7. Instituciones y poder local en el nuevo Estado (Ángela Cenarro)

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INSTITUCIONES Y PODER LOCAL

EN EL «NUEVO ESTADO»

Ángela Cenarro

La sublevación que se propuso depurar

LA SUBLEVACIÓN QUE SE PROPUSO DEPURAR

La tarde del 17 de julio de 1936 corrió como la pólvora la noticia de que la guarnición de Melilla se había levantado contra la República. En estos primeros momentos no estaban claras las verdaderas intenciones de los militares rebeldes, y muchos creyeron que se trataba de una militarada más. Durante los días siguientes la insurrección fue extendiéndose por la Península, a medida que un nutrido grupo de oficiales, distribuido en las principales guarniciones, declararon el estado de guerra o forzaron a sus superiores a hacerlo. Los bandos, firmados por la máxima autoridad de cada Región Militar, se distribuyeron por las ciudades en hojas volanderas o se colocaron en las paredes de las calles más céntricas. A partir de ese momento, cualquier acto de resistencia u oposición al golpe se sometió a la justicia militar, y derechos tan elementales como el de reunión o huelga fueron suprimidos de un plumazo. Y, curiosamente, aunque los primeros mensajes radiados o escritos de las autoridades militares terminaban con vivas a la República, en su nombre serían eliminados los representantes políticos de la primera democracia española. Era el fin de las esperanzas republicanas, de ese breve período que había intentado convertir la arena política en fuente de reformas sociales. En su lugar llegaban la militarización, la subordinación y el control exhaustivo, principios organizativos que el Ejército español siempre llevaba consigo.

Los distintos bandos declaratorios del estado de guerra, emitidos el 19 y 20 de julio en aquellas capitales donde había triunfado la sublevación militar, iban dirigidos a los políticos republicanos. Emilio Mola, líder de la conspiración, firmó el de la IV División, que, entre otras muchas cosas, militarizaba a las autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. De esta forma, cualquier delito que cometieran, entendiendo por tal toda muestra de resistencia al levantamiento, sería castigado conforme establecía el código de justicia castrense. Saliquet, al frente de la VII División, indicaba que serían depuestas todas las autoridades que no ofreciesen confianza o no prestasen el debido auxilio al Ejército^[1]. En algunas ciudades, como en Orense, el comandante militar conminó a tribunales y corporaciones a seguir desempeñando sus funciones como si nada hubiera pasado. Hasta ese punto podía llegar la obsesión por ofrecer una imagen de normalidad, siempre conveniente cuando se intentaba mantener el orden. Ahora bien, en otros lugares, los bandos contribuyeron a desvelar los verdaderos objetivos de las guarniciones sublevadas, al declarar la suspensión de los ayuntamientos republicanos nombrados tras las elecciones del Frente Popular unos meses atrás. Y en todas partes, con independencia de las palabras del bando, los militares disolvieron las corporaciones locales y provinciales para nombrar otras, casi siempre de carácter interino, hasta que la situación se clarificase^[2].

En torno al día 27 de julio el panorama se despejó. La recién constituida Junta de Defensa Nacional decretó que los gobernadores civiles debían considerarse destituidos a partir del 19. Una decisión como esta, con efectos retroactivos, parecía la consecuencia de que en muchas capitales de provincia las sedes de los gobiernos civiles se hubieran convertido en espacios de resistencia al golpe. Durante esos días cruciales, cuando el triunfo o el fracaso de la sublevación todavía no estaba decidido, sus salones habían acogido la reunión de las principales autoridades civiles, los más destacados representantes del Frente Popular y algún miembro de la Guardia Civil leal a la República. Allí habían deliberado sobre las estrategias más adecuadas para frenar el golpe, y también, a sus puertas, habían acudido miembros de las organizaciones obreras pidiendo armas para poder plantarle cara con eficacia. Pero la decisión de la Junta, como enseguida se vio, no solo parecía cercenar las muestras de oposición espontánea a un nuevo episodio de intervencionismo militar, sino también apuntar a la cabeza visible de la República en el ámbito local^[3].

La ocupación de los principales edificios públicos donde se ubicaban las instituciones locales y los centros de comunicaciones formó parte del ritual de esa sublevación que presentaba algunas novedades, pues esta vez no se hacía por delegación de ninguna instancia gubernamental ni estatal. La Junta de Defensa Nacional, integrada por varios generales insurrectos, imponía su voluntad por encima de todo, y para demostrarlo, nada mejor que emitir un bando ratificando y haciendo extensivo a todo el territorio sublevado la declaración del estado de guerra. Así lo hizo el día 28 de julio. En el artículo tercero se especificaba que los funcionarios, autoridades o corporaciones que no prestasen

el inmediato auxilio que por mi autoridad o por mis subordinados sea reclamada por el restablecimiento del orden o ejecución de lo mandado en este Bando, serán suspendidos inmediatamente de sus cargos, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad criminal, que les será exigida por la jurisdicción de Guerra^[4].

Como tantas otras disposiciones, este decreto pretendía barnizar con tintes de legalidad una realidad dramática, pues la totalidad de los gobernadores, alcaldes o concejales habían sido ya depuestos por la fuerza de las armas, detenidos, encarcelados y, en muchos casos, asesinados. Así sucedió con el gobernador civil de Teruel, Domingo Martínez Moreno, que se suicidó en Zaragoza, cuando lo trasladaban a Logroño; con el de Zaragoza, al que le aplicaron la ley de fugas; el de Lugo, Ramón García Núñez; el de Burgos, Julián Fagoaga Reus. El de Granada, César Torres Martínez, pasó un consejo de guerra, pero consiguió salvar su vida. Similar fue el destino de casi todos los que ocupaban un puesto en la política local. En Salamanca fueron fusilados Casto Prieto Carrasco, profesor universitario y primer alcalde republicano, así como otros dos concejales representantes de la clase obrera, Casimiro Paredes Mier y Manuel Alba. En Logroño, Basilio Gurrea Cárdenas, quien fuera alcalde de Izquierda Republicana, y el concejal socialista Ignacio Aragón Bacigalupe. En Sevilla fueron detenidos para ser fusilados unas semanas después el doctor José María Pueyes, médico republicano y presidente de la Diputación Provincial, y el alcalde, Horacio Hermoso Araujo. También, Tomás González Cuevas, concejal socialista y vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid. En Zaragoza fueron eliminados casi todos los miembros del Ayuntamiento y la Diputación; en Huesca, el alcalde, Mariano Carderera, así como el exalcalde Manuel Sender, hermano de Ramón, y otros concejales. En Teruel cayeron el alcalde, Pedro Fabre, y el presidente de la Diputación, Ramón Segura. Y en Granada, el alcalde, Manuel Fernández-Montesinos, casado con la hermana de Federico García Lorca.

Las detenciones y fusilamientos, sin ningún tipo de garantía judicial, desvelaron de manera definitiva las intenciones que latían tras el golpe de Estado. La principal y más importante era poner fin a la Segunda República y esas transformaciones profundas en la esfera de la política que la «niña bonita» había traído consigo. En 1931 los gobiernos civiles, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se habían convertido en espacios políticos democráticos donde la República se jugaba su futuro, pues en manos de quienes los ocupaban recayó la responsabilidad de aplicar de manera efectiva la nueva legislación reformista. Cinco años después, los gobernadores y alcaldes frentepopulistas tuvieron que hacer frente a un golpe concebido para aniquilar esas propuestas de organizar el Estado y la sociedad. Ellos fueron las principales víctimas del proyecto purificador que los militares estaban poniendo en práctica, al ser las cabezas más visibles del régimen republicano y los principales beneficiarios del desplazamiento de las viejas élites vinculadas a la Monarquía que había tenido lugar en abril de 1931.

El paso siguiente era ocupar las instituciones locales y controlarlas, para lo cual nada mejor que elevar otros hombres a esos puestos clave. Estos venían amparados por la máxima autoridad militar de la provincia, que los designaba a su antojo y los protegía. También se ajustaban a un perfil muy concreto. En el verano de 1936 abundaron los militares que se hicieron con los resortes del poder civil, o mejor dicho, que lo sometieron a sus designios. El cargo de gobernador civil fue ocupado por el teniente coronel Santa Pau Ballester, en Salamanca; el teniente coronel de la Guardia Civil Joaquín García de Diego, en Valladolid, y el capitán de Artillería Emilio Bellod, una figura central en la trama conspirativa, en Logroño. Lo mismo pasó en dos provincias aragonesas, con el comandante de la Guardia Civil Julián Lasierra Gil, en Zaragoza, y el teniente coronel Gervasio Sáez de Quintanilla, en Huesca. En Burgos fue el propio general Fidel Dávila quien ocupó el preciado cargo, aunque solo por unos días, y en Granada, el comandante José Valdés Guzmán, jefe de la Milicia de Falange, que había desempeñado un papel clave en la preparación del «alzamiento» en esta capital.

Las corporaciones tampoco se libraron de la injerencia del Ejército sublevado. El comandante Del Valle asumió la alcaldía de Salamanca; José Vallés Foradada, capitán de Infantería retirado, la de Huesca, y otros lo hicieron con la presidencia de las diputaciones provinciales. Así sucedió en Sevilla, con el teniente coronel Antonio González Espinosa, uno de los máximos dirigentes de la UME, y en Huesca, con el capitán de Veterinaria retirado Ignacio Pérez Calvo. En Lugo, el comandante de Artillería Juan Yáñez Alonso se puso al frente de la gestora municipal, y el teniente coronel José Pardo y Pardo-Montenegro hizo lo propio en la provincial. En el caso de que las gestoras estuvieran íntegramente compuestas por civiles, un delegado militar se encargaría de presidir las sesiones y garantizar que ni una sola de las palabras emitidas cuestionaran o desafiasen el nuevo orden. Lo mismo sucedió en las zonas rurales, donde la Guardia Civil solía efectuar el traspaso de poderes. En las localidades orensanas, por ejemplo, se recurrió a oficiales del Ejército retirados e incluso a personas de orden para cumplir este cometido. Al fin y al cabo, las nuevas comisiones gestoras debían ser meras comparsas del poder militar, el único que tenía capacidad para tomar decisiones en un estado de guerra.

Datos como estos demostraban que la finalidad no era volver a la situación anterior a 1931, a los estertores de la Monarquía. La sociedad española demandaba respuestas que hicieran frente a esas necesidades derivadas del proceso de modernización en el que estaba sumida desde finales del siglo XIX. Tales respuestas podían llegar por la vía democrática o por la vía autoritaria, y los resultados, lógicamente, serían completamente diferentes. Pero estaba claro que en la España de 1936 no era posible cambiar algo para que todo siguiera igual. Cualesquiera que fueran los métodos, a esas alturas era imposible ignorar o desoír las demandas de participación de amplios colectivos sociales en el Estado. El golpe militar iba contra estas transformaciones, y sin embargo, paradójicamente, también las agudizó. Pues aunque el Ejército y sus aliados pretendían terminar con la movilización de izquierdas, la de signo derechista se disparó tras la sublevación y tuvo que ser encauzada adecuadamente. Los voluntarios del 18 de julio fueron miles, encuadrados en las milicias de Falange, Requeté o Acción Ciudadana, que en diciembre quedó sometida al Código de Justicia Militar. Y si bien desde el primer momento los militares se aseguraron de que actuaban a sus órdenes, la presencia en la escena pública de estos colectivos dejaría su impronta en la configuración de la clase política local a medida que avanzaba la guerra^[5].

Además, el golpe de Estado no había conseguido prosperar en buena parte del territorio peninsular e insular, lo que dio paso a una coyuntura de guerra. Y la guerra impuso su lógica: aniquilar al enemigo y vencerlo en el frente de batalla. Para ello fue necesario someter la zona ocupada a un proceso de control y centralización exhaustiva. Cuando tanto se estaba decidiendo en el frente, nada podía dejarse al azar en la retaguardia. Hubo que empezar por garantizar las máximas adhesiones; de ahí que enseguida se abrieran numerosas suscripciones patrióticas dirigidas a recaudar fondos para la causa^[6]. Asimismo, los nuevos gobernadores civiles presidieron una serie de comisiones que, integradas por los máximos exponentes de la banca y el comercio local, debían elaborar una lista de todas las empresas existentes en cada provincia con el fin de tener un conocimiento certero sobre sus directores, su producción y sus beneficios. El triunfo de la Nueva España requería el apoyo del capital, y para ello desplegaron sus esfuerzos los representantes de la élite política y económica de cada ciudad. Ahora bien, aunque la militarización alcanzó también al poder económico y los empresarios tuvieron que someterse al designio de los oficiales rebeldes, muchos optaron por contribuir a la victoria de los rebeldes de manera voluntaria^[7].

Septiembre trajo consigo algunas novedades importantes, pues una serie de decretos dieron otra vuelta de tuerca al sancionar el terror ya desplegado. El día 2 fueron destituidos por la fuerza los jueces y fiscales municipales de «actuación negligente, contraria al movimiento nacional, o poco patriótica», lo que constituía un paso más hacia la sumisión de la justicia ordinaria a la militar que ahora imperaba. Poco después, el decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional (JDN) declaraba fuera de la ley a todas las organizaciones políticas y sociales integradas en el «funesto Frente Popular», establecía la incautación de sus bienes y daba cobertura legal a la persecución de sus representantes. Dos caminos se abrieron para materializar esta última. Uno iba dirigido a los funcionarios, incluidos los adscritos a la Administración provincial y municipal, al sentar las bases de su depuración y posible destitución. Aunque con posterioridad se darían órdenes específicas para regular este proceso en cada Cuerpo, en virtud del decreto los trabajadores públicos debían ser «corregidos, suspendidos y destituidos» de sus cargos en el caso de haber dado muestras de «actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento Nacional». Los propios jefes de cada centro asumirían la responsabilidad de elaborar los expedientes y proponer las destituciones.

Para el grueso de la población civil había otros planes. Las autoridades militares debían elaborar listas con los nombres y una relación de sus bienes, que serían automáticamente embargados hasta que se esclareciesen la responsabilidad criminal o civil de sus propietarios. Pronto empezaron a sentirse los primeros efectos del imperio de la «justicia al revés». Los boletines oficiales de cada provincia se llenaron de edictos que emplazaban a las personas afectadas por los artículos del decreto 108. Muchos funcionarios fueron suspendidos de empleo y sueldo, llamados a presentarse en el plazo de unos días y finalmente destituidos. Los bienes de quienes no tenían un puesto en la Administración fueron embargados y subastados. Algunos no pudieron responder a los emplazamientos, ni contemplar cuál era el destino de sus propiedades, porque habían cruzado las líneas del frente para encontrar refugio en la retaguardia leal a la República o habían sido ya fusilados en las semanas siguientes al golpe militar. Tampoco hizo falta esperar a nuevas órdenes que precisaran los procedimientos, ni a la creación de nuevos organismos encargados de aplicar las medidas dictadas, como la Comisión Central de Incautación de Bienes, que tendría una delegación en cada provincia a partir de enero de 1937.

Paralelamente a este proceso que legitimaba la exclusión, se puso en marcha otro tendente a configurar las instituciones del Estado. Al fin y al cabo, ambos se complementaban. La construcción del «Nuevo Estado» requería previamente una purificación en profundidad de la sociedad, sobre todo de aquellos sectores que más se habían comprometido con esas otras formas de hacer política. En el diseño institucional quedó clara la voluntad de ruptura con la República, pues a finales de septiembre un decreto recuperaba el espíritu del Estatuto Municipal de marzo de 1924. El municipio, insistía, debe «huir del parlamentarismo» y para conseguirlo se recomendaba que las comisiones gestoras de las poblaciones de más de 20 000 habitantes se constituyesen según establecía la ley emitida en octubre de 1935, durante el «bienio negro». Esto significaba crear una Comisión Permanente, integrada por el alcalde y los tenientes de alcalde, que, con la excusa de agilizar la resolución de los asuntos urgentes, tenía la capacidad para tomar las decisiones más importantes. El poder local no solo se centralizaba y se subordinaba a las más elevadas jerarquías militares, sino que se concentraba en pocas manos y, de esta forma, se controlaba más fácilmente^[8].

Unos días después, el 5 de octubre, la recién creada Junta Técnica de Estado daba órdenes más específicas acerca de la constitución de las comisiones gestoras provinciales y municipales. Las primeras debían componerse con representantes de las Cámaras agrícolas, de Comercio, Industria y Navegación. También se consideraban necesarias las personas «de eficiencia en su labor y carentes de significado político», aunque, en último extremo, se aceptarían los de «tendencias afines a la causa nacional». Por último, formarían parte de las corporaciones provinciales «elementos destacados que se estimen indispensables para la gestión administrativa y cuya solvencia moral sea notoria». Además, los gobernadores civiles asumirían el control de las actividades y movimientos económicos de las diputaciones.

Similares criterios presidieron la formación de las gestoras municipales. Estas debían integrarse por los mayores contribuyentes, lo cual no suponía excluir a quienes «en razón a sus actividades o por su significación personal pudieran estimarse como de leal o imprescindible cooperación». Dejaban también un hueco para la representación de organizaciones obreras «afectas al movimiento salvador de España», como las Centrales Obreras Nacional-Sindicalistas. Todas las corporaciones serían nombradas por los gobernadores civiles, quienes, a su vez, rendirían cuentas al gobernador general de la Junta Técnica^[9]. El decreto, que cerraba la primera fase de la reorganización de las instituciones locales durante la guerra civil, sancionaba la subordinación al poder militar central y dejaba bien claro que las gestoras se convertían en instrumentos destinados a imponer un nuevo orden social definido por la jerarquización y verticalidad^[10].

La identidad de los nuevos políticos locales

LA IDENTIDAD DE LOS NUEVOS POLÍTICOS LOCALES

Enseguida fue evidente que no faltaban hombres dispuestos a ocupar un hueco en la política local. Sobre ellos recayó el peso de la aplicación efectiva de las medidas depuradoras de la Administración y los embargos de sus convecinos. Pero ¿quiénes eran esos nuevos gobernadores?, ¿quiénes los integrantes de las comisiones gestoras? Cuando se emitieron las primeras disposiciones reguladoras de la composición de las corporaciones locales, estas llevaban más de dos meses funcionando allí donde había triunfado el golpe de Estado. Y, en realidad, la normativa dictada al respecto sirvió más para sancionar lo ya existente que para alterar el perfil de esos políticos, encargados de no hacer política, afectos al Glorioso Movimiento Nacional. Junto a los militares, conservadores de viejo y nuevo cuño ocuparon los principales cargos desde los últimos días de julio de 1936. Entre ellos, hombres que habían dado sus primeros pasos en la Unión Patriótica del dictador Primo de Rivera, antiguos monárquicos, cedistas, tradicionalistas y algunos, todavía pocos, falangistas. La mayoría de estos últimos eran camisas viejas, porque militaban desde hacía algunos años en el partido que fundara José Antonio Primo de Rivera, pero rastreando en sus antecedentes familiares era fácil encontrar conexiones con miembros del empresariado, los financieros locales o los monárquicos de toda la vida.

En realidad, los intereses que representaban unos y otros eran los mismos. Su presencia —o la de sus vástagos— en las nuevas instituciones designadas por los militares ponía de manifiesto que, aunque desplazados de la política durante la etapa republicana, habían encontrado la fórmula para recuperar el control de la vida pública a nivel local. Y, por mucho que creyeran que estaban retornando al lugar que les correspondía de manera natural, era evidente que los métodos para conseguirlo tenían que ver con la fuerza y estaban desprovistos de cualquier rasgo de espontaneidad. Había también algunas caras nuevas, personas que hasta ahora se habían mantenido al margen del juego político, cuyo nombramiento se explicaba por esa necesidad de rodear a las comisiones gestoras de un halo de apoliticismo y eficacia. Los hombres que encarnaban estos valores, tan preciados en la primera fase de la guerra, procedían de la élite económica y social de cada localidad. Incluso se echó mano de antiguos republicanos conservadores escorados hacia la derecha. Así sucedió, por ejemplo, en Zaragoza, donde dos personalidades vinculadas al Partido Radical, Miguel López de Gera y el médico Luis Orensanz, presidieron, respectivamente, la primera gestora municipal y provincial. O en Logroño, donde Ángel Moreno, del Partido Republicano Conservador, se puso al frente de la alcaldía en diciembre de 1936, sustituyendo al camisa vieja Julio Pernas. Su presencia permitía en ocasiones justificar esas declaraciones dirigidas a hacer creer que el Ejército se había sublevado para corregir el rumbo de un régimen que caminaba hacia el caos y la revolución^[11].

Así seguirían las cosas hasta la orden del 30 de octubre de 1937, que venía a poner orden y concierto en la selección del personal político de ayuntamientos y diputaciones. Si hasta entonces se recomendaba que los elegidos fueran hombres destacados por su talante apolítico y su capacidad de resolución, ahora se exigía que fuesen de «reconocida solvencia moral y conducta intachable». Además, el gobernador general daba instrucciones mucho más precisas. Por un lado, fijaba el número de integrantes de las corporaciones municipales y provinciales en función del número de habitantes; por otro, establecía que las propuestas del gobernador civil para cubrir vacantes o renovar las gestoras estuvieran debidamente justificadas, es decir, acompañadas del «juicio que dichas personas le merecieran». Juicio que, lógicamente, debía forjarse con el asesoramiento del jefe del puesto de la Guardia Civil y los jefes local y provincial de FET-JONS. Otras dos recomendaciones subrayaban la vocación rompedora del emergente «Nuevo Estado». Por un lado, se dejaba bien claro que dichas propuestas nunca podrían recaer en miembros de las organizaciones políticas pertenecientes al Frente Popular, algo que había sucedido ocasionalmente en las primeras fases del conflicto armado. Por otro, se recordaba la conveniencia de que las personas elegidas cumpliesen el requisito de estar afiliadas al partido único creado unos meses atrás (tal como estipulaba el Decreto de Unificación de 1937) «para ir dando realidad a los anhelos nacionales de que participen en los organismos y servicios del Estado componentes de FET y de las JONS».

En suma, durante el otoño de 1937, cuando ya habían caído en manos del Ejército insurgente territorios como Málaga y el litoral cántabro, se extremaban las precauciones a la hora de elegir a los políticos locales y se introducía una novedad que los nuevos tiempos traían consigo. La organización falangista, convertida ya en FET-JONS, avanzaba posiciones en la configuración del Estado. Como veremos, el nuevo partido único tendría mucho que decir en la organización de la vida pública, pues entre sus funciones estaría vigilar al vecindario y emitir continuos informes sobre los individuos, tanto si estaban cercados por la justicia militar como si eran propuestos para desempeñar un cargo.

La nueva Falange, subordinada ahora al Caudillo, era ante todo una incipiente burocracia destinada a convertirse en uno de los pilares del Estado franquista. Esta organización, el único partido permitido en la retaguardia insurgente, era el resultado de haber sido unidas por la fuerza todas las organizaciones políticas que habían respaldado la sublevación. También era una respuesta a las nuevas necesidades que la guerra imponía, como la de extender a la esfera de la política el control, la centralización y el sometimiento jerárquico al Ejército de toda la retaguardia. Algo que, a diferencia de la zona republicana, se realizaba mediante decretos y la militarización forzada.

Además, Falange era una plataforma que albergaba a amplios colectivos, muy en consonancia con los tiempos modernos que corrían. Ahí estaban los de siempre, los hombres de la CEDA, a veces militantes con anterioridad en las filas monárquicas o del dictador Miguel Primo de Rivera, pues así se había decidido por su líder, José María Gil-Robles. En Zaragoza, por ejemplo, Francisco Caballero, quien fuera teniente de alcalde en enero de 1939, había sido el encargado de firmar el acta de disolución de Acción Popular Agraria Aragonesa y determinar el traspaso de sus afiliados a la nueva organización. En Valencia, al haber permanecido durante toda la guerra en territorio republicano, FET-JONS tuvo que crearse ex novo por Adolfo Rincón de Arellano. En sus filas recalaron quintacolumnistas, excautivos y los hombres de la Derecha Regional Valenciana. A estas alturas, que los hombres de la nueva Falange hubieran tenido un pasado autonomista era lo de menos, siempre que «fuesen gentes de espíritu, aptas y leales al Caudillo, procurando [sic] subrayar la unificación en todos sus signos externos»^[12].

También había hombres nuevos, que ingresaban en Falange como una forma de tener sus espaldas cubiertas ante las políticas de terror y de venganza, o por la capacidad de atracción de ese discurso radical que exhibía. Tanto si este partido disfrutaba de un pequeño arraigo como si no, en casi todas las provincias la afiliación a Falange se disparó. Este fenómeno era bastante predecible en lugares como Cantabria, donde ya existía una tradición de fuerte militancia que se consolidó gracias al ascenso del antiguo jefe provincial Manuel Hedilla a la dirección de la Junta de Mando Provisional en septiembre de 1936. Pero resultaba más sorprendente en zonas como Sevilla, donde el éxito del partido con anterioridad a la guerra había sido más bien escaso. En el plazo de unos meses, varias localidades de la comarca de Aljarafe multiplicaron por ocho el número de afiliados a Falange. Muchos ingresaron en la Primera Línea, lo que significaba participar en las acciones armadas de las columnas que, dirigidas por algunos de los mayores terratenientes, recorrían los pueblos de la comarca para recuperar las tierras que habían sido ocupadas^[13].

Muchos miembros de Falange, la mayoría iniciados en la militancia después de estallar la guerra o producirse la unificación, encontrarían en las corporaciones municipales y provinciales un campo muy despejado para medrar. Pues fue una constante que a partir de la orden del 30 de octubre de 1937 la presencia de representantes falangistas aumentara en el seno de las gestoras. Esta tónica se acentuaría en la posguerra, cuando ser excombatiente se convirtió en un mérito de peso y, ya entrada la década de los cuarenta, la presencia de hombres del partido al frente de los gobiernos civiles propició el acceso de camisas azules. En última instancia, se trataba de mostrar la adhesión sin fisuras al proyecto que encarnaban los sublevados. Y haber luchado en las filas del ejército franquista, tener un carné de Falange en la mano o levantar mucho el brazo cuando llegaban las tropas rebeldes, por cualesquiera que fueran las razones, fueron vías claras para obtener el reconocimiento de los militares y optar a una serie de cargos políticos.

Lo más llamativo era que la política venía marcada por un discurso que hablaba sobre la «regeneración» de España. No era mera retórica, pues tras esas palabras latía todo un proyecto monolítico, depurador y centralizador que había comenzado con el tiro en la nuca y seguía, ahora, con el sometimiento de las instituciones locales. Pieza angular de dicho discurso era el rechazo del sistema liberal parlamentario en todas sus formas, pues se identificaba, como si fueran lo mismo, el liberalismo y la democracia con el caciquismo y la corrupción. Los militares sublevados y los prohombres locales que habían secundado el golpe decían encarnar la verdadera pureza de la cosa pública, al conseguir aunar de manera armónica los intereses de todos los españoles. Porque quienes no los compartían, claro está, no eran verdaderos españoles, quedaban fuera de la nueva comunidad nacional que se estaba forjando y eran identificados como los representantes de la «anti-España».

La «regeneración» quedó reducida a un cambio en los mecanismos para acceder al control de los centros donde se hacía la política. Terminar con el sistema electoral era la mejor forma de garantizar que las elecciones no se falsearan nunca más. A cambio, se impuso la designación arbitraria, producto en muchas ocasiones de favoritismos y amiguismos, la subordinación al Ejército, la centralización a ultranza. Porque en las zonas rurales hubo una clara continuidad tanto en la estructura de la propiedad agraria como en las formas de poder social que se correspondían con ella. Y si la restauración del poder social estuvo acompañada de todas las novedades que ya hemos descrito, estas deben entenderse en su contexto adecuado^[14]. En ocasiones los nuevos falangistas, aunque no pertenecieran a las antiguas élites dirigentes, estaban conectados con ellas mediante lazos familiares o afectivos. También por esas solidaridades verticales tan abundantes en el mundo rural que, en muchos casos, encubrían una fuerte dependencia de los más débiles con respecto a los más poderosos. Así sucedió, por ejemplo, en Pereiro de Aguiar, un pueblo de la provincia de Orense, donde el jefe local de Falange servía desde siempre en casa del médico del ayuntamiento. Las viejas élites, en definitiva, utilizaron las redes clientelares en las que estaban inmersos con anterioridad al golpe militar con el fin de organizar milicias y fundar las Falanges locales, la principal cantera de efectivos humanos para el soporte político de la dictadura^[15].

Las disposiciones legislativas que siguieron a la orden de octubre de 1937 no insistieron más en las normas que debían regir la composición de las comisiones gestoras, pero sí ampliaron o precisaron las funciones que se les encomendaban. Estaba previsto que tales instituciones se convirtieran en ejes rectores de la vida local y, por lo tanto, en centros decisorios de la suerte que corrieran los ciudadanos. Lo mismo sucedió con los gobernadores civiles, quienes asumieron una serie de funciones cuyos efectos serían determinantes en la reestructuración de la sociedad emprendida tras la entrada del ejército insurgente en cada localidad. Como el decreto 108 y todos aquellos que regulaban la depuración de los representantes políticos o los empleados públicos seguían vigentes, su aplicación sería inmediata tras la entrada de las tropas franquistas en cada ciudad o municipio que hubiera permanecido en territorio republicano^[16].

Aunque el Estatuto de Cataluña había sido derogado el 5 de abril de 1938, la inminente caída de esta región a comienzos de 1939 generó una serie de normas dirigidas al desmantelamiento administrativo de la Generalitat. Así, las diputaciones provinciales se hicieron cargo de todas las instituciones e instalaciones que dependían de ella, y desde el Gobierno central se dieron facilidades para que la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona solicitaran créditos cuantiosos destinados a su reconstrucción^[17]. El 26 de enero, fecha de la ocupación de Barcelona por las tropas franquistas, el subsecretario de Orden Público, Eliseo Álvarez-Arenas, asumió la totalidad de los poderes civiles y militares en esa provincia. Otros nombramientos siguieron a este. Mariano Calviño de Sabucedo fue elegido para ocupar el cargo de jefe provincial de FET-JONS, como buen ejemplo que era de esos falangistas con ganas de prosperar en la Cataluña derrotada; Josep Maria de Milà i Camps, conde de Montseny, monárquico alfonsino y colaborador del general Primo de Rivera, ocupó la presidencia de la Diputación, y un capitán de la Legión, Víctor Felipe Martínez, fue alcalde por un día para dejar paso enseguida a Miguel Mateu, un hombre de las finanzas y la industria metalúrgica. Todos juntos constituían una buena representación de los colectivos sociales y políticos que estaban ganando la guerra^[18].

FET-JONS se presentó como uno de los núcleos favoritos para elegir a los gestores de las localidades catalanas, así como el de quienes contaban con alguna experiencia en los anteriores períodos de excepción. Sin embargo, el legado de la guerra se hacía sentir por estas fechas, y todavía más en los territorios que habían permanecido fieles al Gobierno de la República hasta el último momento. Llegaba la hora de los excombatientes, pero, sobre todo, de los más agraviados por la represión de las milicias y los tribunales populares, como los excautivos o los familiares de los caídos por Dios y por España. Además, como el impacto económico y moral de la revolución del verano de 1936 en Cataluña había sido enorme, a partir de 1939 se impuso la «lógica de la victoria social» y, ante la debilidad de las opciones derechistas de signo españolista, los miembros de la burguesía local, antiguos hombres de la Lliga, afluyeron a los consistorios^[19].

La militarización seguía viva, de manera que hasta el final de la guerra los delegados militares continuaron vigilando el proceso de constitución de las comisiones gestoras en las zonas que en la primavera de 1939 seguían en poder de la República. En Murcia, la Falange local se hizo cargo del Ayuntamiento el 29 de marzo, hasta que el general jefe del Ejército de ocupación delegó en la Auditoría de Guerra, ubicada en Valencia, la designación de una gestora municipal provisional dos días después. La alcaldía recayó en Agustín Virgili Quintanilla, un hombre vinculado a las élites agrarias y a la CEDA ya extinta. La elección fue realizada por Pedro Bañón Pascual, capitán honorario del Cuerpo Jurídico Militar, quien también nombraría a la nueva corporación de Cartagena, presidida por el jefe local de Falange, Tomás Cerezo Muñoz. No obstante, en Almería, aprovechando la confusión inicial, algunos individuos, quintacolumnistas, huidos que ahora regresaban, oficiales de unidades militares o simples oportunistas, se hicieron con los máximos cargos locales sin esperar la orden del Ejército, que debía venir desde arriba^[20].

Los políticos locales tuvieron un importante margen de maniobra para decidir acerca de las cuestiones que vertebraban la vida cotidiana de los españoles. En sus manos estuvo la aplicación efectiva de las medidas purificadoras del emergente «Nuevo Estado», pero también el control de asuntos tan decisivos para la supervivencia de la retaguardia como los abastecimientos y la beneficencia o, una vez terminada la guerra, la reconstrucción moral y material de las localidades. De ellos dependió, en definitiva, que muchos hombres y mujeres tuvieran que abandonar el pueblo donde habían vivido durante años, o que el maestro depurado pudiera permanecer allí donde había impartido sus clases en la etapa republicana. Muchas cosas, y muy importantes, cuando se estaban poniendo las bases de la sociedad y el Estado franquistas.

El ejercicio del poder local durante la guerra civil

EL EJERCICIO DEL PODER LOCAL DURANTE LA GUERRA CIVIL

Con la supresión de cualquier vestigio democrático y la práctica electoral desapareció el voto como valor de cambio. Este había sido una pieza clave en ese mecanismo de intercambio de favores tan extendido en las relaciones clientelares consolidadas durante la Restauración. Lo que resultó fue la sumisión y la subordinación en sus manifestaciones más puras, el hieratismo más rígido en el ejercicio del poder. ¿Cuáles eran, entonces, las ventajas de obtener un puesto en una gestora que tenía escaso margen de maniobra y unos reducidos presupuestos que la atenazaban? Las circunstancias que acompañaron a la guerra, primero, y a la victoria, después, generaron una serie de bienes muy preciados, y en torno a ellos, o a quienes disponían de ellos, se hilaron nuevas adhesiones y lealtades. Así, las viejas relaciones de poder se reformularon y las antiguas clientelas se reconstruyeron en torno a los que estaban a punto de ganar la guerra en abril de 1939. La «Victoria», en definitiva, introdujo un crucial eje para la vertebración de la sociedad de posguerra.

Las instituciones locales se hicieron eco de esa división entre vencedores y vencidos. No era casualidad que entre las principales actividades de quienes las controlaban estuviera la colaboración activa en ese proyecto de purificación que los militares rebeldes habían puesto en marcha desde julio de 1936. La participación de la sociedad civil en las tareas represivas, mucho más contundente de lo que en un principio se había creído, se canalizó de manera prioritaria a través de las comisiones gestoras y los gobiernos civiles^[21]. Los nuevos gobernadores, alcaldes y presidentes de las diputaciones se encargaron de aplicar la legislación depuradora de los empleados públicos y los políticos republicanos o de izquierda. El decreto 108 había iniciado un proceso que iría perfilándose a medida que pasaba el tiempo. Así, un decretoley del 5 de diciembre de 1936 regulaba la destitución de funcionarios, y una orden de enero de 1937 hacía hincapié en que las propias corporaciones debían resolver los expedientes de depuración y aplicar las sanciones oportunas. En diciembre de 1938 se otorgaba al Ministerio del Interior facultades para revisar los acuerdos que las corporaciones hubieran tomado sobre los expedientes, de modo que los mecanismos depuradores daban un paso más hacia el sometimiento al poder central del Estado^[22]. Unos meses después, en marzo de 1939, cuando la victoria estaba ya cercana, se establecían nuevas normas para continuar con la depuración de los funcionarios en las zonas «recientemente liberadas» por su actuación durante el «Movimiento Nacional».

Mayor impacto tuvo si cabe la depuración del magisterio, uno de los grandes puntales de la reforma educativa republicana. Desde agosto de 1936 los alcaldes tenían la obligación de comunicar a los rectores qué tipo de conducta habían observado los docentes hasta ese momento. Las primeras listas de maestros suspensos de empleo y sueldo o destituidos aparecieron ya en septiembre y, como medida profiláctica, la Comisión de Cultura y Enseñanza encargada de la depuración los expulsó de las localidades en las que ejercían. Estas decisiones causaron estragos a la hora de satisfacer las demandas educativas de la retaguardia, de manera que a partir de enero de 1938 se abrió la posibilidad de que los alcaldes evitaran esos traslados si así lo solicitaban mediante una instancia^[23].

Los alcaldes y otras autoridades locales, como el jefe local de Falange, el comandante del puesto de la Guardia Civil o el párroco, tuvieron también mucho que decir en los consejos de guerra, cada vez más frecuentes desde comienzos del año 1937, y, sobre todo, cuando en la recta final del conflicto armado se dictó la Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939). De hecho, una de las vías para abrir expediente de responsabilidades políticas era que cualquier autoridad militar o civil denunciara a un vecino ante el tribunal o los juzgados municipales. En Lleida, por ejemplo, el grueso de los expedientes fue el resultado directo de las denuncias emitidas por las corporaciones locales. Además, el contenido de los informes elaborados por quienes desempeñaban esos cargos era decisivo para el rumbo que tomase el expediente. Algo parecido sucedía con los avales, que podían salvar a los soldados del ejército republicano desmovilizado o a los prisioneros de guerra retenidos en un campo de concentración o, por el contrario, encaminarlos con firmeza hacia la cárcel, el consejo de guerra y, quizá, el fusilamiento. En definitiva, estas figuras se convirtieron en puntos de referencia ineludibles para la reconstrucción del poder en la retaguardia franquista, porque en sus manos estuvo la capacidad de escribir el destino de sus convecinos, considerados enemigos, primero, y vencidos, después^[24].

Las jefaturas locales y provinciales de Falange contaron con sus propios servicios de información e investigación, integrados por antiguos quintacolumnistas, como en el caso de Valencia, o por vecinos recién ingresados en el partido. Dichos servicios, convertidos en verdaderos centros de espionaje, elaboraron unos ficheros donde se especificaban todos los datos que la justicia militar requería para los procedimientos sumariales de los consejos de guerra: conceptuación policial, religiosa, pública y privada del encausado; filiación política, ideológica y actuación con anterioridad al «Glorioso Movimiento Nacional»; cargos que desempeñó, candidatura a la que votó en febrero de 1936… La sociedad de la posguerra se convirtió en una «sociedad intervenida», pues los nuevos falangistas llegaron a espiar a sus vecinos en cafés y tabernas. Su labor fue, al parecer, más atinada que la de otros eficientes y tradicionales colaboradores del Ejército, la Policía y la Guardia Civil^[25].

Que la nueva clase política local fue un agente de esa división entre vencedores y vencidos que se impuso al término de la guerra se demuestra con las siguientes actuaciones. A partir de mayo de 1938 los «ayuntamientos recién liberados» recibieron la consigna de normalizar la vida civil y económica cuanto antes, para lo cual debían custodiar y administrar los bienes abandonados, pertenecientes a quienes se habían opuesto al «Glorioso Movimiento Nacional». Asimismo, los alcaldes presidieron las comisiones depositarias municipales de recuperación agrícola, creadas para tramitar y resolver las solicitudes de reclamación de los bienes incautados o colectivizados en la retaguardia republicana, y por lo tanto, destinadas a garantizar la continuidad del orden social alterado por los comités revolucionarios durante la guerra. Igualmente, en abril de 1939 los gobernadores civiles y los secretarios de las diputaciones, junto a otros representantes de la Administración del Estado, integraron las comisiones provinciales de Reconstrucción, con el fin de evaluar los daños materiales ocasionados durante la guerra y conseguir préstamos para los propietarios afectados^[26].

Por si todo esto era poco, los ayuntamientos y las diputaciones quedaron obligados a sufragar gastos y dar facilidades materiales para la creación del Cuerpo de Mutilados, que amparaba a los vecinos heridos en la lucha por «la liberación y engrandecimiento de España»; a subvencionar las residencias y hogares para alojar a las cumplidoras del Servicio Social; a elaborar el censo de excombatientes, donde se incluían los aptos para recibir las notables prebendas morales y materiales que el régimen les tenía reservadas, y también el padrón de beneficencia, donde se incluían las familias pobres, objeto ahora del paternalismo y la caridad mal entendida de la dictadura^[27].

La Iglesia no quedó al margen de la dinámica del ejercicio del poder local. Obispos y curas sometieron a la sociedad a una recatolización forzada, que consideraban el justo precio por su anterior alejamiento del verdadero camino que llevaba hasta Dios. Pero no se limitaron a invadir el espacio público con sus discursos, sermones y homenajes a los caídos, sino que también obtuvieron cuantiosas ventajas materiales. En Barbastro, por ejemplo, donde la oleada de violencia anticlerical se había saldado con la muerte de casi doscientos miembros del clero, la Iglesia tuvo ocasión de cobrarse en especie tantos agravios. Los hombres de las juntas de Acción Católica coparon el Ayuntamiento a partir de marzo de 1938, cuando la ciudad fue definitivamente ocupada. El alcalde, Juan Juseu, además de católico, abogado y terrateniente, era benefactor del Monasterio del Pueyo, uno de los espacios más castigados por el terror revolucionario. Y entre sus primeras decisiones estuvo restablecer la vieja romería del Pueyo, subvencionar la peregrinación de los escolares a la Virgen del Pilar de Zaragoza, alterar el calendario de las sesiones de la gestora municipal para que sus miembros pudieran asistir a las procesiones de Semana Santa y colocar cruces en todos los caminos y entradas de la ciudad. La corporación municipal se prestó a realizar los trámites para que las órdenes religiosas solicitaran sus exenciones de tributos, aparte de ofrecerles sueldos y subvenciones a cambio de la realización de sus actividades asistenciales. También, como en todas las localidades ganadas para la «Patria», frenó la construcción de grupos escolares, uno de los puntales de las reformas republicanas, y a cambio dio facilidades para que los curas y las monjas abrieran sus propias escuelas.

Los gobernadores civiles recibieron encomiendas de gran alcance. Presidieron las juntas provinciales de Beneficencia, que, reorganizadas en octubre de 1936, trabajaron en estrecha colaboración con las delegaciones provinciales de Auxilio Social desde abril de 1938. Dichas juntas estaban encargadas de llevar a la práctica esa política asistencial que iba inextricablemente ligada al control, la ideologización y las propuestas de sumisión de los vencidos. En el otoño de 1936 fueron facultados para resolver todas las cuestiones relacionadas con el abastecimiento de productos de primera necesidad y evitar su encarecimiento. Más adelante, en octubre de 1937 presidieron las juntas provinciales de Precios, y a partir de febrero de 1938, las de Abastos, con la misma finalidad. De manera que el control de la producción y de los precios estuvo en sus manos, así como la capacidad de sancionar sus continuas alteraciones. Pero los datos apuntan a que fueron precisamente los hombres más cercanos a estos centros de poder local quienes estuvieron implicados en las redes de comercialización ilegal que generaban cuantiosos beneficios. En casi todas las provincias se registraron varios casos de corrupción en materia de abastecimiento en los años finales de la guerra y en la primera posguerra, lo que sirvió para que las jefaturas de Falange, con escaso peso en los gobiernos civiles y en las gestoras todavía, acusaran de «caciquismo» a quienes controlaban estas instituciones y se presentaran a sí mismos como los genuinos representantes de la supuesta pureza de la «Nueva España»^[28].

Otras atribuciones estuvieron más estrechamente relacionadas con la intervención de la sociedad civil. El gobernador concentró en sus manos todas las competencias en materia de orden público, por mucho que durante unos meses, entre junio de 1938 y enero de 1939, la figura del delegado de Orden Público asumiese parte de ellas. Porque, en la práctica, los gobernadores debían encargarse de que los ciudadanos estuviesen sometidos a una vigilancia exhaustiva, especialmente cuando se reunían o asociaban. También eran los responsables de evitar y reprimir cualquier acto que pudiera alterar esa tranquilidad ficticia impuesta por las armas. Además, tal como venía dictado desde arriba, los gobernadores pusieron un celo especial en el mantenimiento de las buenas costumbres. Así, en julio de 1938, una orden circular les animaba a «reprimir los actos contrarios a la moral y a la decencia pública», entre los que se encontraba la maledicencia, la blasfemia o la difamación. Para desempeñar esta tarea siempre contaron con la ayuda desinteresada de las juntas de Acción Católica y de los sacerdotes, que veían con gran satisfacción cómo sus rígidas recomendaciones sobre la moral sexual y el recato en el vestir se llevaban a la práctica gracias a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.

Pero, sin duda, donde más se notó el legado de la guerra y la represión fue en la reestructuración social que se experimentó en todas las comunidades locales tras el «Día de la Victoria». Fue un proceso que estuvo controlado por los gobernadores civiles y los alcaldes, en alianza con el colectivo de los vencedores, y adquirió tintes más llamativos en esos lugares «reconquistados» a medida que avanzaba el ejército de Franco. Los pueblos y las ciudades, sobre todo las pequeñas, se convirtieron en el marco adecuado para llevar a cabo con eficacia esa purga de los elementos que ahora se tornaban incómodos, todos aquellos con un pasado izquierdista o firmemente comprometidos con la defensa de la República. Las órdenes de los oficiales del ejército victorioso eran claras, pues insistían en que los miembros del «ejército rojo» volvieran a sus localidades de origen y se abstuvieran de cambiar de residencia hasta que los alcaldes o la Guardia Civil rellenasen una «ficha clasificatoria», tarea idéntica a la que se realizaba en los campos de concentración.

Llegar al lugar de residencia habitual era el primer eslabón de una larga cadena de sospechas, delaciones o expulsiones. Los gobernadores civiles comunicaban por escrito a los alcaldes que quienes no hubiesen cometido delitos debían ser readmitidos en sus localidades de origen, aunque sometidos, eso sí, a una estricta vigilancia. Es más, en no pocas ocasiones, a petición de las fuerzas vivas locales, los alcaldes pedían que algunas personas retornaran a dónde siempre habían vivido, pues consideraban que este era el espacio idóneo para saldar las viejas cuentas pendientes. El proceso podía funcionar en el sentido inverso, y los alcaldes se hacían eco de los deseos de los vecinos que habían ganado la guerra para frenar o impedir la llegada de elementos poco gratos. En definitiva, la «Victoria» dotó a las viejas relaciones de vecindad de una fuerza especial para determinar la admisión o expulsión de cada uno de sus miembros. Y los vencedores, amparados por las autoridades civiles o militares, tuvieron en sus manos la capacidad para decidir la suerte de los vencidos, así como para rehacer a su antojo esas relaciones sociales que sustentaban la vida cotidiana de millones de españoles^[29].

Como puede apreciarse, la voz de la sociedad civil se dejó oír en más ocasiones de las previstas durante la guerra y la primera posguerra. Los vecinos de orden estaban en condiciones de imponer su voluntad de vez en cuando, y los alcaldes, concejales y gobernadores civiles actuaron como mediadores eficaces entre estos colectivos y el aparato del Estado. Integraron comisiones de carácter civil, como las de «províctimas del marxismo», reunieron pliegos de firmas para salvar de la cárcel a algunos falangistas enfrentados con la justicia o, incluso en algunas ocasiones, emitieron quejas acerca de las conductas irregulares, favoritismos o negligencias de ciertos cargos públicos^[30]. Su presencia, sus voces y sus anhelos fueron decisivos a la hora de reorganizar la sociedad que salía de una guerra profundamente dividida, y las instituciones locales se convirtieron en canales adecuados para que fueran escuchadas o tenidas en cuenta. Ellas mismas estaban ocupadas por hombres de probada fidelidad a la dictadura del general Franco, que tenían por delante un prometedor futuro al lado de los principales pilares burocráticos del «Nuevo Estado», la Iglesia, el Ejército y el partido único FET-JONS.