EL FINAL DE LA CORONA DE ARAGÓN
La muerte de Carlos II, sin descendencia, el 1 de noviembre de 1700, planteó la sucesión al trono de España. Poco antes de morir, influido por el cardenal Portocarrero, preocupado por mantener la unidad de los dominios de la Monarquía, había legado sus posesiones a un miembro de la Casa de Borbón, lo que era considerado como un apoyo decisivo a la Corte de Versalles. Esto explica que la cuestión sucesoria española desembocara en un conflicto internacional, en el que, frente al pretendiente francés Felipe de Anjou, las potencias rivales (Inglaterra y Holanda) apoyaron al archiduque Carlos de Austria, que en España pasaba a representar el federalismo político de la Corona de Aragón, amenazado por el centralismo racionalista de cuño francés. Lo que implicaba, además, una guerra civil. La victoria de Almansa (27 de abril de 1707) permitió a Felipe de Anjou (Felipe V) recuperar Aragón y Valencia, y durante el verano dictar el primer Decreto de la Nueva Planta poniendo fin al viejo ordenamiento jurídico de los dos reinos, asimilados desde entonces a las leyes e instituciones castellanas. El R.D. de 29 de julio de 1707 suavizó algo la rigidez inicial de la Nueva Planta al mantener en Aragón su Derecho Civil; lo que no ocurrió en el reino de Valencia. En abril de 1711 se dictaba un II Decreto de Nueva Planta tras ser derrotado Carlos III, que en 1710 había alcanzado de nuevo Madrid, aunque la reacción borbónica (batallas de Brihuega y Villaviciosa, en diciembre de 1710) entonces haría irreversible la victoria de Felipe V, consumada con la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Mucho más ligada a los intereses italianos, aunque influida en sus costumbres por la presencia aragonesa, la isla de Cerdeña, ocupada por un ejército anglo-holandés en 1708, pasó a manos austríacas en 1713, tras la firma del Tratado de Utrecht. El 28 de noviembre de 1715 se promulgaba la Nueva Planta en Mallorca y, por Real Cédula, el 16 de enero de 1716 en Cataluña. En ambos territorios la Nueva Planta borbónica manifestó más madurez y templanza.
Con los decretos de la Nueva Planta (1707-1716) fueron suprimidas las instituciones seculares propias de los reinos y territorios de la Corona de Aragón, que representaban su singularidad y autonomía. Es el caso de la Diputación del Reino, en Aragón; la Diputado del General o Generalitat, en Valencia y Barcelona; y el Justicia Mayor de Aragón. Los virreyes fueron reemplazados por los comandantes generales (pronto denominados capitanes generales), que presidieron las Audiencias; mientras que el Consejo de Aragón quedó integrado en el Consejo de Castilla. Los corregimientos se convirtieron en las nuevas divisiones administrativas y al frente de los gobiernos municipales los jurados pasaron a convertirse en regidores, presididos por un corregidor, lo que supuso la intervención de la burocracia del Estado en los mismos. Las principales ciudades de los territorios aragoneses quedaron integradas en las Cortes Generales del Reino, siendo liquidada la iniciativa y la oposición sistemática a los deseos del monarca. Se suprimieron las aduanas y puertos secos (Reales Cédulas de 1714 y 1717) y se suspendió el sistema propio de medidas y pesas; también se ordenó el cierre de las cecas y la supresión de sus monedas.
Sólo desde entonces se puede hablar de una España unificada administrativa y económicamente.