Introducción (Santos Juliá)

INTRODUCCIÓN

Santos Juliá

Era un hermoso día de sol. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros llegaba, al fin, la segunda y gloriosa República Española. ¿Venía del brazo de la primavera? La canción infantil que yo oí cantar, o soñé que se cantaba en aquellas horas, lo decía de este modo: La primavera ha venido / del brazo de un capitán. / Cantad, niñas en coro: / ¡Viva Fermín Galán!». Así recordaba el poeta Antonio Machado el 14 de abril en Segovia, aquel momento en que estallaron todas las esperanzas. Recibida en las calles de las ciudades como una fiesta popular coronada por el gorro frigio, la República quedó proclamada en la tarde de aquel día mientras el rey Alfonso XIII se iba entre coplas y se aclamaba entre aplausos a las nuevas autoridades.

En medio de aquel entusiasmo, un gobierno provisional, formado por socialistas, republicanos y nacionalistas catalanes, emprendió la obra de reformas políticas y sociales exigidas por las profundas transformaciones experimentadas desde la Gran Guerra por la sociedad española: la República vino, o advino, como regalo de primavera; pero llegó también como fruto maduro, largo tiempo esperado por las nuevas clases medias y por la clase obrera surgidas en las ciudades durante los quince años anteriores. Era preciso instaurar en España un régimen democrático, con el Parlamento como centro de la vida política, sufragio limpio y fin del poder político de los caciques; liberar al Estado de la tutela de las dos grandes instituciones que lo tenían mediatizado desde los años de la Restauración, el Ejército y la Iglesia; establecer la igualdad de derechos políticos y civiles de hombres y mujeres; remediar las grandes desigualdades sociales, agravadas por las oleadas de emigración desde las zonas rurales deprimidas a suburbios miserables de las ciudades; extender la educación en los grados primario y secundario y atender a la creación de centros superiores; proceder a una nueva distribución territorial del poder, con la concesión de autonomías reclamadas desde principios de siglo por los movimientos y partidos nacionalistas, especialmente en Cataluña.

Era un programa ambicioso, que afectaba a todos los órdenes de la sociedad y del Estado, a las relaciones entre clases sociales, al poder de clérigos, militares y terratenientes, a la vida de las familias desde el nacimiento al entierro, a la aspiración a la autonomía política de las regiones. La República no era, en el imaginario social, un mero cambio de régimen, mucho menos de gobierno; era, o prometía, un cambio de vida: la clase obrera se incorporaría al sistema político y al gobierno del Estado y mejoraría su miserable condición; las mujeres accederían a la esfera pública, se harían visibles también en la política; los niños y jóvenes recibirían una nueva educación, laica, moderna, que acabaría con la lacra del analfabetismo y con el provincianismo de una enseñanza dominada por los religiosos caídos en avalancha desde Francia sobre España a finales del siglo XIX; las regiones encontrarían un mejor acomodo en el Estado; los campesinos accederían a la propiedad de las tierras que trabajaban; el Estado se organizaría como democracia, acabando con la doble soberanía depositada en las Cortes y el rey. La vida, en fin, sería más igualitaria, más libre, más justa, como reclamaban los tiempos.

De estas grandes expectativas, pasados dos años, no quedaban más que rescoldos. En la coalición de gobierno formada por republicanos y socialistas se abrieron desde muy pronto diferencias profundas en torno al alcance de las reformas y a la naturaleza misma del régimen. En octubre de 1931, con motivo del debate constitucional sobre la cuestión religiosa, abandonaron el Gobierno Niceto Alcalá-Zamora, su presidente, y Miguel Maura, ministro del Interior; en diciembre, una vez aprobada la Constitución y ratificado Manuel Azaña en la presidencia del Gobierno, lo abandonó Alejandro Lerroux con el Partido Radical. La coalición quedó reducida a republicanos de izquierda y socialistas, que continuaron con su plan de reformas aunque con un apoyo social considerablemente reducido, que amenazaba con estrecharse cada vez más y no por un solo flanco, sino por todos, a izquierda y derecha. Reforma agraria, debate sobre autonomía de Cataluña, leyes laicas, prosecución de las reformas militares, legislación social, proyectos educativos: en cualquiera de estos frentes comenzaron a surgir obstáculos imposibles de prever en aquellos meses de grandes expectativas.

La evidente desproporción entre los apoyos sociales y políticos con que contaba la coalición presidida por Manuel Azaña y la urgencia, amplitud y profundidad de las reformas propuestas crearon un clima de tensión y lucha del que participaron todas las fuerzas sociales. La Confederación Nacional de Trabajadores, anarco-sindicalista, se declaró muy pronto decepcionada por la obra de gobierno y comenzó sus llamadas a la huelga general revolucionaria. Los patronos revitalizaron sus organizaciones y manifestaron su protesta por la aplicación de la nueva legislación social. Los militares, que habían recibido las primeras reformas con muestras de aprobación, reaccionaron violentamente ante la revisión de ascensos decretados por la guerra de Marruecos y comenzaron a conspirar. Los religiosos movilizaron al mundo católico por la proyectada ley de órdenes y congregaciones religiosas que implicaba el cierre inmediato de todos sus colegios y la prohibición de impartir enseñanza. Y mientras se deterioraba la confianza política, la crisis económica extendía la incertidumbre sobre el futuro, se paralizaban las grandes obras y un desempleo rampante afectaba de manera especial a los campesinos y a los sectores más deprimidos de las poblaciones urbanas.

La coalición no aguantó la presión creciente que la batía por todos sus costados y, ante la segunda y definitiva retirada de la confianza presidencial al presidente del Gobierno, se rompió en septiembre de 1933: Manuel Azaña salió del Gobierno y republicanos y socialistas continuaron cada cual por su lado. El resultado de las elecciones convocadas para noviembre de ese año, con los radicales y los católicos ocupando las primeras posiciones, y los socialistas y republicanos divididos y derrotados, supuso un cambio de dirección en el Gobierno, presidido ahora por Lerroux, con el apoyo parlamentario de la CEDA, una confederación de partidos católicos, edificada sobre Acción Popular, confesional, inspirada por Ángel Herrera y dirigida por José María Gil-Robles. Se habló de rectificación de la República, pero era evidente que en aquella alianza latía el propósito de la CEDA de acercarse al Gobierno para situarse en una posición que le permitiera disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones con el propósito de llevar a cabo una profunda reforma de la Constitución en un sentido corporativo y autoritario.

El repliegue de la izquierda y los avances de la derecha introdujeron un elemento de inestabilidad que se reflejó en continuas crisis de Gobierno, incapaces de sostenerse más allá de tres meses en el poder. Nuevos partidos salieron a la palestra, mientras los jóvenes formaban milicias y se generalizaba un nuevo discurso político que recurría a la violencia como expresión de su rechazo a la presente situación y como único instrumento para transformar el mundo. Ese era ya el lenguaje habitual entre jóvenes anarquistas y comunistas cuando nacía la República, pero lo será desde ahora entre los socialistas, que amenazaron con la revolución si la CEDA se incorporaba al Gobierno; como lo será también entre las juventudes del nuevo partido de Falange Española o las que engrosan las filas de la católica Acción Popular y de los partidos monárquicos, claramente situados, a medida que avanzaba 1934, en una política subversiva.

Frente a este nuevo clima político, el Partido Radical se escindió entre quienes estaban dispuestos a mayores concesiones a la derecha católica y quienes pretendían seguir una vía propia, igualmente alejada del republicanismo de izquierda como de la reacción de derechas. Diego Martínez Barrio y un grupo de diputados abandonaron el Gobierno y el partido, debilitándolo ante el empuje de las derechas que incorporaban, en mítines, discursos, manifestaciones, los modos, el lenguaje y los símbolos propios del partido nazi recién aupado al poder en Alemania. La adopción de saludos fascistas, la formación de escuadras de jóvenes uniformados con la camisa parda y el pantalón corto, el lenguaje de violencia, las amenazas esgrimidas por las juventudes, mostraban lo que poco después Ramiro Ledesma Ramos definirá como fascistización de los partidos católicos y monárquicos, un fenómeno al que atribuía la debilidad del partido fascista puro, Falange Española. En todo caso, los lenguajes políticos de revolución y contrarrevolución habían hecho su aparición y ganaban adeptos por días.

En estas circunstancias, y ante la debilidad creciente del Partido Radical, José María Gil-Robles exigió la entrada de su partido en el Gobierno como condición para mantener el apoyo parlamentario que le venía prestando desde las elecciones. Los socialistas, que habían amenazado con la revolución en la seguridad de que el presidente de la República no accedería nunca a las pretensiones de la CEDA, declararon la huelga general revolucionaria al conocerse la formación del nuevo Gobierno en los primeros días de octubre de 1934. A ella se añadió de inmediato la rebelión del Gobierno de la Generalitat, presidido por Esquerra Republicana y enfrentado durante todo el anterior verano con el Gobierno central por una cuestión relativa a las competencias del Parlamento catalán, proclamando una República Catalana. Liquidada la rebelión en unas horas por la rápida intervención del Ejército, bajo la autoridad del general Batet, la revolución declarada por los socialistas exigió que el Gobierno de la República se empleara a fondo, con el envío de legionarios y regulares para aplastar la insurrección obrera que se había extendido por la cuenca minera de Asturias.

La revolución de octubre de 1934 mostraba una vez más la vigencia de una cultura política, muy arraigada de nuevo entre los españoles desde el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923. Pero mostró, sobre todo, como ya había ocurrido con la rebelión del general Sanjurjo en 1932 y las diversas intentonas revolucionarias declaradas por la CNT entre 1931 y 1933, la relativa facilidad con que la República, manteniéndose fieles al ordenamiento constitucional sus fuerzas armadas y de seguridad, podía sofocar los movimientos insurreccionales. Con los sindicatos obreros clausurados, los dirigentes socialistas encarcelados y los republicanos perseguidos, habría sido la gran ocasión para que las fuerzas del centro y de derecha iniciaran una política de apaciguamiento y reequilibrio social. Ciertamente, las secuelas de la revolución de octubre fueron graves, pero no impidieron en absoluto el normal funcionamiento de las instituciones republicanas. Si los gobiernos de coalición radical-cedista no optaron por una política de centro, no fue porque resultara imposible, sino porque la opción política de la CEDA iba por otros derroteros.

La CEDA, en efecto, había accedido al Gobierno con el propósito de impulsar la reforma de la Constitución en una dirección autoritaria y corporativa. Por eso, la experiencia de su coalición con el Partido Radical no fructificó en estabilidad ni eficacia gubernativa, sino todo lo contrario. Después de un año de crisis continuas, y cumplido el plazo de cuatro años establecido por la Constitución para iniciar procedimiento de reforma, Gil-Robles reclamó la presidencia del Gobierno. Lo hizo no porque contara ahora con una posible mayoría parlamentaria que le permitiera gobernar, sino porque, al no contar con ella, estaría en condiciones de disolver las Cortes, tras presentar un proyecto de reforma constitucional, y convocar nuevas elecciones. La negativa de Alcalá-Zamora a encargar a Gil-Robles la formación de un nuevo gobierno —lo que habría equivalido a entregarle el decreto de disolución— abrió la tercera fase de la política republicana. En lugar de a Gil-Robles, Alcalá-Zamora entregó el decreto de disolución a un hombre de su confianza, Manuel Portela Valladares, líder de un pequeño partido de centro.

Las nuevas elecciones tampoco sirvieron para estabilizar el sistema político. Con la derecha dividida y con los partidos de izquierda —desde republicanos a comunistas— formando una coalición electoral, bautizada como Frente Popular, el mismo sistema que primó el triunfo de la derecha en 1933 se encargó ahora de otorgar una neta victoria en escaños a las izquierdas, que solo habían obtenido un discreto triunfo en votos. No fue posible, sin embargo, ni la reducción del número de los partidos que acudieron a las primeras elecciones, ni la persistencia de los que estuvieron en el origen del sistema, dos condiciones básicas del proceso de consolidación de una democracia todavía frágil. Por el contrario, el número total de partidos con representación parlamentaria aumentó ligeramente, mientras los partidos más relevantes, o desaparecieron, como el Radical, o sufrieron procesos de división interna, como el PSOE y la CEDA.

Por debajo de la apariencia de los dos bloques o frentes alineados en orden de batalla, un frente popular y un frente de la contrarrevolución, lo que existía eran coaliciones electorales que englobaban a partidos incapaces de formar un Gobierno de coalición o constituir una disciplinada y homogénea oposición. El panorama político de la primavera de 1936 no es el de una polarización, un ascenso a los extremos, sino el de una profunda fragmentación de pequeños grupos políticos y, más grave para el porvenir de la República, de escisión o división de los dos grandes partidos que ocupaban la mayor parte del territorio a la izquierda y a la derecha del sistema multipartidista. La división interna del PSOE lo incapacitó para sostener al Gobierno, mientras la división de la CEDA le impedía mantener la disciplina de una oposición dentro de los cauces constitucionales. En la fragmentación de los grandes partidos, más que en una caída inevitable en el abismo, es donde hay que buscar las causas del deterioro político tan evidente en la primavera de 1936, que redundó en gravísimos problemas de orden público, con un pistolerismo rampante en las ciudades y enfrentamientos entre campesinos y Guardia Civil en los pueblos.

Con todo, si las fuerzas armadas y de seguridad hubieran guardado su juramento de lealtad a la Constitución, no habría sido posible que los españoles se hubieran enfrentado en una guerra civil. La guerra fue consecuencia directa de un golpe de Estado militar. No por muy evidentes es menos necesario repetir dos obviedades: si los militares, en lugar de conspirar, hubieran asistido, como era su deber, al Gobierno de la República en sus intentos de restablecer el orden y la paz social, jamás hubiera habido una guerra civil; pero si, puesto que decidieron conspirar, como era su hábito desde 1906, hubieran garantizado las complicidades suficientes para dar un golpe sin fisuras, con todo el Ejército unánime, se habrían hecho con el poder con alguna mayor dificultad que en 1923 pero no con menor éxito. Pero un golpe militar realizado sin que la totalidad del Ejército ni de las fuerzas de seguridad del Estado se sumaran a la rebelión, en un momento de gran movilización sindical, con una masa de obreros jóvenes, poco cualificados, condenados intermitentemente al paro, con una historia reciente de huelgas y de intentonas insurreccionales, con unas juventudes que llevaban dos años exaltando, a derecha e izquierda, la violencia como partera del nuevo mundo, no podía triunfar. Y eso es lo que explica que el resultado de aquella horrenda culpa, aquel delito de lesa patria, como lo definió Manuel Azaña, que fue la sublevación militar contra la República Española, no acabara, como en septiembre de 1923, en el triunfo neto de los rebeldes, con un rápido control del Estado; pero tampoco, como en agosto de 1932, en el triunfo neto del Gobierno, con un rápido sofocamiento de la rebelión.

En julio de 1936 fracasó la rebelión pero no triunfó el Gobierno que, presidido por Santiago Casares Quiroga, presentó su dimisión para dejar al presidente de la República la posibilidad de buscar alguna solución de compromiso que evitara la guerra. La búsqueda duró una noche: Martínez Barrio, encargado de formar nuevo Gobierno, intentó una aproximación a los rebeldes, que fue rechazada de plano por su principal cabecilla, el general Mola. Si la República no quería sucumbir ante los militares rebeldes, no quedaba otra posibilidad que armar a los sindicatos para que se enfrentaran a la rebelión. Así comenzó una situación no prevista por los rebeldes ni querida por el Gobierno: un golpe militar que triunfaba en su intento de establecer una base territorial de poder pero que fracasaba en su objetivo de hacerse con el gobierno del Estado; y un Gobierno que para contener la rebelión tuvo que armar milicias sindicales o de partidos obreros que, al disponer de armamento, iniciaron una revolución social. Es la guerra, pero es, a la vez, donde los militares triunfan, la contrarrevolución, y, donde los leales logran derrotar a los rebeldes, la revolución. En resumen, una guerra civil que no podrá acabar en un armisticio como primer paso de una reconciliación, no ya porque la sangre derramada en las primeras semanas creara un abismo de odio difícilmente superable entre leales y rebeldes, sino porque lo que estaba en juego era qué tipo de sociedad y de Estado iba a salir del enfrentamiento armado.

La guerra civil desencadenada por el golpe militar fue, en su origen, en sus motivaciones y en sus discursos, un asunto estrictamente español, en el que para nada influyó la situación por la que atravesaba Europa y en el que confluyeron varios conflictos propios de un tiempo que se creía pasado: una guerra de religión, una lucha de clases por las armas, una rebelión militar contra el legítimo poder civil, un choque de nacionalismos dentro de la misma nación, no solo de un nacionalismo españolista frente al catalán o vasco, sino del nacionalismo clerical y militar de los rebeldes frente al nacionalismo popular y republicano de los leales. Fue también una guerra española en un sentido más profundo: a la luz de sus llamas cobró un sentido nuevo el curso de la historia de España desde, al menos, la revolución liberal contra el absolutismo hasta la proclamación de la República. La fuerza retrospectiva de la metáfora, o el mito, de las dos Españas, debido a la radicalidad de la quiebra social —a esa quiebra de civilización a la que tantas veces se ha referido el profesor José María Jover— que la guerra supuso y a su final como exterminio del perdedor, gravitó sobre toda la historia anterior impregnándola de una especie de fatalismo no ya en el sentido de que el pasado sea irremediable, sino en el más fuerte de que el pasado es necesario: que las cosas ocurrieron así porque así estaba escrito en un guión trágico que se cumplía ahora en cada uno de sus actos, más allá de la voluntad de los actores.

Pero de una lucha a muerte entre españoles, la guerra civil adquirió muy pronto, desde las primeras semanas, una dimensión internacional. A la muy temprana y abierta intervención alemana e italiana en apoyo a los rebeldes, siguió desde los primeros días de la defensa de Madrid la presencia de brigadas internacionales que ocuparon sus posiciones en el frente de batalla. Con alemanes, italianos, soviéticos e internacionales en suelo español, la guerra civil dejó de ser solo una guerra interior en la que se solventaba por las armas la confluencia de antiguos pleitos españoles; comenzó a ser también campo de prueba o prólogo de una guerra entre Estados europeos y entre sistemas políticos y sociales, entre fascismo, democracia y comunismo. La anacrónica guerra de España, iniciada no por casualidad en África, se había convertido desde finales de 1936 en primera campaña de la futura guerra entre fascismo y democracia, con la novedad de que la Unión Soviética había venido a ocupar en la contienda el lugar desertado por Francia y Gran Bretaña con su ignominiosa política de No Intervención, simple tapadera que dejó a alemanes e italianos campo libre para hacer en España lo que bien quisieron.

Fue ese cruce de dos guerras, propia la primera de un tiempo histórico que se creía enterrado para siempre y anuncio la segunda de un tiempo no llegado todavía a sazón, lo que confirió a la guerra de España su especial rango en la historia universal del siglo XX. Dejada a sí misma, no habría sido más que un anacronismo propio de una sociedad atrasada, abrumadoramente rural, la última de las guerras carlistas, la última expresión bárbara de las dificultades del Estado liberal español para entrar en el mundo moderno. Fueron las dos grandes burocracias españolas, la militar y la eclesiástica, aliadas hasta confundirse desde septiembre de 1936, las que se enfrentaron a la resistencia caótica, tan heroica como ineficaz, de obreros y campesinos organizados en sindicatos que no sabían nada del Estado, o mejor que lo consideraban como una emanación de la sociedad burguesa destinado a diluirse con ella y a desaparecer. Durante aquellos primeros meses la guerra fue particularmente destructora, porque a la procedencia africanista de los generales sublevados se unió la tradición militarista del Ejército español, que buscaba en el interior de la patria que decía defender al mayor de sus enemigos, y el afán depurador del episcopado que azuzaba a los militares a aplastar la hidra de las siete cabezas, a extirpar el virus que destruía el ser de la nación española. En el territorio republicano, la vieja utopía del gran día en que el pueblo en armas responde a la reacción desencadenando la revolución adquirió la forma de una hoguera devastadora del antiguo orden y de sus defensores, a cuyo resplandor se liberaron poderosas energías y se cometieron tantos crímenes que con ella ardió también para siempre una idea de República sin que ningún proyecto colectivo emergiera de sus ruinas.

Un ejército colonial, que no dejaba ser viviente a su paso, crecientemente rodeado de frailes y sacerdotes, frente a columnas de paisanos, sin instrucción, armamento ni disciplina: tal fue la primera guerra de España, una guerra de otro tiempo. Sobre ella, se introdujo de repente el futuro en forma de divisiones fascistas, aviones nazis, tanques soviéticos. Esa intromisión modificó el contenido de la guerra y provocó el auge, entre las instituciones de la vieja España, de una nueva burocracia uniformada, el partido fascista, la Falange, que venía a ocupar un lugar entre el Ejército y la Iglesia. Provocó también, en el otro lado, el crecimiento de los comunistas, que se vieron catapultados al primer plano por el abandono británico y francés, la ayuda soviética, la debilidad de los republicanos, la división de los socialistas y la desorientación e indisciplina de los anarquistas. Fascistas combatiendo por un Nuevo Estado frente a una coalición de republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas en la que estos adquirieron un papel político impensable unos meses antes, batiéndose por lo que bautizaron como democracia de nuevo tipo: esa fue la segunda guerra de España, una guerra del futuro.

1937 fue el año de la definición. En Salamanca y en abril, un Estado incipiente, que había concentrado todo el poder en un Caudillo al que no faltará desde el 1 de julio el aval de la Carta Colectiva del episcopado español, resolvió por decreto la unificación de todas las fuerzas civiles que habían acudido en apoyo de la rebelión militar. Desde entonces, y como decía Azaña cuando se hablaba de fascismo en España: «hay o puede haber en España todos los fascistas que se quiera. Pero un régimen fascista, no lo habrá. Si triunfara un movimiento de fuerza contra la República, recaeríamos en una dictadura militar y eclesiástica de tipo español tradicional». Por ese lado, todo quedó resuelto para el futuro desde ese momento. En la República, sin embargo, la diversidad de partidos y sindicatos combatientes hacía imposible una unificación y más que improbable la integración de todos en un proyecto común. En mayo de 1937, la profunda disparidad de fuerzas tomó la forma de una guerra dentro de la guerra: Barcelona vivió unos días de enfrentamientos callejeros entre los sindicalistas de la CNT, apoyados por el POUM, frente a los comunistas del PSUC que apoyaban a la Generalitat. El resultado político se viviría pocos días después en Valencia, cuando el Gobierno presidido por Largo Caballero, sostenido por la UGT y la CNT, dejó paso a un nuevo Gobierno presidido por Juan Negrín, una coalición de los partidos socialista, comunista, republicanos y nacionalistas de Cataluña y Euskadi.

La reconstrucción del Gobierno republicano y la intervención de las potencias extranjeras transformó aquella guerra antigua, con columnas avanzando sobre un campesinado mal preparado para resistir, en prólogo de una guerra moderna, con ejércitos capaces de sostener duras y prolongadas batallas. Vencería el que contara con una retaguardia más disciplinada, más obediente al mando militar, y con una ayuda del exterior más sistemática y regular, sin trabas ni impedimentos que interrumpieran los suministros. Largos meses pasaron en los que no bastó ni tanta obediencia ni tanta y tan regular ayuda, que los rebeldes seguían recibiendo de Italia y Alemania sin oposición alguna de Francia e Inglaterra, para inclinar la balanza de su parte. El hambre y los sufrimientos de la población civil extendieron el cansancio: la guerra, que se había esperado solventar en semanas, duraba demasiado, parecía interminable. Se habló de mediación, de una intervención internacional de las potencias interesadas, pero en Munich, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, después de ceder ante Hitler en lo que más importaba, no tuvo ningún reparo en confirmar el abandono de la República a su suerte, que se decidió finalmente en la batalla del Ebro, cuando los republicanos lograron en un primer momento romper el frente nacionalista solo para verse cuatro meses después superados por la mayor potencia de fuego de sus enemigos.

Al final, la caída sin resistencia de Cataluña, la entrada de las tropas de Franco en Barcelona, las prisas de Francia y Gran Bretaña en reconocer al Gobierno de Burgos, la dimisión del presidente Azaña, exiliado en Francia desde los primeros días de febrero de 1939, y la quiebra del pacto que había dado origen al Gobierno de Juan Negrín causaron a la República la peor de las derrotas posibles, con su entrega inerme a los vencedores tras una nueva y última guerra interna entre sus defensores, esta vez en Madrid. La derrota de la República fue seguida de una recaída de España en una dictadura militar y eclesiástica, apoyada en una clase de servicio fascista, que procedió a una sistemática e implacable represión con el resultado de cientos de miles españoles exiliados o encarcelados y varias decenas de miles ejecutados tras consejos de guerra sumarísimos, acusados de adhesión a la rebelión militar, esto es, de haber permanecido leales a la República durante los años de guerra. Y por lo que respecta a su dimensión internacional, el triunfo de los sublevados hizo buenos los malos augurios de su presidente: el triunfo de la rebelión interior apoyada en la intervención extranjera fue seguida a los pocos meses por la derrota de Gran Bretaña y, sobre todo, de Francia en la primera campaña de la guerra general abierta por el ataque alemán a Polonia en septiembre de 1939.

Los vencedores, dominados por el ansia de depuración, persistieron en su política de venganza y exterminio: había que enderezar la nación torcida, proclamó Franco. De esa manera, la guerra no terminó con la victoria, no solo porque el estado de guerra declarado por los militares al comienzo de la sublevación persistió hasta 1948, sino porque, más allá de esa fecha, el discurso de la guerra contra una anti-España que se diría dotada de la misma eternidad proclamada para la España verdadera no dejó nunca de recitarse en todos los aniversarios posibles: el de la victoria, el de la sublevación, el del Caudillo, el de la muerte del Fundador. Un culto a la muerte mantuvo viva durante años sin fin la llama de la exclusión, el odio y la venganza.

Y Antonio Machado, aquel testigo singular de las esperanzas de primavera levantadas por el advenimiento de la República, lloró años después su ruina en los inolvidables «Versos» escritos para Hora de España: «Trazó una odiosa mano, España mía, / —ancha lira, hacia el mar, entre dos mares— / zonas de guerra, crestas militares, / en llano, loma, alcor y serranía. / Manes del odio y de la cobardía / cortan la leña de tus encinares, / pisan la baya de oro en tus lagares, / muelen el grano que tu sueño cría. / Otra vez —¡otra vez!— ¡oh triste España!, / cuanto se anega en viento y mar se baña / juguete de traición, cuanto se encierra / en los templos de Dios mancha el olvido, / cuanto acrisola el seno de la tierra / se ofrece a la ambición, ¡todo vendido!».

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De los ochos años que duró la República Española se han escrito, y no dejan de escribirse, muchas y muy diversas historias: tan breve fue el tiempo de su vida, tan profunda su huella. Lo que se ha intentado con este volumen es trazar las líneas fundamentales de su historia política, desde su gozosa proclamación un día de abril de 1931 hasta la desolación de su derrota y la implantación por la fuerza de las armas de un nuevo Estado otro día del mismo mes de 1939. Los trabajos aquí reunidos proceden del volumen XL de la Historia de España Menéndez Pidal, dirigida por José María Jover (Madrid, Espasa, 2004), donde también pueden consultarse otras facetas de la vida española de estos años: la economía, la cultura, la irrupción de las mujeres en la esfera pública, el primer exilio, los mitos y las representaciones simbólicas.