En 53 años, Raúl Enrique Silva nunca imaginó su muerte. Mucho menos consideró que podía ocurrir en el aniversario del momento más feliz de su vida: el nacimiento de sus mellizos, en Medellín. El 3 de marzo de 2008 Silva, conocido como El Viejo, y su compatriota Fernando Cardona Osorio, alias El Mono, fueron asesinados, descuartizados y, por si fuera poco, quemados. Sus restos aparecieron en una camioneta Fiorino abandonada en La Tablada. Ambos ciudadanos colombianos habían ingresado al país como turistas y alquilaban un amplio departamento en Olazábal al 2900, en Belgrano. Les dispararon con un calibre 22 y luego serrucharon sus extremidades para que entraran en bolsas de consorcio. Ni bien reconocieron los cuerpos, los servicios de inteligencia colombianos no tuvieron dudas: aquello era parte de la pelea por las rutas de la cocaína hacia Europa entre Daniel El Loco Barrera Barrera —narco reconocido por su maquiavélica forma de pactar con las FARC, con paramilitares y con carteles de toda América y Europa— y Carlos Mario Jiménez, Macaco, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El crimen de La Tablada desnudó las actividades del brazo transnacional del narcotráfico colombiano en la Argentina. Pero también descubrió a sus socios criollos. Una larga investigación de la Unidad de Fiscales número 4, a cargo de Analía Córdoba, apartó de la causa judicial a la DDI de La Matanza —con jurisdicción en La Tablada—, sospechada de ocultar datos y desviar la investigación.
A la Justicia le llevó tiempo descubrir las piezas del rompecabezas. La última apareció dos años después, en enero de 2010. Nahuel Lorenzo Gemetro, porteño de 27 años, fue detenido en Pinamar acusado de integrar una banda dedicada al tráfico de ketamina, anestésico de uso veterinario utilizado como sustancia alucinógena. Gracias al peritaje de celulares, se concluyó que Gemetro fue uno de los encargados de trasladar los restos de Silva y Cardona, desde Belgrano hasta La Tablada. En uno de los mensajes de texto rastreados le dicen a Gemetro que tiene que ir a Capital a buscar el paquete para llevárselo y dejarlo en algún lugar.
La orden había salido del teléfono de Rubén Darío Serna Lobo, otro colombiano que decía hacer negocios con madera, y juraba ser primo de Mauricio Chicho Serna, ex mediocampista del Nacional de Medellín y de Boca Juniors. Meses antes de la detención de Gemetro, la fiscal ya había caído sobre Serna Lobo. Una carta enviada a la División Drogas de la Gendarmería Nacional, firmada por la viuda de Silva, brindó datos sobre el entorno de su esposo.
Desde 2007, Serna Lobo recorría la Argentina como un turista más. Se paseó por Bariloche, Mendoza, Córdoba y las Cataratas del Iguazú. Andaba por la triple frontera cuando lo detuvieron en la aduana de Ciudad del Este. No fue el único con pedido de captura. José Alexander García González, proveniente de Medellín, también fue requerido por la justicia. La fiscal no lo podía creer: Alexander ya estaba preso por una causa de tráfico de drogas con mulas a España.
A Serna lo tenían en la mira no sólo por seguimientos telefónicos que lo ubicaban en la escena donde aparecieron los cuerpos, sino por sus propios descuidos. Cuando entregó las llaves del departamento de Olazábal, le dijo a la propietaria que Cardona Osorio se había vuelto a Medellín. Unos días después la hermana de la víctima llamó al teléfono del departamento deshabitado preguntando desesperada por su hermano, de quien no tenía noticias desde hacía semanas.
Las pruebas realizadas con luminol permitieron a los investigadores descubrir manchas de sangre en los tres cuartos y en el baño de la vivienda. A la fiscal no le quedaron dudas de que a Silva y Cardona Osorio los descuartizaron ahí mismo y que luego usaron a los argentinos para borrar las pruebas. Otro argentino se encargó de incendiar la camioneta Fiorino. “Esto no era lo que me habías dicho”, se quejó este hombre a otro a través del MSN en relación a que había tenido que prender fuego el vehículo. En la causa también aparecía el dueño de una inmobiliaria porteña que conseguía departamentos y casas a colombianos. Y efectivos de la DDI de La Matanza, que eludían cada vez que la fiscal les pedía seguir pistas de Serna en Buenos Aires. Cuando los investigadores judiciales —cansados de la ineficacia policial— se dispusieron a detener ellos mismos al sospechoso, encontraron a los efectivos de la fuerza conversando amigablemente con Serna en su domicilio. “Más que policías, parecían cómplices”, sugirió un investigador presente en el operativo.
Los asesinatos de colombianos se sucederían en la Argentina cada vez con mayor frecuencia y un nivel de logística que sólo gente con contactos locales puede proporcionar.
La muerte de Monoteto
24 de julio de 2008: estacionamiento del shopping Unicenter, de Martínez. Tres ciudadanos colombianos fueron atacados a balazos por dos tiradores motorizados que escaparon del lugar, Jorge Alexander Quintero Gartner murió en el estacionamiento; Héctor Edilson Duque Ceballos alcanzó a ser trasladado al hospital de San Isidro herido de gravedad, donde falleció horas después. El tercero, Julián Andrés Jiménez Jaramillo, resultó milagrosamente ileso. En total recibieron dieciséis balazos calibre 40.
Jiménez Jaramillo y Duque Ceballos se conocieron en la discoteca Mangos de Medellín en septiembre de 2004. Duque ya era un “pesado” y dos guardaespaldas lo seguían día y noche. Todos lo conocían por su apodo: Monoteto o El Jetudo. Era lugarteniente de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
Monoteto se encargaba de administrar haciendas en Antioquia, manejando finanzas y comercialización de una banda llamada La Cordillera, integrada por ex paramilitares. De aquellos tiempos data su relación con Mi Sangre quien, durante el doble homicidio, ya se encontraba instalado en Buenos Aires esperando el refugio político que nunca llegaría.
“El día que lo mataron a Monoteto pensé por primera vez que Argentina había dejado de ser un sitio seguro para nosotros”, le confesó Henry al autor en el penal de Ezeiza. “Sentí que en cualquier momento podían venir por mí”.
Con 20 años, Jaramillo era emprendedor con muchas ambiciones. Tenía comercio de ropa, vendía grandes marcas y Ceballos amaba la ropa Armani y Versace. Durante años se encontraban todo el tiempo. Jaramillo empezó a trabajar como correo, llevando y trayendo “encargues”. Una tarde recibió un llamado de Duque.
—¿Por qué no te vienes para Buenos Aires? Ando necesitando que me vistas. Tráete varios sacos, pantalones y camisas de esas que tú sabes que me gustan —le dijo Ceballos a su joven discípulo.
Cuarenta y ocho horas después Jiménez Jaramillo embarcaba en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, acompañado de una joven colombiana llamada Alejandra Pinzón. Además de un bolso de mano, llevaba el encargo de su amigo: diez perchas cargadas con ropa de marca, a la que habían preparado especialmente para alojar unas bolsas de polietileno repletas de esa sustancia blanca que tan bien se cotizaba fronteras afuera de su país.
Al llegar a Ezeiza, la pareja sorteó sin inconvenientes los permeables controles aduaneros y tomó un taxi con rumbo a Puerto Madero. En una habitación del noveno piso del Hotel Faena, los esperaba Duque Ceballos, junto a Carlos Arturo Escobar, un primo de Macaco de paso por Buenos Aires. Esa noche cenaron los cuatro en el restaurante de la planta baja del hotel.
Para diciembre de 2007, Duque y Jaramillo se mudaron a las afueras de la ciudad, buscando verde. Primero al barrio privado El Carmel y luego al country Ayres del Pilar. Allí alquilaron un enorme chalet con vista al parque, donde cada dos por tres llegaban visitas de compatriotas, entre ellos Quintero Gartner. Tuvieron un verano explosivo. Con dólares disponibles, todo resultaba fácil. Dos veces por semana, retiraban suculentos envíos de dinero de las oficinas de Western Union en Pilar y vivían una vida de película: cenas en restaurantes caros, mujeres hermosas, autos lujosos y las mejores pilchas. Acostumbrado a que lo bueno dure poco, Jaramillo sabía que el paraíso no podía ser eterno.
Aquel 24 de julio, al menos cuatro personas a bordo de una moto de alta cilindrada y un automóvil, interceptaron a Duque Ceballos, Gartner y Jaramillo cuando salían del Unicenter hasta el Volkswagen Vento en el estacionamiento. Jaramillo ya había ingresado al auto, cuando escuchó los disparos. Duque y Gartner fueron impactados por dos pistolas diferentes. “Detrás del doble homicidio de los colombianos, hubo mano de obra local”, dijo el fiscal de San Isidro, Diego Grau antes de disponer las detenciones de Víctor Ovejero —alias Pelado— y Jorge Moreyra —también conocido como Zurdo—, señalados como autores materiales de la masacre de Unicenter.
El registro de las cámaras de seguridad del shopping, la tenencia de una calibre .40 propiedad de Moreyra y una serie de escuchas telefónicas donde ambos se referían al hecho y requerían a sus contactos que los ayudaran a ocultar el vehículo utilizado para la logística del asesinato múltiple, corroboraron la historia. El Zurdo y el Pelado formaban parte de la barra brava de Boca e integraban el entorno de Richard El Uruguayo Laluz Fernández, uno de los líderes de la organización boquense. Pero el cerebro local de la operación había sido Martín Magallanes, un empresario argentino que mantenía reuniones frecuentes con los barras en un local de la avenida Juan B. Justo al 5.400, propiedad de Moreyra. Su nombre iba a estar muy ligado a otro múltiple homicidio que se instalaría en las primeras planas de los diarios un mes después de la masacre de Unicenter: el triple crimen de General Rodríguez.
“Esto fue planeado en la Oficina de Envigado, considerada en Colombia la mayor organización de sicarios, especialmente dedicada a homicidios, venganzas y ajustes de cuentas”, sostiene un informe de inteligencia integrado a la causa. Según la investigación, el Pelado habría oficiado de apoyo, quedando en las afueras de la playa del centro comercial a bordo de una camioneta color blanco, mientras el Zurdo pudo haber sido quien realizó parte de los disparos contra los colombianos. “Entre el Zurdo y el Pelado se repartieron tres palos por bajar a los colombianos, mientras que Magallanes habría cobrado cinco millones de pesos por organizar las dos masacres”, confió una fuente judicial.
Horas después de la balacera, Jiménez Jaramillo recibió un mensaje de texto. “Ya salieron en las noticias. Están muertos”. La autora fue Liliana Falcón, meses más tarde detenida junto a su esposo, Horacio Bérgamo, ex capitán del Ejército, por su intervención en el envío de 900 kilos de cocaína disimulados en un embarque de madera, durante el operativo Diciembre Blanco. Ese cargamento pudo ser interceptado gracias al testimonio de Manuel El Gordo Kleiman, uno de los expertos argentinos en “logística” más utilizado por los carteles colombianos para transportar droga a Europa disimulada en barcos vía el puerto de Buenos Aires.
Condenado a diez años de prisión por haber sido el organizador de la operación Merluza Blanca, Kleiman declaró como “arrepentido”. Ante el juez, describió detalladamente la relación con los narcos colombianos que contratan logística argentina para sus cargamentos pagando hasta el veinte por ciento de comisión. “Que ese Jaramillo no se haga el santito”, dijo, “si fue uno de los que participó de la operación Merluza Blanca. Yo me reuní con él en Sierra de los Padres, vino acompañando a su tío, un colombiano al que todo el mundo llamaba El Don y cuatro culatas que se quedaron afuera. Querían cambiar la metodología de embarque de la falopa para que no los detectaran”.
Después del doble crimen de Unicenter, el coronel César Pinzón, jefe de la Dirección de Policía Judicial de Colombia, confirmó que Duque era “un estrecho colaborador de Macaco Jiménez”, jefe paramilitar que depuso sus armas y fue preso en diciembre de 2006 como parte de negociaciones con el gobierno para la desmovilización de bandas paramilitares. Pinzón manejaba dos hipótesis sobre la muerte de Duque: “O fue un coletazo de la lucha interna por la sucesión en el grupo de Macaco o se debió a problemas dentro del grupo de narcos por un cargamento de 470 kilos de cocaína decomisado en mayo de 2008 por las autoridades argentinas”.
San Fernando. Lunes 23 de febrero de 2009. Juan Sebastián Galvis Ramírez, su cuñado Jorge González Ramírez, su padre, Rodrigo Alberto Galvis Carmona, y un amigo, Jesús Ariel Cubillos Burbano —todos oriundos de Colombia— llegaron hasta el local Ronosto, en Avenida Libertador y Cordero, a comprar un bote para el yate de González Ramírez, valuado en 400 mil dólares. Mientras dos eran atendidos en local, Galvis Ramírez permaneció junto a Cubillos sentado en un banco al frente del negocio. En ese momento, llegaron dos hombres en moto, uno desenfundó una pistola 9 milímetros y comenzó a disparar contra Galvis. Malherido, se arrastró hasta la puerta del local mientras su agresor continuaba disparándole. Cayó con medio cuerpo dentro del negocio. Los atacantes hicieron catorce disparos, de los cuales diez impactaron en la víctima.
Para los investigadores locales, las similitudes entre la masacre de Unicenter y este crimen guardan relación con la organización narco liderada por Macaco, a quien Galvis reportaba. Sin embargo, para la inteligencia colombiana el verdadero objetivo del atentado fue su primo, González Ramírez, ex integrante de las autodefensas ilegales.
El comandante de la policía de Medellín, Dagoberto García, señaló que el mencionado Monoteto y Antonio López alias Job (asesinado en un restaurante de Medellín el 28 de julio de 2008) eran lugartenientes de Macaco y de Diego Fernando Murillo —Don Berna— respectivamente, dos de los catorce jefes paramilitares que el gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos en 2008, por considerar que seguían operando pese a haber entregado las armas, en un proceso que concluyó en 2006. “González Ramírez aparece en un expediente de lavado de dinero de drogas procesadas por las FARC y canalizadas a través de los paramilitares. Con el seudónimo de jota, se lo vinculó con más de mil millones de pesos colombianos encontrados en una vivienda de Bogotá”, declaró el funcionario policial. “Se trata del cobro de viejas cuentas entre carteles y jefes de las desmovilizadas autodefensas, con el objetivo de ganar el mercado argentino como puerta privilegiada para el tráfico de droga a Europa y Asia”, agregó García.
Con Macaco encarcelado en los Estados Unidos, era más fácil quitarse de encima a los herederos de las AUC, integrantes de los nuevos “grupos emergentes”, para quedarse con las rutas y traficar a Europa sin problemas.
Cinco colombianos asesinados por sicarios en Buenos Aires entre marzo de 2008 y febrero de 2009. Demasiada coincidencia para que pasara inadvertido ante los ojos de quien quisiera ver los coletazos de una guerra que paulatinamente comenzaba a trasladarse hacia el sur del continente americano.
El año del desembarco
El análisis de lo ocurrido durante 2008 es clave para entender el fenómeno de la migración colombiana a la Argentina, que incluye la llegada de personajes como Gran Hermano o Mi Sangre, y la relación de este proceso con la epidemia de asesinatos que atestó las calles de las principales ciudades de Colombia en la última década. Ese año se produjo el gran salto en el número de colombianos que iniciaron sus trámites para radicarse en el país, cifra un 204 por ciento mayor que el promedio anual de los ocho años anteriores, llegando a 5.584 en 2008.
La creciente tendencia migratoria está caracterizada por un prolongado período de conflicto social y armado que experimentó un recrudecimiento con la llegada de Alvaro Uribe Vélez al gobierno. “El uribismo definió como prioridad nacional la lucha antiterrorista y provocó el incremento de la crisis humanitaria y, consecuentemente, del número de personas que abandonaron el país a raíz de la violencia”, describe Claudia Hernández, magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En este contexto, más de tres millones de colombianos —el diez por ciento de la población total— optó por emigrar. Para el 2006, cerca de 300 mil habían solicitado su condición de refugiados políticos en países vecinos, entre ellos la Argentina, donde el asilo de ciudadanos de Colombia representa la segunda migración por refugio presente, después de la senegalesa, según datos del Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE).
Pero el fenómeno no se detuvo. Las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), demuestran que en el año 2010 hubo 7.759 colombianos que iniciaron trámites para su residencia en la Argentina, mientras que en el 2011 la cifra alcanzó los 10.889: más del 40,34 por ciento del año anterior y más de un cien por ciento en relación a 2008. Ahora bien, ¿cuántos de éstos han tenido o tienen conflicto con la ley penal? De acuerdo al relevamiento del consulado de Colombia en Buenos Aires, hasta mayo de 2013 había 151 colombianos detenidos en cárceles argentinas, de los cuales 106 ya habían sido procesados y 45 tenían condena de la justicia. El 40 por ciento de estas detenciones tiene relación con el narcotráfico. En 1994 había 7 detenidos (todos acusados de narcos) y en 2010 el número ascendía a 64 (85 por ciento por tráfico de estupefacientes).
Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, 32.000 colombianos residen hoy en Argentina, aunque para las autoridades consulares, la cifra podría llegar a los cincuenta mil. El flujo continúa. Entre enero de 2012 y marzo de 2013, 215.219 colombianos llegaron al país, donde actualmente hay mil refugiados de esta nacionalidad. Sólo entre 2008 y 2012 se les otorgó refugio a trescientos.
No obstante, las cifras no contemplan a los que están de forma irregular en el país. “La mayor parte de los ilegales ingresa por vía terrestre, al cruzar alguna de las fronteras, se les da una tarjeta de entrada o un sello en su pasaporte de estadía máxima de noventa días en calidad de turista. Sin embargo, puede vencerse el plazo de los tres meses y con solo pagar una multa de cien pesos a la autoridad migratoria ubicada en algún aeropuerto internacional o algún puesto fronterizo, el problema queda resuelto”, explica Juan Diego Ríos Suzunaga, integrante de la Red Colombia nos une, organización no gubernamental destinada a fortalecer los vínculos con los colombianos en el exterior. “Usías facilidades para conseguir residencia, y con ella obtener los mismos privilegios de un argentino, es una de las razones que motivan la migración hacia este país”, completa. Para la especialista Claudia Hernández, “el fenómeno también está motivado en las condiciones de pobreza, las desigualdades socioeconómicas y la violencia estructural que se vive en Colombia; y en las posibilidades de inserción en la educación superior y la expectativa de experiencia cultural y democrática en la Argentina actual”.
Diplomacia
Jueves 20 de diciembre de 2012. Puntual e impecable como siempre, Rafael Bielsa ingresó en el salón del restaurante del hotel Claridge a las 12:30, saludó al maitre y se dirigió al reservado donde aguardaba el embajador de Colombia Carlos Rodado Noriega. Afuera, el calor de los últimos días del año hacía sudar a los porteños. Si bien se trataba de un encuentro extra oficial, el almuerzo tenía por finalidad limar alguna aspereza surgida entre los gobiernos argentino y colombiano a raíz de declaraciones públicas vertidas por el Secretario de Seguridad Sergio Berni, en las que había ligado el aumento del delito en la ciudad de Buenos Aires con la presencia de un número cada vez más creciente de colombianos supuestamente dedicados al robo de casas, departamentos y autos. Luego de los saludos protocolares, funcionario y diplomático comenzaron una charla amena mientras aguardaban el almuerzo. Comieron ensaladas tibias, bebieron agua mineral y comentaron acerca del incómodo episodio que había motivado la reunión.
—Las palabras de Berni no representan el sentimiento ni del pueblo, ni del gobierno argentino, fue un exabrupto, un error grosero —intentó justificar el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico (Sedronar).
—Entiendo, pero sus dichos son un acto de simplismo que no se compadecen con la complejidad del fenómeno. Este hombre viene repitiendo cifras en los medios sin sostenerse en ninguna estadística seria y creo que debería disculparse por lo que ha manifestado —respondió Rodado Noriega.
En ese punto, a Bielsa le pareció una buena idea intentar un acercamiento explícito. Llamó al celular de Berni y contestó su secretaria.
—El doctor está en una reunión. ¿Quiere que le deje un mensaje?
—Por favor, dígale que me llame a la brevedad, es urgente —le respondió el titular de la Sedronar.
La conversación continuó hasta que, a los postres, el teléfono de Bielsa vibró sobre la mesa. Era Berni.
—Hola Sergio. Aquí estoy almorzando con el embajador de Colombia a quien me gustaría que conocieras. Ha quedado muy consternado con tus declaraciones y sería bueno que aclaráramos la situación. Creo que se merece una disculpa.
Del otro lado de la línea, no hubo respuesta. Bielsa pensó que se había cortado.
—Sergio ¿estás ahí?
El silencio se transformó en interrogante, con tono de amenaza.
—¿Vos estás hablándome con el colombiano delante tuyo? —preguntó Berni.
—Si, por supuesto, aquí estamos con Carlos.
—Bueno, tengo un mensaje para él. Decile que se vaya a la reputa madre que lo re mil parió —contestó Berni. Y cortó.
La calentura del secretario de Seguridad tenía un motivo. Ese mismo día, el diario La Nación había publicado una carta de lectores firmada por Rodado Noriega donde el diplomático contestaba públicamente las afirmaciones de Berni. “Este señor repite una cifra de 450 colombianos detenidos, ya mencionada por él en septiembre. Le hemos solicitado reiteradamente, pero sin respuesta alguna, acceso a las estadísticas oficiales de criminalidad para analizar la situación y ofrecer nuestra cooperación, que ya ha probado su efectividad en operaciones ejecutadas con información de inteligencia exclusiva de la Policía Nacional de Colombia y que ha permitido la identificación y captura de delincuentes en este país. Y no hemos tenido respuesta”. La carta concluía afirmando que “no se trata de desconocer que en la Argentina hay una minoría de colombianos que han hecho un uso indebido de la histórica hospitalidad con que este país ha recibido a nuestros conciudadanos. Pero no por esto podemos permitir que reiteradamente se enlode de manera injustificada el buen nombre de los más de cincuenta mil ciudadanos colombianos de bien que están estudiando, trabajando y aportando a la sociedad que con generosidad los acoge”.
Ríos Suzunaga afirma que “el gran aumento de emigración colombiana hacia el Río de la Plata trajo consigo malestar tanto para la sociedad argentina como para la misma colonia colombiana radicada en este país. Por un lado, los argentinos comenzaron a sentir cierta desconfianza y xenofobia frente al migrante colombiano, al mismo tiempo que éste empieza a ser discriminado por algunas autoridades, instituciones e incluso los nacionales argentinos por el hecho de provenir del mismo país que muchos delincuentes detenidos como integrantes de bandas de departamenteros, sicarios e incluso narcotraficantes que intentan iniciar comercio de drogas en la región del Cono Sur”.
A partir del segundo semestre de 2012, los voceros de las fuerzas de seguridad argentinas comenzaron a instalar en la prensa la idea de que muchos de los robos a departamentos y casas, e incluso a vehículos estacionados en centros comerciales, estaban relacionados con grupos de colombianos, jóvenes principalmente, que habían ingresado al país declarando en Migraciones su intención de iniciar estudios universitarios o algunas carreras de postgrado. Varios matutinos llegaron a publicar cálculos extra oficiales basados en especulaciones policiales en los que se consignaba que durante 2012 fueron detenidos en la Capital Federal 130 colombianos acusados de cometer diversos delitos. Es decir, uno cada tres días. “Los colombianos que delinquen en ciudades como Buenos Aires, manejan nuevas modalidades de robo que sorprenden tanto a los porteños como a los policías locales”, asegura la periodista argentina Patricia Lee, encargada del seguimiento de los medios colombianos para la web Infobae Internacional.
“De acuerdo con las autoridades de la Policía Federal, estos migrantes alquilan departamentos y durante semanas estudian el comportamiento de sus vecinos, hasta corroborar que el inmueble está desocupado. Luego, mediante una técnica que requiere el uso de parafina, copian la llave para ingresar a la propiedad sin necesidad de forzar la puerta de entrada, y de esta manera, desvalijar la propiedad”, sostiene Ríos Suzunaga. Pero lo más grave no ha sido el descubrimiento de este tipo de bandas dedicadas a delitos comunes, sino la detección de peligrosos narcotraficantes y ex paramilitares colombianos instalados en Argentina con una impunidad preocupante. “El proceso de trasnacionalización no es nuevo, comienza en los noventa y se consolida en la década siguiente, recordemos que en 1994 llegó a la Argentina la familia y el contador de Pablo Escobar Gaviria y recién mucho tiempo después, debido a un cambio de política criminal con respecto al ex líder del cartel de Medellín y de un reposicionamiento de las alianzas entre los diferentes grupos que se disputan el poder en Colombia, fueron descubiertos y procesados por lavado de dinero”, explica la fiscal argentina Mónica Cuñarro, especialista en narco-criminalidad.
“El problema más grave es para los asilados porque entre ellos hay muchas personas que huyeron de Colombia escapando de la persecución de los paramilitares, a quienes el gobierno las cuidaba dándoles un teléfono celular como toda protección”, afirma la reconocida bloguera colombiana Emma Flood. “Estas mismas personas se encuentran ahora en la Argentina, muy cerca de aquellos paramilitares que las perseguían y como es natural sienten un gran temor porque reconocen a los mismos que los perseguían en Colombia”, completa la responsable de una de las bitácoras más visitadas por los lectores colombianos.
Es la sensación que seguramente tuvo Jairo Mojarro Saldarriaga, antes de recibir cinco tiros de un sicario el 17 de abril de 2012, en una coqueta esquina de Barrio Norte porteño. O Jorge Guzmán Ospina asesinado por la espalda de un balazo casi un año después en Colegiales.
Los pioneros
En el country Las Praderas más de un vecino supo siempre que la mujer que se hacía llamar María Isabel Santos Caballero era en verdad María Victoria Henao, esposa del mítico jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Pero a ninguno pareció preocuparle demasiado. La señora había iniciado el trámite de radicación apenas llegada al país proveniente de Colombia, el 24 de diciembre de 1994 y obtuvo su DNI poco tiempo después como “inmigrante con capital”. Para conseguir la radicación, la esposa del narcotraficante necesitaba demostrar que era una inversora. Sin revelar su verdadera identidad, consultó a un prestigioso abogado, quien le sugirió que comenzara a invertir en propiedades. Así María Isabel compró la magnífica casa de Las Praderas —tradicional barrio cerrado ubicado en Luján—, otro lote en el mismo country y una sociedad en el Uruguay. Después adquirió dos departamentos más y un gran terreno en la avenida Huergo, frente a Puerto Madero. En todo momento, la mujer se presentó como la viuda de un empresario colombiano de nombre Pablo Marroquín. La documentación de sus dos hijos también respondía a ese apellido, Juan Pablo el varón y Juana Manuela, la más chica. Hasta la novia del primogénito, la mexicana Andrea Ochoa, se rebautizó como María Ángeles Sarmiento.
En el trámite de radicación presentado ante Migraciones se habían cumplido todos los requisitos y la documentación personal estaba impecable. La señora era parte del programa conocido en su país como protección de personas y desde Colombia respondieron a las requisitorias de Migraciones con datos coherentes con el nuevo nombre. Por eso, desde las oficinas de 25 de mayo que por entonces manejaba Hugo Anzorregui, la SIDE le informó al presidente Carlos Menem que no había motivos para incomodarla con trámites judiciales. Sin embargo un informe televisivo emitido por el programa Memoria, conducido por Samuel Chiche Gelblung, delató su presencia en Argentina y a las pocas horas la Justicia ordenaba su detención en un departamento del barrio de Saavedra, acusada de falsificación de documentos y lavado de dinero por dos millones de dólares. Dieciocho años después de aquel primer desembarco, hoy la viuda vive en un barrio privado de Tigre, alejada de los conflictos judiciales y del aquel ostentoso pero violento pasado en la hacienda Nápoles, de la ochentosa Medellín. Actualmente está dedicada a la decoración de interiores y al coaching.
Juan también buscó despegarse de la historia de su padre. Luego de recibirse de arquitecto, se instaló en Palermo Soho, donde atiende junto a su esposa María Ángeles la firma “Escobar Henao”. Allí, diseñan jeans y poleras que luego se venden por internet o en locales de otros países. Las estampas de las prendas están inspiradas en la figura de su viejo, aunque las leyendas intentan llevar a la reflexión. El modelo “Permiso especial Congreso”, por ejemplo, tiene impreso el carné de libre tránsito que le dieron a su padre en los 80, cuando gozaba de inmunidad parlamentaria. Pero el lema estampado en el dorso abre el interrogante: “¿Tus privilegios son acaso fruto de tus engaños?”. Cada prenda cuesta entre 60 y 95 dólares. La identidad de la marca es un escudo que la familia utilizaba en su vajilla y ropa de la casa, cuando aún vivían en Medellín: las iniciales de los apellidos de su padre y de su madre, una E y una H entrelazadas. Juana también vivió el peso del apellido paterno cuando la echaron de varias escuelas. Hoy estudia la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad de Palermo.
Así es la vida de los herederos del mítico Pablo Escobar Gaviria en un país que se ha transformado en el refugio más utilizado por sus compatriotas para escapar de los tenebrosos pasados que anhelan dejar atrás. Cualquier similitud con alguna de las historias descriptas anteriormente en este libro, no es mera coincidencia.