9. Sublevación en el Palacio Rojo de Ciudad Real (7-11 de marzo)

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Sublevación en el Palacio Rojo de Ciudad Real (7-11 de marzo)

9.1. Rebelión en el ejército de Extremadura

9.1. REBELIÓN EN EL EJÉRCITO DE EXTREMADURA (5-11 DE MARZO)

En la provincia de Ciudad Real no se había producido ningún combate desde el 23 de julio de 1936, fecha en la que se produjo el mayor enfrentamiento armado del golpe de Estado en la provincia, con los sucesos de Arenas de San Juan, donde murieron más de cuarenta personas[1]. Ahora, en marzo de 1939, las mismas fuerzas del Frente Popular estaban liadas a tiros. Los sucesos principales se desarrollaron en el palacio episcopal de la capital, situado en la céntrica calle Caballeros, que al comienzo de la guerra fue incautado por el Partido Comunista para albergar su sede, conocido desde entonces como Palacio Rojo.

Los primeros acontecimientos se desataron fuera de la capital, y sus protagonistas fueron las fuerzas militares de tendencia comunista pertenecientes al Ejército de Extremadura. Éste se encontraba esparcido por gran parte de la provincia. Estaba compuesto por entonces por tres Cuerpos de Ejército: el VI, con las Divisiones 29 y 36, y las Brigadas 46, 148, 192, 47 y 113; el VII, con las Divisiones 37, 41 y 51, y las Brigadas 4, 20, 109, 81, 91, 193, 66, 115 y 210; y el VIII, con las Divisiones 38, 63 y 68, y las Brigadas 88, 103, 25, 61, 86, 114, 189, 191 y 194. A ellos se sumaban la 3.ª Brigada de Caballería, la 200.ª División de Guerrilleros, la 12.ª Brigada de Asalto y la 2.ª Brigada de Blindados.

El 3 de marzo, a las 11 de la mañana, los principales mandos del Ejército de Extremadura, jefes de divisiones y brigadas y jefes de todos los servicios, habían sido convocados por el jefe del mismo, general Antonio Escobar, a una reunión en el pueblo de Siruela (Badajoz). En esta reunión —según uno de los asistentes— no habló «más que de unión y amor, confianza en el fiel acatamiento a sus órdenes»[2]. El día 5, al conocer el golpe de Casado, se explicaron la actitud de Escobar. Pero de poco sirvió el mensaje del general. Los comunistas decidieron no quedarse quietos.

En el VI Cuerpo de Ejército planearon coger el poder por sorpresa, pero fracasaron. «El día 6 por la tarde estaba todo preparado para tomar todo el Ejército —cuenta en un informe el responsable del PSUC en él—, al parecer hubo chivatazo, pues los mandos socialistas y anarquistas que estaban identificados con la Junta, empezaron a detener a los camaradas del P. haciendo fracasar nuestros planes»[3]. A pesar de todo, «se sublevaron dos compañías de la 47 brigada al mando de Telesforo Aguado, que anteriormente había sido comandante de la brigada. Mataron a Bernabé García Navarro, el sindicalista que la mandaba, a su comisario Domingo Chacón y al teniente ayudante»[4]. La sublevación fue reducida tras la detención del jefe de la 47.ª Brigada y de todos sus seguidores. También tuvo que detener al jefe de la 113.ª Brigada.

En el VII Cuerpo de Ejército, su jefe, Martín Calvo Calvo, citó para la madrugada del día 6 a todos los responsables de las divisiones del cuerpo y a los comisarios. En la reunión, el comisario del Cuerpo de Ejército, el socialista Benigno Cardeñoso, les intentó convencer para aceptar la Junta como hecho consumado. Cuando se marcharon solicitaron orientaciones al partido de la conducta a seguir, «manifestándonos nuestros temores sobre Martín Calvo».

Estuvimos sin noticias —añaden el jefe de la 41 División y el comisario de la misma— mas que las de la radio hasta el día 7 a eso de las 9 de la noche que se personó en nuestro P. C., en Herrera del Duque, el camarada Jesús del provincial de C. Real, el cual decía traer órdenes del C. C. en el sentido de entregar el mando de la División al camarada del Rey y nosotros con unos 200 guerrilleros que esperaban en Siruela y 2 Batallones de la 66 que no estaban en la Brigada y que dijo estarían en las proximidades de Agudo y a los que Martín Calvo en la orden del día ponía a disposición de otra brigada, debíamos proceder a tomar el C. de E. y en que Martín Calvo había detenido al instructor del P. camarada Parra, que había ido a darle instrucciones[5].

Los comunistas procedieron a detener a los jefes de las Brigadas 81 y 91 así como a sus comisarios y jefes de Estado Mayor, lo que se realizó sin dificultad y sin violencia. Tras estas detenciones hicieron entrega de la división a Del Rey, recomendándole que destacara una Compañía al cruce de la carretera de Piedrabuena con la de Siruela, pues sabían que la 126.ª Brigada tenía fuerzas destacadas en las proximidades de Puebla de Don Rodrigo, por orden del general jefe del Ejército de Extremadura.

Las fuerzas de la Junta actuaron con rapidez, expulsando a los guerrilleros de Siruela. Dos batallones de la 20.ª Brigada lograron tomar esta población extremeña, huyendo las fuerzas de guerrilleros al monte. Lo mismo hicieron los responsables de la 41.ª División contrarios a la Junta de Defensa, algunos de los cuales salieron meses después de España en barco, al enterarse por el jefe de Intendencia de la 65.ª Brigada, destinado en Almadén, que los dos batallones que debían de estar en Agudo no se habían movido de su antiguo puesto, en las inmediaciones de Peñalsordo. Entre ellos, el jefe de la división, el socialista Damián Fernández Calderón, y el comisario político Félix Navarro Serrano, del PCE.

Pedro Martínez Cartón, diputado a Cortes por el Partido Comunista, que había organizado diversas milicias en Extremadura y luego la 16.ª Brigada en Ciudad Real —con la que dominó el reducto sublevado de Santa María de la Cabeza en mayo de 1937— estaba nuevamente por tierras manchegas después de una breve estancia en Levante. Adquirió un papel protagonista por la zona de Almadén y Puertollano en los actos contra el Consejo de Defensa. Los acontecimientos le sorprendieron en Almadén, de visita a la Agrupación Toral, compuesta de dos divisiones, la 6.ª y la 52.ª, con dos brigadas en Puertollano. A las 6 de la mañana del día 6 se reunieron Toral y Cartón y decidieron la actuación a seguir[6]. En primer lugar, telefonearon a todos los mandos de la agrupación para avisarles que no aceptaran más órdenes que las de ellos. Después colocaron un batallón de ametralladoras defendiendo Almadén y cortando las carreteras. Por último, telefonearon al jefe de la 43.ª Brigada de Puertollano para que ocupara el pueblo, lo que cumplió sin tibieza colocando ametralladoras en las calles más importantes. Ante la resistencia del mayor de Artillería Francisco Blanco Pedraza, partidario del golpe de Casado, el diputado comunista Martínez Cartón «situó sus tropas en Argamasilla y amenazaron a Blanco Pedraza con tomar Puertollano al asalto, pero después desistieron y no estallaron choques sangrientos»[7].

El general Escobar convocó urgentemente a su cuartel general de Piedrabuena a Martínez Cartón para la noche del día 6. Según el testimonio de éste[8], le recibió muy bien. El general comenzó su conversación manifestándole que a pesar de que la 43.ª Brigada había ocupado Puertollano no tomaba represalias contra ella porque no había hecho víctimas y que saldría inmediatamente hacia Cartagena a sofocar la sublevación. El general pidió a Cartón que hablase con el Comité Provincial del partido en Ciudad Real pues sabía que iban a sublevarse. «Contesté que era mal oficio el que pretendían de mí porque yo no estaba de acuerdo con la Junta y no podía aconsejar a los demás en favor de ella». El comisario socialista Mora, también presente, le pidió que recapacitara para evitar la lucha entre los que habían luchado juntos contra el fascismo. Ante la negativa de Cartón, éste abandonó Piedrabuena con destino a Almadén, donde llegó la madrugada del día 7. Horas después hubo una reunión donde acordaron organizar la toma del Ejército de Extremadura y marchar después a Ciudad Real para apoyar los planes previstos por el Comité Provincial del PCE.

La sublevación más decidida de las tropas del Ejército de Extremadura fue protagonizada por la base de blindados de Daimiel y los Guerrilleros del balneario de Fuensanta. El domingo 5 de marzo se presentaron en Daimiel un comandante y varios oficiales de guerrilleros con una pequeña fuerza y tres tanques, ocupando el Ayuntamiento y demás edificios públicos y cortando las comunicaciones[9]. Las autoridades se alarmaron. El que fuera gobernador civil en esos momentos, David Antona, recordaba los acontecimientos:

Llegaban noticias a este Gobierno Civil de que Daimiel había sido tomado por fuerzas militares al frente de las cuales iban cuatro o cinco tanques. Seguidamente llamó por teléfono al Comandante Militar de aquella plaza, Daimiel, no hallándose en la citada Comandancia el titular de este cargo y si por el contrario un ciudadano que dijo ser el nuevo Comandante. Al requerirle para que le diera explicaciones de por qué habían realizado aquel acto, respondió que él no acataba las órdenes del Consejo Nacional de Defensa y que seguía siendo un elemento afecto al Gobierno de Negrín. Seguidamente y de acuerdo con el Comandante Militar de esta plaza, que acudió a este Gobierno Civil, dieron órdenes a teléfonos y telégrafos para que no se dieran ninguna comunicación no telefónica ni telegráfica al nuevo Comandante Militar de Daimiel[10].

Estaba previsto que los tanques avanzaran sobre la capital. Un telegrama oficial de Antonio Garijo Hernández, jefe de la Sección de Información del Grupo de Ejércitos de la Región Central[11], alertaba de la situación:

Me encarga el general Menéndez digas a tu general que es urgentísimo el envío de una Brigada a Ciudad Real, pues hay noticia de que la base de blindados de Daimiel se dirige hacia aquel punto en plan poco disciplinado. Acabo de hablar con el comandante MTAR. para que mande una persona a hablar con el jefe de dichas fuerzas y le haga ver su insensatez. Te repito que es muy urgente que no hay tiempo que perder para evitar sucesos desagradables en Ciudad Real[12].

Un nuevo telegrama oficial del día 9 decía:

Parece que en Daimiel hay interrupción en la carretera por tanques blindados pero que no ha ocurrido nada hasta ahora y que están en negociaciones para que aquello acabe. La Comisión de Estación de Ciudad Leal está también al habla con el Mayor Quintana, Jefe de Servicios de Extremadura. Este último ha quedado en hablar con el comandante militar de Ciudad Leal para activar las gestiones[13].

Mientras esta amenaza se disipaba, merced a las detenciones oportunas ordenadas por el general Escobar —principalmente la del jefe de la brigada de Tanques y la del jefe de la Brigada 113, aparte de los sublevados de la 47.ª Brigada—, en la capital habían saltado los acontecimientos el día 7 de marzo. Comunistas y jóvenes de las JSU, además de algunos guerrilleros, se concentraron con armamento diverso en la sede del Comité Provincial del PCE, antes Obispado y ahora Palacio Rojo, como se le conocía, con la intención, según las autoridades, de tomar la ciudad, lo que impidieron con la presencia de las fuerzas de seguridad cercando el edificio.

9.2 Encierro en el Palacio Rojo

9.2. ENCIERRO EN EL PALACIO ROJO (7-11 DE MARZO)

Los concentrados en la sede del Partido Comunista fueron más de lo que hasta ahora se creía. Según las relaciones incluidas en el sumario que juzgó los hechos hubo 102 encerrados: 72 hombres, 29 mujeres y un niño, Lenin, hijo de una de las presentes. Entre ellos había algunos miembros del Comité Provincial, como Aquilino Fernández Roces, y la cúpula de mando del partido en la provincia: Crescencio Sánchez Ballesteros, secretario general; José Sánchez de la Torre, responsable de organización; Ángeles Agulló Guillerma, responsable de masas; y Ángela Mora Boix, responsable femenina.

También se encontraban encerrados Adriano Romero Cachinero, del Comité Central del Partido Comunista, y José Cerveró Ruiz, responsable de la División de Guerrilleros. Adriano Romero Cachinero, diputado a Cortes, de 36 años de edad, tuvo que abandonar el frente por enfermedad. Como miembro del Comité Central, fue enviado en misión a Ciudad Real «al objeto explicar la posición del Partido a que pertenece, en relación con la situación creada por la pérdida de Región Catalana, expresando entender que lo conveniente para la Causa de la España antifascista era disponerse a una resistencia tenaz y firme hasta conseguir la victoria, o en su defecto una paz honrosa a base de los tres puntos acordados en la reunión de Cortes en Figueras»[14].

José Cerveró era el comandante de la 200.ª División de Guerrilleros, con residencia de mando en Almadén. En el cuartel de Fuensanta, a unos pocos kilómetros de la capital, tenía acuarteladas fuerzas pertenecientes a su Unidad, a las órdenes de los capitanes José Navarro y Jesús Buitrago. Según su propia declaración, se encontraba en el local del Partido Comunista porque se enteró de la orden del Servicio de Información Militar (SIM) para detenerle. Al tener noticia del golpe había reunido a sus oficiales en Fuensanta,

respondiendo todos ellos unánimemente que estaban al lado del Gobierno legítimo de Negrín, porque al parecer, lo que intentaba la nueva Junta de Gobierno era concertar un pacto con el enemigo, y que ellos sabían que debido al carácter específico de su trabajo y que tienen la cabeza puesta a precio por Franco, no tenían ninguna posibilidad de salvación… Entonces con las fuerzas que tenía en Fuensanta habló con todas ellas formadas y contando con todos los representantes de Organizaciones de las mismas y de acuerdo con ellas y los Oficiales, les habló en el sentido de manifestarnos por Ciudad Real, patentizando la fiel adhesión de estas Fuerzas al lado del Gobierno legítimo, para demostrar a las Autoridades de esta Provincia que estábamos dispuestas a proseguir la guerra hasta conseguir la independencia y liberación de España[15].

Junto al jefe de guerrilleros había dos comisarios (Eulogio García Carranza y Vicente Estévez Blanco), un suboficial y varios soldados. A última hora de la tarde del día 7, Hilario Guerra Merino, soldado de guerrilleros de la base de Fuensanta, partió de ella en unión de doce guerrilleros más, armados de fusiles, fusiles ametralladores y bombas de mano, al mando todos de un sargento, instalándose en el local del Partido Comunista. También había varios soldados de la 2.ª Brigada de Tanques de la Base de Daimiel.

La mayoría estaban encerrados por ideales, pero algunos parece que quedaron retenidos a la fuerza. Es el caso, según demostraba el sumario, de Dionisio Abad Ruiz, Manuel Miguel Arribas, Dionisio Bravo Chaves y Ramón Muñoz Jaramillo. Vistas las actuaciones practicadas y no desprendiéndose de ellas indicios racionales de criminalidad, fueron puestos en libertad provisional inmediatamente. Algunos más declararon ante el tribunal que habían sido recluidos en contra de su voluntad. Podría ser cierto o simplemente intentaban tratar de salvar su responsabilidad.

La mayor parte de los encerrados pasaron los días llenando sacos de tierra, que colocaron junto a colchones y planchas metálicas en puertas y ventanas como parapetos. Otros se encargaron de redactar un manifiesto dirigido a la población, aunque parece ser que no circuló. Varias copias de las cuartillas escritas a máquina se encontraron en el registro posterior del edificio. Bajo el título «Españoles, pueblo de Ciudad Real, mujeres, soldados del Ejército Popular» decía, entre otras cosas:

Se nos intimida para que nos rindamos. ¿Por qué delito hemos de dejarnos llevar a la cárcel o al patio de la ejecución? ¿Qué hemos hecho que no sea en favor de la independencia de España? Se quiere derramar nuestra sangre por el delito de ser comunista y contra esto hemos de rebelarnos…

Pueblo, Soldados: Para nosotros ningún antifascista honrado puede ser enemigo, porque nosotros no tenemos más enemigos que Franco y sus aliados. Nuestro enemigo común, el enemigo del pueblo español, es el fascismo. ¡Contra él las armas, no contra nosotros!…

Pueblo, Soldados: nosotros no derramaremos sangre de nuestros hermanos si no se intenta cazarnos como fieras. Pero si se hace, defenderemos nuestros derechos y los de nuestro Partido y nuestra vida con uñas y dientes, mientras nos quede aliento[16].

En el interior, todo parece indicar que había posturas enfrentadas ante la resistencia, pues en la documentación recogida tras los sucesos figura un «Acta de la reunión celebrada en nuestro domicilio Francisco Adamez n.º 7 en ocasión de estar sitiados por fuerzas de la 126 B.ª, con motivo del golpe de Estado faccioso dado en Madrid el día 5 de Marzo de 1939»[17]. Votaron mayoritariamente a favor de resistir «y dar la vida», si era preciso.

Al día siguiente del encierro los socialistas pedían, a través de su órgano Avance, su «vuelta a la razón»[18]. El día 10 todavía seguían encerrados. Avance no se mostraba ya tan contemplativo con los comunistas. Solicitaba una intervención rápida y enérgica: «Quien criminalmente ha sacado de las líneas fusiles y material de guerra para volverlos contra sus hermanos de lucha, ha agotado, con este solo hecho, toda opción a ser tratado de la manera en que se le ha venido tratando hasta la fecha»[19].

Las autoridades también estaban perdiendo la paciencia. Las negociaciones, emprendidas desde el primer día, no avanzaban. El coronel de Infantería Julio Mangada, jefe del CRIM n.º 3, con destino en Ciudad Real, junto al mayor de Sanidad Cándido Roque López, presidente del Tribunal Médico Militar Permanente del Ejército de Extremadura, fueron autorizados por el gobernador civil y la Junta de Defensa Local a visitar a los rebeldes recluidos en el local del Partido Comunista. Se entrevistaron con los principales líderes comunistas, entre ellos el diputado a Cortes Adriano Romero Cachinero y el secretario del Comité Provincial del PCE Crescencio Sánchez. En palabras de Julio Mangada,

hicieron presente a éstos la conveniencia de que depusieran su actitud, haciéndoles ver que las Autoridades estaban bien dispuestas y que se les guardarían toda clase de consideraciones y darían las garantías debidas en armonía con el caso. Encontraron una actitud irreductible a salir que el declarante pudo convencerse había sido tomada por un verdadero terror, por la creencia de que al salir iban a ser fusilados; que ellos estaban decididos a permanecer en el edificio sin realizar acto alguno de agresión, pero que si eran atacados se defenderían; tenían la esperanza de ser auxiliados; estaban poseídos de una ofuscación extraordinaria, seguramente acentuada por el terror de que estaban poseídos, de que la Junta o Consejo de Defensa era facciosa, pues no creían que el Dr. Negrín ni ningún otro componente del Gobierno hubiesen huido. Fracasada la entrevista dieron cuenta a las Autoridades del resultado negativo de la misma, siendo esta su primera y única gestión, suponiendo que fue realizada el día siete[20].

Ante el fracaso, el gobernador convocó al Frente Popular, a excepción del Partido Comunista, que decidió enviar inmediatamente a Juan Blanco Gallardo, de Unión Republicana, y Gregorio Quílez de la Cruz, del Partido Socialista y Unión General de Trabajadores, a Piedrabuena a informar de lo que sucedía al general jefe del Ejército de Extremadura. Después de cambiar impresiones, éste prometió fuerzas para mantener el orden. Cuando volvían, a unos cinco kilómetros de Ciudad Real fueron detenidos por un grupo de guerrilleros unas tres horas, siendo liberados posteriormente[21]. Como los emisarios no llegaban, el gobernador civil y el comandante militar de la plaza, coronel Leopoldo Bejarano, se trasladaron al cuartel general de Piedrabuena a celebrar una entrevista con el general jefe del Ejército de Extremadura. Le hicieron una exposición detallada de los hechos, conviniendo con él en que con toda rapidez les enviaría fuerzas militares a Ciudad Real con objeto de capturar a los guerrilleros e impedir disturbios en la ciudad.

El día 8 continuaron las negociaciones. Crescencio Sánchez y Adriano Romero salieron a mediodía a la redacción del periódico Avance, donde habían sido citados por Carlos García Benito, secretario general de la Federación Socialista de la provincia, y otros dirigentes del Partido Socialista, entre ellos el alcalde de la capital Calixto Pintor. Adriano Romero recordaba días después

que el señor García Benito le explicaba al declarante como era cierto que el Gobierno de Negrín había huido y esta Junta de Defensa se había constituido al objeto de no dejar el Poder en medio de la calle, a lo que le contestaba el dicente que si era esto cierto como era posible que tal situación no se había resuelto a base de Frente Popular donde tuvieran representación todos los partidos que constituyen este Frente Popular y no se dejara fuera de esta Junta al Partido Comunista, terminando la referida reunión coincidiendo todos los asistentes en continuar unidos toda vez que el enemigo continuábamos teniéndolo a las mismas puertas de casa[22].

Según el gobernador civil, ese mismo día 8 los jefes militares acordaron dar órdenes de que no permitieran la salida de nadie de la sede comunista, pensando en el riesgo que un grupo armado podía provocar. Horas después hicieron un nuevo intento de negociación, convocando a una representación del Partido Comunista en el Gobierno Civil. Acudió Crescencio Sánchez, ante el que hicieron constar que el movimiento había fracasado, debiendo en su consecuencia entregarse a las autoridades cuantos estaban en aquel momento encerrados en el local del Partido sin más consecuencias que abrir un expediente judicial para depurar las responsabilidades que pudieran haber. Tampoco dio resultado el ofrecimiento, pero la máxima autoridad civil de la provincia no cesó en su empeño de conseguir una salida negociada. Hubo más entrevistas, hasta la noche anterior al asalto, en la que el comandante militar y el gobernador civil estuvieron reunidos con Crescencio Sánchez y Aquilino Fernández Roces hasta las 4 de la madrugada «agotando en la mencionada reunión todos los argumentos persuasorios para que se rindieran, toda vez que las Autoridades militares habían manifestado el propósito de iniciar el fuego a las siete de la mañana»[23]. Crescencio Sánchez llegó a proponer que se permitiera la salida de todos ellos excepto a cinco o seis que responderían ante los Tribunales de lo que podía haber sucedido. El comandante militar y el gobernador se negaron a aceptarlo, por entender que no eran ellos a quien correspondía discriminar el grado de culpabilidad de cada uno de los recluidos en el referido edificio.

9.3 Ataque al Palacio Rojo y base de Guerrilleros (11 de marzo)

9.3. ATAQUE AL PALACIO ROJO Y BASE DE GUERRILLEROS (11 DE MARZO)

A primera hora del día 11 de marzo, el gobernador civil y el comandante militar de la plaza decidieron no dilatar por más tiempo las órdenes del consejero de Gobernación de sofocar todos los focos rebeldes. Había que terminar con el de la sede del Partido Comunista y restablecer el orden, al tener noticias de que las fuerzas militares, especialmente de la base de Guerrilleros, alteraban la circulación por carretera, llegando a veces a impedir el tránsito, detener los viajeros y disponerse, al parecer, en franca orden de combate. También se temía la complicidad de parte de la policía de vigilancia[24].

El encargado de aplastar la sublevación fue Máximo Franco, anarquista aragonés, comandante de la 71.ª División. Llevó a cabo la acción con elementos de su propia división y de la 126.ª Brigada de la 28.ª División[25]. Este militar anarquista puede que tuviera «muchas ganas» al Partido Comunista, porque siendo jefe de la 127.ª Brigada en marzo de 1938 fue arrestado junto a todo su Estado Mayor por el responsable del V Cuerpo de Ejército, el comunista Modesto. Fue culpado de salir a la espantada con toda su brigada ante la ofensiva iniciada por las tropas franquistas en el frente del Este el día 9 de marzo. Los compañeros cenetistas lo sacaron de la cárcel por su cuenta y lo volvieron a poner al frente de la brigada, pero fue destituido y procesado[26].

Sobre las 8 de la mañana se inició el ataque al antiguo obispado. Un tanque se situó frente a la puerta principal del edificio y otro en la parte posterior. En la torre de la catedral se habían colocado dos ametralladoras, que batían totalmente el edificio. A las 9:15 se ordenó hacer alto el fuego, tras la rendición de los sitiados. Un testigo de los sucesos del día 11, José Parrado González, los recordaba muchos años después:

A las 8 menos veinte de la mañana empezó esto. Duró unos cuarenta minutos. Yo oía las ráfagas desde la habitación… Dos tanques vinieron también a ayudarles. Uno pasó por lo que ahora es la casa donde vive el Obispo, la nueva residencia que ha hecho para el Obispo, por ahí pasó al patio, que era grandísimo, un tanque. El muro lo tiró. Y por detrás, por la puerta falsa, entró otro tanque, desde el Prado al Palacio. Un tanque pasó al patio del Palacio, y allí ya enfiló las ventanas y entonces uno de los comunistas, uno de los que estaban dentro, sacó bandera blanca, el sargento del tanque o lo que fuera, suboficial —esto me lo contaron, no lo vi yo— que levantó la torreta, la puerta de la torreta del tanque, asomó la cabeza, y uno del balcón le disparó y lo mató, y entonces el tanque ya disparó[27].

En el asalto a la sede del Partido Comunista resultaron muertos el sargento Rafael Padrós Serrano y el soldado Juan Antonio Moreno Cáceres y heridos el teniente Francisco González Cortés, los cabos Francisco Castillejo Almansa y Manuel Fernández Ortiz y los soldados Antonio Castaño García, Feliciano Rey Cabecera y Antonio Montiel Cazorla, todos ellos al servicio de las autoridades[28]. Los comunistas tuvieron tres heridos, Agustín Muñoz Álvarez, Juan Castillero Castillero y Enrique Cardaño Gómez, defensores del edificio desde el parapeto del patio, que fueron trasladados al Hospital Militar Base.

Después de reducir la rebelión de la sede del PCE, las tropas marcharon hacia la base de Guerrilleros de Fuensanta, último foco vivo de la sublevación comenzada el día 5 en la provincia. Sobre las 14 horas del día 11 de marzo quedaba sofocado «lo que se logró sin violencia alguna»[29], decía el telegrama oficial por el que el máximo responsable de la 37.ª División del Ejército de Extremadura, José Ruiz Farrona, informaba puntualmente de la situación al coronel Eduardo Sáez Aranaz, jefe de Estado Mayor del mismo ejército.

9.4. Detenidos, juzgados y entregados

9.4. DETENIDOS, JUZGADOS Y ENTREGADOS

Todos los encerrados en la sede del PCE quedaron detenidos en la prisión provincial a disposición judicial. Los principales cargos del partido fueron llevados previamente al Gobierno Civil, donde se les reprochó su «indigno» proceder. Incluso el gobernador les indicó de forma malhumorada que por su traición merecían ser fusilados. Uno de ellos, según recuerda un periodista que andaba por allí, entre despechado y rabioso le contestó:

—¡Qué me importa! Lo mismo me da morir ahora que más tarde. No me mato porque me han quitado la pistola, si no…

—¡Hombre! —replicó Antona—. Ya lo puedes hacer. Toma la mía. Pero te advierto que está cargada.

No se mató. ¡Qué va[30]!

A los detenidos se sumó de forma un tanto inexplicable el popular coronel Julio Mangada[31]. Parece ser que el gobernador civil David Antona le mandó encarcelar aunque se hubiese adherido a la Junta y hubiese participado en las primeras negociaciones para lograr la rendición de los comunistas encerrados en la sede del partido. Pudo ser porque se mostró partidario de no disolverlos a la fuerza, como alegó en el juicio de los acontecimientos[32]. Mangada consiguió escapar hacia Alicante y de allí salir, el 28 de marzo, a bordo del Stanbrook con el que fue a Orán.

El fiscal jurídico militar de la Demarcación Centro Sur, Nicolás Juristo Valverde, interpuso querella criminal ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar de la mencionada demarcación contra todos los detenidos el mismo día 11 de marzo. La mayoría fueron juzgados por delito de rebelión militar ante el Consejo de Defensa entre el 11 y 29 de marzo de 1939, terminando la causa sin sentencia por la entrada de las tropas franquistas en la ciudad[33]. La noche anterior, los quintacolumnistas, que habían campado a sus anchas durante casi toda la guerra, se habían hecho con la emisora local de radio lanzando mensajes sobre la huida de los líderes republicanos y la entrada inmediata de las tropas nacionales.

En contra de lo sucedido en otras provincias, como Madrid[34], el gobernador David Antona no sólo cumplió con celo el telegrama de Wenceslao Carrillo que le ordenaba la detención de todos los comunistas significados de la provincia, sino que cuando llegaba la hora final de la República, él logró escapar hacia Alicante dejando presos, a merced de las tropas franquistas, a todos los comunistas detenidos. Uno de éstos, Adriano Romero, lo ha expresado de la siguiente manera: «Yo fui detenido por los secuaces de la Junta en Ciudad Real, el día 28 de marzo me entregaron en la prisión a los fascistas, en unión de unos sesenta compañeros más, muchos de los cuales fueron fusilados meses después… La felonía del gobernador civil, líder de la CNT, David Antona, prometiéndonos que no nos dejarían en la cárcel, impidió que intentásemos salir por fuerza»[35].

Cotejando la relación de comunistas encerrados en la sede del Partido con los registros de los Libros de Defunciones del Registro Civil de Ciudad Real, sólo se puede confirmar el fusilamiento de uno de los implicados, el secretario general Crescencio Sánchez Ballesteros, ejecutado el 16 de marzo de 1940 en Ciudad Real[36].

David Antona huyó hacia Alicante, pero fue reconocido y hecho prisionero en el campo de concentración de Albatera; de allí pasó a la cárcel de Porlier en Madrid y después a la de Santa Rita. Condenado a muerte en marzo de 1940 la sentencia le fue conmutada en treinta años de cárcel; quizás esa indulgencia tenga que ver con su actuación en Ciudad Real y todos los presos comunistas que, por culpa suya, quedaron en manos franquistas. Fue puesto en libertad en diciembre de 1943 y murió en Madrid el 15 de marzo de 1945, de una tuberculosis consecuencia de las malas condiciones de detención que sufrió.

El general Antonio Escobar Huertas, jefe del Ejército de Extremadura desde octubre de 1938, tuvo una actuación determinante para sofocar la rebelión de las fuerzas militares partidarias de Negrín en la provincia de Ciudad Real. Detenido en su puesto de mando de Piedrabuena, el general Yagüe le ofreció salir del país, a lo que Escobar se negó. El 29 de marzo quedó arrestado en el Casino Militar de Ciudad Real. El 21 de diciembre de 1939 le condenaban a muerte. El 8 de febrero de 1940 fue fusilado por un pelotón de la Guardia Civil en los fosos de Montjuïc (Barcelona). Franco no vaciló en cumplir la sentencia a pesar de ser un hombre profundamente católico y de los intentos del Vaticano y del arzobispo de Sevilla, cardenal Segura, por salvar su vida. El nuevo régimen le concedió el honor de dirigir su propia ejecución, de ser fusilado en el foso del castillo y no en el campo de la Bota (lugar habitual para las ejecuciones de prisioneros de guerra y antes lugar de ajusticiamiento de los criminales del hampa barcelonesa) y de hacer desfilar las tropas ante su cadáver[37].