Capítulo 1: El Valle de los Caídos antes de la Ley de la Memoria Histórica

A raíz de la muerte del anterior Jefe del Estado, empiezan a aparecer publicaciones que tratan sobre el Valle de los Caídos, valorándolo negativamente, en mayor o menor medida, hasta llegar a la distorsión de los hechos, en la mayoría de los casos.

Las razones que se esgrimen son el coste de las obras, la intencionalidad de Franco al construirlo, —negándole el carácter de monumento de todos los caídos en la Guerra Civil—, y sobre todo, el haber utilizado a trabajadores penados del bando republicano, que son presentados como los esclavos del Dictador, explotados sin piedad durante la construcción.

Estos autores empiezan por atacar el mismo sistema de la Redención de Penas por el trabajo como un invento hipócrita del propio Franco que lo habría presentado como un medio de favorecer a los presos, —acortando sus condenas y ofreciéndoles la posibilidad de percibir un salario—, cuando realmente solo trataba de utilizarlos como mano de obra barata para las grandes construcciones del Régimen, favorecer a determinados empresarios, o, incluso, lavar su imagen, presentándose como gobernante misericordioso, coherente con la inspiración cristiana que impregnó todo el franquismo.

La visión del Valle se va haciendo más oscura y sesgada durante los últimos años, creando la mayoría de autores, una imagen que bien podría justificar su inclusión en la LMH, como símbolo de un régimen condenado sin matices ni paliativos, y tumba de su creador, presentado como un dictador implacable, al que no se reconocen mérito ni logro alguno.

1. Los testimonios de los reclusos: los libros de Sueiro y Miguel Rodríguez

1. Los testimonios de los reclusos: los libros de Sueiro y Miguel Rodríguez

Se publica en primer lugar La verdadera historia del Valle de los Caídos^[19] del escritor y periodista Daniel Sueiro quién no era en absoluto afín al franquismo como se ve desde las primeras páginas del libro, donde habla de Franco como aniquilador del bando enemigo, y sostiene que, al construir el Valle, lo que buscaba realmente era: … tener su propia pirámide en el puro sentido faraónico de tumba y desafío a la posteridad y habla de esta idea como su secreta obsesión^[20].

Sin embargo, su obra, tiene el valor extraordinario de incluir el testimonio de varios penados, —entrevistados por el autor en 1976—, que habían trabajado en la construcción del Monumento Nacional a los Caídos, y proporcionan un relato de primera mano sobre la vida de los obreros allí.

No reflejan, ni mucho menos, una realidad idílica de Cuelgamuros, pero sí muy alejada de la que luego se ha querido mostrar.

Por esos testimonios se ha citado su obra hasta la actualidad en casi todo lo publicado sobre la construcción del Monumento, convirtiéndola en referencia obligada, ya que ningún otro autor ha conseguido reunir tal cantidad de testimonios directos de los reclusos, así como del arquitecto director de las obras, y del primer Abad.

Cuando fueron entrevistados, aquellos antiguos penados, eran hombres mayores pero tenían, aún, la memoria firme, por lo que proporcionan detalles de todo tipo, con algún posible error en las fechas.

El ambiente social, meses después de la muerte de Franco, no le era adverso, en general, ni mucho menos, y todavía no había llegado a ser, como lo será más tarde, «políticamente correcto», atacar al franquismo. Todo el libro es, desde luego, una crítica del Régimen, pero en un tono mucho menor que el empleado años después. Lo que contaron aquellos antiguos penados, desapasionadamente, más sirve para desmontar las interpretaciones adversas que para apoyarlas. Aunque no era esa, seguramente, la intención del autor del libro.

Los relatos de aquellos hombres, en definitiva, confieren a la obra de Sueiro una cierta objetividad que, brilla por su ausencia en la mayor parte de las publicaciones posteriores.

Entre estos antiguos penados, que dieron sus testimonios entonces, figuran tres que llegaron a ser funcionarios, y muy respetados, por cierto, en el Valle durante décadas:

Don Ángel Lausín, médico del hospital del Valle de los Caídos, don Luis Orejas, practicante en el mismo hospital, y don Gonzalo de Córdoba, maestro de la escuela que allí funcionó durante todo el tiempo de duración de las obras.

De los tres conserva el Archivo del Palacio Real de Madrid abundante documentación.

Entrevistó también Daniel Sueiro a otro penado, don Alejandro Sánchez Cabezudo, que había sido:

Teniente Coronel, con mando de General de División, en el ejército republicano, excondenado a muerte y escribiente [sic].

Don Alejandro Sánchez Cabezudo, ha dejado, en su testimonio una anécdota, divertida y reveladora, refiriéndose a la visita de unos reporteros americanos:

Aún no habían terminado las obras y ya comenzaba la manipulación —bien tosca en este caso— de lo que sucedía en Cuelgamuros. Entonces (1950) se llevaba a cabo en el extranjero, pero ya anunciaba lo que podría ocurrir, y ocurrió, en España a la muerte de Franco.

Otro antiguo recluso que trabajó en el Valle, Miguel Rodríguez, edita, en 1979, sus memorias con el título de El último preso del Valle de los Caídos, muy citado por Isaías Lafuente y Fernando Olmeda en sus monografías sobre el tema.

Ocurre con este libro lo mismo que con el de Sueiro: aunque los que fueron allí trabajadores penados, no siempre guardan buen recuerdo de su paso por Cuelgamuros, sus testimonios revelan una realidad muy diferente a la que la leyenda negra ha logrado imponer en la mayor parte de la opinión pública.

A los difusores de dicha leyenda lo cierto es que no les convendría divulgar esos testimonios que son, en realidad, alegatos contra ella. Más o menos contundentes, pero alegatos favorables, al fin y al cabo, a la imagen de lo que fue, realmente, la redención de penas en el Valle de los Caídos. Todos los reclusos reconocen haber solicitado su traslado a los destacamentos penales que funcionaron en Cuelgamuros, explicando, además, las razones personales que les llevaron a hacerlo. Todos coinciden, también, en afirmar que su situación al llegar allí mejoró considerablemente, y, a veces, hacen afirmaciones tan irrefutables como la que Jesús Cantelar confió a Sueiro:

Trabajando seis u ocho años en el Valle, sabías que tenías la libertad asegurada^[22].

¡Y se estaba refiriendo a condenas de veinte y treinta años! De los antiguos reclusos que hablaron con Sueiro, en 1976, el que guardaba, aparentemente, mejor recuerdo, era el practicante, don Luis Orejas, y el que peor, don Eduardo Sáez de Aranaz, Coronel de Infantería del ejército republicano, excondenado a muerte y almacenero en Cuelgamuros. Pero incluso él reconoce no haber recibido allí un mal trato.

Ya veremos que en el extremo opuesto se encuentra Tario Rubio, entrevistado muchos años después por José María Calleja, autor de un libro sobre el Valle, publicado en 2009, que reseñamos más adelante^[23]. En su testimonio, denuncia distintas atrocidades presenciadas o vividas por él en Cuelgamuros, por emplear la única palabra con la que se refiere a aquel lugar, que se niega a llamar Valle de los Caídos.

De igual manera, se expresa, en el mismo libro, otro de los reclusos que pasaron por allí; el historiador don Nicolás Sánchez-Albornoz, cuya sonada fuga (llevada al cine mucho después), relata Sueiro. Antes de llegar ahí, a don Nicolás, volveremos a citarle en este capítulo a causa de una publicación suya sobre su breve estancia en el Valle.

Pero para llegar a leer estas condenas, sobre el Valle y la redención de penas, entreveradas de insultos a Franco, habrá que esperar al siguiente siglo. Los primeros testimonios de los que allí trabajaron, son, desde luego, muy diferentes, y no caían, ni de lejos, en el tremendismo literario que iremos viendo.

En 1982 aparece, todavía, una obra muy distinta a todo lo que estaba por llegar: se trata de un libro de gran formato, El Valle de los Caídos. Idea Proyecto y Construcción^[24], en el que Diego Méndez, arquitecto director de las obras del monumento desde 1950, relata toda su labor allí. Incluye un buen número de planos y fotografías, que sirven de apoyo a su obra, en la que explica todos los detalles de la impresionante construcción, tanto en su exterior como en su interior; la arquitectura y la escultura, allí representadas, como exponente de una época, son las auténticas protagonistas de esta publicación, imprescindible para conocer el monumento bajo todos sus aspectos.

Incluye legislación, descripción e historia de la finca de Cuelgamuros, y testimonios personales de su relación con Franco, como la solicitud que hizo el autor, de palabra, al entonces Jefe del Estado, a fin de que concediera la libertad a los últimos penados que aún trabajaban en el Valle de los Caídos.

Reduce Méndez, el número de penados, así como su participación en las obras, datos nacidos de una leyenda al respecto, que ya entonces denunciaba. Pero reconoce su importante papel en las tareas más arriesgadas:

Como quien conocía la historia del Valle de primera mano, don Diego Méndez, traza en este párrafo, un resumen certero de la misma: es cierto que los penados, aunque no solo ellos, asumieron tareas peligrosas, y que, casi en su «totalidad» continuaron trabajando en el Valle hasta el fin de las obras (y después de acabadas, en algunos casos también), y que, por último, algunos pasaron a trabajar para la Fundación. Lo sabía él muy bien, porque a su recomendación debían algunos el haber conseguido esos empleos. Diego Méndez fue considerado el gran benefactor de los trabajadores, libres y penados, e iremos constatando la veracidad de lo que afirma en las líneas que acabamos de citar.

El historiador, académico, y presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos, Luis Suárez, publica en 1997, su obra Franco; crónica de un tiempo^[26], donde explica la posición del Generalísimo ante el problema que representaba la población reclusa en España y la solución que previó y puso en práctica entre 1939 y 1945:

Brillante análisis que, quince años después de su publicación, cobra una vigencia especial. De la incorporación a la vida española, sin trabas, de los vencidos y sus descendientes, veremos ejemplos concretos, al hablar de antiguos penados que redimieron penas en el Valle.

2. La campaña política contra el Valle y su radicalización progresiva

2. La campaña política contra el Valle y su radicalización progresiva

Durante casi dos décadas, después de las primeras —y escasas— publicaciones, apenas se vuelve a hablar del Valle. Tan solo algún artículo como el que acabamos de comentar. Durante ese tiempo se alcanza, en España, la normalidad democrática. El PSOE gobierna durante dos legislaturas y, a finales de los noventa, muchos jóvenes españoles tienen de Franco y del franquismo una idea muy vaga, cuando no lo desconocen por completo.

El Valle de los Caídos languidece lentamente. Veremos como llega a perder, por falta de subvención oficial, uno de sus fines fundacionales, y se van cerrando dependencias: el Centro de Estudios Sociales, sobre todo, pero también la cafetería y el funicular, sin que se acometan obras de reparación ni, apenas, de mantenimiento, más allá de lo imprescindible.

Y, sin embargo durante todos esos años sigue recibiendo la llegada masiva de turistas, como vino sucediendo hasta su reciente clausura. Fuera de las horas de visita, en el Valle no hay otra actividad que la de la comunidad benedictina y la escolanía que depende de ella.

Excepto los días 20 de Noviembre, cuando se celebraban los funerales por Franco y José Antonio con la asistencia de grupos, sobre todo, de falangistas, algo que la LMH ha prohibido, a pesar de que el homenaje que allí se rendía al anterior Jefe del Estado, quedaba circunscrito a la Basílica y sus accesos, sin ninguna repercusión mediática.

Pero al acercarse el final de la década, y del siglo, se abre un sorprendente proceso al Valle. La controversia, surgida de repente, se radicaliza paulatinamente. Escritores, periodistas e historiadores publican libros y artículos en los que ya se toma partido abiertamente.

Porque, como veremos, tampoco le han faltado defensores al Valle durante estos años.

Pero hay que decir que la opinión adversa, con el paso del tiempo, se hace más radical en su condena global contra todo lo que el Valle puede simbolizar, llegando a practicar, algunos autores, una demagogia que desemboca, recientemente, en autentica violencia verbal, dirigida, generalmente, contra dos polos de atención, conectados en la argumentación de sus autores, por el sistema de redención de penas: la Iglesia y Francisco Franco.

En 1999, el mismo año en que la Basílica del Valle sufre un atentado terrorista, la revista Historia y Comunicación Social publica un artículo de Mirta Núñez Díaz-Balart, de la Universidad Complutense, titulado Propaganda oficial para adornar el mundo carcelario en la posguerra^[27], donde sostiene que la implantación del sistema de redención de penas tuvo una finalidad propagandística:

La creación de una institución bajo el nombre de Patronato Central de Redención de las Penas por el Trabajo en Plena Guerra Civil —Orden de 7 de octubre de 1938 (B. O. E. de día 11)— buscaba presentar y difundir la cara más amable de la estructura carcelaria.

Cita su propia obra, Propaganda e información en las instituciones penitenciarias del primer franquismo: 1939-1945^[28], y sigue diciendo:

La obra de Redención de Penas por el Trabajo, instituida en plena guerra, va a constituir esa fachada magnánima que el régimen necesitaba. La propaganda oficial buscaba decolorar su imagen vengativa, en […] dos direcciones: hacia los ámbitos internacional y nacional. Concebida como una gracia del jefe del Estado estaba destinada a aquellos presos políticos «libres de responsabilidades en delitos de sangre» que podían desempeñar un trabajo miserablemente remunerado […]

Da por supuesto, en este párrafo, la imagen positiva que el sistema de Redención de Penas transmitía dentro y fuera de España, pero advierte, implícitamente, que es engañosa, y sigue citando la publicación de Horacio Roldán Barbero^[29], Historia de la Prisión en España, donde su autor afirma:

La finalidad básica de la Redención de Penas —nunca negada aunque sí difuminada por los teóricos del régimen— no pudo ser otra que la de despejar el colapso de penados, desdoro y estorbo de la administración penitenciaria.

No coincide plenamente con su tesis, pero queda claro que ambos autores condenan las motivaciones del Régimen al establecer el sistema de Redención de Penas, descartando, en cualquier caso, que se pudiese haber tenido en consideración, las ventajas que para el preso representaba. No explica por qué la finalidad del sistema no pudo ser otra que la de resolver el problema carcelario. El franquismo estaba ya estigmatizado y cualquier medida generosa con los vencidos quedaba descartada. Considera evidente la implicación de los ámbitos político y religioso durante el franquismo:

Comulgar con el catolicismo asentir con los principios del Movimiento […]. La Iglesia Católica desempeñaba en todo ello un papel crucial. El Patronato había nacido de la inspiración de un religioso y la jerarquía, encabezada por el cardenal primado, había puesto un amplio entramado de hombres y medios a su disposición. Su labor abría el camino a la propaganda del Estado con la que tenía una total sintonía […] No se desechaba ningún medio, ni había escrúpulos para utilizar la coacción, incluso camino de aquellas «capillas», que eran la antesala del pelotón de fusilamiento.

Es la misma visión que encontraremos en otros autores y que se esgrimirá contra la supervivencia del Valle como lugar de culto. Pero termina insistiendo en la impresión positiva —y favorable para el franquismo— que la aplicación de la Redención de Penas causaba en la sociedad:

La imagen de magnanimidad cristiana del Estado no era creíble para los familiares más directos de los presos pero, sin duda, facilitaba su asimilación por las masas.

Precisamente para combatir esa imagen, se publica en el año 2000 Los esclavos de Franco, del escritor y periodista Rafael Torres^[30], en plena sintonía con Mirta Núñez, autora, del prólogo, en el que ya lanza, varios de los tópicos utilizados contra el franquismo en esta última etapa: el primero, el de «cientos de miles de presos que atestaban las cárceles»; multiplicando la cifra real de presos en la España de posguerra, de forma exponencial —nunca hubo cientos de miles, porque no llegaron ni de lejos a los 200 000— como irán haciendo, a partir de entonces cada vez más, todos los autores que han contribuido a tejer la leyenda, citándose unos a otros como veremos.

Pero con mayor desconocimiento afirma, al hablar del trabajo de los presos que fue utilizado en beneficio del Estado «dedicando parte de ellos a los trabajos forzosos que se establecerían allí donde los “libres” no querían o no podían ir^[31]». Con notorio desprecio de la verdad, procede a deformar la esencia misma de la Redención de Penas, porque no eran «forzosos» los trabajadores penados que fueron a Cuelgamuros, y allí, además se encontrarían a su llegada con trabajadores libres (sin comillas) que quisieron y pudieron ir sin mayor problema.

Presenta ya Núñez el esquema que se hará habitual, de presentar a la Iglesia como «cómplice necesario» del Régimen en su «monstruosa» labor penitenciaria, cuando dice:

El adoctrinamiento forzoso conllevaba sanciones añadidas: si no se cantaban los himnos, si no se acudía a misa —obligatoria en los primeros tiempos—, si se blasfemaba. Las coacciones y arbitrariedades eran tantas que solo fuertes convicciones morales y políticas en el preso impedían que se convirtiera en un guiñapo^[32].

Junto a la denuncia contra la Iglesia, ya se apunta el rechazo hacia los reclusos redactores del periódico Redención, mucho peores que «guiñapos» para Rafael Torres, que resume su visión sobre el Valle de los Caídos en la cita que Mirta Núñez incluye en este prólogo, calificándolo como «sarcófago de sus compatriotas».

Todo el libro tiene como finalidad deformar la imagen de la Redención de Penas convirtiéndolo en un sistema esclavista, inventado y puesto en funcionamiento por un «cura despiadado», para lo que va repasando todos los aspectos relativos a esta figura jurídica sin ver en ella nada mas que lucro del estado y explotación de los presos además de su implacable adoctrinamiento. Compendio de todos los tópicos de la leyenda que ya tomaba cuerpo, cada vez en un sentido más sesgado. Por lo mismo, cae en un buen número de contradicciones que iremos destacando al hablar de la Redención de Penas en general y del Valle de los Caídos en particular.

Desde una visión diferente, aunque también muy negativa sobre el Valle, César Vidal publica, el 22 de octubre de 2000, en Ideas, un artículo en el que dice, a propósito de la Redención de Penas en el Valle de los Caídos:

Como señalaría el padre José María López Riocerezo, «la obra de redención de penas por el trabajo es el mejor exponente del espíritu en que se inspiró la Cruzada española». Mientras las condenas a muerte se pronunciaban a millares sobre los vencidos, no pocos contemplaron el trabajo en aquel faraónico monumento como una tabla de salvación.

Habría que aclarar en qué sentido se refiere a la tabla de salvación que veían en el trabajo en el Valle los vencidos. Es de suponer que se refería a los presos que, de aquel modo, podían salir de prisión y acceder a los beneficios del sistema, ya que, por supuesto, ninguno de ellos iba a librarse, por este procedimiento, de una hipotética pena de muerte.

A principios de 2002, La Vanguardia publica un artículo de Josep María Soria donde trata sobre la situación de los trabajadores penados durante el franquismo, calificándolos de esclavos —el mito se va afianzando— y, nuevamente, condena el sistema de redención de penas:

Esos «esclavos» de Alemania y Austria son, sin duda, los presos del nazismo, condenados a trabajos forzados, y cuyas condiciones de vida, han horrorizado a la humanidad, desde el final de la II Guerra Mundial. ¡Son las víctimas del Holocausto! Relacionarlos con los que se acogían a la redención de penas, en España, solo puede ser producto de la ignorancia o del deseo de crear confusión en este tema.

Le atribuye además a Sueiro, otro de los mitos más repetidos sobre el Valle de los Caídos: la cifra de 20 000 presos políticos trabajando en las obras:

El novelista gallego Daniel Sueiro publicó, en 1976, un documentado libro sobre el trabajo de 20 000 presos políticos en el Valle de los Caídos […]^[34]

La manipulación —o la ligereza— del señor Soria es, en este punto, escandalosa. Daniel Sueiro, en su libro da la cifra de 600 penados, menos de la trigésima parte de los que Soria le atribuye:

A finales de 1943 estaban trabajando en Cuelgamuros unos seiscientos penados […]^[35]

La famosa cifra de los 20 000 presos del Valle empezaba a tomar cuerpo, ya vemos con qué base. Otro de los mitos recurrentes sobre el tema aparece en la misma cita; la de los presos políticos. Pero esto habría que matizarlo: el concepto de preso político no puede aplicarse a la inmensa mayoría de los que pasaron por los destacamentos de penados de Cuelgamuros. Un alto porcentaje tenía delitos de sangre que están recogidos en la Causa General. Algo muy distinto del concepto, en sentido estricto, de presos políticos, aunque el término se utilice, incluso por los defensores de la redención de penas, en un sentido amplio.

En 2003 aparece el libro de Isaías Lafuente; Esclavos por la patria^[36] cuyo título anuncia el tratamiento que del tema de la Redención de Penas hace el autor. Aporta, entre otra documentación, citas del periódico Redención, redactado por reclusos, y editado por el Patronato de Redención de Penas. El de Lafuente, aparte de su carga ideológica, es uno de los estudios más detallados sobre la Redención de Penas en el Valle de los Caídos, sistema que valora muy negativamente para, seguidamente, utilizarlo contra el Régimen.

Ya en el prólogo, dice Luis del Val:

Miles de españoles fueron tratados como carne de trabajo a cambio de una miseria. Primero se les privó de la libertad y, después, se les obligó a trabajar, aunque el perverso sistema convirtiera el procedimiento en voluntario. Se les humilló y se les explotó […] Muchos salieron, al cabo de los años, desengañados, doblemente derrotados y maltrechos material y espiritualmente. Otros no salieron. Murieron allí víctimas del esfuerzo, de la mala alimentación, del hacinamiento o de las enfermedades que en la falta de higiene tenían su caldo de cultivo^[37].

Es ya una visión siniestra del trabajo en el Valle y de la misma redención de penas, sistema al que, abiertamente, califica de perverso. Pero será superada por publicaciones posteriores.

Cabe matizar que no fueron privados de la libertad; eran ya presos cuando se les ofrece la oportunidad de acogerse al sistema que les llevó al Valle.

No fueron detenidos para ser trasladados allí como se hacía con los judíos de la Alemania nazi, en la que parece inspirarse el autor de este prologo, y si se les obligó a trabajar, es porque en el trabajo, precisamente, se basaba la Redención de Penas. El sistema no convirtió el procedimiento en voluntario; lo era no solamente en teoría, sino que lo fue en la práctica como sabemos.

Por último si muchos salieron maltrechos material y espiritualmente, no es esa la impresión que trasmite la documentación examinada, en la que hemos encontrado expedientes de presos —extractados en este trabajo— que, por el contrario, pudieron incorporarse a la vida normal muchos años antes de lo que hubieran podido hacerlo de haber permanecido en las cárceles, y no maltrechos ni mucho menos.

Los veremos, también, en el capítulo correspondiente, con cierto detenimiento.

El caso del practicante del hospital del Valle, don Luis Orejas, que sacó adelante una familia numerosa trabajando allí, no es único aunque sea de los más conocidos. Le dedicamos amplio espacio en la parte III de este trabajo, como a sus también conocidos, compañeros de prisión.

Lafuente cita a Sueiro aunque no siempre indique el origen de la cita, como al incluir literalmente el testimonio del penado Teodoro García Cañas —que yo cito en este trabajo— recogiendo solamente la parte más humillante del relato: el momento en que don Juan Banús le selecciona, en la prisión de Ocaña, después de mirarle la boca y tantearle los músculos^[38].

Sí admite, a pesar de todo, que la vida de los penados fue más llevadera en el Valle que en otros destacamentos más parecidos a campos de concentración, y que la presencia de las familias les hizo la condena más llevadera a muchos presos republicanos, como Gregorio Peces-Barba, que pudo llevar allí a su mujer y a su hijo, el que sería rector de la universidad Carlos III. El caso de Peces-Barba es otro de los más conocidos, y citados, por la mayoría de autores. Lo veremos más adelante.

En cuanto al número de penados que trabajaron en Cuelgamuros, Lafuente recoge cifras aproximadas a las reales y desmiente el bulo que venía repitiéndose de los 20 000:

Ese primer envío de mano de obra penada que llega a la sierra del Guadarrama en la primavera de 1943, es de unos 400 hombres. La cifra de presos que trabajan en las obras de Cuelgamuros oscila, durante los ocho años en que se mantiene, en torno a esa media: entre 400 y 500 hombres. Pero el número total de presos políticos que trabajan para construir la tumba del dictador no se conoce con exactitud. Algunos autores hablan de 20 000 presos, cifra que se ha repetido después como simbólica letanía, seguramente exagerada […]. Con una media de hombres entre 400 y 500, […] y teniendo en cuenta que la renovación de presos era continua, debido a los sucesivos indultos, seguramente habría que hablar de una cifra sensiblemente menor: en torno a los seis mil o siete mil^[39].

Aunque opuesto al franquismo y a su sistema penitenciario, el autor reconoce, en este párrafo, que el número de trabajadores penados, en el Valle, ha sido objeto de una manipulación sistemática, aunque las que señala como aproximadas, disten mucho, también, de la realidad.

Cifras más fiables y muy aproximadas son las que ha publicado, recientemente, Juan Blanco, como veremos al comentar su libro. Es cierto que la renovación era continua, pero no solo a causa de los indultos, sino, en buena medida, de la redención de penas.

También en 2003, se presenta la obra más ambiciosa sobre las prisiones del franquismo, titulada Una inmensa prisión^[40], editada por C. Molinero^[41], M. Sala y J. Sobrequés, producto de la colaboración entre varios autores a raíz del encuentro celebrado en Barcelona, en octubre de 2002.

El subtítulo, Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, anuncia su contenido; la inmensa prisión, claro está, era España. En la Primera Parte se incluye una comunicación del historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, sobre el Valle de los Caídos, donde el autor fue recluso, durante unos meses, hasta su fuga, de la que ya hablamos, al citar el libro de José María Calleja, y nos volveremos a ocupar.

Se asombra don Nicolás, de que en la tienda que Patrimonio Nacional tenía en el Valle, no estuvieran a la venta libros como los de Sueiro o Isaías Lafuente, ni siquiera el video de la película de Fernando Colomo «sobre una sonada fuga del lugar». Se refiere, naturalmente, a la suya, interpretada libremente por Colomo en Los años bárbaros. Se asombra, en definitiva, de que allí no se pueda encontrar la huella de su paso por Cuelgamuros.

A pesar de la facilidad con que salió de allí, y el poco tiempo que permaneció en el lugar, más de medio siglo después, mantiene intacto su rencor; no volverá allí hasta que:

… se habilite un urinario sobre la tumba del Caudillo para que pueda aliviar mi próstata^[42].

Sigue diciendo que no hará grandes relatos de lo que allí vivió, en el reducido espacio de tiempo que estuvo trabajando en las obras del Monasterio. Lo explicará al modo de un historiador “funcionalista”, pero termina sentenciando sobre Franco y el Valle:

Sus restos [los de Franco] permanecen sepultados a gusto en un monumento de saña y de corrupción^[43].

A finales de ese mismo año se inaugura en el Museu d’Historia de Catalunya, de Barcelona, la exposición Las prisiones de Franco sobre el mismo tema que el libro que le servía de inspiración y soporte. El cartel anunciador de la exposición, portada también del catálogo, merece ser objeto de reflexión: sobre una sábana, yace un hombre desnudo y sondado. Su abdomen aparece cubierto por grandes manchas, de distinta intensidad, originadas, según los organizadores, por las torturas de que había sido objeto durante su detención. Sobre sus genitales, un letrero rectangular anuncia la exposición. Cuando se llega a extremos como este, dejando a un lado la extravagancia y mal gusto que representan, hay que preguntarse por los objetivos de quienes promueven el proyecto o colaboran en él. No era, además, una imagen oportuna si se lo que se buscaba era reflejar la situación de las prisiones, ya que, al parecer, aquel hombre había sido detenido y torturado por la Guardia Civil, y no en alguna prisión del franquismo.

Este hombre de la fotografía es, al parecer, Francisco Téllez, militante del PSUC, detenido por la Guardia Civil, durante una manifestación en Badalona, poco después de la muerte de Franco, —algo tarde ya para referirse a las cárceles del franquismo— y su imagen, herida y torturada, es el exponente del tono que se quiso dar a la exposición. Algo equiparable sería una exposición monográfica sobre la Causa General, con fotografías extraídas del gran archivo fotográfico que las autoridades de la República elaboraron, en los inicios de la guerra, con las imágenes, mucho más impactantes que la del cartel, de sus propias víctimas, asesinadas y desfiguradas por las torturas y los balazos.

No sería, en condiciones normales, una iniciativa recomendable, en absoluto, para mejorar, o mantener al menos, la convivencia entre españoles, pero podría justificarse si se tratara de clarificar nuestra historia común, cuya parte más oscura, desgraciadamente, también compartimos.

El Periódico publicaba un artículo de Salomé García, repitiendo dos de los mitos sobre el Valle que, como sabemos, eran ya legendarios; el de los 20 000 trabajadores y el de los trabajos forzados:

Se remonta al año 1977, pues, a las primeras elecciones democráticas, para lanzar, contra la Democracia, una grave acusación: la de imponer silencio a los vencidos sobre la supuesta verdad del Valle, la de «los horrores del franquismo». Empezaba a aparecer otro de los mitos, muy utilizado posteriormente, que más han contribuido a crear la supuesta demanda social posterior, en cuanto a las reclamaciones de las víctimas de la Dictadura: el de la supuesta complicidad de los hombres que hicieron la Transición desde el franquismo, convertidos en cómplices del Régimen contra las víctimas republicanas.

No son, o no quieren ser, conscientes de que, en la misma medida, las víctimas de la represión del otro bando, eran olvidadas, o ya lo habían sido, décadas atrás. No había otra manera de instaurar una democracia en España. Cuestionando a los protagonistas de nuestra historia reciente, se cuestiona también, de manera más o menos consciente, la misma Democracia. Volveremos sobre ello, al llegar a las conclusiones definitivas.

También en 2005, la revista Pasado y Memoria, publica, en su número 4, dentro de los proyectos de investigación financiados por la Junta de Extremadura, un artículo de Julián Chaves Palacios, titulado Franquismo: prisiones y prisioneros en el que analiza la situación penitenciaria en la Extremadura de posguerra. Explica como se llevaron allí a cabo las detenciones masivas de republicanos, y los criterios de clasificación que se siguieron al efecto. Así, los acusados de delitos contra personas y bienes, tales como asesinatos, detenciones, saqueos, quema de imágenes; o que hubieran ostentado cargos políticos o sindicales […] seguirían en prisión a disposición del Ilmo. Sr. Auditor. Sin embargo los

individuos que pertenecieron a partidos del Frente Popular o Casas del Pueblo sin cargos ni destaque seguirán en libertad pero con cierta vigilancia […]^[45]

Los del segundo grupo hubieran sido auténticos «presos políticos», que, según se ha publicado tan repetidamente, tendrían que haber sido, como mínimo, encarcelados a causa de la represión franquista. Para ellos, por el momento, se establecía solamente la prohibición de cambiar de residencia.

El dato, documentado, es importante a la hora de establecer las responsabilidades de los encarcelados por el franquismo. Al menos en Extremadura. En cuanto a la redención de penas, el autor del artículo interpreta el Decreto de 28 de Mayo de 1937 que lo establecía, como un intento, por parte del bando nacional, de hacer frente a los problemas de intendencia y dificultades materiales originadas por la masa de prisioneros de guerra que en 1937 eran ya 44 441, y llegarían a ser, en 1940, 210 219, según el autor.

Aunque lo cita, no comenta el párrafo del decreto donde se reconoce el derecho al trabajo de todos los españoles, incluidos los prisioneros y presos rojos. Cita también el Decreto de 9 de Junio de 1939, como origen de la libertad de los reclusos, cuando lo que dicho decreto establecía era la conexión entre redención de penas y libertad condicional, lo que supuso, como veremos, una importante reducción para miles de presos de sus condenas, pero no era el origen de su libertad definitiva, establecida ya por el decreto citado de 1937.

Reconoce que, por medio de ese decreto y demás disposiciones que regulaban la redención de penas, bastantes presos rebajaron sus condenas y obtuvieron la libertad condicional.

Veremos, en la parte II de esta tesis el número de presos que se beneficiaron del sistema. Fueron más que bastantes. Facilitamos al respecto, las cifras exactas, mes a mes, del año 1941, publicadas por la Memoria del Patronato Central para la Redención de Penas de 1 de Enero de 1942.

3. La protesta de la Fundación Nacional Francisco Franco y otras defensas del Valle de los Caídos

3. La protesta de la Fundación Nacional Francisco Franco y otras defensas del Valle de los Caídos

La Fundación Nacional Francisco Franco publica, en su boletín, de abril de 2005, un artículo-manifiesto titulado EN DEFENSA DE LA VERDAD que empieza diciendo:

Ante la campaña contra el Valle de los Caídos con la pretensión de convertirlo en un monumento laico, desatada desde sectores comunistas y que propugnan la ruptura de la unidad de España […] se hacen las puntualizaciones siguientes:

Siguen ocho párrafos que comienzan con la frase es falso:

Todo rigurosamente cierto, como veremos al examinar la legislación relativa a la redención de penas, así como los indultos que se fueron publicando recién terminada la guerra hasta llegar al Indulto Total de 1945. Niega a continuación los demás puntos de lo que constituye la leyenda negra del Valle: la dureza de las condiciones de vida y la muerte, durante las obras, de centenares, cuando no millares de presos políticos.

La extensión de la cita se justifica por tratarse del alegato más largo que, en defensa del Valle, se había publicado hasta la fecha, así como por la cantidad de puntualizaciones que se concentran en esta síntesis de lo que constituye el tema de este trabajo.

Es difícil rebatir el contenido de la exposición, excepción hecha del número de presos que pasaron por el Valle, objeto, durante décadas, de permanente discusión.

Era oportuno que se negara nuevamente, al menos, como se hace en el documento, la descabellada cifra de los 20 000 trabajadores que ya hemos comentado.

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, la dificultad de resumir en un texto como este, la legislación que reguló la redención de penas así, como sus efectos, en cuanto a reducción de las condenas se refiere, sobre la situación de los presos que se acogieron a este sistema.

Meses más tarde, publica Pío Moa, en La Ilustración Liberal un artículo sobre el Valle de los Caídos, con este titulo, donde denuncia una campaña desde el poder para justificar las medidas que pudieran tomarse contra el Monumento:

Denuncia, como vemos, la «connivencia por omisión» del Partido Popular, y la derecha en general, en la campaña que separatistas e izquierdistas han emprendido contra el Valle, y rebate los mitos que contra el Monumento se vienen utilizando desde hace años. Dice que el número de obreros no debió de pasar de 2000 […] con mayoría de libres.

El problema del número de obreros otra vez, con una matización que hacer: no siempre, como veremos, fueron mayoría de libres; según en qué momentos de la construcción será lo contrario. A partir de 1950, todos eran libres pero que, fueron mayoría los penados es innegable entre los años 1943-1945, los dos primeros de su estancia en Cuelgamuros, como demostramos mas adelante. Niega, acertadamente, la existencia de trabajadores forzados en el Valle y termina con una pregunta inquietante:

¿Por qué le ha dado ahora al PSOE y los separatistas por abrir una nueva herida? Sospecho que se trata de una maniobra de distracción mientras prosiguen su designio de liquidar la Constitución y disolver la unidad de España. La maniobra les permite generar crispación y divisiones en la derecha, y motejar de «fachas» a quienes rechazan sus planes. Pero también ofrecen la ocasión de poner en evidencia sus falsificaciones y de clarificar la situación política […]

No compartimos la tesis de que todo se deba a una maniobra de distracción de socialistas y separatistas para liquidar la Constitución, que también parece serlo, pero, además, detrás de la campaña contra el Valle se puede ver una operación de más calado, con motivaciones más profundas, para terminar con todo lo que el Valle significa.

También contra la campaña gubernamental, Victoria Prego publicó en El Mundo un artículo titulado: Valle de los Caídos (La leyenda de Cuelgamuros), donde opina sobre las intenciones de Franco al construir el Monumento y piensa que, si bien su primera intención, en 1940, era la de honrar a los caídos de su bando, en 1958 había cambiado su consideración de los caídos del bando enemigo, a los que quiere hacer extensivo su homenaje póstumo; visión acertada, sin duda, como demuestra la legislación relativa al Valle. La prueba de ese cambio de actitud, si lo hubo, son los caídos del bando republicano que están allí enterrados:

[…] Franco estaba pensando en honrar a sus muertos, a los de su bando. Y eso queda claro en el decreto de 1 de abril de 1940, al año de terminada la guerra, que dispone que «se levante un templo grandioso […] en el que reposen los héroes y mártires de la Cruzada». Pero 18 años después las cosas ya eran de otra manera. En 1958, un año antes de su inauguración, los gobiernos civiles informaban oficialmente a todos los ayuntamientos que el propósito del monumento era «dar sepultura a cuantos cayeron en nuestra cruzada, sin distinción del campo en el que combatieron».

No menciona el decreto de 1958, que veremos más adelante, en el que Franco establece, oficialmente, la inclusión de los caídos del bando republicano, entre aquellos a los que se debe recordar en el Valle. Los gobernadores civiles simplemente lo llevaron a la práctica. Se refiere la autora del artículo, a continuación, a los trabajadores penados:

Por lo que se refiere a los presos políticos que construyeron el Valle, estos son los datos. Durante los casi 19 años que duró su construcción trabajaron allí entre 800 y 1000 presos políticos, nada de decenas de miles como quiere la leyenda negra divulgada. Nunca acudieron en régimen de trabajos forzados, como dice esa leyenda. Todo lo contrario: para ir a trabajar a Cuelgamuros los reclusos políticos tenían que solicitarlo oficialmente. Porque ocurría que las perspectivas penales, económicas y personales eran mucho mejores allí que en cualquier prisión^[47].

En cuanto al número de penados, una vez más, hay que matizar que las cifras son variables a lo largo del tiempo que duraron las obras, pero las que da la periodista se aproximan mucho a la realidad de algunos momentos. Desmiente, y eso es lo esencial, las que empezaban a repetir los autores de la leyenda negra de decenas de miles y niega que allí existieran trabajadores forzados subrayando que para trabajar en Cuelgamuros tuvieran que solicitarlo oficialmente. Continúa el artículo puntualizando la situación real de aquellos trabajadores, y las razones que les llevaron a acogerse a la redención de penas:

En lo personal, porque los presos fueron autorizados a llevar a sus mujeres y a sus hijos, que se quedaron en muchos casos a vivir con ellos. En lo penal, porque los reclusos políticos podían redimir de dos a seis días de condena por cada día de trabajo. Los primeros presos llegaron a finales de 1942 […] y al terminar 1950 no quedaba ninguno porque todos habían redimido ya sus penas y estaban en libertad. Muchos de ellos, sin embargo, optaron por seguir en el Valle como personal contratado. Y en lo económico porque las condiciones de los presos políticos eran idénticas a las de los trabajadores libres. Cobraban el mismo salario, aunque a los reclusos se les retenían las tres cuartas partes de la paga, un dinero que se les ingresaba en la Caja Postal de Ahorros para entregárselo a sus mujeres e hijos, si los tenían, o a ellos mismos cuando recuperaban la libertad. Cobraban los «puntos» por cargas familiares, las horas extraordinarias y estaban asegurados. Todo esto está documentado además de avalado por los testimonios directos de quienes vivieron allí.

Con algunas puntualizaciones, como iremos viendo, todo ello rigurosamente cierto, como en el caso del escrito de la Fundación Francisco Franco que veíamos más arriba. Termina Victoria Prego, constatando la situación comprometida en la que ya entonces, hace más de cinco años, se encontraba el Valle de los Caídos a causa de mantener la huella de Franco:

[…] solo la destrucción del monumento, estilo Budas de Bamiyán, sería capaz de borrarla. Antes de que fuera señalado por la izquierda española como un «museo de los horrores» el Valle de los Caídos era, descontados los museos, el monumento del Estado más visitado de España. Ahora, colocado en el centro de una virulenta polémica, ha pasado a ser el tercero del ranking^[48].

La alusión a los budas de Bamiyán era profética. Pronto surgirían, como veremos, «aprendices de talibán» exigiendo la voladura del Valle, incluso dentro del propio Gobierno y entre los componentes de la llamada Comisión de Expertos nombrada por el mismo para determinar el futuro del Monumento.

También el periodista y presentador, Alfredo Amestoy contestaba a los autores de la campaña contra el Valle, unos meses más tarde: en Altar Mayor, publicación de la Hermandad del Valle de los Caídos, firmaba un artículo titulado La cara y la cruz del Valle de los Caídos, en el que analiza la polémica, ya encendida, entre detractores y defensores del Monumento, cuando faltaban nueve meses para que se promulgara la LMH:

Señala una de las finalidades propuestas como destino de la Basílica (es de suponer que ya desacralizada): «Museo de la Represión». Y menciona también el informe elaborado para el Consejo de Europa con el fin de conseguir una condena internacional del franquismo, en el que su autor esgrime, como argumento a tener en cuenta, las obras del Valle de los Caídos; dos pretensiones que demuestran la existencia de una verdadera campaña de la izquierda, con efecto retroactivo, contra el franquismo y su monumento emblemático.

La campaña contra el Valle de los Caídos, dirigida por la izquierda española y apoyada por sus correligionarios europeos, adquiría dimensión internacional.

Defiende, a continuación, el sistema de redención de penas y su aplicación concreta en Cuelgamuros, saliendo al paso de acusaciones tales como las de las supuestas condiciones inhumanas de vida y el salario irrisorio. Coincide, en lo fundamental, Amestoy, con el artículo de Victoria Prego, al desmentir los tópicos que ya se repetían sobre el asunto, y denunciar las amenazas que se cernían, en consecuencia, sobre el Monumento.

4. Cambios en la dirección de Patrimonio Nacional a causa del Valle de los Caídos. La preparación del asalto, como prioridad del Gobierno de Rodríguez Zapatero

4. Cambios en la dirección de Patrimonio Nacional a causa del Valle de los Caídos. La preparación del asalto, como prioridad del Gobierno de Rodríguez Zapatero

Mención aparte merece, una publicación, aparecida en 2005, que hemos dejado para el final de este primer período del estado de la cuestión por su carácter profético, comprobado a la vuelta de los siete años transcurridos desde su aparición, a la vista de lo sucedido posteriormente: el 30 de abril de 2005, la página web dedicada al Valle de los Caídos por Generalísimo Francisco Franco, publica una información que titula y cuyo texto extractamos:

Cita a continuación al diario el confidencial.com para seguir informando:

La elección de Don Yago Pico de Coaña […] ha tenido sus enfrentamientos entre la Vicepresidenta del Gobierno, De la Vega con la Casa Real. «Otros nombres sugeridos por Palacio fueron igualmente rechazados por la vicepresidenta […] de quien depende Patrimonio Nacional, quien, según las fuentes, “se las ha tenido tiesas con la Casa del Rey” respecto a este nombramiento».

Y sigue citando, en apoyo de su tesis, al Periódico de Aragón:

Fuentes próximas al Gobierno reconocen que el relevo está relacionado con los cambios que pueda haber en el Valle de los Caídos a raíz del informe que prepara el Gobierno para restituir la memoria de las víctimas del franquismo. Reconvertir el mausoleo de Francisco Franco en un museo de la dictadura es una de las reivindicaciones más repetidas de las que está recabando la vicepresidenta, que coordina, al equipo que elabora el informe de la restitución de la memoria histórica. Oficialmente, el Gobierno explica que Patrimonio necesitaba «una modernización profunda» para rentabilizar los edificios que gestiona. Pero otras fuentes gubernamentales recuerdan que bajo la dirección del duque de San Carlos se permitió celebrar gratuitamente cada año el 20-N en el Valle de los Caídos.

Vamos por partes: en primer lugar se deduce de estas informaciones, y el Gobierno no parece interesado en desmentirlo, que, ya antes de la promulgación de la LMH, José Luis Rodríguez Zapatero, había planeado la destrucción del Valle o, lo que es lo mismo, su transformación en algo no ya distinto, sino opuesto, a lo establecido por los fines fundacionales, como sería el «Museo de la Dictadura». De la superación de la guerra a su recuerdo permanente, y, del perdón evangélico al rencor que haga imposible el olvido, a través de un museo en el que se presentaría, por supuesto, una visión partidista del franquismo: el Valle convertido, en suma, en el Monumento de la Revancha.

Para conseguirlo, el entonces Presidente de Patrimonio, que contaba con el apoyo del Rey, era un estorbo, por lo que la Vicepresidenta dispone su sustitución por una persona que pueda resultarle útil en esta operación, llegando a los enfrentamientos con la Casa Real que denuncia El Confidencial.

Más adelante, El Periódico de Aragón da la clave del asunto; se trataba, ya entonces, de restituir la memoria de las víctimas del franquismo, lo que justificaba el relevo en Patrimonio por los cambios que pueda haber en el Valle de los Caídos. La acusación era grave; de ser cierta, se trataría de una maniobra socialista para hacerse con el control de un monumento de Patrimonio Nacional, con el fin de destruirlo o, cuando menos, cerrarlo al público. Contra la voluntad del Rey, además.

Se señala, por último, en el Periódico de Aragón, al Duque de San Carlos por haber permitido que se celebraran funerales, en el Valle de los Caídos, por Franco, de forma gratuita, y durante años.

Los funerales por Franco se celebraban allí, lógicamente, todos los años, mucho antes de que el Duque fuera presidente de Patrimonio. El subrayar que fueran gratuitos tiende a la descalificación bien del presidente, bien de los benedictinos. O de ambas partes, claro.

Para los enemigos del Valle, parecía claro que el hasta entonces presidente de Patrimonio Nacional, resultaba un estorbo a la hora de reconvertir el Monumento en algo diferente a lo que marcaban los decretos fundacionales. Don Nicolás Sánchez-Albornoz, calificaba, en 2003, a San Carlos de recalcitrante en la citada obra Una inmensa prisión, en su comunicación, Campos de concentración y de Trabajo, según se deduce, por no haber colaborado a desvirtuar el Valle de los Caídos, ofreciendo allí publicaciones adversas al monumento^[51]. En resumen, retomando el hilo, parece que hay que relacionar la restitución de las víctimas del franquismo con la destrucción del Valle de los Caídos, el mausoleo de Franco. Pico de Coaña, en cualquier caso, defraudó las expectativas de la Vicepresidenta, que ya veía el Valle convertido en Museo de la Dictadura, y le cesó, en julio de 2010, para dar paso a alguien más afín, Nicolás Martínez-Fresno y Pavía, diplomático, de 75 años, que ya gozó de la confianza de Felipe González. Cese y nombramiento, nuevamente, se llevaban a cabo con la sola finalidad de preparar un nuevo ataque al Valle a través de Patrimonio Nacional, convertido en plataforma del Gobierno para ese fin. Nada es tan revelador de hasta qué punto esta era una prioridad para Zapatero y su equipo.

Para disipar cualquier duda, en la toma de posesión del nuevo presidente, De la Vega le nombró nada menos que «albacea de la memoria histórica», algo que en principio, nada tendría que ver con su nuevo cometido. Señalarle como responsable del proyecto iconoclasta de aquel Gobierno, equivalía a recordarle, en el momento de su investidura, lo que se esperaba de él.

Pablo Linares, en su reseñado libro, lo resumía de la siguiente manera:

… este diplomático de 75 años cuenta con la total confianza del Presidente Rodríguez Zapatero, como antes la había tenido con Felipe González, y es considerado un «duro» con mucho poder en la práctica, como el «Rasputín de Zapatero» en frase coloquial reveladora de su verdadero puesto en la organización del Gobierno; Fernández de la Vega le animó a ser no solo gestor sino también «albacea de la memoria histórica» española^[52]…

Un presidente de Patrimonio Nacional, nombrado para clausurar o prostituir uno de los principales monumentos dependientes de dicho organismo. El mismo que lo había gestionado desde el final de las obras, durante más de medio siglo. No cabía mayor despropósito, ni más flagrante abuso de poder por parte del Gobierno.

El estado de opinión, creado intencionadamente durante los últimos años, había propiciado que, con la llegada al poder de los socialistas, se promulgara la Ley de la Memoria Histórica, que contribuyó a crispar, progresivamente, una situación de la que sería, a la vez, causa y efecto. Fue, desde el principio, el instrumento legal para poner en marcha la gran operación de revancha socialista, amparada en el eufemismo de una supuesta memoria a recuperar; la que invocaba la Vicepresidenta, señalando al nuevo Presidente de Patrimonio el objetivo prioritario que se le marcaba desde el primer día; la causa de su nombramiento. Por la repercusión que dicha ley ha tenido sobre el objeto de este estudio pasamos a comentarla.

5. La Ley de la Memoria Histórica y su expresa mención del Valle de los Caídos. La situación creada por la nueva Ley y su conflicto con el marco legal español

5. La Ley de la Memoria Histórica y su expresa mención del Valle de los Caídos. La situación creada por la nueva Ley y su conflicto con el marco legal español

Con la promulgación de la LMH^[53], el ataque contra el Valle de los Caídos pasa a un plano superior y de mayor trascendencia ya que lo dirige el mismo Gobierno de la Nación^[54]. En su artículo 16, referido exclusivamente al Valle —se trata del único lugar al que la ley en cuestión dedica un artículo—, en su apartado dos, establece:

En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo.

Explícitamente se señala al Valle como símbolo del franquismo cuya exaltación se prohíbe, de forma expresa, lo que representa una limitación a los derechos de opinión y expresión, amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19^[55], y por la vigente Constitución Española, que en su artículo 20.1, establece que:

También entra en conflicto con el artículo 21 de la misma Constitución que ampara los derechos de reunión y manifestación:

Estos derechos quedan suprimidos por la LMH para quienes pretendan exaltar la Guerra Civil, a sus protagonistas —se sobrentiende que a los del bando victorioso, ya que solo a estos se exaltaba en aquel recinto— o al franquismo, lo que resulta más significativo ya que no se prohíbe la exaltación de la II República ni del Frente Popular ni de los partidos —o sus dirigentes— que formaron parte del mismo, aunque fueron tan protagonistas de la Guerra Civil como Franco y su ideología tampoco fuese democrática en absoluto. Lejos de un espíritu de reconciliación, lo que inspira la Ley, es el ánimo de exaltar a los combatientes del bando republicano, mientras condena a los del bando nacional expresamente. Por si no quedase suficientemente claro, la LMH, dispone, en la misma exposición que venimos comentando, que:

Es la hora así, de que la democracia española y las generaciones vivas […] honren y recuperen para siempre […] a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos, como los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros […]

Se podría hacer un estudio del porcentaje de estos combatientes que luchaban, realmente, por la democracia, pero lo que no puede negarse —ante la mención expresa de brigadistas internacionales y maquis— es el ánimo de honrar al bando republicano, en el mismo texto en el que se condena el franquismo, lo que no resulta en absoluto conciliador y solo puede avivar, sino crear artificialmente, una grave fisura social en la sociedad española.

En su exposición de motivos, la Ley, a pesar de invocar el espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guio la Transición comienza por condenar, de forma explícita, el franquismo, refiriéndose a la Proposición no de Ley, aprobada el 20 de Noviembre de 2002, rechazando la utilización de la violencia para imponer convicciones políticas —lo que, a nuestro entender, suscribe la inmensa mayoría de los españoles—, pero, añadiendo, a renglón seguido:

La presente Ley asume esta Declaración así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975.

Es decir, durante todo el franquismo. No se condena, en cambio, el marxismo ni las violaciones de los derechos humanos en los regímenes comunistas, ni desde luego, las que se cometieron en el bando republicano. Quedan, además, excluidas dichas violaciones si fueron cometidas antes del inicio de la Guerra Civil, a causa de la violencia marxista y anarquista que causaron, durante la II República, miles de muertos, y heridos, así como pérdidas económicas y artísticas de difícil evaluación, especialmente en edificios de la Iglesia.

Si justicia es dar a cada uno lo suyo, la LMH comienza siendo claramente injusta en su exposición de motivos. No hace justicia ni a su propia denominación: la memoria histórica es, o debería ser, algo más que el cúmulo de crímenes y violencias que dicha ley parece querer rescatar del olvido. Para ayudar a localizar los restos de las personas buscadas por las asociaciones de la memoria histórica, el Gobierno no necesitaba redactar un texto como el que analizamos, mucho más ambicioso, y cargado de ideología, de lo que sería necesario —y oportuno— si solo se tratara de atender una petición legítima como es la de hallar los restos de las víctimas provocadas por la represión, de cualquier signo político, durante la guerra o los años siguientes.

6. Aspectos relativos al Valle

6. Aspectos relativos al Valle

Por otra parte, El Valle de los Caídos conserva, interpretando la LMH en sentido estricto, su carácter de lugar de culto y recuerdo de los caídos de la Guerra Civil. En el apartado primero de su mencionado artículo 16, se establece que:

El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.

Lo que garantiza, en principio, el culto en la Basílica y la permanencia de la comunidad benedictina en la Abadía. Sin embargo, durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, con la clausura del recinto y la prohibición de acceder después a la Basílica incluso en el horario de Misas, el propio Gobierno vulneró la ley en este punto. El cierre «sine die» del acceso a la Basílica por obras de mantenimiento y seguridad que publicaba el diario ABC en abril de 2010, preocupaba, como recoge el mismo diario, a la Fundación Juan de Ávalos cuyo presidente declaraba que:

[…] no quiere pensar mal pero se teme que detrás del cierre temporal de la Basílica puede llegar el definitivo. Esto puede ser el primer paso para cerrarlo de forma permanente. Creo que hay una voluntad encubierta […] La mejor forma de hacerlo es ponerte a hacer obras en la entrada^[56].

El cierre se debía, según Patrimonio Nacional, a las obras de restauración de La Piedad, obra de Ávalos, que iba a ser desmontada con grave riesgo para su integridad ya que, según el hijo del escultor, debería ser restaurada «in situ» y anunciaba: «Protegeremos la obra yendo a los Tribunales […] Es el único camino que nos queda, ya que Patrimonio no quiere negociar». Había que esperar para saber si los temores de la Fundación eran fundados, pero el asunto estaba en manos del Gobierno, dotado de una capacidad de maniobra absoluta en este asunto ya que la LMH establece, en su Disposición final primera:

Se habilita al Gobierno y a sus miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley.

Días más tarde, ABC volvía a tratar el tema, titulando su información: Escombros en la Piedad. La piqueta había dado los primeros golpes en la escultura de Ávalos a fin de desmontarla.

Donde antes estaba el manto de la Virgen ahora hay restos de escombros^[57].

Es decir, se ejecutaba lo que Ávalos sostenía ser inviable, por significar la destrucción de la escultura. Ya en mayo, nuevamente ABC, volvía a informar, en su página 49: Ávalos acusa a Moncloa. El día antes, explicaba la información, el hijo del escultor presentaba una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de la Presidencia, y añadía:

La polémica restauración del conjunto escultórico de «La Piedad» en el Valle de los Caídos tiene un único culpable para el hijo del escultor, Juan de Ávalos Carballo, y este es el Gobierno de Rodríguez Zapatero^[58].

Decía Ávalos entonces que, con la pretendida finalidad de restaurar la Piedad, se le estaban causando a la obra de su padre, daños irreparables si no la misma destrucción.

Finalizaba la información subrayando las irregularidades en que Patrimonio Nacional estaba incurriendo en la ejecución de estas obras, realizadas sin licencia y sin el consentimiento del padre Abad, máxima autoridad, según la LMH, dentro del recinto.

Lo cierto es que, ya en aquellos momentos, daba la impresión de que los responsables de Patrimonio no sabían como dirigir la restauración, ni sus autores como acometerla. Hablaron de trasladar la escultura a la clausurada cafetería del Valle, para restaurarla allí, pero luego no pudieron ni siquiera desmontarla, lo que comprobaron después de haberle propinado los golpes de piqueta de los que informaba ABC, causando los daños en el manto de la Virgen de los que también se informaba, y, de momento, la escultura, con sus escombros a la espalda, continuaba en el sitio de siempre. Mientras tanto, desde hacía meses, los andamios impedían el acceso a la Basílica, aunque no se les viera la menor utilidad.

Tras los desperfectos causados en la escultura, las obras seguían sin empezar, y las personas que acudían Misa, tenían que dar un considerable rodeo para entrar por el Monasterio y bajar desde allí a la Cripta. En la entrada, unos hombres que podrían ser guardias de seguridad contratados al efecto —aunque no iban uniformados—, o empleados de Patrimonio, indicaban al recién llegado la entrada. No parecía aventurada la acusación de Ávalos contra el Gobierno a la vista de la absurda situación que allí se vivía.

Por cierto, a causa de estas obras fantasmagóricas, tanto el Monumento como la tienda de Patrimonio Nacional que allí funcionaba, se cerraron al público con lo que se perdían los considerables ingresos del que ha sido uno de los lugares con mayor número de visitantes de todos los que integraban ese organismo.

De haberse hecho definitivo, por último, el cierre de la Basílica hubiera representado la violación del artículo 16 de la propia LMH, y, con ello, la motivación religiosa del Gobierno quedaría probada, lo que nos llevaría a reconocer las medidas contra el Valle o los benedictinos como una nueva —e insospechada— edición de la persecución religiosa en España, en pleno siglo XXI. Se pondría también de manifiesto una chocante irregularidad: la LMH, estaría siendo vulnerada, flagrantemente, por el mismo Gobierno que la aprobó y la defendía como uno de sus grandes logros. Se sentaría un precedente, de este modo, para posteriores cierres de lugares de culto por las más diversas razones, así como para cometer las violaciones de leyes que el Gobierno considerase oportunas. En suma, con todas las cautelas oportunas, se empezaba a expresar en 2010 la preocupación por el futuro del Monumento, mientras el Gobierno actuaba de manera tan tortuosa como seguiría haciéndolo en los meses siguientes hasta llegar a prohibir el acceso a la Basílica sin excepciones invocando el manido pretexto de la seguridad amenazada por el deterioro del conjunto. Cabría añadir que dicho deterioro sería imputable a la dirección de Patrimonio Nacional, y algo más aún: solamente los monjes y los escolanes del Valle seguían pudiendo celebrar el culto en su interior. ¡Curiosa excepción a la norma de garantizar la seguridad de las personas dentro del Monumento!

Realmente, cómo se comprobaría posteriormente, lo que se buscaba con esta Ley era enmendar la plana a la Historia, volver a escribirla, deformando la realidad, hasta darle la vuelta por completo: que el bando ganador en la Guerra Civil quedase proscrito a perpetuidad, ganando, con efecto retroactivo, la contienda, que los correligionarios de sus redactores habían perdido.

A tal efecto hay que decir que el PSOE no ha escatimado esfuerzos, pero el más importante era, sin duda, la promulgación de la LMH, instrumento fundamental de toda la operación. Como dice Alfonso Bullón de Mendoza, refiriéndose a este asunto:

Muchas han sido las disposiciones legislativas que en los últimos tiempos se han tomado en dicho sentido, pero sin duda la más relevante es la «Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura», más conocida como Ley de Memoria Histórica. Por más que en su preámbulo se afirme textualmente que «no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva» lo cierto es que más allá de las reparaciones a las que tienen derecho quienes de una u otra forma sufrieron la violencia, la construcción de una Memoria Histórica concreta parece ser la finalidad principal del legislador^[59].

Ese designio, evidente, de desvirtuar interesadamente la Historia hasta hacerla irreconocible, afectaría, de hecho, al Valle de los Caídos mucho más allá de lo que su propio texto hacía prever. Realmente, la propia Ley sería violada por el mismo Gobierno que la sacó adelante, cuando comprobara que su texto ponía límites al proyecto gubernamental de clausurarlo como primera medida. Como veremos, la revolución desde arriba puesta en marcha por José Luis Rodríguez Zapatero se iría devorando a sí misma sin llegar a conseguir sus últimos objetivos respecto al Valle, al menos en el momento de abandonar el poder, cuatro años más tarde. En general, sin embargo, resultó un arma de la mayor eficacia a la hora de propiciar un enfrentamiento ideológico en la sociedad española que ya nadie esperaba, en aquellos momentos de la Historia, cuando eran muy pocas las voces que empezaban a cuestionar la Transición. La LMH, las asociaciones de dicha Memoria y las publicaciones oportunamente aparecidas en torno a su promulgación, abrirían un debate que continúa actualmente sin que ya la opinión pública parezca escandalizarse. Tal ha sido el resultado de la campaña realizada con el fin de deslegitimar todo lo legislado en España a partir de 1936. El principal instrumento del Gobierno socialista era una ley nacida, según pudo comprobarse enseguida, para ser violada por sus propios autores; y el Valle de los Caídos quedaba señalado como símbolo de toda aquella etapa histórica —setenta años en total— que debía ser borrada del tiempo.