LA CARA OCULTA DE LA TRANSICIÓN

EL ASESINATO DE CARRERO BLANCO Y EL GOLPE DEL 23 DE FEBRERO DE 1981

1. Estados Unidos influyó y manipuló decisivamente los momentos clave de la transición española.
2. Existen indicios que apuntan hacia la posibilidad de que el asesinato de Carrero Blanco fuera fruto de un complot en el que ETA fue sólo un instrumento de otro tipo de poderes.
3. El plan original del golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 (el 23-F) era muy distinto de lo que sucedió después y podría haber sido conocido por personas que más tarde permanecieron en la sombra.
4. La Administración estadounidense tenía conocimiento previo de los planes de los golpistas y decidió no intervenir ni facilitar esa información al gobierno español.

A pesar de su proximidad cronológica, o puede que precisamente a causa de ella, la transición española es un período histórico que aún encierra un importante número de puntos oscuros. ¿Qué papel cumplieron las potencias extranjeras —y especialmente Estados Unidos— en su camino hacia la democracia? ¿Por qué murió el almirante Carrero Blanco? ¿Cuál era el objetivo final del golpe del 23-F?^[201]

Finalizada la Guerra Civil Española, la oposición al régimen de Franco sucumbió en diversas ocasiones a la tentación de solicitar la intervención de potencias extranjeras para zanjar el problema español. Ya en 1948 el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Madrid comentaba acercamientos en este sentido: «Son unos insensatos esos monárquicos que se me acercan para pedirme que Norteamérica asfixie económicamente a España. Si eso ocurriera, caería Franco, pero la Monarquía no recogería la herencia. Lo que tiene que hacer el rey es ponerse de acuerdo con Franco».^[202] En realidad, las potencias occidentales, y más concretamente Estados Unidos, no tenían el menor interés en terminar con el régimen de Franco, que desde 1945 había aportado a los aliados seguridad militar, concesiones territoriales en forma de bases militares e interesantes ventajas económicas.

Los responsables de la política exterior estadounidense tenían meridianamente claro que en sus manos estaban los resortes económicos y políticos para perpetuar la dictadura española o terminar con ella en el momento en que así lo decidieran. Sin embargo, la entrada triunfal de Fidel Castro en La Habana el 1 de Enero de 1959 supuso un llamado de atención imposible de ignorar para los diplomáticos y estrategas norteamericanos, algo que los hizo trastabillar en su pretensión de omnipotencia y los obligó a considerar seriamente la posibilidad de que las cosas escapasen a su control. Era de vital importancia que algo así no se volviera a repetir jamás, y menos aún en Europa. Para ello se empezó a considerar seriamente no sólo el refuerzo de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, sino también empezar a preparar el escenario de la sucesión de Franco, para lo cual se tendieron lazos a los sectores monárquicos del país y a los representantes de la izquierda moderada, cuya colaboración fue solicitada en aras de frenar un eventual avance del comunismo.

La gran huelga de la cuenca hullera asturiana en Febrero de 1961 puso a los norteamericanos mucho más nerviosos de lo que ya estaban, por lo que se apresuraron a incluir a España entre las dictaduras protegidas en el ámbito del llamado «Proyecto Vulcano». Por esas mismas fechas la CIA comienza a hacer movimientos en España para que el régimen de Franco se muestre tolerante, e incluso contemple la futura legalización de un partido socialista y otro de carácter demócrata cristiano, que sentaran las bases de una futura democracia parlamentaria. A finales de 1970, el llamado «Proceso de Burgos»^[203] dio nuevos motivos de preocupación al entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que decidió enviar a España a uno de sus hombres de confianza, Vernon A. Walters, para que se asegurase de que la situación estaba controlada y la transición a la monarquía se llevaría a cabo en su momento de la manera prevista.

«NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA»

Walters, que llegaría a ser director adjunto de la CIA en 1973, relata su experiencia española en su libro «Misiones secretas»:^[204] «Todos los oficiales superiores con los que hablé dudaban de que Franco pusiera al príncipe en el trono antes de morir. Creían, sin embargo, que nombraría a un Primer Ministro. No creían que hubiera disturbios de importancia en el país cuando Franco muriera, y dijeron que las Fuerzas Armadas podrían manejar fácilmente tales problemas. Fue una experiencia estupenda y única». Sin embargo, el nombramiento en Junio de 1973 del almirante Luís Carrero Blanco como presidente del gobierno no gustó en Washington. Considerado un representante de la línea más dura dentro del régimen, y haciendo gala de una lealtad inquebrantable hacia Franco, Carrero resultaba una figura sumamente incómoda para una eventual transición democrática. No obstante, un «golpe de suerte» quiso que la situación diera de nuevo un giro favorable a las pretensiones estadounidenses. El 20 de Diciembre de 1973 el almirante era víctima de un atentado terrorista perpetrado por ETA: su vehículo blindado saltó por encima de la fachada de una iglesia en la madrileña calle Claudio Coello y fue a caer en un patio interior.

El pánico se extendió por los círculos oficiales, desconcertados ante la inconcebible osadía de esta acción. ETA había ejecutado un golpe maestro que parecía haber desbaratado los planes del régimen. El asesinato tenía como fin intensificar las divisiones latentes entre diversos sectores del franquismo de la época, como indicaba claramente el comunicado en el que ETA reivindicaba el atentado: «Luis Carrero Blanco, hombre duro y violento en sus actitudes represivas, era la clave que garantizaba la estabilidad y continuidad del sistema franquista. Es seguro que sin él las tensiones en el gobierno entre la Falange y el Opus Dei se intensificarán». Sin embargo, para sorpresa de muchos, el régimen superó con bastante facilidad la confusión creada por la muerte de Carrero.

No obstante, bajo esta aparente estabilidad bullía un hervidero. El general Iniesta Cano, a la sazón director de la Guardia Civil, se embarcó en una aventura sospechosamente parecida a un golpe de Estado ordenando a los comandantes locales que ocupasen las capitales de provincias y que disparasen contra los izquierdistas a la menor señal de manifestaciones o desórdenes públicos. Sólo la intervención del jefe del Estado Mayor, el general Manuel Díez Alegría, y del ministro de Gobernación, Arias Navarro, impidió que se produjera derramamiento de sangre.

Por otro lado, en círculos del aparato del régimen y sus simpatizantes se empezaba a murmurar en voz baja que en el tema del asesinato de Carrero había mucho más de lo que parecía. Tan insólito había sido el atentado como las circunstancias que lo habían rodeado. A todos les extrañaba que tras la acción de ETA no se hubiesen establecido los habituales controles en el aeropuerto de Barajas y en las carreteras de salida de Madrid. Nadie conseguía comprender cómo se habían podido llevar a cabo los preparativos para el atentado, que incluían la excavación de una galería y el manejo de una más que considerable cantidad de explosivo bajo las calles de un Madrid controlado por la Brigada Central de Información, y en una zona estratégica de la capital en la que se encuentran no sólo la embajada de Estados Unidos sino, además, numerosos edificios oficiales. Para colmo, Henry Kissinger había estado de visita en Madrid justo el día anterior, lo que servía para que los más suspicaces se preguntasen si esta visita no tendría algo que ver con el atentado y cómo era posible que el dispositivo de seguridad que protegía al secretario de Estado estadounidense no hubiera detectado los preparativos de ETA.

El responsable nominal de tan garrafales errores en la seguridad no era otro que el ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro. Su etapa al frente de este ministerio se caracterizó por su extremada dureza con los opositores al régimen. Su experiencia en los juicios sumarísimos durante los primeros años de la posguerra pesó decisivamente a la hora de su nombramiento. Su hostilidad en aquella época le valió el apodo de Carnicero de Málaga. Transcurrido el tiempo, se supo que los servicios secretos habían prevenido a Arias Navarro de la inminencia de un atentado contra una alta autoridad del gobierno, presumiblemente contra el Presidente. No obstante, inexplicablemente, se negó a aumentar las medidas de protección del almirante.

Tras el atentado, no sólo nadie le pidió responsabilidades, sino que la carrera de Arias Navarro iba a tocar techo poco después, al ser nombrado presidente del gobierno. El ascenso del que debía velar por la seguridad del anterior presidente dejó tan estupefactos a los afectos al régimen como a la oposición, haciendo inevitable que se especulara mucho sobre el mensaje de fin de año de Franco, en el que dijo, respecto a la muerte de Carrero: «No hay mal que por bien no venga». Los colaboradores y amigos de Carrero, haciendo gala de las fijaciones conspirativas del franquismo, achacaron durante mucho tiempo su asesinato a la masonería, aunque con el tiempo se demostró más allá de cualquier duda que fue efectivamente ETA la autora del atentado. Aún hoy se especula con la posibilidad —cada vez más revestida de certeza— de que esta acción contase con el visto bueno de autoridades del régimen, de la CIA y de otros aparatos del poder, poco interesados en la perpetuación del franquismo tras la muerte de Franco.

Otro interesante aspecto de este atentado reside en la posibilidad de que fuera planeado y/o llevado a cabo por uno o varios antiguos miembros de las Compañías de Operaciones Especiales, las famosas COE del Ejército de Tierra: «La presencia de etarras entre las COE (llegaron a existir 22 compañías en toda España que hoy, aglutinadas en tres grupos o GOES y con sólo militares profesionales, responden a un único mando, con sede en Alicante) nunca ha sido reconocida por el Ministerio de Defensa. Ahora tampoco, si bien fuentes próximas a los servicios secretos de aquellos años (70 y 80) admiten que no se trató de uno ni de dos casos. Los rumores eran constantes entre los propios guerrilleros boinas verdes, que manejaban para su formación manuales donde se especifica la cantidad de explosivo necesaria para hacer saltar un puente o volar un vehículo. En ese contexto, nadie se llevaba las manos a la cabeza cuando un mando explicaba, sin alzar mucho la voz, que el artífice del atentado contra el almirante Carrero Blanco, el 20 de Diciembre de 1973, había sido un etarra adiestrado como “boina verde”».^[205]

Carmen Carrero, hija del almirante, siempre ha sospechado que el gobierno de Franco conspiró para acabar con la vida de su padre y colaboró indirectamente en su asesinato. Cree que los presuntos errores en la seguridad de su padre fueron en realidad premeditados y que la falta de interés en la detención del comando terrorista se debió a los detalles, poco convenientes, que sus miembros pudieran revelar.^[206]

CAMINO A LA TRANSICIÓN

La muerte de Carrero supuso una corrección de rumbo que aseguró que la transición española no se desviase de los planes trazados previamente por Nixon, Kissinger y Vernon Walters. Para asegurar la estabilidad del plan, todos los hombres de confianza del almirante fueron alejados del gobierno: «Hay quienes afirman —Fernández Miranda entre ellos— que Franco quiso que no quedara rastro de la política de Carrero».^[207] La súbita enfermedad de Franco el 19 de Julio de 1974 precipita los acontecimientos. La República Federal de Alemania era otro de los grandes interesados en que las cosas transcurriesen en España con la mayor calma posible, ya que un foco de tensión en Europa no haría sino alejarlos de la consecución de su principal objetivo político, esto es: la reunificación de Alemania a través de la distensión entre los bloques. Era vital crear una izquierda moderada fuerte para que la transición española transcurriese sin excesivas fricciones y por cauces aceptables. Es por ello que el partido socialdemócrata alemán financia la convocatoria en Suresnes (Francia) de un congreso de jóvenes escindidos del Partido Socialista Obrero Español que elegirían a Felipe González como su líder. Los pactos surgidos del Congreso de Suresnes configuraban un partido preparado para dirigir la oposición política, justo lo que se pretendía desde Europa y Estados Unidos. Para tal propósito se contaba con la complicidad de la UGT. Pero cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982, Felipe González nombró un gobierno con un perfil muy distinto del esperado por la comisión ejecutiva del partido, lo que puso de manifiesto diferencias de criterio entre el partido y el gobierno, que darían lugar a importantes dificultades políticas que desembocarían en el distanciamiento entre los dos hombres fuertes del PSOE: Felipe González y Alfonso Guerra. Aunque ésa es otra historia.

Por su parte, Santiago Carrillo ya había empeñado su palabra de que el Partido Comunista no movería un solo dedo hasta la coronación de Juan Carlos I, y que acataría el nuevo orden constitucional a cambio de la legalización del partido. La jugada de Carrillo fue sumamente hábil, ya que los planes de Henry Kissinger para España establecían muy claramente que el Partido Comunista no debía ser legalizado hasta que el espacio político de la izquierda hubiera sido copado por otras fuerzas políticas. Su compromiso de renuncia al rupturismo fue lo que permitió que el PC tuviera al menos una oportunidad en las primeras elecciones democráticas.

Aun así, y para salvar la ropa ante sus respectivos partidarios, tanto los líderes del PSOE como del Partido Comunista mantuvieron hasta 1976 posturas mucho más beligerantes de lo que en verdad estaban dispuestos a llevar a cabo en la práctica, amenazando incluso con torpedear la ley de Reforma Política de Adolfo Suárez. Un juego peligroso si tenemos en cuenta que por aquellas fechas un cincuenta por ciento de los españoles estaba a favor de la república como forma de gobierno preferida tras la muerte de Franco, mientras que sólo un veinte por ciento se inclinaba por la monarquía. Sin embargo, era la monarquía precisamente lo que deseaban las potencias occidentales para España como único sistema que les aseguraba una demolición controlada del franquismo y una transición sin excesivos sobresaltos. De cara a los militares, el nuevo monarca estaba completamente legitimado, ya que su acceso al trono había sido voluntad expresa de Franco y, como tal, era algo que en el Ejército de aquella época estaba más allá de toda discusión. Por otro lado, desde la izquierda se hizo un esfuerzo consciente para controlar la situación y que la transición discurriese por los cauces más suaves posibles, aunque fuera a costa del sacrificio de buena parte de sus consignas y programas: «Desde la caída de la dictadura, las amplias masas de los trabajadores, las mujeres y la juventud habían confiado completamente en sus dirigentes. A regañadientes, dieron por buena toda la política de “consenso”, “apretarse el cinturón”, “hacer sacrificios para salvar la democracia”, etc., con la esperanza de que todos estos esfuerzos sirvieran para garantizar una vida digna para sus familias y significara una esperanza en un futuro mejor. Pero al cabo de los meses, los obreros, los campesinos y las amas de casa se daban cuenta de que, pese a todas las frases tranquilizadoras y demagógicas, el cambio era insuficiente».^[208]

Muchos sectores sociales no entendían el papel que estaba desempeñando la izquierda en el desarrollo de los hechos. Las condiciones de vida en la España de la época estaban muy lejos de ser perfectas y ahí seguía la misma gente de siempre: los burócratas continuaban sentados en sus cómodos sillones, los especuladores en sus despachos; la Policía y el Ejército seguían siendo los mismos que durante la dictadura…

CESIÓN DE SOBERANÍA

Fundada en 1973 por David Rockefeller, la Comisión Trilateral tiene como fin declarado convertirse en «un consejo consultivo de alto nivel para la cooperación global». Cuenta apenas con 300 miembros, todos ricos, poderosos e influyentes. Según el premio Nobel de la Paz y ex ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda Sean MacBride, bajo esta fachada aparentemente respetable se oculta un potente grupo de presión con capacidad para controlar de facto a gobiernos enteros. Se denomina «trilateral» porque sus socios pertenecen a la élite del poder de América del Norte, Europa y Japón, teniendo sus oficinas principales en Nueva York, París y Tokio. Su ideología es clara como el agua: libremercado, libremercado y libremercado, en este orden. En la actualidad, sus planteamientos se han dulcificado un poco debido al desmoronamiento del bloque comunista, su principal enemigo, si bien el grupo no ha perdido un ápice de su poder e influencia.

¿Cuál es la razón de traer a colación en este contexto a tan poderosa sociedad? En Mayo de 1975 la Comisión Trilateral celebraba una reunión en la que, entre otros muchos temas, se habló sobre la situación española y los caminos que tendría que tomar la democracia en España. Las directrices que se trazaron en aquella reunión fueron una de las fuerzas que dieron forma a la Constitución española de 1978, uno de cuyos padres, Miguel Herrero de Miñón, es miembro de la Comisión. Tales directrices, encaminadas a la inclusión de España en la OTAN y la Comunidad Económica Europea, se encontrarían en el origen de la presencia en el texto constitucional español de artículos como el 93^[209] o el 96.1,^[210] que reservan la eventual cesión de parcelas de la soberanía nacional a organizaciones supranacionales que permiten a un gobierno que cuente con mayoría suficiente firmar cualquier clase de tratado con cualquier potencia o país extranjero sin que nadie pueda impedirlo legítimamente y sin que pueda ser derogado por un gobierno posterior. Tal circunstancia es algo inédito en el seno de las constituciones europeas, y más aún si lo comparamos con la legislación de Estados Unidos, que permite la anulación de cualquier tratado mediante una decisión legislativa posterior. Esta ligereza y poco celo de nuestra Carta Magna a la hora de proteger la soberanía nacional se hace especialmente notable en lo que se refiere a los aspectos económicos. En efecto, en el artículo 94.1^[211] se recoge una serie de casos en los que se requiere necesariamente la autorización de las Cortes antes de firmar un tratado internacional. Pues bien, los tratados de carácter económico o comercial están exentos de ese trámite, dejando al gobierno las manos libres en esta materia.

«DEMOCRACIA, ¿PARA QUÉ?»

Ya que hemos traído a colación el tema de la Constitución, el artículo 8.1^[212] establece la figura del Ejército como garante del orden constitucional, lo cual abre la puerta, siempre sujeta a interpretación, a la intervención de las Fuerzas Armadas ante situaciones de crisis.

La creciente escalada de tensión en la vida política desde mediados de 1980, centrada en la ofensiva de los socialistas contra el presidente Suárez, las luchas intestinas dentro de la propia UCD y el oportunismo de Manuel Fraga; los continuos asesinatos de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado; los abucheos que el rey recibió durante su visita al País Vasco; y la mala situación económica, llevaron a algunos militares a pensar que sólo un golpe de Estado —el eufemismo «golpe de timón» estaba muy en boga por aquellos días— arreglaría los problemas de la nación. El terrorismo influyó de manera decisiva en que se llegara a esta conclusión. Los militares se veían impotentes ante la agresión etarra y volcaban sus iras hacia el nuevo sistema político. Es muy significativa a este respecto una anécdota ocurrida en el Congreso durante el golpe del 23-F. Uno de los diputados gritó: «¡Viva la democracia!», a lo que uno de los guardias civiles le contestó: «Democracia, ¿para qué? ¿Para que sigan matando a nuestros compañeros?».

El descontento de los militares era creciente. En Noviembre de 1978 el general Manuel Gutiérrez Mellado, representante del gobierno, fue abucheado en Cartagena en el seno de una reunión de mandos militares. Ese mismo día se descubrió en Madrid la Operación Galaxia, un complot en el que Antonio Tejero y el capitán Sáenz de Inestrillas, junto a otros mandos militares, planeaban asaltar el Palacio de la Moncloa aprovechando un viaje de los reyes. Tejero e Inestrillas fueron procesados y condenados a siete meses de arresto, una sentencia casi simbólica ya que salieron a la calle inmediatamente, al haber cumplido ese tiempo en prisión preventiva. Caso aparte es la extraña historia del general Luís Torres Rojas, por entonces jefe de la División Acorazada Brunete. A finales de Enero de 1980 Diario16 publicó una información sobre un presunto golpe de Estado planeado por dicho general. Según el rotativo, éste habría sido el motivo del fulminante cese del general al mando de la División y su precipitado traslado al gobierno militar de La Coruña. El plan de Torres Rojas habría sido asaltar La Moncloa con ayuda de la Brigada Paracaidista, mientras que la División Acorazada se apoderaba de las calles de la capital. Esta noticia causó un considerable revuelo en toda la prensa de la época, siendo desmentida por diversas instancias oficiales, pese a lo cual, el único hecho cierto y comprobado es que Torres Rojas formó parte del golpe de Estado del 23 de Febrero del año siguiente.

SITUACIÓN LÍMITE

Paradójicamente, la gota que colmó el vaso de la paciencia de los militares fue el caso Arregui. José Ignacio Arregui, presunto activista de ETA, falleció en el hospital penitenciario de Carabanchel, tras nueve días en los calabozos de la Brigada Regional de Información. Se dictaminó que Arregui había muerto a causa de las palizas recibidas, lo que provocó una cadena de protestas contra la Policía y la Guardia Civil. Los presos de la organización iniciaron una huelga de hambre y los obispos de Bilbao, monseñores Larrea y Uriarte, hicieron público un comunicado condenatorio. En Vitoria hubo dos manifestaciones de protesta: por un lado, los nacionalistas vascos con partidos de ámbito nacional y, por otro, Herri Batasuna junto con sectores radicales vascos, siendo ésta la manifestación que tuvo mayor afluencia. En Bilbao la movilización de protesta estuvo precedida de una huelga general que tuvo un seguimiento del 95 por ciento. En Pamplona hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía, mientras que en San Sebastián se sucedían las manifestaciones independentistas y a favor de ETA. El 17 de Febrero se celebró el entierro de Arregui, al que asistieron diez mil personas. A principios de Febrero ocurrió un hecho que hizo mucho daño en la mentalidad de los militares golpistas. En una visita que el rey realizó al País Vasco fue abucheado en la Casa de Juntas de Guernica por una multitud de radicales. Este incidente suponía para el estamento militar la humillación definitiva. Era mucho más de lo que los más exaltados estaban dispuestos a tolerar. El diario El Alcázar, órgano cuasi oficial de los nostálgicos del franquismo, publicaba en esos momentos una serie de artículos firmados por el grupo «Almendros», que instigaban a la acción directa por parte de los militares.^[213] A estos factores se unió el nombramiento de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos, que auguraba una Administración con una política exterior mucho más dura que la anterior y que eventualmente podría ver con buenos ojos una intervención de este tipo.^[214] De hecho, ese apoyo se pensaba obtener mediante la instauración después del golpe de un gobierno de «concentración nacional» presidido por un militar —presumiblemente el general Armada—, para el que se contaría con «políticos de la democracia» y que enarbolaría como justificación de sus actos la «defensa del orden constitucional». Existió incluso una lista de los miembros de este gobierno que el general Armada llevaba en el bolsillo de su casaca cuando acudió al Congreso y que contenía nombres de personas que militaban en los principales partidos del arco parlamentario español. Así, los golpistas consultaron a los colaboradores de Reagan sobre las apoyos que recibiría el intento^[215] y, dado que lo llevaron a la práctica, debieron encontrarse con una acogida bastante favorable al proyecto, del que, por otra parte, la CIA ya estaba más que enterada, omitiendo revelar esta información al gobierno de Adolfo Suárez.

Por si hubiera alguna duda sobre este particular, veamos lo que dijo al respecto en su momento el propio Tejero: «El mando de la operación había dicho que tanto el gobierno norteamericano como el Vaticano habían sido sondeados por indicación del general Armada y que ambos habían dicho que se trataba de un asunto interno de España, aunque se mostraban conformes con la monarquía constitucional».^[216]

El golpe requirió semanas de preparación ante las mismas narices de los servicios de inteligencia. De hecho, se sabe que en Diciembre de 1980 la esposa del teniente coronel Tejero había comprado los seis autobuses que servirían para trasladar a los guardias que iban a asaltar el Congreso de los Diputados. Además, la conspiración tenía ramificaciones en Portugal, en donde se habría producido un golpe de mano similar de haber triunfado la sublevación española: «Un grupo de alrededor de 250 portugueses de extrema derecha cruzó la frontera española el pasado 23 de Febrero. Los portugueses, antiguos jefes, oficiales, suboficiales y soldados del ejército colonial, entraron en la zona conocida como Rincón de Caya, en Badajoz, según informaron a la AFP fuentes policiales (…). Se instalaron en una granja, provistos de potentes aparatos transmisores-receptores, y tomaron contacto con centros clandestinos de la extrema derecha española, donde les informaron del desarrollo de los acontecimientos hora por hora. Si hubiera triunfado el golpe de Estado, hubieran hecho un llamamiento al ejército portugués para que se hiciera con el poder».^[217]

Las señales de la insurrección se hacían cada vez más evidentes, como el impetuoso artículo que con el título «Situación límite» escribió el teniente general De Santiago en El Alcázar, poco antes del 23-F. Sus frases eran un fiel reflejo de lo que por aquellas fechas se escuchaba en los cuarteles: «El pueblo (…) ha vuelto las espaldas a este contubernio político»; «los partidos políticos no representan al pueblo en estos momentos». La proclama concluía afirmando que «siempre hubo españoles que rescataron y salvaron a España».

A raíz de lo visto, raro sería que el gobierno no temiera algo como lo que finalmente sucedió. De hecho, existen abundantes indicios de ello. A la sorprendente y repentina dimisión de Adolfo Suárez,^[218] y el no menos sorprendente y repentino ascenso del general Armada al puesto de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, hay que añadir una anécdota que el ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo menciona en su obra «Memoria viva de la Transición».^[219] Para que todo el gobierno estuviera presente en el hemiciclo aquel 23 de Febrero era necesario que Calvo Sotelo no fuera investido en la primera votación, el viernes 20 de Febrero. Pues bien, se da la circunstancia de que el 17 de Febrero el ministro Pío Cabanillas telefoneó a Jordi Pujol:

El partido socialista tampoco debía de ser del todo ajeno a estas acechanzas a juzgar por lo que publicaba el diario El País, en la edición correspondiente al 7 de Noviembre de 1980, respecto de una confidencia de alguien muy cercano a la cúpula del PSOE, según la cual: «Existe la sensación de que el estamento militar —pese a su demostrada disciplina— no soportará mucho tiempo la actual escalada terrorista sin que se produzca algún tipo de intervención en los asuntos de la vida pública, que incluso podría justificarse constitucionalmente».

«REVUELO DE ENTORCHADOS»

El «revuelo de entorchados» comenzó a las dieciséis horas y veinte minutos del 23 de Febrero de 1981: una veintena de agentes del servicio secreto de la Guardia Civil, vestidos de civil y fuertemente armados, llegan a los alrededores del Congreso de los Diputados en cinco automóviles. Con la rapidez y el aplomo que caracterizan a los profesionales, cortan los accesos al edificio de la carrera de San Jerónimo. Al mando se encuentra un teniente del servicio de información del cuerpo que cumple órdenes directas del coronel Cassinello, jefe de Estado Mayor del mismo. El sargento responsable de la seguridad exterior del edificio se pliega a sus órdenes y él hace un rápido y discreto reconocimiento. Comprobado que se cumplen las condiciones necesarias para una ocupación sin problemas del hemiciclo, el teniente coronel Tejero recibe en el parque de automovilismo de la Guardia Civil la noticia de que el objetivo está maduro y listo para ser ocupado conforme a las órdenes recibidas.

A las seis y veinticuatro minutos de la tarde se oyeron ruidos en el exterior del hemiciclo y el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, ordenó a un ujier que fuera a ver qué estaba ocurriendo. No dio tiempo. En ese momento el salón de Plenos fue invadido por una tropa de guardias civiles armados al frente de los cuales se encontraba el teniente coronel Tejero que, al grito de: «Quieto todo el mundo; todos al suelo», obligó a los diputados a parapetarse tras sus asientos, mientras los asaltantes disparaban ráfagas de ametralladora al aire. 445 guardias civiles tomaron posiciones en el Congreso en nombre del rey y de España. Eran efectivos del parque automovilístico del subsector de Tráfico de Madrid, de la Academia de Tráfico y de la Primera Comandancia Móvil de Valdemoro.

Completada la operación de toma del Congreso, Tejero entró en contacto telefónico con el general Milans del Bosch en Valencia: «Mi general, sin novedad. Todo en orden, todo en orden. Sin novedad». Tras esta llamada se cortaron las comunicaciones con el exterior. Según fuentes presenciales, junto a Tejero se encontraba Sáenz de Inestrillas, el otro condenado por la Operación Galaxia. Desde ese momento, los asaltantes trataron de tranquilizar a los diputados: «Permanezcan ustedes tranquilos. Insisto en que no va a pasar nada. Dentro de unos minutos, un cuarto de hora o a lo sumo media hora, comparecerá la autoridad militar competente, que dispondrá lo que se ha de hacer».

En Valencia, a las siete y veinte, el capitán Fraile procedía a la lectura del siguiente comunicado del capitán general, Jaime Milans del Bosch:

A las siete y media llegó a las inmediaciones del Congreso un destacamento de la Guardia Civil que rodeó el edificio y desalojó a la multitud que se había concentrado en sus proximidades. Al mismo tiempo, un grupo de exaltados de extrema derecha se reunía en el paseo del Prado lanzando vivas al rey, a la Guardia Civil y a Franco. Durante unos minutos no pararon de llegar al Congreso numerosas dotaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Aquello era el caos. Los policías ignoraban a quién secundaban los guardias civiles y ni siquiera los propios guardias estaban muy seguros los unos de los otros. Incluso hubo frecuentes intercambios entre los golpistas y sus compañeros del exterior. Con la llegada del director general de la Benemérita, el general Aramburu Topete, la situación empezó a normalizarse.

DUQUE DE AHUMADA

Mientras tanto, el líder de los conspiradores, el general Armada, toma el mando del Cuartel General del Ejército de Tierra, ya que su superior en el mando es convocado inmediatamente a la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor en la calle Vitruvio. Allí convenció a los generales presentes de que la solución ideal para resolver la difícil situación planteada era que él se «sacrificase» ofreciéndose como voluntario para presidir un gobierno de concentración nacional que, al estar presidido por un general y tutelado por los militares, sería suficiente para contentar a los sediciosos, mientras que, al incluir a las principales personalidades de la democracia del momento, mantendría la calma de los ciudadanos y salvaría la cara de la operación frente al exterior. Inexplicablemente, a medianoche Armada consigue que se le permita acceder al Congreso de los Diputados para parlamentar con Tejero y proponerle su solución «constitucional». La contraseña para que Tejero reconociese a Armada como la autoridad que debía ponerse al mando del Congreso era «Duque de Ahumada»: «Tejero, quita la fuerza del hemiciclo. Reintegra a su puesto a los diputados que estén fuera de él, que les voy a proponer la formación de un gobierno presidido por mí». Sin embargo, cuando Tejero escuchó lo que se proponía hacer Armada se debió de sentir profundamente desconcertado. A él le habían dicho que el golpe se saldaría con la formación de un gobierno íntegramente militar, nada de «concentración nacional» y menos aún de que participasen políticos de la democracia. Fue en ese instante cuando el golpe se vino abajo. En un arranque de indignación al sentirse engañado, Tejero ordena la expulsión de Armada del Congreso e intenta seguir con la insurrección por su cuenta, pero no tiene en sus manos los elementos necesarios para hacer triunfar un complot que, eliminada su pieza principal, estaba abocado al fracaso. A la una y cuarto de la madrugada, el mensaje a la nación pronunciado por el rey ponía la lápida a la intentona golpista.^[220] Diez horas después Tejero pacta las condiciones de su rendición con el propio Armada.

El brillante plan trazado por Armada había sido abortado por la acción de Tejero. De no haber sido así, es muy probable que, amparándose en el ya citado artículo 8° de la Constitución, Armada habría sido designado como presidente del gobierno con las bendiciones de la Zarzuela, las Fuerzas Armadas e incluso el propio Congreso de los Diputados, apareciendo ante la opinión pública como el hombre que apareció en el momento oportuno para salvar una situación desesperada. Al parecer, los apoyos dentro de la Cámara no le hubiesen faltado al astuto general, que ya había hecho sus contactos políticos dejando al margen, claro está, sus intenciones de planear un golpe de timón. Según declaraciones al diario El País, realizadas por Adolfo Suárez el 31 de Abril de 1981: «Al general Armada la idea de presidir un gobierno de coalición se la sugirió un destacado socialista, según se decía hace ya mucho tiempo en el Palacio de la Moncloa». Y su sucesor en la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, aún fue un poco más lejos: «Los hombres de la UCD en torno a Adolfo Suárez éramos los únicos que no estábamos en esa operación, puesto que, precisamente, estaba proyectada para sustituir al gobierno de la UCD. La “Operación Armada” era un montaje constitucional en el que estaba prevista una segunda moción de censura y un gobierno de concentración. Éste lo pedía, además, Carrillo porque sabía que era la única forma de que hubiera un ministro comunista. Existía un pequeño núcleo de militares que quería pasar a la acción y que tenía su propia vía independiente. Todo eso coincide el 23-F. Todas las líneas, aunque no en la misma medida, confluían en Armada».^[221]

Así se desarrolló en líneas generales uno de los golpes de Estado más extraños de la Historia, en el que tanto los «tanquistas»^[*] del general Milans del Bosch en Valencia, como los guardias civiles de Tejero en Madrid, daban vivas al rey y obedecían órdenes de los dos generales más monárquicos del país. Un golpe en el que los tanques de Milans iban desarmados y los reclutas que los conducían parecían más asustados que los propios ciudadanos valencianos. Lo que quiso ser una estrategia de diseño quedó convertida en una caótica chapucería.

CONCLUSIÓN

En cualquier caso, fuera o no ésta la intención de los cerebros en la sombra de este sainete, el golpe sirvió para insuflar un poco de oxígeno a la joven democracia española y asentar para siempre la monarquía como una de las instituciones más valoradas de España. Las demostraciones cívicas de los españoles en los días posteriores al golpe dejaron sumamente claro que la ciudadanía no estaba dispuesta a tolerar golpes de timón, viniesen de donde viniesen. La mañana del 24 de Febrero de 1981 terminó la transición. En algo tenía razón el general Franco: «No hay mal que por bien no venga».