Epílogo
BLACKWATER MÁS ALLÁ DE BUSH

A comienzos de 2008, el nombre de Blackwater ya se había ido desvaneciendo de los grandes titulares y sólo permanecían los avisos ocasionales en el radar de los medios provocados por las investigaciones de las actividades de la compañía que proseguía Henry Waxman. Sus fuerzas continuaban desplegadas en Irak y Afganistán y, pese a la mala fama internacional asociada al nombre de Blackwater, el negocio continuaba afluyendo a espuertas. En las dos semanas inmediatamente posteriores a la masacre de la plaza Nisur de septiembre de 2007, Blackwater firmó contratos con el Departamento de Estado para el desempeño de «servicios de protección» en Irak y Afganistán por un monto total de 144 millones de dólares, y, en las semanas siguientes, obtuvo contratos con otras entidades federales como la Guardia Costera, la Armada y el Centro Federal de Formación Policial por un valor de varios millones de dólares más. Erik Prince seguía describiendo su compañía como la víctima de una caza de brujas partidista. «Me he reunido dos veces con el presidente», dijo tras comparecer ante el comité de Waxman. «La de Irak es una guerra controvertida, sin duda. Si pueden perseguir a los contratistas y cargarse a unos cuantos, [...] es otra forma de tratar de poner en evidencia a la administración».

Pero aunque el contrato de Blackwater en Irak se prorrogó en abril de 2008, la compañía no estaba dispuesta a tirar la casa por la ventana apostando por su presencia a largo plazo en aquel país. Aunque mantenían discretamente sus operaciones en Irak, los ejecutivos de Blackwater también buscaban agresivamente otras oportunidades de negocio para el imperio del Prince Group. El aluvión de críticas soportado por Blackwater a propósito de su conducta en Irak tenía también un aspecto positivo para la compañía: le deparó una reputación muy visible como servicio duro y contundente que protegía (y mantenía con vida) a sus «personalidades» en los escenarios más hostiles y por los medios que fueran menester. Su presencia misma en Irak tras los sucesos de la plaza Nisur (contra las objeciones del primer ministro iraquí y entre las múltiples investigaciones abiertas en el Congreso, el ejército y el Departamento de Justicia) servía también para enviar un mensaje muy claro: Blackwater era más necesario para Washington que el mantenimiento de la ficción de una soberanía iraquí. La presencia de Blackwater sobre el terreno era demasiado importante como para renunciar a ella, incluso frente a la indignación creciente en Estados Unidos por la imposibilidad de imputar responsabilidades a las fuerzas privadas de Washington en Irak. «Sé que estamos allí no sólo para ser un escudo protector», dijo Prince a finales de 2007, «sino, quizás también, el chivo expiatorio si algo sale mal. Eso es probablemente lo que nos sucedió en este caso».

Tras los sucesos de la plaza Nisur, Prince dio a entender que Blackwater podría abandonar Irak, al menos, en lo que a sus operaciones no encubiertas se refiere. «Ha sido un motivo de enorme controversia y complicación para nosotros», dijo. Pero Prince y Blackwater se sintieron claramente envalentonados por la gráfica demostración de su importancia central en la maquinaria de guerra estadounidense y, en los días y semanas que siguieron a lo de Nisur, el fundador de la empresa empezó a hablar del crecimiento de su imperio y de su expansión hacia actividades «de más amplio espectro».

Todo lo que el gobierno necesite «unificado bajo un mismo techo»

En septiembre de 2007, se supo que Blackwater había sido «designada» por la Oficina del Programa de Tecnología para el Contranarcoterrorismo, del Pentágono, como candidata a encargarse de una parte de un presupuesto quinquenal de 15.000 millones de dólares destinado «a combatir a terroristas vinculados con el comercio de drogas». Según The Army Times, el contrato «podría incluir tecnologías y equipamiento antidroga, vehículos y aparatos aéreos especiales, comunicaciones, formación en seguridad, formación de pilotos, sistemas de información geográfica y apoyo especializado in situ». Un portavoz de otra de las empresas que pujaban por ese servicio dijo que «un 80% del trabajo será en el extranjero». Tal como explicó Richard Douglas, un subsecretario adjunto del Departamento de Defensa, «la verdad es que recurrimos a Blackwater para que se encargue de buena parte de nuestra formación de policías antinarcóticos en Afganistán. Y he de decir que lo ha hecho muy bien».

Merced a un acuerdo como éste, Blackwater podría operar al mismo nivel que los grandes padrinos de la industria bélica, como Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon. También le permitiría potencialmente expandirse hacia América Latina, donde se sumaría a otras compañías de seguridad privada que tienen una presencia consolidada en la región. La ingente empresa estadounidense de seguridad DynCorp ya está afincada en Colombia, Bolivia y otros países dentro de la llamada «guerra contra la droga». Sólo en Colombia, los contratistas de defensa estadounidenses reciben casi la mitad de los 630 millones de dólares anuales de ayuda militar destinada desde Estados Unidos a aquel país. Justo al sur de la frontera estadounidenses, el gobierno de Washington ha lanzado el llamado Plan México, un programa antinarcóticos de 1.500 millones de dólares de presupuesto. Éste y otros proyectos similares podrían proporcionar lucrativas fuentes de negocio para Blackwater y otras compañías. «El reclutamiento de Blackwater USA para la guerra contra la droga», señaló el periodista John Ross, supondría «un desafío directo a su más duro competidor, DynCorp. Hasta el momento, esta última empresa, con sede en Dallas, se ha procurado el 94% de todos los contratos de seguridad privada relacionados con la guerra contra la droga». El New York Times informó que el contrato podría ser «el mayor encargo hasta la fecha» de Blackwater.

Ahora que los movimientos populistas ganan fuerza en América Latina y amenazan los intereses económicos estadounidenses así como el prestigio de los aliados políticos derechistas de Washington en la región, la «guerra contra la droga» pasa a convertirse en una parte cada vez más básica de las iniciativas de contrainsurgencia de Estados Unidos. Por una parte, permite que se proceda a una formación más extensa de fuerzas de seguridad extranjeras a través del sector privado (y lejos de toda supervisión efectiva por parte del Congreso estadounidense) y, por la otra, hace posible el despliegue del personal procedente de las grandes empresas bélicas norteamericanas. En un momento en el que las fuerzas oficiales estadounidenses están desplegadas y extendidas casi al máximo, el envío de empresas de seguridad privada a América Latina proporciona a Washington una alternativa «de huella reducida» frente al despliegue de tropas norteamericanas en servicio activo, que siempre resulta más problemático tanto en el plano político como en el militar. En un informe de enero de 2008 elaborado por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre mercenarios, los investigadores internacionales descubrieron «una tendencia creciente en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, [que] revela ciertas situaciones en las que compañías de seguridad privada protegen a grandes empresas extractoras transnacionales cuyos empleados se ven frecuentemente involucrados en la represión de las protestas sociales legítimas de las comunidades locales y de las organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos de las zonas donde operan estas grandes compañías».

A principios de 2008, Blackwater sufrió un revés para sus planes de trabajo en la frontera de Estados Unidos. La empresa anunció que abandonaba su proyecto de construcción de «Blackwater West» sobre 333 hectáreas de terreno en el sur de California, a muy poca distancia de Tecate, México. Blackwater tenía planeado usar aquel campamento para entrenar a agentes de la patrulla de fronteras y a otros miembros de los cuerpos policiales y de las fuerzas armadas en uno de los grandes frentes del debate sobre la inmigración. Varios vecinos de la pequeña localidad de Potrero (de 850 habitantes) libraron una batalla heroica de más de un año contra la futura presencia de la compañía en su municipio. Expresaron una amplia lista de temas que les preocupaban —desde la reputación de la empresa en Irak hasta la cuestión medioambiental— y obligaron a dimitir a las autoridades municipales que habían tratado de imponer el despliegue de Blackwater en su localidad. Finalmente, en marzo de 2008, la empresa decidió que ya había tenido bastante y emitió un discreto comunicado en el que declaraba que «la ubicación propuesta no cumple con nuestros objetivos comerciales en este momento». Un portavoz de la compañía dijo que la decisión no tenía nada que ver con las protestas en contra de Blackwater. Aun así, mirada desde una perspectiva más amplia, aquélla fue sólo una derrota menor para el creciente negocio de la empresa. Aun sin contar con sus ansiadas instalaciones californianas, Blackwater forma o entrena ya a más de 25.000 miembros del personal militar y de diversos cuerpos policiales (locales, estatales y federales) en su sede central en Moyock. También ha inaugurado con gran éxito «Blackwater North» en Illinois.

Si una cualidad resulta evidente al examinar la historia comercial de Blackwater, es la capacidad de la compañía para aprovechar los mercados generados por las guerras y los conflictos emergentes. A lo largo de la década de existencia de Blackwater, Prince ha erigido agresivamente su imperio dándole una estructura paralela a la del aparato de seguridad nacional estadounidense. «Prince quiere catapultar a Blackwater a la primera división de los contratos militares federales sacando partido del actual movimiento privatizador de toda clase de servicios de seguridad gubernamentales», informaba el Wall Street Journal poco después de los sucesos de la plaza Nisur. «La empresa quiere convertirse en un proveedor que ofrezca al gobierno estadounidense todo lo que éste necesita unificado bajo un mismo techo en aquellas misiones a las que Washington no quiere enviar fuerzas oficiales de los Estados Unidos. Se trata de un nicho de mercado con muy escasos competidores consolidados».

Osos grises y osos polares

Además de proporcionar fuerzas armadas para zonas de conflicto o en guerra, amén de una amplia variedad de servicios de entrenamiento militar y policial, Blackwater hace un consistente negocio multimillonario con su división de aviación. También cuenta con una división marítima en crecimiento y con otras iniciativas nacionales e internacionales. Entre éstas se encuentra la presencia de la empresa en Japón, donde sus fuerzas protegen el sistema de defensa antimisiles balísticos que tiene allí instalado Estados Unidos, el cual, según Stars and Stripes, «envía potentes ondas de radio en dirección oeste, hacia el Asia continental, en busca de misiles enemigos que apunten hacia el este, tanto hacia Estados Unidos como hacia sus aliados». Entretanto, a principios de 2008, según ha informado Defense News, «Blackwater [ha estado] formando a miembros del servicio de protección especial de la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) taiwanesa, encargado de la vigilancia del presidente. La OSN es responsable de la seguridad global del país y fue en tiempos un instrumento terrorista durante el período en el que imperó la ley marcial. Actualmente, según su sitio web, la OSN se encarga de "las labores de inteligencia nacional, el servicio de protección especial y la criptografía unificada"». Al parecer, la ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto también trató de contratar los servicios de Blackwater para que la protegiera durante su campaña para la presidencia en 2007. Algunas versiones dicen que el Departamento de Estado norteamericano vetó la idea, mientras que otras señalan que fue el gobierno paquistaní. En diciembre de 2007, murió asesinada.

En el propio Estados Unidos, Blackwater ha redoblado los esfuerzos que dedica a la creación de armamento militar, equipos de vigilancia y tecnología destinada para su venta al Pentágono y al Departamento de Seguridad Interior.

Blackwater tiene la esperanza de lograr buenas ventas de su vehículo blindado MRAP (iniciales en inglés de Resistente a Minas y Protegido contra Emboscadas), o Grizzly («oso gris»), al Ejército de Tierra y al Cuerpo de los Marines de Estados Unidos. La compañía asegura que ya está utilizando tres de estos automóviles de veinte toneladas métricas en Irak. La promoción del Grizzly lo describe como un vehículo que combina la versatilidad de un todoterreno con la durabilidad de un potente blindado. Puede conducirse a velocidades punta de 105 kilómetros por hora y sus fabricantes aseguran que es capaz de repeler munición de artillería de hasta media pulgada de calibre. En septiembre de 2007, el Pentágono obtuvo vía libre para adquirir más de 15.000 vehículos MRAP por unos 11.300 millones de dólares. Blackwater no es, ni mucho menos, la única fabricante, pero si consigue su parte de esa transacción (como parece probable), obtendría una nueva y muy rentable fuente de ingresos. La empresa fabricaría los Grizzlies en su planta de producción de 6.500 metros cuadrados situada en Carolina del Norte y operada en parte por ex trabajadores de Ford. Los ejecutivos de la compañía prevén que pueda llegar a producir hasta mil vehículos anuales. «Vamos a ser testigos de un crecimiento bueno y constante durante, al menos, los próximos diez años», afirmó el presidente de Blackwater, Gary Jackson.

Para las operaciones de Seguridad Interior, la contrainsurgencia o la «guerra contra la droga», Blackwater está fabricando un aparato aéreo no tripulado: el Polar 400. Este dirigible de vigilancia funcionará por control remoto y, a diferencia de los aviones teledirigidos tradicionales, será capaz de permanecer durante días seguidos en el aire sin aterrizar, manteniéndose a una altitud de hasta 4.500 metros y a una velocidad de casi cien kilómetros por hora. «Podremos situarlo por encima de Bagdad a cinco kilómetros de altura y desde allí observar todo lo que pasa», aseguró Jackson. «El único problema será que, si realmente funcionan, será difícil producirlos con la suficiente rapidez. Creo que los dirigibles generarán un negocio de varios miles de millones de dólares». A finales de 2007, Blackwater llevó a cabo un vuelo de prueba con un prototipo de 50 metros y dijo que preveía iniciar la producción en 2008. Una vez más, la empresa se hacía un hueco en un mercado en rápida expansión. Los gastos de Defensa en aeronaves no tripuladas subieron desde los 284 millones de dólares de 2000 hasta los más de 2.000 millones de 2005, y los analistas prevén que esa tendencia continuará. Blackwater, según el Virginian-Pilot, está «promocionando su dirigible como una alternativa más barata y con una vida útil más prolongada que las aeronaves teledirigidas de alas fijas y rotatorias que hoy se utilizan de forma generalizada en la Fuerza Aérea y en otros cuerpos del ejército». Alan Ram, jefe de producción y de desarrollo de negocio de Blackwater Airships, declaró: «Pensamos que es un producto que tiene su nicho de mercado y numerosos compradores potenciales».

Blackwater también continúa haciendo campaña pública por tener una mayor participación en las operaciones de Seguridad Interior y de reacción a las catástrofes, y en las misiones internacionales de paz. Prince ha sugerido de forma reiterada y sistemática que su empresa podría ser utilizada en Darfur. En las entrevistas concedidas tras los sucesos de la plaza Nisur, llegó a decir: «Y, si no, ¿quién ve Hotel Ruanda y no desea que las cosas hubieran acabado de una forma distinta?». En una entrevista de 2007, Jackson comentó: «La pregunta no es "¿por qué íbamos a recurrir al sector privado para operaciones humanitarias?", sino "¿por qué no estamos usando el sector privado al máximo nivel posible para reducir el sufrimiento humano en cualquier parte del mundo?"». Prince dijo que un amigo suyo se puso incluso en contacto con el actor George Clooney en nombre del propio Prince para tratar de convencerlo de las bondades de una potencial participación de Blackwater en Darfur. Al parecer, Clooney, quien ha alertado públicamente en diversas ocasiones de la situación en aquella región, no devolvió la llamada. Se estima que el presupuesto para misiones de paz de la ONU está entre los 6.000 y los 10.000 millones de dólares. Pese a que hace años que se utiliza a compañías militares privadas en las operaciones de Naciones Unidas para que presten apoyo logístico, los «servicios» armados que ofrece Blackwater desatarían sin duda una gran polémica a nivel internacional. «Si ahora tenemos un mercado para la guerra, estamos ante una cuestión comercial y no ante un problema político que debería suscitar un debate en los diferentes países», dice Hans von Sponeck, veterano diplomático de la ONU con 32 años de experiencia que ejerció durante un tiempo como subsecretario general del organismo. «Externalizar los aspectos relacionados con la seguridad o de carácter militar a fuerzas no gubernamentales y no oficialmente militares es fuente de gran preocupación». Mientras Blackwater continúa presionando para hacer realidad ese proyecto, hay otro de gran importancia, relacionado con uno de los sectores más sensibles de la defensa nacional estadounidense, que está ya plenamente en marcha.

Espías como los de verdad

La que podría convertirse en una de las empresas más rentables y duraderas de Blackwater es una de las iniciativas de la compañía que se ha mantenido en un mayor secreto: su incursión en el mundo de los servicios de inteligencia privatizados. En abril de 2006, Prince comenzó discretamente a erigir Total Intelligence Solutions, que alardea de sacar al mercado servicios «como los de la CIA» que ofrece a las empresas de la lista de las Fortune 500. En su oferta se incluyen «la vigilancia y la contravigilancia, la recopilación de información de inteligencia y la rápida salvaguarda de los empleados y de otros activos de especial importancia».

En un momento en el que Estados Unidos está inmerso en el programa de privatizaciones más radical de la historia del país, pocos ámbitos han experimentado una transformación tan espectacular hacia los servicios privatizados como el mundo de la información de inteligencia. «Ahora mismo, son un imán. Todo se ve atraído hacia esas compañías privadas, todo, incluso los individuos, los conocimientos y las funciones de las que normalmente se encargaban las agencias de inteligencia», explica Melvin Goodman, ex jefe de división y analista principal de la CIA «Lo que más me preocupa es la no atribución de responsabilidades, la imposibilidad de que se les obligue a rendir cuentas. Se puede decir que, en la actualidad, todo el sector se halla fuera de control. Es un escándalo».

A finales de 2007, R. J. Hillhouse, cuyo blog está dedicado a investigar las turbias interioridades de los contratistas privados y la inteligencia estadounidense, obtuvo documentos de la Dirección General de la Inteligencia Nacional (la DNI) en los que se mostraba que Washington gasta ahora anualmente unos 42.000 millones de dólares en contratistas de inteligencia privados, cuando en el año 2000 se gastaba 17.540 millones. Eso significa que el 70% del presupuesto federal en servicios de inteligencia va a parar actualmente a empresas privadas. Quizás no sorprenda, pues, que el máximo mandatario de la DNI en estos momentos (primavera de 2008) sea Mike McConnell, ex presidente de la junta directiva de la Intelligence and National Security Alliance (Alianza de la Inteligencia y la Seguridad Nacional), la organización patronal que aúna a las empresas del sector de los servicios de inteligencia privados.

Hillhouse también reveló que uno de los documentos más delicados de la inteligencia estadounidense, el Informe Diario del Presidente, es elaborado en parte por empresas privadas, pese a contar con el sello oficial del aparato de inteligencia federal. «Digamos que una compañía se siente frustrada por un determinado gobierno nacional que pone trabas a su negocio o al de alguno de sus clientes. Introduciendo información de inteligencia sesgada que convierta a ese gobierno en sospechoso de colaborar con terroristas llamaría rápidamente la atención de la Casa Blanca. Esa información podría ser luego utilizada para decidir la política nacional», comentó Hillhouse.

Total Intelligence, que inició su actividad comercial en febrero de 2007, es el resultado de la fusión de tres entidades compradas por Prince: Terrorism Research Center, Technical Defense y The Black Group (esta última era la agencia de consultoría del vicepresidente de Blackwater, Cofer Black). Los directivos de la empresa parecen sacados de un directorio «quién es quién» de los protagonistas de las operaciones iniciales de la CIA en la «guerra contra el terror» inmediatamente después del 11-S. Además del veterano Black (con una carrera de 28 años en la Agencia), que es el presidente de Total Intelligence, entre los ejecutivos de la compañía se cuenta el director ejecutivo, Robert Richer, quien fuera subdirector adjunto de la Dirección General de Operaciones de la Agencia y el segundo de ésta en la cadena de mando al cargo de las operaciones encubiertas. Entre 1999 y 2004, Richer fue jefe de la División para Oriente Próximo de la CIA, puesto desde el que dirigió operaciones clandestinas por todo Oriente Próximo y Medio, y por el sur de Asia. Entre sus cometidos, actuó como enlace de la CIA con el rey Abdalá de Jordania, un aliado clave de EE.UU. y cliente de Blackwater, e informó regularmente al presidente Bush sobre la creciente resistencia iraquí en su fase temprana. El principal director de operaciones de Total Intelligence es Enrique («Ric») Prado, otro veterano con 24 años de servicio en la CIA y ex alto mando ejecutivo en la Dirección General de Operaciones. Pasó más de una década trabajando en el Centro Contraterrorista de la Agencia y diez años con el Grupo «paramilitar» de Operaciones Especiales de la propia CIA. Prado y Black fueron estrechos colaboradores en la Agencia. Prado también estuvo destinado en América Latina junto a José Rodríguez, quien alcanzó especial notoriedad a finales de 2007 cuando se desveló que, en su etapa como director del Servicio Secreto Nacional de la CIA, fue el presunto responsable de la destrucción de grabaciones de interrogatorios a prisioneros, durante los que, al parecer, se emplearon técnicas «perfeccionadas» de interrogación, como la llamada «cura de agua» o waterboarding. Richer explicó al New York Times que recordaba múltiples conversaciones con su entonces jefe, Rodríguez, acerca de aquellas cintas. «Siempre decía: "No voy a dejar que atrapen a mi gente por algo que se les ordenó hacer"», aseguró Richer. Antes de que estallara el escándalo, algunas informaciones apuntaron que Blackwater había tratado «enérgicamente de contratar» a Rodríguez. Hoy es un retirado de la CIA.

Entre los directivos de Total Intelligence también están Craig Johnson, agente de la CIA durante 27 años y especializado en América Central y del Sur, y Caleb («Cal») Temple, que se incorporó a la compañía directamente desde la Agencia de Inteligencia de la Defensa, donde ejerció como director de la Oficina de Operaciones de Inteligencia del llamado Grupo de Trabajo Conjunto sobre Inteligencia-Combatiendo el Terrorismo entre 2004 y 2006. Según la biografía facilitada por la propia Total Intelligence, Temple dirigió «durante 24 horas al día, los siete días de la semana, el desarrollo analítico de blancos del terrorismo y otras actividades de inteligencia contraterrorista en apoyo de diversas operaciones militares en todo el mundo. También supervisó en todo momento los indicadores de contraterrorismo global y el análisis de alertas para el Departamento de Defensa estadounidense». La compañía también presume de tener en su seno a altos cargos procedentes de la DEA y del FBI.

Total Intelligence está dirigida desde un despacho situado en el noveno piso de un edificio de la zona de Ballston, en Arlington (Virginia). Su «Centro de Fusión Global», equipado con televisores de gran pantalla que proyectan las emisiones de diversos canales informativos internacionales y con terminales informáticos ocupados por analistas que navegan por la Red, «funciona las 24 horas del día durante todo el año» y toma como modelo el centro contraterrorista de la CIA, del que Black fue director. La empresa emplea actualmente a un mínimo de 65 trabajadores a tiempo completo (algunas estimaciones cifran su plantilla en cerca de cien empleados). «Total Intel lleva las [...] habilidades tradicionalmente adquiridas y perfeccionadas por los agentes de la CIA a la sala de juntas de las empresas», declaró Black en la inauguración de la compañía. «Con un servicio como éste, los directores generales y su personal de seguridad serán capaces de responder a las amenazas de forma rápida y segura, tanto si se trata de decidir qué ciudad es más segura para abrir una nueva planta o de conseguir que los empleados estén a salvo tras un ataque terrorista».

Black insiste: «Esta es una empresa absolutamente legal. No infringimos ninguna ley. Ni siquiera estamos cerca de hacerlo. No tenemos por qué». Pero qué y a quién provee Total Intelligence es algo que permanece envuelto en un total secretismo. Lo que está claro es que la compañía pone en juego y aprovecha las reputaciones y los contactos internos de sus ejecutivos. «Cofer puede abrir algunas puertas», explicó Richer al Washington Post en 2007. «Yo puedo abrir algunas puertas. Generalmente, podemos entrar a ver a quien necesitamos ver. No ayudamos a pagar sobornos. Hacemos todo dentro de la ley, pero somos capaces de tratar con el ministro o la persona adecuada». Black señaló al periódico que tanto él como Richer dedicaban buena parte de su tiempo a viajar. «Mantengo la discreción en cuanto a dónde voy y a quién veo. Paso la mayoría del tiempo tratando con altos cargos gubernamentales, haciendo contactos». De todos modos, es evidente que los contactos preexistentes de sus tiempos como agentes secretos en la CIA han generado negocio para Total Intelligence.

Tomemos el caso de Jordania.

Durante años, Richer colaboró estrechamente con el rey Abdalá en calidad de enlace de la Agencia Central de Inteligencia con el monarca. Según el periodista Ken Silverstein, «la CIA ha subvencionado generosamente el servicio de inteligencia jordano y ha enviado millones de dólares durante los últimos años para formación en tareas de inteligencia. Tras retirarse, Richer (según indican algunas fuentes) ayudó a Blackwater a cerrar un lucrativo acuerdo con el gobierno jordano para proporcionarle la misma clase de formación ofrecida por la CIA. Millones de dólares "invertidos" por la Agencia en Jordania tomaron la puerta de salida con Richer. Si esto fuera una película, sería un cruce entre Jerry Maguire y Syriana. "En la [agencia] están muy enfadados", dijo una fuente. "Abdalá sigue hablando con Richer habitualmente y cree que es lo mismo que hablar con nosotros. Piensa que Richer sigue siendo el hombre". La diferencia es que, en este caso, es Richer (y no su cliente) el que grita "¡enséñame el dinero!"».

Black fue entrevistado en 2007 en el canal de televisión por cable CNBC, especializado en contenidos financieros, al que fue invitado como analista para que hablara sobre la «inversión en Jordania». Durante la entrevista no se hizo ni una sola referencia al hecho de que Black trabajaba para el gobierno jordano. Total Intelligence fue descrita como «una empresa de consultoría empresarial que incluye estrategia inversora», mientras que «el embajador Black» fue presentado como «un veterano de la CIA en la que trabajó durante 28 años», como «la principal figura del contraterrorismo» y como «un planificador clave de la rápida victoria de las fuerzas estadounidenses que derrocaron a los talibanes en Afganistán». Durante esa misma entrevista, Black no escatimó elogios hacia Jordania y su monarquía. «Es un país bien dirigido por el rey Abdalá, Su Majestad el Rey Abdalá, que da una muy buena acogida a los inversores y los protege», dijo Black. «Jordania es, a nuestro juicio, una muy buena inversión. Allí hay algunas oportunidades excepcionales». También aseguró que Jordania se encuentra en una región donde «se producen numerosas materias primas que están yendo muy bien».

Sin el más mínimo asomo de referencia a la brutalidad que acompañó a aquel éxodo, vino a señalar que las dificultades de los refugiados iraquíes que huyeron de la violencia de la ocupación estadounidense eran buenas para los inversores potenciales en Jordania. «Tenemos unos 600.000 ó 700.000 iraquíes que se han desplazado allí desde su país y que necesitan cemento, muebles, vivienda, etc. Así que constituyen una isla de crecimiento y de potencial, como mínimo, en esa área más inmediata. Así que la perspectiva es buena», dijo Black. «Hay oportunidades para la inversión. No todo es malo. A veces, los americanos necesitan ver un poco menos la televisión. [...] Pero en todo hay oportunidades. Por eso tenemos que estar atentos a la situación y ésa es una de las cosas que hace nuestra empresa. Proporciona la inteligencia y la información que permiten tener una conciencia de la situación para que ustedes puedan hacer las mejores inversiones».

Black y otros ejecutivos de Total Intelligence han convertido las carreras, las reputaciones, los contactos y las conexiones acumuladas durante sus años en la CIA en rentables oportunidades de negocio. Lo que hacían antaño para el gobierno estadounidense lo hacen ahora para otros intereses privados. Es de suponer, pues, que sus clientes tengan la sensación de estar contratando los servicios de gobierno de los Estados Unidos para sus propios intereses privados. «Tienen los conocimientos y la experiencia necesaria para hacer lo que cualquiera desee que hagan», dijo Hillhouse. «No existe supervisión alguna. Son una empresa independiente que ofrece servicios de espionaje por cuenta propia. Son espías de alquiler»

En 2007, Richer comentó al Post que, desde que trabaja en el sector privado, las autoridades militares y los altos cargos de otros países están más dispuestos a facilitarle información que cuando trabajaba para la CIA. Concretamente, recordó una conversación que tuvo con un general de un ejército extranjero durante la cual Richer se sorprendió de la información potencialmente «reservada» que aquel alto mando le había revelado. Cuando Richer le preguntó por qué le estaba dando toda esa información, el general le contestó: «Si se la digo a un funcionario de la embajada, habré generado espionaje. Usted, sin embargo, es un socio comercial».

«Duermo el sueño de los justos»

En 2008, Irak ha sido un tema destacado de la campaña para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Mientras los demócratas prometían poner fin a esa guerra, el nominado republicano, John McCain, sugirió que las fuerzas estadounidenses podrían permanecer en Irak durante «tal vez cien» años más, una situación que, según dijo, «a mí me parecería bien». Pero tras la retórica de los discursos políticos y, a menudo, oculta tras el debate entre los partidarios y los oponentes de la guerra de Irak, se constata una cruda realidad: la ocupación de aquel país se prolongará durante años independientemente de quién ocupe el 1600 de la avenida Pennsylvania de Washington. Erik Prince, que había donado anteriormente más de 250.000 dólares a las campañas y a las causas de los republicanos, parece haber decidido que las contribuciones de campaña sometidas a control y visibilidad pública constituyen una carga.

«No sé si me implicaré políticamente en la ayuda a uno de los dos partidos», dijo a finales de 2007. Pero tanto si esa decisión es comercial como si es política, su empresa y el sumamente rentable sector en el que opera están tan profundamente incrustados en el sistema político estadounidense que no lo van a abandonar tan fácilmente.

Las empresas de mercenarios tienen sin duda muy poco que temer de un poder político en manos de los republicanos en Washington. Pero ¿y si quienes lo dominan son los demócratas? Pese a sus alegatos contra la guerra, los planes preponderantes entre los candidatos demócratas para Irak seguirían manteniendo allí a decenas de miles de soldados estadounidenses por un plazo indefinido, al tiempo que intensificarían las actuaciones de Estados Unidos en Afganistán. Para los contratistas militares, como Blackwater, éstas son muy buenas noticias. «Nadie va a ser capaz de expulsar a los contratistas de allí», dijo David Isenberg, del Consejo Británico-Americano de Información sobre Seguridad. «Son la tarjeta American Express del ejército estadounidense: el ejército no sale de casa sin ella, porque no puede».

En 2007, los demócratas impulsaron un proyecto de ley para la aprobación de gasto público suplementario en Irak en el que dejaron entrever lo que podría ocurrir durante un primer mandato de un presidente de su partido. Sumadas a las conclusiones del análisis del Grupo de Estudio Baker-Hamilton sobre Irak, las disposiciones del mencionado proyecto acabaron conformando la base de los planes para Irak propuestos por los principales contendientes demócratas por la presidencia. El proyecto fue descrito en su momento como el plan de los demócratas para la retirada, y los senadores Barack Obama y Hillary Clinton se declararon fervientes partidarios del mismo. El propio Obama llegó a declarar que significaba que el país estaba «a sólo una firma de poner fin a la guerra de Irak». Pero ésa es una afirmación que suena falsa cuando se hace una lectura más detenida de aquel proyecto legislativo (vetado posteriormente por el presidente Bush). El plan habría vuelto a desplegar parte de las fuerzas retiradas inicialmente de Irak en un máximo de 180 días. Pero también preveía que entre 40.000 y 60.000 de esos hombres y mujeres se quedarían en el país en calidad de «formadores», «fuerzas contraterroristas» y personal dedicado a la «protección de la embajada y de los diplomáticos», según un análisis realizado por el Institute for Policy Studies. «En aquel proyecto no se hacía mención alguna a los contratistas ni a las fuerzas mercenarias», según el analista del IPS Erik Leaver. La realidad es que, mientras siga habiendo tropas desplegadas en Irak, habrá contratistas privados en el país.

Estos contratistas realizan, en parte, tareas rutinarias que tradicionalmente ejecutaban los soldados, como conducir camiones o encargarse de la lavandería. Estos servicios son suministrados a través de compañías como Halliburton, KBR o Fluor, así como por un extenso laberinto de subcontratistas. Pero el personal privado, como la historia de Blackwater en Irak ha demostrado, también ha participado de forma sistemática en operaciones de «seguridad» y de combate armado. Los empleados de empresas contratistas privadas interrogan a prisioneros, recopilan información de inteligencia, operan vuelos de entregas irregulares, protegen a las altas autoridades de la ocupación (incluidos algunos generales estadounidenses del máximo rango) y, en algunos casos, han tomado el mando de tropas estadounidenses e internacionales en combate. En una confesión que es sumamente elocuente del extremo alcanzado por la privatización, el general David Petraeus, a quien se encargó la puesta en práctica de un supuesto «aumento» de la presencia de fuerzas militares oficiales, admitió que él mismo, en ocasiones, no ha sido protegido en Irak por miembros del ejército estadounidense, sino por «seguridad contratada». Al menos, tres generales estadounidenses al mando en Irak han sido custodiados allí por pistoleros de alquiler, incluido el que supervisa las contrataciones del ejército norteamericano en Irak y Afganistán.

En 2008, el volumen de personal de contratistas privados desplegado en Irak alcanzó la paridad con el del número de soldados estadounidenses en servicio activo destinados en aquel país, lo que supone una escalada sensacional en comparación con la situación durante la guerra del Golfo de 1991. «Que la mitad de tu ejército sea personal privado es algo que no creo que tenga precedentes», opina el congresista Dennis Kucinich, miembro del Comité de la Cámara de Representantes sobre Supervisión y Reforma Gubernamental.

Algunas estimaciones sitúan en realidad el número de empleados de empresas contratistas en niveles superiores al de soldados en servicio activo en Irak, pero resulta casi imposible obtener cifras exactas. Según un informe de marzo de 2008 de la Oficina de Auditoría General del gobierno federal (la GAO), el Pentágono «no lleva la cuenta del número total de empleados de contratistas privados afiliados al departamento que trabajan junto a sus empleados federales». De todos modos, en un examen de 21 oficinas del Departamento de Defensa, la GAO halló que, en «quince de ellas, los empleados por contrato privado superaban en número a los del propio Departamento de Defensa y componían hasta el 88% de la mano de obra efectiva. Los empleados de empresas contratistas realizan tareas clave, incluida la determinación de las condiciones de los contratos del departamento y el asesoramiento sobre las primas de beneficios para otros contratistas».

Pero por encima de las dudas que puedan suscitarse en torno a los contratistas privados empleados por el Pentágono se sitúa el más preocupante problema planteado por las fuerzas armadas privadas del Departamento de Estado. Una parte importante del plan de los demócratas apoya el mantenimiento de la ingente embajada estadounidense en Bagdad (la mayor embajada de la historia mundial) y de la Zona Verde. En la actualidad, buena parte de las labores de seguridad requeridas por la embajada y de los desplazamientos de entrada y salida de las autoridades estadounidenses de la Zona Verde son realizados por tres empresas de seguridad privada: Blackwater, Triple Canopy y DynCorp. Esta situación refleja la militarización y la privatización simultáneas experimentadas por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado. Creado a mediados de los noventa, el Servicio de Protección Mundial del Personal fue ideado originalmente como un programa de escolta personal a pequeña escala, formado por empleados de contratistas de seguridad privada y dedicado a proteger a grupos reducidos de diplomáticos y autoridades estadounidenses y de otros países. En Irak, sin embargo, ha pasado a convertirse en una fuerza paramilitar de considerable tamaño. El gasto en dicho programa se disparó desde los 50 millones de dólares de presupuesto para 2003 hasta los 613 millones para 2006.

La duda que acecha en los planes de los demócratas es: ¿quién protegerá al ejército de diplomáticos que pretenden conservar en Irak? Hay quien insiste en que se puede seguir confiando en las fuerzas privadas para realizar ese trabajo siempre que rindan cuentas por sus acciones. A fecha de marzo de 2008, estas fuerzas privadas continúan gozando de un estatus que, en la práctica, las sitúa «por encima de la ley» y que tanto Obama como Clinton han condenado. Pero es difícil imaginar de qué modo se va a materializar esa «rendición de cuentas», al menos, a corto plazo.

A finales de 2007, tras los sucesos de la plaza Nisur, la Cámara de Representantes aprobó por mayoría aplastante una nueva legislación que garantizaría que todos los contratistas y su personal estuviesen sujetos a posibles acciones legales en los tribunales de la justicia civil estadounidense por delitos cometidos en una zona de combate extranjera. Para ello, los investigadores del FBI tendrían que desplazarse hasta la escena del crimen, recoger pruebas y tomar declaración a testigos, lo que conduciría a la presentación de cargos y acusaciones formales. Pero esta metodología plantea una serie de interrogantes. ¿Quién protegería a los investigadores? ¿Cómo se tomaría declaración a las víctimas iraquíes? ¿Cómo se conseguiría recopilar pruebas entre el caos y los peligros de una zona de guerra hostil como es Irak? En vista de que ni el gobierno federal ni el ejército parecen capaces (ni dispuestos) a llevar siquiera un recuento del número de empleados de contratistas actualmente presentes en aquel país, ¿cómo iban a supervisarse las actividades de éstos? Aparte de la imposibilidad de vigilar policialmente un despliegue tan extensivo de contratistas privados (como el que se observa en Irak, donde su personal iguala en número al de la presencia militar oficial estadounidense), esta legislación podría brindar a la industria militar privada una tremenda victoria publicitaria. Las compañías podrían por fin afirmar que ya existe una estructura legal de responsabilidades que rige sus operaciones. Pero, al mismo tiempo, serían muy conscientes de que dicha legislación es prácticamente imposible de aplicar. Quizás sea por eso que el sector ha respaldado entusiastamente esta metodología. Prince calificó su aprobación en la Cámara de Representantes de «excelente».

Otras voces han propuesto abordar el problema simplemente ampliando la presencia de fuerzas oficiales del gobierno estadounidense responsables de proteger la embajada y la Zona Verde, lo que reduciría el mercado disponible para las compañías de mercenarios. En una carta de octubre de 2007 dirigida a la secretaria de Estado Condoleezza Rice, el senador Joe Biden, presidente del influyente Comité sobre Relaciones Exteriores, sugirió que Estados Unidos examinase la posibilidad de «expandir los efectivos de Seguridad Diplomática en lugar de seguir dependiendo hasta tal extremo de contratistas privados». El senador pedía la contratación de más agentes: «La necesidad de una numerosa presencia de personal de seguridad que se encargue de la protección de los empleados de la misión estadounidense seguirá existiendo durante varios años, sea cual sea el número de fuerzas de nuestro país desplegadas en Irak».

Pero, aunque un incremento del presupuesto de la división de Seguridad Diplomática allanaría sensiblemente el camino para la consolidación de una fuerza compuesta enteramente por personal oficial del gobierno estadounidense, existen serias dudas sobre la rapidez con la que algo así podría producirse. En octubre de 2007, el Departamento de Estado contaba sólo con 1.450 agentes de Seguridad Diplomática en todo el mundo que fuesen verdaderos empleados federales estadounidenses, de los que únicamente 36 estaban destinados en Irak. Esta situación contrastaba claramente con la Blackwater, que, en marzo de 2008, tenía cerca de 1.000 guardias sólo en Irak, por no hablar de los varios centenares más presentes en el país a sueldo de Triple Canopy y de DynCorp. El Departamento de Estado ha afirmado que podría llevar años seleccionar a los candidatos a nuevos agentes, investigarlos, formarlos y desplegarlos sobre el terreno. Se trataría, en definitiva, de una empresa harto costosa en tiempo y dinero y, aunque hubiese la voluntad política y el presupuesto necesarios para hacerle frente, harían falta años para llevarla a la práctica.

Si los demócratas tratasen de transformar la seguridad diplomática en un servicio puramente militar, también se plantearían serias dificultades. Tal como informaba el New York Times a finales de 2007, «el ejército no dispone de suficiente personal con la formación necesaria para encargarse de esa tarea». Aunque el ejército formase a una fuerza especializada en «protección ejecutiva» y en labores de vigilancia y escolta en Irak, este programa supondría un aumento de convoyes militares estadounidenses en circulación por las carreteras de Irak, lo que los colocaría regularmente en una situación de conflicto potencialmente mortal con la población civil iraquí.

Consciente de las dificultades prácticas que comportaría cualquier transición desde la actual situación de nutrida presencia de fuerzas de seguridad privada en Irak, uno de los asesores principales de Obama en materia de política exterior durante la campaña electoral de 2008 declaró: «No puedo ni quiero descartar a los contratistas de seguridad privada». Ésta debió de ser una realidad difícil de admitir para el equipo del candidato demócrata. Pese a que Obama se ha situado a la vanguardia de los intentos de legislar mayores responsabilidades para los contratistas en las zonas de combate (de hecho, presentó un proyecto de ley de reforma de la situación de los contratistas ocho meses antes de los sucesos de la plaza Nisur), sus asesores en política exterior son también conscientes de que su apoyo al mantenimiento de una presencia estadounidense considerable en Irak no les dejaba otra salida. Curiosamente, el 28 de febrero de 2008, al día siguiente de que yo mismo informara sobre la postura de Obama en un artículo publicado en The Nation, Hillary Clinton anunció que ella suscribiría una nueva legislación que «prohíba el uso de Blackwater y de otras empresas privadas de mercenarios en Irak». El momento de aquel anuncio (en plena y reñida campaña de nominación de un candidato demócrata a la presidencia) no dejaba de ser sorprendente: durante sus cinco años como miembro del Comité del Senado sobre Fuerzas Armadas, Clinton había mantenido un silencio casi total sobre la cuestión hasta el tiroteo del 16 de septiembre desatado por las fuerzas de Blackwater y, tras la masacre, aún tardó seis meses en pronunciarse como lo hizo. En cualquier caso, los pormenores de cómo pensaba llevar a cabo su plan para Irak sin el concurso de aquellas fuerzas privadas tampoco estaban claros.

Tanto Clinton como Obama señalaron su apoyo al aumento del presupuesto para Seguridad Diplomática que propugnó el senador Biden en 2007. Pero, visto desde una perspectiva más general, es evidente que empresas como Blackwater operan en un sector basado en la demanda. Y es esta demanda, que se deriva de una serie de guerras ofensivas e impopulares de conquista, la que debe ser cortada de raíz. Por mucho que un presidente estadounidense esté decidido a transferir todos los puestos de la seguridad diplomática a manos de agentes oficiales del gobierno federal y a apartarlos de empresas como Blackwater (lo que no dejaría de ser un gran logro), el Departamento de Estado ya ha declarado que una medida así tardaría años en implementarse. La realidad es que, si no se reduce espectacularmente la magnitud de la presencia de personal civil y diplomático estadounidense en Irak (que es el que requiere del despliegue de una fuerza de seguridad «diplomática» tan numerosa), el próximo presidente podría no tener más remedio que proseguir con el actual ritmo de contrataciones. Y eso es una buena noticia para Blackwater y para otras empresas de seguridad privada.

Pero Irak y la seguridad diplomática conforman sólo una parte del panorama total. En el Congreso, apenas se debate el impresionante crecimiento de las actividades de compañías como Blackwater, tanto a escala internacional como dentro de Estados Unidos. Su expansión a ámbitos como la inteligencia privada, la seguridad nacional interior, el armamento militar, la tecnología de vigilancia, la «guerra contra la droga» y las misiones de paz, continúa prácticamente libre del ojo escrutador de los legisladores y de los medios de comunicación. Hace tiempo, estas empresas empezaron a procurarse un papel en los futuros conflictos y una mayor presencia en programas estatales de alta sensibilidad y cuya privatización iba en aumento. Hoy, debido en gran parte a la ausencia de una mayor vigilancia y examen desde los medios y desde el Congreso, el futuro de esas compañías se presente tan seguro como resplandeciente.

A Erik Prince no le quitan el sueño actualmente ni los asesinatos de civiles iraquíes que cometen sus fuerzas ni el futuro del estatus de su compañía dentro de la maquinaria de guerra estadounidense y del aparato de la seguridad nacional. Poco después del incidente de la plaza Nisur y enfrentado a diversas investigaciones (del Congreso, del ejército y del Departamento de Justicia), Prince dijo: «¿Que cómo puedo dormir? Porque estoy a gusto y sé lo que estamos haciendo. Hacemos lo correcto, así que, aparte de eso, nada me preocupa. Duermo el sueño de los justos. No me siento culpable».