Capítulo 6

A poco de iniciada aquella búsqueda del tesoro en el norte de Texas, el descontento empezó a cundir entre quienes no cobraban regalías por el uso de sus campos y sí sufrían en cambio las consecuencias del fracking masivo con sus piletas de flowback, sus pozos de reinyección y su tránsito pesado de camiones. Hubo protestas por parte de grupos ecologistas y decenas de reuniones en los concejos municipales para debatir qué hacer para regular la actividad petrolera, una vieja conocida de los texanos pero que volvía con nuevos bríos. En un país donde el lobby no solo está permitido sino que hasta tiene reglas y procedimientos fijados por ley, la industria no tardó en integrar sus propios centros de propaganda para evitar que la nueva técnica de la fractura hidráulica fuera prohibida o restringida, como finalmente terminó ocurriendo en el estado de Nueva York, la ciudad de Dallas y muchos otros distritos.

Ed Ireland es director ejecutivo del Consejo de Educación sobre Energía Barnett Shale, uno de esos lobbies surgidos a inicios de la revolución fracker. Las compañías que operan en la región son socias del Consejo y pagan por serlo. Ese dinero mantiene la web y financia las conferencias en clubes, escuelas, organizaciones de la comunidad o asociaciones de propietarios que ofrece Ireland en persona al menos tres veces por semana. Ed trabajó durante tres décadas en productoras y transportadoras de gas natural, fue dueño de una pequeña empresa de exploración de hidrocarburos y ahora, además del lobby, se dedica a la consultoría. Es un atlético texano de 68 años, completamente pelado, pero que aparenta menos de la edad que tiene.

A Ireland le gusta arrancar sus tours propagandísticos por el Tarrant County College en Hurst, un suburbio de Fort Worth que alberga a 37.000 habitantes a 39 kilómetros de Dallas. Cita ahí a la gente que quiere convencer de las bondades del fracking, porque bajo el campus de ese instituto terciario hay gas y el college tiene los derechos minerales sobre él.

—Con ese dinero dan grandes becas. ¡Hay estudiantes que vienen gratis al terciario! —destaca Ed, apelando a una fibra sensible en Estados Unidos, donde los estudiantes se endeudan por decenas de miles de dólares para terminar sus carreras.

Al lado del estacionamiento hay seis pozos que pertenecen a la universidad, uno al lado del otro. Los pozos llegan a 2.400 metros de profundidad en la roca Barnett. Fueron hechos entre 2007 y 2008. Como en todos lados, durante dos semanas perforaron y otra semana más fracturaron, y después empezó la explotación. Lo que se ve 7 años después son los seis arbolitos petroleros en una manzana de tierra pelada rodeada por una rejita de 2 metros que separa la locación de unos árboles bajos y una ligustrina. En el predio también hay un equipo de separación bifásica y nueve tanques de agua donde se almacena el líquido que sale del pozo. Los tanques son de 4 metros de alto y, cuando se llenan, vienen camiones de la operadora Chesapeake a vaciarlos. Nadie vigila la locación. Unos paneles solares producen electricidad para transmitir la información del pozo a la sede de esa petrolera, que lo maneja a control remoto.

En el campus hay un lago natural de 3 metros de profundidad que Chesapeake hizo para juntar el agua que requería el fracking de los seis pozos. Después, los dueños del terciario hicieron una fuente en el lago para darle un toque más paisajístico. También trajeron peces y se ven patos que migraron atraídos por el cardumen. Es un paisaje que contrasta con el oeste pobre de la ciudad de Neuquén en el que Pluspetrol instaló pozos de tight gas frente a una escuela-tráiler sin la infraestructura necesaria para albergar a los niños que se educan ahí. A diferencia de lo que parece ocurrir en el Tarrant County College, los millones de la industria neuquina no se «derraman» a su entorno más inmediato.

A unos minutos en auto de aquel campus está North Richland Hills, otro suburbio de Fort Worth, con 67.000 habitantes. El pueblito, seleccionado en 2006 por la revista Money Magazine como «uno de los mejores 100 lugares para vivir en Estados Unidos», es donde reside el propio Ireland desde aquel año. Bajo las casas y las plazas hay pozos horizontales de 1.500 metros de largo y a 2.400 metros de profundidad. Los operan Chesapeake, Devon, EOG y Pioneer, entre otras. El lobbista intenta mostrar con qué naturalidad los vecinos toman el fracking.

—Mucha gente ni siquiera sabe que vive al lado de un pozo, y está ahí —comenta frente a un barrio arbolado de casas prefabricadas y lujosos chalets.

Algunos picos de pozos están a 10 metros de casas de familia.

—La ciudad exige una distancia de 180 metros, pero quizá los dueños de las casas los permiten igual, para cobrar un dinero extra —explica Ireland.

Como en muchas localidades norteamericanas, en medio de las casas hay un gran tanque elevado con forma de gota invertida para alimentar la red de agua corriente.

—El agua acá viene de un gran pozo a 10 metros de profundidad. Se usan los acuíferos y los pozos de gas están mucho más abajo —dice Ireland.

Y se apura a responder la pregunta obvia:

—Con 20.000 pozos en la roca Barnett, el agua no se ha contaminado. Es raro que se haya contaminado en algún otro lugar. No digo que no ocurra nunca, pero es raro. Si hay contaminación es por derrames en la superficie, y acá en Texas no los hubo por 50 años.

Bajo el shopping, la escuela y el estadio cubierto de hockey sobre hielo de North Richland Hills también pasan los tentáculos de los 50 pozos que fueron perforados en el pueblo durante la fiebre del fracking.

—No hay trastornos en la superficie. ¡Y estamos en el medio de la ciudad! —vuelve a la carga el lobbista. Además del sueldo que cobra del Consejo de Educación sobre Energía, Chesapeake le paga a Ireland un bonus de 500 dólares por mes por un pozo que no perforó en su tierra pero que pasa por abajo de su casa. La empresa abona 2.500 dólares por acre (0,4 hectáreas) y los 500 dólares son su parte proporcional.

—Es la primera vez en mi vida que cobro regalías —aclara Ed.

También hay unos pocos pozos en plena etapa de fractura. Para aislarlos, el condado de Tarrant obligó a las empresas a levantar unas altas paredes que funcionan como barrera de sonido. Son de madera y están cubiertas por una tela de kevlar, un material ultrarresistente que suele usarse para velas náuticas y chalecos antibalas. Al lado corren una vías de tren y una bicisenda. Encerrados por las paredes de tela de kevlar, se ven una torre con una base turquesa, camiones rojos y un ruidoso generador eléctrico a gasoil que da energía al equipo de perforación. La barrera sonora permanece las tres semanas que demora la perforación y la fractura. A 100 metros de distancia se oye un rugir de motores que es notorio pero no insoportable, como sí lo es el que se oye junto a una locación en Loma Campana.

—En la ciudad solo pueden hacer ruido de día —dice Ireland.

Es un pozo operado por Chesapeake y perforado por Trinidad Drilling.

—Cuando terminan, se llevan todo en 12 horas. Y lo hacen a la noche para no interferir en el tráfico —los defiende el lobbista, contradiciéndose con su oración anterior—. La perforación es un negocio que trae otros: el del agua, las paredes de kevlar, el paisajismo que se hace alrededor y muchos más.

Tampoco olvida otro argumento que suelen levantar las empresas ante los gobiernos:

—Todas pagan impuestos federales al estado de Texas e impuesto inmobiliario a la ciudad. Por ejemplo, el 7,5% de lo que producen estos pozos es para Texas. Además, cada compañía paga el impuesto federal a las ganancias.

En Argentina, las regalías para las provincias son del 12%, pero en Neuquén llegan al 15% por un extracanon que impulsó Sapag por ley en 2008. Si el barril de petróleo sube entre 82 y 91 dólares, Neuquén se lleva el 16%; si ronda entre los 92 y los 99, el 17% y si supera los 100, el 18%. Sin embargo, desde 2013 se establecieron excepciones para este canon extra.

Los controles que en Texas, y no en Neuquén, obligan a las petroleras a tomar los recaudos que se ven en aquellos suburbios ricos están a cargo de las comisiones estatales Ferroviaria y de Calidad del Medio Ambiente, que regulan y otorgan los permisos. Esta última, con 30.000 empleados, es el mayor departamento ambiental de Estados Unidos. En Texas hay 303.000 pozos de hidrocarburos en funcionamiento. Es decir, hay diez perforaciones activas por cada empleado de la agencia ambiental. Hasta 2013, en Neuquén, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible tenía 100 funcionarios, de los cuales 20 eran inspectores que recorrían los 10.000 pozos operativos. O sea, 100 perforaciones en producción por cada empleado de Ambiente. Cuando se le cuenta a Ireland la relación inspectores/pozos de Neuquén, se sorprende. Y concluye:

—No es suficiente.

En 2014, por la explotación de Loma Campana, Neuquén sumó otros cinco.

¿Por qué Néstor Kirchner no reestatizó YPF apenas llegó al poder en 2003? Era un Presidente con bajo capital político, apenas votado por el 22% de la población. Argentina recién salía de una de sus peores crisis políticas, económicas y sociales y seguía en el default más grande de la historia humana. Kirchner era el mismo que como gobernador de Santa Cruz le había vendido las acciones de la provincia en YPF a Repsol en 1999. Puede aventurarse todo tipo de hipótesis.

La tropa de Kicillof no se adjudica haber tenido la idea de reestatizar YPF. Sostiene que muchos kirchneristas pensaron en ello alguna vez, pero nadie había evaluado su necesidad o su conveniencia.

—¿Se podría haber hecho en 2003? No. ¿En 2004, 2005, 2006? Tampoco. Recién en 2012 estuvo la posibilidad concreta de hacerlo. Y ahí fue cuando vimos el costo que iba a generar no hacerlo —confiesa uno de los más encumbrados funcionarios del Palacio de Hacienda.

Pero antes de que a Néstor Kirchner se le ocurriera en 2007 la «argentinización» de YPF con la entrada a su capital de los Eskenazi y de que su viuda se decidiera a nacionalizarla en 2012, otro experimento de petrolera estatal surgió en el país. En 2004, mientras comenzaba a escasear el gas en Argentina y se iniciaban los recortes de las antes abundantes exportaciones de este combustible a Chile, nació Enarsa. Al oeste se escuchaban las quejas por los cortes del entonces Presidente chileno, Ricardo Lagos, sus empresarios y ciudadanos. En 2007 se interrumpiría definitivamente el servicio, como sucedió también con lo que se exportaba a Brasil y Uruguay. Al este, sobre el Mar Argentino, se creaban ilusiones de que Enarsa, asociada con petroleras como Repsol o Petrobras, con amplia experiencia en aguas brasileñas, iban a descubrir petróleo offshore. Hasta ahora, solo los británicos encontraron crudo alrededor de las Islas Malvinas. Y Enarsa se convirtió en los hechos en una gran empresa de importación de gas, fueloil y gasoil que instrumentalizó el gobierno para solucionar los crecientes déficits del mercado argentino. Pero un empresario kirchnerista defiende al ex Presidente y cuenta que el día de la fundación de Enarsa, Kirchner invitó al entonces líder de Repsol, Alfonso Cortina, antecesor de Brufau, y le advirtió:

—No obligue a la Argentina a dar el siguiente paso.

Aquella amenaza se materializó 2 años después de su muerte, a manos de su sucesora.

Quien tuvo más suerte en los descubrimientos petroleros en el mar fue quien presidía Brasil por aquel entonces, Luiz Inácio Lula da Silva. En 2006, Petrobras, años más tarde inmersa en grandes escándalos de corrupción, anunció el hallazgo de crudo en la formación geológica llamada Pré-sal, que se encuentra debajo de la sal del fondo de la plataforma continental. La petrolera estatal venía explorando el mar desde fines de los años 60. Brasil era entonces importador de crudo y había impulsado como sustituto el etanol de caña de azúcar. El antecesor de Lula, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), había abierto Petrobras y la explotación de hidrocarburos al capital privado, aunque había mantenido el control estatal de la mayor empresa de su país. Lula comenzó su gobierno con grandes descubrimientos que coronaría con el del Pré-sal, frente a los estados de Espírito Santo, Río de Janeiro y San Pablo, el mismo año en que su país logró el hasta entonces esquivo autobastecimiento energético.

Dos años después del hallazgo del Pré-sal, Lula advirtió que la IV Flota de la Armada de Estados Unidos estaba rondando sus aguas. Aún gobernaba Bush. «Los hombres de la IV Flota ya están ahí, prácticamente encima de la camada de crudo de la capa Pré-sal. Nuestra Marina es la guardiana de nuestra plataforma, porque, si no, viene un vivo y dice eso es mío porque está en el fondo del mar», advirtió Lula en el acto de lanzamiento al mar del estado de Río Grande do Sul de una plataforma fabricada en Brasil. Al mismo tiempo, él reforzó las partidas presupuestarias de su Armada.

Claro que invertir en el Pré-sal es caro y por eso su explotación se encuentra ahora tan amenazada como la del shale y el tight en el mundo. «Vaca Muerta compite por atraer inversiones con el Pré-sal de Brasil, las reformas de México para reimpulsar el Golfo de México y los planes hasta ahora no concretados de Rusia en el Ártico», opinó en marzo de 2014 el presidente del IAPG, López Anadón. «Pero el desarrollo petrolero en el Ártico o el Pré-sal necesitan más inversión que Vaca Muerta. El Pré-sal necesita un petróleo a más de 70 dólares para ser rentable. Vaca Muerta, ni idea», esquivaba la precisión López Anadón en una presentación ante corresponsales extranjeros en Buenos Aires.

Ante el abaratamiento del crudo, tanto Argentina como México tratan de sostener el precio interno del barril a pesar de las quejas de los consumidores, pero les es imposible asegurarle a las petroleras un valor sostén para sus exportaciones, más allá del subsidio creado por el gobierno de Cristina Kirchner en 2015.

Tres gauchos, no de las pampas, sino de la estepa neuquina, con boina, bombachas y zapatillas negras parecidas a las alpargatas, arrían a caballo algunas de sus 400 chivas. Es un camino de ripio cerca del cerro Auca Mahuida y del área natural protegida que lo rodea, allí por donde la petrolera francesa Total perfora sin que nadie se lo impida. Solo suenan el viento y los pasos de los animales. Uno de los arrieros, Raúl Centeno, de 41 años y cuatro hijos, va camino del puesto de su madre. Es una tarea que solo hace los fines de semana. Los demás días vive en Añelo y trabaja para la industria petrolera desde 2006, es decir, desde el año anterior a que se empezara a hablar por lo bajo de Vaca Muerta.

En junio de 2006 fue la primera vez que Repsol anunció inversiones exploratorias piloto en el tight gas de Argentina, en Loma La Lata. Tres meses antes, en una entrevista con el diario La Nación, un ejecutivo de PAE advertía que «al costado de Loma la Lata, arriba, abajo, hay infinidad de opciones con lo que se llama tight gas», pero alertaba de que el entonces bajo precio del gas en boca de pozo, de 1,60 dólares por millón de BTU, impedía explotarlo. Aquel año también fue la primera vez que La Nación publicó algo sobre la revolución del shale, aunque referida a Estados Unidos. De los hidrocarburos de esquisto en Vaca Muerta solo publicaría a partir de 2010.

La familia de Centeno siempre vivió en el campo, migrando, como otros crianceros, en tierras sin títulos de propiedad claros ni alambres que las dividieran. Raúl solo fue unos años a la primaria, a una escuela-albergue de aquella meseta. Su madre se instaló en el puesto actual en 1991 y en noviembre de 2013 cobraba la servidumbre por los 25 pozos convencionales que Total tenía en su campo. Recibía alrededor de $ 10.000 (u$s 1.620 de entonces) por todos ellos y otros $ 100.000 (u$s 16.200) cada vez que practicaban una nueva perforación. El fracking estaba apenas llegando a aquella zona.

Los puesteros vecinos también cobran la servidumbre.

—No será mucho, pero con eso sale del paso —se refiere Raúl a su madre, que tuvo otros nueve hijos y que ahora vive en el encarecido Añelo y solo visita el puesto los días de semana—. Mi vieja tiene que poner abogado para reclamar a la petrolera, pero te cobran el 30%.

Raúl se queja bajo la sombra de la galería del puesto rústico de ladrillos. De allí cuelga una chiva preparada para el asado. También la radio. Más tarde confiesa que son los Apis, de la Asociación de Superficiarios, los que les piden ese 30%. En realidad ni Ricardo ni Bruno Apis son abogados sino que, en paralelo a su tarea en Assupa, que lleva adelante los reclamos ambientales contra las petroleras, padre e hijo asesoran en los litigios de puesteros y terratenientes por la servidumbre y para ello usan sus buenos contactos con estudios jurídicos.

—A mí me gustaría vivir toda la vida acá —cuenta el puestero y empleado petrolero, que viste una chomba con la marca La Martina, de dudosa autenticidad—. Me crié acá, sé qué animales puedo criar, cuáles no. Mi primer pago es el campo. El segundo es Añelo.

Su madre llegó a tener 1.500 chivas. Ahora tiene casi un cuarto de ellas, tanto para el consumo propio como para la venta.

—Hoy el campo ya no da. No sé si cambió el clima, pero hay menos humedad que antes. Las lluvias agarran para otro lado. Algunos dicen que es porque los gases del venteo abren las nubes. Yo no sé por qué es, pero sé cuánto me cuesta el fardo y un caballo te lo come en 2 días. El costo de vida cambió, la producción de animales no da para seguir viviendo. Necesitaría 600 chivas para vivir de mi locación —afirma desconsolado, haciendo uso de la terminología petrolera. A diferencia de otros puesteros que cuentan con generador de energía a gasoil, él tiene solo un panel solar que le sirve apenas para iluminarse. No tiene heladera sino que lleva hielo desde Añelo, que está a una hora de allí.

—Total iba a poner luz, pero nada —se lamenta.

El puestero ya había trabajado 3 meses alguna vez en la industria petrolera, pero en 2006 decidió dejar el campo definitivamente para trabajar en la constructora Contreras Hermanos. Primero dio servicios a Total. Justo en aquel momento nació el primero de los dos hijos con su segunda y actual pareja. De la primera tiene otras dos hijas, de 14 y 19 años, a las que les pasa su cuota de comida. Se instaló en una de las tomas de tierras en Añelo, en el barrio El Mirador. No tiene título de propiedad. Tampoco dispone de gas natural en plena tierra de Loma La Lata, y por eso lo compra en garrafa, bastante más caro que en Buenos Aires. Al principio carecía de agua, pero como pasaba cerca el acueducto principal del pueblo, Raúl lo abrió con una mecha, enroscó una tubería hasta su casa y se conectó por mano propia.

En Contreras Hermanos, Raúl acopla gasoductos y oleoductos para YPF en Loma Campana de lunes a viernes, de 7 a 19. A veces, de lunes a lunes.

—No tengo que trabajar, como los petroleros, 14/7 —dice en referencia al régimen de 14 días de trabajo y 7 de descanso que tienen los encuadrados en el sindicato de Pereyra—. Ganamos casi lo mismo, pero podemos estar más con nuestras familias. Ellos, cuando están en casa, molestan a sus familias.

Raúl se rige por un convenio especial de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) para las empresas que operan con el petróleo.

—Ahora hay mucho laburo. Vamos de pozo nuevo en pozo nuevo haciéndoles la conexión. Está cayendo gente de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Bolivia y todos consiguen laburo en blanco. Eso sí: hubo cortes de ruta de la gente de Añelo porque no les daban laburo a ellos.

Raúl mantiene el puesto con el salario de obrero petrolero.

—Tenemos muchos gastos en el campo, pero mientras viva lo voy a mantener. Saco del sueldo para pagar el forraje para las vacas. Los chivos no comen forraje, dependen de que haya pasto —cuenta Raúl a unos metros de donde están estacionados una camioneta Ford 100 modelo 1977 verde, una Toyota Hilux 2007 y un caballo que se revuelca para rascarse el lomo. Los chivos blancos dan balidos y todo luce como un vergel al lado de una vertiente de agua.

—Si se me rompe la Toyota, ¿cómo la arreglo? —protesta por los costos de mantenimiento.

Si bien le da empleo, el puestero teme el impacto de la industria petrolera en aquellos parajes:

—¿A dónde va el agua? El día de mañana no vamos a tener más. Estoy en contra del fracking, más allá de que vengan empresas y yo labure en esto. Pero si contaminan, al menos voy a aprovechar. Lo necesito. Hace 2 años se rompió acá una cañería y salió agua aceitada. Le pusieron un sifón al caño, pero el agua sigue saliendo. Las napas ya están contaminadas. ¿Quién puede estar a favor de esto? Es un negocio y nunca va a terminar. Antes podías poner un poco de freno, pero ahora no. Hoy por hoy te dicen que si los parás, te hacen juicio.

Tampoco espera que mejore Añelo:

—Ni aunque caiga oro en bolsas. Tiene calles de tierra, no tiene cloacas ni agua verdaderamente potable. La municipalidad es una (casa) prefabricada. Hay una sala de primeros auxilios con un médico por turno, cuando no están de paro. La escuela está bastante buena, pero a veces hay paros en Neuquén y los chicos empiezan las clases en abril. El único cajero automático de Añelo anda a veces, como el bolsillo mío.

¿Cuánto de la riqueza petrolera termina redundando en beneficio del pueblo, la provincia o la nación sobre la que se asienta? Ese debate que de cierta forma plantea Raúl Centeno aparece de forma recurrente en la historia de Argentina, un país que no es petrolero pero tiene petróleo.

¿Quién invertirá para extraer el crudo y el gas, en qué condiciones y cómo terminará impactando en el reparto de la renta? Centeno consiguió trabajo en Contreras Hermanos mientras Kirchner y los gobernadores de provincias petroleras impulsaban la ley corta de hidrocarburos. La norma venía a poner en vigencia lo establecido en la Constitución de 1994: las provincias pasaban a ser las facultadas para conceder las concesiones de áreas, sin la intervención de la Nación, como había sucedido con la prórroga de Loma La Lata en 2001. Se trataba de una medida a favor del federalismo, pero que también desarticulaba la política energética nacional y libraba en manos de gobiernos provinciales, de por sí más débiles que uno nacional, las negociaciones con las multinacionales del oro negro, o verde oscuro, como a veces brota del subsuelo neuquino.

El 2007 fue un año movido para la provincia del nombre torrentoso. El 15 de enero, los vecinos de Añelo organizaron siete piquetes para impedir que nadie entrara o saliera. Fue una pueblada para reclamar por la calidad del agua que salía de sus canillas. Días antes se había conocido un informe del Ministerio de Salud provincial que decía que la red de agua potable de Añelo carecía de cloro y estaba contaminada con bacterias coliformes. El intendente de aquel entonces, Norberto Izaza, rechazó la protesta porque consideraba que guardaba «intencionalidad política». ¿Otra interna del MPN? Claro que era una cuestión política el hecho de que los pobladores tomaran agua contaminada. Hasta ahora la mayoría de ellos prefiere beber solo la embotellada, aunque el actual intendente Díaz asegura que él se nutre del agua de la canilla. «Solo es cosa de ver cómo corre el agua después de las 18 cuando los hombres vuelven (de trabajar en los yacimientos) y se llenan los pozos, corre el agua y el olor es insoportable», despotricaba una mujer en uno de los cuatro piquetes en la ruta. Los otros tres cortaban las picadas de las petroleras, que calculaban cuánto dinero estaban perdiendo por la falta de operaciones de aquel día. Eran años en que arribaban obreros a Añelo a instalarse en tierras tomadas porque Repsol aceleraba la producción de Loma La Lata. En 2008 comenzó el declive productivo del gas convencional y se calmaron las tomas hasta que se reavivaron en 2013, al calor de Vaca Muerta.

Pero ya entonces Repsol sabía de la riqueza del shale y el tight. Por eso también en enero de 2007 anunció que había contratado al canadiense Scotianbank para vender 37 activos considerados no estratégicos para su negocio en Argentina, pero por los que preveía que habría un gran interés. Entre las invitadas a la licitación privada estaban las grandes petroleras internacionales y locales, pero también otras pequeñas que estaban tomando áreas por Argentina en aquellos años de desinversión generalizada en el sector. La compraventa de concesiones petroleras en Argentina había sido algo muy usual desde los años 90, pese a que el Estado podía frenarlas en caso de que el vendedor incumpliese con su obligación de invertir en ellas. Repsol planeaba hacerse de un buen dinero con sus 37 bloques para financiar la alicaída producción local, pero a los pocos días el ministro De Vido abortó la venta. «No vamos a permitir que se vendan áreas que no hayan sido debidamente explotadas. Si tienen una concesión y no invierten es porque no les interesa. Por lo tanto, esas áreas pasarán a manos de las provincias», advirtió el ministro de Planificación, que ya desde 2006 venía amenazando con revisar el cumplimiento de las inversiones prometidas por los concesionarios en todo el país. Claro que solo se quitaron áreas a la YPF de Repsol y los Eskenazi en los primeros meses de 2012 como método de presión antes de la expropiación.

El 4 de abril de 2007 continuaron los piquetes, pero en la ruta provincial 22, cerca del pueblo de Arroyito. Esta vez se manifestaba la combativa Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) en demanda de mejoras salariales. El entonces gobernador Sobisch, que quería candidatearse a Presidente aquel año, pese a pertenecer a un partido provincial, ordenó reprimir. El policía José Poblete disparó una granada de gas lacrimógeno contra la luneta de un Fiat 147 y abatió en la nuca al maestro Carlos Fuentealba, de 40 años, militante del Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS). Lo operaron dos veces, pero al día siguiente falleció. Todo el MPN se unió para evitar el juicio político de Sobisch. En las elecciones presidenciales de octubre, el gobernador de esta provincia petrolera logró solo el 1,5% de los votos, muy por detrás del 44,8% ganador de la fórmula que Cristina Kirchner compartía con el entonces radical K Julio Cobos. En 2014, Sobisch fue absuelto en un juicio por su presunta responsabilidad en el homicidio de Fuentealba. El policía Poblete fue el único condenado.

Cuatro meses antes de las presidenciales, Jorge Sapag derrotaba en los comicios a gobernador a Pechi Quiroga, que por aquellos tiempos también era radical K y que ahora es aliado de Macri. Ese mismo domingo de junio cuando Sapag festejaba, Kirchner lo llamó para felicitarlo. El gobernador electo, a diferencia de Sobisch, optó desde el primer día por cultivar una buena relación con el kirchnerismo y apoyarlo en el Congreso Nacional. También se apresuró a estrechar lazos con la industria petrolera internacional y por eso viajó en septiembre a buscar inversores en Canadá.

La de Sapag era esa típica gira con reuniones en hoteles de lujo con ejecutivos bien trajeados que someten a los gobernantes de países en desarrollo a un escrutinio más riguroso que el de los votantes. Son encuentros a solas, en los que se confiesa lo que en público sería inconfesable. Desayunos en los que se combinan salchichas y huevos revueltos, almuerzos y cenas de trabajo. Quien hasta entonces era vicegobernador de Sobisch se juntó con empresarios en Toronto, Vancouver y Calgary, donde expuso en un almuerzo del Club del Petróleo local ante 60 ejecutivos.

Al gobernador electo le preocupaban los magros ingresos con los que iba a contar en su administración y quería incentivar a que las petroleras rascaran la olla de los pozos convencionales. A menores recursos propios, mayor dependencia del gobierno nacional.

—En 2003, las regalías del gas y del petróleo representaban el 50% de los ingresos de Neuquén y en 2013, el 25%. En 2007 me encontré con la caída de la producción convencional, producto del envejecimiento de los yacimientos —cuenta Sapag en la Residencia de la Costa, que tiene huerta, invernadero, frutales, pinos y un parque bien regado.

En la antesala de un despacho hay un salón de paredes de madera, bien patagónico, con una foto del antiguo faro del cabo San Pablo, en Tierra del Fuego, donada por la petrolera Total.

—Cuando yo llegué a Calgary el crudo en la Argentina estaba en 40 dólares (en el mundo cotizaba a 76). El gas de la cuenca neuquina, en un promedio de 1,20 dólares (el de Bolivia se importaba a 5), y fuimos a presentar los yacimientos convencionales en declinación —recuerda Sapag.

El político del MPN confiesa que se hizo lo que él califica como «planteo existencial». Se preguntó a sí mismo: «¿Qué estoy haciendo acá en el Club del Petróleo de Calgary?, ¿buscando inversiones en qué?» En el auditorio había unos funcionarios del estado de Alberta, donde se encuentra esa ciudad canadiense. Uno de ellos se le acercó para darle consuelo.

—Nosotros hemos vivido la misma situación que Neuquén en la década del 80. Vivimos una situación en la cual nosotros éramos propietarios del recurso, pero el gobierno federal de Canadá decidía los precios. ¡Entonces no éramos dueños de nada!

Siguieron charlando y el funcionario de Alberta le contó la historia de George Mitchell y de las técnicas no convencionales que había comenzado a desarrollar en los años 80. Le relató que Mitchell había pasado de ser empresario mediano a multimillonario.

—¿Por qué no investiga bien esto del fracking? Quizás es allí, en horizontes geológicos más complejos, más profundos, donde usted puede tener una reversión histórica de la declinación de la producción del gas y del petróleo en Neuquén —le recomendó el funcionario de Canadá, que en los últimos años ha protagonizado su propia revolución petrolera, pero no la del crudo de esquisto sino la de arenas bituminosas o de alquitrán, que no es extraído por fracking sino por técnicas de la minería superficial a cielo abierto.

A Sapag se le hizo la luz. Pero se encontró con que las petroleras radicadas en Neuquén, como Repsol, apenas comenzaban a enterarse de aquella revolución del shale de la que las majors globales se habían quedado al margen en un principio. «Nos pusimos a hablar con las empresas que trabajaban en Neuquén y no desconocían la revolución del no convencional en Estados Unidos, pero no ingresaban a hacerlo en Argentina… y no ingresaban por los altos costos y la falta de conocimiento de la tecnología», recuerda el actual gobernador.

Antes de entregarle el mando a Sapag en diciembre de 2007, Sobisch se dedicó a lo largo del último año de su gestión a adjudicar de manera directa 18 de las 54 áreas hidrocarburíferas que hasta entonces permanecían sin operaciones. Sobisch adoptó el mismo modelo de Enarsa: así como Kirchner entregó todos los bloques de la jurisdicción nacional sin concesionar, que eran los marítimos, a esa empresa estatal y ésta a su vez se asociaba en ellos sin licitación alguna con determinadas petroleras, el entonces gobernador neuquino entregó los campos no concesionados de su provincia a la distribuidora pública de gas Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa), que tampoco llamaba a concurso para compartirlos.

Con la ley corta de hidrocarburos como amparo para que la provincia diera concesiones, Sobisch, a través de Hidenesa, entregó, siempre bajo compromisos de inversión que muchas veces se terminan incumpliendo, la mayoría accionaria de las 18 áreas a grandes empresas como Repsol —en una de ellas entró asociada con Ingeniería Sima, la del amigo de Ginóbili—, Petrobras, Total, Wintershall y Chevron, pero también pequeñas como Medanito, la canadiense Madalena o poco conocidas como Petrolera Piedra del Águila, que creó, justamente en 2007, un empresario estadounidense residente en Argentina, Douglas Albrecht, también presidente del poderoso grupo papelero Tapebicuá y su controlada Celulosa Argentina. Además entró entonces Andes Energía, de los empresarios de medios Daniel Vila y José Luis Manzano, ex ministro de Interior de Menem. En aquel tiempo nadie hablaba públicamente de Vaca Muerta y la prensa escribía que esas 18 áreas neuquinas ofrecían perspectivas modestas de producción, pues solo se referían a los pozos convencionales. Pero las petroleras sabían desde hacía décadas que existía esa formación de esquisto y estaban enteradas de que compañías medianas de Estados Unidos habían encontrado la fórmula para hacerla producir de manera rentable.

A partir de la ley corta, unas 11 provincias con petróleo o esperanzas de encontrarlo se lanzaron a una fiebre de licitaciones o adjudicaciones directas de 130 áreas entre 2006 y 2011. En esa ola se embarcaron desde las petroleras Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Salta, La Pampa y Río Negro hasta las ilusionadas San Juan, Córdoba, San Luis y La Rioja. Más de la mitad de esas concesiones para exploración fue a parar a petroleras con pocos o nulos antecedentes como la puntana Rovella Carranza; Petrolera Argentina, del neuquino Miguel Schvartzbaum; el grupo Vila-Manzano; Epsur y Misahar, de Lázaro Báez, cuya fortuna comenzó a la par del ascenso político de los Kirchner; Oil M&S, de Cristóbal López y Raiser, de los Moneta, entre otras. A ese cálculo arribó a partir de un estudio el consultor energético Gualter Chebli, de la firma Phoenix. Todas esas petroleras novatas operan en una o más áreas de exploración o explotación de la cuenca neuquina, que es algo más extensa que la formación Vaca Muerta y ofrece en casi toda su extensión opciones de producción no convencional. Muchas veces entraron en bloques que las grandes petroleras despreciaban por el agotamiento de las cuencas convencionales, porque advertían que otros empresarios aceitaban mejor sus contactos con los gobernadores o porque, como reconocen en el equipo de Kicillof, la política energética de De Vido, que por cierto era la deseada entonces por Néstor y Cristina Kirchner, desalentaba la inversión en Argentina.

YPF suma en la cuenca neuquina, entre las diversas provincias que la integran y entre permisos de exploración y concesiones de producción, dentro y fuera de Vaca Muerta, unos 34.506 kilómetros cuadrados donde es operadora de áreas en las que, como es habitual en el negocio petrolero, también participan otros accionistas. Son datos del IAPG de septiembre de 2014. Esa superficie incluye las áreas que YPF está explotando con Chevron. Este gigante norteamericano, además, es operador en otros 1.029 kilómetros cuadrados de la cuenca. Pluspetrol dispone en estas condiciones de 26.178 kilómetros. Energy Operations Argentina, de la poco conocida estadounidense Neos, controla 18.608. Americas Petrogas tiene 5.487; Petrobras, 3.901; Capex, de la norteamericana El Paso Energy, 3.800; Total, 3.385; Wintershall, 3.285, Tecpetrol, de Techint, 3.186, y Entre Lomas, controlada ahora por Pluspetrol y participada por Petrobras, 1.589.

También hay grandes jugadores con poco terreno pero justo encima de subsuelos muy fértiles: PAE, con 509 kilómetros cuadrados; Shell, con 495 y Exxon, con 401. Cristóbal López tiene 1.903; los Moneta, 844; el grupo Vila-Manzano, 710 y Báez, 167. Además hay otros jugadores con sus fichas puestas en el tablero de la cuenca neuquina: las ya mencionadas GyP, Roch, Piedra del Águila, Madalena e Ingeniería Sima, y también Compañía General de Combustibles (CGC), de Eurnekian, y Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, dueño también de la disribuidora eléctrica Edenor; Alianza, Petrolera del Comahue, Central International Corp., Petróleos Sudamericanos, Oilstone, GeoPark, Petrolera El Trébol, San Jorge Petroleum, Argenta, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Energial, Golden Oil, Cliveden y Petrolífera Petroleum.

Poner un pie sobre la tierra que está encima de Vaca Muerta y las otras formaciones no convencionales puede resultar un gran negocio. Para unos, porque planean fracturarlas y sacarles petróleo o gas. Para otros, porque las ven como un negocio inmobiliario en el que entraron poniendo poca plata y planean salir vendiendo caro sus acciones en áreas a petroleras que sí tengan el capital para explotarlas. La fortuna de unas y otras empresas depende del devenir de los precios de los hidrocarburos. Lo que hace un año podía parecer el premio máximo del Loto puede terminar convirtiéndose en saldos de liquidación.

Pero grande o rebajado, el negocio deviene polémico cuando se entregan áreas a petroleras sin experiencia ni capital, que prácticamente no invierten en exploración, y que acaban vendiendo en una operación de formidable rentabilidad, al estilo de los fondos buitre, a otras empresas que sí cuentan con conocimiento y dinero para hacer las inversiones prometidas al Estado. Más escandaloso es aún cuando los adjudicatarios son amigos de los gobernantes. Y todavía mayor es la perplejidad si se tiene en cuenta que todas esas transacciones son autorizadas por los gobiernos provinciales, que podrían exigir al permisionario del bloque que lo devolviese por falta de inversión. Pero en la Argentina de la ley corta de hidrocarburos esas oportunidades de plata fácil para los que tienen contactos se multiplicaron, como advirtió el fallecido Chebli, de Phoenix. En el Neuquén de la Vaca Muerta, la aparición de nuevos jugadores se aceleró durante el gobierno de Sapag.

El instrumento que crearon en 2008 Sapag y su entonces ministro de Energía, Guillermo Coco, para que Neuquén se apropiara de una mayor parte de la renta petrolera, impulsara una actividad en ese momento en decadencia, explorara y produjera áreas sin operadores e introdujera nuevos actores fue GyP. Al frente de la empresa nombraron a quien después se transformaría en uno de sus críticos, Rubén Etcheverry. «En 2007-2008, cuando entré al gobierno, me dan (la petrolera estatal neuquina) Hidenesa», contaba Coco al diario Río Negro en septiembre de 2014, 2 meses antes de tener que renunciar por un escándalo con un negocio inmobiliario de Petrolera Argentina, de Schvartzbaum, en el área La Amarga Chica. «Voy (a Hidenesa) y le faltaban los últimos tres estados (contables), tenía una previsión de juicio impresionante, estaba hecha pelota. Le dije al gobernador: ‘Tenemos 60, 70 áreas (a las 54 de tiempos de Sobisch se habían sumado otras cuyas concesiones se habían revertido). No sea cosa que nos embarguen. ¿Por qué no formamos una empresa? Esa fue GyP. Después tomamos la decisión de armar las primeras rondas (de licitación)… Íbamos y nos quedaban desiertas. Nadie aceptaba invertir en las áreas», recordaba Coco.

GyP adoptó un modelo similar al de Enarsa e Hidenesa en cuanto a quedarse con las áreas no concesionadas de su jurisdicción, pero se diferenció en el hecho de que en lugar de sellar adjudicaciones directas, que siempre son más sospechosas, optó por licitarlas. Un método en principio más transparente y eficiente en el que también se pueden colar los intereses más lesivos para el patrimonio público. Así es que en Neuquén algunas áreas terminaron en manos de empresas sin antecedentes en la exploración y producción petrolera. El subsecretario de Hidrocarburos neuquino, Gabriel López, el mismo que explicaba el fracking diciendo que «a la roca de abajo hay que hacerla mierda», defiende el criterio de selección de socios para GyP, de pie en el despacho de uno de sus asesores:

—Se podría haber puesto el requisito de que tuvieran experiencia. Pero el gobierno evaluó que no era necesario. Si ya tenemos los mecanismos para que no nos caguen como Estado, no hace falta. Hay cauciones que se fijan en los contratos de licitación como resguardo frente a la falta de inversiones (comprometidas en los permisos de exploración). Es verdad que son mínimas las inversiones que se les exigen, pero siempre las cumplen.

Por ejemplo, en un área licitada por GyP, La Ribera, la puntana Rovella Carranza había prometido poner 100.000 dólares.

En 2014, Galuccio emprendió una embestida contra las petroleras estatales provinciales porque se quedan con una participación de alrededor del 10% de las áreas, pero no invierten inicialmente en ellas sino que todo el esfuerzo, mayúsculo en el caso del fracking, corre por cuenta de sus socios. Las provincias se quedan así con una parte de la renta petrolera, el llamado carry, adicional a las regalías que también cobran. Claro que una vez que empieza a producir el yacimiento la petrolera provincial debe destinar la ganancia al repago de la inversión inicial de sus socios. Pero si no hay beneficio, no asume ningún costo. El presidente de YPF consideraba el carry un «peaje innecesario» que lo perjudicaba a la hora de buscar inversiones en áreas que compartía con GyP, pero no logró derogarlo, como él pretendía, en la nueva Ley Federal de Hidrocarburos que se aprobó en octubre de 2014 para dar nuevas ventajas a las petroleras. En este sentido prevaleció la postura de los gobernadores.

—Nos queremos apropiar de parte de la renta haciéndolo con Gas y Petróleo de Neuquén, que es socio de alrededor de 70 UTE de las 150 concesiones que tiene la provincia —reivindica Sapag.

En 2008 Repsol estaba ocupada en transferirles las primeras acciones a los Eskenazi, pero también en ver la forma de imitar en Argentina la revolución de los hidrocarburos no convencionales de Estados Unidos. Así como la tímida inversión inicial en el tight gas había ocurrido en 2006, 2 años después comenzó a elaborar estudios en el shale, es decir, en Vaca Muerta. Quien llevaba adelante el plan era su director de exploración y producción para Argentina, Bolivia y Brasil, que ahora dirige las operaciones en el gigante verdeamarelo: el ingeniero asturiano Tomás García Blanco. La YPF de Repsol y los Eskenazi fue adquiriendo áreas y ganando licitaciones entre 2008 y 2011, y así sumó a su cartera de activos casi un cuarto de los 12.000 kilómetros cuadrados que ahora la petrolera estatal tiene en Vaca Muerta (el 40% de toda la formación). Mientras tanto, la producción convencional de la empresa caía.

A García Blanco le elogian la inquietud por convertirse en pionero en Vaca Muerta. No es que la haya descubierto, pero sí advirtió a sus accionistas que allí había un gran negocio bajo tierra y los convenció de gastar en los primeros ensayos. Sus subordinados en YPF también lo recuerdan maltratador, característica que compartía con otros jefecillos españoles en filiales de sus empresas en Latinoamérica. Pero lo que más irrita a los actuales directivos de la petrolera argentina son los planes que tenía García Blanco y su mandamás Brufau para Vaca Muerta.

—Repsol pretendía lotear Vaca Muerta y venderla —recuerda un alto ejecutivo de YPF que trabaja en la torre de Puerto Madero, con vista al Río de la Plata e incluso a la costa uruguaya en los días más diáfanos.

En una España en crisis desde 2008, Repsol buscaba socios para explotarla.

—Todo lo que invirtió desde 2010 en Argentina fue ahí, porque la idea era delimitar la formación, y para eso hacía pozos exploratorios. Con eso valorizaba las reservas, y después planeaba vender de a una las áreas, o toda YPF, o sellar una UTE como la actual de YPF con Chevron. Después del éxito del shale en Estados Unidos, las petroleras comenzaron a probar suerte en otros países. Los españoles empezaron a mirar con atención Vaca Muerta, pero no creían que fuera viable su explotación. No estaban dispuestos a emprender grandes inversiones, carecían del dinero para hacerlas —cuenta el ejecutivo de la YPF renacionalizada—. Repsol sí trajo técnicos del exterior y los juntó con los argentinos para estudiar Vaca Muerta. Esas investigaciones habían avanzado para cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció la estatización. El gobierno heredó un buen departamento de upstream en YPF, que igual continúa contratando asesoría externa para explotar el shale.

«YPF había adquirido muchísimo dominio minero en ese yacimiento, ante lo cual el gobierno argentino decidió tomar ese valor», opinó García Blanco en mayo de 2012, un mes después de la expropiación, en una entrevista con el diario La Voz de Galicia. Repsol y García Blanco se enorgullecían de haber invertido 300 millones de dólares en Vaca Muerta hasta la expropiación de 2012. En noviembre de 2014, la YPF estatal informó que llevaba invertidos —contando el aporte de Chevron— 2.500 millones en la misma formación.

—Vaca Muerta tiene un potencial enorme de la mano de las nuevas explotaciones no convencionales —soltó el mánager de Madalena Energy para Argentina, el ingeniero neuquino Ruy Riavitz, en una presentación en 2008 ante funcionarios de su provincia.

—¿De qué hablan? —le preguntó entonces un geólogo del gobierno neuquino, Adolfo Giussano, quien quizá no había sido informado por Sapag de los hallazgos durante su viaje a Calgary.

Riavitz le explicó. No solo Repsol YPF se hacía ilusiones con Vaca Muerta. También las pequeñas petroleras canadienses que invierten sobre todo fuera de su país, como Americas Petrogas y Madalena, se frotaban las manos mirando hacia el extremo austral del continente. Esta última empresa empezó por buscar un nombre que no estuviera registrado en la Bolsa de Toronto, comenzó a cotizar allí y dio sus primeros pasos en 2006 con la apertura de oficinas en Argentina y Túnez, países seleccionados para sus inversiones. Al año siguiente consiguió que el gobierno de Sobisch le concediera tres áreas de Hidenesa: Curam Huele, sobre las formaciones Vaca Muerta y Agrio; Cortadera, en asociación con Apache; y Coirón Amargo, con la norteamericana Apco, que en 2014 vendió por 427 millones de dólares sus activos argentinos a Pluspetrol. En Coirón Amargo contrataron a Roch como operadora.

—En ese momento veníamos con la idea de ir a proyectos convencionales, aunque ya veíamos el potencial de Vaca Muerta —relata Riavitz, que trabaja en unas oficinas de Puerto Madero, a pocas cuadras de las de YPF.

Él se había formado en el ITBA, donde se cruzaba por los pasillos con Galuccio, y también había ingresado en la petrolera emblema de Argentina después de su privatización en 1993. Había vivido 3 años en Rincón de los Sauces, pero se terminó yendo a fundar la subsidiaria de Madalena en el país ante la «falta de oportunidades» que observaba en la empresa controlada por Repsol en aquel tiempo.

—Conseguimos tres áreas con compromisos de inversión determinados, que cumplimos con creces en todos los casos —se ataja Riavitz, que procura negar que lo suyo sea un negocio inmobiliario, quizá lo peor que se le pueda decir a un petrolero de pura cepa—. En Curam Huele prometimos 3,5 millones de dólares de inversión y pusimos 23 millones. En total en Vaca Muerta hicimos 15 pozos e invertimos casi 80 millones de dólares. Necesitamos socios para explotarla, pero no somos una inmobliaria. Manzano y Lázaro Báez son inmobiliarias. Nosotros tampoco usamos contactos políticos para hacernos de los bloques.

Riavitz es el country mánager de Madalena, que en todo el mundo emplea a 90 personas. En 2010, la firma vendió todos sus activos en Túnez para concentrarse en Argentina. Pero 2 años después ocurrió la nacionalización de YPF y Cristina Kirchner firmó el decreto 1.277 por el que la Nación elevaba las regulaciones al sector hidrocarburífero, en detrimento del poder de las petroleras y las provincias. Entonces los patrones de Riavitz optaron por reducir el llamado «riesgo argentino» y, sin desinvertir por estos pagos, apostaron los siguientes desembolsos a áreas en Canadá. Sin embargo, en 2014 la avaricia le ganó al miedo y los accionistas decidieron comprar Gran Tierra, otra empresa canadiense que operaba en Argentina, con 11 concesiones en Salta, Río Negro y Neuquén.

—De esas áreas, casi todo es convencional. Lo bueno es que con eso sumamos el cash flow (flujo de caja) necesario para invertir en shale y tight —se explaya en su luminoso despacho—. El recurso en Vaca Muerta es importante, eso es innegable. La pregunta es si vamos a ser capaces como país de sacarlo.

Su pesimismo es más bien técnico, aunque también observa otros obstáculos. Uno es la escala:

—En Estados Unidos y Canadá se trabaja como si hubiera una fábrica de pozos, uno atrás del otro.

Uno adicional es, según él, el poder sindical:

—Un operario argentino trabaja menos y cobra más que uno canadiense.

Lo del salario es relativo: en Texas se gana más que en Neuquén, pese a la anomia gremial. Tercer motivo: la dificultad que empresas como Madalena encuentran para hallar socios que se sumen a sus áreas.

—Todo lo que esté en Argentina es considerado un activo tóxico en los mercados internacionales. Y nada que haga el gobierno va a cambiar esa situación. Hasta que no haya otra administración, nada va a cambiar.

En varios sectores económicos tienen esperanza también en un cambio político el 10 de diciembre de 2015, aunque no está claro que los empresarios vayan a agolparse entonces para apostar el capital que mantienen fuera del país.

Con el argumento de ofrecer un horizonte más extenso para la inversión a largo plazo que requieren los hidrocarburos, Jorge Sapag impulsó durante su primer año de gobierno (2008) una ley, la 2.615, por la que se prorrogaron de forma anticipada todas las concesiones petroleras vigentes hasta ese momento en Neuquén, excluida la de Loma La Lata, que ya en 2000 se había extendido hasta 2027. Las demás áreas vencían a mediados de la década de 2010 y se prolongaron hasta la mitad de 2020. Poco se escucharon las críticas por los beneficios que supuso a empresas que en general reducían sus niveles de inversión, producción y reservas. La norma fue la que creó el extracanon para las petroleras.

—Las concesiones vencían en su mayoría en 2017 y entonces era muy difícil que se hicieran inversiones no recuperables en tan corto plazo —recuerda Sapag el contexto de aquella ley de 2008—. La norma se aprobó en la Legislatura con 27 de los 35 votos. Los diputados de los distintos bloques eran conscientes de la situación que estaba viviendo Neuquén de declinación de reservas, producción y, por lo tanto, de regalías, de la impotencia del Estado para hacer frente a sus obligaciones en salud, gas, educación y desarrollo de la economía.

A cambio de la prórroga, petroleras como YPF, Petrobras, PAE, Apache o Capex pagaron en total un bono inicial de 450 millones de dólares y un canon extraanual de 100 millones, de los cuales el 15% fue a los municipios.

La ley 2.615 también estableció que las empresas beneficiadas por la prórroga debían reconocer en una declaración jurada los «espacios ambientales afectados», según explica el secretario de Ambiente neuquino, Ricardo Esquivel, que llega tarde a la cita con sus entrevistadores, pero cargado de bolsas con botellas de Coca-Cola y Sprite y varias docenas de sándwiches de miga para ofrecerles. En otro de los modernos edificios vidriados de la administración pública neuquina, vacíos por la tarde después de una jornada laboral que se extiende de 8 a 13, Esquivel acomoda su campera azul en la silla y explica que «se establecieron un inventario de la superficie afectada y un cronograma de inversiones y trabajos para remediarla a lo largo del tiempo». Las tareas de reparación comenzaron entre 2009 y 2010 según el área, cuenta el funcionario formado como técnico químico.

Las petroleras admitieron en sus declaraciones juradas que habían empetrolado hasta 2008 unos 250.000 metros cúbicos de suelos en Neuquén. Es decir, el equivalente al volumen de pasto de 350 canchas de fútbol como La Bombonera. Pero Esquivel se jacta de que, cuando comenzó la remediación, su Secretaría descubrió que eran aún más. En 2013, Neuquén informó que se habían reparado más de 450.000 metros cúbicos de suelos, lo que equivalía al 40% de los daños detectados. Es decir, se habían limpiado unas 630 canchas de Boca, pero aún faltaban por descontaminar otras 945. Las cifras no convencen a la diputada provincial Beatriz Kreitman, de la CC:

—Neuquén vivió del petróleo convencional, pero también fue agredido por él. Tenemos pasivos ambientales enormes, listados en las renegociaciones de concesiones, pero que ahora no los remedia nadie. Hay ductos que se revientan y van los líquidos al río Colorado.

Kreitman es quizá la más ecologista de los diputados neuquinos. Una asesora suya integra la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA), que es uno de los dos colectivos que por estas tierras se oponen al fracking. El otro, más numeroso y plural, es la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén. En cambio, Esquivel, el secretario de Ambiente, lleva una vida ligada al mundo energético. Este rionegrino alto, con cara de abuelo bonachón que viste camisa de mangas cortas y pantalón bien subido sobre el apretado y voluminoso vientre, es oriundo de la pequeña ciudad petrolera de Catriel, de 17.000 habitantes. Trabajó en YPF entre 1976 y 1991, cuando se hicieron los masivos despidos y retiros voluntarios que dispuso Menem. Militante radical, pasó después al sector público rionegrino, fue elegido presidente del Concejo Deliberante de Catriel, diputado provincial y llegó a ser subsecretario de Minería e Hidrocaburos del gobierno de Miguel Saiz (2003-2011).

En diciembre de 2011, el radicalismo dejó de gobernar Río Negro después de 28 años en el poder, y Esquivel se mudó a Neuquén para asesorar a Sapag ante la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), en la que las provincias juntan fuerzas frente al poder del gobierno nacional. Después pasó a la Secretaría de Ambiente, donde también fue ascendiendo hasta el cargo actual. Conocía a Coco, el ex ministro de Energía de Sapag, porque estaba casado con una sobrina de su esposa.

—Me afilié al MPN y soy un firme militante —se define el ex radical, mientras suena la música funcional en unas oficinas en las que solo queda el personal de limpieza a eso de las 18.