3. El Frente Popular y la política de la República en guerra (Santos Juliá)

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EL FRENTE POPULAR Y LA POLÍTICA

DE LA REPÚBLICA EN GUERRA

Santos Juliá

Como resultado de la revolución de octubre de 1934, las izquierdas obrera y republicana quedaron desbaratadas en sus organizaciones, los locales sindicales y casas del pueblo clausurados, los sindicatos disueltos y los militantes desconcertados, sin dirección política que seguir ni objetivos que alcanzar. Entre los socialistas, principal fuerza implicada en los hechos revolucionarios, Largo Caballero y sus más cercanos colaboradores habían sido apresados y pendía sobre ellos la acusación de rebelión contra la República; el dirigente asturiano González Peña tenía muchas posibilidades de que le cayera una petición de pena de muerte; exiliado en Francia y Bélgica andaba Indalecio Prieto, intentando presentar los hechos de octubre como una defensa preventiva de la democracia. De los republicanos, Manuel Azaña, detenido en Barcelona, veía pasar los días desde la cubierta de los buques de la Armada en los que sucesivamente estuvo prisionero por orden del juez que instruía su causa, acusado también de rebelión. Y entre los catalanes, Lluís Companys y los consejeros de la Generalitat esperaban el momento del juicio en la cárcel Modelo de Madrid, adonde habían sido trasladados en enero de 1935.

En estas condiciones era imposible reconstruir una dirección política por cualquiera de las dos alas de la anterior coalición, republicana u obrera. Pero la misma persecución a que fueron sometidos los dirigentes obreros y republicanos suscitó hacia ellos corrientes de simpatía y adhesión, evidentes sobre todo en el caso de Manuel Azaña, que recibía en su prisión cientos de cartas y muestras de afecto procedentes de personalidades independientes y de notorios militantes de los partidos republicanos y socialista. Algo era preciso hacer con toda aquella corriente que fluía hacia su camarote y Azaña lo tuvo claro desde el mismo momento en que el Tribunal Supremo sobreseyó el sumario por rebelión que sobre él pendía y ordenó su puesta en libertad en los últimos días de 1934^[1]. Recobró la libertad dispuesto, como decía, a rescatar la República de los malandrines que la tenían secuestrada.

Rescatarla sobre la única base posible: recomponer la unidad de los partidos republicanos y, una vez asentado este primer paso, reconstruir la coalición con el Partido Socialista. Esta había sido su fórmula durante el primer bienio de la República y esta volvía a ser ahora su política. Pero era preciso no confundir el camino: se trataba de conquistar la opinión para volver sin ningún equívoco a la vía que nunca debió haberse abandonado, la del sufragio, la de las elecciones. Desechada cualquier veleidad revolucionaria, también la acariciada en algún momento del año anterior, como una vuelta al 14 de abril, esperaba un duro trabajo político que recompusiera los puentes rotos y se presentara ante los electores, cuando la ocasión llegase, con un programa claro de gobierno para pedir de ellos el voto y retornar con toda legitimidad al poder.

Republicanos y socialistas

REPUBLICANOS Y SOCIALISTAS

Para avanzar por ese camino, Azaña trabajó simultáneamente en dos direcciones. La primera, establecer un acuerdo entre todos los partidos republicanos que pudiera plasmar en un manifiesto programático. Durante el año anterior, había unificado su propio partido, Acción Republicana, con el sector del Partido Radical-Socialista que había seguido a Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz y con la Organización Republicana Gallega Autónoma de Casares Quiroga, para fundar Izquierda Republicana, de la que, sin discusión, era presidente y líder reconocido. Por otra parte, el sector que había seguido a Martínez Barrio en su escisión del Partido Radical había creado en mayo de 1934 el Partido Radical Demócrata, que pocos meses después se fundió con los restos del Partido Radical-Socialista, liderado por Félix Gordón Ordás, para formar Unión Republicana. Con esta y con el pequeño Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román, Izquierda Republicana firmó una nota común, con motivo del cuarto aniversario de la proclamación de la República, en la que se pedía un régimen escrupulosamente legal para los presos políticos y sociales, el restablecimiento de las garantías constitucionales suspendidas tras la revolución, la libertad para los detenidos por orden gubernativa, la revisión de expedientes de remoción o traslado de funcionarios, el restablecimiento del derecho sindical y la reposición de las autoridades locales de elección popular. Se trataba, pues, de un primer documento que pretendía liquidar los efectos jurídicos y políticos de la revolución y restablecer la normalidad constitucional^[2].

Esta nota no significaba más que un primer acuerdo entre partidos republicanos, que siguieron trabajando durante todo el verano en la elaboración de un programa de gobierno. Mientras lo alcanzaban, Azaña reanudó los contactos con los socialistas, rotos en el verano anterior, por el lado que consideraba más cercano a sus propias posiciones. Dos semanas después de recobrar su libertad, escribió a Indalecio Prieto planteándole la necesidad de «combinar una táctica que nos permita esperar la formación de una fuerza política tan poderosa como para ganar la primera batalla que se nos presente». La sugerencia de Azaña encontró una favorable acogida en Prieto, que le respondió de inmediato recordándole que hacía todo lo posible «en pro de un enderezamiento» de la política socialista y de la necesidad de «trabajar por una coalición electoral». Prieto inició esos trabajos de manera sutil enviando una carta a la comisión ejecutiva de su partido con la propuesta de llegar a una alianza por la izquierda y por la derecha del socialismo. Con las ideas contenidas en esa carta, y en otra dirigida a la misma comisión por Fernando de los Ríos, el vicesecretario general del PSOE, Juan Simeón Vidarte, envió una circular a todas las agrupaciones recomendando no hostilizar a ningún grupo obrero ni republicano «que se haya mantenido libre de contacto con la actual situación» y establecer relaciones cordiales con todos ellos aunque sin llegar a contraer compromiso alguno^[3].

La circular firmada por Vidarte se interpretó como el esbozo de una rectificación oficial de la política seguida por los socialistas desde la derrota en las elecciones de noviembre de 1933: de la ruptura con los republicanos y de la estrategia revolucionaria como vía hacia la conquista del poder se pasaba a restablecer la coalición y reemprender el camino a las urnas. Pero el hecho de que hubiera sido elaborada y publicitada por el sector «centrista» del PSOE provocó una enérgica reacción de la «izquierda» aglutinada en torno a Largo Caballero, que encabezó una carta de protesta contra la circular, firmada también por dirigentes de la UGT y de las Juventudes. El socialismo aparecía así por vez primera escindido de la cima a la base en dos facciones, dirigida una por Prieto, con sólidos apoyos en la ejecutiva del partido; la otra por Caballero, fuerte en la ejecutiva de UGT y en algunas agrupaciones del PSOE como, particularmente, la de Madrid. La división, hecha pública, bloqueó la posibilidad de elaborar una política de alianzas, por la izquierda o por la derecha, para salir de la crisis en que se había encerrado el PSOE desde la revolución de octubre.

El bloqueo y la pasividad socialista dejaban el terreno despejado para que republicanos, por la derecha, y comunistas, por la izquierda, avanzaran sus propias políticas. Los republicanos decidieron ir en posición de fuerza a la inevitable coalición electoral mostrando a sus futuros coligados que eran capaces de movilizar la opinión; que mantenían, o habían acrecentado, su capacidad de convocar multitudes, de modo que todo el mundo supiera que eran la mayoría del país. Todos se mostraron muy activos, organizando por las capitales de provincia mítines y reuniones, especialmente su principal dirigente, Manuel Azaña, que salió, como decía, a echar discursos por ahí, convencido como siempre del poder de la palabra como instrumento de la política. Tal fue el origen de la serie de discursos «echados» en los campos de Mestalla en Valencia, de Lasesarre en Bilbao y de Comillas en Madrid, discursos en campo abierto, como los bautizó, pronunciados ante decenas de miles de personas, que llegaron a rondar el medio millón en el último de la serie, el pronunciado en Comillas en el mes de octubre: una creciente salida de gente a la calle que recordaba lo sucedido en 1930, solo que ahora el humor había cambiado y las reivindicaciones se habían hecho más perentorias.

Cuando inició esta campaña de movilización popular, sobre Azaña pendía la «propuesta de acusación» presentada ante las Cortes por un grupo de diputados empeñados en encontrarle culpable del delito de «comprometer la paz o la independencia del Estado» al haber colaborado en la revolución de Asturias por la parte que hubiera tenido, mientras era presidente del Consejo y ministro de la Guerra, en la venta de un cargamento de armas a los socialistas. La acusación, promovida por la CEDA y los monárquicos y firmada, entre otros, por Pedro Sainz Rodríguez y José María Pemán, era tan desatinada que acabó por producir el efecto contrario: como dijo el conde de Rodezno a ABC, «se han empeñado en levantar un pedestal a Azaña y lo van a conseguir»^[4]. Lo consiguieron, en efecto, ya que la acusación se quedó en agua de borrajas, no sin que antes, desde su pedestal de inocente injustamente perseguido, Azaña pronunciara un demoledor discurso en las Cortes, lleno de sátira, sarcasmo, ironía, ingenio y elocuencia —como escribió el embajador de Estados Unidos, Claude Bowers, presente en la sesión—, en el que encargó a Gil-Robles un recado para el presidente de la República: que aprendiera a no tomar «por realidades sus propias alucinaciones ni a difundir especies nacidas de la aprensión personal y contagiadas a Su Señoría»^[5]. Con ese discurso, Azaña hacía pública su ruptura con Alcalá-Zamora y su rechazo de cualquier salida a la embrollada situación política que no pasara por la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Tal era el único camino para enderezar de nuevo la política republicana.

A ese objetivo respondió el contenido de sus discursos en campo abierto: una crítica de la política seguida hasta ese momento por los radicales, que solo habría servido para destruir la obra republicana y amontonar escombros sobre el terreno de la República; una exigencia de nuevas elecciones que cerrara el paso a las propuestas de reforma constitucional —en realidad, de cambio de Constitución— presentadas por la derecha católica; una advertencia a republicanos y socialistas sobre los errores cometidos en las elecciones de 1933, situando su origen en la baja evaluación que entonces hicieron del poder y de la fuerza de los adversarios; un programa de gobierno que fuera más allá de la coalición electoral y que sería realizado desde el poder por un Gobierno estrictamente republicano en su composición. Cuando los republicanos llegaran a un acuerdo firme entre ellos, lo presentarían a los socialistas, que de esta manera reiniciarían su paulatina reincorporación a la legalidad republicana. Eran, sin que nadie lo llamara entonces con esa expresión, los primeros pasos de la coalición finalmente conocida como Frente Popular.

Formación y triunfo del Frente Popular

FORMACIÓN Y TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR

Pero el nombre de la coalición en ciernes no habría de venir de Azaña ni de sus naturales aliados, los socialistas, sino de una compañía en aquel momento indeseada: ¿adónde podemos ir nosotros, y ustedes, con los comunistas?, había escrito a Prieto a principios de 1935. Ocurría sin embargo que, a diferencia de los socialistas, los comunistas salieron de los hechos de octubre con una política definida y con la firme voluntad de llevarla a término fueran cuales fuesen las circunstancias adversas. La política era clara: conseguir una «ligazón orgánica» con los socialistas; frente único por abajo, como se decía en los tiempos de la política de clase contra clase, creando por todas partes comités de fábrica o de barriada e impulsando iniciativas en las que se hiciera patente la unidad de acción, el socorro a los presos, los comités proamnistía, los mítines de solidaridad; pero también, y esta era la novedad, frente único por arriba, acuerdos formales con los líderes socialistas, antes acusados de socialfascistas, para crear comités de enlace entre agrupaciones de ambos partidos y alianzas obreras y campesinas. Unos y otros, comités de fábrica y barrio por la base, o de enlace por la cima, además de atraer a obreros socialistas al contacto con los comunistas, debían desarrollar acciones por la liberación de presos, contra la condena de muerte, contra la guerra imperialista o en conmemoración de los hechos de octubre^[6].

La correosa insistencia de los comunistas en esta política de ligazón orgánica con los socialistas encontró el invariable rechazo de estos, que acabaron por responder con el silencio a los rutinarios llamamientos a la formación de comités. No hubo tampoco manifiestos conjuntos, excepto uno firmado en protesta por las condenas dictadas contra los presos de Turón. Pero mientras esperaban una mayor ductilidad socialista, los comunistas españoles se percataron al fin de que algo se movía en la política exterior de la Unión Soviética: ante el peligro alemán, y para tranquilizar a Francia y Gran Bretaña, era necesario abrir hacia los partidos «burgueses» el pacto por arriba con los socialistas. Con dificultades de comprensión, y algunas resistencias para su adaptación, pues el PCE daba por superada la fase de alianzas con los republicanos, cuando iba mediado 1935 los dirigentes españoles que habían asistido al V Congreso de la Internacional traían bien aprendida la lección: la alianza con los socialistas solo era un primer paso para establecer en España una «concentración popular antifascista» al modo francés, o sea, que el pacto con el PSOE, que en España era todavía una aspiración, debía completarse con un acuerdo en toda regla con los republicanos.

El problema para avanzar en esta política radicaba en la negativa a firmar cualquier acuerdo, ya con los comunistas, ya con los republicanos, sostenida sin pestañear por la facción de izquierda del socialismo hasta que el hundimiento del Partido Radical hizo inevitable la convocatoria de elecciones. El 14 de noviembre de 1935, Manuel Azaña, en nombre de los partidos republicanos con los que había anudado ya un acuerdo firme en los meses anteriores, se dirigió al secretario de la comisión ejecutiva del PSOE, Enrique de Francisco, para presentarle la propuesta formal de una «coalición electoral de los partidos de izquierda»^[7]. Las comisiones ejecutivas de UGT, PSOE y Juventudes, reunidas en la Cárcel Modelo, decidieron dos días después y por unanimidad responder afirmativamente aunque añadiendo la exigencia de incluir en el pacto electoral a «otros grupos obreros». Inesperadamente, Largo Caballero aceptaba la coalición con los republicanos pero se convertía en artífice de la incorporación del Partido Comunista a la coalición electoral, pues bajo la cláusula «otros grupos obreros» se comprendía, además de la UGT, el PCE con su sindicato, la CGTU. Lo que el viejo líder socialista pretendía, al aceptar la coalición añadiendo esa exigencia, era impedir que Prieto administrara la nueva política; con los comunistas, un pequeño partido que controlaba un todavía más pequeño sindicato, creía reforzar su posición en la futura coalición. Para asegurarla, decidió abrir las puertas de la UGT a la CGTU y alentar a los jóvenes socialistas a iniciar un proceso de fusión con los jóvenes comunistas. En fin, y por si esto no fuera poco, exigió que el programa que los socialistas llevaran a la coalición debía ser conocido y aprobado previamente por el Partido Comunista y su sindicato, lo que naturalmente implicaba la formación de algún comité que debatiera cada punto del programa^[8].

Esto era más de lo que Prieto y su gente podían aceptar. En la inmediata reunión del comité nacional del PSOE, con los encarcelados ya en la calle, Prieto hizo saltar a Largo de la presidencia del partido y abandonar con sus fieles la comisión ejecutiva. Desde mediados de diciembre, Prieto será el dirigente indiscutible de la facción de «centro», a costa desde luego de dejar en manos de la «izquierda» la poderosa organización sindical, incapaz de proponer una política autónoma, pero con fuerza suficiente para bloquear, si así lo deseaba, la aprobada por la ejecutiva del partido. Una escisión fatal, que anuló al socialismo como fuerza hegemónica de la coalición de izquierdas en el momento en que más necesitaba plantear unido las batallas políticas que se avecinaban. Por su parte, Azaña no tuvo más remedio que admitir a los comunistas en la coalición, aunque se negó a incorporarlos al comité encargado de elaborar las candidaturas y el programa de gobierno. Tampoco accedió a renunciar a ningún puesto de las candidaturas que menoscabase la representación republicana: todo lo que comunistas y otros grupos obreros pudieran conseguir sería a costa de cesiones de los socialistas.

De manera que el Frente Popular fue, en España, una coalición electoral entre republicanos y socialistas a la que, por exigencias de una facción de estos, se sumaron los comunistas del PCE y del POUM, las organizaciones juveniles y los sindicatos socialistas y comunistas. Esta peculiar vía española al Frente Popular implicó un límite al alcance del acuerdo, rebajado a mera coalición electoral. No se trata solo de que en el texto del pacto, que profundizaba las políticas llevadas a cabo por la coalición republicano-socialista del primer bienio, se hiciera constar expresamente los desacuerdos entre republicanos y socialistas, sino que los socialistas rechazaron la posibilidad de formar un Gobierno de coalición con los republicanos. Se trataba, pues, de un acuerdo sin más alcance que el electoral y la promesa de un apoyo parlamentario que acabaría cuando los socialistas creyeran que había sonado la hora de hacerse con todo el poder, esta vez por la vía legal. La distancia con el Frente Popular francés era evidente: allí, cuando el Frente Popular triunfó, la presidencia del Consejo de Ministros recayó sobre un socialista, Léon Blum, que incorporó a su Gobierno al Partido Radical, equivalente del republicanismo español, contando con el apoyo parlamentario comunista. En España, el Gobierno sería exclusivamente republicano, con el PSOE ayudando desde el Parlamento a la realización de un programa que no era el suyo y esperando el momento de sustituir a los republicanos. Al PCE, por su parte, no le quedaba más que insistir en el proceso de unidad con los socialistas a la vez que defendía ahora una política «antifascista», de unión estrecha con el republicanismo para preservar la democracia.

La voz «frente» abarcaba, por lo tanto, a toda la izquierda, pero ocultaba no ya fuerzas muy dispares, con políticas contradictorias, sino partidos fragmentados. Lo formaban Izquierda y Unión Republicana, el PSOE y el PCE, los sindicatos obreros y las juventudes socialistas y comunistas, el pequeño Partido Sindicalista, de Ángel Pestaña, y el POUM, que formó parte también del Front d’Esquerres de Catalunya, coalición electoral equivalente al Frente Popular aunque en Cataluña la fuerza hegemónica era, con mucho, Esquerra Republicana, mientras socialistas y comunistas trabajaban en su proceso de unificación. Esta diversidad de partidos y sindicatos explica que en los días de campaña electoral la preocupación y el interés de Azaña consistiera en definir exactamente el alcance de la coalición, a la que presentó como una entidad política superior a las diversas organizaciones que la integraban. Quería tener las manos libres para gobernar, saliendo al paso de la acusación de que era un prisionero de los socialistas, y dejar claro que su programa no tenía nada de revolucionario. En la reiteración de estos dos principios de su propaganda electoral estaba presente, como él mismo se preocupó de destacar, el escarmiento de la experiencia pasada: después de la derrota de 1933, de la revolución de 1934 y de las vicisitudes posteriores, Azaña daba por seguro que sus oyentes habían «aprendido a saber lo que vale la papeleta electoral, que ya va siendo hora». El tono es como de reprimenda, de llamar la atención sobre la irresponsabilidad del abstencionismo electoral, calificado como uno de los mayores despropósitos que pueden cundir en el ánimo español. Ahora ya no hay lugar para equívocos: práctica leal y sincera de la Constitución, libertad personal, defensa de los derechos profesionales, reforma social, reparación de las injusticias, tolerancia. Nosotros, dice Azaña, no predicamos la guerra civil, no queremos más guerra que la guerra política y legal, pacíficamente desenvuelta entre los ciudadanos^[9].

Al pacto firmado por todas las izquierdas el 15 de enero de 1936 siguió una movilización popular de amplitud incomparable con nada de lo ocurrido hasta entonces: la exigencia de amnistía y la reposición de los despedidos por la huelga general de 1934 no dejó indiferente a ninguna fuerza obrera o republicana. Fruto de ella fue que la única gran organización que por su ideología, más que por su naturaleza, quedó fuera del pacto, la anarcosindicalista CNT, no propugnara en esta ocasión la abstención y llegara a recomendar el voto. Frente a esta coalición electoral de todas las izquierdas, las derechas no pudieron oponer esta vez un frente único. La CEDA mantuvo su ambigüedad respecto a la Constitución y no logró alcanzar con sus posibles aliados un acuerdo global, que implicara a todos en torno a un programa común. Mientras las izquierdas publicaban un manifiesto y un programa de medidas de gobierno, las derechas se presentaron sin programa y en unas coaliciones que variaban de naturaleza según las circunscripciones, yendo a veces de la CEDA a los partidos monárquicos y, otras, de la CEDA al Partido Radical. Su propaganda solo pudo centrarse en consignas «anti», bajo la denominación común de «frente de la contrarrevolución», y con la aspiración de Gil-Robles, proclamada según modernas técnicas publicitarias, de reclamar todo el poder e ir «a por los 300» diputados, aunque paradójicamente no llegaran a esa cantidad los candidatos presentados por la CEDA.

Fueron unas elecciones apasionadas, con muy elevada participación a pesar de un tiempo desapacible: desde las monjas de clausura al anarquista antipolítico, todo el mundo fue a votar. No hubo mayores incidentes. El resultado: un reparto muy equilibrado de votos, cerca de 4,7 millones para el Frente Popular, alrededor de 4,4 millones para las diferentes coaliciones de derecha, unos 400 000 para distintos de centro y cerca de 126 000 para los nacionalistas vascos, que acudieron con candidatura propia, rechazando la coalición con la CEDA a la que le empujaban los obispos. La prima a los triunfadores, propia del sistema electoral, convirtió el resultado en holgada mayoría para la coalición de izquierdas: 263 diputados para el Frente Popular y 210 para la derecha y el centro-derecha (incluyendo aquí cinco diputados nacionalistas vascos y otros doce de la Lliga Regionalista), en la primera vuelta^[10]. Pero los problemas que aquejaban desde 1931 al sistema de partidos no se arreglaron tampoco en esta tercera convocatoria. Ciertamente, se habían consolidado tres grandes opciones que respondían a las preferencias mayoritarias del electorado: la republicana en IR-UR, con 113 diputados; la socialista en el PSOE, con 88, y la católica en la CEDA, con 101 diputados; pero otras tendencias marchaban hacia una mayor fragmentación y las opciones antisistema situadas en los extremos y favorecidas por el sistema electoral salían reforzadas: varios pequeños partidos pudieron obtener algún escaño al incorporarse a las listas de uno de los dos grandes bloques electorales. Cuando se publicó la composición de la Cámara, los partidos representados eran 33, de los que siete lograron un solo escaño y únicamente once consiguieron más de diez; de ellos, dos pasaban de cincuenta y solo uno de cien.

Al conocerse los primeros resultados comenzaron a dispararse todas las expectativas acumuladas desde el inicio de la campaña electoral. Para obreros y campesinos, triunfar sobre la derecha significaba la liberación de los presos y la readmisión de los despedidos. Se produjeron, pues, marchas hacia las cárceles con objeto de poner en la calle a los presos y concentraciones ante obras y talleres para exigir la readmisión de despedidos. Al mismo tiempo, los ayuntamientos destituidos en 1934 eran repuestos entre aclamaciones populares. Mientras tanto, la autoridad del Gobierno desapareció por completo. Como en 1931, y como secuela también de un triunfo electoral, se produjo una situación de eclipse de poder que los dirigentes de la coalición de derechas intentaron cerrar incitando al presidente del Consejo de Ministros a la declaración del estado de guerra y animando a actuar a dos destacados generales, Franco y Goded. La rápida intervención del general Núñez de Prado y especialmente de Sebastián Pozas, que amenazó con oponer la Guardia Civil a lo que ya calificaba como militarada, detuvo los movimientos de Franco, aunque no los de Gil-Robles y Calvo Sotelo, que presionaron hasta última hora ante el presidente del Consejo, Manuel Portela, para que declarase el estado de guerra.

Dominado por un sentimiento insoportable de responsabilidad e impotencia ante el deterioro del orden público, Portela presidió en la mañana del día 19 un Consejo de Ministros en el que pasó revista a los motines de presos en varias cárceles y a los disturbios provocados en Zaragoza por «las turbas» que recorrían las calles arrollando a los guardias e iniciando tiroteos. No ayudaba a tranquilizarle la actitud de quienes dos días antes habían convocado en Madrid una enorme manifestación que ocupaba por completo la Puerta del Sol. Los manifestantes daban vivas a la República, pedían la inmediata aplicación de la amnistía y habían colocado un gran cartel, con esa palabra, en la misma fachada desde la que un retrato igual de grande de Gil-Robles había amenazado durante la campaña electoral con la consigna de «Estos son mis poderes». Y a pesar de que los dirigentes obreros habían pedido a los manifestantes que se disolvieran, Portela creía que detrás de aquellas manifestaciones y motines no había el impulso espontáneo de las multitudes que celebraban el triunfo, sino la obediencia a consignas y órdenes circuladas por las organizaciones del Frente Popular y más concretamente por Izquierda Republicana. Si Azaña estaba detrás de todo aquello, que gobernara Azaña, debió de pensar mientras dirigía sus pasos al Palacio Nacional para presentar la dimisión ante el presidente de la República^[11].

Los republicanos en el Gobierno

LOS REPUBLICANOS, EN EL GOBIERNO

Niceto Alcalá-Zamora, sin otra salida constitucional posible, llamó a Manuel Azaña para encargarle la formación de Gobierno. Habría deseado el líder de Izquierda Republicana recibir el encargo en otras condiciones, cuando se hubieran cumplido todos los plazos que el normal desenvolvimiento del proceso político exigía: constitución de las nuevas Cortes el 16 de marzo y presentación a ellas del nuevo Gobierno. Pero la situación no podía esperar. Aceptó el poder no ya en malas condiciones, sino en las peores, como escribió en su diario ese mismo día. Actuó, sin embargo, con rapidez y en pocas horas tenía formado el Gobierno: nueve ministros de Izquierda Republicana, tres de Unión Republicana y un independiente, el general Masquelet, a quien confió el Ministerio de la Guerra. La Puerta del Sol se había llenado, como en todas las grandes ocasiones, de una multitud expectante. Hasta allí se dirigió el nuevo presidente, cerca ya de media noche, abriéndose paso entre la multitud, que le ovacionaba. Casares Quiroga, antiguo ministro de la Gobernación, nombrado ahora de Obras Públicas, quiso sacar la policía a la calle, pero Azaña prefirió dirigir unas palabras de agradecimiento por las manifestaciones de entusiasmo y prometer para la mañana siguiente la reposición de los ayuntamientos y la rápida aprobación de un decreto de amnistía. Y para terminar, un consejo: que se disolvieran pacíficamente sin perturbar el orden público. El señor Azaña, escribió al día siguiente el cronista de El Sol, fue ovacionado por la muchedumbre que obedeció su deseo dispersándose^[12].

Así comenzó su andadura el flamante Gobierno republicano, con moderados del tipo de Augusto Barcia en Exteriores, Gabriel Franco en Hacienda, Enrique Ramos en Trabajo, Mariano Ruiz Funes en Agricultura o Marcelino Domingo en Instrucción otra vez. El presidente del Consejo convocó a la Diputación Permanente de las anteriores Cortes para plantearle la necesidad urgente de legalizar la liberación de los presos con la concesión de una amnistía y aprobar un decreto sobre readmisiones e indemnizaciones a los «seleccionados» por la huelga general de octubre. Estas medidas, tomadas con el apoyo de los diputados de la CEDA, se complementaron con las llamadas a los dirigentes sindicales para que pusieran fin a las manifestaciones y carreras espontáneas y convocaran para el día 1 de marzo una gran manifestación, que sería a la vez celebración del triunfo y apoyo al Gobierno. Idéntico sentido tuvo la prohibición de una manifestación nacional de campesinos, convocada para el 15 de marzo. Por otra parte, las tensiones entre Madrid y Barcelona se resolvieron con la anulación por el Tribunal de Garantías de la ley que suspendió el Estatuto y la liberación de Companys y sus consejeros, condenados a treinta años de cárcel que cumplían en el penal de El Puerto de Santa María, y su inmediata reposición en el Gobierno de la Generalitat.

Al tiempo que procedía a tomar estas medidas pacificadoras, el Gobierno mantuvo el estado de alarma durante toda la primavera, lo que le permitió proceder contra Falange Española, que comenzó pronto su racha de atentados apuntando por vez primera a destacadas autoridades políticas: el vicepresidente de las Cortes, Luis Jiménez de Asúa, que salvó la vida aunque no así su escolta, Jesús Gisbert; ni el magistrado Manuel Madrigal, asesinado a los dos días de dictar la sentencia que condenaba al autor de aquel atentado y a sus cómplices. Por otra parte, alejó de Madrid a los generales más notoriamente conspiradores, retirándoles el mando de tropas y situándolos al frente de comandancias militares. Sin duda, se hablaba de revolución y de contrarrevolución, permanecía la tensión en la calle y comenzaban a menudear los atentados y muertes violentas. Sobre todo, a la movilización por las indemnizaciones y reposiciones siguió la discusión de las bases de trabajo de cada gremio o industria, con llamadas continuas a la huelga que se declaraban sin cesar. Pero si todo esto es cierto, también lo es que el discurso de Azaña en las Cortes, el 3 de abril, conciliador e impregnado de gran emoción política, tuvo efectos que llegaron a la Bolsa de Madrid. Las sociedades anónimas habían comenzado ya a publicar los resultados del ejercicio anterior, mostrando su confianza en que lo peor de la crisis había pasado; el pleno del Consejo Superior Bancario registró con agrado la vuelta a la normalidad y acordó el 11 de marzo visitar al presidente del Gobierno para «reiterarle una vez más la adhesión plena de la banca» y manifestarle que «se encontraba incondicionalmente al lado del Gobierno»; al vencimiento de 500 millones de tesoros solo se solicitó el reembolso de 67, cubiertos los demás en unas horas por la misma banca, que cubrió también una nueva emisión; las sociedades patronales, obligadas a soportar las readmisiones e indemnizaciones, recomendaron obediencia a sus afiliados, aunque anunciaron acciones legales para reducir sus perniciosos efectos, mientras negociaban con los sindicatos las nuevas bases de trabajo. La gente no dejó de divertirse a pesar de una lluvia persistente: abundaron los forasteros en la Semana Santa y la Feria de Sevilla, y es célebre el éxito de Morena Clara en cines llenos a rebosar de un público entusiasta.

De modo que la percepción de esos meses como un descenso inevitable a los infiernos, como si una fatalidad encaminara la vida política española hacia la catástrofe de la guerra, debe tomarse como un recurso para legitimar el golpe de Estado que desde el mismo momento del triunfo del Frente Popular se maquinaba. Por supuesto, sería igualmente torpe pretender que todo iba bien en el mejor de los mundos. El Gobierno había acometido la tarea de reconstruir la autoridad civil en un clima de tensiones caracterizado por el creciente pánico de las clases propietarias, urbanas y rurales, ante la incesante movilización de obreros y campesinos, humillados y hambreados desde 1934, y que ahora difícilmente podían encauzar sus reivindicaciones a través de jurados mixtos o cualquier otra instancia mediadora, dinamitadas como lo habían sido durante el año anterior, cuando la CEDA creyó que su triunfo en la revolución de octubre le abría las puertas del poder y dejó campar a los patronos por sus respetos en una política que los elementos más moderados del catolicismo social consideraron suicida. La lucha de clases se planteaba ahora cara a cara, en ciudades como en el campo, con algunos casos particularmente dramáticos como la matanza de campesinos en Yeste en un enfrentamiento con la Guardia Civil.

Pero el verdadero problema fue que ese deterioro del orden público vino acompañado de una profunda desorientación política de los dos partidos con mayor representación parlamentaria. La CEDA y el PSOE compartían algunas características comunes: ambos disponían de una amplia base social y ambos habían participado en distintos gobiernos de las legislaturas anteriores; ambos habían sido también en algún momento partidos antisistema y tenían de la República una visión instrumental: servía en la medida en que aproximara la hora de la realización de su programa máximo, que en los dos casos implicaba no ya una reforma constitucional, sino un régimen diferente, autoritario, católico y corporativista en la CEDA, socialista con un amplio programa de nacionalizaciones en el PSOE. En el clima de inestabilidad creado por el triunfo de la coalición de izquierda, la definición de una política de apoyo a la República y a la democracia por estos dos grandes partidos hubiera, sin duda, rebajado la tensión, aliviado el miedo de unos y atemperado la euforia de otros.

Ninguno de los dos partidos fue capaz de definir esa política, ni cualquier otra. Manuel Giménez Fernández, del ala moderada y social de la CEDA, lo intentó sometiendo una votación a su grupo parlamentario para que se decidiera de una vez entre república o monarquía, democracia o fascismo. Ganó su votación, pero el retorno de Gil-Robles a la cabeza del grupo, añadido a los agravios recibidos con motivo de las actas de diputados invalidadas y los resultados de la segunda vuelta electoral, que redujo en unos 25 diputados el total de los escaños de las derechas, radicalizó de nuevo las posiciones. Las juventudes de su propio partido, que habían experimentado desde 1934 un proceso de radicalización, adoptando lenguaje, uniformes y saludos fascistas, se deslizaban hacia Falange Española, que engrosaba por vez primera de manera perceptible su afiliación. Mientras tanto, la mayor combatividad parlamentaria del líder monárquico, Calvo Sotelo, lo convertía en referente de las derechas, frustradas tras la derrota de quien había prometido conquistar el poder por la vía pacífica y vueltas ya con toda claridad hacia una solución de fuerza protagonizada por los militares. El mismo Gil-Robles puso a disposición de Mola en los primeros días de julio los remanentes que habían quedado del fondo electoral de la CEDA^[13].

El deslizamiento de la derecha accidentalista hacia las posiciones de la derecha subversiva no fue compensado por una mayor determinación del PSOE para reforzar el Gobierno republicano; sucedió más bien lo contrario. Desde el mismo día del triunfo electoral, la hostilidad entre las dos facciones socialistas se reanudó, a la espera de que un congreso, previsto para el otoño, decidiera. La comisión ejecutiva del PSOE, de la que habían salido Largo Caballero y sus leales Enrique de Francisco y Wenceslao Carrillo, se veía continuamente atacada y desautorizada por los dirigentes de la UGT, que tenían el apoyo de la izquierda de su propio partido y de las Juventudes, lanzadas ya, tras una estancia de su secretario general, Santiago Carrillo, en la Unión Soviética, a la unificación con las Juventudes Comunistas. De la escisión entre los mayores lo único que resultó fue la impotencia de Prieto para llevar adelante su política de reforzar al Gobierno y restablecer el orden, mientras Largo Caballero, incapaz de sustituir con sus propios medios al Gobierno republicano, radicalizaba su discurso, daba vía libre a los jóvenes para fundirse con los comunistas y acercaba la acción sindical de la UGT a la que por tradición convenía más a la CNT: las huelgas dirigidas por ambos sindicatos después de crear comités conjuntos se multiplicaron. Los dirigentes de la UGT pretendieron poner en marcha durante esos meses una especie de frente sindical con la CNT, de espaldas a los partidos políticos y directamente enfrentado con ellos cuando trataban de poner límite a sus movilizaciones.

Si de la confusión y desorientación en las filas de la derecha católica resultó el trasvase de efectivos y liderazgo a la derecha subversiva, monárquica o fascista, de la escisión en las filas socialistas resultó el desplazamiento de la iniciativa política a los dos grandes sindicatos, UGT y CNT. Después de conseguir la amnistía y la readmisión e indemnización de los seleccionados por la huelga de octubre, los sindicatos aprovecharon su nueva posición de fuerza para plantear, en las discusiones sobre nuevas bases de trabajo, exigencias que los patronos juzgaron desorbitadas, como la de 36 horas de jornada semanal reclamada por la CNT en el sector de la construcción. La movilización obrera tropezó con la resistencia patronal a nuevas concesiones y dio origen a la convocatoria de huelgas más generalizada de la República: en los meses de mayo y junio, las estadísticas del Ministerio de Trabajo recogieron más huelgas que todo el año 1934 y tantas como en 1933. Eran, en muchos casos, huelgas dirigidas por los dos sindicatos, de acción directa como gustaba a los anarcosindicalistas, sin posibilidad de mediación oficial, que se extendían de una industria a otra y que, en Madrid, llegaron a finales de junio a las puertas de la huelga general.

A esta movilización de obreros urbanos acompañó, o precedió, la de jornaleros del campo. El 3 de marzo, el mismo día en que Ruiz Funes publicaba un decreto por el que se devolvían las tierras a los yunteros expulsados de ellas por la ley de contrarreforma agraria, se puso en marcha en Cenicientos, una aldea de la provincia de Madrid, lo que Edward Malefakis ha denominado «la gran oleada de ocupación de fincas», que culminó el día 25 del mismo mes con la toma sincronizada en Badajoz de tres mil fincas por unos 60 000 campesinos encuadrados y dirigidos por la Federación de Trabajadores de la Tierra, poderoso sindicato de campesinos de la UGT. Entre la ocupación de Cenicientos y las de Badajoz, el director del Instituto de Reforma Agraria, Vázquez Humasqué, había prometido que no quedaría en el plazo de ocho días «ni un yuntero sin tierra», porque él mismo la tomaría donde la hubiera. Después de las ocupaciones en amplias zonas de latifundio, de Sevilla y Córdoba, como de Salamanca y Toledo, la reposición de la Ley de Reforma Agraria por las Cortes y las medidas adoptadas para simplificar los trámites de expropiación no venían más que a sancionar situaciones de hecho: hasta el mes de junio se habían ocupado más hectáreas (573 000) y asentado más campesinos (114 000) que desde la promulgación de la ley cuatro años antes^[14].

Todo esto ocurría mientras en la presidencia de la República se abría la más inoportuna de las crisis que acabó por debilitar al ya frágil Gobierno republicano. Niceto Alcalá-Zamora había actuado en los meses anteriores como un auténtico jefe de partido, dando el decreto de disolución a Portela Valladares y promoviendo su propio partido, con el obvio resultado de un descalabro en las urnas. En buena lógica política, debió haber sacado la lección de esa aventura, que todos, por la derecha como por la izquierda, entendieron como una derrota personal, y haber dimitido de la presidencia de la República. Permaneció en ella, sin embargo, reteniendo, según una interpretación muy personal de la Constitución, su potestad para disolver de nuevo las Cortes, aunque ya lo había hecho dos veces. Los partidos de la mayoría no lo veían así y decidieron que el presidente había agotado su prerrogativa y que, por tanto, podían someter al juicio de las Cortes su decisión de disolver por segunda vez. Forzando el artículo 81 de la Constitución, las Cortes aprobaron la declaración de que, «para los fines del último párrafo» de aquel artículo, el decreto de disolución de 7 de enero de 1936 no era necesario, lo que implicaba automáticamente la destitución del presidente de la República.

El problema, más que de destitución, a la que la derecha asistía muy complacida, era de sustitución. Comenzaron, como era de esperar, los conciliábulos y rumores sobre posibles candidatos. La izquierda socialista defendió la candidatura de Álvaro de Albornoz, a quien consideraba como el más radical de los republicanos; la izquierda republicana no quería de ninguna manera prescindir de la dirección ejecutiva de su principal dirigente, Manuel Azaña. Pero al presidente del Consejo no le quedaba duda alguna respecto a la persona que debía ocupar la presidencia de la República: él mismo. Y no porque se sintiera cansado de bregar con la política diaria; tampoco porque fuera presa de un sentimiento de pánico o se dejara llevar por el deseo de revancha contra su antecesor en el puesto, sino por estar convencido de que si fracasaba la fórmula de gobierno presidida por él, la misma República estaría perdida. Azaña pensaba que un Gobierno formado exclusivamente por republicanos debía ser sustituido, mejor antes que después, por un Gobierno de coalición republicano-socialista. Esa convicción tenía nombres propios, ya que ese Gobierno sería presidido por Indalecio Prieto. Para que tal cosa ocurriera, para que los republicanos aceptaran participar en un Gobierno de la presidencia de Prieto, y los adversarios de Prieto en el Partido Socialista se avinieran a ello, era preciso que la presidencia de la República estuviera en manos de un republicano con autoridad sobre su propia gente y sobre los socialistas. Y de esa especie solo había uno, que era él.

De modo que Azaña dimitió de la presidencia del Gobierno y fue elegido para la de la República el 10 de mayo de 1936. Su propósito consistía en encargar la formación de un Gobierno de coalición a Indalecio Prieto: como confió semanas después al embajador francés, Francia no sacaba más que ventajas al estar gobernada por un Ministerio en el que figuraban los socialistas. Pero fue en este punto donde toda la operación quedó bloqueada por la amenaza de la UGT de romper el pacto de Frente Popular y por la votación del grupo parlamentario socialista, controlado por Largo Caballero, que rechazó un eventual cambio de significación política del Gobierno, negándose a que los socialistas participaran en él. Aunque Prieto disponía de mayoría en el comité nacional de su partido, renunció a forzar su convocatoria y rehusó el encargo que efectivamente le ofreció Azaña, esperando que la prevista convocatoria de un congreso del PSOE le daría la razón. Aunque luego se propalaran otras versiones, en mayo de 1936 no hubo Gobierno de coalición presidido por un socialista sencillamente porque la facción liderada por Largo cerró las puertas a tal eventualidad. Azaña creyó que a Prieto le había faltado valor para hacerse cargo del Gobierno, pero se consoló pensando que de todas formas había reforzado su posición para el congreso que en octubre había de resolver las diferencias socialistas: «¿A quoi bon ces quatre mois d’interim?», se lamentaba ante Herbette^[15].

De momento no las resolvieron, sino que las agudizaron, debilitando en la misma medida a un Gobierno que, presidido ahora por Santiago Casares, titular además del Ministerio de la Guerra, transmitió enseguida a la opinión pública el mensaje de que la situación se le escapaba de las manos. En el mismo mes de mayo, la CNT celebraba en Zaragoza un congreso que dedicó lo mejor de sus energías y de su tiempo a debatir la organización de la futura sociedad libertaria, aun si los confederales estaban bien lejos en la primavera de 1936 de llamar a una nueva insurrección. Los grupos de afinidad que formaban la FAI habían decidido que, si las izquierdas ganaban las elecciones de febrero, inevitablemente se produciría una sublevación militar y tendrían «entonces que salir a la calle a combatirla por las armas». Tampoco llamaban a la revolución los dirigentes de la izquierda socialista, aunque, en las últimas semanas de junio, Largo Caballero, secretario general de la UGT, evocaba entre las risas de sus oyentes los rumores de conspiración militar con un argumento similar al utilizado por los anarquistas: «si se quieren proporcionar el gusto de dar un golpe de Estado por sorpresa, que lo den […] No conseguirán más que disfrutar unos días o unos meses de la satisfacción que pueda proporcionarles el mando, porque no quiero suponer que nos vayan a cortar a todos las cabeza». En Largo como en García Oliver, la revolución obrera sería esta vez la respuesta a un golpe militar^[16].

Toda esta retórica revolucionaria flotaba sobre un movimiento de huelgas que alcanzaba su punto más álgido en el mes de junio. La expectativa de una inminente revolución creció en las organizaciones sindicales al mismo tiempo que exhibían su radical incapacidad para tomar cualquier iniciativa en esta dirección: la CNT no estaba dispuesta a repetir insurrecciones como las fracasadas desde la instauración de la República, y la UGT, con el fiasco de octubre de 1934 todavía humeante, no haría nada sino esperar a que los militares dieran su golpe y el Gobierno republicano cayera para ocupar el poder. Por eso, y a pesar de toda la irresponsable retórica gastada durante estas semanas, un movimiento sindical revolucionario estaba más lejos de producirse que nunca en la agitada vida republicana. Pero si nadie estaba dispuesto a declararla, todos esperaban que fueran otros los que tomaran la iniciativa. En efecto, cuando los dirigentes sindicales, libertarios o socialistas, hablaban en la primavera de 1936 de revolución como respuesta inevitable a un golpe de la derecha no hacían más que repetir una arraigada tradición de la cultura obrera española: la revolución, que se tenía por inevitable, fatal, como un parto de la naturaleza, como aurora que llega, se concebía sin embargo como defensa o respuesta a una acción emprendida por el enemigo de clase. Siendo dirigentes obreros, el arma de esa defensa será la huelga general que llevaba prendida en su convocatoria, cuando la acción enemiga tomara cuerpo, una insurrección armada.

Días de revolución

DÍAS DE REVOLUCIÓN

De modo que revolución, para los dirigentes obreros españoles, era la respuesta de sus sindicatos a una ofensiva del enemigo. Esto fue así durante toda la República para los anarquistas, que llamaron una y otra vez a la huelga general revolucionaria porque se creían objeto de ataques republicanos y socialistas desencadenados contra ellos. Pero fue también así para la UGT y los socialistas cuando proclamaron su derecho a la revolución como única forma de evitar el «ludibrio fascista» que se preparaba en España si la CEDA accedía al Gobierno. Al depender esta acción sindical de una iniciativa ajena rodeada por su propia naturaleza de incertidumbre, el rumor y la excitación propia de los acontecimientos que se saben inevitables, aun si se desconoce el momento exacto en que han de producirse, adquirían una importancia crucial para el comienzo de la acción revolucionaria. En un país con tan pésimas comunicaciones como España en 1936, los dirigentes sindicales tenían que llamar la atención de sus militantes para que no se dejaran llevar de rumores y no iniciaran ninguna acción hasta saber con certeza que el golpe se había producido y que la orden de responder había emanado de quienes tenían capacidad de decisión. Con esto, la iniciativa quedaba en manos del adversario, cuya acción, por definición, debía preceder a la de los revolucionarios, lo que les daba además un margen precioso de tiempo para actuar. Era una respuesta a lo ya iniciado por otros, no una acción incondicional, lo que se identificaba como revolución.

Por eso, lo primero que los militantes debían hacer era cerciorarse de que la hora de la respuesta había llegado; y como de eso no podían enterarse permaneciendo en sus casas, salían a la calle, a formar corrillos con los vecinos más cercanos, para dirigirse juntos a los lugares que se suponían depositarios de información fidedigna. Al confluir hacia ese centro emisor grupos procedentes de todos los rincones, la concentración aumentaba, los ánimos se exaltaban y no era insólito, sino más bien habitual, que comenzaran los enfrentamientos con las fuerzas de orden, especialmente con la Guardia Civil, que, policía rural como era, poco habituada a enfrentarse a concentraciones de campesinos ni a restablecer el orden en las ciudades, y mal equipada como estaba, carente de medios, excepto el fusil, provocaba incidentes irreparables que hacían más inminente «un estallido de cólera popular». Y en verdad, muchos de los conatos revolucionarios de los años treinta no pasaron, por su falta de preparación, su carácter espontáneo, su desencadenamiento y desarrollo, de estallidos de cólera popular que se saldaban con el resultado de varios muertos. Nadie dirigía la acción o nadie lo hacía con eficacia política: en el campo, en los pueblos, escribía Helmut Rudiger, delegado en España de la Asociación Internacional de Trabajadores, a la que pertenecía la CNT, cada año, especialmente en primavera, las acciones revolucionarias de masas comienzan casi siempre espontáneamente, sin estar dirigidas por ninguna organización^[17]. Pero en las capitales no iba de otro modo: el rumor que corría en los atardeceres revolucionarios había que contrastarlo en los tradicionales lugares de encuentro de los militantes, que no eran la plaza, como en los pueblos, sino los bares, las esquinas o, cuando nadie sabía nada, la Casa del Pueblo. En Madrid, desde la tarde del 18 de julio de 1936 y durante todo el día siguiente, hacia allí acudió una inmensa multitud que impedía el acceso a los locales. «Esto que veo es el pueblo que se ha echado a la calle», se dice para sus adentros un personaje de ficción, Hamlet García, en su deambular por las calles de la ciudad durante esas horas^[18].

El pueblo, identificado en el lenguaje sindical con la clase obrera, se ha echado a la calle para ofrecer resistencia al golpe militar que rápidamente se identifica como fascista: ha salido a la calle para responder al golpe; pero la sola respuesta a una ofensiva de la reacción es ya la revolución. Por eso, en Madrid, lo primero consistirá en rechazar lo que se está tramando a esas horas cerca de la Casa del Pueblo, en el palacio de Buenavista, sede del Ministerio de la Guerra, donde el presidente de la República ha llamado a los dirigentes de los partidos para ver cómo se sale de la crisis de gobierno que el golpe ha provocado: Santiago Casares no sabe qué hacer excepto ordenar la disolución de las guarniciones rebeldes y eximir a los soldados del deber de lealtad hacia sus jefes. Son órdenes sobre papel mojado, porque un rebelde, por definición, no obedece, y respecto al deber de lealtad, quien no lo cumpla es fusilado sobre la marcha: los primeros asesinados por los golpistas son los compañeros de armas que se muestran remisos o contrarios a seguir a los rebeldes en su acción; luego, si la rebelión triunfa, las primeras víctimas serán los gobernadores civiles y los alcaldes, inutilizando así la capacidad de respuesta contra la rebelión de lo que queda todavía en pie del aparato del Estado. Cuando ya tienen controlado un territorio, el fusilamiento tras el remedo de juicio sumarísimo definió a la implacable máquina represora de los rebeldes, desde que iniciaron la construcción de su nuevo Estado hasta que dieron por terminada, muy avanzados los años cuarenta, la labor de limpieza y depuración. Tratándose de un ejército que conquista posiciones, que ocupa pueblos y ciudades hostiles, los primeros momentos se caracterizaron por el desencadenamiento de una violencia ejecutada sobre el terreno: degüello, paseos, tiros en la sien a la vera de los caminos. Pero cuando se estabiliza el dominio, junto a los militares que juzgan y fusilan, quedando así para siempre vinculados por un pacto de sangre, aparecen los clérigos y los fascistas, movidos también como los militares por un ansia purificadora, por la urgencia de extirpar el virus que había alimentado a la anti-España contra la que ellos se habían sublevado.

El Gobierno quiere poner un dique a lo ya inevitable intentando convencer a los rebeldes de que depongan su actitud. Para eso debe presidirlo alguien capaz de entrar en contacto con ellos. En la noche del sábado 18, Azaña llamó al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, que era masón y que había mantenido trato con algunos cabecillas de la rebelión, para encargarle la formación de un Gobierno que desbordara por la derecha los límites del Frente Popular y no contara, por la izquierda, con los comunistas. Martínez Barrio lo intenta pidiendo a Sánchez Román y a Prieto su incorporación al Gabinete. El primero accede, pero Prieto, tras consultar con su partido, regresa con una respuesta decepcionante: el PSOE no se incorporará al Gobierno. Es, de nuevo, la estrategia de Largo Caballero la que se impone: esperar a que los republicanos caigan para ocupar ellos todo el poder. Martínez Barrio sigue, de todas formas, adelante; habla con algunos de los comandantes generales de las divisiones orgánicas y con el general Mola, jefe efectivo de la VI División, como le dice su titular, el general Batet, ya desposeído del mando: «Es tarde, muy tarde…», responde Mola a las consideraciones que le hace Martínez Barrio, que, a pesar de todo, a primeras horas de la mañana ha logrado formar un Gobierno a base de los tres partidos que habían firmado la nota de 14 de abril del año anterior: Izquierda Republicana, Unión Republicana y Partido Nacional Republicano; no es, obviamente, un Gobierno de Frente Popular^[19].

Los intentos del Gobierno para llegar a un acuerdo, mientras los militares persisten en su rebeldía, encuentran rápidamente la oposición de socialistas, comunistas y anarconsidicalistas, que convocan una gran manifestación. Desde primeras horas de la mañana del domingo, día 19, hasta Martínez Barrio llegan las voces de los manifestantes exigiendo armas y gritando abajo el Gobierno. El recién nombrado presidente, fracasado en su gestión, y con los partidos obreros dirigiendo una manifestación contra su Gobierno, dimite: su presidencia habrá durado poco más de seis horas. Azaña habla por teléfono con Companys para informarse de cómo van las cosas en Barcelona y recibe una respuesta tranquilizadora: la rebelión está vencida; solo quedaba un núcleo de resistencia en la antigua Capitanía General. Convoca entonces al Palacio Nacional a los dirigentes de los partidos y sindicatos, inaugurando así una práctica que mantendrá en adelante, con objeto de resolver la crisis de manera que todos se sientan implicados en la fórmula que se adopte. De esa reunión, su amigo José Giral saldrá investido como presidente de un nuevo Gobierno parecido al anterior en que también está formado exclusivamente por republicanos, aunque a él no se incorpora el partido de Sánchez Román. Lo importante, con todo, es que Largo Caballero, que también ha acudido a la cita convocada por el presidente de la República, rechaza una vez más la participación socialista y solo da su visto bueno al Gobierno bajo la condición de que proceda a repartir armas a los sindicatos^[20].

El reparto de armas marca un punto de no retorno en aquella revolución desencadenada por la rebelión. Por una parte, el Gobierno de la República pierde el control de los acontecimientos, pues carece de instrumentos propios para sofocar la rebelión y para encauzar o contener la revolución: no dispone del ejército que, cuando no se ha sumado a la rebelión, ha quedado inservible para controlar el orden interior; y no puede fiarse de las fuerzas de seguridad, aunque, por su particular carácter de fuerza militarizada, la Guardia Civil todavía podrá utilizarse en algunos lugares para dirigirla contra los rebeldes, como ocurrió en Barcelona; pero eso depende de lo que ordenen los mandos, por lo general desafectos. Tampoco dispone el Gobierno de aparato judicial, que se viene abajo por completo: los jueces no pueden cumplir su función, carecen de instrumentos para detener a los delincuentes o para incoar procesos a los cómplices de la rebelión. Con los obreros armados, las cárceles se abren de par en par y por sus puertas salen centenares de delincuentes que se hacen fácilmente con las armas repartidas a los sindicatos. No hay tampoco funcionarios que permanezcan en sus puestos para sostener la maquinaria del Estado. De hecho, el Estado, si no se esfuma, se derrumba. La revolución, pues, parece haber triunfado, al menos en lo que al territorio no controlado por los rebeldes se refiere. Cierto, quedan las instituciones de la República y nadie ha asaltado el Banco de España, pero el poder de esas instituciones se desvanece ante la patrulla que, en cada localidad, controla la salida y entrada de forasteros o que en las calles de la ciudad detiene a los transeúntes, exige documentación, cumpliendo funciones de policía sin control superior alguno.

Se diluye el poder del Estado porque revolución triunfante es, en España, ahora como en el siglo XIX, proliferación de comités que inmediatamente comienzan a organizar todo lo relacionado con la continuación de la lucha armada contra el agresor y con la represión de los enemigos de la revolución. Los comités proclaman con un manifiesto su propia existencia y el comienzo de un nuevo orden social. Se destruyen por medio del fuego los símbolos del viejo orden derrocado, se queman los archivos de ayuntamientos que guardan los registros de propiedad, se rocía de gasolina y se prende fuego a las iglesias, se da muerte a quienes se señala como enemigos de la clase obrera y de la revolución, a propietarios, clérigos, guardias civiles, mientras se deroga el dinero, se incautan empresas, se organiza el aprovisionamiento por medio de bonos o de vales, se patrullan las calles y se colocan guardias en las entradas de la carretera. En las capitales, cualquiera puede cruzarse con «milicianos que levantan el fusil y el puño y obreros con sus familias y un aspecto siniestro y festivo a la vez»; los comités sindicales carecen de recursos para controlar por sus propios medios a quienes entregan las armas y dejan campar por sus respetos a los milicianos y a los que se llamaban a sí mismos milicianos y se aceptaban como tales, «parodia trágica de organización militar», como los vio Arturo Barea, saliendo a la caza del hombre^[21]. La simbología revolucionaria, impregnada de contenidos religiosos, con su lenguaje de redención por la muerte, giraba siempre en torno a la inevitable violencia que acompaña al alumbramiento del nuevo mundo, a la sangre que mana durante el parto y al fuego que limpia hasta reducir a cenizas el carcomido edificio destinado a desaparecer; la revolución se había soñado como destrucción de lo existente, como derrumbe de un mundo podrido y nuevo amanecer entre temblores de la madre naturaleza. Haber mostrado simpatías por la derecha, ser católico o propietario de un negocio, vestir bien, llevar sombrero, se convirtieron de pronto en razones para morir; bastaba una delación de cualquier procedencia para forzar la entrada en una vivienda de alguien que, por los motivos que sea, se considerara sospechoso de connivencia con los rebeldes, secuestrar a su ocupante, sacarlo a la calle, llevarlo hasta el primer descampado y descerrajarle un tiro en la cabeza.

Eso fue lo que ocurrió en media España como consecuencia directa de las abortadas o aplastadas rebeliones militares de julio de 1936. Con la rebelión derrotada, los militantes de partidos y organizaciones obreras se ven embargados de pronto por sentimientos de entusiasmo y alegría. Ha llegado la hora, esta vez la revolución va de verdad; se podía percibir en la mirada de las gentes: estalla la rebelión militar, recuerda Moreno Villa, e «inmediatamente se produce un cambio de actitud en la servidumbre de la Residencia de Estudiantes: unas cuantas mujeres aleccionan a las demás y comienzan a mirarnos como a burgueses dignos de ser arrastrados». Alejandro Vitoria, de las Juventudes Socialistas, rebosaba de felicidad en su nuevo cometido devolviendo boletos de empeño porque con su acción pensaba estar «derribando los valores del capitalismo burgués». En aquellos días, la revolución les «estaba mirando cara a cara», estaba allí presente, y era fabulosa. Tanto entusiasmo viene motivado porque la revolución hace surgir «comités en todos los barrios, espontáneamente, montando comedores comunales, requisando comida, extendiendo vales». Se diría que este es el lenguaje de la revolución libertaria, comités espontáneos, vales, requisiciones de alimentos, igualitarismo, destrucción de valores burgueses…, pero quien así muestra su entusiasmo por la revolución es Rafael Hernández, un militante de la UGT de Asturias^[22].

Hemos sido los destructores por excelencia, escribe el secretario general de la CNT. Destructores por excelencia del capitalismo y del Estado, eso es en efecto lo que fueron. Destructores que creían que bastaba el acto de demolición para que de las ruinas del orden viejo surgiera un nuevo orden armónico, sin que fuera preciso ningún tipo de trabajo político para crear un nuevo poder por encima de los comités sindicales que comenzaban a gestionar las empresas requisadas, las tierras colectivizadas, los servicios públicos incautados, por no hablar de las milicias enviadas a contener al enemigo. Y eso es lo que define a la revolución española del verano de 1936: que el nuevo poder que a duras penas se levanta sobre las cenizas del Estado es el poder de comités sindicales. La teoría ya lo había establecido, pero un testimonio valdrá en esta ocasión por toda la teoría: «Aunque éramos antiautoritarios, de pronto nos convertimos en la única autoridad que allí había. El comité local de la CNT tuvo que hacerse cargo de la administración, el transporte, los suministros de víveres, la sanidad. En resumen, nos tocó dirigir el barrio». La situación se repite en todos los planos: el barrio, el pueblo, la fábrica, la tienda, la explotación agraria. Y será en esos comités sindicales, de la CNT en ocasiones, de la UGT en otras, o de ambos muchas veces, en donde «debe encontrar su estructura la nueva sociedad española», de la misma manera que serán los sindicatos obreros los que constituyan la base de la verdadera democracia y el instrumento de la nueva economía^[23].

Pero los sindicatos —UGT como CNT— procedieron a realizar una profunda revolución social desdeñando el problema central de toda revolución política: la toma revolucionaria del poder más allá del límite de su acción directa. Es significativo que en Madrid como en Barcelona los dirigentes sindicales actuaran de idéntica manera. En Barcelona eran ellos los amos, pero García Oliver, Durruti, Abad de Santillán atendieron solícitos la llamada de Lluís Companys y se presentaron en el palacio de la Generalitat solo para confirmarlo en la presidencia y asegurarle que podía contar con su apoyo. En Madrid, la situación fue similar: Martínez Barrio tuvo que renunciar ante la multitud que exigía armas; pero Largo Caballero, que hubiera podido tomar el Gobierno con solo haber alargado la mano, lo que tomó fue el tranvía para ver qué se le ofrecía al señor presidente del Gobierno y, cuando este dimitió, al señor presidente de la República. Rechazó cualquier posibilidad que no fuera la entrega de armas a las organizaciones obreras decretada en debida forma por un presidente de Consejo republicano. García Oliver y Largo Caballero compartían una cultura sindical mucho más cercana de lo que las luchas entre las organizaciones de las que eran dirigentes podía hacerles sospechar: ambos creían que la revolución social era abolición del capitalismo y disolución del Estado, y que el solar así deshabitado lo ocuparían automáticamente los sindicatos con solo declarar una huelga general.

Ocurría, sin embargo, que además de la revolución había una rebelión, o mejor, había revolución porque antes había habido rebelión. Y la rebelión estaba lejos de haber sido derrotada. En Madrid y en Barcelona, sí; pero en Zaragoza la poderosa organización de la CNT quedó destrozada en horas, lo mismo que ocurrió en Sevilla, también lugar fuerte del sindicalismo y de la UGT; y en Valencia no se sabía muy bien por dónde habría de romper la situación: hasta finales de julio, los militares acuartelados no se rindieron a la evidencia de que habían perdido la partida. Por no hablar de las capitales de Castilla la Vieja, o de Navarra, donde la rebelión triunfó con el apoyo de buena parte de la población: Burgos, Zaragoza, Pamplona, Sevilla, capitales todas del interior que garantizaban a los rebeldes un dominio territorial desde el que iniciar la ofensiva, disponiendo, como era el caso, de un ejército mal dotado pero prácticamente intacto en sus jerarquías. Allí, el poder del Estado republicano y de las organizaciones obreras no es que se diluyera, sino que fue literalmente exterminado: alcaldes, concejales, dirigentes de partidos republicanos y obreros, líderes sindicales fueron fusilados o asesinados sobre la marcha. En Salamanca, Miguel de Unamuno, que había saludado la rebelión, acabaría por escribir desolado: «es un estúpido régimen de terror. Aquí mismo se fusila sin formación de proceso y sin justificación alguna […] Y es que nada hay peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de sacristía»^[24].

Ante la disolución del Estado republicano, el fracaso de la rebelión en las principales capitales, su triunfo en varias capitales del interior, y la amenaza que viene de los territorios en poder de los rebeldes, surgen por todas partes iniciativas para poner en pie poderes regionales que organicen lo necesario para la defensa, el mantenimiento de la producción, el abastecimiento. El propósito común es que esos nuevos órganos de gobierno representen al mayor número de organizaciones que hacen frente a la rebelión. En Cataluña, el golpe de Estado y la inmediata revolución aceleraron el proceso de fusión de Unió Socialista de Catalunya, Federación Catalana del PSOE, Partit Comunista Proletari y Partit Comunista de Catalunya en una nueva formación que desde el 23 de julio tomó el nombre de Partit Socialista Unificat de Catalunya y se adhirió de inmediato a la Internacional Comunista. Dos días antes, la CNT había accedido a la solicitud de Companys para formar un Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, con una representación de todos los partidos y sindicatos, que quedó formada por tres miembros de Esquerra, uno de Acció Catalana, uno de la Unió de Rabassaires, del PSUC, del POUM, dos de la FAI, tres de CNT y otros tres de UGT, sindicato bajo inmediato control del PSUC. El Gobierno de la Generalitat sufría varias modificaciones con objeto de dar entrada al mayor número de partidos y sindicatos posible, hasta que a finales de septiembre se constituyó, presidido por Josep Tarradellas, un nuevo Gobierno en el que estaban representados, con la izquierda republicana, los comunistas del PSUC y del POUM, y la CNT. Alianza de fuerzas más que dispares, enfrentadas, muy pronto inviable, aunque dispuso de tiempo suficiente para reafirmar su poder decretando que en el territorio bajo control de la Generalitat solo tendrían fuerza de obligar las disposiciones publicadas en el Diari Oficial y creando un ejército de Cataluña. La lejanía del frente y la insoluble debilidad del Gobierno de la República favorecía la especie de independencia de hecho a la que se encaminaban las medidas adoptadas por la Generalitat en los primeros meses de guerra.

En el País Vasco, las cosas discurrieron de otra manera: en Álava la rebelión triunfó sin apenas resistencia, como había ocurrido en Navarra, donde contó además con un amplio apoyo popular. En Vitoria y Pamplona, el PNV aprobó una declaración manifestando que por su ideología católica y fuerista no podían unirse al Gobierno de la República. En Guipúzcoa, sin embargo, la rebelión fue ahogada por la resistencia de los partidos de izquierda y los sindicatos, que sustituyeron al poder legal y organizaron la defensa hasta la caída de San Sebastián en manos de los rebeldes, a mediados de septiembre. En Vizcaya no hubo rebelión y pudo mantenerse la autoridad del Estado: gobernador civil y mandos militares lograron controlar la situación, evitando la persecución de clérigos y la quema o despojo de iglesias. En ambos casos, y tras los primeros momentos de incertidumbre, los respectivos comités del PNV declararon su lealtad a la República, «en consonancia con el régimen democrático y republicano que fue privativo de nuestro pueblo en sus siglos de libertad», según rezaba la declaración preparada por el Bizkaia Buru Batzar. Fue una declaración que encontró cierta resistencia, ya que no faltaban quienes creyeran que el PNV debía mantener una posición de neutralidad, juzgando que se trataba de una guerra entre españoles en la que nada se había perdido a los vascos^[25]. La situación no acabaría de definirse por completo hasta que la Junta de Defensa de Vizcaya fue sustituida por un Gobierno bajo la presidencia de José Antonio Aguirre, con las principales consejerías en manos del PNV y con presencia de socialistas y comunistas, tras la concesión del Estatuto de Autonomía por las Cortes de la República reunidas el 1 de octubre. De todo el País Vasco, no quedaba para entonces bajo control del nuevo Gobierno más que la provincia de Vizcaya, excepto Ondarroa, y el importante centro industrial de Éibar.

Dentro de la diversidad de situaciones producidas por la rebelión militar, la de Valencia ofrece una curiosa originalidad: los militares sublevados permanecieron dentro de los cuarteles en actitud expectante durante dos semanas, hasta que finalmente los militares republicanos y los obreros, que mientras tanto habían dominado los puntos clave de la ciudad y formado desde el día 22 un Comité Ejecutivo Popular, con un representante de cada partido y dos de cada sindicato, decidieron asaltarlos a principios de agosto. En muchos pueblos, los comités sindicales, formados por CNT y UGT, sustituyeron a los ayuntamientos republicanos y procedieron a desarmar a la Guardia Civil y a controlar las salidas y entradas de las poblaciones. El Gobierno de la República envió una Junta Delegada para entrevistarse con el general Martínez Monge y exigirle el traspaso de poderes. Si la Junta pudo cumplir con algunas de las funciones relacionadas con el abastecimiento y esfuerzo de guerra, los que en realidad controlaron la situación fueron los comités locales formados por los sindicatos que, como en otras zonas del territorio de la República, comenzaron las requisas, la represión, la incautación de talleres, fábricas y tierras. La producción industrial se puso de nuevo en marcha bajo el control de los comités de fábrica formados por militantes de la CNT y la UGT, como ocurrió también con parte de la superficie agrícola, aunque el volumen de las colectivizaciones no pasó del 13,18 por 100 de la cultivada, a diferencia de zonas de latifundio de Andalucía y Castilla la Nueva, donde superaron en muchos casos el 50 por 100^[26].

Comités o consejos de la misma naturaleza y con idéntico origen se formaron también en Asturias, Santander, Aragón, hasta el punto de que el vacío dejado por el hundimiento del Estado central fue sustituido por esta floración de poderes regionales con una composición variable según la relación de fuerzas en presencia, pero que, en todo caso, se caracterizaron por la búsqueda de alianzas entre los partidos políticos y los dos grandes sindicatos bajo el predominio de estos. No era solo que los comités fuesen la forma clásica de organización sindical, sino que los sindicatos eran en ellos la fuerza dominante, con los partidos en posición subordinada. A medida que pasaban las primeras semanas de rebelión y revolución se hacía más evidente que el Gobierno de la República, además de perder el control de los territorios caídos en manos de los militares sublevados, era incapaz de gobernar con eficacia los que habían quedado bajo su autoridad nominal. La consecuencia fue que nadie ejerció durante esas decisivas semanas un poder central efectivo y que los republicanos se esfumaron como fuerza política tras el dominio obrero que, por su parte, desatendió la tarea de reconstruir un poder estatal, fenómeno a la postre inevitable porque los agentes de la revolución habían sido dos sindicatos y los sindicatos carecen de recursos para tomar y gestionar el poder político. En España, sobre todo, los dos sindicatos eran fuertes en los ámbitos locales, en algunas industrias y empresas, pero débiles en sus estructuras centrales. La CNT, como escribía el secretario de la AIT, era un «conglomerado de federaciones regionales sin ninguna disciplina de conjunto»^[27]; pero en la UGT, más centralizada y burocratizada, las sociedades adheridas gozaban de gran autonomía y la comisión ejecutiva dejaba una infinidad de decisiones a la iniciativa de las federaciones de industria adheridas. Por eso, la revolución española de 1936 fue tan profunda en lo social y, a la vez, tan frágil en lo político.

Cambio de Gobierno: los sindicatos en el poder

CAMBIO DE GOBIERNO: LOS SINDICATOS EN EL PODER

Encubriendo bajo su manto una revolución social incapaz de organizar eficazmente la defensa, la República solo cosechó desastres en el exterior y retrocesos continuos en el interior. En el exterior, porque la política de no intervención elaborada en el mes de agosto por Francia y Gran Bretaña sirvió de tapadera para que Alemania e Italia acudieran solícitas en ayuda de los rebeldes. En el interior, porque las milicias que habían sido la expresión armada de este nuevo poder sindical se mostraron ineficaces para la batalla en campo abierto y ofrecer una eficaz resistencia a las tropas sublevadas que avanzaban desde Andalucía, por Extremadura, camino de Madrid. Las consecuencias de estos hechos hicieron insostenible hacia finales de agosto la continuidad del Gobierno republicano. Como Luis Araquistáin, principal ideólogo de la izquierda socialista, escribió a Largo Caballero el día 24, «virtualmente, el Gobierno republicano está muerto. No tiene autoridad ni competencia, ni decisión para hacer la guerra a fondo y acabarla con una victoria absoluta y revolucionaria […] La continuación de este Gobierno está comprometiendo la victoria y, en todo caso, la prolonga innecesaria y peligrosamente». Tenía razón, aunque silenciara la responsabilidad que a los mismos socialistas cabía en esa muerte por su obstinada resistencia a todas las medidas que hubieran dado al Gobierno aquella autoridad y la competencia que Araquistáin tanto echaba de menos^[28].

En todo caso, Giral creyó que era llegado el momento de sacar las consecuencias de esta situación y decidió «entregar a S. E. el Presidente de la República los poderes que recibió de él y con ellos la dimisión de todos los ministros», añadiendo en la misma carta que debía formarse un Gobierno capaz de «representar a todos y cada uno de los partidos políticos y organizaciones sindicales u obreras de reconocido influjo en la masa del pueblo español, de donde nacen siempre todos los poderes». El presidente de la República, que creía a los dirigentes sindicales culpables del desbarajuste, despilfarro de tiempo, energía y recursos, y de la parálisis del Gobierno, no tuvo más remedio que plegarse y aceptar como un hecho consumado la traslación de poder, aunque no era capaz de ver en Largo Caballero a un Lenin redivivo y estaba convencido de su fracaso: se hundirá, decía, pero la República con él. Largo Caballero era, sin embargo, como de él escribió el periodista y agente de la Internacional Comunista Mijail Koltsov, la figura más destacada y respetada del movimiento sindical y, si los sindicatos detentaban el poder, era inevitable que el secretario general más respetado ostentara la presidencia del Consejo^[29].

Se cumplía así, por otra parte, el plan que Largo había acariciado desde el fracaso de la revolución de octubre: no participar en ningún Gobierno como mero aliado de los republicanos. Es verdad que ese plan contemplaba, cuando los republicanos cedieran el paso, la formación de un Gobierno exclusivamente obrero, pero la rebelión no había sido derrotada por la huelga general, y era preciso tener en cuenta el conjunto de fuerzas combatientes además del mantenimiento de la legalidad republicana. Entre «la formación de un Gobierno de nuestra izquierda» y un Gobierno mixto, como escribía Araquistáin, no cabía duda: el presidente de la República no aceptaría la primera opción. Había que formar por tanto un Gobierno al que se incorporaran los socialistas de la otra tendencia, los republicanos, los comunistas y, eventualmente, la CNT. Un gobierno, aconsejaba Araquistáin, que no despertara alarmas en el interior ni en el exterior y que podría ser «un gran Gobierno de guerra y al mismo tiempo, sin decirlo, un gran Gobierno revolucionario». Para formarlo, Largo Caballero se dirigió, como secretario general de la UGT, a los partidos socialista, comunista, republicanos y a los confederales, proponiéndoles una distribución de carteras que serían ocupadas por los designados por los mismos partidos y sindicatos. Era un procedimiento de formación de gobiernos por el que los ministros actuaban más como representantes de sus formaciones en el poder central que como miembros de un equipo de la confianza de su presidente.

Por parte de los republicanos, no hubo problema: el anterior presidente del Consejo, José Giral, accedió a seguir en el Gobierno como ministro sin cartera, mientras Bernardo Giner de los Ríos se mantenía en Comunicaciones y Marina Mercante, y Julio Just, en Obras Públicas; el PSOE envió a tres «representantes»: Prieto, que se hizo cargo de Marina y Aire; Negrín, que asumió Hacienda, después de descargar su irritación diciendo que la formación de ese Gobierno era peor que perder Getafe, y Anastasio de Gracia, que se ocupó de Industria y Comercio. La UGT designó al mismo presidente, que se hizo cargo también del Ministerio de la Guerra; a Julio Álvarez del Vayo para Asuntos Exteriores y a Ángel Galarza para Gobernación, aunque ninguno de los dos había sido nunca dirigente sindical. Los comunistas, a pesar de sus esfuerzos por quedar fuera del Gobierno, siguiendo las instrucciones de la Internacional, convencida de que así sería más fácil preservar la unidad del Frente Popular o, simplemente, de que esa política suscitaría menos recelos en Francia y Gran Bretaña, cedieron a las presiones de Largo y se hicieron cargo de Instrucción Pública y Agricultura: mantenerse al margen del Gobierno, escribía José Díaz, habría creado una situación muy peligrosa^[30].

Quedaban los nacionalistas vascos y la CNT. Los primeros, después de la visita de una delegación presidida por José Antonio Aguirre, pactaron su incorporación a cambio de una rápida aprobación del Estatuto que posibilitara la formación de un Gobierno autónomo presidido por el propio Aguirre. Alcanzado el acuerdo, Manuel Irujo se incorporó al Gobierno como ministro sin cartera el 25 de septiembre, y pocos días después, el 1 de octubre, el Gobierno presentaba a las Cortes el proyecto de Estatuto, aprobado sobre la marcha. En la imposibilidad de convocar elecciones, Aguirre fue elegido por los concejales de los ayuntamientos vizcaínos presidente del Gobierno autónomo el 10 de octubre y rápidamente formó un Gobierno en el que los nacionalistas se reservaron las áreas fundamentales: Presidencia, Defensa, Justicia y Cultura, Gobernación y Hacienda. No tuvo ningún problema para dejar a la CNT fuera de este Gobierno, que quedó, por lo tanto, como de coalición nacionalista, socialista y comunista, con una clara hegemonía de los primeros. Este será el Gobierno que a partir de entonces se haga cargo de la conducción de una guerra que en el País Vasco tuvo su propia dinámica, determinada por la naturaleza del partido hegemónico, nacionalista y católico, que mantuvo las iglesias abiertas y las industrias en manos de sus propietarios y que cuidó del orden público evitando la actuación de patrullas y los asesinatos indiscriminados, salvo a principios de enero de 1937, cuando, por represalias contra los bombardeos, se produjo la matanza de más de doscientos presos en Bilbao.

La CNT quedó también fuera del Gobierno de la República, pero no porque se la excluyera, sino porque se tomó dos meses exactos para renunciar a un elemento central de su visión del mundo: su antiestatismo y su antipoliticismo, con el consiguiente rechazo a participar en cualquier Gobierno. La guerra ya se había encargado de arruinar los principios en los que se sostenía esa visión y había determinado la participación de sindicalistas en la más variada clase de comités junto a militantes de la UGT y de los partidos políticos. En el Pleno Nacional de Regionales, celebrado por la CNT el día 3 de septiembre para estudiar el ofrecimiento de Largo Caballero, se presentó la propuesta de crear en cada ministerio unas «juntas asesoras» formadas por dos representantes de la UGT, otros dos de la CNT y dos más del Frente Popular: cuatro sindicales por dos políticos. Dos semanas después, y en el último intento de forzar una alternativa de Gobierno vergonzante, el Pleno de Regionales reunido el 15 de septiembre aprobó la propuesta, presentada por las delegaciones catalana, levantina y asturiana, y firmada por Federica Montseny, Juan López y Aurelio Álvarez, de formar en Madrid un Consejo Nacional de Defensa, compuesto por cinco delegados de la UGT, sutilmente identificados como «marxistas», otros cinco de la CNT, y cuatro procedentes de los partidos republicanos; el presidente de tal Consejo sería Largo Caballero y como presidente de la República se mantendría a Manuel Azaña, siempre que actuase «con el mismo espíritu que viene observando hasta la fecha»^[31]. A estas alturas, la CNT aceptaba ya que lo principal, más que seguir con la revolución, era ganar la guerra, como aceptaba también que para ganarla era preciso un esfuerzo común y una dirección coordinada. La cuestión radicaba todavía en que un Gobierno era por definición el alto órgano de la política, mientras que un comité o un consejo, aunque asumiera funciones de gobierno, seguía siendo un comité o un consejo, o sea, un órgano creado desde abajo en el que los sindicatos se reservaban la posición dominante.

La CNT necesitó celebrar varios plenos más para pasar de la convicción, expresada ya este 15 de septiembre, de que «no había solución posible en el estado en que nos hallamos sin una coordinación más eficaz de fuerzas y la creación de un organismo aglutinante de las mismas que consiga abatir al fascismo en todos los frentes», a la de aceptar, en las peores condiciones posibles, su incorporación al Gobierno. En el último pleno convocado para debatir este asunto, el 18 de octubre, los reunidos se limitaron a delegar en el comité nacional que negociase la participación de la CNT en el Gobierno de la República. Horacio Martínez, que presidía ese comité nacional, era de tiempo atrás un partidario de la integración y su tarea consistió en establecer las condiciones en que los confederales se incorporarían al Gobierno: no se contentaba con los dos ministerios que Largo Caballero les había ofrecido; pensaba que eso era rebajar a la CNT al mismo nivel que los comunistas, una fuerza claramente inferior. Exigió cuatro carteras, una más de las asignadas sobre el papel a la UGT.

Las obtuvo: el 4 de noviembre, con los rebeldes en las puertas de Madrid, Largo Caballero comunicó a Azaña la remodelación de su Gobierno: salían Ruiz Funes y Tomás i Piera, y se dividían dos ministerios para hacer sitio a las nuevas incorporaciones de la CNT, además del republicano Carlos Esplá en el nuevo Ministerio de Propaganda y Jaume Ayguadé, que aceptó un ministerio sin cartera. El presidente de la República, desolado, consideró la posibilidad de dimitir ante la presencia de alguien como García Oliver al frente del Ministerio de Justicia y ante los modos más bien desconsiderados de Largo Caballero en la tramitación de todo el asunto, haciendo públicos los nombramientos antes de someterlos a la firma presidencial. Ante su irritación y protesta, Largo atendió la petición de enviarle por escrito las razones de esa incorporación con una carta en la que explicaba que si se había visto en el trance de pedir la autorización para publicar los decretos designando a los nuevos ministros sin esperar a que estuviesen firmados se debía exclusivamente a la urgencia del caso, y le hacía constar que los nuevos ministros de la CNT habían sido «designados libremente por su organización» y que él se había limitado a aceptarlos siguiendo el mismo criterio observado con los partidos políticos. Al fin, desde Montserrat, donde se había medio retirado unas semanas antes, Manuel Azaña aceptó con amargura la presencia, en un Gobierno de la República por él presidida, de cuatro militantes de la CNT: Juan García Oliver, Juan Peiró, Juan López y Federica Montseny, firmantes los dos últimos de aquella propuesta de Consejo Nacional de Defensa con que la CNT había pretendido sustituir al Gobierno^[32].

De modo que entre el 4 de septiembre y el 6 de noviembre de 1936 se desarrolló en el territorio que permanecía leal a la República un proceso político que acabó por llevar por vez primera en la historia europea a la participación de católicos, nacionalistas, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas en un Gobierno de coalición. Consejos que habían asumido el poder sin el refrendo oficial, gobiernos formados al amparo de los estatutos de autonomía, como los de Euskadi y Cataluña, todos se caracterizan, como el mismo Gobierno de la República, por la coalición de fuerzas dispares, cada una con sus propias tradiciones y con sus metas, no siempre coincidentes; todos surgidos de la previa destrucción del normal funcionamiento del Estado por la doble acción de una rebelión y una revolución; todos actuando como poder supremo en sus propios territorios; todos animados, por encima de sus diferencias, por la convicción de que para hacer avanzar sus objetivos particulares era preciso ganar antes la guerra. No fue la divisoria entre ganar la guerra o hacer la revolución lo que escindió a los leales a la República; fue más bien que con gobiernos que acogían a organizaciones de tan diversa naturaleza y objetivos era imposible evitar las luchas por la hegemonía.

De momento, el Gobierno y todos sus ministros reafirmaron como tarea prioritaria la de ganar la guerra: para eso se había formado este Gobierno de «unidad nacional» y a conseguirlo se iba a aplicar. Por supuesto este era el objetivo proclamado desde siempre por los comunistas: «ganar la guerra es lo que determina la acción de nuestro Partido en estos momentos», dirán en su primer pleno ampliado. Pero se trata de una tesis compartida por todos y elevada a núcleo del programa ministerial enunciado en la primera declaración del nuevo Gobierno, que subordina al triunfo sobre la rebelión «cualesquiera otros intereses políticos, dando de lado a diferencias ideológicas puesto que de momento no puede existir otro afán que el de asegurar el aplastamiento de la insurrección»^[33]. Propósito que comparten o pregonan al pie de la letra los nuevos ministros de la CNT, como García Oliver cuando exige «la supeditación absoluta de nuestra vida y de nuestras actividades a la guerra». La CNT nunca había pensado que la revolución tendría que enfrentarse a una guerra, y cuando se encontró metida en ella, sus dirigentes reaccionaron supeditando las realizaciones revolucionarias a la necesidad previa del triunfo militar: incluso el ideal soñado del federalismo les pareció «no practicable» en una situación de guerra. De momento, «lo primero era ganar la guerra», ya que la revolución no podía ser sino «resultante de la guerra popular». Tal es la doctrina oficial de la CNT cuando su secretario general explica a un redactor del Manchester Guardian que el único objetivo de la hora actual consiste en ganar la guerra y que no queda tiempo para discutir los proyectos anarquistas, comunistas o republicanos; una idea repetida por el secretario general del PCE cuando decía: «comunismo libertario, dictadura del proletariado, socialismo de Estado, República federal: ya hablaremos de todo eso. Cuando el pueblo haya vencido, entonces el pueblo soberano dirá qué gobierno quiere darse»^[34].

Por debajo de esta identidad de propósito corría un similar discurso de la guerra que la tenía como lucha por la independencia nacional, contra la invasión extranjera o contra el fascismo; era el pueblo español contra fuerzas mercenarias. Ante la necesidad de formar consejos y gobiernos de coalición y de definir estrategias políticas unitarias con las que hacer frente al avance de los rebeldes, el lenguaje de revolución, que dominó las primeras semanas, fue haciendo un hueco a un nuevo lenguaje que exaltaba la unidad de la nación y el heroísmo del pueblo contra el invasor. Como decía Federica Montseny, lo único que podía unir a los «camaradas de todas las tendencias, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas» era «el espíritu indómito de la raza». Definir lo que estaba ocurriendo como una «guerra antifascista que debe asegurar la independencia del país» es frase de la cosecha de García Oliver, que culpaba a la falta del «gran principio nacional» el hecho de que, a pesar del esfuerzo derrochado, los meses de guerra no habían servido para avanzar ni un solo paso. Lenguaje de los dirigentes de la CNT que pudo haber sido, sin modificar nada, el de los dirigentes del PCE: cuando se cumplían cinco meses desde que estalló «la rebelión militar fascista», la guerra se había transformado en «una guerra nacional, una guerra por la independencia de España, gracias al apoyo descarado que los fascistas alemanes, italianos y portugueses han prestado a los facciosos». Lo que hoy tenemos, dirá José Díaz tres meses después, es «una guerra de liberación nacional, una guerra de independencia de nuestra nación». Y su partido aprobará una resolución diciendo que la guerra impuesta al pueblo español se había transformado «de guerra de defensa de nuestro pueblo contra la rebelión militar de los oficiales fascistas y traidores a su patria, en una guerra de independencia nacional contra la invasión militar colonizadora del imperialismo fascista de Alemania e Italia». Un lenguaje, por cierto, en el que anarquistas y comunistas podían encontrarse en sintonía con el presidente de la República, Manuel Azaña, que tanto gustaba de evocar la guerra de Independencia cada vez que hablaba de «esta guerra» que le había tocado presidir^[35].

Ese lenguaje estuvo lejos, por tanto, de ser exclusivamente comunista. Nada más cercano, a este respecto, de un discurso de Federica Montseny que otro de Dolores Ibárruri, dos mujeres expertas en el arte de la oratoria de masas. Para la primera, era evidente un «parentesco racial» y una identidad esencial entre el esfuerzo de un Viriato y un Durruti acaudillando a una masa entusiasta que se transformaba por la acción en un pueblo con un solo pensamiento, una sola voluntad, un solo brazo. Es esa «unidad nacional contra el invasor extranjero» lo que permite a la dirigente anarquista definir la lucha como «guerra antifascista que debe asegurar la independencia del país, o como magnífico movimiento popular contra la asonada fascista, heroica lucha que prosigue aún enfrentándose el ejército del pueblo y las hordas que han invadido el suelo ibérico». Pero la dirigente comunista no habla otro lenguaje: nuestra lucha, dice en una alocución dirigida al pueblo argentino, «que en los primeros días del movimiento pudo calificarse de guerra civil, perdió pronto este carácter para transformarse rápidamente en guerra de independencia. Quieren someternos, esclavizarnos, pero no será. El alma de España, de nuestra España, de la España popular, se ha forjado indomable y grandiosa a través de los siglos». Las mujeres de Sagunto, de Numancia, de los Comuneros de Castilla, de los agermanados de Valencia y de Mallorca, de los payeses de Cataluña, las Agustina de Aragón, María Pita, María Pineda, volvían a vivir en las Aida Lafuente, las Lina Odena, las mujeres de Asturias, las mujeres de Madrid, que Dolores Ibárruri señalaba como ejemplo heroico de mujeres españolas dispuestas a defender el suelo de la nación contra la invasión extranjera^[36].

Nada de extraño tendrá, por tanto, que de similares planteamientos estratégicos y de tan cercanos discursos de guerra se deriven parecidas consecuencias prácticas. Ante todo, la urgencia de establecer lo que Juan López llama una «unidad férrea sobre dos casos»: la organización militar y la económica. Los ministros de la CNT aceptan y hasta preconizan la creación de una organización militar «unificada férreamente» y la necesidad de disciplina, mando único y la más estrecha y cordial unión. Es conocida la insistencia comunista en el hierro y el acero como metáforas del ejército popular que pretende poner en pie; pero los confederales no les fueron a la zaga ni se mostraron tampoco escrupulosos en la utilización de métodos coactivos para garantizar esa férrea unidad: mando único, ejército regular e imposición de disciplina en la retaguardia. Como no dejaron tampoco de denunciar el sentido «propietarista de los comités de control» que se vieron obligados a combatir con toda energía. Un notorio dirigente de la FAI, Diego Abad de Santillán, reconocía que de la militancia sindical revolucionaria había surgido «el fenómeno social de los asaltos a mano armada» y denunciaba a los responsables de los comedores populares que «salían directamente a requisar víveres» arruinando así la economía de la región. Juan Peiró, titular del Ministerio de Industria desde noviembre, reconocía que la economía se hundía de un modo casi vertical a consecuencia de las incautaciones realizadas de manera improvisada y de las diferencias existentes entre industrias incautadas y colectivizadas. Lo notable, con todo, es que la fórmula ideada por los dirigentes de la CNT para remediar esta situación era idéntica a la comunista: articular en un solo organismo nacional el elemento rector de nuestra economía, de manera que se impidiera la acción caótica producida en la economía al mantener «la separación de unos pueblos contra otros»^[37].

Idéntica coincidencia es perceptible en la amplitud que según las diferentes organizaciones representadas en el Gobierno debían alcanzar las colectivizaciones y nacionalizaciones. No hay una disparidad radical entre la política muy pronto defendida por los comunistas de respetar al pequeño propietario agrícola y considerar archisagrado el fruto del trabajo del labrador y lo que Mariano R. Vázquez decía al corresponsal británico cuando le aseguraba que «la pequeña propiedad, el pequeño comercio, los artesanos serán respetados» y que serían castigados los ataques contra ellos. Respetar implicaba no obligar a colectivizar su tierra si no era ese su deseo ni someterle a requisas del fruto de su trabajo. En este punto, el acuerdo no se limitaba a los dirigentes: el Congreso Regional de Campesinos de Cataluña, de la CNT, aprobó por unanimidad, en septiembre de 1936, antes por tanto de que los confederales participaran en el Gobierno, respetar el cultivo de los pequeños propietarios «siempre que esto no obstaculice o dificulte el desarrollo de los núcleos que se colectivicen». Es evidente, por lo demás, que la CNT no procedió a colectivizar la tierra en Cataluña, ni siquiera cuando eran los amos, por emplear el lenguaje de García Oliver. Hubo una colectivización parcialmente forzada en Aragón por grupos armados procedentes de otras localidades, pero ni Cataluña ni Valencia ni amplias zonas de Andalucía que no cayeron en manos de los rebeldes presenciaron colectivizaciones de tierra a gran escala^[38].

La cuestión, por tanto, no radicaba ni en fórmulas de gobierno, ni en estrategias políticas y ni siquiera en discursos de la guerra. La cuestión, una vez formado el Gobierno de Largo Caballero e incorporados a él representantes de todos los partidos y sindicatos, consistirá en saber quién iba a ser capaz de llevar a la práctica el discurso de unidad nacional y de guerra de independencia, la necesidad de disciplina y creación de un ejército, el orden en retaguardia, el respeto de la pequeña propiedad; quién podría reducir la dispersión de organismos y conducir la disparidad de fuerzas a una meta común creando los instrumentos precisos; o sea, quién iba a dirigir aquella eclosión de fuerzas dispares que había puesto en marcha la rebelión. Como expresión del evidente dominio de los sindicatos obreros de las primeras semanas de revolución, tocaba el turno al dirigente sindical más respetado; dependería en buena medida de cómo saliera de la prueba que esta fórmula de amplia coalición de partidos y sindicatos se convirtiera en gobierno eficaz para los objetivos de ganar la guerra y perdurable como expresión de una coalición obrera y republicana.

Luchas por la hegemonía

LUCHAS POR LA HEGEMONÍA

El 1 de octubre de 1936, mientras un general, Francisco Franco, era investido por sus compañeros de armas como jefe del Gobierno del Estado y generalísimo de los ejércitos, un antiguo estuquista, secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, presentaba en Madrid su Gobierno a las Cortes de la República, convocadas por vez primera tras la rebelión militar. Poco dado a pronunciar grandes discursos en el Parlamento, Largo expresó de forma lacónica su principal objetivo: ganar la guerra y vencer al fascismo tanto en el frente, en las trincheras, como en la retaguardia, en los privilegios de orden político, jurídico, económico y social de que habían disfrutado las clases dominantes de la sociedad española. Pero todo esto, vencer al fascismo, ganar la guerra, cambiar el orden económico y social, no pasaría de ser palabras si no se procedía a la reconstrucción del Estado. Para comenzar la obra había que levantar un verdadero ejército de la atomización en que se movían las milicias, recuperar para el Gobierno el poder político disperso en una miríada de unidades, y en fin, internacionalizada ya la guerra civil, buscar aliados exteriores donde los hubiera.

Comenzó por donde más dolía: reorganizando los mandos militares, nombrando al coronel Asensio, después de ascenderle a general, jefe del teatro de operaciones del Centro, que debió abandonar enseguida tras los sucesivos fracasos de las ofensivas dirigidas para recuperar Talavera; y constituyendo un nuevo Estado Mayor Central, del que saldrá el núcleo de militares profesionales llamado a alcanzar notoriedad en el curso de la guerra: Antonio Cordón, Segismundo Casado y, sobre todo, Vicente Rojo, que ocupará desde el 20 de octubre la segunda jefatura junto a Manuel Estrada. Tanta importancia como esta incipiente recomposición de la unidad de mando tuvo el decreto de 18 de septiembre que ordenaba el pase a la escala activa de los jefes, oficiales y clases que componían las milicias, complementada al día siguiente con la concesión a los milicianos de los derechos y deberes correspondientes a las fuerzas militares. A partir de entonces, los milicianos quedaron militarizados, al menos sobre el papel, de manera que quienes no quisieran incorporarse a la nueva estructura militar tendrían que darse de baja, perdiendo la paga. Pocos días después, se crearon las Brigadas Mixtas como unidades autónomas con plena capacidad operativa. El ministro asumió desde el 16 de octubre el mando de todas las fuerzas armadas, de modo que quedaba concentrada en la misma persona la dirección política y militar de la guerra. Si para la segunda contaba ya con un Estado Mayor, para la primera contaría con el nuevo cuerpo de comisarios creado el mismo día 16. Largo creía poner en buenas manos la dirección del comisariado nombrando a su ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez del Vayo, comisario general, y a su leal compañero en la dirección de la UGT, Felipe Petrel, secretario general. Como era habitual en el reparto de responsabilidades, fueron nombrados subcomisarios Crescenciano Bilbao, del PSOE; Ángel Gil Roldán, de la CNT; Ángel Pestaña, del Partido Sindicalista, y Antonio Mije, del PCE. Ningún republicano en la dirección del comisariado, que se convirtió así en la expresión de una especie de frente obrero en el Ejército.

Poco se avanzó, sin embargo, en la coordinación de los gobiernos regionales y en la reconstrucción de un poder central capaz de unificar la política de guerra. Ciertamente, desde finales de septiembre los ayuntamientos comenzaron a ser repuestos, sustituyendo con alcaldes y concejales el poder municipal de los comités; pero en Cataluña la Generalitat creó en diciembre de 1936 un ejército propio y, en enero del año siguiente, el presidente Companys se declaró partidario de un Estado federal, lo que permitirá poco después a su primer consejero, Josep Tarradellas, proponer un nuevo tipo de relaciones entre la Generalitat y la República, o establecerlas en la práctica. En Euskadi, las iniciativas fueron en parecida dirección: ensanchar la autonomía hasta el punto de actuar como «un Estado vasco semiindependiente», con la creación también de un ejército propio solo nominalmente unificado bajo el mando del general Llano de la Encomienda, con quien no tardó en «tarifar» el Gobierno vasco, que asumió tareas propias del Estado como emitir sellos, acuñar moneda, expedir pasaportes y mantener relaciones exteriores^[39].

En lo que el Gobierno de Largo Caballero no avanzó nada fue en el compromiso de las potencias democráticas con una política que impidiera la descarada intervención de las potencias fascistas bajo el manto de la No Intervención. El 26 de octubre de 1936, el dirigente socialista italiano, Pietro Nenni, que había visitado España como delegado de la Internacional Obrera y Socialista, sometió a la consideración de esta y de su Federación Sindical el cambio radical que en las semanas anteriores había experimentado la guerra de España. Para entonces era ya evidente que los fascistas saboteaban con total impunidad la política de no intervención y al comité de Londres. Por otra parte, la Unión Soviética había iniciado abiertamente su política de ayuda directa a la República. La lucha entre el fascismo y el antifascismo había pasado del plano nacional al internacional: si se dejaba la exclusiva de la ayuda antifascista a la Unión Soviética, la relación de fuerzas en la izquierda española, especialmente entre comunistas y socialistas, cambiaría dramáticamente. Era preciso, por lo tanto, concluía Nenni, que la Internacional Obrera y la Federación Sindical salieran de su pasividad y actuaran en el conflicto español formando un solo bloque y con ayudas propias a la defensa de la República^[40].

Con este discurso, Nenni avisaba de las inevitables consecuencias que la no intervención y la pasividad de la Internacional Socialista tendrían en el futuro sobre la política republicana. Desde la llegada de Largo Caballero a la presidencia del Consejo se había producido un giro radical en la relación de la República con las potencias extranjeras: Francia y el Reino Unido habían respondido con el embargo a las solicitudes de compra de armas que desde el primer día les había dirigido el Gobierno de Giral. Pero a finales de agosto llegó a Madrid el primer embajador de la Unión Soviética, Marcel Rosenberg, mientras otro histórico de la revolución rusa, Vladimir Antonov-Obseenko, se hacía cargo del consulado en Barcelona. Poco después se convocó en Moscú una gran manifestación para mostrar el apoyo y la solidaridad de los comunistas rusos con la República española, expresión de un giro en la actitud mantenida hasta entonces por la Unión Soviética en el comité de Londres. Desde principios de octubre, la URSS no ocultó su apoyo a la causa republicana e incluso la convirtió en centro de propaganda y movilización internacional, lo que tuvo el inmediato efecto de implicar a la Internacional Comunista en el reclutamiento de voluntarios para dirigirlos hacia España. Armas, compradas con el oro que el Gobierno de la República depositó en la Unión Soviética, y voluntarios comenzaron a llegar a España cuando las tropas de Franco se acercaban peligrosamente, sin encontrar serios obstáculos, a las puertas de la capital.

En esas últimas semanas de octubre, los comunistas españoles, que eran bien poca cosa hasta las elecciones de febrero de 1936, habían modificado su posición en el entramado de fuerzas que sostenían a la República. Por una parte, habían unificado bajo su control a las juventudes socialistas y comunistas en unas nuevas Juventudes Socialistas Unificadas que desempeñarán un importante papel en la movilización y encuadramiento de jóvenes; habían culminado también la unificación de varios grupos socialistas y comunistas de Cataluña para crear el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que quedó, como la UGT catalana, bajo dirección comunista; habían desarrollado la propuesta de creación de un verdadero ejército regular, incorporando sin reticencia alguna su ya célebre Quinto Regimiento de Milicias al nuevo ejército republicano. Además, y como recordaba Luis Buñuel, el ejemplo de los anarquistas armados, entrando en restaurantes y pidiendo botellas de vino a «un buen hombre cuyo hijo luchaba en la sierra», o bajando de la sierra «para entrar a saco en las bodegas de los hoteles», impulsaba a muchos como él a «volverse hacia los comunistas que aplicaban todas sus energías a la conducción de la guerra»^[41].

La nueva influencia ejercida por los comunistas entre obreros, jóvenes, miembros de las clases medias, militares, contrastaba con el creciente deterioro de la situación, evidente en el imparable avance del ejército de África, que continuaba su progresión hacia Madrid: el 30 de octubre ocupaba una línea a solo quince kilómetros de la capital y el 4 de noviembre estaba ya en Alcorcón, Leganés y Getafe; el 6 alcanzaba Campamento y los Carabancheles; el 7, Villaverde. Cuando vadeaba el Manzanares, el Gobierno dio por inevitable la caída de la capital; resolvió trasladarla a Valencia y encomendó su improbable defensa al general Miaja y a una Junta de Defensa, en la que de inmediato los jóvenes comunistas ocuparon puestos de responsabilidad. Quienes se quedaron en Madrid no pudieron interpretar estos hechos sino como una vergonzosa huida y, contra todo pronóstico, se aprestaron a su defensa. Fue entonces, con ocasión de la marcha del Gobierno y el temor a la ocupación, cuando se produjo la más brutal de las matanzas llevadas a cabo en territorio republicano: más de dos mil presos en las cárceles de Madrid fueron objeto de diversas «sacas» y fusilados con armas automáticas por milicianos en las cercanas localidades de Paracuellos y Torrejón. Realizada cuando el Partido Comunista controlaba la Consejería de Orden Público, a esta matanza solo puso fin el nombramiento de un anarquista, Melchor Rodríguez, como delegado de Prisiones, el 4 de diciembre de 1936^[42].

La responsabilidad colectiva del Gobierno no redujo la personal de Largo Caballero como dirigente sindical, político y militar, que abandona la capital sin haber previsto nada para su defensa: a partir de ese momento, dejó de ser aquel líder más querido y respetado de la clase obrera, sobre todo porque habiendo dado por perdida el Gobierno la capital, los madrileños fueron capaces de organizar, sin que en ello tuviera parte alguna el Gobierno, su defensa. Madrid resistió el primer embate y rechazó los siguientes, deteniendo así el avance del ejército rebelde, una empresa en la que tuvieron especial relevancia política dos fenómenos llamados a influir de manera perdurable en la política republicana. Por una parte, al dirigir su defensa un militar de carrera rodeado de un Estado Mayor, el ejército republicano en construcción comenzó a adquirir un nuevo papel, mostrando de manera práctica su superioridad sobre las milicias. Por otra, el PCE, fortalecido por los envíos de armamento soviético y la presencia de las Brigadas Internacionales, decidió asumir «la gran tarea de defender Madrid» y hacerlo de forma que sus militantes comenzaran a «sobresalir dos palmos por encima de cualquier obrero de otra organización y de otros partidos»^[43]: con dirigentes jóvenes y responsabilidades crecidas, la presencia de comunistas fue decisiva en la Junta de Defensa. Las consignas de orden y disciplina, los trabajos en la fortificación de la ciudad, la defensa de los intereses de la muy numerosa clase media de pequeños propietarios, comerciantes y artesanos y su mayor capacidad organizativa los volvieron atractivos a los mandos militares, que comenzaron a considerarlos como su mejor sostén. A partir de la batalla de Madrid, los comunistas adquirieron un mayor peso político mientras los militares ampliaban su esfera de poder: dos factores decisivos para el porvenir del Gobierno presidido por Largo Caballero, que veía impotente la incapacidad de la Internacional Socialista para prestar un apoyo eficaz a la República y equilibrar la creciente influencia comunista^[44].

Con el nuevo año, se multiplicaron las iniciativas unitarias entre los distintos partidos y sindicatos, convencidos todos de que la guerra sería larga y de que para ganarla no se podía seguir como hasta entonces, haciéndola cada cual un poco por su cuenta. La fuerza siempre viva de la utopía, o el mito, de la unidad obrera se manifestó de nuevo en las continuas llamadas a la unión o alianza que los dos sindicatos mutuamente se dirigían. En enero de 1937, la Federación Local de Sindicatos Únicos de Madrid, evocando la sangre marxista y libertaria que corría por un mismo surco en las trincheras, dirigió a sus «hermanos de la UGT» una llamada para llegar «pronto a una unión apretada con lealtad, con sinceridad, con calor de efusión, con ansia fraternal, con anhelos de compenetración y amor», en la seguridad de que «los frutos de esa unión serán fecundos y rápidos». Los hermanos de la UGT, o sus mentores, respondieron a estos llamamientos con propuestas de unión del proletariado, con la CNT, a la que llaman «central sindical hermana», que ha tomado «derroteros francamente favorables a la unidad, de concordia y acuerdo», mientras en «el orden meramente político se acentúa la confusión y el desbarajuste». En Valencia, comenzaron a celebrarse frecuentes reuniones entre la comisión ejecutiva de la UGT y el comité nacional de la CNT, hasta el punto de anunciar que se estaban «jalonando los cimientos de algo que tal vez pueda ser definitiva y rápida solución del presente»^[45].

Este nuevo lenguaje en las relaciones entre los órganos dirigentes de los dos sindicatos tenía, por parte de la CNT, el propósito de llegar a una Alianza Obrera Revolucionaria como instrumento para someter todas las actividades de la guerra «a un plan conjunto y a una sola dirección» y eliminar «las maniobras de los profesionales de la política». La Alianza se presentaba como condición para mantener un firme control de los sindicatos sobre la producción y la vida social y como baluarte contra el que se estrellarían las maquinaciones políticas para desplazar a las organizaciones obreras de la dirección del Estado. La CNT insistía en su tradicional visión de la revolución social como «administración por medio de los sindicatos [de] todo cuanto ayer tenían en sus manos las clases capitalistas», una visión en la que no quedaba lugar alguno para «la política, el mangoneo de los charlatanes de la vida pública del país», que sería sustituida «por la administración directa de la economía». Formar esta Alianza Obrera le parecía a los dirigentes confederales tanto más urgente cuanto percibían ya en el horizonte la amenaza de comunistas y socialistas, que si llegaban a formar el partido único del que tanto se hablaba en aquellas semanas pretenderían «dirigir políticamente lo que los sindicatos de productores habrían de administrar por sí mismos». La CNT no desesperaba del buen sentido de la UGT y daba por seguro que muy pronto se plasmaría en hechos concretos la Alianza. Mientras tanto, su prensa publicaba un «Proyecto de bases de un Estatuto de Levante» que contenía un proyecto muy avanzado de «sindicalización del Estado»: la función legislativa recaía sobre el Pleno Nacional de Regionales, que elegiría además al presidente del País Valenciano; el Consejo Ejecutivo Regional sería elegido por el presidente de entre una terna presentada por el Pleno para cada consejería; presidente y consejeros serían responsables individual y colectivamente, en el orden civil y criminal, ante el Pleno de Sindicatos^[46].

Paralelas a este intento de construir una Alianza Obrera Revolucionaria corrieron durante el primer trimestre de 1937 dos propuestas unitarias emanadas de las dos facciones del PSOE dirigidas ambas a estrechar relaciones con el PCE. La de izquierda proponía nada menos que la «fusión de los dos partidos marxistas» y la «unificación total del proletariado español» en un solo partido que acabará forjando el «órgano político de la Revolución». Era una propuesta fantástica, que los comunistas recibieron complacidos y algo incrédulos, interesados también en mirar a la otra dirección, la que les conducía a la ejecutiva del PSOE, que el mismo día dirigía una circular, firmada por su secretario general, Ramón Lamoneda, a todas sus agrupaciones dándoles cuenta de «la necesidad y la urgencia de un contacto especialmente estrecho entre nuestro Partido y el Comunista, de igual raigambre marxista y de coincidencias cada día mayores en la apreciación de los problemas del momento». Lamoneda notificaba además el acuerdo de iniciar conversaciones con «dicho Partido hermano para que la cordialidad plasme en acuerdos concretos de coordinación de esfuerzos hacia objetivos comunes»^[47]. Tal vez seguían pensando los socialistas, de una y otra facción, en los mismos términos que antes de la guerra: que cada cual podría reforzar su posición atrayendo hacia su campo a los comunistas, sin caer en la cuenta de que estos habían salido ya de la condición marginal que ocupaban desde su fundación en la política española.

Sea lo que fuere, al recibir los requerimientos de las dos facciones del socialismo, los comunistas percibieron de inmediato la oportunidad de convertirse en árbitros de la disputa interna del socialismo. Por eso aceptaron en un primer momento la doble propuesta y decidieron seguir su propia política integrándolas en una sola. Acordaron la creación de un comité de enlace con la ejecutiva del PSOE, pero señalaron la conveniencia de que se invitara también a formar parte de ese comité a la UGT, porque de esa forma «estarían representadas las dos corrientes del partido». La UGT, sin embargo, aunque nombró a sus dos representantes en el comité de enlace PCE-PSOE, aplazó indefinidamente su puesta en marcha, aduciendo que debía resolver antes los problemas de sus relaciones con la CNT, que le presionaba desde el otro frente para formar la Alianza Obrera, puramente sindical. La dilación en incorporarse al comité explica las presiones que durante esas semanas ejercieron los comunistas, comenzando por el delegado de la Internacional, Vittorio Codovilla, y el mismo embajador Rosenberg, ante Largo Caballero para que se decidiera de una vez a impulsar el proceso unificador que su propia facción había formalmente propuesto a principios de enero. Largo respondió a esas presiones de manera airada, como una intolerable intromisión de los soviéticos en la política española.

La entrada de las tropas franquistas y de los legionarios italianos en Málaga el 8 de febrero, con la brutal matanza que siguió a su conquista, agravó todavía más la distancia entre Largo y los comunistas, que a finales de mes se hizo ya insalvable y suscitó un agrio debate sobre el papel de los sindicatos en la política. Las órdenes no siempre se cumplían: el Gobierno, como Largo Caballero lamentaba ante Azaña, no carburaba; los ministros de la CNT trataban de ayudar y predicaban la disciplina, pero las masas no obedecían; la militarización avanzaba más lentamente de lo deseado; los choques entre unos y otros, con resultado de muerte, abundaban; la falta de coordinación entre los distintos ministerios y entre el Gobierno central y los poderes regionales o provinciales impedían una eficaz organización de la defensa. Ante semejante panorama, Azaña pregunta a Largo —«ojos de bella porcelana, ligera irritación rosa de los párpados»— si creía llegado el momento de prescindir de los ministros de la CNT, y como el presidente del Consejo le dijera que no, le responde que entonces tendría que sustituirlos; lo que no puede abrirse, a mediados de febrero, es una crisis total: sería un salto en el vacío. Pero es exactamente en una crisis total en lo que piensa Largo, que evoca entonces como propuesta de la CNT la posible formación de «un Gobierno con las dos sindicales y todo lo más unas gotas de los partidos», una idea que él mismo no dejaba de acariciar. Azaña rechaza tajante esta posibilidad: ese Gobierno lo formaría en todo caso Martínez Barrio, no él, que jamás presidirá «una república sindical»^[48].

¿Una república sindical? El intento de formarla fue lo que comenzaron a denunciar socialistas y comunistas. De los primeros, el comité nacional del PSOE había llamado la atención de sus militantes sobre los peligros inherentes a la «sobrestimación de los sindicatos», a los que se prodigaban «elogios demasiado sospechosos de querer conducirlos insensiblemente a creerse eje del Estado». Pasados los primeros meses de guerra, en los que hubo que improvisarlo todo —añadía el comité—, «los sindicatos debían constreñirse a su misión específica» sin crear milicias ni justicias propias, sin ensayar nuevas formas de economía ni emitir órdenes que interfieran a las de los partidos. El comité reafirmaba la doctrina tradicional que situaba al partido político como rector y al sindicato como auxiliar en la lucha política: era un error atribuir al sindicato, como a un nuevo Saturno revolucionario, la misión de «disminuir, sustituir y devorar a los partidos políticos»^[49].

Que los sindicatos se limitaran a su función y dejaran la política en manos de los partidos: tal era la exigencia bajo la que latía una nueva estrategia encaminada a desplazar del Gobierno a las organizaciones sindicales; estrategia en la que el comité nacional del PSOE —en manos de la facción de Prieto— coincidía plenamente con los dirigentes comunistas, que, por su parte, plantearon ante el presidente de la República, a mediados de marzo de 1937, la necesidad de sustituir a Largo Caballero al frente del Ministerio de la Guerra, aunque mantuviera la presidencia del Consejo^[50]. Ellos estaban también, como Azaña, «contra las sindicales», y por estarlo decidieron acelerar su entendimiento con la comisión ejecutiva del PSOE y con los republicanos. Los socialistas de centro habían demostrado ser mejores que los de izquierda, informaba a Moscú un delegado de la Internacional, tras afirmar que en los últimos meses se había establecido una colaboración práctica y regular entre los comunistas y los socialistas de centro. El acercamiento culminó en el acuerdo de 15 de abril por el que ambos partidos decidieron constituir comités de enlace en todos los niveles de sus respectivas organizaciones, prescindiendo ya por completo de la UGT. Era una buena plataforma para emprender una ofensiva en toda regla contra el presidente del Consejo^[51].

Largo veía enredarse entre sus pies, «a manera de reptiles, las intrigas y pasiones» y creía ser el centro de una de ellas. Su posición en el Gobierno no dejaba de debilitarse: tenía ahora la enemiga declarada del PCE, aliado para esta y otras cuestiones con la ejecutiva del PSOE, y no había avanzado nada en sus proyectos de alianza sindical con la CNT, que había decidido «arreciar» su acercamiento a la UGT para desplazar totalmente a los partidos políticos o debilitar su influencia en el sindicato socialista, «aumentando en lo posible la división entre el sector de Largo Caballero y los comunistas»^[52]. La coincidencia entre las direcciones del PSOE y del PCE no pasó inadvertida a los amigos de Largo Caballero ni a los dirigentes confederales. De los primeros, Araquistáin avisó desde París a Largo sobre «la campaña nacional e internacional» astutamente organizada «a favor de un Gobierno presidido por Prieto, a quien la propaganda presenta como un gran organizador, un gran patriota y un hombre de realidades, mientras la izquierda del partido aparece como intransigente, sin ductilidad, como formada por visionarios fanáticos, incapaces de movernos entre los cambios y las sutilezas de la realidad». Por los imperativos de la política internacional, Araquistáin daba por inevitable la unidad entre socialistas y comunistas e invitaba a Largo a no dejarse arrebatar esa bandera por Prieto, ya que, en este caso, «Rusia […] se irá tras Prieto». Y, como Araquistáin, el comité nacional de la CNT, en una circular urgentísima fechada el 11 de marzo de 1937, avisaba de una abierta conspiración de los partidos políticos encaminada a «producir una crisis de gobierno» a la que era preciso oponer una alianza con la UGT, que tendría como meta la formación de un Gobierno de las sindicales. La CNT no temía seguir adelante con su propuesta aunque contra ella se alzasen «todos los partidos en compacto bloque, incluyendo al socialista y al comunista»^[53].

Azaña recupera la iniciativa: la crisis de mayo de 1937

AZAÑA RECUPERA LA INICIATIVA: LA CRISIS DE MAYO DE 1937

La crisis se abrió, en efecto, como inevitable resultado de los enfrentamientos iniciados en Barcelona el 3 de mayo de 1937, cuando un destacamento de la Guardia de Asalto intentó recuperar para la Generalitat el edificio de la Telefónica, ocupado por los confederales. Varios grupos de la CNT respondieron con las armas y el POUM se sumó a la lucha en un intento de imponer una dirección revolucionaria a quienes siempre había considerado como revolucionarios descarriados. Los incidentes entre policías de la Generalitat y patrullas de confederales y los asesinatos de dirigentes comunistas y anarcosindicalistas se habían sucedido desde enero, pero ahora la lucha se extendió por toda la ciudad, pues en el otro bando, la Generalitat y el PSUC hicieron frente a la rebelión, provocada en buena medida por ellos mismos, para inclinar a su favor el control del orden público en Cataluña y arrinconar al POUM. Era, en definitiva, la quiebra de la inestable coalición que había gobernado Cataluña desde la revolución de julio: Esquerra Republicana no había podido controlar a la CNT, ni el PSUC había podido liquidar al POUM; ahora unían sus fuerzas, iniciando así lo que bien podía entenderse como una guerra dentro de la guerra. La lucha, que se prolongó varios días, estuvo a punto de ocasionar una intervención de las fuerzas de Marina y Aire enviadas por el Gobierno central, finalmente evitada gracias a la mediación de los ministros y dirigentes nacionales de la CNT que convencieron a sus correligionarios de deponer las armas, no sin que se abriera dentro de la misma CNT una profunda crisis que no se resolverá en el futuro.

El presidente de la República se encontró en el centro de esa batalla, encerrado en el palacio de Pedralbes y sin posibilidad de moverse de allí, cogido entre dos fuegos. Azaña era por entonces un crítico acerbo de lo ocurrido en la República desde septiembre de 1936: lo que muchos llamaban revolución no era para él sino «abundancia de desorden», inevitable cuando la revolución carece de un contenido político, de pensamiento, de autoridad, de capacidad organizadora y de eficacia con respecto a los fines que la desatan. No reprochaba a los revolucionarios que lo fueran, sino que se mostraran incapaces de llevar a cabo la revolución que proclamaban. Una revolución —escribió por aquellos días— necesita apoderarse del mando, instalarse en el Gobierno, dirigir al país según sus miras. No lo ha hecho. Por falta de fuerza, de plan político, de hombres con autoridad, por lo que sea, lo cierto es que se había creado la situación propia de los alzamientos que empiezan y no acaban, que infringen todas las leyes y no derriban al Gobierno para sustituirse a él; una situación de «indisciplina, anarquía, desorden», de la que se había derivado «la impotencia y el barullo» ante los que el Gobierno no había podido nada, sino comprobar que en todos los servicios públicos se había producido «un derrame sindical paralizante como un derrame sinovial»^[54].

El análisis de Azaña expresaba un pensamiento muy extendido en abril de 1937, cuando era ya evidente el desastroso resultado de la dirección sindical para la guerra y los partidos habían vuelto a levantar cabeza: que el Gobierno presidido por el secretario general de la UGT, con una sustancial presencia de dirigentes de la CNT y una representación subalterna de partidos políticos, no podía continuar por más tiempo. Mientras los dos grandes sindicatos hablaban de sellar su alianza revolucionaria, el PSOE se había aproximado al PCE para contrarrestar la sindicalización del Estado y reducir a los sindicatos a una función puramente económica. Fue esa situación de enfrentamiento entre sindicatos y partidos, y el hecho de que desde mediados de febrero todos los dirigentes políticos y sindicales le hubieran hecho partícipe de sus preocupaciones sobre lo insostenible de la situación, lo que hizo posible que el presidente de la República, que compartía la idea de separar la presidencia del Consejo de Ministros del Ministerio de la Guerra, recuperara la capacidad de iniciativa perdida desde noviembre de 1936 y asumiera un decisivo papel en la búsqueda de una solución a la crisis abierta con la «insurrección anarquista».

Azaña se había trasladado de Montserrat a Barcelona a principios de 1937 y cuando el 3 de mayo comenzó la lucha en la calle se encontró aislado por completo del Gobierno. A través de su gabinete telegráfico pretendió establecer contacto con el presidente del Gobierno, pero Largo Caballero, ocupado en negociar con los dirigentes de la CNT una salida pacífica al conflicto, no encontró tiempo o no juzgó necesario acudir a las llamadas del jefe del Estado. Fue Prieto quien, por deferencia personal, las atendió e intentó tranquilizarle anunciándole el envío a Barcelona de dos destructores y de algunas fuerzas de aviación que llegarían por tierra. Pero la inevitable tardanza de ese tipo de ayuda, su prolongado aislamiento con peligro cierto de la vida —suya y de los familiares que le acompañaban—, el silencio de Largo Caballero, le llevaron a expresar a su interlocutor la posibilidad de dimitir. Poco después, hacia el mediodía del 5 de mayo, Azaña aseguró a Martínez Barrio que «solamente una acción de gobierno rapídisima y aplastante» podría evitar que tomase una «determinación irreversible». Por rapídisima y aplastante pretendía sugerir lo que después pedirá ya abiertamente: un bombardeo de la aviación leal que despejara el camino de su residencia hasta el puerto con objeto de abandonar Barcelona. Azaña llegó a proponer a Prieto que diera la «orden a la aviación de que bombardee el foco de la estación», una sugerencia que a este pareció «demasiado extrema a título de episódica y podría complicar las cosas». Finalmente, pudo salir de Pedralbes y llegar el día 7 a Manises sin que el Gobierno tuviera que ordenar el bombardeo de su propio territorio^[55].

Pero, evidentemente, Azaña marchó a Valencia dispuesto a romper el nudo de aquella situación. El mismo día 7 recibió, por la tarde, a Largo Caballero, que «entró en conversación como si nos hubiésemos visto todos los días o como si yo llegase de una excursión de recreo». Conteniendo la irritación acumulada por lo que juzgaba «abandono efectivo» e «insolente conducta» de su interlocutor, Azaña no evocó los sucesos de Barcelona porque no veía modo de que una vez iniciada la conversación sobre ese asunto pudiera salir Caballero de la entrevista como presidente de Gobierno. Desde noviembre, había resuelto no relevarlo por una decisión personal y aún no sabía cómo hacerlo cuando lo tuvo delante aquel día de mayo. Fue el mismo Largo Caballero quien al presentarle la propuesta de destituir al general Miaja puso en sus manos la caja de los truenos. Azaña vio claramente que despedir a Miaja podía agravar los problemas de Largo con los comunistas, que de todas formas no querían correr ellos solos con el coste de provocar una crisis de gobierno. Era preciso que los demás partidos estuvieran de acuerdo no ya en que la crisis se abriera, sino en el papel que cada cual debía asumir en su desarrollo. Y fue en este punto cuando la intervención de Azaña comenzó a ser decisiva. En una conversación que mantuvo con Giral poco después de su llegada a Valencia, comprobó que el acuerdo alcanzado entre comunistas, socialistas y republicanos era sólido y que todos ellos formaban, como le dijo Giral, «una piña que facilitará cualquier solución». Que la piña estuviera formada y que ninguna circunstancia pudiera romperla fue lo que permitió a Azaña mantener en esta ocasión la iniciativa.

La crisis política estalló cuando los dos ministros comunistas abandonaron la reunión celebrada por el Gabinete el día 14 de mayo tras comprobar que Largo no estaba dispuesto a emprender una implacable persecución contra el POUM. Prieto advirtió a Largo Caballero, que pretendía continuar la reunión como si nada hubiera ocurrido, que eso abría una crisis de gobierno y que debía comunicarlo enseguida al presidente de la República. Azaña reiteró entonces la confianza a Largo y le encargó la formación de un nuevo Gobierno con la recomendación de que encontrara algún acomodo con los comunistas y redujera las dimensiones del Gabinete. Pero en vez de buscar una fórmula de compromiso renunciando al Ministerio de la Guerra, como exigían los comunistas y querían socialistas y republicanos, Largo se obstinó en retenerlo sin consultar con ningún partido y añadiéndole además Marina y Aire, con lo que relegaba a Prieto a un ministerio secundario: no se le podía ocurrir nada mejor para conseguir el rechazo simultáneo de comunistas y socialistas. Para colmo, obligado por la necesidad de reducir ministerios, y sin hablar con los interesados, ofreció solo dos carteras secundarias, las de Justicia y Sanidad, a los únicos aliados con los que razonablemente podía contar, la CNT, mientras retenía para la UGT tres de primer rango: Presidencia con Defensa Nacional, Estado y Gobernación. La CNT, única de las organizaciones que había manifestado su decisión de no prestar su colaboración a ningún Gobierno en el que no figurase «como presidente y ministro de la Guerra el camarada Largo Caballero», quedó boquiabierta cuando tuvo ante sus ojos la composición del nuevo Gobierno propuesta por Largo y retiró el apoyo antes prometido. Para colaborar, la CNT exigía tantos ministerios al menos como la UGT y anunciaba que no participaría en el Gobierno si le arrebataba Industria y Comercio^[56].

El desarrollo de la crisis puso de manifiesto que si existía un acuerdo previo —la piña de Giral— entre los partidos políticos, no ocurría lo mismo entre los sindicatos. Mientras la comisión ejecutiva del PSOE hacía llegar a los dirigentes del PCE una propuesta concreta de borrador de futuro Gobierno que encabezaría Juan Negrín y en el que se atribuía a Jesús Hernández el importante Ministerio del Interior^[57], la UGT y la CNT no habían avanzado nada en sus proyectos de unidad de acción ni en su propósito de imprimir al Gobierno de la República una común dirección política. En esas condiciones, la ofensiva contra Largo Caballero no desembocó en una lucha entre partidos y sindicatos, sino en el progresivo aislamiento del viejo dirigente sindical, que no había logrado establecer ningún tipo de hegemonía obrera en la República y que no pudo contar, en el momento de la crisis, con el apoyo sin fisuras de su propio sindicato ni con la CNT. El plan de gobierno que presentó a Azaña parecía ideado para aumentar más su aislamiento político: no intentó formar un bloque obrero ni exploró la posibilidad de encontrar un camino intermedio que le evitara la confrontación directa con sus adversarios. Quiso tener razón él solo contra los partidos sin reforzar previamente su flanco sindical y hasta debilitándolo. Estaba realmente acabado, lo que dejaba libres las manos de Azaña, que de pronto se encontró con el mayor margen de iniciativa posible. Largo no caía empujado por una decisión personal «antiobrerista» suya, sino por la presión conjunta de socialistas y comunistas y sin que la CNT moviera un dedo para salvarlo. Azaña recobraba la necesaria libertad para resolver por última vez una crisis de gobierno.

Una libertad que ejerció en el marco del acuerdo previo gestado en las últimas semanas entre socialistas, comunistas y republicanos. Estaba claro que el futuro presidente de Gobierno no podía proceder de las filas republicanas, ya que no sería aceptado por los demás y habría que dar en ese caso «por descompuesto e inutilizado el Frente Popular». Estaba excluido también, aunque según creía Azaña «muchos lo desean», que se encargara él personalmente del poder: «es un despropósito en que nunca incurriré»^[58]. Tampoco podía ser un comunista, hipótesis que ni siquiera se planteó, aunque el presidente recibiera la opinión de José Díaz y Dolores Ibárruri, que insistieron en «el manifiesto fracaso de las sindicales». No quedaban más que los socialistas, de los que escuchó la opinión de tres miembros de la comisión ejecutiva, Lamoneda, Cordero y Vidarte, de acuerdo en todo con los comunistas: en el fracaso sindical como en retirar a Largo el Ministerio de la Guerra. Pero de los socialistas, descontados los caballeristas, quedaban únicamente los de la facción prietista, que controlaban la ejecutiva. Y de estos, recibió también la opinión de sus dos ministros, Prieto y Negrín. La opción entre los dos parecía clara: Prieto. Eso era, al menos, lo que casi todo el mundo esperaba^[59].

Azaña eligió, sin embargo, a Negrín, aunque disponiendo la fusión de los Ministerios de Guerra y de Marina y Aire en un nuevo Ministerio de Defensa que sería confiado a Prieto: dos socialistas al frente de la política y de la guerra. Lo hizo, ante todo, porque no se fiaba de Prieto en la Presidencia, y ningún otro socialista, excepto él, podía ocuparse de Defensa: «Estaba mejor Prieto al frente de los ministerios militares reunidos, para los que fuera de él no había candidato posible», escribió en su diario, mientras que en la presidencia sus altibajos de humor, sus «“repentes” podían ser un inconveniente». Azaña conocía a Prieto de antiguo y estimaba sus cualidades y su capacidad de trabajo, pero ya en una ocasión anterior, y debido a estos «repentes», había tenido que trasladarlo de un ministerio muy sensible, Hacienda, a otro más adecuado a su personalidad, Obras Públicas. «Me parecía más útil —sigue Azaña— aprovechar en la presidencia la tranquila energía de Negrín», un político más completo y más idóneo que Prieto para presidir un Gobierno de coalición con republicanos y comunistas, es decir, para reconstruir el Frente Popular. «Si no se puede gobernar con el Frente Popular, no hay gobierno», había dicho a Martínez Barrio cuando desechó la idea de encargarse él personalmente del poder. Y esta era, en efecto, la cuestión. Negrín tenía buenas relaciones con todas las fuerzas —o no las tenía malas con ninguna— del Frente Popular. Aunque amigo de Prieto y colaborador suyo, no había sido protagonista de ningún enfrentamiento con Largo ni con la UGT, que no habían mostrado hacia él la abierta hostilidad con que habían combatido a Prieto desde mediados de 1935. Negrín tenía además buenas relaciones con los comunistas, aunque había sido el único socialista que reforzó un cuerpo armado —el de Carabineros— cuidando de que no entraran comunistas en él. Por su formación y energía gozaba del aprecio de los republicanos, que lo consideraban como uno de los más cercanos a sus posiciones políticas. Podía obtener quizá, pero no Prieto, la colaboración o la neutralidad de la CNT, con la que nunca había tenido especiales relaciones ni de cercanía ni de rechazo. En resumen, Negrín era el único político de relieve de la República que en mayo de 1937 no concitaba la hostilidad de ninguno de los partidos ni sindicatos que formaban el Frente Popular^[60].

Todo esto debió de pesar en el ánimo de Azaña para optar por él. Pero quizá la razón decisiva fue la misma que le había movido a permanecer en la presidencia: que no veía salida posible al conflicto fuera de una mediación internacional. Azaña partía del supuesto de que era imposible para la República ganar la guerra: la victoria es una ilusión, dijo a Ossorio ya en septiembre de 1936. Y como Ossorio le replicara que entonces había que tratar con Franco, le contestó: no lo creo; hay que defenderse y procurar que no perdamos la guerra en el exterior. A este principio se atuvo desde entonces: en octubre de 1936 había encargado al profesor Bosch Gimpera que explicara a Pablo de Azcárate, embajador de la República en Londres, que «la situación interior es muy peligrosa y que era indispensable conseguir urgentemente que el Gobierno británico tomara la iniciativa de una mediación que pusiera término a la guerra». En febrero de 1937 había expuesto un plan de «mediación y plebiscito» a Besteiro y a Sánchez Román, que lo aprobaron; a Prieto, que lo juzgó irrealizable e inútil; a Álvarez del Vayo, que no lo tomó en consideración; a Araquistáin, que lo recibió con una mueca de extrañeza, y a Ossorio, que lo reprobó, diciéndole que si no había victoria no quedaba más remedio que morir. Pero él no cejaba: a principios de mayo, ofreció a Julián Besteiro la representación oficial de la República en la ceremonia de coronación de Jorge VI con objeto de explorar las posibilidades de una gestión de paz de la que se encargaría el Gobierno británico. En mayo de 1937, la situación había cambiado considerablemente: Madrid había resistido y los italianos acababan de fracasar en su intento de tomar la capital por Guadalajara. Había razones para esperar una salida negociada y así se había expresado el diputado conservador Winston Churchill, que meses antes había negado el saludo a Pablo de Azcárate. El secretario del Foreign Office, Anthony Eden, necesitaba pruebas de la buena voluntad italiana para seguir con su política de seguridad y prestó más atención de la acostumbrada a la propuesta que les transmitía Julián Besteiro. Preguntó a los embajadores concernidos que sondearan ante los gobiernos la posibilidad de una mediación en España y aprovechó la presencia en Londres del enviado de Pío XI, Giuseppe Pizzardo, para preguntarle si Italia se uniría a una llamada conjunta de las potencias en favor de un armisticio. Deseoso de no aparecer identificado en exceso con los gobiernos fascistas y de mantener buenas relaciones con Francia y Gran Bretaña, el Vaticano acogió el plan, juzgó que merecía la pena poner en marcha una iniciativa internacional y sondeó al Gobierno italiano sobre la eventualidad de un armisticio^[61].

A pesar de su favorable acogida, el plan no fue mucho más allá. Los embajadores británicos mostraron una vez más su escepticismo sobre las posibilidades de una paz negociada y el enviado del Vaticano hubo de escuchar la radical negativa que, de parte de Franco, le transmitió el cardenal Gomá. Las autoridades insurgentes no comprendían las cautelas y vacilaciones de la Santa Sede para establecer plenas relaciones diplomáticas con el nuevo Estado ni su política contemporizadora con los nacionalistas católicos del País Vasco, y no ocultaban su irritación ante lo que consideraban un efecto de la propaganda roja. La remota posibilidad de que el Vaticano se incorporara a una iniciativa de las potencias para poner fin a la guerra por medio de un armisticio fue acogida con no disimulada irritación por el representante oficioso del Gobierno de Burgos ante la Santa Sede, Antonio Magaz, y por el mismo Franco, que había encargado al cardenal Gomá la difusión de un escrito colectivo del episcopado español al mundo católico sobre la verdadera naturaleza de la guerra y la imposibilidad de que acabara de otra forma que no fuera la victoria total, la rendición incondicional del enemigo. Es lo que Gomá transmitió a Pizzardo en una entrevista mantenida en Lourdes: la guerra no podía terminar más que con la victoria sin condiciones de la España nacional y católica. A mediados de 1937, la propuesta de un plan de mediación que dejara la guerra en tablas, con una ardua tarea de reconstrucción de la convivencia nacional en perspectiva, estaba condenada al fracaso, aunque no por eso abandonó Azaña su idea de poner fin a la guerra por medio de una paz negociada^[62].

Gobierno de Frente Popular

GOBIERNO DE FRENTE POPULAR

Razones de política internacional se añadieron, pues, a las de política interior y de carácter para hacer de Negrín el mejor candidato posible a la presidencia del Gobierno. Lo que Azaña pretendía era un Gobierno capaz de robustecer la defensa en el interior de manera que fuera posible forzar la paz por una mediación internacional. Con Largo Caballero, esa posibilidad estaba descartada. Con Negrín era otra cosa: Negrín era un político, no un dirigente sindical; un republicano, no un socialista que soñara en la revolución; con él se podía hablar y seguramente entenderse. El resultado de este conjunto de circunstancias fue un retorno a la política de Frente Popular y el consiguiente fin de la hegemonía sindical. Los sindicatos entraron a partir de entonces en una profunda crisis, con la división entre quienes querían continuar la política de apoyo al Gobierno, aunque fuera en una posición subordinada, y los que pretendían constituirse en oposición al Gobierno y a su política. En la UGT, esta división dio lugar a fuertes enfrentamientos entre los leales a Largo Caballero y los que, dentro de la organización sindical, mantenían posiciones cercanas a la ejecutiva del partido. El comité nacional desautorizó a finales de mayo la actitud de Largo Caballero y la negativa de la comisión ejecutiva a aceptar el puesto en el nuevo Gobierno que Negrín había ofrecido a la UGT. Una serie de expulsiones siguió a esta crisis interna, con la elección de dos ejecutivas enfrentadas, hasta que la intervención de la Federación Sindical Internacional puso fin a la escisión sin cerrar las heridas abiertas. La nueva ejecutiva, bajo la presidencia de Ramón González Peña, que era también presidente del PSOE, dejó de actuar como un organismo político autónomo del partido, pero la escisión de hecho redundó en un mayor debilitamiento de la «familia» socialista, que ahora contaba ya con la oposición de dos líderes históricos: Julián Besteiro y Largo Caballero. En la CNT, sin llegar a una escisión como la sufrida por la UGT, se abrió muy pronto una brecha entre su dirección oficial, que reconoció enseguida el error de haber rechazado el puesto en el Gobierno ofrecido por Negrín, y los grupos que consideraban una traición a la historia y la naturaleza de la Confederación el camino emprendido desde el 19 de julio o, como decía su comité nacional, entre quienes pretendían aplicar en las actuales circunstancias los mismos métodos que dieron vida y consistencia a la Confederación y los que actuaban «en un plan de intervencionismo gubernamental y de colaboración obligada»^[63].

Había triunfado, pues, la política de quienes pretendían desde comienzos de 1937 reducir a los sindicatos a la función que les era propia: asegurar la producción y auxiliar al Gobierno. Fruto de este triunfo serán las negociaciones entre los órganos directivos de la CNT y la UGT para llegar a un programa de acción común e incorporarse de manera formal al pacto de Frente Popular, un paso que dieron ambos sindicatos conjuntamente a mediados de marzo de 1938, cuando se abría la crisis del primer Gobierno de Negrín. De los pasados proyectos de Alianza Obrera Revolucionaria con el propósito de formar un Gobierno exclusivamente sindical, o bajo su hegemonia, nunca más volvió a hablarse. La crisis de mayo de 1937 significó, por tanto, un fuerte desplazamiento de poder desde los dos grandes sindicatos a los partidos políticos que habían firmado en enero de 1936 el pacto de Frente Popular o, en Cataluña, el Front d’Esquerres, aunque aquí a ese carácter general de la crisis se añadió, dentro del campo comunista, el triunfo del PSUC sobre el POUM, contra el que el Partido Comunista emprenderá una implacable persecución; y el debilitamiento de Esquerra Republicana, que perdió en favor del Gobierno central el control del orden público y progresivamente de la producción industrial.

Negrín pudo atender, por tanto, sin estorbos sindicales, la recomendación de Azaña en el sentido de formar un Gobierno de Frente Popular reduciéndolo a la mitad. Los ministros socialistas fueron tres, a cargo de las áreas centrales del Gobierno: Presidencia y Hacienda, que se quedó Negrín; Defensa Nacional, que unificaba Guerra y Marina y Aire, para Prieto, y Gobernación, a quien llevó a un incondicional de Prieto, Julián Zugazagoitia, director de El Socialista. El PCE quedó exactamente como estaba, con Hernández a cargo de Instrucción, fundido ahora con Sanidad, y Vicente Uribe, que siguió en Agricultura hasta el fin de la guerra. Y luego, en el Ministerio de Estado, José Giral sustituyó a Álvarez del Vayo; Manuel Irujo, del PNV, ocupó el Ministerio de Justicia, desempeñado hasta entonces por García Oliver; Jaume Ayguadé, de Esquerra Republicana, se hizo cargo de Trabajo y Asistencia Social, y Bernardo Giner de los Ríos, de Unión Republicana, siguió en Comunicaciones, con el añadido de Transportes y Obras Públicas. En resumen, cinco ministros del lado «obrero» de la coalición frentepopulista y cuatro del lado republicano, dos de partidos de ámbito estatal y otros dos representando a los nacionalismos vasco y catalán: era un Gobierno de Frente Popular, que llegaba con un año de retraso respecto al primer intento del presidente de la República y más escorado a la izquierda de lo que Azaña habría deseado un año antes.

Escorado a la izquierda, pero perfectamente presentable ante las cancillerías extranjeras, que era en parte de lo que se trataba. Se trataba, desde luego, de más cosas: restablecer la autoridad y el poder del Gobierno central; reforzar el Ejército y unificar los planes militares bajo un solo mando; estrechar, en una coyuntura difícil, las relaciones con los gobiernos vasco y catalán o, al menos, neutralizar su posible oposición; restablecer el orden público y las garantías jurídicas de los ciudadanos. Fueron estas, además, las indicaciones que el nuevo Gobierno recibió del presidente de la República en la primera sesión celebrada con él, en la que transmitió a los ministros sus dos grandes preocupaciones: consolidar la autoridad del Gobierno en materias de Orden Público y de Guerra y buscar la mediación internacional o, como lo había expresado en otras ocasiones: defensa en el interior, lo que requería reconstrucción del Estado y del Ejército; y no perder la guerra en el exterior, lo que implicaba una acción diplomática dirigida a convencer a las potencias democráticas de sustituir la política de no intervención por una positiva acción de mediación. Azaña creía necesario preparar políticamente el desenlace de la guerra, empezando por aquello que podría alterar la situación a favor de la República: la retirada de extranjeros bajo control internacional, que se acompañaría de lo que llamaba una suspensión de armas —un armisticio que no exigiera la firma de los contendientes, sino la vigilancia de unas comisiones internacionales de control— que, añadida al creciente cansancio de la población, haría muy difícil reanudar la guerra. Eso era lo que Azaña no había dejado de buscar desde los primeros meses de la guerra y lo que en los últimos días de julio de 1937 encargaba al embajador de México que transmitiera al presidente Lázaro Cárdenas^[64].

¿Era esa la política del nuevo Gobierno y de su presidente? Sí, en lo que se refiere al primer punto; pero no del todo, en lo que atañe al segundo. De lo primero, Negrín no necesitaba ser convencido: bajo su iniciativa, y durante el tiempo que rigió el Ministerio de Hacienda, el Cuerpo de Carabineros multiplicó sus efectivos hasta el punto de recuperar sin problemas su función como policía de fronteras sustituyendo en la tarea a las patrullas de milicianos; ahora, como resultado de las luchas de mayo en Barcelona, su Gobierno asumió las competencias de Orden Público desempeñadas por la Generalitat en Cataluña; disolvió en el mes de junio el Consejo de Aragón y encarceló a su presidente, Joaquín Ascaso, hermano del líder de la CNT muerto en el asalto de julio a las Atarazanas, acusado por el juez de tráfico de joyas. Reforzó los cuerpos policiales y los progresos en el ejército republicano que, en reclutamiento y disciplina, le parecieron al agregado militar francés impresionantes, aunque pudiera percibirse que el entusiasmo y las ilusiones, y también el desorden, de los primeros meses eran sustituidos por la organización y la tibieza, con un considerable despliegue policial^[65].

Todo este esfuerzo de recomposición del Estado se dirigía a consolidar las posiciones militares, aunque en este terreno lo que de inmediato esperaba al nuevo Gobierno era la pérdida total de los territorios del Norte todavía republicanos y una experiencia en el frente de Madrid preñada de enseñanzas políticas para el futuro. Bilbao, en efecto, cayó sin que de nada sirviera el llamado «cinturón de hierro», como en un lúcido comentario había previsto dos semanas antes Azaña: defenderse casa por casa, calle por calle, como en Madrid, es un caso que no se repetirá en Bilbao, escribió entonces, y, en efecto, cuando estuvo vencida la defensa en el campo, la villa no resistió. No solo eso: caído Bilbao era «verosímil que los nacionalistas arrojaran las armas, cuando no se pasen al enemigo». Hicieron las dos cosas: los batallones vascos desobedecieron la orden de replegarse hacia Santander y Asturias para continuar allí la lucha y se rindieron en Santoña el 26 de agosto ante las tropas del general Roatta y en no pocos casos sus efectivos pasaron a encuadrarse en las filas de los vencedores: ellos no se batían, escribió también Azaña, «por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía y semiindependencia»^[66]. Y así, terminada la resistencia en Vizcaya, Santander primero y la parte de Asturias que quedaba como territorio republicano cayeron también en manos de los sublevados, sin que sirvieran de mucho las maniobras de distracción en Brunete y luego en Belchite. El 21 de octubre se había completado la caída de todo el Norte.

El rumbo que tomaba la guerra, con la pérdida del Norte y las ofensivas en un primer momento triunfantes para quedar enseguida paralizadas y volver al punto de partida después de sufrir grandes pérdidas de material y hombres, sumado a la irreparable escisión sufrida en las filas socialistas y a la confusión reinante en las filas confederales, solo podía conducir al auge del papel político de los militares y a la hegemonía de los comunistas dentro de la coalición de Frente Popular, confirmando un dato perceptible en los días de la defensa de Madrid. De lo primero, porque, como la experiencia demostraba, la política de la República dependía por completo de la suerte de las armas; de lo segundo, porque, pasada la exaltación revolucionaria y metidos todos en una guerra de desgaste, con las privaciones y sufrimientos que son de imaginar, la necesidad de disciplina en el frente y en la retaguardia dependía de la presencia de un partido político a salvo de escisiones internas y decidido a resistir. Con los confederales divididos entre quienes querían volver a lo de siempre y quienes no renunciaban al intervencionismo político, y con los socialistas debilitados por sus luchas internas, ese partido solo podía ser el comunista.

El PCE interpretó el resultado de la crisis de mayo como un claro triunfo y, además de emprender la persecución del POUM, a la que Manuel Irujo opuso desde su ministerio una barrera exigiendo la actuación de los tribunales de justicia, impulsó la creación inmediata de comités de unificación y sometió a los socialistas a una continua presión para que disolvieran sus agrupaciones. El triunfo, según escribió Togliatti, se les había subido a la cabeza y decidieron que había llegado el momento de «plantear la cuestión de la hegemonía y luchar abiertamente por esa hegemonía en el Gobierno y en el país». Es hora de crear el Partido Único del Proletariado sobre los principios marxistas-leninistas-estalinistas, clamaba Dolores Ibárruri en el pleno del comité central celebrado en Valencia un mes después de la crisis^[67]. Frente a esa acción avasalladora, el secretario general del PSOE, Ramón Lamoneda, daba largas a la creación de comités de enlace mientras Prieto oponía una política de profesionalización del Ejército, restando atribuciones al comisariado frente a los mandos y prohibiendo el proselitismo político, lo que dio lugar a la aparición, en el otoño de 1937, de tensiones entre los vencedores políticos de mayo, que afectaron también a las relaciones del Gobierno de la República con los nacionalistas vascos y catalanes. Irujo dimitió como ministro de Justicia —aunque siguió en el Gobierno como ministro sin cartera— por la implantación de unos tribunales especiales dedicados a la represión del espionaje y el derrotismo, y la Generalitat vio con algo más que inquietud el traslado de la capital a Barcelona, decretada a finales de octubre.

Más o menos larvadas, todas las tensiones estallaron con ocasión de la batalla de Teruel, en diciembre de 1937, que en sus primeros días llenó de euforia al Gobierno, convencido de haber pasado de la defensa al ataque, como dijo Prieto en un juego de palabras con la denominación de su ministerio. El general Rojo temía de tiempo atrás que el enemigo preparaba una ofensiva por el norte del Ebro para cortar el territorio de la República y aislar Cataluña. Si lo conseguían, dijo a Azaña, la guerra se habrá concluido^[68]. Fue sin embargo el ejército de la República el que atacó y avanzó, pero a estos entusiasmos siguió sin solución de continuidad el mayor desaliento y confusión. La ofensiva sobre Teruel acabó en el derrumbe del frente de Aragón, con el inicio el 9 de marzo de la maniobra de ruptura hacia el mar y la llegada del ejército de Franco al Mediterráneo el 15 de abril. La previsión de Rojo se había cumplido: el enemigo había cortado el territorio de la República en dos.

Negrín impone la resistencia: la crisis de abril de 1938

NEGRÍN IMPONE LA RESISTENCIA: LA CRISIS DE ABRIL DE 1938

Semanas antes de que el desastre se produjera, en los últimos días de febrero, Azaña volvió a llamar al embajador de Francia y mantuvo con él una conversación de tres horas en las que repasó los grandes temas políticos objeto de sus anteriores cavilaciones: las primeras advertencias a Blum sobre el peligro alemán, el sentido que tenía su permanencia como presidente de la República, la naturaleza del régimen que se construía en la zona rebelde, el lugar inesperado que los rusos habían ocupado en la República como consecuencia del abandono de las potencias occidentales. Al fin, llegó a lo que le interesaba: la política de no intervención. Nadie comprendía en España que Inglaterra y Francia olvidaran sus intereses estratégicos esenciales y adoptaran, con la neutralidad y el bloqueo, una política de suicidas. Azaña fue esta vez más lejos y propuso la firma de un acuerdo que pusiera a disposición de Francia y Gran Bretaña las bases navales de Cartagena y de Mahón con objeto de equilibrar las de Ceuta, Málaga y Palma, en poder de los rebeldes. ¿Qué harían ustedes si esas bases cayeran en manos de los invasores de España?, preguntó al embajador. Azaña añadió todavía que, después de la dimisión de Eden, Inglaterra parecía dispuesta a aprobar concesiones a las potencias totalitarias y que Francia la seguiría por el mismo camino. Entre las contrapartidas a esas concesiones figurarían la búsqueda de un apaciguamiento en España. «¿Debemos resistir? ¿Debemos oponernos o permanecer inertes? No lo creo. Hay que entrar sinceramente en estas perspectivas y en este juego». Para cerrar el trato, Azaña desmintió que el Gobierno y la organización social de la España republicana pudieran asimilarse al comunismo. Este mito desaparece cada día más. Ya casi se ha desvanecido. Próximamente, quizá se haya desvanecido del todo^[69].

A esta conversación siguió la ruptura del frente y la convicción, compartida por el presidente de la República y el ministro de Defensa, de que era preciso reconocer la derrota y terminar la guerra cuanto antes. A los ojos de Azaña y Prieto, el curso de las operaciones mostraba que el ejército republicano nunca podría ganar y que la continuación de la defensa no tenía sentido. En una reunión que los ministros mantienen el día 15 de marzo, Negrín pide a los reunidos que se pronuncien: los republicanos se muestran indecisos; Julián Zugazagoitia, en nombre de su partido, se manifiesta por la movilización de todos los medios y contra toda suerte de compromisos; Prieto está de acuerdo con lo manifestado por Zugazagoitia y Negrín resume la situación diciendo: aquí hay dos políticas: una de luchar, otra de concesión y compromiso. El Gobierno de la República, como Giral y Negrín comunicaban a Labonne, se había dividido acerca de una propuesta de mediación efectuada por el Gobierno francés, seis a favor y cinco en contra^[70]. El día siguiente, en el consejillo celebrado antes de la reunión formal con el presidente de la República, Negrín vuelve a plantear la cuestión de la mediación ofrecida por el Gobierno francés. Prieto, de nuevo, rechaza la posibilidad porque si el ejército se enterase cundiría la desmoralización, mientras Giral y el resto de los republicanos aceptarían esa mediación siempre que partiera de Francia, no como una iniciativa del Gobierno. Así las cosas, llega Azaña y pide el presidente del Consejo que le diga qué hay. Negrín resume: consultado el Gobierno, hay unanimidad en rechazar la proposición francesa. ¿Unánimemente… todos? Pregunta, algo incrédulo, Azaña. Y se lanza entonces a un análisis desolador de la situación: «¿Se puede ganar con los recursos actuales? Alguno dice, no; los demás callan». Repite la pregunta, añadiendo que él no lo cree. «Vuelven a callar. Pero quien calla, otorga». Queda todavía tiempo para realizar una gestión enérgica cerca de Francia. Si no ayudan, él sabe lo que ha hecho y también lo que no hará ni consentirá. Conoce su deber^[71].

Tal es el clima de la reunión ministerial, cuando una gran manifestación se dirige hacia el lugar en que está reunido el Consejo exigiendo una actitud firme en la continuación de la guerra y el rechazo de cualquier intento de negociación, acusando de capitulacionismo a los ministros tildados de derrotistas y traidores. Prieto entendió que el blanco de los ataques era él y le pareció oír gritos que le acusaban de traidor. Vidarte, que iba con otros dirigentes socialistas y comunistas a la cabeza de la manifestación, no recuerda haber oído esos gritos, pero eso es lo de menos: cuando Azaña abandona la reunión, los ministros se quedan todavía un rato en consejillo y Prieto llama la atención sobre la amenaza de dimisión acabada de formular por el presidente de la República: sería una catástrofe, dice, y aconseja entonces que se haga una gestión ante el Gobierno francés. Se equivoca usted, le responde Negrín. La distancia entre los dos antiguos amigos comienza a ser insalvable y no dejará de ahondarse en los días siguientes. Del gran político que había culminado la reconstrucción del Ejército, Prieto pasó a ser en esas semanas el peor de los ministros de Defensa posible, aunque no fuera más que porque su opinión la conocían los mandos militares y corría por calles y cafés. Tal vez Prieto, que ya había tenido un fuerte encontronazo con Negrín en la Nochevieja de 1937, cuando Teruel fue recuperado por el enemigo, comenzara a creer que su amigo era en verdad el loco visionario que decía Azaña, sin percibir, como recuerda Mariano Ansó, que su lógica no era menos rigurosa que la de quienes se inclinaban por la mediación para acabar la guerra^[72].

En todo caso, Negrín resolvió a finales de marzo apartar a Prieto de ese ministerio, pero un incidente con Jesús Hernández, ministro comunista, que había publicado algunos artículos y pronunciado un duro discurso contra los «derrotistas», complicaba la ya difícil solución. Pidió, pues, al PCE que retirase a Hernández y redujese su presencia a un solo ministro, y, necesitado como se confesaba de la presencia de Prieto, le propuso que renunciase a Defensa y aceptase otro ministerio. Los comunistas accedieron, Prieto rechazó la oferta y Azaña mantuvo abierta la crisis durante algún tiempo. Se entrevistó de nuevo con Labonne para repetirle que «la partida estaba jugada, y de forma definitiva, desde que las potencias totalitarias afirmaron su voluntad de intervención y las democráticas las observaron, inmóviles». Le recordó lo que había ocurrido en el Consejo de Ministros del día 16 y se preguntó qué debía hacer. Si provocaba una crisis ministerial tendría que hacerse cargo personalmente del poder, cambiar de política y ser responsable de un inmediato derrumbe de la resistencia. Es imposible, dijo. Y como toda mediación de carácter político no se adecuaba a las circunstancias, le instó a promover un esfuerzo internacional de carácter exclusivamente humanitario^[73].

En el orden interno, Azaña quería prescindir de Negrín, pero, como en el caso de Caballero, no por una decisión personal. Muchos le habían venido «con el cuento al oído de que no es posible seguir así, que Negrín es un dictador, que está entregado a los comunistas, que la guerra va mal, que la gente está muy descontenta». «¿Cuándo nos quita a este don Juan?», le repetía sonriente Lluís Companys. Azaña convocó a los dirigentes de los partidos y sindicatos para que le dijeran lo mismo, ahora ya con «la responsabilidad cada cual de sus propios actos». Una iniciativa sorprendente, no equiparable a la mantenida en la mañana del 19 de julio de 1936 cuando Martínez Barrio había dimitido, la República quedó sin Gobierno y era preciso encargar a alguien a sabiendas de que contara con el apoyo de los partidos; ni en mayo de 1937, cuando Largo Caballero trataba de formar Gobierno. Ahora, no había crisis: Azaña no había retirado su confianza a Negrín ni este había dimitido. El objeto de aquella reunión, por tanto, no estaba claro y hasta podía interpretarse en el sentido de que Azaña necesitaba que ante Negrín los jefes de los partidos manifestaran su desconfianza en el presidente del Consejo para él retirársela, lo cual era bastante desatinado. Sea lo que fuere, nadie se manifestó contra Negrín. Monzón, del PNV, dijo que no había nada que hacer excepto expresar su admiración por Negrín; Mariano R. Vázquez, de la CNT, recordó la gravedad de la situación, que aconsejaba no modificar el Gobierno, si acaso, añadió, podría reforzarse con la participación de los dos sindicatos, CNT y UGT; González Peña, presidente de los socialistas, dijo que el partido quería mucho a Prieto pero que había que tener cuidado con él; Tarradellas parece no haber expresado ninguna opinión, solo pidió conocer a fondo el problema militar, que fue lo mismo que dijo Nicolau. Quedó por tanto Azaña más solo que nunca, lo que facilitó un agrio enfrentamiento con José Díaz, que no dejó pasar una observación del presidente de la República sobre la política soviética en el sentido de que utilizaba a España como prenda de sus relaciones con Inglaterra. Negrín se negó a dar explicaciones sobre la situación militar y redujo todo el problema a una cuestión de fe: «yo creo en el triunfo y Prieto y Giral, no». Azaña no tuvo más que añadir: «el problema es la situación militar y esta reunión no sirve para nada». «Entonces —replicó Díaz—, ¿por qué nos ha citado?»^[74].

En efecto, nadie podía saber por qué Azaña había convocado aquella reunión: era evidente que de ella no podía salir nada, sino el encono. Pero que eso fuera así descubre la gravedad de la situación de abril de 1938 comparada con la de mayo de 1937. Entonces, la oposición a Largo había fraguado en una coalición que proponía como alternativa al «Gobierno de las sindicales» un Gobierno de partidos para desarrollar una nueva política de reconstrucción militar de la República que condujera al levantamiento por las potencias de la política de embargo y no intervención. Ahora, la oposición a Negrín, que se había manifestado en conversaciones y disputas, no pudo cristalizar en ninguna propuesta diferente de gobierno, ni pudo nadie enunciar ninguna otra política, no queriendo nadie pasar por defensor de la capitulación pura y simple en una situación de desbandada. Al contrario, los órganos dirigentes de todos los partidos y de los sindicatos —que reafirmaron la validez de la política de Frente Popular solicitando su admisión formal en el pacto— expresaron de inmediato su apoyo al Gobierno y a su presidente, que procedió a introducir los cambios exigidos por la crisis: se hizo él mismo cargo de Defensa, dejando Hacienda a Méndez Aspe. Paulino Gómez ocupó el lugar de Zugazagoitia, que pasó a secretario general de Defensa, y Segundo Blanco, de la CNT, sustituyó a Jesús Hernández en Instrucción y Sanidad, mientras González Peña ocupaba el puesto que Mariano Ansó dejó por propia iniciativa, y para convertirse en estrecho colaborador del presidente del Consejo, en Justicia. Giner de los Ríos siguió en Comunicaciones y Transportes, del que se desgajó Obras Públicas, para Antonio Velao, mientras Giral permanecía en el Gobierno como ministro sin cartera y Álvarez del Vayo —un desplante para Azaña— volvía a Estado.

Pese a los peores augurios, se recompuso el frente gracias a la apertura de la frontera francesa conseguida por Negrín en un viaje relámpago a París. En un discurso dramático, el presidente del Consejo llamó a la resistencia y en una declaración de trece puntos anunció que sus fines de guerra consistían en asegurar la independencia de España y establecer una República democrática cuya estructuración jurídica y social sería aprobada en referéndum; afirmó su respeto a la propiedad legítimamente adquirida, la necesidad de una reforma agraria y de una legislación social avanzada, y anunció una amplia amnistía para todos los españoles que quisieran cooperar en la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. En su intento de aparecer ante las potencias extranjeras con la situación interior controlada, Negrín inició gestiones infructuosas con el Vaticano para restablecer relaciones diplomáticas y abrir las iglesias al culto. Todo esto iba en la dirección de continuar la guerra aunque las perspectivas de mediación internacional se hubieran diluido, como siempre, en nada. «¿Espera usted todavía algo bueno del exterior?», le preguntó el 22 de abril de 1938 un exasperado Azaña recordándole que esa «era una de las razones de la resistencia». La respuesta de Negrín no dejaba lugar a dudas: Muy poco, pero no se puede hacer otra cosa. «Alto, no es usted presidente porque no haya otra política posible; otra política no es solo posible, sino urgente», replicó Azaña, aunque a la hora de concretar a qué política se refería, debió admitir que no aconsejaba la rendición, sino aprovechar la resistencia para preparar la solución final^[75].

Eso era lo que hacía Negrín, resistir para negociar un armisticio que evitara represalias y fusilamientos: si esto se lograba, sería posible, dijo a un enviado noruego, «considerar ciertas negociaciones para preparar el cese de hostilidades e inmediatamente un armisticio». Pero Negrín solo esperaba del triunfo de los nacionalistas «un reinado de terror y de venganzas sangrientas» y consideraba extremadamente deseable una llamada de parte de uno o varios gobiernos con el fin de que esas negociaciones pudieran tener lugar sin riesgo de «incidentes sangrantes»^[76]. En el fondo, y por lo que respecta a las consecuencias prácticas, aunque otra fuera la retórica, una posición similar a la de Azaña, metido también en el círculo vicioso en que veía preso a su primer ministro, pues la única posibilidad de preparar esa solución final no dependía del Gobierno de la República, sino de la voluntad de Francia y del Reino Unido para presionar a Alemania e Italia con objeto de que estas a su vez impusieran a Franco una salida negociada. Contra toda esperanza, Azaña se mantuvo hasta el final firme en su convicción de que los intereses de las dos potencias democráticas les impulsarían a poner término a la intervención germano-italiana. Pero si esa voluntad de las potencias democráticas faltaba —y faltó desde el primer hasta el último día de la guerra—, la única alternativa a la resistencia era la derrota, la rendición incondicional y los fusilamientos: por eso tenía razón Negrín cuando afirmaba que no había otra política posible más que la de resistencia.

Que no la había se puso dramáticamente de manifiesto en la reunión del comité nacional del PSOE celebrada a mediados de agosto. Como era habitual en estas reuniones, los responsables de la política debían dar cuenta de sus actos y Negrín tuvo que explicar la destitución de Prieto como ministro de Defensa, una decisión que había desalentado a sus partidarios, aunque los más destacados habían pasado a ocupar puestos clave en el comisariado y en la jefatura de las fuerzas armadas. Ahora debía explicar las razones de su decisión, que fueron las esperadas: no se puede mantener como ministro de Defensa a alguien que da por perdida una guerra. Prieto no aceptó esa explicación y con extrema violencia acusó a Negrín de haber cedido a los dictados de Moscú: a mí me han echado los rusos, repetía, en medio del silencio de los delegados. Prieto, como había dicho González Peña, era persona muy querida en su partido, pero en aquella reunión nadie pidió la palabra para argumentar en su defensa. Tampoco intervino nadie para defender a Negrín^[77]. El Partido Socialista, nervio de la situación, como decía Martínez Barrio en la crisis del 37, había agotado con Negrín todas las políticas posibles: o se resistía, y entonces había que continuar la guerra, o se capitulaba, y entonces serían los responsables de una derrota que abriría la puerta a una implacable represión.

A no ser, claro está, que se explorara un camino intermedio: formar un Gobierno sin Negrín —y, por tanto, sin los comunistas— capaz de resistir a la vez que buscaba la mediación. Era una especie de cuadratura del círculo, porque la resistencia dependía del buen entendimiento de Negrín con los mandos militares, especialmente con el general Rojo, y de la capacidad del PCE para mantener la disciplina. ¿Era posible nombrar un Gobierno prescindiendo de ellos sin que por lo mismo se desencadenara la desbandada general? Tal vez, siempre que el presidente de la República contara con la determinación de Gran Bretaña y Francia de sostener activamente a ese Gobierno obligando al enemigo a negociar. De la posible formación de un Gobierno, sin presencia comunista, formado en torno a Martínez Barrio y Prieto, pero contando con Negrín, ya se había hablado con el Gobierno francés durante los días de euforia por el éxito republicano en Teruel, aunque Negrín, que conocía la idea, la había rechazado por prematura «porque era deseable que asumieran también ellos la responsabilidad en las duras medidas necesarias para la disciplina en el trabajo, la distribución de productos, el control policial y el reclutamiento»^[78]. Ahora, a las pocas semanas de la solución de la crisis, volvió a considerarse la posibilidad de un cambio de política bajo la presidencia de Prieto. Azaña, después de una tormentosa entrevista con Negrín a propósito de la destitución de su cuñado como cónsul en Ginebra, retuvo a Prieto en Madrid, contra el acuerdo del Gobierno de nombrarle embajador en México, con el argumento de que no se podía quedar «prisionero de Negrín», de que quizá lo necesitara en un futuro cercano para encargarle la formación de un Gobierno capaz de negociar una paz honorable^[79].

Corrieron de nuevo rumores de que algo se tramaba durante el verano de 1938, iniciada ya la batalla del Ebro. El 29 de julio Azaña mantuvo una larga conversación con el representante inglés, John Leche, para informarle de que estaba dispuesto a forzar la salida de Negrín y de los comunistas si Inglaterra se decidía a intervenir imponiendo la suspensión de armas, como primer paso para una retirada de extranjeros. Azaña insistió ante Leche en que él era un burgués profundamente anticomunista y que respetaría en el futuro la decisión del pueblo si votaba monarquía. Toda España estaba cansada de una guerra que podía continuar años. Él, por su parte, que siempre había considerado la guerra no solo un desastre, sino una desgracia nacional, había pronunciado un discurso de paz con objeto de preparar a la opinión pública para que aceptara una mediación^[80]. Como su popularidad y prestigio habían aumentado, proponía la completa retirada de voluntarios de acuerdo con el plan de Londres y aprovechar las negociaciones para una «suspensión de armas» y no un armisticio (una diferencia que Leche no acababa de entender), seguida de una desmovilización tan amplia como fuera posible y de un intercambio general de prisioneros. Él lo forzaría con el apoyo de todo el país y si fuera necesario pronunciaría un discurso desde Madrid con el que convencería a los dubitativos. Si el Gobierno no quería su plan, lo despediría y nombraría otro. No temía a los comunistas. Quedaba, desde luego, la dificultad de inducir a Franco a negociar. Pero Franco era un muñeco en manos de Italia y las grandes potencias podían presionar a Roma. El último paso, lejano en el tiempo, sería un plebiscito, con la presencia de comisarios extranjeros. En resumen, Azaña proponía una vez más una política que siempre había fallado en su supuesto inicial: Inglaterra se había atenido invariablemente al embargo y a la no intervención y nada podía inmutar su decisión, mucho menos un presidente que carecía de poder y que apremiaba a los ingleses en la dirección contraria a la política de apaciguamiento seguida con Hitler. Al recibir el despacho de su encargado de Negocios, los burócratas del Foreign Office anotaron lo que escribían desde siempre: que no había nada particularmente nuevo en las propuestas de Azaña y que el principal problema consistía en tratar con el general Franco. Al presidente se le debía contestar que el Gobierno de Su Majestad estaba sumamente interesado y agradecido de conocer su opinión y que tendría en cuenta sus observaciones^[81].

Ni los británicos respondieron más que con palabras corteses a los requerimientos de Azaña ni el Estado Mayor Central del Ejército republicano había dado por perdida la guerra. Mientras Negrín y Rojo creyeran posible pasar de nuevo a la ofensiva, los comunistas eran, como siempre, imprescindibles para mantener la disciplina en el frente y el orden en la retaguardia. Negrín dio todavía un paso adelante en sus relaciones con la Generalitat e incautó para el Estado toda la industria de guerra, lo que motivó la dimisión de Ayguadé y de Irujo, de la Esquerra y del PNV, respectivamente, sustituidos de inmediato por Josep Moix, del PSUC, y Tomás Bilbao, de Acción Nacionalista Vasca, una crisis menor en relación con las anteriores, pero no por eso menos significativa: el Gobierno perdía el apoyo de Esquerra y del PNV, que presentaron por su cuenta planes de mediación y paz separada ante el Foreign Office y el Quai d’Orsay, ofreciendo al Reino Unido y a Francia una especie de protectorado que se extendería desde el Cantábrico al Mediterráneo, desde Bilbao a Barcelona^[82]. Los comunistas, por su parte, conscientes de la debilidad socialista y conocedores de los rumores que les daban por excluidos de un futuro Gobierno, llegaron a creer que todos los problemas podrían solucionarse con tomar «en sus manos todos los resortes del poder» y formar un «Gobierno puramente obrero»^[83]. En tales circunstancias, formar un Gobierno contra los comunistas y sin el apoyo del Estado Mayor, para iniciar sin garantías firmes de una acción internacional una negociación que Franco siempre había rechazado, era de todo punto imposible. Antes tendría que producirse la ruptura entre los comunistas y los jefes del ejército republicano. Y eso estaba muy lejos de ocurrir cuando el 25 de julio de 1938, con un espectacular despliegue del ejército de la República, las líneas enemigas quedaron rotas en el frente del Ebro, preludio de una cruenta y agotadora batalla que habría de arrastrarse durante cuatro meses y que acabó en el derrumbe de las líneas republicanas.

Derrota incondicional

DERROTA INCONDICIONAL

Con la derrota en la batalla del Ebro era evidente que el primer objetivo de la política de Frente Popular, encarnada en el Gobierno de Negrín, la defensa en el interior, había fracasado. Mientras tanto, las perspectivas de obtener algún progreso en el segundo de aquellos objetivos, levantar la política de no intervención para sentar las bases de una mediación internacional, acabaron por cerrarse con el abandono de la República perpetrado por Chamberlain el mismo día, 30 de septiembre de 1938, en que entregó a Hitler Checoslovaquia. La conversación sobre España contenida en esta entrevista es desoladora: Chamberlain pretendió convencer a Hitler de que Mussolini estaba ya tan cansado de España que acogería positivamente cualquier intento de mediación. Hitler soltó, al oír aquello, una gran carcajada y después de decirse las habituales generalidades, y de asegurarse mutuamente que prestarían atención al asunto, pasaron a otra cosa^[84]. Ante este abandono y el derrumbe de las defensas republicanas en el Ebro a principios de noviembre, fue tomando cuerpo la única alternativa posible al Gobierno de Negrín, que ya no era Prieto, mucho menos Besteiro, con quien sin embargo departió Azaña un día de noviembre, por «conocer su opinión y su ánimo»^[85]. Negrín y lo que su Gobierno representaba fueron la última posibilidad de la República; después de él, la única alternativa no era ya política, sino militar: que los jefes del ejército de la República rompieran con el PCE y con Negrín y pusieran fin a la guerra tras negociar con los jefes del ejército del nuevo Estado español los términos de una rendición sin represalias y una entrega ordenada de armas y hombres, como en vano soñaba y escribía el coronel Casado, jefe del ejército del Centro, al modo en que terminó la guerra carlista^[86].

Mientras se sucedían los contactos entre Casado y los emisarios nacionalistas, el día 1 de febrero de 1939, en las sesiones del Congreso de los Diputados celebradas en el castillo de Figueras, Negrín redujo sus trece puntos a las tres garantías que su Gobierno pedía a las potencias democráticas como condiciones de paz: la independencia de España, que el pueblo español «señale cuál ha de ser su régimen y cuál ha de ser su destino» y el cese de «toda persecución y toda represalia» en nombre de «una labor patriótica de reconciliación». Su Gobierno volvió a obtener la confianza de su grupo parlamentario y de los 72 diputados asistentes a la sesión del Congreso^[87], pero ya entonces, y a pesar de las protestas de fidelidad que recibió durante ese mes en las diversas reuniones con los jefes del Ejército y representantes de los partidos, estaba en marcha la operación que acabará por revelar la ficción política que permitía subsistir a su Gobierno. Las conversaciones entre dirigentes socialistas que ocupaban cargos de responsabilidad en la ejecutiva o en el comisariado y los jefes militares giraban siempre en torno a la necesidad de acabar cuanto antes la guerra: eso es lo que pensaban González Peña, presidente de la ejecutiva, o Bruno Alonso, comisario de la Flota. Es lo que pensaba también, y lo decía desde hacía meses, Julián Besteiro, cuyos contactos con el coronel Casado a partir de los primeros días de febrero eran de todos conocidos.

En estos días dramáticos, alejado del Gobierno y desplazando su residencia hacia la frontera con Francia, el presidente de la República emprendió también por su cuenta y riesgo angustiosas gestiones ante los representantes diplomáticos francés y británico para urgir su intervención con objeto de poner cuanto antes fin a la guerra. El 4 de febrero logró mantener una entrevista con el embajador de Francia, Jules Henry, a quien dijo con toda claridad que estaba en completo desacuerdo con Negrín y que era preciso hacer lo que fuera para acabar de una vez: «Hemos perdido la guerra, hemos sido vencidos y no nos queda más que aceptar las consecuencias». Le pidió entonces una iniciativa franco-británica ante los gobiernos de Franco y de Negrín con una propuesta de tregua inmediata para arreglar las cuestiones humanitarias. Los dirigentes políticos y los jefes militares quedarían libres para marcharse y se formaría un comité de republicanos que entraría en contacto con representantes del Gobierno de Franco. A continuación se discutirían las condiciones de paz y el fin de la guerra en todo el territorio, incluyendo el Sur. Si Negrín rechazaba la tregua, dimitiría de la presidencia de la República. Después de ver al embajador francés, Azaña mantuvo una entrevista en idénticos términos, y con las mismas propuestas, con el representante británico, Skrine Stevenson^[88].

Fue la última gestión realizada por el presidente de la República para conseguir una paz negociada. Para eso se había quedado Azaña en la Presidencia y a eso dedicó sus limitadas posibilidades, en el ejercicio de su función presidencial, intentando convencer a sus gobiernos, o al margen de ella, por iniciativa propia ante Francia y Gran Bretaña. La última gestión, según comunicaba el embajador francés al inglés, «planteaba delicadas cuestiones de carácter constitucional»^[89], exactamente igual que la primera. Si esta se planteó sin conocimiento del Gobierno, aquella lo fue claramente en contra. De todas formas, esas delicadas cuestiones constitucionales que unos y otros aducían para recomendar calma y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos no pesaban nada ante la fuerza de los hechos. Negrín tuvo desde el principio razón en un punto sustancial, del que todo pendía: Franco jamás aceptaría ni una paz negociada gracias a una mediación internacional, ni una capitulación en regla, con representantes de ambos gobiernos sentados a la misma mesa firmando papeles, a no ser que fuera obligado a ello por la superioridad del ejército de la República. Como eso nunca ocurrió, la guerra de Franco, que era de conquista y exterminio, no podía acabar más que con el enemigo derrotado y huido.

Azaña había anunciado a los embajadores francés e inglés su intención de dimitir si Negrín no aceptaba la tregua que una presión franco-británica lograra arrancar a Franco en los primeros días de febrero de 1939. Mientras los diplomáticos de las dos potencias pesaban las delicadas cuestiones constitucionales y medían las ventajas que para sus respectivos Estados se derivarían de tal gestión, Negrín y Álvarez del Vayo, reducidas ya las condiciones de una posible rendición a las garantías de que no habría represalias, insistieron ante el presidente de la República para que regresara a España. Azaña, por su parte, alojado en la Embajada de la República en París, hizo saber el 15 de febrero al Gobierno francés que su vuelta significaría un aliento al Gobierno de Negrín y a su política de resistencia y que dimitiría en el mismo momento que le hicieran conocer su intención de reconocer al general Franco^[90]. Fue lo que ocurrió el 27 de febrero: los gobiernos francés y británico reconocieron al Gobierno de Franco y Azaña hizo llegar al presidente de las Cortes su dimisión como presidente de la República.

La renuncia de Azaña no implicaba la ilegitimidad del Gobierno presidido por Negrín, pero le arrebataba su razón política, inexistente ya a los ojos de los jefes militares y los líderes de los partidos, que no veían en la resistencia más finalidad que la de mantener el poder comunista, ahora ya superfluo para su función como garante del orden y la disciplina en retaguardia. El resultado fue la formación a principios de marzo de un Consejo Nacional de Defensa, presidido por el coronel Segismundo Casado, que recibió de inmediato el «leal acatamiento y apoyo sin reservas» del órgano oficial del PSOE, El Socialista, y que buscó su más alta legitimación en la presencia del único de los dirigentes históricos del socialismo que había optado por mantenerse apartado de las luchas por el poder. Besteiro, que había mantenido conversaciones con agentes nacionalistas y con la Falange clandestina en Madrid, rompió «un largo y penoso silencio» para negar la legitimidad a un Gobierno «falto de la asistencia presidencial y de la asistencia de la Cámara». En la noche del 5 de marzo de 1939, ante los micrófonos de Unión Radio, dirigió una llamada a los españoles pidiendo que colaboraran con el Consejo Nacional de Defensa, del que había aceptado la Consejería de Estado. La renuncia de Azaña, añadió Besteiro, deja a la República decapitada; constitucionalmente no era posible sustituir al presidente dimisionario y por lo que se refería al Gobierno, falto de la asistencia presidencial, carecía de toda legitimidad. No había, pues, ni podía haber, un Gobierno legítimo en la República. Pero tampoco existía un estado de desorden. En la República, puesto que el Gobierno de Negrín había declarado el estado de guerra, existía una autoridad indiscutible, el ejército. A su alrededor estaban los representantes de Izquierda Republicana, Partido Socialista, Unión General de Trabajadores y Movimiento Libertario, «dispuestos a prestar al Poder legítimo del ejército republicano la asistencia necesaria en estas horas solemnes». Besteiro terminaba su alocución, escuchada con emoción y juzgada de admirable por quienes en el Madrid clandestino la esperaban desde hacía días, pidiendo a todos que asistieran al «Poder legítimo de la República, que, transitoriamente, no es otro que el Poder militar»^[91].

El fin de la guerra en Madrid ilumina retrospectivamente la crisis política arrastrada por la República desde la primavera de 1938. A partir de ese momento, el único partido que mantuvo sin fisuras la política de resistencia fue el comunista, observado cada vez con más hostilidad por sindicalistas y socialistas que habían compartido hasta la crisis de abril esa misma política y que a partir de ese momento se dividieron. Las quejas por la agresividad comunista y por su intento de controlar el Estado republicano se añadieron a la creciente desmoralización de la población, que deseaba acabar la guerra cuanto antes. En ese clima de cansancio y de anticomunismo rampante, no fue difícil a Casado aplastar la resistencia que el PCE opuso en Madrid a su golpe, desmintiendo así la tesis que daba a los comunistas como verdaderos dueños del ejército republicano, y proceder rápidamente a poner fin a la guerra aun a costa de una rendición sin condiciones, abandonando a los combatientes al peor de los destinos posibles, confiado tan solo a la prometida clemencia de Franco. Aquella ilusoria confianza se alimentó de los ambiguos ofrecimientos a los militares republicanos que negociaron con los representantes del Gobierno de Burgos las condiciones de la rendición. Franco, al rechazar la paz negociada y exigir la rendición incondicional, había prometido que la España nacional sería generosa para los que rindieran las armas «evitando sacrificios estériles, y no fueran reos de asesinatos y otros crímenes graves». Ni el mero «servicio en campo rojo», ni haber militado simplemente y como afiliado en campos políticos extraños al Movimiento Nacional eran motivos de responsabilidad criminal, se decía en aquel ofrecimiento, decenas de miles de veces conculcado por los consejos de guerra que de inmediato se hicieron cargo de la represión de los vencidos^[92].

Bibliografía

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