamarada sucia —interrumpe—. Es de Chesapeake, gran contaminante. Shell tiene un juicio grande por su refinería de Houston. De Chevron y Exxon no tengo información. Habrá que monitorearlos. Pero la industria en general no respeta el medio ambiente. En la época de Cheney como vicepresidente, las petroleras consiguieron excepciones a todas las leyes de protección del agua y el aire. Hubo recorte de gastos y de empleados en las agencias de medio ambiente. Los petroleros tienen sus propios legisladores en el Congreso. ¿Está la democracia amenazada? Identifican las necesidades de cada pueblo y tratan de comprometerlos con dinero para que después la gente no se anime a enfrentarlos. Los que aceptan las donaciones muchas veces no tienen alternativa, pero es importante decirles que no tienen por qué comprometer sus valores al recibirlas… Mirá, ahí un negocio que había cerrado y ahora está en pleno boom.

Elizabeth también cuenta sobre la relación entre la Iglesia y sus reclamos medioambientales.

—Los obispos no se quejan de nuestro activismo porque saben que tenemos razón. Todo lo que hacemos sigue los preceptos de la Iglesia. A algunos obispos puede molestarles porque a raíz de nuestras denuncias caen las donaciones a nuestra congregación por parte de la industria, pero ninguno obstaculizó nunca nuestra tarea. Ellos se refieren al tema pero más en general, y dejan que nosotras vayamos al frente con las críticas y las protestas —relata.

En su teléfono lleva la foto del perro de unos amigos: «Es mi terapeuta. Me paso el día y la noche denunciando llamaradas negras y visito cárceles, soy testigo de ejecuciones».

Al entrar a Nordheim aparece el único auto con un cartel contra el fracking en aquellas tierras sobre Eagle Ford: «Sin granjas no hay alimentos», dice un Honda blanco. El pueblo tiene pocos habitantes, muchos mayores, dado que los jóvenes emigran para ir a la universidad o buscar empleo. Pero a su escuela primaria asisten 107 alumnos de allí y otros pagos. Su alcaldesa, Kathy Payne, es una mujer que parece calcada de la monja y tiene casi su misma edad y energía. Peina igual que ella su cabello totalmente blanco y viste pantalón y camisa de jean, arriba de una remera con la bandera de Texas. El edificio donde trabaja tiene el aspecto de un saloon del Lejano Oeste, bastante ajado. En la entrada todavía se ven los anillos para atar el caballo al llegar, que por supuesto ya nadie usa. «Comerciantes y banqueros», dice el cartel de una casa vecina.

Kathy es demócrata.

—Quizá sea la única del pueblo —se ríe.

No la votan por el partido sino en una lista uninominal. «Estoy tan en contra de las armas…», cuenta en su oficina, en la que, al igual que en muchos locales de Texas, un cartel pide que ingresen sin ellas.

—Soy demócrata porque realmente creo en los derechos de las mujeres, que nadie me diga qué hacer con mi cuerpo —se manifiesta Payne a favor del aborto, punto en el que difiere de la también demócrata Elizabeth.

Cuando Payne era chica, el pueblo tenía unos 600 habitantes y 27 tiendas, pero todo eso se esfumó cuando se acabó el petróleo convencional. Su marido era ingeniero en crudo y con él migró por diez ciudades norteamericanas (Denver, Houston y Chicago, entre otras). Incluso barajaron venir a vivir a la Argentina cuando se lo ofreció la compañía donde trabajaba, la Amoco, después absorbida por BP (ex British Petroleum).

—No fuimos porque nuestras tres hijas debían estudiar —sorprende Payne.

Cuando las tres estuvieron ya grandes y en Austin, el matrimonio dio por terminado el periplo. «Me vuelvo a casa», dijo Kathy en 1982, y volvió con su marido al pueblo del que se habían ido en 1955. Él falleció al poco tiempo tras vivir fumando tres paquetes de cigarrillos por día. Ella se convirtió en 2006 en la primera mujer en ser electa para administrar Nordheim.

—Es un pueblo alemán, no es fácil para una mujer— aclara la alcaldesa Kathy, que vive al lado de un pozo petrolero—. Para este condado, lo bueno del shale es que hay gente que consiguió dinero por primera vez en su vida.

Antes había solo granjeros. Pero desde 2009 se perforaron en DeWitt unos 14.000 pozos y está llegando población allí a construir sus casas. El problema para Kathy es que «todos esos pozos necesitan poner los residuos en alguna parte». Y la idea de la empresa Pyote Water Systems es depositarlos en Nordheim.

El dueño de Pyote se llama George Wommack, tiene 30 años y vive en San Antonio. En 2013 le alquiló a Pete Duglosh, un oriundo de Nodheim, dos terrenos de 80 hectáreas en total a 400 metros del pueblo para construir ocho piletas de residuos líquidos a cielo abierto de 8 metros de profundidad. Duglosh vive en el cercano Yorktown, donde Pyote planea instalar otras piletas pero en un terreno tres veces mayor. Él fue accionista de esa compañía y siempre ganó su dinero en el negocio del tratamiento de desechos petroleros.

—Ocuparán una superficie mayor que la del pueblo mismo —advierte la alcaldesa—. Esas piletas van a estar activas por 25 o 30 años hasta que se llenen, y entonces las van a tapar con plástico y simplemente dejar los residuos ahí. Los gases van a subir hasta el pueblo. Ofrecen un montón de dinero a cambio. La gente protestó. El proyecto no fue aprobado aún por la Comisión Ferroviaria de Texas, pero ya están trabajando.

La alcaldesa dice que mantiene una relación cordial con Wommack, el dueño de Pyote, pero en abril de 2013 tuvieron un encontronazo cuando lo vio removiendo suelos por allá.

—¿Qué diablos está haciendo? —le preguntó, estirando las vocales a lo texano.

—Estamos haciendo piletas para depósito de residuos líquidos —respondió el empresario, de buena manera, aunque sin decirle que no iba a tomar en consideración nada de lo que ella le pedía—. Si quiere hable con el dueño de la tierra.

—Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer con su propiedad porque yo no querría que me lo dijeran a mí. Lo único que le voy a decir es que no lo quiero cerca de mi ciudad —advirtió, en tono de amenaza de sheriff de viejo western de Clint Eastwood.

—Pero en otro lado también va a haber gente, señora.

—Seguramente van a ser menos que 307 personas. Yo nunca vi un depósito de sustancias peligrosas tan cerca de un pueblo ni de una ciudad —insistió.

—El juez del condado atendió mi llamado cuando esto ocurrió. Es republicano, pero no sabe que yo soy demócrata —sonríe Payne. Los abogados del pueblo están buscando argumentos para convencer a la Comisión Ferroviaria de Texas de que impida la instalación.

—No recuerdo que la comisión haya denegado permisos. Los casos serán contados con los dedos —se lamenta la hermana Elizabeth, que asistió a las reuniones informativas para los vecinos de Nordheim que organizó la alcaldesa en el saloon.

—Siempre habrá gente dispuesta a arreglar, pero no mis 307 ciudadanos. No quieren tóxicos ni mal olor —se planta la jefa comunal.

Payne también advierte que en los últimos años en el sur de Texas hubo sismos por la perforación, algo que nunca había ocurrido. A ella también le preocupa que al otro lado de la ciudad la compañía Sabine Oil haya perforado cuatro pozos horizontales que penetraron en el subsuelo de la ciudad. Sabine pactó pagarles a los propietarios de los inmuebles por debajo de los cuales pasan sus cañerías. En el condado de DeWitt no rigen distancias mínimas entre pozos y viviendas.

—Todo el subsuelo del pueblo está alquilado. Conozco alguno que recibió 8.000 dólares en un primer cheque después de 120 días de explotación. Esto va a dejar dinero, pero encierra un peligro enorme —teme la alcaldesa—. Los camiones de esa petrolera pasan por el medio del pueblo y dañan las calles. Pasan por arriba de mi sistema de agua y cloacas. Ya tuvimos daños a ese sistema por el repentino tránsito que se generó. También tuve que pedirles que no pasaran por la puerta de la escuela. Hubo un par de meses en los que para ventear el gas que salía tuvieron que mantener los flares al máximo y el ruido era ensordecedor, como si hubiéramos tenido un Boeing 747 aterrizando en el patio de casa todo el tiempo. Y no hace falta que estén los pozos acá para que el impacto se sienta. El pueblo está rodeado por la autopista 72, y también tuve que pedirle a las empresas que bajaran la velocidad al pasar. No lo hicieron hasta que no murieron dos camioneros en un accidente.

Payne agrega que están gestionando recursos del estado de Texas para que arreglen sus calles. A diferencia de otros pueblos texanos como Cuero que ganan plata vendiendo agua a las petroleras para que fracturen el shale, Nordheim se niega a hacerlo.

—No les voy a vender agua porque siento una obligación moral con mis ciudadanos; mi prioridad es ayudarlos —reivindica Payne—. Pero la verdad es que a 2 millas (3,2 kilómetros) del pueblo les están vendiendo agua a lo loco y es la misma napa, así que nos podemos quedar tranquilamente sin agua igual. La única diferencia es que, cuando se acabe, yo voy a poder decir que no les vendí.

El municipio tiene dos empleados fijos: una secretaria y otro que se ocupa del servicio de agua potable. También hay dos eventuales que cumplen tareas administrativas. A la alcaldesa no le es fácil mantenerlos por los altos salarios que pagan las petroleras.

—Acá ellos ganan 10 dólares la hora y las petroleras les ofrecen 25. Yo no puedo pagar eso. No cobro impuestos a las ventas. En Yorktown están abriendo un Subway, una parrilla y una WhatABurger, pero no consiguen gente para trabajar porque todos quieren cobrar como petrolero —explica la alcaldesa.

«No bombeen en Nordheim», reza una pancarta con una calavera dentro de la sede municipal. También cuelga una bandera de barras y estrellas y otra de Texas. Hay cuatro escritorios y en uno igual a los otros se sienta la alcaldesa. A cada rato aparecen vecinos que vienen a pagar en persona la tasa municipal. Kathy los saluda por su nombre de pila y con algunos se queda charlando. A uno le cobra un cheque de 29 dólares por el servicio llamado de agua y basura. Tiene una radio para hablar con otros pueblos. El ventilador gira lento.

Nordheim enfrenta el problema de falta de viviendas para la gente de bajos recursos, según Payne. De todos modos, su condición de vida mejoró. Hasta hace poco tiempo había cinco o seis familias que vivían de las food stamps (subsidios), pero ahora se quedaron con los empleos de los que se fueron a trabajar al petróleo para ganar más. Por ejemplo, cortan el pasto.

Unos 90 vecinos del condado de DeWitt formaron la ONG Preocupados Sobre la Polución (CAP, según sus siglas en inglés). Una de sus cabecillas es Lynn Johnson, maestra jubilada de 79 años que vive en un campo de 130 hectáreas cercano al pueblo. En la casa de Lynnn no se ahorra combustible. En el garaje semicubierto hay un Toyota cero kilómetro, un Jeep también nuevo y dos pick-ups Silverado. Alrededor de la casa, un chalet de dos plantas muy espaciosas, hay dos hectáreas de pasto muy bien cortado, donde hasta la última sequía pastaban sus 50 vacas. Las malvendieron porque se morían de sed. Habían llegado a tener 90. Fue entonces cuando se terminó por retirar su marido, Dalton Johnson, de 82 años, quien siempre se había ocupado del rancho.

Lynn, de ojotas negras y uñas de los pies pintadas, jeans, blusa verde manzana y anteojos, mandó a imprimir los carteles que adornan el despacho de la alcaldesa y también las fachadas de todas las casas de campo frente al terreno que van a ocupar las piletas, sobre la calle rural Hohn. No organizan manifestaciones en este paraje en el que solo se escucha el canto de los pájaros. Enfrente de la casa de Lynn ya hay una grúa de las que usan las petroleras para armar las plataformas de perforación.

En el garaje de la jubilada, con puerta levadiza automática y decorado con unos huesos de vacas y ciervos, se acumulan también aquellos carteles y otros con la sigla CAP, una pajarera, mapas de Texas y de la planta por construirse y fotografías gigantes de las instalaciones sacadas por Google Earth. La mayoría de los miembros de la ONG son ganaderos, como muchos habitantes de DeWitt, que supo ser uno de los condados más productivos de todo Estados Unidos. Ya no se dedican más a la agricultura por las sequías, que comenzaron a afectar también la ganadería. Allí dan a las vacas alimento natural.

—Todos los vecinos oscilan entre la negación y el fatalismo, porque cuando se dan cuenta de lo poderosos que son quienes estamos enfrentando, piensan: «OK, lo van a poner y no podemos hacer nada». Pero nosotros y nuestros padres y abuelos vivimos durante más de 100 años aquí, y esto es injusto —dice Lynn—. Tememos que el agua salada (residual) vaya al arroyo si se sobreinunda.

Está espantada por la falta de solidaridad de los vecinos que no se unen a su militancia contra las piletas:

—Lo único que quieren todos es dinero, dinero, dinero. Por eso es tan difícil detener a esta gente.

Ahora que su marido vendió las vacas, empezó a trabajar de cartero para el área rural circundante. No tiene que cumplir un horario sino traer de otro pueblo más grande la correspondencia para sus vecinos.

—No lo hace tanto por el pago, que es poco, sino porque así obtiene descuento para sus medicinas —cuenta Lynn—. Por un paquete de remedios que le costaría 900 dólares, como cartero paga 20. Pero si no trabaja, nadie le paga sus medicinas.

Quizá el Obamacare acabe universalizando la salud pública en Estados Unidos. Además, Dalton cuida su huerta con 300 plantas de tomate. Con eso ayuda a mantener la casa y su estándar de vida de clase media rural acomodada, aunque sin acceso garantizado al sistema sanitario.

Los dos hijos de Lynn y Dalton se fueron a buscar mejores horizontes. Vuelven cada tanto para descansar y relajarse. Uno es veterinario en un pueblo de Texas, Kerville. El otro es abogado en San Marcos, en el mismo estado.

—Acá no hay alternativas desde que dejó de ser rentable la ganadería. Los jóvenes solo pueden irse a la ciudad o a trabajar para la industria petrolera. Los campos son muy caros, y se encarecieron más por la vuelta del petróleo. Si no heredás, tenés que comprar la tierra, la maquinaria. Quizás recibís un subsidio de 1.000 dólares —explica Lynn el entramado del proteccionismo agrícola de Estados Unidos—. En algunas grandes tierras reciben mayores subsidios para producción de alimento.

Si Pyote finalmente se instala allí, sus hijos tendrán menos interés en ocuparse del campo familiar.

—La gente no puede creer que nos vayan a hacer esto. No sé por qué Duglosh va a hacer algo así en nuestro hermoso condado. Él se crió con toda esta gente —se desconsuela Lynn.

Duglosh mantiene un imponente rancho frente a las tierras que le alquiló a Pyote, sobre las calles Ekhardt y Hohn. Tiene una valla más alta que las demás casas, de unos 2,5 metros, y más entretejida, lo que dificulta mirar hacia dentro de su campo. Igual llegan a distinguirse los alces africanos llamados ñalas que colecciona y que merodean el casco del rancho, en un alarde de riqueza pero también de cierto mal gusto.

Un mes antes de que el dueño de Pyote se cruzara en un diálogo tenso con la alcaldesa de Nordheim, en Argentina el fracking daba otros pasos. Galuccio y el presidente de la química Dow para la región sur de Latinoamérica, Jorge La Roza, firmaron en Buenos Aires en marzo de 2013 un memorándum de entendimiento para asociarse e invertir juntos en el área El Orejano. Medio año después viajaría a Argentina el vicepresidente ejecutivo de la empresa norteamericana, Jim Fitterling, para confirmar la operación y anunciar la inversión de 120 millones de dólares. Era una cuestión de vida o muerte para sus seis plantas en Bahía Blanca. En la provincia de Santa Fe dispone además de tres fábricas de agroquímicos, producto en el que compite en el mundo con Monsanto, Syngenta, BASF, Bayer y DuPont.

En El Orejano empezó el proyecto piloto. Después vendrá el desarrollo masivo del área.

—Esa zona es core (central) para el próximo cluster shale, después del de Loma Campana —explica en las oficinas de este último campo el gerente ejecutivo regional de hidrocarburos no convencionales de YPF, Pablo Bizzotto.

Este ingeniero graduado de la Universidad del Comahue trabajó en PAE hasta 2013, cuando se puso bien ajustada al pecho la camiseta de YPF. Fue el responsable de que durante ese año dejara de caer la producción de gas de las subáreas en que fue dividida con el tiempo la antigua Loma La Lata.

—Lo primero que hicimos fue recuperar los yacimientos maduros. Después, tight y después, shale. Fue el camino que hizo Estados Unidos —explica el gerente.

Una ventaja con la que cuenta Argentina para el desarrollo de Vaca Muerta es que dispone de gasoductos ociosos que salen de Loma La Lata, aunque a futuro habrá que ampliarlos y sobre todo construir nuevos oleoductos.

Galuccio estrechaba manos con La Roza, de Dow, mientras tejía su negociación con Repsol. Pero decidió no tocar la puerta de Brufau. Es más, nunca llegó a hablar con él en toda la discusión que terminaría en acuerdo. Se detestaban solo por el papel que el otro cumplía. El Mago había sacado de la galera a fines de 2012 los contactos que había cultivado en sus 4 años de vida en México. ¿Por qué? Porque Pemex era el tercer mayor accionista de Repsol, con el 9,4%, solo por detrás de la caja de ahorro catalana La Caixa y la constructora madrileña Sacyr. En la petrolera estatal mexicana hay dos buenos amigos de Galuccio: Emilio Lozoya y Arturo Henríquez, sus directores general y corporativo. Ambos habían llegado al poder con el nuevo gobierno de Peña Nieto, que sin abandonar la entente de su país con Estados Unidos retomó la tradición latinoamericanista del PRI. El presidente mexicano impulsó la Alianza del Pacífico con Colombia, Perú y Chile, pero también cultivó su vínculo con Cristina Kirchner.

Pero el interés de Pemex en el asunto de YPF no era solo político. También había negocios de por medio. «Ellos estaban disconformes con Brufau. Querían que las cosas se hicieran bien. El mexicano es cabrón. Ellos se sentían rehenes de Repsol», cuentan en la torre de Puerto Madero. De hecho, en noviembre de aquel 2013 criticó públicamente los sueldazos de Brufau y su séquito. También Sacyr, corresponsable y víctima a la vez del estallido de la burbuja inmobiliaria española, estaba disconforme con la gestión del presidente de la petrolera en general, y del caso YPF en particular. Pero su voz estaba bastante desautorizada por sus negocios especulativos.

Pemex, en cambio, tenía un plan productivo: lograr un acuerdo con YPF para mejorar la cotización de sus acciones de Repsol, después venderlas y con ese dinero invertir para recuperar las reservas y la extracción en México. Además podría aliarse a largo plazo con YPF para aprender de sus conocimientos sobre el fracking. En 2014, después del pago de Argentina a Repsol por la indemnización por YPF, Pemex liquidaría en el mercado su parte en el grupo español por 2.400 millones de euros.

Pero antes Lozoya y Henríquez, los directivos de la petrolera mexicana, vincularon a Galuccio con el vicepresidente de Repsol, Isidro Fainé, más conocido por su rol de presidente de La Caixa. Como si le faltaran ingresos, Fainé, de 72 años, también es el número dos de Telefónica, Abertis —concesionaria de las autopistas del Sol y del Oeste en los accesos a Buenos Aires— y Aguas de Barcelona —que era accionista minoritaria de Aguas Argentinas, otra de las empresas reestatizadas por el kirchnerismo—. Fainé jugó el papel de policía bueno y Brufau, el del malo. Galuccio desconfiaba del doble discurso del jefe de La Caixa, que en las negociaciones se mostraba proclive a las propuestas de acuerdo de Argentina, pero después las rechazaba públicamente. Pero al menos lo escuchaba. No encontraba la misma predisposición en el negociador nombrado por Brufau, Nemesio Fernández Cuesta, director comercial de Repsol y ex secretario de Energía del gobierno del conservador José María Aznar (1996-2004). El presidente de la petrolera española también puso a Soria, el ministro de Industria de Rajoy, como mediador. Pero parecía que Brufau no quería negociar sino ganar el pleito por 10.500 millones en el Ciadi. Claro que de las 48 demandas que por entonces había recibido Argentina en ese tribunal internacional, 24 continuaban pendientes, 19 habían sido cerradas sin condenas al país y cinco habían terminado después de diez años o más con el pago de la indemnización sentenciada a favor de las multinacionales.

Del lado del gobierno argentino primero se sentó a negociar Zannini. También el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, quien ayudó a Galuccio facilitándole sus aceitados contactos con las grandes empresas españolas. El abogado Bettini, exiliado en España después de que la última dictadura hiciera desaparecer a su abuela, su padre, su hermano y su cuñado, había sido asesor de la Defensoría del Pueblo de España, ejecutivo de la aerolínea privatizada en manos de Iberia entre 1993 y 1996, organizador de coloquios del Instituto para el Desarollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y funcionario de la Procuraduría General de la Nación hasta que en 2004 fue nombrado embajador en Madrid por su amigo y compañero de la Universidad de La Plata, Néstor Kirchner. En la negociación por YPF, la diplomacia española veía que Bettini dialogaba más con Pemex que con Repsol e incluso parecía que hablaba en nombre de la petrolera mexicana.

Sin embargo, fue Bettini quien convenció a Fainé de viajar en marzo de 2013 a Buenos Aires para reunirse con Cristina Kirchner. Allí la Presidenta le propuso indemnizar a Repsol con 6.000 millones de dólares a cambio de invertirlos en Vaca Muerta, una idea que fue rechazada rápidamente. El grupo español ya no quería saber nada más con quedarse en Argentina. Por voluntad propia venía reduciendo su participación en YPF hasta que el Estado le quitó el 51%.

El que sentía cierta envidia de Bettini era el embajador español en Buenos Aires, Román Oyarzun, que intentaba meter cuchara, pero no lo dejaban. Tanto es así que se fue de su misión en Argentina un día antes de que se anunciara aquí el preacuerdo entre el gobierno de Cristina Kirchner y Repsol, el 26 de noviembre de 2013.

El Ejecutivo argentino había formulado en junio de aquel año una segunda propuesta: 5.000 millones de dólares, que se pagarían en parte (3.500 millones) en activos de Vaca Muerta y el resto en efectivo que debía reinvertirse en esa formación neuquina. Lozoya, de Pemex, la había llevado al directorio de Repsol, pero allí había sido descartada por «insatisfactoria» y «carente de las mínimas garantías jurídicas».

El precio de los combustibles en los surtidores de YPF iniciaba en el ecuador de 2013 una abrupta marcha ascendente que no se detendría sino hasta fines de 2014, con el desplome del barril de crudo. En la Torre, mientras tanto, surgían otras internas posreestatización. Uno de los directores que había nombrado el kirchnerismo al desplazar a Repsol el año anterior, Eduardo Basualdo, presentó en junio de 2013 su renuncia indeclinable. No era un director cualquiera sino uno de los más prestigiosos economistas heterodoxos del país, investigador del CONICET y coordinador de varias áreas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Desde esos claustros y con su militancia en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Basualdo había denunciado durante más de dos décadas las políticas de desindustrialización y concentración del ingreso impuestas desde la última dictadura militar. Era algo así como la pata izquierda de la nueva gestión de la petrolera.

Sus motivos no trascendieron y Basualdo se recluyó nuevamente en la academia, sin hacer comentarios ni aceptar entrevistas. Pero su salida se produjo un mes antes de que YPF firmase el acuerdo con Chevron que había empezado a negociar a fines de 2012. La conexión era inevitable y se sumaron versiones de allegados, nunca confirmadas por él, que decían que el economista consideraba ese pacto un acto de entrega del patrimonio nacional a Estados Unidos. A Galuccio le dijo que se iba porque estaba cansado. El Mago no le creyó, pero valoró su discreción. El jefe de YPF, formateado en otra lógica, cree que hubo un problema «cultural» y mucho de prejuicios. Para él la soberanía es producir y no depender de las importaciones, sin mirar con qué socios ni en qué condiciones. Basualdo, según comentan en la Torre, se fue sin llegar a leer el acuerdo definitivo con Chevron.

El profesor de Flacso no solo evitó expresar críticas en público o en privado a aquel pacto sino que mantuvo su apoyo al kirchnerismo. Uno de sus hijos siguió trabajando en el área energética del gobierno y él y varios de sus discípulos se mantuvieron en el CIFRA, el think tank de la CTA oficialista encabezada por Hugo Yasky.

El CEO de Chevron, John Watson, vino a Argentina con su ejecutivo Moshiri para rubricar el acuerdo con Galuccio el 16 de julio de 2013. Después fue recibido por Cristina Kirchner. El pacto implicaba que Chevron se asociara con YPF en las áreas Loma Campana y Loma La Lata Norte, rebautizadas en conjunto como Enrique Mosconi y que suponen el 3,3% del total de Vaca Muerta. Eso sí, es una de sus mejores tajadas. Chevron invertiría en el primer año de proyecto piloto 1.240 millones de dólares para perforar 100 pozos. Si en esa etapa se comprobaba que la explotación era rentable, como terminó ocurriendo, se iniciaría ahí el desarrollo masivo a través de la creación del cluster shale.

Un día antes del acuerdo, Cristina Kirchner puso en vigencia un decreto que modificaría los controles cambiarios para el sector petrolero. Aquellas empresas que invirtiesen más de 1.000 millones podrían a partir del quinto año de desembolsarlos exportar el 20% de su producción sin pagar retenciones ni liquidar divisas. En caso de escasez en el suministro interno, el Estado les aseguraría una retribución igual a la del precio de exportación y la libre disponibilidad de moneda extranjera equivalente a ese 20% de su producción. En YPF alegaban que para convencer a una petrolera de que trajera dinero había que asegurarle que iba a poder llevarse las ganancias después, argumento compartido por cualquier defensor de la inversión extranjera en cualquier sector económico. Además, el decreto establecía que las concesiones no convencionales se otorgarían por 35 años con la opción de prórroga por otros 10, en lugar de los 25 más 10 que regían hasta entonces. No tardaron en llover las críticas de que se trataba de un decreto a medida de Chevron, que 5 años después del acuerdo, es decir, en 2018, debería estar produciendo en forma masiva en el área Mosconi. De hecho, en 2014 el 9% de la producción hidrocarburífera de YPF ya provino de los no convencionales.

En el Palacio de Hacienda intentan negar que Chevron haya sido particularmente beneficiada:

—YPF tiene joint ventures con 60 empresas, aunque por menores montos que con Chevron. No es que se la haya ido a buscar especialmente. Ellos tomaron la decisión de asociarse con nosotros incluso antes de que se resolviera el conflicto con Repsol porque estaban muy interesados en que empezara la explotación del shale en Neuquén — aseguran.

Pero la polémica ya estaba instalada.

Uno de los motivos de mayor escándalo residió en el hecho de que el acuerdo entre YPF y Chevron fue secreto. En la sede de YPF lo justifican:

—Si sacamos el contrato a la luz, no hacemos negocios con ninguna petrolera más. En el contrato se dan detalles que la competencia no debe saber. No es la fórmula de la Coca-Cola, pero sí el modelo del yacimiento: los costos, el valor presente neto, cuánto pone cada uno, los pronósticos. Lo que sí se informó a la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) es cuánto se invierte en el periodo, qué pasa en la etapa I, en la II. ¡Es increíble que nos pidan que publiquemos ese contrato! ¡Somos una sociedad anónima!

Pero la indignación de los ejecutivos de YPF contrasta con las investigaciones judiciales en marcha. Tanto Pino Solanas como el diputado radical Manuel Garrido pidieron en los tribunales que el acuerdo se hiciera público. Y el legislador porteño Alejandro Bodart, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), presentó con el abogado ambientalista Enrique Viale una denuncia contra Cristina Kirchner por el llamado decreto Chevron.

Parte del acuerdo secreto fue revelado en noviembre de 2014 en un artículo que los periodistas Francisco Olivera y Hugo Alconada Mon publicaron en La Nación. Así se pudo saber que Chevron condicionaba el pacto a varios beneficios que se materializaron en el decreto del día anteror de Cristina Kirchner y en la ley neuquina que aprobó la Legislatura provincial el 28 de agosto de 2013. En concreto, Chevron supeditaba la puesta en marcha de su inversión a que Neuquén extendiera las concesiones de las áreas Loma La Lata Norte y Loma Campana por 35 años (hasta 2048), es decir, 22 más de los previstos originariamente, y que en ellas dos solo cobrara el 12% de regalías, sin ninguno de los cánones extra creados por Sapag en 2008.

Horas antes de que YPF y Chevron anunciaran su acuerdo, unos 20 mapuches —la mayoría de ellos de los 110 que integran la comunidad Campo Maripe— tomaron a las 7 de la mañana cuatro torres de perforación que ya estaban actuando por cuenta de la petrolera argentina en Loma Campana. Los operarios de la perforadora San Antonio Pride dejaron sus puestos y sus relevos ni aparecieron por ahí. «Se trata de un acuerdo que se hizo a espaldas del pueblo», declaró aquel día ante la prensa Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche. Describió la protesta como una «ocupación pacífica». El entonces ministro neuquino Coco la tachó de «acto delictivo». Nahuel le respondió: «El que está haciendo acciones delictivas es este gobierno provincial porque acá la situación de irregularidad jurídica de las comunidades es producto de ellos. Por algo el relevamiento territorial (exigido por una ley nacional de 2006, para dar cumplimiento con la reforma constitucional de 1994) está aplicándose en todo el país menos en Neuquén; esta es la herramienta que tiene el gobierno para darle seguiridad jurídica a las multinacionales».

Horas después de que Cristina Kirchner recibiera al número uno de Chevron, los mapuches levantaron su protesta. Eran las 21 y hacía mucho frío. El equipo de Galuccio les prometió a los Campo Maripe que la provincia les entregaría el título de unas 42 hectáreas que ellos ocupaban en el valle, debajo de Loma Campana, y que YPF las desmalezaría y plantaría allí alfalfa. Así sus animales conseguirían el alimento que antes encontraban entre los arbustos diezmados por la explotación petrolera en la meseta. El gobierno de Sapag y la petrolera no los reconocían como comunidad sino como familia.

El gobernador no parece precisamente un fanático de los mapuches que representan, según el censo 2010, un décimo de la población neuquina. Los indígenes reclaman que son un tercio de los habitantes, pero solo algunos viven en las más de 60 comunidades reconocidas por la confederación que dirige Nahuel. La mitad vive en las ciudades y la otra, en el campo. En enero de 2014 se avivó la polémica cuando Sapag destacó que algunos de ellos habían colaborado en el control de un incendio en el departamento andino de Aluminé: «Hay más de 200 brigadistas trabajando y cuatro aviones. Un quinto está viniendo de Bariloche. Hay dos helicópteros. Están trabajando los equipos viales. Hay 100 personas de apoyo y otros 100 mapuches que también están colaborando», soltó.

Tampoco la relación entre los mapuches e YPF marchó sobre rieles. Avanzan más fácil las torres de perforación entre las vías que unen los pozos en el cluster shale de Loma Campana que los vínculos entre los pueblos originarios y la petrolera renacionalizada. En agosto de 2013, los Campo Maripe denunciaron que agentes de seguridad de la petrolera incendiaron sus casas deshabitadas que les servían para reuniones en sus tierras enfrente del yacimiento. YPF respondió que sus empleados ayudaron a apagar el fuego.