^[1] El bando de la IV División, en Isaac Rilova, Guerra civil y violencia política en Burgos (1936-1943), Dossoles, Burgos, 2001, págs. 372-374. El de la VII División, en Ignacio Martín Jiménez, La guerra civil en Valladolid (19361939). Amaneceres ensangrentados, Ámbito, Valladolid, 2000, pág. 86. <<

^[2] En la provincia de Zaragoza, todos los ayuntamientos fueron sustituidos entre el 20 y el 27 de julio, tal como indican Julita Cifuentes y Pilar Maluenda en El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1995, pág. 217. En aquellas localidades donde hubo una fuerte resistencia al golpe, como en Ateca, Sos o Ejea de los Caballeros, el nombramiento de los nuevos ayuntamientos se retrasó. En Orense fueron destituidos los ayuntamientos de aquellos municipios que se consideraban claves para el triunfo del «alzamiento», según relata Julio Prada en «Militares, caciques y falangistas. La lucha por el poder local en la implantación del franquismo», Tiempos de silencio. Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo, Universitat de València-FEIS, Valencia, 1999, págs. 83-90. <<

^[3] Reuniones en la sede del gobierno civil tuvieron lugar en Salamanca, tal como indica Luciano González Egido, Agonizar en Salamanca. Unamuno (juliodiciembre 1936), Alianza, Madrid, 1986, pág. 38; en Valladolid, Ignacio Martínez Jiménez, Amaneceres ensangrentados, ob. cit., pág. 65; en Granada, Ian Gibson, Granada en 1936 y el asesinato de Federico García Lorca, Crítica, Barcelona, 1986 (6.ª ed.), pág. 81; y en Teruel, Ángela Cenarro, El fin de la esperanza. Fascismo y guerra civil en la provincia de Teruel (1936-1939), Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1996, págs. 46-48. <<

^[4] Bando declaratorio del estado de guerra, 28 de julio de 1936, BOE, 30-VII-1936. <<

^[5] La movilización derechista posterior a la sublevación ha sido sugerentemente analizada por Javier Ugarte Tellería en La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998. Las cifras de efectivos ingresados en las milicias a lo largo de la guerra, en Rafael Casas de la Vega, Las milicias nacionales en la guerra de España, Editora Nacional, Madrid, 1974, pág. 39. Véase también Julio Aróstegui, Los combatientes carlistas en la guerra civil española, Aportes XIX, Madrid, 1991. <<

^[6] Francisco Moreno Gómez ha contabilizado 32 listas de suscripciones patrióticas en Córdoba en 1936, en La guerra civil en Córdoba (1936-1939), Ed. Alpuerto, Madrid, 1985, págs. 458 y 459. <<

^[7] Dicha comisión debía integrarse por el delegado de Hacienda, el director de la sucursal del Banco de España, el ingeniero jefe de Industria y los presidentes de las Cámaras oficiales de Industria, Comercio y Agrícola, así como un representante de la banca privada local, según establecía el decreto núm. 37, del 14 de agosto. Pero la contribución de la patronal a la causa de los sublevados fue anterior. En Zaragoza, las autoridades militares de la V División Orgánica rogaron a las cámaras y asociaciones de empresarios y labradores que constituyesen una junta para la recaudación de donativos con destino a las fuerzas del ejército y ciudadanos voluntarios. Así se constituyó el embrión zaragozano de la Junta Recaudatoria Civil de Defensa Nacional. A pesar de la imposición militar, algunas empresas hicieron donaciones voluntarias al Ejército. Todo ello, en Ángela Cenarro Lagunas, Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997, págs. 302-304. <<

^[8] Decreto 140, de 30 de septiembre de 1936. <<

^[9] Decreto de 5 de octubre de 1936, «Instrucciones para el desenvolvimiento de los cometidos que se le asignan al Gobernador General». <<

^[10] La «verticalización» que se impuso en todos los ámbitos de la sociedad española durante la guerra civil y la posguerra ha sido analizada por Michael Richards en Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco (1936-1945), Crítica, Barcelona, 1999. <<

^[11] Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, El asalto a la República, ob. cit., págs. 86-94; Cristina Rivero Noval, Política y sociedad en La Rioja durante el primer franquismo (1936-1945), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2001, pág. 297. <<

^[12] El dato de Valencia, en José Antonio Gómez Roda, «La primera jefatura provincial de FET-JONS de Valencia (1939-1943)», II Encuentro de Investigadores del Franquismo, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1995, tomo I, págs. 127-134. <<

^[13] Sobre el peso del «hedillismo» en Cantabria, véase la tesis doctoral inédita de Julián Sanz Hoya, «El primer franquismo en Cantabria. Falange, instituciones y personal político (1937-1951)», Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria, 2003, especialmente págs. 281-321. La inmensa afluencia a las filas de Falange, ha sido estudiada por Alfonso Lazo en Retrato de fascismo rural en Sevilla, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998, págs. 21-35. <<

^[14] Antonio Cazorla Sánchez, «La vuelta a la historia: Caciquismo y franquismo», Historia Social, 30 (1998), págs. 119-132. <<

^[15] Julio Prada, «Militares, caciques y falangistas», ob. cit., pág. 87. La reconstrucción de las redes clientelares por otras vías, como la capitanía general, las delegaciones provinciales de FET-JONS o la organización sindical, ha sido señalado también por Martí Marín i Corbera, en «El nou poder local», en Manel Risques, Francesc Vilanova y Ricard Vinyes (ed.), Les ruptures de l’any 1939, Fundació Carles Pi i Sunyer, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, págs. 55-67. <<

^[16] Así lo hacían, por ejemplo, el decreto del 23 junio de 1938, que daba normas para regular los ayuntamientos liberados después de febrero del mismo año; también las múltiples órdenes y decretos que a lo largo de 1938 y 1939 delimitaron las funciones de las autoridades locales, tal como veremos en el apartado siguiente. <<

^[17] Véanse las órdenes del 15 de enero y 15 de febrero de 1939. La decisión de ampliar el límite de 500 000 pesetas consignado para los créditos en el decreto del 23 de junio de 1938 se hizo también extensiva a las ciudades de Madrid, Valencia y Alicante en los meses siguientes. <<

^[18] Martí Marín i Corbera, Els ajuntaments franquistes a Catalunya. Política i administració municipal, 1938-1979, Pagès Editor, Lleida, 2000, págs. 72 y sigs. <<

^[19] Martí Marín i Corbera, Els ajuntaments franquistes a Catalunya…, ob. cit., págs. 72 y sigs. Antonio F. Canales Serrano, «Las lógicas de la victoria. Modelos de funcionamiento político local y provincial durante el primer franquismo», en II Encuentro…, ob. cit., tomo I, págs. 74-81; y «Derecha y poder local en el siglo XX. Evolución ideológica y práctica política de la derecha en Barakaldo (Vizcaya) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 1898-1979», tesis doctoral inédita, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Història Moderna i Contemporània, 2002. <<

^[20] Julián Navarro Melenchón, «La implantación del régimen franquista en Murcia», en Tiempos de silencio, ob. cit., pág. 76. María Encarna Nicolás, en su libro Instituciones murcianas en el franquismo (1939-1962). (Contribución al conocimiento de la ideología dominante), Editora Regional, Murcia, 1982, págs. 285 y 286, explica cómo en el momento de la ocupación de la ciudad la alcaldía fue entregada por el socialista Bienvenido Santos al joyero falangista Julio Torres Gascón, que la desempeñó durante unos días. Pedro María Egea Bruno, La represión franquista en Cartagena (1939-1945), Murcia, 1985, págs. 31 y 32. Antonio Cazorla, Desarrollo sin reformistas. Dictadura y campesinado en el nacimiento de una nueva sociedad en Almería, 1939-1975, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1999, pág. 46. <<

^[21] Sobre la implicación de la sociedad civil en la violencia franquista es fundamental el trabajo pionero de Conxita Mir, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Milenio, Lleida, 2000. Véase también Ángela Cenarro, «Matar, vigilar y delatar, la quiebra de la sociedad civil durante la guerra y la posguerra en España (1936-1948)», Historia Social, 44 (2002), págs. 65-86. <<

^[22] En virtud de la legislación anterior (decretos 5-XII-1936 y 2-I-1937), las corporaciones tenían competencia para resolver los expedientes y, en el caso de que los interesados interpusieran una apelación, recurso o queja, podía intervenir el gobernador general. Ahora el Ministerio del Interior estaba autorizado a revisar los acuerdos sin que hubiera reclamación por parte de los afectados, e incluso tenía competencias para promover la formación de un expediente si lo consideraba oportuno y las corporaciones no habían dado orden de instruirlo. <<

^[23] Así se establecía en la orden del 18 de enero de 1938. Quedaban exceptuados los maestros con «ideología separatista», que no podrían permanecer en el pueblo ni en la región donde la escuela estuviera enclavada. Las razones de la orden tenían que ver con la enorme cantidad de vacantes que la depuración de los maestros estaba ocasionando en las escuelas durante la guerra. Se intentaba así proveer las escuelas temporalmente, con independencia de que el expediente abierto siguiera su curso (orden del 27 de febrero de 1938). Que estas medidas respondían a una circunstancia excepcional se confirma con la orden del 2 de noviembre de 1939, que derogaba las dos citadas. <<

^[24] Conxita Mir, Fabià Corretgé, Judit Farré y Joan Sagués, Repressió Econòmica i Franquisme. L’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la provincia de Lleida, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997, págs. 177-181. <<

^[25] La expresión «la sociedad intervenida» es de Conxita Mir, Vivir es sobrevivir, ob. cit., pág. 21. Las tareas de espionaje realizadas por los servicios de información e investigación de Falange, en Alfonso Lazo, Retrato de fascismo rural, ob. cit., págs. 54 y sigs. <<

^[26] El Servicio de Recuperación Agrícola se creó con la ley del 3 de mayo de 1938. Las Comisiones de Reconstrucción, en virtud de la orden del 25 de abril de 1939. Véase también Antonio Cazorla, Desarrollo sin reformistas, ob. cit., págs. 156 y sigs. <<

^[27] Tales obligaciones quedaron fijadas en la orden circular del 23 de julio de 1938, orden del 27 de agosto de 1938, orden del 27 de noviembre de 1939 y orden circular del 4 de diciembre de 1939, respectivamente. <<

^[28] Así sucedió, por ejemplo, en Albacete a lo largo del año 1939, según la investigación de José María Gómez Herráez, Instituciones, perspectivas económicas y problemas sociales durante el franquismo. Albacete, entre el silencio y el éxodo rural (1939-1962), Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1993, págs. 8990 y 95 y sigs. Y de forma muy clara en algunas localidades de Almería, según Antonio Cazorla, en Desarrollo sin reformistas, ob. cit., págs. 53 y sigs. <<

^[29] Todo ello, en Ángela Cenarro, «Muerte, control y ruptura social, la salida de la guerra civil en Teruel (1939)», en Tiempos de silencio, ob. cit., págs. 18-23. <<

^[30] Un ejemplo de la constitución de la Comisión Pro-Víctimas del Marxismo, en el libro de Encarnación Barranquero Texeira, Málaga entre la guerra y la posguerra. El franquismo, Ed. Arguval, Málaga, 1994, págs. 146 y sigs. Las quejas de algunos ciudadanos fueron canalizadas a través del gobierno civil, tal como ha demostrado María Encarna Nicolás Marín, «Los gobiernos civiles en el franquismo. El retorno a la tradición conservadora en Murcia (1939-1945)», en Javier Tusell y otros, El régimen de Franco (1936-1975). Política y relaciones exteriores, UNED, Madrid, tomo I, págs. 135-149. <<